La cena más cara del Hunan, la pagó Lozoya

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El día de ayer, pasó lo que tuvo que haber sucedido desde aquel 17 de julio de 2020, a Emilio Lozoya Austin un juez le ha dictado prisión preventiva justificada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa básicamente de lo siguiente:  

1.- La existencia de una alta probabilidad de fuga, pues posee una cuenta bancaria con 2 millones de euros;

2.- Poco pudor procesal al salir a cenar al Hunan de las Lomas; y

3.- Utilizar el criterio de oportunidad para dilatar y obstaculizar el proceso.

Formalmente, los delitos de los que se le acusará son: Cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Donde de comprobarse alcanzaría los 35 años de prisión.

Emilio es un corrupto confeso, pero el tema es político y no jurídico. A nadie le queda duda de que si esa noche no salía a cenar al Hunan, con esa soberbia y frivolidad que quienes lo conocen aseguran que lo caracteriza, Lozoya seguiría libre gozando de los privilegios que el ser el testigo colaborador favorito de la 4T le daba, pero como en cualquier presidencialismo exacerbado, al más viejo estilo del PRI: Nadie se puede burlar así del Presidente, y quien lo hace, recibe un castigo.

Ante esta provocación, que por cierto, bien lo dijo el Presidente: no fue ilegal, pero sí inmoral; claramente le resultó molesto y el uso faccioso y discrecional de la justicia no se tardó en llegar con una Fiscalía que nuevamente actúa con fines políticos y bajo las órdenes directas del titular del Poder Ejecutivo. 

Aquí el que queda peor parado es la endeble FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero, el cual tuvo forzosamente que hacer un giro para -ahora sí- solicitar la prisión preventiva y salvar el poco prestigio que queda de la institución, malabareando con una serie de errores entorno a un caso que se les perdió en el camino cayendo en un absoluto ridículo.

El caso está abierto y el proceso penal continúa para ver si se materializa el criterio de oportunidad que la defensa construye junto a la FGR. Este caso va a ser una gran oportunidad para que “calemos” a nuestra Fiscalía y socialmente la auditemos a ver si ya aprendieron a armar carpetas de investigación sólidas o se seguirán repitiendo los fracasos jurídicos del pasado.

Estemos atentos a ver si por fin podrá Lozoya demostrar que efectivamente recibió instrucciones de un superior jerárquico para adquirir y utilizar recursos de procedencia ilícita o si se compró voluntades políticas a la oposición para la aprobación de la reforma energética. Que honestamente se ve difícil. Dicho esto, el “Peking Duck” más caro en la historia del Hunan, lo pagó Lozoya.

Entre el estigma y la vergüenza

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El gran tema con las adicciones es que arrastran un estigma, como si quien padece alguna trajera colgando en su pecho una letra escarlata que lo hace diferente o de segunda categoría.

Tener trastorno por abuso de alcohol o de sustancia provoca vergüenza, no solamente de quien tiene esta adicción, sino hasta de su familia. Vivimos en la oscuridad de los secretos, en el ostracismo. 

Ocultamos a toda costa esta verdad: que tenemos una enfermedad mental incurable y que, en el mejor de los casos, podremos controlarla con la ayuda adecuada.

La carga social es producto de la desinformación y el desconocimiento; la etiqueta de “adicto” o “alcohólico” pesa bastante, por eso mucha gente se queda en el camino y jamás pide ayuda. 

Se atoran entre la negación y la vergüenza. 

Es importante que la gente sepa cómo es esta enfermedad. No es adicto o alcohólico únicamente el indigente o la que se encuentra metida en el mundo de las pandillas; el menor de edad que limpia carros y se monea. 

No. También es el deportista, la incansable directora de una empresa, el exitoso hombre de negocios, la estudiante con promedio de 90 (yo era esa), la soccer mom que esconde sus botellas y sus tafiles en el buró, el hijo modelo…

Quienes padecemos esta enfermedad venimos en todos los tipos y sabores. Yo viví casi todos mis 20s en negación. Siempre tuve excelentes promedios en la escuela, estudié maestría con beca de excelencia, nunca fallé en mis trabajos. 

