Las elecciones mexicanas a prueba

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En el 2021 se renovarán 15 gubernaturas, 30 Congresos locales, la Cámara de Diputadas y Diputados y los Ayuntamientos en 30 estados. Estas elecciones implicarán la movilización de cerca de 96 millones de electores y la elección de alrededor de 3,500 cargos de elección popular. Los números no son la principal prueba de las elecciones mexicanas. El enemigo a vencer el año próximo es un microscópico e inesperado jugador: El virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, COVID-19.

El efecto del virus en las elecciones se ha sentido en todo el mundo. Del 21 de febrero al 23 de junio de este año un total de 66 países y territorios han decidido posponer sus elecciones (IDEA Internacional 2020b). El INE, por su parte, aprobó en abril pasado la suspensión de los procesos electorales locales y pospuso las jornadas electorales de Coahuila e Hidalgo (INE 2020) y ahora mismo delibera cuál sería la mejor fecha para la reanudación de actividades electorales.

No sabemos a ciencia cierta cuál será el comportamiento del virus y de la enfermedad. Sin embargo, lo que sí parece ser aceptado por los especialistas es que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse por mucho tiempo. Por tanto, resultaría catastrófico para la democracia mexicana no prever cómo impactará en las elecciones que tendremos en México el siguiente año.

Una prueba a la que nos enfrentaremos es el probable escenario de un rebrote del letal virus. Siendo este el supuesto: ¿Deberíamos continuar con las elecciones bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria o deberíamos posponer su celebración? Las respuestas dependerán desde luego de la gravedad y la dispersión de los casos y, al tratarse de elecciones locales, es probable que este dilema deba resolverse de forma muy focalizada o regional; no obstante, pensemos que la situación de emergencia sanitaria se dé de forma generalizada en todo el país. Desde mi perspectiva, las únicas elecciones que no pueden postergarse indefinidamente son las de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y las de los Congresos Locales. Esto es así porque no existen normas constitucionales que resuelvan el problema de que a la fecha del inicio de las Legislaturas no estén realizadas la elecciones correspondientes y no haya órganos legislativos qué instalar, como sí las hay para la suplencia de Ejecutivos Estatales y de Ayuntamientos. En todo caso, prever una solución a este problema implica una reforma constitucional urgente que contemple de forma expresa la posibilidad de postergar elecciones y, respecto de los Congresos, el supuesto de que los cargos de las personas legisladoras actuales puedan extender su vigencia hasta la celebración de las nuevas elecciones, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. La postergación de las elecciones no es una decisión sencilla, particularmente si se considera el efecto que esto pueda tener sobre la legitimidad del resultado electoral (IDEA Internacional 2020a: 3). Más aún si esta determinación proviene del Consejo General del INE y su legitimidad es cuestionada por el titular del Ejecutivo Federal.

Otra prueba para las elecciones en México será la simplificación de algunos procedimientos electorales para evitar movilizaciones masivas de personas que aceleren los contagios, dentro de los márgenes que permite la barroca y detallista ley electoral; y con una condición jurídica agravante: La regla de que las reformas electorales substanciales deben estar publicadas al menos tres meses antes del inicio del proceso electoral (art. 105, fr. II CPEUM). Para el caso de la elección para renovar las 500 Diputaciones Federales, el tiempo ya está formalmente agotado, como declaró recientemente el Dr. Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE (https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1272254528297943042?s=20).

Al SARS-CoV-2, sin embargo, no le interesan las reglas constitucionales. De no posponerse las elecciones en el país, éstas deben llevarse a cabo con estrictas medidas de seguridad e higiene sanitarias. Es en este sentido que, si no se modifican las leyes electorales para poder gestionar procesos electorales en medio de la pandemia, la norma de la veda legislativa (art. 105, fr. II CPEUM) deberá interpretarse de forma abierta para armonizarla con la protección de la salud y la vida de las personas electoras para que se permita, idealmente, que los Congresos reformen las leyes electorales, incluso ya iniciado el proceso electoral, y se simplifiquen los procedimientos electorales para hacer frente a la emergencia sanitaria.

La simplificación de los procedimientos electorales debe partir de dos premisas: i) La armonización de los derechos políticos de electores, partidos, candidaturas, ciudadanía y medios de comunicación con los derechos a la salud y a la vida de las personas; y ii) la búsqueda de medidas que reduzcan al máximo posible la movilización y la aglomeración de grandes cantidades de personas durante las etapas del proceso electoral.

