La cena más cara del Hunan, la pagó Lozoya

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El día de ayer, pasó lo que tuvo que haber sucedido desde aquel 17 de julio de 2020, a Emilio Lozoya Austin un juez le ha dictado prisión preventiva justificada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa básicamente de lo siguiente:  

1.- La existencia de una alta probabilidad de fuga, pues posee una cuenta bancaria con 2 millones de euros;

2.- Poco pudor procesal al salir a cenar al Hunan de las Lomas; y

3.- Utilizar el criterio de oportunidad para dilatar y obstaculizar el proceso.

Formalmente, los delitos de los que se le acusará son: Cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Donde de comprobarse alcanzaría los 35 años de prisión.

Emilio es un corrupto confeso, pero el tema es político y no jurídico. A nadie le queda duda de que si esa noche no salía a cenar al Hunan, con esa soberbia y frivolidad que quienes lo conocen aseguran que lo caracteriza, Lozoya seguiría libre gozando de los privilegios que el ser el testigo colaborador favorito de la 4T le daba, pero como en cualquier presidencialismo exacerbado, al más viejo estilo del PRI: Nadie se puede burlar así del Presidente, y quien lo hace, recibe un castigo.

Ante esta provocación, que por cierto, bien lo dijo el Presidente: no fue ilegal, pero sí inmoral; claramente le resultó molesto y el uso faccioso y discrecional de la justicia no se tardó en llegar con una Fiscalía que nuevamente actúa con fines políticos y bajo las órdenes directas del titular del Poder Ejecutivo. 

Aquí el que queda peor parado es la endeble FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero, el cual tuvo forzosamente que hacer un giro para -ahora sí- solicitar la prisión preventiva y salvar el poco prestigio que queda de la institución, malabareando con una serie de errores entorno a un caso que se les perdió en el camino cayendo en un absoluto ridículo.

El caso está abierto y el proceso penal continúa para ver si se materializa el criterio de oportunidad que la defensa construye junto a la FGR. Este caso va a ser una gran oportunidad para que “calemos” a nuestra Fiscalía y socialmente la auditemos a ver si ya aprendieron a armar carpetas de investigación sólidas o se seguirán repitiendo los fracasos jurídicos del pasado.

Estemos atentos a ver si por fin podrá Lozoya demostrar que efectivamente recibió instrucciones de un superior jerárquico para adquirir y utilizar recursos de procedencia ilícita o si se compró voluntades políticas a la oposición para la aprobación de la reforma energética. Que honestamente se ve difícil. Dicho esto, el “Peking Duck” más caro en la historia del Hunan, lo pagó Lozoya.

La apuesta hacía el futuro: ¿Militares o Civiles?

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La detención en Estados Unidos del Gral. Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, reveló algo que los mexicanos conocíamos a voces pero que nos habían escondido por años: La corrupción había alcanzado al ejército mexicano. Desde el caso del Gral. Gutiérrez Rebollo encarcelado en 1997 por su complicidad con Amado Carrillo “el Señor de los Cielos” no habíamos vuelto a escuchar que un alto funcionario de las fuerzas armadas en México estuviera directamente involucrado con el crimen organizado. 

Este caso es de enorme relevancia para nuestro país por varias razones. Enlisto las que a mi juicio son las más trascendentes:

  1. La necesidad de cuestionarnos el proyecto de militarización del país. Desde que inició este Gobierno se ha impulsado desde Palacio Nacional un proyecto de militarización a lo largo y ancho el país. Lo anterior bajo la inexacta premisa de que los uniformados son: 1. Más disciplinados que cualquier civil y 2. Incorruptibles. Es claro que el Presidente confía más en los militares sobre los civiles, prueba de ello son las nuevas tareas que le ha encomendado al ejército (además de la lucha contra la delincuencia, como había sido desde hace más de una década) como: administrar aduanas y puertos, construir el nuevo aeropuerto y 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, entregar medicamentos, frenar el flujo migratorio, participación en programas sociales como “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” y una larga lista más. Importándole poco al Presidente si los militares están preparados para realizar eficientemente estas encomiendas. 
  1. La urgencia de replantear las relaciones civiles – militares. El ejército es la Institución con prácticas históricamente más oscuras. Después de la Revolución Mexicana, con la intención de evitar la posibilidad de que existiera un golpe de Estado se hizo un trato que por décadas parecía razonable: El ejército se mantenía lejos de la política, y el gobierno no se metía en la vida interna de las fuerzas armadas, en resumen: impunidad a cambio de lealtad. Como bien señala Alejandro Hope en su columna de El Universal: “el costo ha sido tener muy débil control sobre el estamento militar”. Eso indudablemente debe terminar y es inaplazable la necesidad de una reforma a nuestro marco jurídico que replantee la dinámica de las relaciones entre civiles y militares. Aunque siendo realista y un poco pesimista, se ve difícil, pues ningún Presidente ha querido enfrentarse a ellos, y el actual, mucho menos.

