Cinco años de Lucha: Reforma Constitucional de Derechos Humanos

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El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia y pudiera llegar a ser la más importante, aunque eso depende de que realmente se lleve a la práctica.

La importancia de la reforma radica no sólo en sus contenidos, sino en que por primera vez, quizá desde la propia expedición de la Constitución en 1917, se plantea una reforma estructural al catálogo de derechos humanos. Hasta antes de la del 2011, las reformas de derechos humanos se caracterizaban por ser adiciones puntuales para incorporar o reglamentar uno o varios derechos, en forma aislada y a veces inconsistente.

La reforma de 2011, en cambio, intenta estructurar en un sistema coherente y funcional, los múltiples derechos ya reconocidos. Lo hace a través de poner en el mismo nivel a los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Pero también estableciendo principios que obligan a las autoridades a interpretar los derechos en forma coherente, considerando su interdependencia y garantizando la mayor protección.

Sin embargo, reformar la Constitución no implica automáticamente cambiar la realidad. A cinco años de la reforma la realidad de los derechos humanos en México ha continuado deteriorándose. La desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres de los penales de Cadereyta y el Topo Chico y del Casino Royale en Nuevo León, son sólo algunos ejemplos de hechos atroces de violación a derechos humanos ocurridos bajo la vigencia de la reforma.

A ello habría que sumar la situación de amenaza constante en la que periodistas y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, la cooptación política de las ombudsperson, la crisis financiera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, generada por el desinterés de los Estados –entre ellos México– que se traduce en aportaciones económicas raquíticas para su sostenimiento y un largo etcétera.

¿Quiere esto decir que la reforma es un fracaso? A mi modo de ver no. Al contrario, la reforma es en sí misma valiosa y mucho puede contribuir a que saquemos al país de esta grave crisis. En todo caso, la realidad que enfrentamos pone en evidencia que la reforma es insuficiente por sí sola para revertir el deterioro en la situación de los derechos humanos en México.

Para ello, un aspecto clave y que hasta ahora se ha descuidado es la educación para generar una cultura de derechos humanos en autoridades y ciudadanos. Es esta, me parece, la única estrategia que ataca el problema de raíz y la que en el mediano y largo plazo puede dar los mejores resultados.

En este sentido son sumamente destacadas resoluciones protectoras de derechos humanos dictadas por organismos y tribunales internacionales, federales y locales; la capacitación en derechos humanos a funcionarios públicos que llevan a cabo instancias como la Secretaría de Gobernación y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como el CEEAD que promueven cambios en la educación jurídica para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, son todavía esfuerzos aislados que necesitan potencializarse a partir de un mayor compromiso de autoridades y ciudadanos con la causa de los derechos humanos.

La reforma penal de 2008 es un buen ejemplo de una mala práctica para su implementación. Si la implementación hubiera iniciado por la capacitación en el nuevo sistema en vez de por su infraestructura necesaria, quizá ahorita, cuando está por agotarse el plazo para su plena entrada en vigor, estaríamos afinando los detalles técnicos de las salas de audiencia en vez de estar capacitando policías.

A cinco años de la reforma de derechos humanos, estamos aún a tiempo de cambiar la estrategia para su implementación y reforzar la educación en derechos humanos como la única herramienta que permite una solución sostenible en el largo plazo a la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos y de la que la reforma por sí sola no nos salvará.

Eduardo Román González
Investigador y Responsable del Programa de Derechos Humanos del CEEAD A.C.
eroman@ceead.org.mx

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La regla 10-8

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El resultado del fin de semana de la selección mexicana tiene mucho para decirnos, más allá del resultado, nos habla de la mentalidad del futbolista mexicano y en cierta parte de la psique social que se tiene en el país.

Se vio la falta de hambre, de coraje, de espíritu combativo y de lucha… se murieron básicamente de nada. Y esto me recuerda a la recién aprobada regla 10-8 en la Liga MX por la Federación Mexicana de Fútbol.

La regla 10-8 elimina el límite de extranjeros en los clubes mexicanos permitiendo su libre entrada, solamente especificando que en un partido donde se convoquen 18 jugadores, 8 tengan que ser mexicanos por nacimiento.

La regla 10-8 elimina el límite de extranjeros en los clubes mexicanos permitiendo su libre entrada, solamente especificando que en un partido donde se convoquen 18 jugadores, 8 tengan que ser mexicanos por nacimiento.

La regla es polémica en su naturaleza, considera naturalizados como extranjeros violando la misma Constitución Mexicana, y maneja un extraño tratamiento a los “chicanos”.