Para enfrentar la pandemia hay desde luego muchas actividades y procedimientos electorales que deben adecuarse. Considero que los siguientes son cruciales: Las campañas electorales, la jornada electoral y los cómputos electorales.

Respecto a las campañas electorales, se trata tal vez de una de las etapas con mayor movilización de personas, porque si bien existen medios virtuales y redes sociales para la comunicación político-electoral, no hay campaña electoral en las democracias que no implique la movilización de cientos de personas en mítines, cierres de campaña, actos de registro de candidaturas, etcétera. Más allá de la idea de las campañas virtuales, la prueba consistirá en que las normas y las disposiciones sanitarias deberán reducir al mínimo el número de personas que sean permitidas en los actos de campaña. No prohibición, sino regulación desde el mirador del derecho a la salud. No obstante, estas disposiciones no serán eficaces sin la aceptación y cumplimiento por parte de partidos políticos y candidaturas.

Por lo que hace a la jornada electoral, la prueba es mayúscula. Si mantenemos exactamente de la misma forma los procedimientos para la integración, la capacitación y el funcionamiento de las mesas directivas de casilla, y la forma en que votamos, aun el sentido común permite prever altos riesgos de contagios en las casillas durante la jornada electoral y en los días de la capacitación de las y los funcionarios de casilla. Si no tenemos las capacidades legales y tecnológicas para implementar el voto electrónico, lo menos que debemos hacer para superar esta prueba será establecer horarios específicos a fin de que las personas electoras, de conformidad con su letra inicial de su primer apellido, acudan específicamente en dicha franja de horario a emitir su voto. 

Otras opciones: ¿Votar en jornada electoral anticipada?, ¿votar a través del servicio postal?, ¿votar desde los coches?, ¿votar en los hospitales? Probablemente, pero se requieren adecuaciones legislativas y amplios consensos políticos.

Por último, nuestros arcaicos métodos de cómputo electoral, incluidos los recuentos totales producto del trauma político del 2006, no deben ser igual a lo que hemos hecho en los últimos 25 años. Para armonizar los derechos de las personas y partidos contendientes con el derecho a la salud, sólo puedo imaginar una solución utópica pero eficaz: La renuncia del derecho a recuentos totales o parciales en sede administrativa por parte de los actores políticos y, únicamente en el caso de que existan causas y pruebas de alguna irregularidad, ejercer ese derecho de forma acotada en los tribunales electorales. 

Para superar los riesgos que representa la pandemia para las elecciones del 2021, lo ideal sería que se realicen modificaciones a las leyes electorales con la aprobación unánime de los partidos políticos. Si esta habilitación legislativa no acontece, aún contamos con un margen estrecho para que las autoridades administrativas electorales ejerzan una interpretación creativa de las normas jurídicas, es decir, el INE y los OPLEs aún podrían ejercer sus márgenes de discrecionalidad interpretativa para flexibilizar los procedimientos electorales, sin embargo, para ello se requiere que tales decisiones sean política y presupuestalmente viables.

Posponer las elecciones no es la mejor de las soluciones, debido a que implica una afectación al principio constitucional de periodicidad de las elecciones (Comisión de Venecia 2020: 19). Sin embargo, debemos de estar preparados incluso para este escenario, porque si las condiciones sanitarias empeoran en el país, probablemente esta sería nuestra única salida, siempre que valoremos el impacto que la suspensión de elecciones tendrá en la estabilidad política y social de nuestra democracia. 

Si el desarrollo de la pandemia permite la celebración de las elecciones en el 2021, la prueba mayor será potenciar la creatividad de las y los legisladores y de los organismos electorales, porque deberán idear y gestionar procedimientos electorales novedosos que trasciendan los cauces tradicionales bajo los cuales hemos conducido nuestras elecciones hasta ahora. 

En cualquier caso, la variable que transforme una prueba en un éxito histórico será el apoyo unánime de los partidos políticos.

Referencias bibliográficas

Comisión de Venecia. (2020). Report – Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency, reflections, taken note of by the Venice Commission on 19 June 2020 by a written procedure replacing the 123rd plenary session. CDL-AD(2020)014. Estrasbugo: Comisión de venecia.

