El Control del Poder: La Verdadera Batalla de MC en Nuevo León

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En los próximos meses, Movimiento Ciudadano tendrá que tomar una de las decisiones más importantes de su historia política en Nuevo León: definir quién encabezará su proyecto rumbo al 2027.

Muchos creen que la gran apuesta es retener la gubernatura. Y sí, lo es. Pero detrás de la disputa por la candidatura hay una batalla mucho más profunda: quién tendrá el control de Movimiento Ciudadano y quién moverá los hilos del partido durante los próximos años.

Para nadie es un secreto que, desde que llegó al Palacio de Gobierno, Samuel García se convirtió en el principal hombre de poder de MC en Nuevo León. En los hechos, nada se mueve dentro del partido sin su aprobación. Las candidaturas, los acuerdos y las decisiones políticas más relevantes han pasado, directa o indirectamente, por su escritorio.

Hasta ahora, el gobernador ha tenido la última palabra.

Pero el 2027 es otra historia. Y esta vez, la disputa no será únicamente por ganar una elección, sino por definir quién manda en las filas naranjas.

De un lado está Samuel García, con una candidata abiertamente declarada: Mariana Rodríguez. Su eventual postulación representaría mucho más que una apuesta electoral; sería la confirmación de que el proyecto político del gobernador tiene la intención de trascender su sexenio y conservar el control de la estructura naranja.

Del otro lado aparece Dante Delgado, fundador y líder nacional de Movimiento Ciudadano, con una ruta propia y un perfil que comienza a tomar fuerza: Héctor García, alcalde de Guadalupe.

Dante, recuperado de salud y con energías renovadas, entiende perfectamente el riesgo de dejar que el poder estatal termine por absorber las decisiones del partido nacional.

No necesita mirar demasiado lejos para encontrar un ejemplo: Jalisco.

Ahí, el grupo político que gobierna el estado ha consolidado una influencia determinante sobre las decisiones de Movimiento Ciudadano. Una especie de franquicia política en la que el poder local tiene un peso enorme y la dirigencia nacional no necesariamente lleva las riendas.

Ese modelo también ha funcionado en Nuevo León. Al menos hasta ahora.

Porque el poder es temporal, se construye, se ejerce y, tarde o temprano, se pone a prueba. Los gobiernos duran seis años, pero los partidos sobreviven a sus gobernantes. Y es precisamente en esa transición donde Dante Delgado podría encontrar la oportunidad de recuperar el control de una estructura que, durante los últimos años, ha girado alrededor de Samuel García.

Aquí está el verdadero fondo de la disputa.

Si Mariana Rodríguez es la candidata, el mensaje será contundente: Movimiento Ciudadano en Nuevo León tiene dueño político y se llama Samuel García.

Pero si Héctor García consigue la candidatura con el respaldo de Dante Delgado, el mensaje será otro: la dirigencia nacional todavía tiene capacidad de decisión y puede reconfigurar el mapa de poder dentro del partido.

No se trata solamente de Mariana contra Héctor. Tampoco de una simple diferencia de perfiles o estrategias electorales.

Se trata de Samuel contra Dante. De dos visiones de partido, dos proyectos políticos y dos formas de entender quién debe tener la última palabra.

La gubernatura es el premio electoral, pero el control del partido es el verdadero botín político.

En 2027 no solamente estará en juego quién gobierna Nuevo León durante los próximos seis años. También se definirá quién tendrá las llaves de Movimiento Ciudadano, quién decidirá las candidaturas y quién podrá construir el siguiente capítulo del proyecto naranja.

Porque una cosa es ganar la gubernatura y otra muy distinta es quedarse con el partido.

Y en esa batalla, ninguno de los dos parece dispuesto a ceder.

El draft político en Nuevo León

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En la carrera rumbo a junio de 2027, algunos cambian de partido, otros de discurso y muchos de convicciones. En la política de Nuevo León, lo importante parece ser no quedarse fuera del juego.

A poco más de dos meses de terminar 2026 y con la mira puesta en junio de 2027, el draft político en Nuevo León está en pleno apogeo.

Hay renuncias, incorporaciones, negociaciones y movimientos por todos lados. Unos saltan de un barco a otro; otros buscan subirse al que parece llevarlos más lejos. Porque, en esta carrera electoral, nadie quiere quedarse sin equipo ni fuera de la repartición de posiciones.