El punto acá es que gran parte de la comunidad del fútbol se queja alegando la excesiva participación de extranjeros; sin embargo, si los mexicanos que destacan, los mexicanos que sí se ganaron un puesto con o sin extranjeros, dan un performance como el que se vio en California… pues podemos tener una liga sin extranjeros y el país seguirá sin tener elementos del top mundial.

Los jugadores no quieren competencia de extranjeros, se sienten afectados… Más afectados estamos los aficionados cuando en un país de más de 100 millones de aficionados, no salgan 11 jugadores que podamos presumir en el mundo.

Los jugadores no quieren competencia de extranjeros, se sienten afectados… Más afectados estamos los aficionados cuando en un país de más de 100 millones de aficionados, no salgan 11 jugadores que podamos presumir en el mundo.

El SIETE A CERO de ayer es una muestra más de la falta de hambre del jugador mexicano, se siente cómodo en su lugar, la prensa lo cobija… pero cuando se viene el juego clave, dirían en Argentina “viene el peche o”.

El menosprecio de la prensa y de los jugadores al seleccionado chileno fue tremendo. Por eso, los juegos se tienen que ganar en la cancha y no fue así.

VERGÜENZA.

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México no es país de Leyes

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Que México no es un país de Leyes, lo acaba de confirmar el Senado de la República a través de su presidente, uno de los dinosaurios más destacados de la fauna del PRI, una raza que se rehúsa a desaparecer para que el país pueda cambiar. Con toda la tranquilidad del mundo, el senador priista Emilio Gamboa, con el visto bueno de sus comparsas de la partidocracia, definió que, en violación absoluta de lo que establece la Constitución del País (que él prometió respetar y hacer respetar) la sesión extraordinaria para aprobar las Leyes que le darán sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará acabo fuera de los tiempos establecidos por la Constitución, y después de las elecciones del 5 de junio.

Emilio Gamboa, con el visto bueno de sus comparsas de la partidocracia, definió que, en violación absoluta de lo que establece la Constitución del País… la sesión extraordinaria para aprobar las Leyes que le darán sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará acabo fuera de los tiempos establecidos por la Constitución, y después de las elecciones del 5 de junio.

¿Para qué queremos Leyes que los propios legisladores se encargan de violar? ¿No deberíamos preguntarnos: para qué queremos legisladores capaces de violar sus propias leyes? La partidocracia está matando a México. Sin piedad. Sin respeto ninguno para la decencia nacional. Sin respeto ninguno para la imagen internacional del País. La partidocracia garantiza la violación de la Constitución. El Presidente garantiza la impunidad de los corruptos.

¿Para qué queremos Leyes que los propios legisladores se encargan de violar? ¿No deberíamos preguntarnos: para qué queremos legisladores capaces de violar sus propias leyes? La partidocracia está matando a México. Sin piedad.

¿Qué esperamos los ciudadanos para enfrentar estos poderes incapaces, poderes que mangonean al país a su beneficio, poderes que asumen que son dueños de un país que hasta ahora, y salvo la honrosa excepción de Nuevo León en junio del 2005, no ha encontrado la valentía para expresar su rechazo a un sistema corrupto, abusivo y que solamente procura su beneficio propio, saqueando descaradamente al país.

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17 de Mayo, Lucha Nacional contra la Homofobia y Transfobia: un largo camino que recorrer

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Este martes pasado, 17 de mayo, se conmemoró el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia y Transfobia. Celebrado por primera vez en el 2004. La razón por la que se escogió esa fecha fue porque en 1990, en ese día, la Organización Mundial de la Salud removió de su lista de enfermedades mentales, la homosexualidad (CONAPRED, 2016). El 17 de mayo es celebrado en más de 130 países y es apoyado por organizaciones como las Naciones Unidas (CNN Español, 2016). En la actualidad se utiliza este día para hacer conciencia sobre la discriminación que sufren las personas de la comunidad LGBT+, además de buscar un buen trato a todas las personas sin importar su orientación sexual. Mientras es cierto que la comunidad ha ido logrando de poco a poco ganar terreno en lograr un trato igualitario, no ha sido carrera fácil.

En la actualidad se utiliza este día para hacer conciencia sobre la discriminación que sufren las personas de la comunidad LGBT+, además de buscar un buen trato a todas las personas sin importar su orientación sexual. Mientras es cierto que la comunidad ha ido logrando de poco a poco ganar terreno en lograr un trato igualitario, no ha sido carrera fácil.

La lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia ha sido una difícil situación de estira y afloja entre diferentes grupos de la sociedad civil y el gobierno. La homofobia ha prosperado gracias a la intolerancia, ignorancia, miedo y apatía de la población mexicana y la estructura del país que ha permitido esta discriminación. Debido a lo estructural que es la homofobia, ha sido muy complicado señalar un culpable visible, porque esta discriminación puede venir desde situaciones cotidianas como bullying en las escuelas, hasta estar presentes en las leyes. Por ejemplo, en relación a esto último, en la documentación oficial en México se utiliza el término “preferencias sexuales”, no obstante, la comunidad LGBT+ prefiere que se use el concepto de “orientación sexual.

El 21 de Marzo de 2014, por medio de un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en México, se derogó el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias para establecerse el 17 de Mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. En México ya se tiene un total de 30 leyes estatales que prohíben la discriminación con base en la homofobia. Además de esto, a partir del 2011 el artículo primero de la Constitución Mexicana señala que todas las personas deben ser tratadas por igual y sin discriminación, añadiendo la preferencia sexual como otro factor.

El matrimonio igualitario es posible en Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila y Nayarit (CONAPRED, 2016). Sin embargo, esto no ha sido suficiente para bajar los índices de violencia que hay en el país contra la comunidad LGBT+.

No obstante, las leyes no siempre solucionan todo lo que prometen arreglar. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México se encontró que 7 de cada 10 personas homosexuales y lesbianas consideran que sus derechos no son respetados (2010). Lo que es aún más preocupante, es que las personas homosexuales encuestadas han observado intolerancia de parte de instituciones. Intolerancia que 42.8% de los encuestados acuerda que viene principalmente de la policía (ENADIS, 2010). La organización Letra S, señaló en su informe 2015 de crímenes de odio cometidos por homofobia, que del año 1995 al 2015 se habían cometido -en México- 1,310 asesinatos por homofobia. Donde Nuevo León es el tercer estado con más crímenes de odio cometidos con una cantidad de 81, superado sólo por Estado de México y Veracruz (Letra S, 2015).

No obstante, las leyes no siempre solucionan todo lo que prometen arreglar. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México se encontró que 7 de cada 10 personas homosexuales y lesbianas consideran que sus derechos no son respetados (2010).

¿Qué pasó este 17 de Mayo en México? El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución como parte de 1 de las cuatro estrategias para fortalecer el acceso de la comunidad LGBT+ a sus derechos cívicos y políticos. La reforma del artículo 4 sería para poder, finalmente, permitir que todas las personas puedan contraer matrimonio sin ninguna discriminación (Reséndiz, 2016). Mientras que esto no es algo que mejorará la situación de la comunidad LGBT+ de la noche a la mañana, sí se puede ver como un pequeño avance en este movimiento social. Aún así, es importante resaltar que el verdadero objetivo como sociedad no es solamente lograr un matrimonio igualitario, sino que lo que se busca es el respeto a la diversidad sexual, la equidad y la inclusión en la sociedad.

7 datos sobre el Día Internacional contra la Homofobia. (17 de mayo de 2016). CNN Español. Recuperado el 17 de mayo de 2016 desde: http://cnnespanol.cnn.com/2016/05/17/7-datos-sobre-el-dia-internacional-contra-la-homofobia/#0

17 de mayo. Día internacional de la lucha contra la homofobia. (17 de mayo de 2016). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Recuperado el 17 de mayo de 2016 desde: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/DOSSIER%2017%20mayo.pdf

17 de mayo. Día nacional de la lucha contra la homofobia. (17 de mayo de 2016). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en colaboración con la Secretaría de Gobernación. Recuperado el 17 de mayo de 2016 desde: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/DOSSIER%2017%20mayo.pdf

Derogación del Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias y Establecimiento de Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el 17 de mayo. (21 de marzo de 2014). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 17 de mayo de 2016 desde: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337843&fecha=21/03/2014

Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México. (Abril 2011). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. México. 1era edición. Recuperado el 18 de mayo de 2016 desde:
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

Reséndiz, F. (17 de mayo de 2016). EPN va por reconocimiento de matrimonios del mismo sexo. El Universal. Recuperado el 17 de mayo de 2016 desde: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/05/17/epn-va-por-reconocimiento-de-matrimonio-del-mismo-sexo-en-el

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¿Fuero mal entendido?

