Debe FGR solicitar orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, señala Ricardo Monreal

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El coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que debe ser la Fiscalía General de la República (FGR) quien solicite la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Monreal dejó en claro que el Congreso de Tamaulipas debe nombrar a un gobernador sustituto y advirtió sobre una desaparición de poderes en el estado por parte del Senado de la República.

“En Tamaulipas, la FGR debe solicitar orden de aprehensión y notificación rota para localizar y detener a la persona, y el Congreso de Tamaulipas, nombrar gobernador sustituto. Declarar desaparición de poderes en un estado es facultad del Senado de la República. Reconducción institucional”, publicó el morenista.

El viernes pasado, la Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero del gobernador de estado de Tamaulipas, y el caso fue dirigido al Congreso de la entidad.

Tras seis horas y media de discusión, el dictamen fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

“La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, dijo la presidenta de la Cámara de diputados, Dulce María Sauri.

Mientras tanto, en el Congreso de Tamaulipas, la mayoría es del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el gobernador, quien declaró improcedente el desafuero contra el gobernador García Cabeza de Vaca.

Cabe mencionar que García Cabeza de Vaca fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

El daño al fisco federal fue estimado en 6.5 millones de pesos, lo que acredita el delito de defraudación fiscal, que se castiga con una pena de tres a nueve años de prisión.

A la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca y su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.

Asegura Monreal que Clara Luz no se dejará mangonear

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El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que la candidata de dicho partido a la Gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, tiene carácter y no se dejará mangonear ni por le amor de su vida y ella gobernará Nuevo León.

“Para todos aquellos que duden, Clara es una mujer firme, Clara tiene carácter, Clara no se va a dejar mangonear de nadie, de nadie, aunque sea el amor de su vida, ella va a gobernar”, dijo Monreal durante un evento privado en Cintermex.

Tras la presentación de un proyecto de movilidad en su comité de campaña, Flores y Monreal se trasladaron al evento, donde el senador morenista le pidió a los presentes apoyar a Flores y no rajarse.

“Vamos a ayudar a Clara a que gobierno Nuevo León. Levanten la mano los que van a ayudar, porque aquí nadie se raja”, dijo Monreal a los simpatizantes que levantaron la mano.

Durante el evento, la candidata morenista dijo que Nuevo León necesita mujeres fuertes y valientes.

“Que sigan ladrando porque tienen gobernador con suficientes pantalones para enfrentar esas y todas, con la frente muy en alto”.

Monreal se “echa para atrás” y no presentará iniciativa para regular a calificadoras

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El senador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que no presentará la iniciativa para regular a las calificadoras en México por no considerarlo un tema urgente en el Senado.

“Ni supiera hay iniciativa ni estoy preparando iniciativa, es un simple artículo, quizá mi propia actitud de estar escribe y escribe, esto genere”, dijo Monreal, quien es también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta.

Por otro lado, pidió a las calificadoras estar tranquilas y aseguró que no tienen de qué preocuparse pues todavía no se presentará dicha iniciativa.

Propone Ricardo Monreal regular a calificadoras

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El senador de Morena, Ricardo Monreal, planteó este domingo imponer regulaciones a las agencias calificadoras de riesgo crediticio que operan en México con conflicto de interés.

“El impacto de las empresas calificadoras de riesgo y los conflictos de intereses que existen en su operación hacen necesaria una regulación que garantice su objetividad”, publicó Monreal en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, en un artículo publicado en su página web, el también coordinador de la bancada de Morena en el Senado, subrayó que la ONU, vía su experta en deuda externa y derechos humanos, Yuefen Li, señaló que estas agencias tienen una influencia excesiva en la deuda de los países.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la responsable de supervisar a las calificadoras, cuya regulación contempla sanciones por conflicto de interés.

Durante la actual administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador las calificadoras Moody’s, Standard and Poor’s y Fitch Ratings bajaron su calificación a México.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio el 2 de marzo por terminado el contrato con Fitch.

Monreal: Un reformador

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Como es público, el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado Ricardo Monreal, señaló que tenía preparada una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejor conocida como: “iniciativa para regular las redes sociales”.

La misma, fue objeto de todo tipo de comentarios, buenos, malos y alguno que otro disparate, destacando dentro de esta última categoría las observaciones que consideran que la iniciativa atenta contra la libertad de expresión y principios elementales de la democracia.