Lo verdaderamente interesante no es quién se va o quién llega. Es la facilidad con la que algunos políticos pueden pasar de una ideología a otra, de una trinchera a la contraria y de un discurso incendiario a una alianza que, hace apenas unos meses, parecía impensable.

¿En qué momento cambiaron sus ideas? ¿Qué los hizo reconsiderar sus convicciones? ¿O será que las convicciones nunca fueron el asunto?

La política partidista tiene una realidad incómoda: para muchos, los partidos han dejado de ser plataformas para defender ideas, principios y causas, y se han convertido en vehículos para alcanzar el poder. El pragmatismo siempre ha existido y cambiar de partido no es, por sí mismo, una traición. Las personas pueden cambiar de opinión, evolucionar y encontrar coincidencias donde antes no las había.

El problema aparece cuando el cambio no viene acompañado de una explicación, cuando se abandera hoy lo que ayer se combatía y cuando las críticas de hace unos meses se convierten, de pronto, en elogios y alianzas. Todo sin rendir cuentas, sin explicar las contradicciones y, en ocasiones, sin el menor pudor.

Ahí es donde se rompe algo más importante que la militancia: la credibilidad.

Porque la confianza no se pierde simplemente por cambiar de camiseta. Se pierde cuando tus propias palabras te alcanzan; cuando aquello que condenabas se vuelve aceptable porque ahora te conviene; cuando los principios parecen tener fecha de caducidad y las convicciones dependen de la siguiente candidatura.

Después nos preguntamos por qué los ciudadanos desconfían de los políticos. ¿Cómo exigir coherencia a la sociedad cuando quienes aspiran a representarla pueden defender una postura hoy y sostener exactamente la contraria mañana, sin ofrecer una explicación convincente?

Si eres de los que rechazan a MORENA y encuentran en el PRIAN o en Movimiento Ciudadano una alternativa, hay algo que deberías tener presente: tu voto puede estar motivado por una identidad partidista, pero el político por el que votaste podría terminar en otra plataforma antes de la siguiente elección.

Y si, por el contrario, simpatizas con la Cuarta Transformación y con López Obrador, tampoco tienes garantías de que todos los que hoy enarbolan esas banderas permanezcan ahí cuando cambien las condiciones políticas.

La camiseta no siempre representa una convicción. A veces, representa una oportunidad.

Y esa es la parte más preocupante de este draft: que la competencia no parezca centrarse en quién tiene las mejores ideas para Nuevo León, quién ofrece los mejores resultados o quién está preparado para asumir una responsabilidad pública, sino en quién consigue el espacio que necesita para seguir en el juego.

Esta es la realidad que tenemos, pero también es el resultado de lo que hemos permitido, tolerado y dejado de cuestionar.

Por eso, quizá sea momento de mirar más allá de los colores. Dejar de evaluar a los políticos únicamente por las siglas que llevan detrás y empezar a observar con mayor atención a las personas que están frente a nosotros.

Revisar su trayectoria. Contrastar sus palabras con sus hechos. Exigir resultados. Preguntar qué defendían ayer, qué defienden hoy y, sobre todo, qué razones tienen para haber cambiado de postura.

Porque los partidos pueden cambiar de alianzas, los políticos pueden cambiar de camiseta y las estrategias pueden modificarse de una elección a otra. Pero la responsabilidad de explicar esas decisiones no desaparece.

Al final, los partidos ofrecen etiquetas; los políticos, promesas. Lo que realmente importa es lo que hacen con el poder que reciben.

En el draft político de Nuevo León, muchos están buscando equipo para 2027. Como ciudadanos, nos corresponde algo más importante: decidir a quién le creemos y por qué.

Que no nos vendan lealtades que duran lo que una candidatura ni convicciones que terminan donde comienza una negociación.

Lo escrito, escrito está.

El camino para evitar el colapso de MORENA en Nuevo León

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Lo que parecía una oportunidad histórica para MORENA de conquistar la gubernatura de Nuevo León hoy enfrenta un riesgo que hace unos meses parecía impensable: que el proyecto se fracture antes siquiera de llegar a las urnas.

