La inevitable fragmentación morenista

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En Nuevo León desde hace tiempo huele a elecciones. Como lo anticipamos anteriormente, la clase política local se volvió experta en rebautizar cargos para arrancar campañas anticipadas sin violar la ley… aunque sí la moral.

Y MORENA, sin duda, es el más adelantado de todos.

Abiertamente abrió la carrera rumbo al 2027 con el proceso para elegir a su “coordinador” o “coordinadora” estatal, figura que en los hechos no es otra cosa que el futuro candidato o candidata a la gubernatura.

Hasta ahí, todo parece normal.

Lo que pocos dicen es que también se adelantaron las disputas internas, las tensiones entre grupos y la posibilidad de repetir exactamente los mismos errores que ya le costaron al partido perder Nuevo León.

Porque el problema en MORENA no es menor: no existe hoy un perfil capaz de concentrar los intereses, liderazgos y esfuerzos de todas las corrientes internas.

Ni Tatiana Clouthier, ni Waldo Fernández, ni Clara Luz Flores están cerca de unificar al partido a nivel estatal. Quizá Andrés Mijes, por su carácter conciliador y por su capacidad de mantener buena relación con todos los grupos, sea el único perfil con posibilidades reales de lograrlo. Aunque, hasta ahora, eso tampoco ha ocurrido.

Y esa fragmentación podría terminar siendo decisiva.

MORENA enfrenta un escenario incluso más complejo que el del 2021. En aquella elección llegaban como amplios favoritos, con la marca presidencial en su mejor momento y con la candidata mejor posicionada de la contienda.

El resultado ya lo conocemos: Movimiento Ciudadano alineó sus planetas, capitalizó los errores internos de MORENA y construyó el camino rumbo al Palacio de Cantera, relegando al partido guinda hasta el cuarto lugar.

Hoy el panorama apunta a una elección de tercios.

Por un lado, la alianza PRIAN avanza con mayor solidez y con un posible candidato de unidad. Por otro, Movimiento Ciudadano deberá decidir entre apostar por la continuidad del grupo familiar gobernante o abrirle paso al ala más competitiva y transparente del partido, encabezada por Luis Donaldo Colosio.

Sí, hay grietas en todos los partidos.

Pero las más profundas y visibles parecen estar hoy dentro de MORENA.

Y esta vez hay una diferencia fundamental respecto al 2021: Andrés Manuel López Obrador ya no estará en la boleta. Y probablemente tampoco en el inconsciente colectivo de muchos votantes.

La pregunta empieza a tomar forma desde ahora:

¿Otra vez se repite la historia?

Lo escrito, escrito está.

Las Segundas Oportunidades

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La política de Nuevo León tiene una constante difícil de ignorar: su carácter selectivo y excluyente.

Proceso tras proceso, elección tras elección, los mismos nombres -y, en muchos casos, los mismos apellidos- vuelven a aparecer en la boleta. Cambian los discursos, se ajustan las alianzas, pero los protagonistas suelen ser los mismos.

Ahí están los ejemplos: legisladores, tanto locales como federales, que han logrado extender su permanencia hasta por nueve años o más en el mismo cargo, muchas veces sin que la ciudadanía tenga claridad sobre su trabajo.
Familias enteras que han gobernado municipios durante décadas.
Partidos políticos que han convertido territorios en bastiones, como si se tratara de propiedad privada.

En este contexto, las elecciones no solo representan competencia democrática, sino también un ciclo recurrente de segundas oportunidades.

Cada tres años, la historia se repite.

Y el mapa político actual lo confirma:

Adrián de la Garza buscará nuevamente la gubernatura de Nuevo León, tras haberla perdido en 2021 frente a Samuel García. Hoy regresa con mayor estructura política, respaldado por el PAN y con una narrativa que intenta posicionarlo como el contrapeso a la política digital de Movimiento Ciudadano.

Por su parte, Mariana Rodríguez también apostará por una nueva oportunidad. A diferencia de otros casos, no solo insiste: eleva la apuesta. Tras su derrota en 2024, ahora apunta a una posición aún más alta. Las encuestas la colocan como uno de los perfiles más competitivos de su partido, en un escenario donde su exposición pública nunca ha desaparecido.

En el mismo tablero aparece Luis Donaldo Colosio. Luego de una derrota relevante frente a MORENA en Nuevo León, su capital político se mantiene vigente. Sin embargo, su siguiente movimiento será clave: ¿buscará su segunda oportunidad en Nuevo León o cambiará de escenario hacia Sonora?