Este caso rompe de alguna manera con el paradigma de la lucha histórica contra el narcotráfico, y es inminente la ineludible obligación del Estado Mexicano de dejar de utilizar a nuestras fuerzas armadas como instrumento de combate contra la delincuencia organizada y la celeridad de apostarle a la profesionalización de las policías civiles. Al día de hoy, si se pierde la confianza en nuestras fuerzas armadas, no hay sustituto para el Ejército, este Gobierno desapareció a la que -con todo y sus críticas-, estaba en proceso de maduración para serlo: La Policía Federal.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

La principal arma del Presidente

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Durante los dos años de Gobierno del Presidente López Obrador han ocurrido diversos choques contra algunos actores de la oposición política, empresarios, organizaciones de la sociedad civil o incluso contra algunos medios de comunicación. Varios de estos sucesos quedaron como anécdotas y otros más han permanecido por lo menos en el debate público por la forma en que el Presidente se expresa y actúa contra algunos de estos personajes que reiteradamente él etiqueta como “neoliberales enojados por la pérdida de privilegios”.

En estos conflictos o coyunturas especificas donde se le salen las cosas de control y se le nota incomodo al Presidente, no es casualidad que siempre aparece como su principal arma de ataque, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), misma que ha sido utilizada como herramienta de presión política para intimidar a adversarios o ciudadanos manifestantes que hacen valer su derecho a la libertad de expresión y que pretenden ser voces legítimas que aspiran a convertirse en un contrapeso al Gobierno Federal. Aquí dos breves ejemplos:

Primero, el caso del agua en Chihuahua, donde evidentemente hay un tema técnico, pero también político, y es que la UIF sorpresivamente decidió que era el momento oportuno para investigar a todos los involucrados en el conflicto (servidores públicos y ciudadanos) y determinó que en el pasado algunos han presentado irregularidades financieras por lo que procedió a congelar las cuentas de quienes -casualmente- son quienes se están manifestando en las calles por el rechazo a la extracción del agua de la presa La Boquilla.

Las cuentas congeladas fueron las del alcalde del municipio de Delicias, Eliseo Compeán, el ex Gobernador, José Reyes Baeza (Presuntamente involucrado en “La Estafa Maestra”) y al menos 50 cuentas bancarias de ciudadanos, productores y agricultores. Si bien es cierto, algunos actores políticos locales han intentado politizar el tema y capitalizarlo rumbo a las elecciones del próximo año, es seriamente alarmante la actitud que ha tomado el titular de la UIF Santiago Nieto, quien utiliza la información del gobierno y sus recursos para disuadir protestas sociales, seguramente por instrucción del inquilino de Palacio Nacional.

Segundo, el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública del país. Es un hecho de que en política, ante la ausencia de una voz sólida en la oposición, los espacios naturalmente deben ser llenados; a esto, sumémosle la negativa del INE de otorgarle el registro a México Libre como partido político y el golpe que esto significa para Felipe Calderón. En ese contexto, es legítimo que el ex candidato Presidencial en 2018 aproveche la coyuntura y levante la mano para ser esa voz. Lo cual por cierto, le viene bien a nuestra incipiente democracia escasa de contrapesos.

Y como era de esperarse, la UIF, a la voz de su titular Santiago Nieto, casualmente apenas unas horas después del anuncio de Ricardo Anaya, confirmó que lo investigan por la denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya, en la cual se le acusa de haber recibido sobornos en el marco de la aprobación de la Reforma Energética. Un síntoma más que nos hace presumir que desde Palacio Nacional, -al más puro estilo del priismo de Grupo Atlacomulco- se ordena el uso político de las instituciones para intimidar, pues independientemente de si la Fiscalía resuelve si es culpable o no, a Ricardo ya le dieron su bienvenida al más puro estilo de la autoproclamada 4ta Transformación.

El uso faccioso de la Unidad de Inteligencia Financiera contra quienes piensan distinto al Presidente o le estorban para el cumplimiento de sus objetivos -imposible no recordar el presidencialismo exacerbado del siglo XX- es sumamente preocupante para cualquier demócrata, y la actitud que esta asumiendo el Presidente es propia de un líder profundamente autoritario, que no tolera la protesta y mucho menos la crítica, por más constructiva que esta sea. Al final, creo que no son tan diferentes como decían ser.. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Ya cantó el testigo favorito de la 4T

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Este martes, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, dio a conocer a la opinión pública que el ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, presentó una denuncia de hechos, donde explícitamente señala al ex Presidente Enrique Peña Nieto y a quien fuera su Secretario de Hacienda Luis Videgaray, como quienes -presuntamente- le ordenaron entregar más de 100 millones de pesos provenientes de la empresa Odebrecht a varios asesores electorales extranjeros durante la campaña presidencial de 2012; además de entregar sobornos por 120 millones de pesos a un Diputado y cinco Senadores para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, con mayor énfasis: la Reforma Energética.