¿Drogadicta yo? Una drogadicta no es tan capaz como yo, pensaba. En todo caso era una alcohólica funcional, decía a manera de broma. 

Pero cada vez consumía más y mis consecuencias eran peores. Hasta el punto en que si no podía emborracharme porque tenía algún compromiso de trabajo, mejor no tomaba ni una gota. En el fondo sabía que una vez que tomaba una bebida, no me iba a detener, y que además, el alcohol me llevaría al consumo de drogas en ese rato.

No empecé así, por supuesto que no. 

Esto sucedió a través de años de consumo reiterado, de empezar con alcohol y luego buscar drogas que me dieran la mezcla perfecta para estar arriba, abajo o en medio.

Pero yo nunca quise que eso sucediera, pasó porque el uso reiterado se convirtió en abuso y el abuso en adicción. Y una vez adicta, el camino de la recuperación fue muy duro.

Incluso ya estando en sobriedad, tuve depresión y ansiedad durante 5 años; hasta que pude salir adelante con años de terapia, grupo de apoyo, disciplina, espiritualidad y demás. Nadie escoge esto por gusto, créanme.

La adicción no tiene nada qué ver con tu coeficiente intelectual ni con tu calidad moral. Pensar que tienen alguna relación es como pensar que el diabético es diabético porque quiere ser diabético, es decir, porque carece de falta de voluntad.

Hoy escribo de mi experiencia como adicta en recuperación porque creo que muy pocas veces se escribe o se habla abiertamente de lo que pasamos en la enfermedad activa.

De lo solitario y humillante que es para quienes padecen la enfermedad. De cómo es vivir esa oscuridad, saber que puedes morir y seguir haciendo lo mismo porque no puedes detenerte.

No poder vivir sin la sustancia y no poder vivir con la sustancia. Es el infierno en la tierra.

Afortunadamente existen soluciones pero debemos empezar por ponernos en los zapatos de estas personas.

Dejemos de estigmatizar, y sobre todo, dejemos de criminalizar.

Voltean a vernos solo cuando hay tragedia

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Cada que una noticia como los asesinatos ocurridos en el municipio de Juárez, Nuevo León cimbran a nuestra comunidad se empieza a buscar culpables.

Un dato que inmediatamente trascendió en los medios es que Brandon, el presunto asesino, acaba de salir de un centro de rehabilitación en donde no completó sus meses de tratamiento y que además era usuario de cristal.

El cristal es una metanfetamina que está arrasando con las y los jóvenes de esta entidad. 

Su precio es muy muy bajo y es altamente adictivo; puede producir brotes psicóticos a quien lo consume y paranoia extrema. 

Es muy fácil culpar al usuario, es común que se criminalice a quienes consumen sustancias y abusan del alcohol.

Personas como Brandon, quien seguramente viene de una larga cadena de pobreza, violencia y falta de oportunidades, corren mucho mayor riesgo de desarrollar adicciones por su entorno social y económico.

 Él no llegó a tener problemas de adicción porque quiso (por increíble que parezca, la gente cree que un adicto es así por gusto y que podría dejar de consumir si así lo quisiera). 

La adicción no tiene qué ver con los valores o la moral de alguien, es una enfermedad mental que tiene muy pocas opciones para que quienes la padecen alcen tratamiento. 

Solamente una de 100 personas que llegan a un grupo de 12 pasos como AA o NA consiguen permanecer sin consumir un año.

Algo que es fundamental es entender que la adicción a las drogas y al alcohol es imposible de superar sin ayuda profesional y que en México y en Nuevo León todavía no tenemos políticas públicas que permitan que personas en condición de vulnerabilidad reciban tratamientos gratuitos.

