Echan para atrás ley que piden más contenido nacional a plataformas digitales

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El dictamen que establece que las plataformas digitales como Netflix incluyan en su oferta un 30% de contenido nacional, fue retirado por el líder de la banca de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, debido a que la oposición acusó que esta fue aprobada ilegalmente, que no hubo quórum.

El dictamen fue aprobado por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Estudios Legislativos, pero la senadora priista Vanessa Rubio ya había dicho que solicitaría la anulación del documento, de acuerdo con El Financiero.

La iniciativa de Monreal establece que “como obligación para los prestadores de servicios de televisión de paga vía internet (OTT), ya sean nacionales o extranjeros, el contar dentro de sus catálogos, con al menos el 30% de contenidos nacionales”, según El Universal.

De tal forma que dicha iniciativa que incluye a las plataformas de streaming como Blim, HBO, Claro Video, Netflix y Amazon Prime Video, así como Disney+, deberían de acatar la reforma desde abril próximo, teniendo cuatro meses para tener el 20% de contenido nacional y un año para el 30 por ciento.

(Fuente: Político MX)

Plantea AMLO corregir reforma sobre reelección

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Esta mañana, el presidente de la República durante su tradicional conferencia de prensa matutina, se pronunció por lo sucedido en el Legislativo luego de que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que permite a los legisladores buscar reelección y hacer campaña sin tener que dejar su cargo.  

Al ser cuestionado, el Mandatario en un principio comentó que no opinaba en asuntos de partidos, sin embargo, se le aclaró que se trataba de una reforma avalada por el Congreso.

Afirmó que no estaba enterado: “¿Cómo van a usar recursos públicos, no entiendo?“.

Al explicarle reaccionó: “¡Ah no! Eso sí está mal, pero yo digo, yo creo, que eso ellos mismos lo van a corregir (…)¿Dónde lo aprobaron?“.

Al contestarle que había sido en la Cámara de Diputados dijo: “¡Ah! Falta la de Senadores. Nada más, todo lo que es uso de dinero del pueblo para propósitos electorales se debe evitar, no permitir, pero esa es una opinión, nada más“, señaló.

Con información de Grupo Reforma

Diputados avalan reglas de reelección de legisladores

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas que favorecerán en su reelección a los actuales diputados y senadores, con lo que podrían permanecer en el cargo hasta el 2030.

La Constitución estableció la reelección legislativa consecutiva desde el 2014 y hasta ahora se busca reglamentar el proceso en la legislación secundaria, a partir de que diputados pueden ser electos hasta en cuatro ocasiones, en periodos de tres años, y los senadores en dos por periodos de seis años.

Con una iniciativa que se presentó a las 12:35 horas ante la Mesa Directiva y a la que se le dispensaron trámites, se aprobaron reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD no acudieron a la sesión de este miércoles; MC sí asistió y votó en contra.

En el dictamen se establece que diputados y senadores que quieran reelegirse lo podrán hacer en las localidades o circunscripciones de donde fueron electos, ya sea por la vía plurinominal o por mayoría relativa.

Se permitirá a los legisladores seguir en el cargo y hacer campaña al mismo tiempo.

Las y los legisladores federales que pretendan ser electos para el mismo cargo por un periodo consecutivo pueden participar en el proceso electoral sin separarse del cargo, para lo cual deberán observar estrictamente las disposiciones legales y normativas dirigidas a preservar la equidad en las contiendas políticas, así como el uso eficiente, eficaz, honrado, transparente e imparcial de los recursos públicos“, establece la reforma.

El texto indica que se debe cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo como legisladores y deben abstenerse de incurrir en actos anticipados de campaña y precampaña, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley.

Durante el debate, la diputada de MC Martha Tagle acusó al bloque mayoritario de legislar a modo para que puedan tener ventajas a la hora de buscar la reelección legislativa.

Remarcó que los diputados de Morena, PT, PES y PVEM estaban legislando en contra de sus propios compañeros de partido porque no tendrán las mismas condiciones para buscar una candidatura.

Están aprobando una reforma para reelegirse hecha a modo“, reclamó.