IDEA Internacional. (2020a). Elecciones y COVID-19. Documento técnico de IDEA Internacional 1/2020. Estocolomo: IDEA Internacional.

IDEA Internacional. (2020b). Panorama global del impacto del COVID-19 en las elecciones. (Actualizado al 23 de junio del 2020). En: https://www.idea.int/es/news-media/multimedia-reports/panorama-global-del-impacto-del-covid-19-en-las-elecciones (Consultado el 25 de junio del 2020).

INE. (2020). Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueba ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la pandemia COVID-19, generada por el virus SARS-CoV2. México: INE. 

Siempre a medias

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En días anteriores se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales el H. Congreso del Estado de Nuevo León para la revisión de las iniciativas de reforma encaminadas a la garantía de la paridad total y del rezagado tema de violencia política en razón de género. 

Una vez más, las discusiones transitaron hacia un avance entorpecido, un avance “a medias” que no resarce la deuda histórica que se tiene para con las mujeres del estado. 

Si miramos un poco la historia reciente encontraremos que al Legislativo local le falta mucho por estar a la par de los avances en México en materia de derechos humanos e igualdad de género, específicamente en el tema de los derechos político electorales y las medidas que a nivel nacional parecieran avanzar con un paso diferente. 

Cuando en el país se estaba avanzando para hacer que la paridad de género en diputaciones locales fuera efectiva mediante distintas reglas que garantizaran que las mujeres no fueran postuladas exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político jamás hubiera ganado, en Nuevo León esto no se incluyó en la legislación electoral. Fue el organismo local electoral quien empujó el tema a través de lineamientos que, desde el proceso de 2015, incluían la división por partido de los distritos electorales conforme a su rentabilidad electoral histórica. Finalmente, en la reforma de 2017, el Congreso de NL agregó criterios cualitativos para diputaciones locales a la legislación.

Lo mismo sucedió en las modificaciones a la ley electoral en 2017, cuando el Legislativo local tenía la oportunidad para integrar la paridad en presidencias municipales (paridad horizontal), como sucedía en el resto del país. Tampoco sucedió. Una vez más, fue a través de lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral, que esto fue avanzando, ya que las reglas del juego para las postulaciones incluyeron por esta vía la obligación de postular 50% mujeres y 50% hombres para presidencias municipales, y no sólo para regidurías y sindicaturas. La labor del organismo público local electoral para ir más allá a través de lineamientos estuvo basada en la jurisprudencia electoral en la materia.

Pero aún con ello, Nuevo León iba un paso atrás que muchísimas entidades mexicanas que no sólo implementaban ya la paridad horizontal, sino que le agregaban reglas cualitativas para que, al igual que en el caso de las candidaturas a diputaciones locales, en los municipios también se garantizara que las mujeres no fueran relegadas a candidaturas sin importancia. Algunas entidades siguieron el ejemplo de la competitividad electoral histórica en municipios. Otros, como Coahuila, agregaron criterios con una mirada distinta: entendiendo la importancia de las administraciones municipales en relación a la cantidad de población a la cual dirigirían. 

Esto no sucedió en Nuevo León en las elecciones pasadas, y parece que el Congreso local tampoco reforzará la legislación electoral local para que suceda en la próxima. 

Lo mismo ocurre con el tema de violencia política que viven las mujeres que quieren insertarse en la vida pública. A falta de un marco normativo sólido que atendiera este tema, instituciones locales se unieron el proceso electoral anterior para impulsar un Protocolo de atención conjunta que pudiera sentar las vías de canalización y atención al tema de manera proactiva. Aun así, su atención sería muchísimo más eficaz si el Congreso local empujara las reformas necesarias para que la violencia política de género sea considerada un delito, y para implementar sanciones específicas al respecto. 

Por último, el Congreso local tiene la oportunidad histórica de derribar todo obstáculo y resistencia existente para el nombramiento de mujeres a los puestos de toma de decisiones en la entidad, al integrar la obligación de designar en igualdad a mujeres y hombres para todos los altos puestos de todos los organismos e instancias de la entidad. 

Esto tampoco se vio durante las discusiones vertidas en la sesión de la Comisión mencionada, al contrario, la “paridad en todo” se fue diluyendo poco a poco, desechándola para algunos organismos y “procurándola” para otros.