Yo he vivido en carne propia este problema, en un mes cumplo 9 años de estar sobria y de tener una vida útil y feliz, pero para conseguir esto he tenido que recibir muchísima ayuda.

No puedo comparar mi caso con uno como el de Brandon, porque yo tengo privilegios: pude pagar una clínica profesional y privada, terapia con profesionales, tener un grupo de 12 pasos, tener trabajos, entretenimiento, hasta el lujo me doy de hacer ejercicios de meditación y agradecimiento. No me puedo comparar. 

Sin embargo, lo que sí sé es lo difícil que es combatir el demonio de la compulsión, ese mano a mano con la bestia de la adicción, la enfermedad nos iguala. 

Lo que nos hace diferentes es que unos tenemos puertas de salida y otros no. 

Es responsabilidad de todas y todos como sociedad que casos como este multihomicidio ya no sucedan, tenemos que unir esfuerzos para romper estos círculos terribles de violencia.

Es urgente que no solamente volteemos a ver este tema cuando ocurre una tragedia, sino tomar cartas en el asunto desde lo público, pero también desde lo privado. 

Litio y Seguridad Nacional

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Recientemente el Presidente envió al congreso una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la constitución para reestructurar la industria eléctrica. Esta iniciativa ha sido polémica pero responde a una realidad en la que México en pleno siglo XXI se ha mostrado insuficiente para dotar de energía limpia y a precio competitivo a empresas y viviendas de varias zonas del país, con apagones y otro tipo de problemas que no son culpa de la administración actual ni de la CFE sino de una carga negativa ocasionada por los malos manejos financieros y las inversiones equivocadas de administraciones pasadas.

Tenemos que cambiar la estrategia en el sector eléctrico, la energía antes de ser un negocio es un asunto de seguridad nacional. Claro que la inversión extranjera y nacional es buena para modernizar el sector pero solo si no se comprometen las finanzas del país y se logra un equilibrio. Esta iniciativa ha sido muy polémica y merece un análisis extenso por expertos, inversionistas y el mismo gobierno.

De esta propuesta hay un punto que sin duda debe aprobarse y que quiero rescatar en este artículo que es la exclusividad del estado mexicano para extraer el litio, no permitir concesiones a privados que saquen este mineral del país sin reglas claras. Aunque para algunos pudiera sonar como una medida anticapitalista y anticuada la realidad es que muchos países que cuentan con importantes reservas de este mineral ya están comenzando a regular la extracción y exportación de los mismos inclusive economías como Australia en donde se encuentran algunas de las mineras más grandes de litio del mundo ya han implementado políticas para que esa extracción genere una derrama en la economía nacional y cuidar el tema de la contaminación.

El litio es un mineral que se ha convertido en esencial porque es básico para la elaboración de baterías, que hoy en día están presentes en todos nuestros celulares y aparatos electrónicos. Ni se diga la importancia que va a tomar con la paulatina sustitución de autos de gasolina a autos híbridos/ eléctricos, a este ritmo para el 2050 la mitad de los vehículos a nivel mundial serán 100% eléctricos, otra parte importante híbridos y solo una pequeña parte de gasolina, inclusive el sector aeronáutico ya está empezando a realizar pruebas para producir los primeros aviones eléctricos en esta década.

Hablando de números, solo entre 2014 y 2021 el litio subió de valor en aproximadamente 200%. Mexico es uno de los países con mayores reservas posibles de este recurso llamado el nuevo “oro blanco” en Latinoamérica. En Sonora encontraron un yacimiento que tiene tres millones y medio de toneladas de litio que equivale a poder almacenar 40 veces lo que se consumió el año pasado en electricidad en el mundo

Asegurar las reservas de litio de Mexico para las nuevas industrias (que son las que pueden sacar adelante al país) es un asunto de seguridad nacional y es bueno que el gobierno administre ese recurso y no permita su explotación indebida, sin dejar a un lado posibles inversiones conjuntas con el extranjero que nos sean de mutuo beneficio como nación.