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo, también señaló que se trata de un albazo, con contradicciones constitucionales.

 

 

(Con información de El Norte)

El coronavirus y los partidos políticos

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Mientras el presidente de México está dando muestras de la peor irresponsabilidad social que pueda dar un presidente, propagando su mesianismo hasta los pueblos más remotos, seguro que México y su cuarta transformación saldrán inmunes de la pandemia que está poniendo de rodillas a las democracias occidentales, mientras el contagio sigue propagándose (principalmente con los viajeros procediendo de Europa, contagio de ricos), mientras el saldo mortal ya abrió un registro de pronóstico desconocido, mientras la Ciudad de México bajo la batuta ilustrada de la protegida de AMLO organiza un macro evento irresponsable y provocador, mientras circulan en las redes sociales cientos de memes para valorar la escasez supuesta del papel higiénico y los efectos secundarios de las cuarentenas, mientras sucede todo esto, México y su gobierno carecen de herramientas para enfrentar los estragos de una epidemia que demostró en muchos países  lo dañino que puede ser.

De Europa afluyen ejemplos de medidas de aislamiento social, no de vacaciones anticipadas, acompañadas de reglas de aplicación que incluyen multas económicas, aquí, el presidente tranquiliza el pueblo bueno y sabio con besos y abrazos, en lugar de invitarle a protegerse. De Brasil llega una propuesta para tomar en cuenta de inmediato: que los partidos políticos transfieran sin más consideraciones la integralidad de sus prebendas económicas que reciben del INE y de las Comisiones Electorales Estatales para reforzar el sistema de salud del país y que no pueda haber disculpas de falta de recursos para justificar penurias y ausencias de apoyos.

Es tiempo de solidaridad. Los partidos políticos tienen la obligación de ofrecer recursos para ayudar a solucionar el problema de salud del país. Por una vez, en lugar de enriquecer una burocracia partidista inútil y en lugar de fomentar una corrupción que ha puesto el país en manos de los irresponsables de la cuarta transformación, podrían transferir sus recursos para una causa útil y que ayude a salvar y rescatar la integridad del país. Estamos seguros que todos los partidos aceptarán con entusiasmo esta propuesta y que PRI, PAN, Morena, MC, PT y todos los inventos y creación de los avorazados de un sistema político insensato  tendrán a bien aportar para hacer olvidar lo inútil que son y para contribuir a solucionar un problema que el país no tiene capacidad de enfrentar, menos con las bravuconadas y estupideces de su presidente y de la gobernadora de la CDMX.

Si con su seudo rifa-extorsión del avión presidencial, el presidente pretende exprimir 4 mil millones de pesos al pueblo bueno y sabio, los partidos pueden fácilmente entregar una cantidad equivalente. Sería una verdadera contribución a la salud de un país que se han esforzado en empobrecer desde hace más de 20 años.

Diputados avalan #LeyCachito, para rifa del valor del Avión Presidencial

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Con 295 votos a favor (Morena, PT, PES y Partido Verde) y 143 en contra (PRI, PAN, PRD y MC), el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la llamada #LeyCachito, que permite los sorteos para la enajenación de bienes de la nación.

Estas reformas al artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, así como los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, permitirán a la Administración de Andrés Manuel López Obrador rifar el avión presidencial.

El dictamen que fue enviado al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación, permite que aquellos bienes que no logren venderse por licitación pública o subasta se puedan sortear.

También se podrán sortear cualquier tipo de bienes del país, no solo los que provengan de la delincuencia organizada o de la lucha anticorrupción.

La oposición lamentó que los legisladores sigan atendiendo y legalizando los caprichos del Presidente López Obrador.

“¿Al rato qué vamos a tener aquí? ¿Un sorteo del Palacio de Bellas Artes? ¿O van a venir a sortearnos el Ángel de la Independencia? ¿O qué más se les va a ocurrir que hay que sortear?”, cuestionó la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, quien advirtió que el problema no es el tema del avión, sino que se abre la posibilidad de enajenar cualquier bien nacional por la vía del sorteo.

