Corte invalida objeción de conciencia; exhortará al Congreso a corregir y establecer límites

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la objeción de conciencia que se establece en el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y exhortará al Congreso de la Unión a corregir y establecer límites.

Dicho artículo permitía al personal médico y de enfermería a ejercer la “objeción de conciencia”, por lo que no podrán dejar de prestar servicio por sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas y de conciencia.

Esta estipulaba que el personal de salud podría negarse a practicar procedimientos, como la interrupción legal del embarazo, excepto cuando se trate de urgencias médicas o esté en riesgo la vida de la persona.

Los magistrados consideraron que faltan lineamientos para que la objeción de conciencia no limite el derecho a la salud de los pacientes.

Por ello, el artículo fue desechado y bajo los lineamientos que establecieron, el Congreso tendrá que volver a legislar el tema.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Suprema Corte declara inconstitucional que las legislaciones locales reconozcan “la vida humana desde la concepción”

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves inconstitucional que las legislaciones locales reconozcan “la vida humana desde la concepción”, reformas que surgieron para propiciar un ambiente de criminalización del aborto.

Por unanimidad, los 11 ministros del pleno del Supremo invalidaron la fracción I del Artículo 4 Bis A de la Constitución de Sinaloa que establecía que “el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido”.

“Debe ser claro que esto trastoca el orden constitucional y los valores de un Estado laico, plural y democrático, e impone a las mujeres y personas gestantes una carga desproporcionada”, manifestó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, autor del proyecto de la sentencia.

El fallo ocurre dos días después del histórico fallo de la SCJN, que el martes declaró inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

En esta ocasión, la Suprema Corte abordó la impugnación que hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diputados de la minoría a una reforma de la constitución de Sinaloa en 2018 para que el Estado defienda la vida desde la “concepción”.

El debate es relevante porque cerca de 20 estados han reformado su constitución para reconocer “la vida humana desde la concepción”, modificaciones que no prohíben el aborto, pero crean un ambiente de persecución e incertidumbre, según asociaciones civiles y como reconocieron los ministros.

“La norma impugnada es abiertamente inconstitucional, pues con el pretexto de definir el comienzo de la protección de la vida humana implícitamente lo que están logrando es imponer límites a los derechos humanos de otras personas, en este caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su propio cuerpo”, dijo el ministro Luis María Aguilar.

Aunque el fallo de la Suprema Corte solo invalida la fracción de la constitución de Sinaloa, la decisión tendrá implicaciones futuras para otros estados con reformas que también están impugnadas.

La Suprema Corte ya había abordado otras constituciones locales en este sentido, pero esta es la primera vez que se alcanzan ocho o más votos necesarios para crear jurisprudencia, un precedente que afectará los próximos fallos.

“Los estados no tienen competencia para modificar el concepto de persona para efectos del reconocimiento de la titularidad de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano”, manifestó la ministra Norma Piña.

El aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

A esta lista se añadirá Coahuila tras el fallo del martes de la Suprema Corte, que invalidó el artículo 196 de su Código Penal.

(Fuente: EFE)

Fallo de la Suprema Corte sobre el aborto es mérito de las mujeres, asegura Zaldívar

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que el fallo que despenaliza el aborto es mérito de las mujeres, esto en un mensaje que ofreció este miércoles.

En conferencia de prensa, Zaldívar resaltó la trascendencia del fallo para la historia del país.

“A partir de ahora todos los jueces de nuestro país están obligados a respetar el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en los casos que están autorizados por la sentencia de la propia Suprema Corte. Hemos terminado de tajo con la criminalización de la mujer”, dijo el ministro en su mensaje.

Se dijo a favor de la vida, “pero algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en liberad”.

Apuntó que el fallo de la Suprema Corte no es mérito del organismo judicial.

“Este logro es mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están, y de esta marea verde que exige que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos”, expuso.

“El logro y el mérito es de todas ellas, y es también un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos; a todas las mujeres que tuvieron que soportar prisiones injustas; a todas las mujeres que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos. Esta sentencia es mérito de las mujeres y es en homenaje de las mujeres”, agregó.

Por otro lado, anunció que el tema del aborto no agota la agenda de los derechos de las mujeres, debido a que se necesita avanzar “hasta lograr una auténtica igualdad entre hombres y mujeres”.