Dos acusaciones más que tiene Lozoya en su contra son la compra de la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, por un sobre precio altísimo para una planta que llevaba 14 años sin operar, y la triangulación de recursos que culminó en la compra de una casa en la Ciudad de México, donde se presume, se cerraron muchos de estos acuerdos entre políticos y empresarios de alto nivel. Ambos hechos también habrían sido ejecutados por Emilio bajo las órdenes directas del ex Presidente y su Secretario de Hacienda.

Sin duda este es un caso que da para analizarlo por lo menos desde 2 ópticas: la judicial y la político-electoral, siendo este último el que el Lopezobradorismo más disfruta; además de que el primero inevitablemente desembocará en el segundo, por lo que propongo centrarnos en este.

En el terreno de la especulación, analistas han puesto sobre la mesa una tesis interesante y la cual comparto: A Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, o algún otro ex Secretario involucrado va a “caer” cuando el Presidente así lo disponga, así funcionan las cosas en el Presidencialismo exacerbado mexicano. Y por otra parte, no me cabe la menor duda de que a Peña Nieto no se le tocará, no solo porque Andrés Manuel ha dicho que al país no le conviene juzgar a un ex Presidente, sino porque, aún sin prueba alguna, hay síntomas que nos hacen suponer que existe un pacto de impunidad entre ambos; pacto que por supuesto no es vitalicio, y se puede romper muy pronto si el Gobierno sigue escaso de resultados y con la premura de dar un golpe sobre la mesa a vísperas de las elecciones intermedias.

Los voceros de la autoproclamada “4ta Transformación” llevan más de 20 meses asegurando que son diferentes y que el país ha cambiado, pero vemos recurrentemente como la justicia se politiza en los casos más emblemáticos de corrupción y sigue siendo selectiva y discrecional su impartición. Dos ejemplos breves:

A raíz de la declaración del Fiscal Gertz, se ha manejando la versión de que el testigo favorito de la 4T ha entregado únicamente un video (no las 18 horas de videos como se había especulado) y recibos que incriminan a legisladores de esa época -hoy varios de ellos Gobernadores-, algunos otros liderazgos del PRI y hasta al Calderonísmo alcanzó por el caso de Etileno XXI. Sin embargo, llama la atención que en estas especulaciones y hechos aún sin comprobar, brille la ausencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la repartición de esos supuestos moches, lo cual abre la puerta al sospechosismo, pues cualquiera que sepa un mínimo de historia sabe de los escándalos en los que el Partido Verde ha participado. Preocupa el hecho de que el Presidente este utilizando este caso como intimidación a sus adversarios, y que por otro lado a quienes hoy son sus aliados electorales para 2021 los proteja, no solo a los de ese Partido sino también a quienes formaron parte del PRD y participaron en el Pacto por México, y hoy muchos de ellos, son funcionarios públicos y militantes de MORENA. 

Y segundo, en esta impartición discrecional de la justicia mexicana, observamos que mientras Rosario Robles esta en la cárcel, aún sin sentencia, Emilio está en la comodidad de su cama, que por cierto, para solo padecer anemia permaneció mucho tiempo en el hospital. ¿Y la prisión preventiva?, ¿Por qué Rosario sí y él no?, el huyó, ella no. ¿Le habrán ofrecido a Rosario acogerse también al criterio de oportunidad y ser “testigo colaborador”?, yo lo dudo, pero sería muy interesante escucharla señalar a sus cómplices de la llamada “estafa maestra”, aunque el discurso de que fueron utilizados y sistemáticamente instrumentados para cometer los delitos de los que hoy se les acusa, no es suficiente para salir exonerados.

Es difícil no ver este caso como un show mediático y un enorme distractor que le viene como anillo al dedo al Presidente López Obrador. Con este proceso que parece ser, será larguísimo, le alcanza para evitar que se hable -por lo menos en las próximas semanas- de los temas que notoriamente le incomodan: La caída histórica del PIB en el segundo trimestre del año en 18%, el pésimo manejo de la pandemia superando ya los 50,000 fallecidos, la inseguridad en sus máximos índices, más de 53,000 muertos según cifras oficiales, etc. 

El gran desafío esta en la cancha de la Fiscalía General, por una parte, cuidar el debido proceso y alejar todo “lo político” lo más posible de todos casos que se logren judicializar, y por otro lado, hacer valer el Estado de Derecho y demostrar su independencia y autonomía respecto de quien hoy despacha y vive en Palacio Nacional. El valor que tiene este caso para el Estado Mexicano es enorme, y de ese tamaño puede ser la decepción. Dijeron ser distintos, es momento de demostrarlo.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

La crisis que se ignora y el enemigo invisible

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La emergencia sanitaria por el covid-19 tomó el control de la agenda pública global, y no es para menos, pues lo que esta en riesgo es la vida de todos los seres humanos. Sin embargo, esta situación inédita ha desencadenado otras 2 crisis (económica y social), ambas con el mismo grado de importancia y vinculadas entre sí. 