Los diputados del PAN, por su parte, se subieron a la tribuna con las réplicas de los billetes del sorteo del próximo 15 de septiembre en la boca, después de quedarse unos segundos callados, los retiraron de sus rostros y los rompieron.

“Ningún cachito va a callar a los diputados de Acción Nacional para defender al pueblo de México. Que lo escuchen y lo escuchen muy, muy claro”, expresó Cecilia Patrón Laviada.

“No seremos cómplices de una ocurrencia más para engañar a los mexicanos con la supuesta venta del avión presidencial”, dijo el también panista Marcos Aguilar.

AMLO liga a Beltrones y a panista con micrófonos

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los micrófonos hallados en el Senado fueron instalados cuando Manlio Fabio Beltrones presidía la Cámara alta y los contrató el panista José González Morfín.

Saben que me interesó el tema porque tengo que andar pendiente, a las vivas, y parece, se los voy a dejar de tarea, que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años. Cuando se inauguró el edificio del Senado era presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones y el segundo, que fue el que hizo la contratación, era del PAN, un senador Gómez (sic) Morfín, desde entonces, pero además está en actas. Y de repente, ahora que aparece el micrófono: ‘el Presidente‘”.

Cuando se inauguró el Senado, Beltrones era presidente de la Mesa Directiva y el panista González Morfín presidente de la Junta de Coordinación Política.

Grupo REFORMA publicó hoy que la denuncia de espionaje presentada por el PAN en el Senado paralizó las actividades en la sede legislativa.

Con información de El Norte

Morena da contrato a despacho de Colosio y Basave

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 El medio El Norte reportó que a bancada de Morena utilizó el recurso del bono de gestoría para pagar servicios jurídicos al despacho del cual es socio-fundador el coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, y su dirigente estatal, Agustín Basave, dicha acción caería en un conflicto de interés.

Por su parte, el Grupo Legislativo que es liderado por el Diputado Ramiro González, usó el recurso para pagar 111 mil 899 pesos al despacho Colosio, Basave, Sánchez, que les brindó asesoría parlamentaria, según se describe en las facturas que se expidieron.

Cabe destacar que se realizó esta acción pese a que el Congreso local cuenta con asesores técnicos que brindan la ayuda legal a los legisladores sobre cualquier tema que aborden en el Pleno o en comisiones, la explicación es que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, al ser Colosio fundador del despacho y al mismo tiempo integrante del Congreso, y Basave líder de un partido, la acción caería en un conflicto de interés.

Se expone que las sanciones que se aplicarán van desde una amonestación pública o privada, hasta la suspensión o destitución del cargo que desempeña el funcionario. De igual modo, se contempla la inhabilitación temporal para desempeñar un cargo público. EL NORTE tuvo acceso a tres facturas que expidió el despacho para que la fracción de Morena comprobara el gasto.

De acuerdo a El Norte, el primer pago se hizo el 11 de noviembre del 2018 por 52 mil 200 pesos y en ese mismo día hubo otro por 7 mil 499 pesos. Un segundo comprobante fue expedido fue el 12 de noviembre del 2018 por 52 mil 200 pesos.

De acuerdo a una fuente cercana a El Norte en el Congreso, se especificó que los pagos también se hicieron con el recurso del bono de gestoría y es parte de los gastos que los legisladores mantienen ocultos.

Finalmente, se explica que El Norte ha intentado vía transparencia acceder a la totalidad de los pagos con el bono, no obstante, los Diputados han puesto trabas para entregar la información, pese a que se ha revelado que han hecho mal uso del recurso, al pagar, por ejemplo, a empresas fantasma.

Con información de El Norte

México y Cannabis: la aprobación que viene

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El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que regula el consumo de cannabis en nuestro país, el cual resultó ser un tema que dividió a los Senadores ante un escenario delicado respecto a la violencia relacionada al crimen organizado. La cannabis sativa (marihuana) es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas jurídicas, políticas, médicas y sociales. 

Sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente: “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia”.Y es, en este sentido, libre de preconcepciones que aluden a una catástrofe de salud debido a una asociación a la violencia o adicciones, donde debemos ubicar el análisis y discusión a favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta las distintas visiones médicas y científicas con perspectiva de derechos humanos tiene como origen la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde finales del  2019, en donde mandaba que el Senado de la República debe emitir legislación en la materia. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud desde dos dimensiones; una, individual que se traduce en la atención específica de la salud y bienestar de una persona y; otra, la social en donde se encuentran las “acciones necesarias para alcanzar ese fin, como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud que afecten al conglomerado social”. En ese tenor, podemos encontrar estos mecanismos de política en materia de salud, que pretenden colocarse como un método de tratamiento médico como otros existentes. 

Como podemos ver, la discusión en México sobre la regulación del consumo del cannabis se encuentra en dos sentidos: en términos del derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad, siendo este último, un derecho privilegiado por el mismo tribunal constitucional declarando inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana.  El Dictamen propone reformas a la  Ley  General de Salud, al Código Penal Federal y crea la  Ley General para la Regulación y Controles Cannabis. En primer término, dicha propuesta intenta reformar los artículos de la legislación en materia de salud y legislación penal que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, además de reformar y adicionar artículos  para que estén conformes a la permisión del consumo de esta planta, permitiendo hasta cuatro plantas  de cannabis controlados y posesión hasta 28 gramos, generando un uso lúdico para asociaciones formalizadas y de investigación, farmacéutico, paliativo e industrial. El punto más importante de la propuesta de Ley en este tema, es la creación del Instituto Mexicano del Cannbis, el cual dependerá de la Secretaría  de Gobernación, el cual tendría como objeto la regulación del uso, control sanitario y coadyuvar con autoridades. La discusión en Comisiones fue sumamente diversa. La bancada del Partido Acción Nacional se posicionó en contra de esta regulación, argumentando que esto no abona a la lucha contra el crimen organizado y que se convierte en una amenaza para el sistema de salud. El PRI fue  sumamente cauteloso al decir que votaban el Dictamen en lo general  pero presentarían propuestas en la discusión particular. Sin  embargo, a pesar de su  aprobación general, existen varios temas pendientes que deben ser aclarados lo más pronto posible. Esta regulación no va más allá respecto a la participación privada en el ramo, que sí bien, plantea una centralización de las semillas, no analiza con mayor profundidad una mayor dinámica en este sector. Otro tema pendiente es una regulación sobre las asociaciones de cannabis y sus requisitos, autoridades de vigilancia a estos centros y cuales serán las condiciones para sus usuarios, así como medidas de atención. Los dos grandes temas que deben plantear los Senadores, son esquemas para la prevención de adicciones y políticas desde un sentido de atención integral con la entrada en vigor de la permisión del consumo de cannabis, y sobretodo, eliminar y armonizar con respeto al principio a un principio de exactitud de los delitos, ya que no queda claro el esquema de penas y delitos en esta materia. Desde otra perspectiva, tampoco queda claro cual será la participación de los estados dentro de esta discusión, ya que los impuestos establecidos para esta planta no son claros sobre si las entidades federativas podrán generar impuestos estatales o serán exclusivamente federales, así como el papel regulatorio de las entidades. 

Debemos celebrar que transitamos de un modelo de criminaliza y penaliza a los consumidores, a uno que respeta sus derechos humanos y que genera nuevos mecanismos para que las personas que decidan consumir esta sustancias, puedan hacerlo en ambientes controlados que reduzcan  algún impacto negativo en la sociedad Sin duda la discusión no es legalizar o no legalizar, sino cómo hacerlo. Estamos ante una oportunidad histórica de justicia social y de iniciar un tramo de justicia transicional con enfoque en derechos humanos que permita un México justo, tanto para los consumidores como los agricultores como los comerciantes y la salud pública. 

La ilusión de la pena de muerte, un engaño más del populismo penal

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El pasado 25 de febrero el diputado federal Arturo Escobar y Vega, junto con integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde y de MORENA presentaron una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Mexicana. La iniciativa busca que se establezca -nuevamente- la pena de muerte en nuestro país, específicamente contra los delitos de:

  1. Violación. Cuando los violadores asesinen a su víctima y ésta sea menor de edad.
  2. Feminicidio. Cuando la víctima sea menor de edad.
  3. Homicidio doloso. Cuando la víctima sea menor de edad.