Y en el bloque de MORENA, Clara Luz Flores se perfila nuevamente como aspirante. Su caso ilustra bien el fenómeno: hace cinco años arrancó como favorita y terminó en cuarto lugar. Hoy, su intento por regresar ocurre en un contexto más competido y menos favorable.

Podríamos seguir enumerando casos. La lista es larga.

Pero más allá de los nombres, el patrón es claro.

Las segundas oportunidades en la política de Nuevo León abren preguntas incómodas:

¿Se trata de perseverancia o de una evidente falta de renovación?
¿Es experiencia acumulada o un sistema cerrado que limita la entrada de nuevos perfiles?
¿Estamos frente a liderazgos sólidos… o ante la repetición de los mismos grupos de poder?

Lo cierto es que, elección tras elección, la escena se mantiene familiar. Demasiado familiar.

Las caras cambian poco.
Los apellidos, casi nada.

Y mientras eso no se modifique, las segundas oportunidades seguirán siendo no la excepción… sino la regla.

Lo escrito, escrito está.

Campañas anticipadas… hartazgo creciente

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El proceso electoral de 2027 aún parece lejano en el calendario, pero en la práctica ya comenzó. No con el nombre formal de campaña -porque la ley lo prohíbe- sino bajo los eufemismos de siempre: “coordinaciones”, “recorridos”, “posicionamientos”. La política mexicana ha perfeccionado el arte de adelantarse… sin decir que se adelanta.

Esta vez, todo apunta a que el banderazo informal lo dio MORENA, al acelerar la definición de sus “coordinadores” estatales desde junio, rompiendo con los tiempos no escritos que históricamente marcaban el cierre del año como punto de partida real. El efecto fue inmediato: una reacción en cadena que hoy ya se siente en redes sociales, medios y conversaciones públicas.

Mayo ha sido el mes en que esta efervescencia dejó de ser discreta. La pauta digital aumentó, los mensajes se multiplicaron y, con ellos, los ataques entre aspirantes. Lo que antes ocurría en lo interno, hoy se libra a cielo abierto.

En Nuevo León, el contraste es particularmente revelador.

Por un lado, Tatiana Clouthier, con una trayectoria consolidada, experiencia en el servicio público y una cercanía política significativa con la presidencia. Su reto no es menor: construir conexión emocional con un electorado exigente, en un entorno donde la visibilidad lo es todo. Antes, además, deberá sortear una competencia interna que no será para nada sencilla.

En la otra esquina, Mariana Rodríguez. Su fortaleza no radica en una carrera tradicional, sino en algo igual -o más- poderoso en estos tiempos: una presencia mediática masiva y una capacidad de comunicación directa con millones de personas. Hoy por hoy, es uno de los perfiles mejor posicionados en la percepción pública.

El contraste es inevitable: experiencia frente a exposición; estructura política frente a narrativa digital.

Pero la discusión de fondo no debería quedarse ahí.

La verdadera pregunta es otra:

¿Está Nuevo León dispuesto a extender un mismo proyecto político -y un mismo círculo de poder familiar- por seis años más? Algo prácticamente inédito en la historia reciente del estado.

Mientras tanto, las campañas -aunque nadie las llame así- ya están en marcha. Y con ellas, también el desgaste.

Porque para la ciudadanía, este adelanto no representa entusiasmo, sino cansancio. Un largo trayecto de confrontaciones, mensajes vacíos y estrategias de posicionamiento que poco dialogan con sus preocupaciones reales.

Las prioridades siguen siendo las mismas, y siguen sin resolverse:
• El metro.
• La seguridad.
• La contaminación.
• El acceso a la vivienda.

Frente a ello, la clase política parece más enfocada en competir que en proponer.

Rumbo a 2027, la exigencia es clara -y cada vez más urgente-: menos propaganda, menos simulación… y más soluciones de fondo.

Porque la paciencia social no es infinita.

Y la pregunta final permanece en el aire:

¿será mucho pedirle a los políticos que tenemos?
¿otra vez nos conformaremos con elegir por descarte al menos peor?

Lo escrito, escrito está.

Nutrición en la Luna

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¿Te hubieras imaginado que la nutrición es clave para misiones tan importantes como llegar a otros planetas?

En los últimos años fuimos testigos de una de las misiones espaciales más importantes de la humanidad: Artemis II, lanzada por la NASA el 1 de abril de 2026.