Jesús Elizondo Salazar jesuselizondosalazar@gmail.com

Borrón y cuenta nueva

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Empezó el reto para los nuevos gobiernos encabezados por Samuel García y Luis Donaldo Colosio y ¡de qué forma! 

Tanto en el gobierno estatal, como el de Monterrey los funcionarios entrantes nos topamos con campos minados y “sorpresas” cortesía de las administraciones anteriores. 

Corruptelas de todo tipo, tamaños y sabores, pero a la vez iguales: todas apestan a abusos de poder.

Debo confesar que lo que más me ha provocado coraje es conocer el nivel de abandono en el que los gobiernos anteriores tenían a la ciudadanía. ¿Qué hacían los gobiernos anteriores? Pero no me voy a desgastar en culparles, más bien quiero hacer una reflexión sobre lo que nos toca a sociedad civil y funcionarios públicos entrantes. 

Como Regidora de Monterrey es parte de mi deber escuchar, recibir quejas y reportes de mis vecinos y demás ciudadanos. “Esta luminaria tiene más de dos años apagada”, me dicen con frecuencia.

Lo mismo con baches, basura, falta de mantenimiento en parques y demás situaciones que escucho a diario y que la gente normalizó que estuvieran en mal estado por meses y hasta por años.

En estas dos semanas que he dado seguimiento a algunos reportes, mismos que los compañeros de Servicios Públicos han resuelto de inmediato para sorpresa de los vecinos.

Poquito a poco vemos que la gente se ha ido animando a denunciar el abandono de los espacios públicos y a pedir soluciones. Como que quieren confiar, pero no quieren hacerse ilusiones.

 Se entiende. Toda la vida las autoridades nos han decepcionado.

Creo que es un momento histórico para que las personas que vivimos en Nuevo León consideremos dar un salto de confianza para con las nuevas autoridades. Sabemos que no es fácil, pero debemos de hacer un borrón y cuenta nueva de ambas partes.

¿Cómo hacemos este borrón y cuenta nueva? 

Para levantar a nuestra comunidad nos necesitamos todos. Acudan a nosotros: reporten abusos de poder, reporten baches, reporten basura, reporten corrupción tanto a nivel municipal, como a nivel estatal. Todo. Sean nuestros ojos.

Dejemos todos a un lado la apatía, el hastío. Nuestro compromiso será actuar diligentemente.

Unidos podemos cambiar el rumbo de Nuevo León, de Monterrey, de San Pedro, de todos lados, pero la ciudadanía tiene que apoyar con su voz porque ningún gobierno puede solo.

¿Qué está pasando con las materias primas?

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A nivel mundial los inversionistas y los grandes bancos cada vez se encuentran apostando más hacia las energías renovables y un impulso global que se tiene para reducir las emisiones de carbono y ante esto las expectativas que se tienen no son favorables para los procesos de producción de los productos básicos, analistas esperan que estos cambios eleven los precios de las materias primas desde el aluminio hasta el gas natural. 

Adicionalmente, recientemente se ha visto un incremento en los precios del gas natural en la región asiática y en el Reino Unido. Diversos analistas del sector mencionan que después de un verano con temperaturas récord, seguido de lo que será uno de los inviernos más fríos y una recuperación económica con un gran ritmo estos son factores que han hecho que los contratos de futuros estén en sus niveles máximos de la última década. 

Empresas como Exxon Mobil y Chevron se han encontrado con inversionistas que mantienen la presión en ellas para minimizar el daño ambiental que estas generan, dentro de estas acciones una de las principales es la limitación en el gasto que se tiene destinado para la producción. También, el reciente incremento de inversiones por parte de fondos en empresas con un gobierno corporativo igualitario y en empresas socialmente responsables ha impulsado los flujos de dinero en empresas que cumplen con estos parámetros. 