Esto, pues al contrario, la reforma propuesta por el Senador Monreal busca establecer las bases y principios generales de protección a la libertad de expresión en las redes sociales, así como dar al Instituto Federal de Telecomunicaciones las atribuciones necesarias para que pueda garantizar el ejercicio de este derecho humano en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de las cuentas.

Sobre el particular, el derecho a la libre expresión reconocido en los artículos 6º de nuestra Constitución y 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, comprende tanto la prerrogativa de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, resultando válido recurrir a cierta dosis de exageración, provocación y ser un tanto desmedido en las declaraciones.

Cabe mencionar que la libre expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino únicamente a responsabilidades ulteriores, pues al igual que todo derecho el mismo no es absoluto y válidamente puede restringirse para asegurar: 1) el respeto a los derechos o reputación de los demás, 2) la protección de la seguridad nacional, orden público, salud, o moral, 3) no se realice propaganda a favor de la guerra, 4) ni haya apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupos de personas.

No obstante, para que resulte válida cualquier restricción a la libertad de expresión, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable: que la misma se encuentre prevista en la Ley, tenga un fin legítimo, sea necesaria y proporcional; situación que constituye una garantía adicional en favor de los gobernados, pues ninguna persona, ni autoridad, salvo el legislador puede restringir este derecho humano.

Situación anterior, que se corrobora pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión” dispone que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que el mismo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la Ley.

De ahí, la importancia de la iniciativa propuesta por el Senador Monreal pues se insiste, una de las garantías que implica el ejercicio de la libertad de expresión es que la misma únicamente puede restringirse a través de hipótesis fijadas por el legislador y no, por otras autoridades o particulares. 

Luego, si en las distintas redes sociales, se dan la eliminación y suspensión de cuentas a usuarios por que sus expresiones vulneran los términos y condiciones de estas, resulta inconcuso que dichas limitantes constituyen atropellos a su derecho de expresarse, pues prácticamente son censurados por un particular, sin que su conducta encuadre en hipótesis previamente establecidas por el legislador y cuya realización tenga como consecuencia una restricción a este derecho.

Ante este escenario, considero atinada la propuesta del reformador Monreal, pues a efecto de otorgar seguridad jurídica y cumplir con una de las garantías que implica el derecho humano de libertad de expresión, es imperativo que sea a través de una Ley y no, por medio de términos y condiciones fijados de manera unilateral, que se señalen los supuestos a través de los cuales una red social puede restringir este derecho eliminando o suspendiendo las cuentas de los usuarios.

Monreal informa que aplazará tres semanas la presentación de iniciativa para regular redes sociales

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El senador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que esperará tres semanas para presentar, de manera formal, su propuesta para regular las redes sociales.

En un video que compartió en sus redes sociales, el también coordinador de la bancada de Morena en el Senado detalló que este tiempo servirá para enriquecer el proyecto, mismo que hizo público desde el lunes pasado.

Por otro lado, el morenista hizo un llamado a los usuarios de redes sociales para que se informen sobre la iniciativa y que no se dejen manipular.

Además indicó que la regulación es un tema complejo que requiere un debate sin descalificaciones su sin adjetivos que se base en argumentos precisos y objetivos.

Por último, aseguró que las compañías han reconocido la importancia de dicha regulación e hizo un llamado a defender el derecho a expresar y decir lo que cada quién quiera.

“Este es un tema que, inclusive, las mismas empresas de redes sociales han calificado como ineludible”, dice en su video.

Acusa Human Rights Watch que propuesta para regular redes sociales es una “aberración”

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El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que el proyecto de ley que propuso el senador de Morena, Ricardo Monreal, sobre redes sociales, es una aberración.

En una publicación hecha a través de su cuenta de Twitter, Vivanco detalló que la reforma le otorgaría al Instituto Federal de Telecomunicaciones diversas facultades como: a qué redes sociales pueden pertenecer los mexicanos, el contenido que pueden publicar y cuándo puede ser suspendido un usuario.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal aseguró que recibirá los comentarios de expertos, académicos, especialistas e internautas sobre su proyecto de iniciativa para regular las redes sociales.

El morenista detalló que no presentará dicho proyecto hasta que reciba las opiniones y que, basándose en ellas, lo mejorará.

Dijo que se ha reunido con representantes de las redes sociales en México y que sus opiniones también serán escuchadas.