Esta misión no llevaba astronautas a bordo, pero sí logró algo histórico: Viajar alrededor de la Luna y regresar a la Tierra después de 10 días en el espacio, recorriendo aproximadamente 2.1 millones de kilómetros. Fue el primer gran paso para preparar futuras misiones tripuladas como Artemis II, programada para llevar astronautas alrededor de la Luna.

Y aquí surge una pregunta importante:

¿Qué pasará con el cuerpo humano cuando pase semanas o meses fuera de la Tierra?

Viajar al espacio expone al cuerpo a condiciones extremas como la microgravedad, radiación espacial y aislamiento prolongado, provocando cambios metabólicos importantes. Así como una dieta saludable nos ayuda a mejorar nuestra condición física, también les ayuda a los astronautas a adaptarse mejor en un viaje al espacio. 

Por ejemplo:

  • Los astronautas pueden perder entre 1% y 2% de densidad ósea por mes en el espacio si no siguen protocolos adecuados.
  • También pueden perder hasta 20% de masa muscular en vuelos de entre 5 y 11 días si no realizan ejercicio.
  • En la NASA se estima que los astronautas necesitan alrededor de 2,500 a 3,500 calorías al día, dependiendo de su tamaño corporal y nivel de actividad.
  • En la International Space Station suelen hacer aproximadamente 2 horas diarias de ejercicio para disminuir la pérdida muscular y ósea.

La microgravedad también puede provocar:

  • Alteraciones hormonales
  • Problemas en la digestión y absorción de nutrientes
  • Cambios en el metabolismo del hierro
  • Aumento del estrés oxidativo
  • Disminución de la función inmune
  • Problemas de visión relacionados con cambios en la presión de fluidos corporales

Por eso la nutrición espacial busca cubrir necesidades muy específicas.

Se presta especial atención a nutrientes como:

Calcio + vitamina D: para proteger la salud ósea.
Proteína: para preservar masa muscular.
Hierro: monitoreado cuidadosamente por alteraciones metabólicas.
Hidratación: para regular temperatura corporal, circulación y absorción de nutrientes.
Carbohidratos: principal fuente de energía durante actividades demandantes.

Además, diseñar comida espacial también representa un reto enorme. La selección de alimentos para Artemis II se consideró principalmente la vida en anaquel, seguridad alimentaria , valor nutricional, las condiciones individuales para la efectividad del equipo de astronautas y la compatibilidad con la masa, volumen de Orión  y requerimiento de energía. Los alimentos deben ser fáciles de preparar y consumir en la microgravedad, minimizar el desecho o migajas y que no expiren durante el periodo de la misión. 

Algunos productos pueden durar entre 18 y 24 meses, algo crucial pensando en futuras misiones a Marte, que podrían durar aproximadamente 2 a 3 años entre viaje de ida, estancia y regreso.

La nutrición espacial no solo impacta la salud de los astronautas… también puede definir el éxito o fracaso de una misión completa.

Porque la nutrición va mucho más allá de un cuerpo estético o ser fit. ✨

Soy Polett Von Nacher y te comparto cómo la nutrición impacta incluso fuera de este planeta.

 

L.N. Polett Von Nacher 

‍⚕️Cedula Profesional: 11211027

Consulta Nutrición: 8118415277

polettvonnacher.nutricion@gmail.com 

IG: lnpolettvnutrition FB: Polett Von Nacher-Nutricióndi 



8M: cuando el discurso no alcanza

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En México, el 8 de marzo se ha convertido en una fecha incómoda, aunque no siempre por las razones correctas. Incomoda la protesta, el reclamo, el enojo que rompe la narrativa de normalidad. Lo que sigue sin incomodar lo suficiente es la distancia entre el discurso público y la realidad que viven millones de mujeres. Cada año se repite la misma coreografía: comunicados oficiales, posicionamientos solemnes, promesas que suenan firmes y se diluyen apenas pasa la fecha.

Mientras se habla de igualdad y derechos, la violencia, la impunidad y la desigualdad estructural siguen marcando la vida cotidiana de las mujeres en el país. No se trata de percepciones ni de exageraciones: es una realidad que no se corrige con frases bien escritas ni con edificios iluminados de morado. El discurso puede ser impecable, pero cuando no se traduce en acciones sostenidas, termina vaciándose de sentido.