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Era una noche de octubre de 1913 y el Senador Belisario Domínguez se encontraba en su habitación de su hotel cuando fue sacado y llevado al cementerio de Xoco en Coyoacán en la Ciudad de México donde fue asesinado a punta de balazos, no sin antes que le cortara la lengua su enemigo profesional, el Dr. Aureliano Urrutia, con el fin de enviársela al entonces presidente, Victoriano Huerta. Tras darse a conocer los hechos y que Huerta había estado detrás del asesinato del Dr. Domínguez, Victoriano disolvió el Congreso y mando encarcelar a 90 diputados.

Con ese oscuro capítulo de la historia posrevolucionaria de México, en 1917 nació la figura de la inmunidad procesal o mejor conocido como “fuero”. Lo que entendemos con esto es que realmente este artículo de nuestra Constitución, nace no para darle privilegios infinitos a los Diputados y Senadores de la República, al contrario la idea original era protegerlos del Presidencialismo que existía en la época, ¿qué fue lo que pasó?

Lo que nació como una ley que protegía a los Diputados y Senadores de cualquier acusación en su contra por sus declaraciones y que adicionalmente garantizaba un balance entre poderes, puesto que de ésta manera se salvaguardan de eventuales acusaciones sin fundamento, es hoy por hoy el máximo símbolo de impunidad y corrupción en nuestro país.

La inmunidad procesal o fuero se ha ido viciando con el tiempo hasta llegar a lo que es, una cobija de protección para funcionarios públicos que han hecho algún delito, como el robo al erario, desvío de recursos, tráfico de influencias, entre otras cosas. Hoy para iniciar un proceso penal contra un funcionario público tiene que realizarse un juicio de desafuero, que solamente el Poder Legislativo puede proponer, tal y como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. En el caso de Diputados y Senadores es de la misma forma, sus propios compañeros tanto de Cámara como de Partido.

La inmunidad procesal o fuero se ha ido viciando con el tiempo hasta llegar a lo que es, una cobija de protección para funcionarios públicos que han hecho algún delito, como el robo al erario, desvío de recursos, tráfico de influencias, entre otras cosas.

Durante las recientes semanas se ha propuesto y discutido, tanto en el Congreso Local de Nuevo León, como a nivel federal eliminar el fuero que tienen alrededor de mil 854 servidores públicos, entre los que figuran desde Diputados Locales, hasta el Presidente de la República. El fin de eliminar el fuero, para los que lo han propuesto, es que los servidores públicos no puedan seguir escudándose con esta norma.

Tal y como lo dijo esta semana por este portal Jorge Rodríguez, el chapulineo es uno de los males de la política mexicana, y yo consideró que otro de los males es el “fuero” que hoy gozan todas nuestras autoridades. Por otro lado, como Mauricio López lo mencionó, la #Ley3de3 no es lo único que se debe de hacer para combatir la corrupción, algo con lo que concuerdo, pues de igual manera tenemos a la inmunidad procesal impidiendo en más de una ocasión los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas.

Durante las recientes semanas se ha propuesto y discutido, tanto en el Congreso Local de Nuevo León, como a nivel federal eliminar el fuero que tienen alrededor de mil 854 servidores públicos, entre los que figuran desde Diputados Locales, hasta el Presidente de la República.

Coincido con los puntos de vista de que se debe de eliminar el fuero de todos los funcionarios públicos, puesto que ya en nuestros tiempos no existe más el presidencialismo que había antes y después de la Revolución Mexicana. Al contrario, hoy en día el Poder Legislativo tiene en ocasiones más poder que el mismo Poder Ejecutivo. De igual forma, el fuero ha entorpecido en más de una ocasión las investigaciones contra funcionarios corruptos. Los que han cometido algún delito de una u otra manera consiguen la forma de “chapulinear” a otro puesto con el fin de seguir con el fuero, esto lo hemos visto en casos como el del ex edil de Monterrey, Fernando Larrazábal, quien en su momento saltó de alcalde a Diputado Plurinominal, con el fin de protegerse de una potencial investigación en su contra.

El fuero es en sí uno de los males del sistema político mexicano. Sin su eliminación completa no habrá Sistema Nacional Anticorrupción o leyes que puedan procesar de manera correcta a servidores públicos que han delinquido durante sus funciones. Por lo tanto, me uno a las voces ciudadanas que han pedido que se elimine por completo el fuero, ya que, desde mi punto de vista, ha sobrevivido a su propósito original.