Aseguró que está en la mejor disposición de mejorar la propuesta, pero que no la abandonará y no quitará el dedo del renglón.

Propone Monreal multas a redes sociales y que IFT autorice su operación

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El senador de Morena, Ricardo Monreal, plantea en su iniciada que busca regular redes sociales que las redes sociales deberán solicitar permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para prestar sus servicios en México.

“Es menester incluir en el marco legal vigente la protección a la libertad de expresión en las redes sociales, para garantizar este derecho y proteger los discursos de los usuarios que se revelan en las mismas, especialmente el discurso político por si estrecha vinculación con el ejercicio de la democracia”, se lee en la iniciativa.

Por otro lado, se plantea la posibilidad, contra las resoluciones que pueda emitir el IFT, de que proceda el juicio de amparo en términos de las leyes vigentes “a efecto de interponer la queja correspondiente, queja que también podrá ser impuesta por el usuario contra la decisión del autorizado cuando niegue el levantamiento de la suspensión o cancelación de la cuenta o eliminación de contenidos”.

Además, el IFT podría multar con un millón de umas (cerca de 89 millones de pesos) por bajar el perfil de algún usuario, “lo anterior ante la imposibilidad de determinar los ingresos acumulables en términos de ISR de las plataformas de las redes criales, aunado a que, lo que se pretende con la sanción, es que sea disuasoria, y para que estos efectos se materialicen, la multa impuesta debe ser significativa”.

El ordenamiento propuesto también establece “la prohibición a los autorizados de usar algoritmos o tecnologías sistematizadas para cancelar cuentas de manera definitiva”.

La legislación deja a salvo las atribuciones constitucionales y legales del INE en materia político-electoral, “para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia”.

El proyecto refiere que derechos fundamentales como la libertad de expresión “no deben ser establecidos por empresas privadas, sino por el órgano democrática encargado de legislar, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Constitución. En tal sentido, si los derechos humanos han sido un límite a los poderes establecidos, en el mismo sentido, deben serlo respecto de la actuación de los particulares. Por lo tanto, se considera justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales para su ejercicio eficaz, mediante principios establecidos en las leyes, no como obstáculo, sino como herramientas para su potencialización”.

La iniciativa dota al IFT “de las atribuciones necesarias con el fin de que pueda garantizar el ejercicio (del derecho a la libertad de expresión) en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claro a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de cuentas, aportando a la seguridad jurídica de usuario y prestadores de servicio”.

En el documento que propone reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se crea la figura de las autorizaciones para los servicios de redes sociales.

Los términos y condiciones obligarán a los autorizados por el IFT a “incluir un mecanismo,o expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de cuentas o perfiles”.

El senador morenista dejó en claro que la propuesta de regulación “no pretende ser autoritaria e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales, con respecto a todos los criterios que establece en sus términos y condiciones del servicio, especialmente los aspectos comerciales, pero tampoco debe permanecer indiferente Ane las posibles vulneraciones a la libertad de expresión”, expresó el senador.

“Conforme a ellos, pretende dejar en primera instancia la posibilidad ilidcd de que sea los propietarios de redes sociales junto con sus usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos. Si bien es cierto, algunas redes sociales como Facebook cuentan con ‘Normas Comunitarias’, que establecen un procedimiento interno de quejas en relación con el contenido y su supresión o eliminación, para esta Soberanía resulta necesario que dicho procedimiento se regule en ley, con el fin de que derivado de la determinación de los autorizados proceda un recurso administrativo o judicial, en su caso, esto con el fin de respetar también el derecho humano de acceso a la justicia de los usuarios”, agregó.

“Por lo anterior, se establece que dicho procedimiento interno deberá ser expedito y resolverse en un plazo no mayor a 24 horas y en caso de que el autorizado no resuelva la reclamación en dicho plazo, el usuario podrá acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de interponer la queja correspondiente, queja que también podrá ser interpuesta por el usuario contra la decisión del autorizado cuando niegue el levantamiento de la suspensión o cancelación de la cuenta o eliminación de contenidos”, concluyó.