Nuevo León suele presentarse como un estado moderno, productivo y competitivo. Un referente económico que presume crecimiento, liderazgo empresarial y eficiencia. Sin embargo, ese relato convive con una realidad menos cómoda: mujeres que enfrentan violencia en sus hogares, en el transporte y en los espacios laborales; madres que asumen solas la carga del cuidado; víctimas que denuncian y se encuentran con instituciones rebasadas, lentas o indiferentes.

Aquí también se normaliza la violencia cuando se minimiza, cuando se cuestiona la palabra de quien denuncia, cuando se pide paciencia frente a un sistema que lleva años sin responder. Aquí también se habla de empoderamiento mientras las políticas públicas se quedan cortas y la agenda de género se reduce a gestos simbólicos que no transforman condiciones de vida.

El problema no es la falta de discurso. El problema es la falta de consecuencias.

Defender los derechos de las mujeres implica mucho más que posicionarse correctamente. Implica asumir costos, revisar prioridades y sostener decisiones en el tiempo. Implica presupuestos suficientes, instituciones fortalecidas, mecanismos de atención que funcionen y una voluntad política que no dependa del calendario ni de la presión mediática. Sin eso, el compromiso se vuelve retórico.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en el Estado. Como sociedad, también hemos fallado. La transformación exige corresponsabilidad real. La educación es uno de los frentes más importantes, no como concepto abstracto, sino como práctica cotidiana. Educar en igualdad, respeto y corresponsabilidad desde la infancia no es ideología ni exageración: es prevención. Es sembrar condiciones para que la violencia no sea normalizada ni reproducida.

También implica revisar lo cotidiano. Cuestionar chistes, actitudes y silencios que parecen inofensivos, pero sostienen la desigualdad. Escuchar sin minimizar. Acompañar sin juzgar. Entender que involucrarse no siempre significa encabezar una causa, sino dejar de ser indiferentes cuando la violencia ocurre cerca, cuando alguien pide ayuda o cuando el entorno exige una postura clara.

Las empresas, universidades, medios de comunicación y organizaciones civiles tienen un papel clave. No desde la simulación ni desde campañas temporales, sino desde políticas internas claras, protocolos efectivos y compromisos que se mantengan más allá del 8 de marzo. El cambio real no se mide en slogans, sino en condiciones concretas: espacios seguros, oportunidades equitativas y respuestas claras ante la violencia.

El feminismo incomoda porque exige coherencia. Porque obliga a revisar privilegios, decisiones y omisiones. Y esa incomodidad es necesaria. No para dividir ni polarizar, sino para evidenciar que el problema no se resuelve con buenas intenciones ni con narrativas convenientes. Se resuelve con acciones consistentes, con corresponsabilidad social y con una disposición real a cambiar prácticas arraigadas.

Quizá el verdadero sentido del 8M no sea sentirnos cómodos, sino todo lo contrario. Que nos incomode lo suficiente como para no seguir simulando. Que nos obligue a escuchar, a actuar y a no voltear la mirada cuando el ruido mediático se apaga.
Porque cuando el discurso no alcanza, el silencio también pesa. Y ese silencio –como la simulación- también lastima.

La educación que tenemos no es la educación que merecemos

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Durante años, la educación en Nuevo León ha salido adelante más por el esfuerzo de su gente que por la fortaleza de sus leyes. Maestras, maestros, familias y estudiantes han sostenido el sistema incluso cuando el marco legal que lo regula se fue quedando atrás.

Es cierto: el estado registra algunos de los mejores indicadores educativos del país. La cobertura escolar es alta, el abandono es menor al promedio nacional y existe una base sólida construida con el paso del tiempo. Pero esos avances no pertenecen a un gobierno ni a una administración. Son resultado de décadas de trabajo colectivo.

Y aun así, los números no cuentan toda la historia.

Porque tener buenos indicadores no significa que todo esté bien. Detrás de las estadísticas hay realidades que no siempre se ven: estudiantes que aprenden en condiciones desiguales, escuelas que hacen lo posible con recursos limitados y docentes que cargan, además del aula, con problemas sociales, emocionales y familiares que el sistema no siempre sabe cómo atender.

Ahí es donde la ley importa.

La Ley de Educación que hoy rige en Nuevo León es antigua y ya no responde al momento que vivimos. Desde 2019, México cuenta con una nueva Ley General de Educación que transformó la forma de entender la escuela: puso al centro los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la igualdad sustantiva y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Esa ley existe a nivel federal.
Pero en Nuevo León sigue sin reflejarse plenamente.