En México, a principios del mes de marzo, cuando se presentaron los primeros casos de covid-19, la emergencia sanitaria alteró los planes del Gobierno Federal, pues una pandemia merece una reestructuración de prioridades -sobre todo en el tema presupuestal-. Sin embargo, en semanas recientes, el tema económico empezó a dominar la conversación, esto a raíz de la decepción generada por la presentación del plan económico emergente del Presidente, que siendo coherente con el guion que lo llevó a la Presidencia de “primero los pobres” dejó relegado a un sector importantísimo de la economía mexicana: las micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) generan el 72% de los empleos en el país.

Lo anterior cobra relevancia porque según datos de la Secretaría de Economía (SE), entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 empleos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que serán 3 millones de empleos los que se perderán en el país este año -más plazas laborales que todas las creadas en 2019, que fueron 342,077 de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-.

El enemigo invisible, como algunos llaman al coronavirus, además de estas dos crisis, (sanitaria y económica) arrastra otra más de la que pocos hablan: La social; misma que dependerá de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos durante la emergencia sanitaria, no obstante, la tendencia al alza en la comisión de varios delitos, son síntomas que nos hacen presumir que podríamos estar entrando a una crisis social, provocada entre otras cosas por el desempleo y el confinamiento. Explico el por qué:

La Jornada Nacional de Sana Distancia implementada por el Gobierno Federal, apuesta principalmente a la responsabilidad ciudadana de los habitantes como factor clave que posibilita la dilatación de la propagación del virus, dependiente de los comportamientos sociales individuales y no a medidas coercitivas. Dicha estrategia, tiene a una buena parte del país aislada en sus hogares, bajo la premisa de que es necesario el confinamiento para prevenir que el número de contagios se disparen, se pierdan vidas y se sature nuestro inoperante sistema de salud. Sin embargo, el confinamiento no es positivo para todos, si bien salvaguarda tu salud al no estar expuesto, para algunas mujeres, adultos mayores o menores de edad, esta condición significa estar 24/7 conviviendo con sus agresores.

Expertos en la materia pronostican que durante esta cuarentena se podría elevar hasta en un 95% la violencia intrafamiliar en el país. En el caso de Nuevo León, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, este mismo delito incrementó 32%, al pasar de 1,258 denuncias en Febrero a 1,670 en marzo. El Consejo Cívico ha señalado que la ansiedad, el hacinamiento, el consumo de sustancias adictivas, la pérdida de empleo, entre otros, son factores que podrían agravar la violencia en los hogares en las próximas semanas.

Con ese panorama, algunos gobiernos subnacionales (estados y municipios) han venido realizando esfuerzos con el objetivo de intentar desactivar los riesgos de violencia en los hogares, ejemplo de ello han sido la apertura de líneas de auxilio, redoblar los esfuerzos desde los sistemas DIF municipales y ministerios públicos para la atención efectiva a víctimas, acondicionamiento de refugios, coadyuvar esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil en temas de concientización y prevención, entre otros. Sin embargo, estos han sido esfuerzos aislados y no sistemáticos que permitan incidir en un marcado descenso de estos delitos.

Un factor más, es el miedo a adquirir el virus, lo cual lleva a la población a ejecutar conductas antisociales y asumir actitudes irracionales. Si bien es cierto, en nuestro país se han mostrado distintas expresiones de solidaridad con el personal médico, en contraste, contrario a lo que acontece en otros países -como en Francia con el homenaje de aplausos diarios al personal médico a las 8pm desde los balcones-, en algunos municipios del país, se les ha discriminado, insultado y en algunas ocasiones hasta atentado contra su integridad física; y aquí es importante apuntar que si bien esta emergencia global reavivó un debate antiguo pero necesario sobre ¿Cuál debe ser el rol del Estado?, no todo le compete al poder público, pues hay una responsabilidad de todos los ciudadanos que la frustración y psicosis frente al enemigo invisible merma su capacidad racional y no les permite asumirla.