Intimidades Públicas: “Más allá de la #Ley3de3”

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Cuando el hartazgo es sumamente considerable, cualquier solución parece ser suficiente.Esolam

La iniciativa ciudadana denominada como “Ley 3 de 3” está haciendo historia. No sólo junto más de 600 mil firmas ciudadanas para poder ser enviada al Senado de la República institucionalmente como una iniciativa ciudadana, sino también está marcando una agenda ciudadana dentro del ámbito público sin precedentes. En ese sentido, pareciera que no habría porque estar en contra de la “Ley 3 de 3” –que dicho en términos legislativos expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas-, cualquier persona con el mínimo hartazgo del ámbito público está a favor de que esta iniciativa ciudadana se haga realidad.

Pero ¿por qué no resulta suficiente la “Ley 3 de 3”? Más allá de que encausa un hartazgo ciudadano hacia un tema sumamente relevante del ámbito público como lo es la corrupción, pareciera que gran parte del fondo se centra en transparentar 3 declaraciones por parte de los servidores públicos y generar incentivos para denunciar actos de corrupción, cuando en la realidad para acabar con la corrupción se requiere mucho más. Con esto, no quiero decir que presentar las 3 declaraciones –patrimonial, intereses y fiscal- esté mal, sólo que vale la pena conocer el contexto general que acontece actualmente en nuestro país respecto a este tema.

…si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

El año pasado se aprobó la reforma Constitucional que generó las bases para crear lo que se denominó como “Sistema Nacional Anticorrupción”, y que en otras palabras, se refiere a generar un sistema de coordinación con el cual los tres niveles de gobierno tengan los mecanismos legales e institucionales para combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Asimismo, dicha reforma Constitucional además de crear estas bases –la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción-, busca crear o modificar otras 6 leyes –la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas– con la intención de fortalecer institucionalmente desde todos los ámbitos, es decir, una serie de reformas que generan un sistema integral.

Es importante mencionar que el artículo 108 de la Constitución actualmente obliga a los servidores públicos a presentar su declaraciones patrimonial y de intereses sin excepción. En todo caso habría que incluir en la Ley de la materia –Ley General de Responsabilidades Administrativas- la obligación de los servidores públicos de presentar también su declaración fiscal.

…vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas

Desafortunadamente el debate sobre la “Ley 3 de 3” se centra en la transparencia de las mismas. Es decir ¿Es realmente necesario que los servidores públicos de forma obligatoria no sólo presenten sus tres declaraciones, sino también las transparenten al escrutinio público? Aquí es donde vale la pena profundizar.

Habrá quienes defiendan el hecho de que al ser un funcionario público tu vida en su totalidad es público, incluido lo que has hecho antes de formar parte de la administración pública. Y habrá quienes digan que con realizar las declaraciones resulta suficiente. A mi parecer, la reforma Constitucional y las leyes secundarias son un sistema que abarca mucho más que 3 declaraciones. Son los cimientos institucionales por los cuales existirá un combate frontal no sólo para combatir la corrupción sino también para prevenirla.

Es por esto, que si bien la iniciativa “3 de 3” involucra aspectos sensibles de la ciudadanía, debemos ver que el Sistema Nacional Anticorrupción es un mecanismo integral que modifica como el andamiaje legal actual, para lograr erradicar de una vez por todas eso que la ciudadanía no tolera más: la impunidad.

Por estas razones, vale la pena seguir de cerca esta serie de importantes reformas que actualmente están en discusión. Porque de estas discusiones legislativas, no sólo versaran los textos legislativos que brindaran más obligaciones a los servidores públicos respecto a la transparencia y anticorrupción, sino que será un parteaguas en la vida política y democrática de las instituciones públicas, y por ende, de los servidores públicos de nuestro país.

En fin, el apoyo a la iniciativa “3 de 3” es importante, pero definitivamente no resulta suficiente.

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Representación indígena en el congreso

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Como consecuencia del legado que actualmente se conserva de la cultura prehispánica, se puede concebir como uno de los pilares de la sociedad mexicana la pluralidad en sus diversas manifestaciones, como lo son las tradiciones, lenguas, valores y una diversidad de ideologías de cada pueblo originario. Es esa conservación de la pluralidad la que contribuye a legitimar cualquier sistema democrático, así como legitimar el compromiso que cualquier nación haya hecho, mediante acuerdos internacionales y reformas a la constitución propia, respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos, como es el caso de México.

A lo anterior se entiende “conservación de la pluralidad” como un compromiso progresivo en cuanto a la defensa, promoción, y aceptación de las variadas características pertenecientes a todo grupo étnico que integra un país. Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso?