La consecuencia es clara: los derechos educativos no siempre están garantizados, sino sujetos a la voluntad, capacidad o sensibilidad de cada escuela. La inclusión se intenta, pero no se obliga. Y cuando no hay obligación, tampoco hay certeza.

Hubo un intento por corregir este rezago. Hace dos legislaturas, se aprobó un proyecto de nueva Ley de Educación, pero fue vetado por el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Desde entonces, el tema quedó en pausa. Y mientras la política se detenía, la realidad siguió avanzando.

Hoy las aulas ya no son las mismas de hace diez o quince años.

Hoy hablamos de salud mental, de neurodivergencias, de violencia escolar, de acoso digital, de educación socioemocional, de brechas tecnológicas y de inclusión real, no solo en el discurso. Nada de eso puede atenderse con una ley pensada para otro contexto.

La educación inclusiva no es una moda ni un favor. Es justicia social.

Implica reconocer que no todas las niñas, niños y jóvenes parten del mismo punto. Que hay quienes enfrentan barreras físicas, cognitivas, emocionales o económicas para aprender. Y que la igualdad no se logra tratando a todos igual, sino garantizando apoyos distintos para necesidades distintas.

Pero la inclusión no puede seguir descansando únicamente en la buena voluntad del docente.

Hoy muchas maestras y maestros hacen inclusión sin capacitación suficiente, sin personal especializado y sin acompañamiento institucional. Se les pide resolverlo todo: aprendizaje, contención emocional, convivencia, prevención de violencia y atención a la diversidad. Y cuando algo falla, la responsabilidad recae casi siempre sobre ellos.

Eso no es justo.
Ni para el maestro.
Ni para el estudiante.

Una nueva Ley de Educación debe reconocer y proteger a quienes están frente al grupo. Dignificar su labor, garantizar condiciones seguras de trabajo y ofrecer respaldo real ante contextos cada vez más complejos. No se puede hablar de educación de calidad mientras quienes la sostienen trabajan desde el desgaste.

Porque cuidar a los maestros también es cuidar el derecho a aprender.

Hablar de calidad educativa no es hablar solo de evaluaciones o rankings. Es hablar de escuelas seguras, de ambientes sanos, de acompañamiento socioemocional, de infraestructura adecuada y de un sistema que no deje solos ni a los alumnos ni a quienes enseñan.

Nuevo León ha avanzado, sí. Pero avanzar no significa llegar.

Todavía hay estudiantes que abandonan la escuela. Todavía hay familias que no encuentran respuestas cuando el sistema no logra incluir. Todavía hay docentes que enfrentan problemáticas sociales profundas sin herramientas suficientes.

Actualizar la Ley de Educación no resolverá todo, pero sí marca un punto de partida. Define qué derechos son exigibles, qué obligaciones tiene el Estado y qué tipo de educación queremos construir como sociedad.

Legislar en educación es decidir prioridades.

Y si algo debería ser prioridad en Nuevo León es que nadie se quede atrás, que ningún maestro esté solo y que la calidad educativa no dependa del sacrificio individual, sino de un sistema justo, moderno y humano.

Porque el futuro del estado no se construye solo con crecimiento económico.

Se construye todos los días, en las aulas.

Y para eso, la educación que tenemos ya no basta.
Necesitamos la educación que merecemos.

La política es tarea de todos

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En Nuevo León se suele repetir que “la política es cosa de políticos”. Nada más alejado de la verdad. La política es tarea de todos: de quienes legislan, de quienes gobiernan, pero también de quienes habitan cada colonia, cada municipio, cada comunidad. 

Hacer oídos sordos a la política solo nos condena a que decidan por nosotros. Y cuando no nos involucramos, terminamos gobernados por quienes justamente no queremos que nos gobiernen.

La realidad nos muestra un contraste: Nuevo León es uno de los estados con mayor participación ciudadana en procesos electorales, un ejemplo a nivel nacional. La gente sale a votar, se moviliza y demuestra interés. Pero el reto va más allá de las urnas: votar no basta. La participación debe convertirse en un ejercicio cotidiano de corresponsabilidad, donde ciudadanía y representantes políticos trabajen de la mano para transformar la realidad.

La democracia se sostiene en la acción ciudadana diaria. El voto es un derecho y un deber, pero también es apenas el inicio. Después de cada elección, toca dar seguimiento, cuestionar, proponer y exigir. La indiferencia es peligrosa porque abre espacio a decisiones tomadas a espaldas de la gente.