Es necesario reajustar prioridades, cuestionar paradigmas y asumir responsabilidades, pues hoy el Gobierno de la República afirma que las medidas tomadas se basan en el asesoramiento científico, pero este poco servirá para atender la serie de efectos sociales negativos que se pueden salir de control no solo durante la cuarentena, sino en los meses post-coronavirus. Como toda crisis, producirá cambios positivos o negativos una vez superada la pandemia y esta tercer crisis en particular va a ser clave para evaluar la eficacia de los gobiernos locales, pero dependerá en cierta medida, de lo que se haga o deje de hacer desde la Federación en el tema de salud pública y sobre todo económico, pues como lo señaló el Presidente Ronald Reagan alguna vez: “El mejor programa social es el empleo”.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

El papel de los hombres el 9 de Marzo

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Debo confesar, que al momento de escribir esta columna me encuentro un poco indeciso sobre escribir o no sobre este tema por lo sensible del mismo, y antes de comenzar, quiero expresar que esta columna esta escrita con un profundo respeto a las mujeres, y que no se que tan válida sea la opinión de un hombre que ha vivido beneficiado de distintas formas por el sistema patriarcal y machista que ha imperado en este país, que nos pone en condiciones desafortunadamente muy desiguales en temas laborales, sociales, etc; pero que de igual forma, sentí una responsabilidad con mi libertad de expresión, pues estoy convencido de que los hombres debemos tener una actitud empática frente al movimiento feminista y debemos ser parte de la conversación.

Frente a mi indecisión sobre si escribir o no de este tema, quise preguntarle a mujeres feministas sobre el paro y el papel que le toca al hombre, y me he encontrado con posturas muy distintas que me han hecho reflexionar sobre el tema y quiero compartirlo muy brevemente con todos ustedes. 

Por un lado, hay mujeres feministas que me expresaron su inconformidad con que los hombres participen en las marchas del 8 de marzo, pues argumentan que son espacios 100% para mujeres y rechazan, incluso, otras más, que un hombre toque el tema aunque sea para apoyar al movimiento bajo la idea de que son parte del problema como promotores de una cultura machista. Pero por otro lado, me encontré con mujeres que aceptan por ejemplo la participación de los hombres en las marchas (aun que sea hasta el final de ellas) y que creen necesario hacer a los hombres participes de la discusión.

Ahora bien, reconozco que existen hombres con quienes si bien comparto el sexo, definitivamente no comparto sus posturas, es por eso que no acepto cuando nos intentan meter a todos en el mismo costal -por decirlo de forma coloquial- como si por el hecho  de ser hombre pensáramos todos igual, explico el por qué: 

En estos días, he escuchado a muchos hombres posicionándose respecto al paro, y he comprobado que algunos no hacen más que reflejar una profunda insensibilidad y una incomprensión terrible frente al movimiento, con frases vacías como por ejemplo: “no quieren ir a trabajar o estudiar por flojas”; o políticos que han dicho: “yo no les voy a dar el día para que anden en su arguende”. Dejando en evidencia su total ignorancia frente al tema, mismos que por lo general son quienes no entienden que el feminismo NO es un antónimo del machismo, si no que es un movimiento que busca la igualdad entre el hombre y la mujer y todo lo que esto conlleva. 

Generalmente estos hombres son adultos mayores de 40 años, que crecieron en otra época donde era mas “normal” escuchar expresiones machistas y quedarse callado, incluso, difícilmente se hablaba del tema, pero hay otros, que preocupan todavía más, pues son jóvenes, que uno pensaría son un poco más críticos y empáticos y resultan no solo no ser críticos o empáticos si no ser hipócritas, pues se manifiestan a favor del feminismo por ser socialmente bien vistos, pero por otro lado expresan comentarios como: “no hay que despenalizar el aborto ni darles el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres, o que se manifiesten pero nada más que no vayan a hacer destrozos en la calles”, o peor aún, argumentos torpes como “matan más hombres que mujeres“, personas jóvenes pero moralmente muy incoherentes.

Por otro lado, también he escuchado preguntas como: “¿y el paro qué va a resolver?” y es que lo importante no es ese día como tal, si no la discusión en torno al tema y como ha permeado en la sociedad, pues el que se este discutiendo qué vas a hacer este lunes 9 de marzo, nos obliga a todos a tomar una posición en torno al tema, lo cual evidencía por un lado a quién es sensible ante el tema, y por otro, a quienes se encuentran cómodos con este sistema que vulnera a la mujer y que realmente no entienden absolutamente nada sobre el fondo del tema del paro.

Todos estos comentarios que vienen de hombres, realmente no me sorprenden, lo que no solo si me sorprende, si no que también me entristece, es escuchar a mujeres que están en contra de este movimiento, y que no se si no alcanzan a comprender que si pueden votar, estudiar, trabajar, hacer deporte, casarse con quien ellas prefieran, manifestarse, etc; se lo deben justamente a este histórico movimiento feminista.

Este tema esta más que estudiado y “de cajón” sabemos que una parte de lo que nos toca a los hombres hacer es sencillo: No acosarlas, no insultarlas, no maltratarlas, y evidentemente no matarlas, etc; es decir, que la violencia no sea un recurso a utilizar contra la mujer. Es por ello que estoy convencido de que el papel que debemos tomar los hombres ante este paro es escuchar a las mujeres, ser empáticos con su lucha, acompañarlas si ellas así lo deciden y sobre todo aprender del tema.