La justicia necesaria

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En días recientes y por todos los medios de comunicación así como redes sociales, se habló y analizó el paquete de iniciativas en materia de Justicia del Fiscal General de la República, la Consejería Jurídica y el Senador Ricardo Monreal. Esta supuesta iniciativa filtrada a medios de comunicación, fue sumamente criticada por académicos, especialistas y analistas debido a su contenido que iba en sentido contrario al nuevo sistema de justicia penal del año 2008, la reforma en 2011 en materia de derechos humanos, y su naturaleza de respeto a los derechos humanos de todas las personas (partes) involucradas  en el proceso de justicia. Sin la intención que analizar a profundidad dicho paquete de iniciativas, la realidad es que este hecho abrió la puerta para discutir y reflexionar sobre una situación de trascendencia y relevancia para nuestro país: el sistema de justicia mexicano.

En esencia, un sistema de justicia es un factor determinante para la consolidación del Estado de Derecho, instituciones y una vida democrática ,  generando una mayor satisfacción confianza y educación ciudadana con los aparatos del Estado; en ese sentido, si verdaderamente queremos combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, tenemos que apostarle a transformar nuestro sistema de  procuración de impartición de justicia. Sin embargo, una modificación tan ambiciosa y con  una  supuesta de  intención de cambiar las cosas de fondo, obliga a incluir a los diversos actores involucrados como Universidades, activistas, Centros de Investigación, Colegios Profesionales, el mismo Poder Judicial, etc, cuyas opiniones y aportaciones son necesarias y fundamentales para realizar una reforma integral. En segundo término, hay que entender la realidad social para conocer los flagelos del sistema judicial.

De acuerdo con la organización World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 2019, México ocupa el puesto 99 de 126 países evaluados, lo que representa una caída de 2 posiciones en comparación con las evaluaciones 2017-2018; siguiendo el mismo Índice, una de las mayores preocupaciones de la organización, es el deterioro general del Estado de Derecho y  los controles al poder gubernamental. Los datos anteriores resultan alarmantes, ya que el apego a la ley y a las arbitrariedades del poder, son imperativos para poder soluciones los problemas de la sociedad. Como afirmar una destacada constitucionalista : “la justicia es un instrumento de pacificación”, y en esa lógica, debemos fortalecer estos mecanismos de pacificación cotidiana o extraordinaria. También, existen temas urgentes como el expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en México el 98% de de los delitos permanecen en total impunidad, lo que reduce la confianza de los ciudadanos con los aparatos del Estado, incrementaron aún más la cifra negra de delitos no denunciados, generando un circulo vicioso de injusticia sistemática. De igual manera, para aquellos dentro del sistema penitenciario, existe una violación sistemática del debido proceso y  presunción de inocencia, así como otros  derechos humanos, ya que en el 2016, el 35% de las personas en cárceles no ha sido sentenciado . Sumando los datos anteriores, vemos que en nuestro país solo se resuelven el 5% de los homicidios y 5 condenas por cada 100 víctimas. Vemos que realmente existe un  sistema deficiente, cuando la alta carga de casos en los Ministerios Públicos llega a ser inquietante cuando en lugares como en Guerrero cada fiscal tiene 900 casos pendientes y en términos generales son 102 crímenes sin respuesta por cada policía de investigación; lo que nos hace afirmar que “esclarecer un homicidio en México es una excepción y no una regla” en donde somos el penúltimo lugar (58 de 59) de países evaluados en impunidad en torno a seguridad, justicia y derechos humanos. Cómo podemos ver analizando datos generales y de una fracción del universo de problemas relacionados al comportamiento del aparato de justicia mexicano, estamos pasando una crisis identificada y urgente. Por ello, resulta ser de toda trascendencia, sin embargo, necesitamos abordarlo desde la realidad y no de la realidad política. En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni en el Senado de la República: “Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca nos hemos propuesto seriamente derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza y exclusión. Una cuestión tan básica como darles abogados a quienes no pueden pagar uno ha sido, hasta ahora, un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante. Una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición un sociedad desigual”.

Monreal asegura que AMLO no ha pedido licencia

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El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha pedido licencia al Senado y no está imposibilitado para seguir con sus actividades esenciales.

Monreal señaló que no se configuran motivos para una licencia por ausencia ante el contagio por COVID-19.

De acuerdo al Artículo 85 de la Constitución indica que si el presidente solicitara licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente el cargo.

El domingo, López Obrador delegó en la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero, la conducción de las mañaneras, pero no se refirió al resto de sus actividades.

El Artículo 84 de la constitución indica que si hubiera “una falta absoluta del Presidente”, en los últimos cuatro años de su gobierno, el Congreso debería designar un presidente sustituto que deberá concluir el periodo.