En Nuevo León lo hemos visto: colectivos vecinales que defienden sus espacios, asociaciones que ponen en la agenda la crisis ambiental, grupos ciudadanos que impulsan proyectos de movilidad. Estas luchas demuestran que cuando la gente se organiza, el gobierno escucha, corrige y actúa. La fuerza ciudadana es motor de cambio, pero necesita continuidad y colaboración.

Los liderazgos ciudadanos marcan la diferencia porque son capaces de darle legitimidad social a las causas. Cuando un grupo de vecinos o un colectivo juvenil se involucra, el mensaje es claro: no se trata de intereses personales, sino de demandas colectivas. Y cuando esos liderazgos se coordinan con autoridades abiertas al diálogo, se multiplican los resultados.

Un gobierno que entiende la política como tarea compartida se fortalece. Un diputado que escucha a los ciudadanos en el diseño de leyes o un alcalde que abre canales de diálogo permanente con las colonias no solo cumple, sino que genera confianza.

Nuestro estado enfrenta desafíos enormes: contaminación, escasez de agua, desigualdades profundas y movilidad colapsada. Resolverlos no es trabajo exclusivo de un despacho gubernamental. Hace falta la mirada y la voz de quienes padecen día a día estas problemáticas.

Gracias a la presión ciudadana, hoy hablamos de transporte público digno, de calidad del aire, de derecho al espacio público. Nada de eso habría sido posible sin el involucramiento de la gente. Pero también es cierto que estos logros todavía son insuficientes: las transformaciones reales requieren que más ciudadanos se sumen, y que los servidores públicos no dejemos de invitar al trabajo en equipo.

El gran obstáculo sigue siendo la desconfianza. Muchos creen que aunque participen, sus propuestas caerán en saco roto. Superar esa percepción es tarea de los gobiernos: cumplir lo que se promete, abrir procesos de consulta transparentes y reconocer públicamente las aportaciones ciudadanas.

Pero también es responsabilidad de la gente no renunciar a su papel. No basta con señalar errores: es necesario proponer, involucrarse y exigir de manera organizada. La política es de todos, y si no la asumimos, otros la ocuparán por nosotros.

Quienes ejercemos un cargo público tenemos una responsabilidad doble: gobernar, pero también invitar a la ciudadanía a hacer equipo. Porque solos no podemos transformar Nuevo León. El cambio solo se logra cuando sociedad y gobierno se reconocen como aliados, cuando dejamos de vernos como adversarios y entendemos que compartimos un mismo objetivo: mejorar la vida de nuestra gente.

La alta participación ciudadana en Nuevo León es motivo de orgullo, pero no debe llevarnos a la complacencia. Hay que dar el siguiente paso: construir una cultura cívica viva, permanente, que trascienda la jornada electoral y se convierta en compromiso diario.

La política nos concierne a todos. El no involucrarnos nos condena a repetir los errores del pasado. Participar, en cambio, nos abre la puerta a decidir el rumbo de nuestro estado. Nuevo León tiene la energía, el talento y la voluntad de su gente para lograrlo.

Hoy, más que nunca, toca alzar la voz, involucrarse y hacer equipo. Porque si no participamos, otros decidirán por nosotros. Y porque cuando la ciudadanía y el gobierno trabajan juntos, las transformaciones dejan de ser promesas y se vuelven realidades.

Solo

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Desde la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum al poder, el Presidente Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se ha dedicado a descalificarla, a mentir sobre ella e incluso a violentarla verbalmente.

Sus declaraciones, cargadas de estridencia pero sin sustento, buscan aferrarse a un protagonismo que se le escapa de las manos.

No es un fenómeno nuevo, pero sí se ha agravado. “Alito” ha hecho de la confrontación vacía y del insulto una estrategia política. Más que nunca, hoy sus palabras se escuchan huecas, fuera de tono, desconectadas del ánimo social.

Mientras el líder del PRI se desgasta en ataques mediáticos, los gobernadores de Durango y Coahuila, los últimos bastiones priistas, han tomado distancia de su dirigente nacional y se han acercado a la Presidenta. No son los únicos gobernadores de oposición que lo han hecho, pero destacan por diferenciarse de su dirigente nacional.

Ellos han optado por la sensatez: los gobernadores saben leer los tiempos, entienden que su responsabilidad va más allá de la grilla partidista y que el bienestar de su gente depende de mantener una relación institucional, de respeto y de coordinación con el Gobierno Federal.