Perfila SCJN declarar inconstitucional la criminalización del aborto

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Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron este lunes por declarar inconstitucional la criminalización del aborto.

El proyecto de la Corte, derivado de una impugnación{on que la entonces Procuraduría General (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017, pretende declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

“El vicio de inconstitucionalidad se traduce en que la disposición de calificar el actuar de la mujer como un crimen, con las consecuencias inherentes a tal configuración legislativa. Esto contribuye negativamente al pleno despliegue del derecho a elegir”, se lee en el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

Cabe mencionar que la decisión de la SCJN sólo invalidaría el código penal del estado en cuestión, Coahuila, pero si ocho de los 11 ministros del pleno votan a favor del proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.

Tras presentar el proyecto y los argumentos, los ministros de la SCJN levantaron la sesión de este lunes, por lo que seguirá la discusión este martes, donde se espera que se vote la acción de inconstitucionalidad.

Además de Aguilar Morales, los otros ministros que manifestaron su apoyo al proyecto fueron Yasmin Esquivel Mossa, Arturo Zaldívar, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.

Actualmente, el aborto está despenalizado en cuatro de los 32 estados de la República: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La SCJN ya había resuelto una controversia constitucional en 2008, cuando declaró constitucional la despenalización del aborto en la capital del país, el entonces Distrito Federal.

Mientras que el pasado mes de julio, por unanimidad, resolvió la Primera Sala declarar inconstitucional penalizar a mujeres víctimas de violación que deciden abortar después de los primeros 90 días de embarazo.

Aprueba Cámara de Diputados ley de juicio político para proceder contra el presidente y servidores públicos; pasa al Senado

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Luego de llevar a cabo su primera sesión con una duración de nueve horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

El aval se logró con 266 votos a favor, 205 en contra y 0 abstenciones.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, indicó que quedaban aprobados los artículos reservados en términos del dictamen y los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Ahora, la ley pasará al Senado.

Durante la sesión de la discusión de las reservas, fue aceptada la propuesta de modificación del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, a los artículos 19 y 33 para que las sesiones para discutir el juicio político sean siempre presenciales; así como a los artículos 37 y 41 para evitar que los legisladores se erijan como jueces y se respete siempre la presunción de inocencia, y que en el turno de los senadores la votación sea favorable por mayoría calificada de dos tercios, respectivamente.

Tras discutir 60 reservas del dictamen, se dio pie a la aprobación de la ley que en el apartado del juicio político establece la regulación del procedimiento para someter a un proceso judicial, actuando bajo la figura del desafuero, al presidente de la República y a cualquier servidor público en funciones, ya sean gobernadores, legisladores o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consejeros del INE, entre otros.

De acuerdo con el dictamen, se establece que se puede emprender con el juicio cuando alguno de estos actores ataque a las instituciones democráticas, viole los derechos humanos, o cometa cualquier violación a la Constitución y las leyes que de ella emanen.

En este sentido, se señala además que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, una denuncia contra una persona servidora pública.

Se plantea también que el presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todas aquellas violaciones a la ley por los que podría ser enjuiciados cualquier ciudadano y ciudadana.

En cuanto a la declaración de procedencia, se tiene como objetivo la obligación de los congresos locales a acatar del mismo modo los acuerdos que defina el Congreso federal.

La nueva legislación de juicio político, que abroga la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, se genera a modo de evitar la repetición de casos como el ocurrido con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la Cámara de Diputados decidió, el pasado 30 de abril de 2020, retirarle el fuero para someterlo a juicio; sin embargo, la medida no fue homologada por el Congreso local que, contrario a eso, decidió ofrecer un fuero definitivo.

Pide Monreal a Suprema Corte dar certeza en Tribunal Electoral

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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que admita la controversia que interpuso el magistrado José Luis Vargas Valdez y emita una resolución que otorgue certeza al funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Monreal envió una carta al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en la que destaca la importancia de evitar un colapso constitucional en el funcionamiento del órgano judicial electoral especializado, que tiene pendientes una gran cantidad de trámites en estudio derivados del proceso electoral de este año.

“Ante la potencial crisis institucional en el Tribunal Electoral, se debe anteponer su atención en la agenda nacional, porque mañana podría enfrentar la misma situación la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquier otro órgano constitucional autónomo”, advirtió Monreal.