Asimismo, hoy en día es observable como la población originaria, a pesar de poseer autonomía en cuanto al modo de administrar variadas regiones, no cuentan con una mínima representación en el ámbito democrático correspondiente a los poderes de la unión. Al contar con un ínfimo número de legisladores, la comunidad nativa pierde de manera considerable la posibilidad de ver reflejados sus intereses en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, lo cual genera que no sean tomados en cuenta de la misma forma, a como podrían serlo si tuvieran un número decente de personas de su propia comunidad fungiendo como sus portavoces y velando por ellos, junto a los demás legisladores. Son por estos motivos, que se entiende como totalmente necesario el reformar preceptos constitucionales, los cuales garanticen la inclusión de los habitantes de pueblos indígenas en el congreso; considero que, luego de haber perdido sus territorios, así como parte de sus culturas, lo menos que se puede hacer es brindar (al menos mientras el panorama social progresa) un espacio a aquellos herederos de las culturas prehispánicas dentro del poder legislativo.

Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

Por otra parte, en cuanto al sustento basado en antecedentes, si ya existen reformas vinculadas a solventar el problema de la desigualdad de género en el reparto de candidaturas de los partidos políticos, las cuales han resultado fructíferas en mejorar esa distribución, ¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso? En otras palabras, es indispensable comprometerse a la elaboración de reformas que garanticen la inclusión de los ciudadanos de los pueblos originarios en el ámbito legislativo.

Puntualizando, la inclusión de las personas procedentes de comunidades indígenas, solo podrá ser garantizada mediante una serie de reformas a la Ley Suprema de México, las cuales promuevan y a su vez, exijan a los partidos políticos a cumplir con su objetivo principal de integrar al pueblo a la democracia; lo que, solo podrá ser cumplido de forma auténtica una vez que se tome en cuenta la particularidad presente en lo expuesto con anterioridad y se proceda a sumar propuestas que confronten tal problemática. Solo mediante el uso de mecanismos que se encuentren sustentados en la carta magna, es como se podrá progresar en nuestra estructura social, y al mismo tiempo, se podrá legitimar de forma óptima nuestro estado de derecho, que tan quebrado se encuentra hoy en día.

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La nueva era político-electoral de México

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Estamos viviendo el inicio de una nueva era político-electoral, las modificaciones efectuadas a la constitución y a las leyes y reglamentos complementarios en esta materia hacen que nuestro país atraviese por grandes cambios que dan inicio a una nueva forma de gobernar. La reforma constitucional que ahora permite que los alcaldes y diputados locales extiendan su periodo en el gobierno pretende crear mayores incentivos para tener mejores gobiernos.

La reelección es un tema sensible en nuestro país, desde la época de Francisco I. Madero cuando surge el movimiento revolucionario con el lema “sufragio efectivo y no reelección” nuestra cultura ha rechazado la alternativa de permitir que los gobernantes extiendan en más de un periodo su gestión. Sin embargo, para muchas naciones ha resultado benéfico permitir la reelección bajo condiciones reguladas. Algunos países han optado por poner un tope al número de años o periodos que una persona puede gobernar, así como implementar un tiempo de separación del cargo durante la época de campaña electoral. Tomando esto como referencia fue que nuestro país modificó la constitución y emitió reglamentos complementarios para permitir la reelección.

A pesar de que ya se llevó a cabo la reforma a la constitución en materia político-electoral, lo cierto es que aún no hemos tenido las primeras elecciones con candidatos que estén buscando la reelección.

No todos los puestos de elección popular son sujetos a reelección. Con la nueva legislación, los diputados locales podrán permanecer hasta 4 periodos consecutivos en su cargo, lo que equivale a 12 años. Por su parte, los presidentes municipales podrán extender 3 años más sus gobiernos. Uno de los aspectos positivos de esta reforma político-electoral es que permite dar continuidad a los proyectos, y que la ciudadanía pueda extender el periodo de los gobernantes que se hayan desempeñado de forma más satisfactoria.

La reelección es un tema sensible en nuestro país, desde la época de Francisco I. Madero cuando surge el movimiento revolucionario con el lema “sufragio efectivo y no reelección” nuestra cultura ha rechazado la alternativa de permitir que los gobernantes extiendan en más de un periodo su gestión.

A pesar de que ya se llevó a cabo la reforma a la constitución en materia político-electoral, lo cierto es que aún no hemos tenido las primeras elecciones con candidatos que estén buscando la reelección. En el caso de Nuevo León, los diputados locales y alcaldes que asumieron sus puestos el año pasado son los primeros en tener la opción de reelegirse. En caso de optar por buscar la reelección, la forma en que lleven a cabo su gobierno en los próximos dos años y medio es lo que evaluará la sociedad para decidir si los mantiene en su cargo u opta por otra opción.