Este hecho marca, primero, una fractura evidente al interior del PRI. El partido que alguna vez presumió de ser una maquinaria de disciplina y control político hoy está dividido, sin rumbo y con un liderazgo cuestionado. Segundo, revela que las cúpulas políticas -esas que aún creen que la oposición se construye con gritos, insultos y falsedades- están completamente alejadas de la realidad.

El dirigente priista está atrapado en su propia narrativa, que confunde la crítica con la descalificación, y la oposición con la mentira.

Por el contrario, los gobernadores, quienes día a día enfrentan la tarea de gobernar, entienden que la política es negociación, diálogo y resultados. Saben que la estabilidad, la inversión y el desarrollo de sus estados dependen de un trato serio con la Federación.

Y lo más importante: les ha ido bien.

Con la Presidenta Sheinbaum, tanto Durango como Coahuila han encontrado disposición y buena voluntad del Gobierno Federal. Para ellos, lo que está en juego la vida cotidiana de millones de ciudadanos que demandan seguridad, obras, empleo y bienestar.

La imagen, entonces, es clara: mientras Alejandro Moreno se aísla en sus propias diatribas, sus propios gobernadores lo dejan solo. Sus palabras ya no resuenan como un eco de autoridad, sino como el lamento de quien ve desaparecer los cimientos de su poder. La vieja política, basada en la simulación y en la retórica estridente, ya no conecta con la ciudadanía.

En la narrativa de “Alito” todo es confrontación, pero en la práctica política de los gobernadores priistas, premia la cooperación. Esa distancia se convertirá pronto en ruptura, porque ningún gobernador con sentido de responsabilidad estará dispuesto a sacrificar el desarrollo de su estado por seguir el juego personal de un dirigente que cada día pierde más legitimidad.

Así, mientras Claudia Sheinbaum construye gobernabilidad con base en acuerdos, cercanía y resultados tangibles, el líder del PRI se empeña en un discurso de odio que ya nadie toma en serio.

Lo más irónico es que los primeros en darse cuenta de ello no son sus adversarios políticos, sino los miembros de su propio partido.

La soledad de Alejandro Moreno es, en realidad, el símbolo de la decadencia del PRI. Un partido que alguna vez fue sinónimo de poder, hoy se encuentra reducido a la irrelevancia por culpa de un dirigente que prefirió el escándalo al trabajo político serio. Mientras tanto, los gobernadores priistas entienden que el futuro está en otra parte: en la construcción de puentes y no en la quema de ellos.

Fibrosis Quística: una enfermedad que necesita soluciones

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Cada 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fibrosis Quística, una enfermedad genética crónica que afecta principalmente a los pulmones y al páncreas.

El objetivo de este día es concientizar sobre el diagnóstico temprano de esta enfermedad crónica, progresiva y genética, particularmente entre nuestras infancias, para quienes puede ser mortal.

Esta enfermedad rara ha estado siempre presente en mi agenda política. Cuando fui diputado local en Nuevo León, un grupo de madres y padres de familia, miembros de la Asociación de Fibrosis Quística, me hablaron de la angustia de ver a sus hijas e hijos enfermos y su frustración ante los obstáculos que enfrentaban.

Eran tres: medicamentos carísimos, la falta de registro de pacientes en México y la ausencia de políticas claras que les garantizaran un tratamiento digno. Desde entonces comprometí con ellos compromiso a no impulsar soluciones desde mi trinchera y no quitar el dedo del renglón hasta lograrlo.

Hoy, como Senador de la República, sigo cumpliendo ese compromiso.

De la mano de las mismas familias, hace casi un año logramos un primer avance: que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) liberara el medicamento Trikafta para su venta en México. Este fármaco ha representado un cambio de vida en pacientes con fibrosis quística en otros países que no estaba validado para su uso en México.

Sin embargo, el medicamento tiene un costo aproximado de 300 mil pesos al mes, una cifra inalcanzable para la gran mayoría de la población y una suma importante de recursos para el sector de salud público.

Por eso, ahora estoy impulsando que COFEPRIS agilice la validación de un medicamento alternativo: Trixacar, de origen argentino, que cuesta prácticamente la mitad: alrededor de 133 mil pesos al mes. No es barato, pero la diferencia es significativa. Además, lo más importante es que, si logramos su validación, podremos pelear para que entre al cuadro básico del sistema de salud pública.

Ahí está el verdadero objetivo: que no dependa de la billetera de una familia acceder o no a un tratamiento que puede significar calidad de vida.