Además, la propuesta plantea que México denuncie los tratados internacionales que obligan a nuestro país a abolir la pena de muerte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos facultativos. Es decir, que estos tratados internacionales ya no sean aplicables para nuestro país. En el continente únicamente dos Estados han denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en el año 2012. 

Para justificar la idoneidad de la pena capital, en la iniciativa se mencionan estudios de dos universidades estadounidenses que entre los años 2003 y 2006 afirmaron que la pena de muerte tiene efectos disuasorios en delitos como el asesinato. Lo que no toman en cuenta los legisladores es que en ese mismo país, 20 estados han abolido la pena de muerte, 7 de ellos después del año 2007.

La propuesta de reforma constitucional responde a algo conocido como populismo penal, el cual consiste en proponer penas más duras y de mayor duración como respuesta inmediata al aumento de índices delictivos. Sin embargo, este tipo de iniciativas no atacan el problema de fondo y no representan una solución real, ya que dejan de lado medidas integrales para atender deberes como la prevención, investigación y sanción de delitos.

En un país como el nuestro en el que impera la impunidad, donde el 98% de los delitos no son castigados, la propuesta presentada no solo es inviable, sino preocupante, ¿de qué sirven mayores penas cuando las que existen difícilmente se aplican?

Además, en México la justicia no está al alcance de todas las personas por igual, por lo que dicha iniciativa terminaría por criminalizar a quienes menos tienen. Vale la pena recordar las palabras de Ndume Olatushani, quien estuvo condenado a muerte en Estados Unidos por un crimen que no cometió y finalmente obtuvo su libertad en el año 2012: “con demasiada frecuencia, es la gente que no tiene voz la que es sometida [a la pena de muerte]… Durante todo el tiempo que estuve allí, nunca conocí a nadie que tuviera dinero, nunca conocí a una persona rica condenada a muerte.”

Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en seguridad lo ha dicho incansablemente, “incrementar las penas, según el conocimiento aceptado por siglos, no tiene el menor efecto para reducir la delincuencia”. La solución está en la prevención, en la profesionalización, en aplicar efectivamente las sanciones que ya existen y en atender los vicios históricos de nuestras instituciones.

Independientemente de su inviabilidad constitucionalidad y convencionalidad, la iniciativa no representa solución alguna a los problemas del país; las soluciones reales no son las más rápidas, ni las más aceptadas mediáticamente. 

Solo en la medida en la que las autoridades dejen de aprovecharse del dolor de las víctimas para lucrar políticamente y comiencen a atender áreas como la procuración de justicia, la prevención del delito, la investigación diligente y el juzgar con perspectiva de género, solo en esa medida podremos aspirar a un mejor país para todos y para todas. 

Oposición rechaza a Ackerman en el comité para evaluar consejeros del INE

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Los líderes parlamentarios del partido PAN, PRI y PRD rechazaron la designación de John Mill Ackerman como integrante del Comité Técnico que evaluará a los perfiles para elegir a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la propuesta fue elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El medio El Universal, reportó que el líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que el académico de la UNAM no cubre el perfil y “hay una gravísima preocupación al ser notorio que pertenece a un partido político, ojalá prevalezca la política y haya una reconsideración“.

Por su parte, el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, llamó a que la CNDH rectifique y cumpla con la convocatoria, la cual establece que los evaluadores no deben tener antecedentes partidistas o candidaturas en los cuatro años previos.

En cuanto al PRD, Ángel Ávila, sostuvo que con esta propuesta “empieza la captura del gobierno del único órgano autónomo que le faltaba: el INE“.

Finalmente, se prevé que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobará este jueves, una adenda a la convocatoria para la elección de los consejeros del INE, con el fin de que puedan participar mexicanos por naturalización e integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), para acatar así la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con ello Ackerman podrá participar dado que es mexicano por naturalización.

Con información de Político MX