Las discusiones que se dieron en la Comisión de Puntos Constitucionales este 26 de junio, nos dan a entender que, una vez más, en Nuevo León vamos un paso atrás para que el marco normativo proteja los derechos político electorales de las mujeres, garantizando el efecto útil y material de la paridad. Las discusiones nos dan a entender que la legislación electoral está avanzando, pero avanzando a medias. 

Lanza INE advertencia a AMLO: no use #LaMañanera para temas electorales

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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su vocero Jesús Ramírez, no fueron acreedores de medidas cautelares, sin embargo, de repetirse la conducta estará en condiciones de dicta medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, esto con el fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales.

“Dadas las características y contexto del caso, el hecho de que actualmente están en curso dos proceso electorales locales en Coahuila e Hidalgo y que, a partir de septiembre próximo dan inicio los proceso electorales federales y locales en todo el país, da lugar para reiterar las obligaciones y prohibiciones apuntadas y, particularmente, señalar que, su se realizan conductas posiblemente antijurídicas, como la advertida en este asunto, continuándonoslas o se repiten en el futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente”, se lee en el comunicado del INE.

En ese sentido la Comisión emitió un pronunciamiento dirigido al presidente y al vocero para que ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, por lo que se les prohibió utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales para “introducir cuestiones electorales” y de “conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda”.

Esto, después de las medidas cautelares solicitas por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de la diputada federal, Marcela Torres Peimbert, en contra del presidente de la República y del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, por el presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material electoral, violando los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco de los proceso electorales federales y locales.

Gobernadores mandan un pliego de peticiones a AMLO

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Gobernadores de ocho entidades enviaron un pliego de peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre la peticiones se encuentra un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas, un plan de largo alcance contra la crisis económica, activar un seguro de desempleo, y la suspensión de proyectos y programas federales.

Por otro lado, los Gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Durango y Guanajuato demandaron también que la Federación analice la posibilidad de contraer deuda para impulsar la reactivación económica del país y se revise la implementación de un ingreso básico universal.

Se reitera también el planteamiento de revisar el Pacto Fiscal y el sistema de tributación.

Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dio lectura a un nuevo oficio que enviarán a López Obrador buscando una reunión.

“Es el momento de unirnos y coordinarnos ampliamente para enfrentar la crisis”.

“No es tiempo de separatistas”, dice Cuitláhuac García

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El gobernador de Veracruz, Cuitáhuac García Jiménez, dijo esta mañana de lunes que no es momento para la separación en grupos, ya que todos los estados tienen sus fortalezas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Convoco a mis colegas a que reflexionemos por el interés federal“, asegurando que no coincide con la visión de algunos mandatarios estatales que están en contra de la estrategia federal contra la nueva cepa de coronavirus.

En días anteriores, García Jiménez había calificado la acción de los gobernadores como “golpista“, pero luego rectificó para llamarlo separatista.

Pensamos que no son momentos de hacer grupos. Al contrario, es momento de unir esfuerzos de los estados, sinceramente me parece hasta una intención como golpista, perdón pero lo veo de esa manera. Separatista sería mejor palabra“, detalló el titular del ejecutivo en Veracruz.

Todo esto sucede luego de que el viernes 5 de junio, gobernadores de ocho estados se unieron para plantear su propio plan de acción contra el nuevo coronavirus.  Los mandatarios de Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco anunciaron su plan contra el COVID-19, y acordaron entregar una carta para pedir una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de El Financiero

López-Gatell señala a Nuevo León y Coahuila como entidades con mayor número de casos sospechosos.

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El Subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, advirtió ayer que Nuevo León y Coahuila son las entidades del País que cuentan con el mayor número de casos sospechosos de COVID-19 sin confirmar. 

El funcionario de Salud Reiteró que “En Nuevo León, lo que podemos ver claramente es que esta proporción (de no confirmados) va más rápido, por supuesto, que los confirmados. Esto podría ser un reto en el procesamiento de muestras”.

Según las cifras del funcionario, Nuevo León registra mil 915 confirmados y 4 mil 379 sospechosos.

Los datos federales contrastan con los estatales, ya que el Gobierno de Nuevo León reportó ayer 3 mil 729 confirmados y apenas 42 sospechosos.

La Secretaría de Salud estatal ha atribuido está discrepancia a que Nuevo León sí contabiliza los positivos que se dan en hospitales y laboratorio privados para dar la mayor atención.

Coahuila contabiliza las casos detectados por privados.