Por último, quiero expresar que comparto totalmente el enojo que las lleva a manifestarse en contra de un Gobierno que prioriza la rifa de un avión sobre el movimiento feminista y que le molesta profundamente que le modifiquen la agenda, pues desgraciadamente, tenemos un Presidente que no entiende que esto no es contra el, si no contra un sistema patriarcal y machista que ha vulnerado a las mujeres mexicanas desde hace muchas décadas.

Por Ingrid, Fátima, Abril, y miles de mujeres violentadas en todo el país, aplaudo que se este hablando del paro en todos los rincones de México y en el contexto internacional, pues eso, ya es un gran avance, y a ti que es leyendo esto, te invito a no soltar esta inercia y a erradicar la violencia de género en cualquiera de sus múltiples expresiones.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

¡No te preocupes Peña!

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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

Genaro García Luna; un símbolo más para la 4T

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Hace apenas unos días, fue detenido en Dallas Texas, Genaro García Luna, quien inició su carrera policial en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el sexenio de Ernesto Zedillo, tiempo después, desempeñó algunos otros cargos donde empezó a tener más notoriedad en la vida pública, como lo fue en la ya extinta Policía Federal Preventiva (PFP), para después pasar a ser el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) – un intento de FBI mexicano – en tiempos de Vicente Fox y posteriormente como Secretario de Seguridad Pública con el ex Presidente Felipe Calderón.

La carrera del “súper policía” – como se le conocía internacionalmente a García Luna -, por un lado fue manchada en diversos episodios por acusaciones de actos de corrupción – hasta la fecha ninguno comprobado – y por otro lado, un tanto polémica por el estilo y la forma en que operaba, especialmente desde la Secretaría de Seguridad Pública.

Solo para ilustrar brevemente esto último: se exhibía en cadena nacional las capturas de delincuentes de alto impacto; se le acusó del montaje de la detención de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez que culminó con su liberación; el secuestro de Miguel Omar Romano, entonces entrenador del Cruz Azul, quien había sido liberado por agentes de la AFI y no le permitieron salir hasta que llegaran las cámaras de televisión, entre otros. Evidentemente a García Luna le gustaba el reconocimiento y los reflectores.

Aquí dos puntos a resaltar alrededor del caso:

Primero, poco se sabe sobre las evidencias que se tienen, pero se presume que los elementos más firmes que existen en la carpeta de investigación en su contra son los testimonios de personajes clave en el Juicio del Chapo Guzmán, como lo es Jesús “El Rey” Zambada, el cual declaró que personalmente él le había entregado a García Luna sobornos millonarios cuando éste ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública, todo esto a cambio de poder operar con total libertad e impunidad en territorio nacional. Otro más, es Edgar Valdés Villarreal “La Barbie”, quien lo acusó en 2012, vía una carta, de estar en la nómina de varios grupos de la delincuencia organizada, especialmente del Cartel de Sinaloa.

Es verídico que no se puede entender la transformación y el crecimiento exacerbado del narcotráfico transnacional en esa época del que gozaron algunos grupos del crimen organizado, si no fuera por la estrecha complicidad con el Gobierno Federal – no solo en 2006 – 2012, si no incluso desde el siglo pasado -, muy particularmente el Cartel de Sinaloa, a tal nivel que actualmente está presente en 81 países del mundo. En lo personal, soy escéptico de las declaraciones de un criminal bajo esas circunstancias, donde cualquier estrategia jurídica lo puede ayudar. En fin, argumentar si estos delincuentes dicen o no la verdad, sería especular, hay que esperar el juicio.

Segundo, lo político del caso. Genaro García Luna es solo un eslabón de una red de protección policiaca, política y judicial que por años a operado en el país. El juicio del “Chapo” vuelve a alcanzar a terceros, y en este caso, si existen implicaciones políticas particularmente para el ex presidente Felipe Calderón, el cual es hoy por hoy – a falta de nuevos liderazgos – el “único” símbolo de oposición o adversario político principal e histórico del Presidente López Obrador, pues de alguna manera deslegitima su discurso en contra de la estrategia de seguridad de la 4T.