Más allá del rechazo histórico que nuestro país ha tenido hacia el tema de la reelección, es importante evaluar los casos de éxito en otras naciones como Estados Unidos y analizar la falta de controles que ha llevado a otros países a tener gobernantes que permanecen en el poder más tiempo que el deseado por su sociedad. Es una buena decisión esperar a ver qué pasa con los gobiernos municipales y con el Congreso Local antes de llevar el tema de la reelección a una presidencia nacional o una gubernatura. Los próximos años serán muy importantes para México, sin duda alguna la reforma político-electoral es un parteaguas en el gobierno de nuestro país.

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Dos tumores de México: Según Basave

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Hace unos días, asistí a la conferencia impartida por el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Basave. A lo largo de esta nos platicó sobre un México con cáncer, el cual lo van consumiendo dos tumores: corrupción y desigualdad.

Las personas actuamos de manera racional y nos vamos por lo menos complicado, es aquí donde la corrupción toma su mejor papel, actuando como una cuestión de racionalidad e incentivos. Poniendo como ejemplo que alguna autoridad dijo: “La corrupción ya es parte de nuestra cultura”. En otras palabras “así seguiremos, así que acostúmbrense”. La corrupción no es parte de una cultura, sino que actuamos de acuerdo a la situación que se nos presenta. Además, hace una critica a nuestro sistema legislativo, que esta lejos de la realidad, es decir, que las leyes no se apegan a la realidad que el país vive o viceversa. Los mexicanos vemos la Constitución como un proyecto de nación, parte de nuestra historia, el cual aspiramos a llegar ser como este.

Estos dos tumores cancerosos, según Basave, seguirán expandiéndose si el ciudadano no hace nada por detener esta enfermedad. Es aquí donde abro la invitación a ser el ciudadano que conozca la Constitución, vele por sus derechos y tenga voz para ejercerlos.

Algo muy interesante que comenta, es que la corrupción no se desarrolla si el mismo ciudadano no lo permite, es decir, que si el mexicano no sale y ejerce sus derechos y obligaciones dictados por la ley, seguirá la corrupción por parte del gobierno, los malos manejos administrativos de este, en los partidos políticos, entre otros. A lo largo de la platica realizó un comentario el cual muchos políticos no dirían: “En mi partido si hay corrupción…pero ustedes dejan que pase” —dijo. Desde mi punto de vista, tiene razón, los mexicanos sabemos que existe un mal manejo de recursos dentro de las autoridades, pero no se toma la debida importancia de realizar algo para pararla, sino que solo se escuchan comentarios críticos sin acciones. Necesitamos empezar a ejercer lo que dicta la Constitución, y para ello hay que conocerla. La Constitución es fundamental para toda persona, porque es ahí donde esta escrito lo que somos como mexicanos y la parte que nos toca realizar, para hacer de este país uno mejor.

El otro tumor canceroso que poco a poco consume al país: la desigualdad. Desgraciadamente, la brecha entre ricos y pobres es muy amplia, sin embargo no es el único problema que contribuye a este. Existe una ineficiencia en el manejo de impuestos y recursos por parte de las autoridades, donde no todos estos llegan a su destino, sino que solo se quedan en manos de unos cuantos. Y esto nos pone a pensar, que la desigualdad actúa de acuerdo a como la manejamos.

Necesitamos empezar a ejercer lo que dicta la Constitución, y para ello hay que conocerla. La Constitución es fundamental para toda persona, porque es ahí donde esta escrito lo que somos como mexicanos y la parte que nos toca realizar, para hacer de este país uno mejor.

Estos dos tumores cancerosos, según Basave, seguirán expandiéndose si el ciudadano no hace nada por detener esta enfermedad. Es aquí donde abro la invitación a ser el ciudadano que conozca la Constitución, vele por sus derechos y tenga voz para ejercerlos. Basta a estas enfermedades que solo alimentan a una elite política, que se olvidan que hay todo un país detrás lleno de sufrimiento a causa de las decisiones que solo esta toma. No actuemos como nuestras autoridades, asumamos nuestras responsabilidades ante cualquier error que se cometa, dejando de ir por el camino sin complicaciones. Es necesaria tu participación como ciudadano, que esta enfermedad no consuma al país como lo ha estado haciendo durante años; creamos que nosotros somos el cambio, pero el cambio que no solo opina sino actúa. Finalmente, estos dos tumores se ven reflejados en la sociedad, entonces: ¿Tú que harás para detenerlos?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Es tiempo de una nueva Constitución para México

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En un año la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) será centenaria. Si la Constitución fuera una persona, formaría parte del 1.8% de los adultos mayores con cien o más años de edad en nuestro país (INAPAM); y si se viera a sí misma en un espejo, tal vez reconocería muy poco de su cara de recién nacida en aquel lejano 5 de febrero de 1917.