A unos meses de que se defina quién sucederá a Samuel García, el partido guinda atraviesa una crisis interna que amenaza con convertir una disputa por la candidatura en un conflicto de mayores dimensiones: una ruptura entre sus propios grupos, el distanciamiento de sus aliados y la posibilidad de que cuadros relevantes busquen acomodo en otras fuerzas políticas.

El nombramiento de Clara Luz Flores como coordinadora o eventual abanderada -según la etapa y el carácter formal del proceso- encendió los ánimos al interior de MORENA. El problema no parece limitarse a quién obtuvo la designación, sino a cómo se tomó la decisión y a la percepción de que el proceso no convenció a quienes participaron en él.

Las encuestas, que debían funcionar como el mecanismo para ordenar la competencia y legitimar una candidatura, terminaron bajo cuestionamiento. Meses de recorridos, trabajo territorial y posicionamiento político quedaron atravesados por la inconformidad de quienes consideran que el resultado no refleja de manera convincente el esfuerzo realizado.

Y cuando un proceso interno deja más dudas que certezas, el problema ya no es solamente la candidatura: es la confianza.

Las primeras consecuencias de esa inconformidad comienzan a hacerse visibles. A ello se suma la postura de los partidos aliados, que cada vez parecen menos dispuestos a desempeñar un papel secundario dentro de la coalición. El Verde y el PT buscan hacer valer su peso político y su capacidad de negociación, tanto en la construcción de candidaturas como en la integración de mayorías legislativas.

En política, los aliados dejan de ser aliados cuando sienten que no son escuchados. Y una coalición que no logra ponerse de acuerdo sobre cómo competir difícilmente puede ofrecer certezas sobre cómo gobernar.

El problema de MORENA en Nuevo León es que la disputa por el poder amenaza con desplazar la discusión sobre cómo construir un proyecto común.

Frente a este escenario, hay tres caminos sobre la mesa. Todos tienen costos; ninguno puede ejecutarse sin voluntad política.

1. Mantener la candidatura y reconstruir la unidad.

MORENA puede respaldar la decisión tomada y apostar por que las inconformidades se disipen con el tiempo. Pero eso exige algo más que llamados públicos a la disciplina: requiere acuerdos, interlocución con los grupos inconformes y garantías de participación. Una candidatura puede conservarse formalmente y, aun así, llegar debilitada por la falta de cohesión interna.

2. Revisar el proceso y construir una salida acordada.

Reponer o revisar el procedimiento podría abrir la puerta a una solución que atienda los cuestionamientos de los aspirantes. Sin embargo, no bastaría con repetir una encuesta. Si las reglas, los criterios y los mecanismos de validación no generan confianza, un nuevo ejercicio podría reproducir el mismo conflicto. La clave sería acordar las condiciones antes de conocer el resultado y comprometer a todos a respetarlo.

3. Permitir que cada partido tome su propio camino.

Una ruptura entre MORENA, el Verde y el PT modificaría el tablero político y obligaría a cada fuerza a calcular sus posibilidades por separado. Pero competir sin una estrategia compartida también implica asumir los costos de la fragmentación, tanto en la contienda por la gubernatura como en las elecciones legislativas.

Las tres rutas tienen una dificultad en común: ninguna funcionará si los actores involucrados siguen privilegiando su posición individual por encima de cualquier acuerdo colectivo.

Y aquí aparece la pregunta de fondo: ¿MORENA está concentrado en construir una candidatura competitiva o en evitar que su propia estructura se desmorone antes de la elección?

Porque el riesgo no termina en una eventual ruptura con sus aliados. También está la posibilidad de que liderazgos, operadores territoriales y cuadros con presencia local decidan buscar espacios en Movimiento Ciudadano o en las fuerzas que integran el bloque opositor. Una fractura interna puede convertirse, así, en una redistribución de activos políticos que modifique el equilibrio de fuerzas en el estado.

Serán semanas decisivas. Pero quizá la primera discusión que MORENA necesita resolver no es quién debe encabezar el proyecto, sino cómo evitar que la disputa por esa posición termine destruyéndolo.

¿Qué pensará Claudia Sheinbaum de lo que ocurre en Nuevo León? ¿Cómo se evaluará desde la dirigencia nacional una crisis que pone a prueba la capacidad del partido para procesar sus diferencias y mantener cohesionada a su coalición?

Y cabe otra pregunta: ¿qué lectura haría Andrés Manuel López Obrador de un movimiento que construyó buena parte de su fuerza alrededor de la unidad, pero que ahora enfrenta el desafío de resolver sus propias contradicciones?