Por ejemplo, este año un inversionista enfocado en el cambio climático hizo una campaña para poder estar en la junta directiva de Exxon Mobil y presionar desde adentro. Este movimiento prendió las alertas en las empresas enfocadas en las materias primas para acelerar sus objetivos climáticos. 

En lo anterior se refleja como el gasto en exploración y producción se estuvo disminuyendo en los años anteriores hasta el 2020; sin embargo, para los años siguientes se espera que esto vaya en aumento debido a la demanda. Además, que las disrupciones como el incremento de temperatura en el verano o el covid-19 han hecho que se disparen los precios de las materias primas y en consecuencia el reflejo de esta ansiedad por parte de los consumidores es la inflación elevada. 

Ahora bien, con este aumento en los productos y servicios los índices que siguen el comportamiento de las materias primas se encuentran en camino a tener su mejor año registrado en las últimas 3 décadas, de acuerdo con información por parte de FactSet. Un ejemplo de esto es el precio por galón de gasolina en los Estados Unidos que se encuentra en los $3.20 dólares. 

En cuanto al gas natural, este es usado para la generación de la energía que utilizan las casas en invierno y recientemente los precios se han disparado llevándolo a colocarse arriba de la banda de los $5 dólares por millón de unidades métricas, ante esto diversos especialistas han mencionado que los precios podrían incrementarse aún más si la temperatura sigue en descenso y esto ocasiona una subida en la demanda. 

A estas tendencias también se suman los metales industriales como los que se ven involucrados en la manufactura de los vehículos eléctricos y en la construcción de casas. La volatilidad que han tenido los contratos de futuros se debe al desabasto por la alta demanda, de tal manera que el gobierno de China ordenó a las empresas, que tienen una participación del gobierno, a proteger los suministros del energético. 

Posteriormente el gobierno de Rusia mencionó que su empresa Gazprom elevaría sus exportaciones hasta por un 10% para su mercado asiático y europeo, mejorando así las proyecciones estimadas. 

Uno de los países que se encuentran beneficiándose de estos precios y del incremento de las demandas de Gas Natural Liquido es Qatar, quien es el mayor exportador. Es así que la empresa Qatar Petroleum hizo un encargo por cuatro mega buques de tanques de gas por un valor aproximado a los $762 millones de dólares a medida que la demanda continúa en incremento y se espera que se mantenga al menos durante la siguiente década. 

El mercado mundial de GNL se contrajo significativamente el último mes debido a la escasez de gas y carbón en partes de Europa y Asia. El ministro de energía de Qatar, Saad Al-Kaabi, dijo el mes pasado que la demanda era “enorme” y que “no podemos atender a todos”.

El cobre, por ejemplo, alcanzo su precio más alto en mayo debido a los retrasos en la entrega de este elemento. La razón de esto es nuevamente las restricciones que están tendiendo las empresas mineras para poder continuar con la producción debido a la gran cantidad de energía y agua que se requiere para la manufactura. A este factor se suman las demandas por parte de habitantes de las comunidades donde se encuentran las plantas por la contaminación al medio ambiente, los analistas mencionan que esta presión que tienen las empresas ha sido sin precedentes en la actualidad y el panorama no se ve tan alentador, dado que los inversionistas mantienen sus expectativas en empresas que utilizan ciclos de reutilización de materiales y procesos más eficientes y sustentables. 

En el caso de algunas materias primas, “estás legítimamente al borde de no tener suficiente”, dijo Rory Johnston, un execonomista bancario que ahora escribe un boletín sobre materias primas. “Es frágil y cada vez más difícil pronosticar los resultados”.

En resumen, la tendencia en el incremento de los precios de las materias primas continúa en aumento y con ellos las demandas por parte de los inversionistas para que los procesos sean más alineados a los objetivos que se tienen en la agenda 2030. Aunque para muchos analistas estos niveles no son sostenibles, los manejadores de activos mantienen sus posiciones y predicciones al alza. Es así que el área de riesgo de crédito (de las instituciones financieras) ha puesto una alerta especial en los prestamos para la compra de futuros de materias primas debido a la cantidad de flujos de dinero que se están moviendo. Por el momento el panorama es incierto. 