Un país justo es un país donde todos tienen acceso a los mismos medicamentos, sin importar su nivel socioeconómico. Para lograrlo, no basta con abrir las puertas al mercado privado; necesitamos que el sector público tenga la misma oferta que en cualquier otra institución.

Esa misma iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Fibrosis Quística.

¿Por qué es tan importante?

Porque hoy no sabemos con certeza cuántos pacientes hay en el país, en qué condiciones viven ni qué tratamientos reciben. Sin datos no puede haber planeación ni presupuesto suficiente. Un registro permitiría garantizar el abastecimiento de medicamentos, contar con instalaciones adecuadas y medir la eficacia de las políticas que impulsamos.

He dicho muchas veces que la política sirve o no sirve dependiendo de si transforma realidades. Yo quiero que las niñas, niños y adultos que viven con fibrosis quística tengan una esperanza real y que sus familias no tengan que hipotecar su futuro para comprar un medicamento.

Mi responsabilidad como Senador es representar a las y los nuevoleoneses: llevar sus anhelos y sus necesidades a la tribuna para que sean conocidas y atendidas.

Eso ha sido lo que ha guiado mi carrera política y también lo que me distingue. Lo hice como diputado local, lo hago hoy desde el Senado y lo seguiré haciendo mientras tenga la confianza de la ciudadanía.

Un país más justo no se mide solo en la riqueza que acumula, ni en los edificios que construye, tampoco en carreteras o puentes. Un país más justo se mide en si cada persona, sin importar su condición social, puede acceder a todo aquello que le garantiza una vida digna.

Para quienes hoy viven con fibrosis quísitca, y para todos aquellos que vendrán, eso significa tener los medicamentos y las políticas públicas que lo hagan posible.

Seguros justos

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Cumplo un año en el Senado de la República. Ha sido un año extraordinario lleno de retos, pero también de muchas satisfacciones. La más importante es, sin duda, llevar las preocupaciones de las y los nuevoleoneses a la tribuna.

Una de ellas, es la necesidad de hablar sobre la regulación de las altas primas de seguro de gastos médicos mayores.

La iniciativa va en este sentido: pensemos en alguien que ha pagado fielmente durante 25 o 30 años un seguro privado. Lo hizo con responsabilidad, sacrificando parte de su ingreso para garantizar tranquilidad en el futuro. Pero al llegar a los 60 años, justo cuando la salud empieza a demandar mayores cuidados, esa persona se topa con un muro: la prima anual se dispara de manera desproporcionada, duplicándose en algunos casos. ¿Cuál es la consecuencia? Que miles de mexicanos se ven obligados a cancelar su seguro, perdiendo la inversión de toda una vida.

Desde hace años, he escuchado esta preocupación y yo mismo he empezado a resentirla.

Este mecanismo de las aseguradoras, en los hechos, termina castigando a las personas de mayor edad o a quienes han enfrentado enfermedades graves. Es decir, los más vulnerables son quienes quedan fuera de la cobertura. Un contrasentido ético y social que no podemos seguir normalizando.

Existen seguros de vida con primas niveladas que dan certidumbre financiera a lo largo del tiempo. ¿Por qué no aplicar ese mismo principio en los seguros de gastos médicos mayores? El sistema actual coloca a los asegurados en una posición de desventaja, sin posibilidad de planear su futuro con estabilidad.

Ese fue el corazón de la iniciativa “Seguros Justos”. La propuesta plantea que los adultos mayores que hayan mantenido su póliza por más de veinte años puedan conservarla con incrementos únicamente vinculados a la inflación. En otras palabras: proteger a quienes han sido clientes leales, asegurando que no pierdan su cobertura en el momento en que más la necesitan.

Fue una iniciativa que fue muy bien recibida, con amplio respaldo del Partido Verde Ecologista y discutida en un Parlamento Abierto, en donde se sostuvieron una serie de mesas de trabajo y foros con usuarios, organizaciones civiles, y representantes del sector asegurador, financiero y hospitalario.

Ahora, la iniciativa se encuentra en proceso de dictaminación y de ser aprobada tendría un impacto enorme en miles de familias.

En un país democrático, cada quien tiene la libertad de elegir el sistema de salud por el cual quiere optar. Sin embargo, esto tiene que hacerse desde un marco de justicia, no abusos.

La iniciativa “Seguros Justos” es solo el inicio de una discusión que México necesita dar: cómo construir un sistema de seguros médicos privado más solidario, accesible y humano.