El Presidente López Obrador declaró hace apenas unos días que esta detención es “una derrota más de un régimen autoritario, una prueba de un modelo que fracasó”. Declaración que no sorprende, sabemos que el recurrir al pasado para legitimar sus decisiones ya es costumbre y a Genaro García Luna lo ha convertido en un símbolo más para la 4T – lo adicionó a la lista que encabezan Rosario y Deschamps -. Pero en el entendido jurídico de que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, si a este personaje se le encontrara culpable, por un lado, nos queda claro que se podría llevar consigo a muchos funcionarios mexicanos de primer y segundo nivel involucrados, y por otro lado, es importante cuestionarnos lo siguiente:

¿A quién o quienes de la D.E.A o de alguna otra agencia de Estados Unidos va a “salpicar” esta investigación?. No olvidemos que fue justamente en ese sexenio, donde más colaboración existió, sobre todo en el intercambio de información confidencial, entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y el Gobierno mexicano en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Además, justamente al término de su encargo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública fue que se mudó a vivir al país vecino, y aquí es donde me quiero detener, pues algo se vuelve un poco complicado de entender, por ejemplo: siete años viviendo en Estados Unidos, le otorgaron su residencia permanente, (por cierto, que para otorgártela, las autoridades migratorias de Estados Unidos revisan absolutamente todo tu pasado y presente, difícil de creer que no se percataron de tanta irregularidad) entró y salió del país las veces que él quiso, tiene cuentas bancarias en ese país, propiedades, hizo negocios y tanto tiempo después el Departamento de Justicia viene a decirnos que es un delincuente? A mi entender, por ahí se rompió un pacto de complicidad poco claro.

Otra vez habrá que dejar el sentimiento nacionalista de justicia, la mano país vecino hará lo propio y nos vuelve a enseñar cómo, con voluntad política, se imparte justicia. Pasar de acusador a acusado debe ser lo más difícil, pero, de ser ciertos los cargos que se le imputan (que por cierto, a espera de la audiencia, aún se le pueden agregar mas cargos), no dejemos el caso ahí como ha ocurrido en el pasado, este es solo un paso que puede dar origen a un desmantelamiento total de una red de impunidad en las estructuras policiacas, políticas y judiciales del país, mismas que siguen estando presentes.

La renuncia de Deschamps ¿una nueva etapa para el sindicalismo mexicano?

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Un episodio más en la transición democrática del país se vivió el pasado miércoles 16 de octubre cuando el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) convocó a sus afiliados a una asamblea extraordinaria. Lo anterior, con motivo de dar a conocer la dimisión voluntaria de Carlos Romero Deschamps, quien fuera líder del gremio desde 1993. En un clima de denuncias hacia su persona por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se le acusan, decidió separarse del cargo de Secretario General que ostentaba desde hace más de 26 años, dicha decisión, se presume fue operada desde la Secretaría de Gobernación.

Los motivos reales que lo orillaron a renunciar, ciertamente aún son desconocidos, mas allá del comunicado del mismo ex líder donde señala que su decisión fue motivada porque “por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación”. Para algunos, es inevitable no caer en especulaciones, pues escándalos a lo largo de su gestión le sobran; uno de los mas sonados, es el ocurrido en el año 2000, cuando Deschamps protagonizó el famoso “pemexgate” por desviar aproximadamente 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de México, Francisco Labastida.

Por esto y más, es para muchos un símbolo de corrupción en el país; pero vayamos al fondo del tema y lo que esto puede significar para el sindicalismo mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró lo ocurrido y señaló que esto significa el inicio de una nueva etapa -palabras fuertes que no deben ser tomadas a la ligera-. Lo relevante y simbólica de esta renuncia es incuestionable, pero ¿es realmente una nueva etapa en la vida sindical del país? 

La lucha por la autonomía y libertad sindical ha sido parte esencial de nuestra transición democrática; desde el siglo XX, un rasgo característico del Estado Mexicano post revolucionario es precisamente la ausencia de un sindicalismo independiente fuerte, es decir, salvo contadas excepciones, los sindicatos más importantes del país, a lo largo de los años, han padecido de rasgos y esquemas corporativos que los han alejado de lo que en esencia son.

Por un sin fin de factores, difícil de enlistar, los sindicatos dejaron de ser lo que fueron aproximadamente a principios de 1930 – 1940, cuando su presencia en las calles era avasalladora, e incluso, eran un símbolo de apoyo, poder, e incluso legitimidad para los gobiernos en turno. Si bien es cierto, esto obedece a una lógica de que en el tiempo se ha transitado a un nuevo sistema sindical, producto de las grandes movilizaciones o las reformas laborales locales e internacionales alcanzadas -que es de reconocérseles-, también hay una realidad evidente, y es que el espíritu de la lucha, en el camino, se ha ido desvirtuando.

La nueva reforma laboral, publicada apenas el pasado mes de mayo en el Diario Oficial de la Federación, debe dar los instrumentos que garanticen una democracia sindical, con todo lo que esta conlleva, por ejemplo, el cumplimiento a lo establecido en la misma, referente a la obligatoriedad de que existan elecciones de dirigentes y que estas tendrán que ser mediante voto, directo, libre y secreto de los trabajadores. Además, de que todo lo contemplado en dicha reforma y en el nuevo TMEC, como la apertura a que existan más sindicatos, la sustitución de las juntas de conciliación por los tribunales laborales, la obligación al patrón de inscribir a sus trabajadores al IMSS, entre muchas otras cosas, acentúe y fortalezca una nueva etapa del sindicalismo mexicano.