Esperando como siempre que sea de su interés. 

Sebastián es asesor financiero y co-fundador de Dannum Capital, firma enfocada en la asesoría bursátil y patrimonial. En Dannum Sebastián tiene como responsabilidad el seguimiento e implementación de estrategias de inversión. Egresado de Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey además de contar con estudios en estadística aplicada y administración de portafolios por la UANL. 

Malas Decisiones.

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Los Gobernantes de México a lo largo de la historia han demostrado su incapacidad para prepararse ante escenarios adversos, tal es el caso del desabasto de combustible sufrido en diciembre de 2018.

A inicios del mandato de López Obrador, se vivió un escenario caótico, toda la República Mexicana quedo sin suministro de gasolina, lo que dejo a millones de personas sin poder trasladarse a sus destinos, lo cual detuvo drásticamente la economía del país.

Hoy en día se conoce que esto fue producto de la toma de malas decisiones por el gobierno actual y de la falta de prevención a escenarios similares de los gobiernos anteriores.

Malas decisiones.

En pleno diciembre, mes que históricamente ocupa la mayor demanda de gasolina, el gobierno federal decidió llevar a cabo un plan para combatir el robo de combustible (el huachicoleo).

Impulsado por un sentimiento de justicia nacional, el gobierno federal cerró los ductos que transportan gasolina y en su lugar se comenzó con una distribución por medio de pipas. Lamentablemente el plan no preveía las múltiples terminales de abastecimiento vacías, que ese año había sido de los periodos con mas baja producción en refinerías nacionales y que justamente ese diciembre, se había importado un menor volumen de gasolina del requerido en diciembres previos.

Como lo podrán recordar esta decisión desencadeno en una crisis de desabasto, a la que PEMEX no pudo responder, demostrando una vez más la ineficiencia de esta empresa petrolera.

Factores no Previstos.

Esta mala decisión se sumo a la poca preparación de los gobiernos anteriores, ya que el almacenamiento de combustible se trataba de un tema de menor importancia.

Fue hasta inicios de 2018 que México comenzó a tomar algunas medidas para fortalecer la seguridad energética, en busca de ello se incorporó a la Agencia Internacional de Energía (AIE) y asumió los compromisos que esta requiere, entre los que destaca contar con una reserva de 90 días de combustible para responder a cualquier tipo de emergencia, ante esto el país se encontró con una realidad vergonzosa, pues el almacenamiento con el que se contaba era de únicamente 3 días.

El gobierno de Peña Nieto temblorosamente asumió el compromiso, pero hasta el final de su gobierno no se vio ningún avance significativo.

Fantasmas del Pasado.

El escenario de crisis de diciembre de 2018 parece que no dejo enseñanzas al gobierno de Andrés Manuel, pues una vez más una sequía de combustible es posible.

Hace unos días el Consejo Coordinador Empresarial y expertos en el tema, salieron a advertir que otro desabasto de combustible puede presentarse en los próximos meses, esto a causa de las decisiones políticas que el gobierno federal comenzó a implementar recientemente, como lo es la clausura de terminales privadas de almacenamiento y la obstaculización de importación de gasolinas, si a esto le sumamos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha paralizado el otorgamiento de permisos de almacenamiento o cancelado los que se habían celebrado previos a la administración actual, tenemos nuevamente los elementos idóneos para otra crisis de abastecimiento.

Podemos decir que se tratará de una combinación de factores “no previstos” y “malas decisiones”.