Ayer, López-Gatell afirmó que la mayoría de los servicios de laboratorio del País los realizan empresas que son oligopólicas y advirtió que esto podría estar relacionado con la urgencia de aplicar pruebas masivas. Nuevo León es el Estado líder en pruebas realizadas.

 

(Con Información de El Norte) 

Surge brote de COVID-19 en reunión de Gobernadores.

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Después de casi dos semanas en que fue celebrada la reunión de siete Gobernadores en el municipio de Parras de la Fuente, para evaluar medidas para hacer frente al coronavirus, se dió a conocer que el día de ayer se presentaron al menos 20 contagios por COVID-19 entre el personal de medios de comunicación de Nuevo León y Coahuila que cubrieron el evento. 

Entre los contagiados, fuentes señalaron a seis periodistas de cinco medios de comunicación con base en Nuevo León.

El resto de los contagios estaría en el grupo coahuilense RCG, que maneja televisión, radio y anuncios panorámicos, la noche de ayer informó que 14 de sus trabajadores dieron positivo en pruebas de coronavirus y otros 47 tuvieron resultado negativo.

Informantes oficiales señalaron que el origen de estos brotes se deriva de que un funcionario del área de Comunicación Social coahuilense, que enfermó de coronavirus, estuvo en la Reunión Interestatal por el Covid-19 el pasado 22 de mayo.

En el encuentro estuvieron los Gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Durango, José Rosas Aispuro; de Colima, Ignacio Peralta, y de Jalisco, Enrique Alfaro.

 

 

(Con Información de El Norte)

COVID-19 ha provocado 111 muertes entre personal de salud en México

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El subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer que suman 111 muertes de personal médico en México por la pandemia de COVID-19.

López-Gatell explicó que las cifras corresponden a los casos reales presentados puesto que no se aplica el modelo centinela. Especificó también que en las estadísticas se incluyen los pacientes leves por lo que los números se incrementan.

Hasta este lunes, hay 8 mil 544 casos acumulados de COVID-19 entre personal de Salud.

Además, hay 6 mil 747 casos sospechosos acumulados y 23 mil 525 negativos.

La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son las entidades con mayor número de casos.

De los casos de COVId-19 entre personal médico, el 41% se dio en enfermeras y enfermeros, seguidos de médicos con un 37%.

Respecto a las instituciones por casos de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social encabeza la lista con 4 mil 476. Le siguen la Secretaría de Salud con 3 mil 026 y el ISSSTE con 559.

Por otro lado, hay 111 casos de muertes confirmadas por COVID-19 entre personal de salud.

La CDMX encabeza la lista de entidades con mayor número de muertes de personal sanitario por COVID-19 con 33 casos, seguida por Tabasco y el Estado de México con nueve, Sinaloa tiene ocho; Chihuahua, Veracruz y Coahuila con cinco cada una.

Asesinan a tres trabajadoras del IMSS en Torreón

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La madrugada de este viernes, en una vivienda de la ciudad de Torreón, Coahuila se encontraron los cuerpos de tres hermanas, dos de ellas enfermeras y una más secretaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los tres cadáveres presentaban signos de violencia y aparentemente fallecieron por estrangulamiento, señaló la Fiscalía General local en un comunicado.

Aunque la dependencia señaló que se está a la espera de los resultados de las necropsias.

Zoé Robledo, director del IMSS, lamentó los asesinatos y dijo que se comunicó con el gobernador Miguel Riquelme de esa entidad a fin de dar seguimiento a las investigaciones.

El fiscal estatal, Gerardo Márquez, informó que hasta el momento no se tiene conocimiento sobre el motivo por el cual fueron asesinadas.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Se han registrado 21 agresiones contra personal médico

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La jefa de División de Programas de Enfermería, Fabiana Zepeda, informó que en México se han registrado 21 agresiones a personal de enfermería en 12 entidades del país.

“Duele hablar de esto. Tenemos familia y estamos dejando muchas cosas”, dijo Zepeda en la conferencia de prensa de seguimiento de la epidemia del COVID-19 en México.

Las agresiones, detalló, se han dado en la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.

Por su parte, la CONAPRED llamó a la población a evitar actos de estigmatización, discriminatorios o de violencia contra el personal de salud y las instalaciones hospitalarias que la población necesitan para superar la emergencia sanitaria.

La jefa de enfermeras lamentó los actos de violencia en contra de sus colegas.