Ahora bien, si desde la óptica política y para la alimentación de la opinión pública le sirve al gobierno que Deschamps sea para Andrés Manuel lo que fue la maestra Elba Ester para Enrique Peña Nieto, o lo que fue “la Quina”, en su momento, para Carlos Salinas de Gortari, es otro tema, aquí lo relevante, es que la oportunidad para la 4ta Transformación está en la mesa. 

Si la renuncia es positiva o no, depende de con qué venga; ojalá no sea solo un cambio de dirigentes, -donde por cierto, el nuevo líder del STPRM es quien hasta hace una semana fuera el Tesorero de Deschamps-,  si no que signifique realmente un cambio de estructura completa, reglas al interior y no se elija a alguien afín al nuevo gobierno; que estos cambios se traduzcan en una nueva dinámica en la relación Estado – Sindicatos, una evolución en la vida sindical del país, se termine con el control laboral y se represente la esencia misma de un sindicato: la representatividad de los derechos e intereses de los trabajadores.

El sindicato debe apoyar la reconstrucción de Pemex con el único fin de hacerlo mas competitivo, se escucha sencillo, pero no lo es, al interior hay muchísimas variables que hay que cambiar. El reto de gobernabilidad es enorme, pues no se están enfrentando solo a Romero Deschamps, si no a toda una red que se ha beneficiado por 26 años de manera transexenal a costa de Pemex. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

Cierra operaciones penal del Topo Chico: Historia de autogobierno, privilegios y corrupción.

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El día de ayer, 30 de septiembre, en punto de las 10:30 horas se dieron cita autoridades estatales para presenciar el cierre oficial de operaciones del Centro Preventivo y de Reinserción Social “Topo Chico”. Penal, que fue inaugurado en 1943 y que por décadas los reclusos vivieron, algunos llenos de privilegios y otros en condiciones infrahumanas.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 (DNSP) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en escala del 1 al 10, Nuevo León y sus 4 penales en promedio alcanzan una calificación de 6.03, siendo el mejor evaluado el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo con 7.08, seguido del Centro de Reinserción Social de Apodaca con 6.18, ambos en el semáforo marcados en amarillo; y en rojo, con calificación reprobatoria, está tanto el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico con 5.51 y el Centro de Reinserción Social de Cadereyta con 5.32 de calificación. 

Lo bajo que está evaluado Nuevo León en materia penitenciaria no debe resultarnos extraño, pues sus dos penales peor evaluados, han sido protagonistas nacionales de motines realmente bochornosos y testigo de historias de violencia que han dejado un sin fin de muertos y heridos.

Dichas calificaciones, la CNDH las establece de acuerdo a cinco rubros importantes que considera de acuerdo a estándares internacionales para el funcionamiento adecuado de una prisión, los cuales son: 1.- Aspectos que garantizan la integridad personal del interno; 2.- Aspectos que garantizan una estancia digna; 3.- Condiciones de gobernabilidad; 4.- Reinserción social del interno; y 5.- Atención a internos con requerimientos específicos. 

Las deficiencias del penal del Topo Chico eran evidentes, la CNDH apenas el año pasado marcó en color rojo, es decir, reprobatorio, a dicho penal en 4 de los 5 rubros antes mencionados, señalando que en esa prisión existían deficiencias en los servicios de salud, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamiento, inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, así como del área de cocina y/o comedores, además de deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; y lo más preocupante, que existían condiciones de autogobierno/cogobierno y presencia de actividades ilícitas como cobros (extorsión y sobornos).

En pocas palabras, el Topo Chico era prácticamente inoperante, incumplía con una muy amplia parte de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mándela) -llamadas así en homenaje a Nelson Mandela que pasó 27 años encarcelado con motivo de su lucha por los Derechos Humanos-. A lo cual asociaciones civiles locales como RENACE ya se habían pronunciado en varias ocasiones pidiendo especial atención a este penal.

Esperemos que el traslado de los 2,782 internos del Topo Chico al penal de Apodaca II, no muden consigo el autogobierno, si no que realmente sea este la extinción de privilegios y corrupción que por años imperó, y que finalmente, ésta estrategia de reingeniería penitenciaria y las certificaciones internacionales que vendrán, garanticen el estricto respeto a los Derechos Humanos al interior y se sienta la rectoría del Estado. 

Cabe resaltar que estas condiciones no son exclusivas del “Topo” -como coloquialmente se le conoce-, 77 de 183 penales del país tienen una baja calificación, todos con un común denominador: el autogobierno en las prisiones. 

Como bien lo dijo el asesor penitenciario Eduardo Guerrero: “Si no gobiernas las cuatro paredes que tiene una prisión, no puedes salir a gobernar la calle”.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.