MORENA todavía tiene decisiones por tomar. Puede convertir este conflicto en una oportunidad para corregir sus mecanismos internos, establecer reglas más claras y reconstruir la confianza. O puede permitir que las diferencias escalen hasta volver irrelevante cualquier intento posterior de reconciliación.

En política, equivocarse es parte del oficio. Lo que resulta más difícil de explicar es tropezar varias veces con la misma piedra y esperar un resultado distinto.

Ay, MORENA… lo que está en juego no es solamente una candidatura. Es la capacidad de demostrar que puedes gobernar un estado sin perder primero el control de tu propia casa.

Lo escrito, escrito está.

Prepas de Nuevo León eliminarán examen de admisión en 2027

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Las preparatorias de Nuevo León eliminarán el examen de admisión a partir del ciclo 2027, como parte del programa federal “Mi derecho, mi lugar”, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, el funcionario señaló que Nuevo León será una de las 15 entidades que se incorporarán a esta estrategia, cuyo objetivo es garantizar un lugar en el bachillerato público a los jóvenes que concluyen la secundaria.

Delgado explicó que la medida busca extender a todo el país la eliminación de los exámenes de ingreso, luego de que 17 entidades ya avanzaron en este proceso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los exámenes generaban la percepción de que algunas preparatorias eran mejores que otras, además de provocar frustración y deserción entre estudiantes.

“Eso era falso porque todas las escuelas de educación media superior son buenas”, afirmó.

La estrategia busca que los jóvenes puedan continuar directamente sus estudios de nivel medio superior sin que su futuro dependa de una prueba de admisión.

Waldo Fernández denuncia presuntas extorsiones a emprendedores en NL

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El senador con licencia, Waldo Fernández, aseguró que, durante sus recorridos por Nuevo León como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, ha recibido denuncias de emprendedores que afirman ser víctimas de presuntas extorsiones por parte de autoridades estatales y municipales.

Según el morenista, las principales afectadas son pequeñas y medianas empresas, cuyos propietarios enfrentan presuntas irregularidades al trasladar mercancías y durante la realización de trámites o auditorías.

Fernández consideró que el Estado debe garantizar condiciones para que los empresarios puedan invertir con certeza y afirmó que las autoridades no deben convertirse en un obstáculo para la actividad económica.

El legislador también llamó a fortalecer el estado de derecho e impulsar medidas que favorezcan la generación de empleos, además de brindar mayor seguridad jurídica a quienes invierten en la entidad.

Congreso de Nuevo León reduce a 28 años la edad mínima para ser gobernador

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El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma para reducir de 30 a 28 años la edad mínima para aspirar a la gubernatura. También disminuyó de 21 a 18 años el requisito para contender por alcaldías, diputaciones locales y regidurías.

La reforma modifica los artículos 71, 118 y 172 de la Constitución estatal y fue avalada por mayoría. Durante la discusión, el Pleno rechazó una propuesta para mantener en 30 años la edad mínima para la gubernatura.

Legisladores que apoyaron los cambios señalaron que la medida busca ampliar la participación política de las juventudes, mientras que quienes se opusieron consideraron que gobernar exige mayor experiencia y responsabilidad.

Las modificaciones entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado y podrán aplicarse en las elecciones locales de 2027.

La antítesis de Samuel

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En el camino rumbo a 2027 ya hay suficientes tiradores que aspiran a la silla que hoy ocupa Samuel García. Sin embargo, hay uno que, por su historia y por su perfil, parece representar la verdadera antítesis del gobernador.

Hablo de Andrés Mijes, un político que ha construido su carrera paso a paso, desde el escalón más bajo hasta convertirse en dos ocasiones en alcalde de Escobedo y en uno de los aspirantes más sólidos de Morena para gobernar Nuevo León.

Y cuando hablo de antítesis, no me refiero a que uno sea necesariamente mejor que el otro. Me refiero al contraste entre dos perfiles que parecen representar caminos opuestos para llegar al mismo destino: gobernar Nuevo León. Más que dos políticos, Samuel García y Andrés Mijes parecen encarnar dos maneras distintas de entender el ejercicio del poder.