La CPEUM ha acumulado tiempo pero también peso. Tomando en cuenta hasta el mes de febrero del 2014, su texto ha crecido 2.7 veces con relación al original, es decir, pasó de aproximadamente 22 mil palabras a 59 mil (Fix-Fierro); más las que se acumularan esta semana ya que en enero se agregaron dos reformas más a la Constitución (el nuevo régimen de la Ciudad de México y la desindexación del salario mínimo).

Por otro lado, puede resultar más difícil cancelar una tarjeta de crédito que aprobar una reforma para la Constitución. En efecto, la Constitución se modifica con tanta facilidad que las adecuaciones son “discutidas” y aprobadas en los Congresos Locales con la rapidez de un mero trámite procedimental; adicionalmente, nuestra Ley Fundamental cambia con tanta frecuencia que para “conocer” el texto más actualizado es necesario revisar prácticamente todos los días las páginas web de las Cámaras del Congreso de la Unión.

La Constitución tiene tantas memorias y objetivos que es probable que ya se sienta afectada por el mal de Alzheimer. Esto es, hemos incluido tantas cosas en nuestra Constitución que aparentemente es incongruente en algunos temas. Por ejemplo, reconocemos la posibilidad de reelección consecutiva en Ayuntamientos, diputaciones (locales y federales) y senadurías, pero no respecto de los ejecutivos (estatales y federales). Esto es, sí…, pero no. Otro ejemplo es que no se pueden otorgar concesiones en materia de petróleo e hidrocarburos, pero sí pueden firmarse contratos de licencia. Es decir, no…, pero sí.

En efecto, la Constitución se modifica con tanta facilidad que las adecuaciones son “discutidas” y aprobadas en los Congresos Locales con la rapidez de un mero trámite procedimental…

¿No será tiempo de dejar las simulaciones y constituirnos como realmente somos y queremos ser?
Hasta ahora, he señalado únicamente aspectos supuestamente formales que plantean la necesidad política de una nueva Constitución para México: La extensión y complejidad gramatical del texto constitucional, la inutilidad de un procedimiento dificultado para la reforma constitucional que, en los hechos, demerita la supremacía de la Constitución; así como las adecuaciones constitucionales basadas en agendas políticas particulares y sin un debate público nacional.

Sin embargo, un hecho probablemente aún más importante y meritorio de que contemos con una nueva Constitución es que cuando aquella persona centenaria observa al país a través de la ventana de su casa, ya no reconoce las calles del barrio ni a las personas que viven en él. Es, en cierta medida, una extraña para los demás. La Constitución misma desconoce a la sociedad que pretende constituir, dirigir, guiar.

En efecto, siendo México un país de migrantes (expulsor y receptor), aún no aceptamos que un extranjero con residencia legal en nuestro país pueda elegir a sus autoridades locales. Siendo un país con fuerzas locales muy importantes, aún no hemos siquiera formulado, y menos respondido, la pregunta: ¿Qué federalismo deseamos para el siglo XXI? En última instancia, siendo que México atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, aceptamos que el artículo 1° constitucional tenga su límite protector de las personas en la propia Constitución y no en un instrumento internacional.

La Constitución misma desconoce a la sociedad que pretende constituir, dirigir, guiar.

La crisis de derechos humanos que vivimos en México (así como la corrupción generalizada, el desconocimiento de la ley, la impunidad de los actores con poder, la simulación en la aplicación de las normas, el temor y la desconfianza en las autoridades…) debe ser motivo de enorme tristeza para quien en un año cumplirá 100 años. Tristeza por ver frustrados algunos de sus planes de juventud, por ver que pocas personas la conocen o la toman en serio, por la ampliación de las diferencias sociales, en suma, tristeza por no ser reconocida como factor de unión y como guía de una comunidad.

Casi podemos escuchar, a lo lejos, una voz orgullosa pero fatigada que nos dice: “Es tiempo de aceptar mis triunfos pero también mis propios límites; es tiempo de unirnos de nuevo y convenir en lo esencial para el país. Es tiempo de una nueva Constitución para México…”

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”