Por otro lado, el morenista asentó que las causas y razones importan, pero los procedimientos constitucionales deben ser la vía para la solución de cualquier diferencia, porque “un Estado con tribunales democráticos requiere jueces demócratas y, ante todo, ello implica observar el Estado de derecho”.

Reiteró que, desde una perspectiva política y jurídica, el Senado de la República debe responder al llamado de reestructuración u observancia de orden constitucional en el tribunal, conforme a sus facultades constitucionales, expresas e implícitas, como nombrar a los magistrados del TEPJF, valorar cualquier renuncia o separación, evitar la desaparición de un poder público derivada de una crisis institucional y en la búsqueda de garantizar el principio de inviolabilidad de la Constitución.

“Lo ocurrido en el máximo órgano electoral pretende dejar sin efectos el mandato constitucional de que el presidente del tribunal ejercerá el cargo por cuatro años, lo que de entrada no debe ser justificado, sino por el contrario, debe ser valorado, en especial si atenta contra la estabilidad de una de las instituciones más importantes de este país”, puntualizó.

Monreal subrayó en su carta al ministro Arturo Zaldívar que “ni la Constitución, ni la ley reconocen alguna facultad a favor de las magistraturas del Tribunal Electoral para evaluar formalmente a su presidente. El único órgano facultado para supervisar la actuación de las magistraturas integrantes del tribunal es la Comisión de Administración”, añadió.

Adicionalmente, argumentó que la Constitución tampoco establece alguna facultad para destituir o revocar el acuerdo de designación de un presidente electo y que la sesión en la que realiza el nombramiento del nuevo titular tampoco es válida, puesto que se convocó de manera irregular, al invocar la supuesta ausencia del presidente.

Monreal reiteró hizo énfasis que no se convocó a esa sesión con la anticipación razonablemente exigida ni se transmitió por la vía idónea, sino que se hizo a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral, por lo que el tribunal “se encuentra en potencial crisis institucional, pero también en una confrontación política que sólo se superará con la voluntad de sus integrantes y a través de la interlocución de buena fe, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Senado”.

En su carta dirigida al ministro presidente, el morenista también señaló que “habremos de coincidir en que un Estado constitucional, democrático y de derecho requiere ante todo que sus instituciones y quienes las integran actúen con todo el apego de la Carta Magna y a la ley”.

Solicitará INE presupuesto para consultas y revocación de mandato en 2022

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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó este domingo que solicitará para el 2022 una partida presupuestaria para organizar posibles consultas populares o la revocación de mandato, esto con el fin de que se promuevan dichos ejercicios democráticos.

“En acatamiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE solicitará en su proyecto de presupuesto para 2022 los recursos necesarios para los probables ejercicios de democracia participativa que podrían celebrarse en 2022, por un lado, las consultas populares y por otro lado revocación de mandato”, dijo Córdova en un video publicado en sus redes sociales.

El funcionario del INE destelló que el presupuesto a solicitar para el próximo año se divide en tres rubros: funcionamiento del INE, prerrogativas a partidos políticos y una partida para la eventual organización de consulta populares o la ya referida revocación de mandato.

Señaló que tan sólo para las prerrogativas a partidos políticos el presupuesto a repartir será de cinco mil 800 millones de pesos y recordó que para la realización de consultas populares o la revocación de mandato, es necesario que se dote de recursos que sostengan todas las actividades y procedimientos los cuales garanticen condiciones de legalidad, equidad, transparencia y certeza.

“Como cada año, el anteproyecto de presupuesto del INE será confeccionado en esta comisión temporal y puesto a consideración del Consejo General que, luego de aprobarlo a finales del mes de agosto, se enviará a la Secretaría de Hacienda para que esta, a su vez, lo incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que enviará en septiembre a la Cámara de Diputados”.

Vargas desconoce destitución, declara nula la sesión y pide no generar crisis institucional

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El magistrado José Luis Vargas desconoció su distinción como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y declaró nula la sesión realizada en la tarde por otros cinco magistrados en la que se nombró en su ligar a Reyes Rodríguez Mondragón.

En un mensaje, el magistrado Vargas Valdez argumentó que la solicitud de evaluación a su desempeño “no corresponde a la naturaleza de las sesiones públicas del Pleno del Tribunal Electoral toda vez son de carácter estrictamente jurisdiccional”.

Argumentó que someter a evaluación su desempeño “escapa a las atribuciones de este Pleno”, sino que la rendición de cuentas se hace cada año ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

José Luis Vargas anunció que convocará este jueves a una sesión privada.