El primer contraste es la experiencia. No la que simplemente otorgan los años, sino la que se acumula recorriendo cada etapa del servicio público. Esa que se construye aprendiendo durante décadas antes de tomar las decisiones más importantes.

Casos como el de Samuel García, que en apenas ocho años de carrera política llegó a la gubernatura, son excepciones a la regla. Ese recorrido acelerado proyecta atributos como renovación y capacidad para romper inercias, pero también puede implicar desafíos derivados de un menor trayecto institucional. Quizá por ello varios de los errores que ha cometido no respondan necesariamente a una falta de capacidad, sino a la ausencia del temple que solo el tiempo y la experiencia terminan por formar.

El segundo elemento tiene que ver con la forma de comprender a los ciudadanos. No basta con imaginar cómo viven; hay que haber conocido una parte de esa realidad para comprenderla. Ahí encuentro una diferencia clara entre ambos perfiles. Venir de abajo ofrece un termómetro distinto para entender las necesidades de la gente y definir el rumbo de un gobierno.

El tercer factor es la forma de ejercer la política. Los años y las vivencias enseñan que la política puede construirse desde la confrontación o desde los acuerdos. Samuel ha privilegiado con frecuencia un liderazgo disruptivo y de alto impacto público. Mijes, en cambio, ha construido una imagen más asociada al diálogo, la conciliación y la construcción de puentes.

En seis años como alcalde, Andrés Mijes ha tendido puentes con actores de distintos partidos y visiones. Esa característica ayuda a explicar por qué muchos lo identifican como un perfil conciliador en un momento en el que la política de Nuevo León parece haber relegado el valor de los acuerdos.

Estas son las razones por las que considero que Andrés Mijes representa la antítesis política más clara de Samuel García. No porque uno invalide al otro, sino porque ambos parecen encarnar formas distintas de construir liderazgo, ejercer el poder y entender la política.

Lo demás, como siempre, quedará en manos de los ciudadanos de Nuevo León.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿qué tipo de liderazgo necesita Nuevo León para enfrentar los desafíos rumbo a 2027?

Lo escrito, escrito está.

Detienen a Jesús “N” en operativo contra red ligada al huachicol en Nuevo León

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La Fiscalía General de la República (FGR) realizó cateos en cuatro inmuebles de Nuevo León como parte de las investigaciones contra una presunta red dedicada a delitos en materia de hidrocarburos.

Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey, General Escobedo y Salinas Victoria, donde autoridades federales detuvieron a Jesús “N”, además de asegurar un arma de fuego y decenas de unidades de transporte presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Durante los cateos también fueron decomisados 42 tractocamiones, 13 camiones de carga, maquinaria pesada, contenedores cilíndricos y un predio utilizado como patio de maniobras y trasvase.

“La documentación estaba probablemente relacionada con al menos tres empresas investigadas por delitos en materia de hidrocarburos”.

De acuerdo con la investigación, la organización presuntamente simulaba operaciones en sectores logístico, energético y de transporte para ocultar actividades relacionadas con el robo y manejo ilegal de combustible.

Las diligencias fueron realizadas por elementos de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en coordinación con fuerzas del Gabinete de Seguridad federal.

La educación que tenemos no es la educación que merecemos

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Durante años, la educación en Nuevo León ha salido adelante más por el esfuerzo de su gente que por la fortaleza de sus leyes. Maestras, maestros, familias y estudiantes han sostenido el sistema incluso cuando el marco legal que lo regula se fue quedando atrás.

Es cierto: el estado registra algunos de los mejores indicadores educativos del país. La cobertura escolar es alta, el abandono es menor al promedio nacional y existe una base sólida construida con el paso del tiempo. Pero esos avances no pertenecen a un gobierno ni a una administración. Son resultado de décadas de trabajo colectivo.

Y aun así, los números no cuentan toda la historia.

Porque tener buenos indicadores no significa que todo esté bien. Detrás de las estadísticas hay realidades que no siempre se ven: estudiantes que aprenden en condiciones desiguales, escuelas que hacen lo posible con recursos limitados y docentes que cargan, además del aula, con problemas sociales, emocionales y familiares que el sistema no siempre sabe cómo atender.

Ahí es donde la ley importa.

La Ley de Educación que hoy rige en Nuevo León es antigua y ya no responde al momento que vivimos. Desde 2019, México cuenta con una nueva Ley General de Educación que transformó la forma de entender la escuela: puso al centro los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la igualdad sustantiva y el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Esa ley existe a nivel federal.
Pero en Nuevo León sigue sin reflejarse plenamente.

La consecuencia es clara: los derechos educativos no siempre están garantizados, sino sujetos a la voluntad, capacidad o sensibilidad de cada escuela. La inclusión se intenta, pero no se obliga. Y cuando no hay obligación, tampoco hay certeza.

Hubo un intento por corregir este rezago. Hace dos legislaturas, se aprobó un proyecto de nueva Ley de Educación, pero fue vetado por el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Desde entonces, el tema quedó en pausa. Y mientras la política se detenía, la realidad siguió avanzando.

Hoy las aulas ya no son las mismas de hace diez o quince años.

Hoy hablamos de salud mental, de neurodivergencias, de violencia escolar, de acoso digital, de educación socioemocional, de brechas tecnológicas y de inclusión real, no solo en el discurso. Nada de eso puede atenderse con una ley pensada para otro contexto.

La educación inclusiva no es una moda ni un favor. Es justicia social.

Implica reconocer que no todas las niñas, niños y jóvenes parten del mismo punto. Que hay quienes enfrentan barreras físicas, cognitivas, emocionales o económicas para aprender. Y que la igualdad no se logra tratando a todos igual, sino garantizando apoyos distintos para necesidades distintas.

Pero la inclusión no puede seguir descansando únicamente en la buena voluntad del docente.

Hoy muchas maestras y maestros hacen inclusión sin capacitación suficiente, sin personal especializado y sin acompañamiento institucional. Se les pide resolverlo todo: aprendizaje, contención emocional, convivencia, prevención de violencia y atención a la diversidad. Y cuando algo falla, la responsabilidad recae casi siempre sobre ellos.

Eso no es justo.
Ni para el maestro.
Ni para el estudiante.

Una nueva Ley de Educación debe reconocer y proteger a quienes están frente al grupo. Dignificar su labor, garantizar condiciones seguras de trabajo y ofrecer respaldo real ante contextos cada vez más complejos. No se puede hablar de educación de calidad mientras quienes la sostienen trabajan desde el desgaste.

Porque cuidar a los maestros también es cuidar el derecho a aprender.

Hablar de calidad educativa no es hablar solo de evaluaciones o rankings. Es hablar de escuelas seguras, de ambientes sanos, de acompañamiento socioemocional, de infraestructura adecuada y de un sistema que no deje solos ni a los alumnos ni a quienes enseñan.

Nuevo León ha avanzado, sí. Pero avanzar no significa llegar.

Todavía hay estudiantes que abandonan la escuela. Todavía hay familias que no encuentran respuestas cuando el sistema no logra incluir. Todavía hay docentes que enfrentan problemáticas sociales profundas sin herramientas suficientes.

Actualizar la Ley de Educación no resolverá todo, pero sí marca un punto de partida. Define qué derechos son exigibles, qué obligaciones tiene el Estado y qué tipo de educación queremos construir como sociedad.

Legislar en educación es decidir prioridades.

Y si algo debería ser prioridad en Nuevo León es que nadie se quede atrás, que ningún maestro esté solo y que la calidad educativa no dependa del sacrificio individual, sino de un sistema justo, moderno y humano.

Porque el futuro del estado no se construye solo con crecimiento económico.

Se construye todos los días, en las aulas.

Y para eso, la educación que tenemos ya no basta.
Necesitamos la educación que merecemos.

MC presenta agenda legislativa para impulsar reformas y resultados en Nuevo León

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La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local presentó su Agenda Mínima Temática para el próximo periodo legislativo, con la que busca dar rumbo al trabajo parlamentario y reducir el rezago acumulado.

La coordinadora Sandra Pámanes explicó que la agenda prioriza demandas ciudadanas e incluye reformas constitucionales, cambios a leyes vigentes y la creación de nuevas normas en temas clave.

Entre los ejes destacan reformas electorales para garantizar paridad total, nuevas leyes de coordinación metropolitana y protección a ciclistas, así como el avance de iniciativas pendientes en comisiones.

La propuesta también plantea reducir la edad mínima para cargos públicos, regular la inteligencia artificial y garantizar derechos como la lactancia, además de asegurar que las iniciativas ciudadanas sean dictaminadas.