“La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional y en la cual la magistrada Mónica Soto Fregoso y yo no participamos es nula de pleno derecho”, aseguró.

En una tarjeta informativa posterior, se informó que Vargas Valdez presentará una controversia constitucional.

Cabe recordar que magistrados del TEPJF destituyeron este miércoles al presidente del organismo, José Luis Vargas, acusado de corrupción e investigado por el Gobierno.

Tras una sorpresiva sesión en la que Vargas denunció un “golpe de Estado”, sino de los siete magistrados nombraron a un nuevo secretario de acuerdos para someter a votación el cese de Vargas, indagado por la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) por enriquecimiento ilícito.

Solicita García Cabeza de Vaca a SCJN invalidar orden de aprehensión en su contra

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, impulsó una controversia constitucional en la que solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar la orden de aprehensión girada en su contra desde mayo.

García Cabeza de Vaca presentó su recurso legal a la Comisión de Receso durante el periodo vacacional de la SCJN, aunque todavía no es admitida a trámite y será la Presidencia la que determina el proceso a seguir.

“Una vez que de inicio el segundo periodo de sesiones, correspondiente al año 2021 se envíen los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para que se provea lo relativo al turno de este asunto; sin embargo, durante el periodo de receso en que se actúa se proveerá lo conducente al trámite que resulte necesario”, se informó en un acuerdo publicado este lunes por la SCJN.

El gobernador impulsó la controversia contra la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez de Distrito Iván Zeferín Hernández, quien autorizó la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El gobernador tamaulipeco fue denunciado ante la Fiscalía por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal que lo acusa de lavar dinero mediante la compraventa de un lujoso apartamento.

Su caso se ha convertido en un problema jurídico, ya que la Cámara de Diputados aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, sin embargo, el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero.

Sin que la SCJN aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la FGR obtuvo la orden de aprehensión de parte de un juez.

Por su parte, García Cabeza de Vaca denunció que dicha orden de captura obedece a “motivos políticos” y “se tomó en el Palacio Nacional”, presidencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 8 de junio, un juez federal concedió la suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas contra la orden de captura.

Gana el SÍ en consulta popular; participa el 7% del padrón

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este domingo que el “Sí” se impuso con mas del 90% de los votos en la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado, sin embargo tuvo una participación del 7%, por lo que no cumple con el requisito mínimo para ser vinculante.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que, según las proyecciones preliminares, el “Sí” obtuvo entre un 89.4% y un 96.3% de los votos, el “No” entre un 1.4% y un 1.6%, y los nulos entre un 2.2% y un 9.2%, mientras que la participación fue de entre el 7.1% y el 7.7%.

Por otro lado, calificó como exitosa la consulta de este domingo.

La consulta, convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la primera a nivel federal en la historia del país y requería un 40% de participación para que su resultado fuera vinculante.

Cabe mencionar que en un principio, se proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.

A pesar de haber convocado y promovido el plebiscito, el presidente López Obrador, de gira fuera de la capital, no fue a votar porque, tal y como ya había avisado, su “fuerte no es la venganza”.

En cambio, el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) prometió que de ganar el ‘Sí’ impulsaría en el Congreso una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de las Administraciones pasadas.

Aunque tanto Morena como el INE calificaron la consulta de “éxito” por haberse llevado a cabo, el partido de López Obrador arreció las críticas durante la jornada electoral contra el Instituto Electoral presagiando una baja participación.

Tras votar, el dirigente del partido, Mario Delgado, reprochó que el INE puso 57.000 mesas electorales, un tercio de las que hubo en los últimos comicios, y criticó que el organismo “no está a la altura del momento que vive el país”.

En respuesta, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, denunció “las mentiras que buscan desinformar” de Morena y recordó que no se pusieron más mesas porque el Congreso, con mayoría morenista, rechazó aumentar el presupuesto para la consulta.

El INE informó de que abrieron el 99,98 % de las 57.014 mesas de votación y que se registraron 476 incidentes, menos de los habituales, como cambios de lugar de las mesas o destrucción anticipada de papeletas no usadas.

El único expresidente que se pronunció en redes sociales sobre el plebiscito fue Vicente Fox, quien ironizó: “Día histórico. La más baja votación de todos los tiempos!”.

(Con información de EFE)