#ElNidoDelGavilán: “Reflexiones entorno a Cuba”

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En los pasados días se han presentado diversas manifestaciones públicas en Cuba, tanto en las calles, como en redes, en prensa, donde se reclaman diversos derechos, se cuestiona al régimen en su legitimidad como continuador de la Revolución y de su sistemática incapacidad para atender los problemas que aquejan a la nación insular específicamente lo concerniente a alimentos, medicinas y la crisis provocada por el COVID-19.

La situación problemática en Cuba no es nueva ni reciente. El actual régimen se ha caracterizado por la represión, por los recortes económicos y por una ausencia de voluntad democrática en la toma de decisiones. Incluso en plena manifestación el régimen ha mostrado poca sensibilidad, ha llamado “contrarevolucionarios” a los manifestantes y abiertamente ha mandado a la policía y el ejército a reprimir en una clara violación de derechos.

Analicemos las distintas visiones del problema. Por un lado, están los extremistas, esos a quienes poco les importan los cubanos. Los extremistas que equiparan al régimen de Díaz Canel con el ideal revolucionario de los 50s y que con melancolía ahistórica intentan justificarlo y del otro lado, los radicales de derecha que niegan el embargo y abogan por el intervencionismo militar norteamericano.

A decir verdad, el análisis es mucho más complejo, más profundo y lejos de respuestas simplistas tan de moda hoy en día. Las y los cubanos tienen un reclamo legítimo, un reclamo que ha estado presente por décadas y que sigue sin ser atendido.

También está la postura del régimen, un gobierno que se aferra al tema del embargo económico de Estados Unidos como bandera para defender sus intereses. En verdad es innegable el daño que ejerce y que, como en cualquier embargo realizado por una potencia económica a un país subdesarrollado, quienes sufren las consecuencias son los más pobres, no la élite. También, intenta acusar a Estados Unidos por agitar las protestas, lo cual sólo deslegitima las inquietudes de la gente y les añade un tinte político. En cualquier caso, el gobierno, en una postura de “autosuficiencia” ha ofrecido poco en materia de soluciones o de diálogo.

Otro lugar común en la prensa internacional es el debate “comunismo [sic]” vs “capitalismo” el cual es bastante estéril y no tiene ningún sentido porque las demandas cubanas van más allá de sistemas económicos, aún contando la incapacidad de la planeación central de la economía cubana y de sus tomadores de decisiones.

Finalmente, está el uso político del tema, por un lado, algunos países, políticos e intelectuales de izquierda han refrendado su apoyo al régimen en una postura simplista, de supuesta coherencia ideológica y carente de autocrítica, en tanto en otros países, como algunos políticos colombianos y chilenos conservadores, en franca hipocresía han llamado al “respeto a la libre manifestación”. Como se ve, la politiquería busca posicionamiento, generar ruido, pero al mismo tiempo, pone en un segundo lugar las necesidades cubanas.

En México, la postura de AMLO ha sido vista como cauta, otros la ven como tibia. Sin embargo, la postura mexicana no puede negar el llamado de apoyo humanitario, claro está, con respeto a la soberanía cubana y lo más importante, buscando que las y los cubanos sean quienes decidan el futuro de su país y no por medio de una invasión militar extranjera. Es decir, la libre autodeterminación de los pueblos, una doctrina históricamente mexicana.

Como ciudadanos mexicanos podemos coadyuvar a exponer las necesidades del pueblo cubano, apoyarles en materia humanitaria y procurando que el gobierno mexicano atienda solicitudes de asilo político en caso de ser necesario.

Esperemos que la situación se ataque en sus causas, que el gobierno cubano por medio del diálogo pueda abrir a mayor participación en la vida pública y ofrezca los cambios tan deseados por la ciudadanía cubana.

Lo dicho, dicho está.

Poder Judicial ¿el enemigo?

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Hace unos cuantos días, desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, se realizó una de las afirmaciones más preocupantes para nuestro Estado de Derecho. El Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, mientras comunicada sobre un operativo en Sonora donde decomisaron 691 kilos de metanfetaminas líquido, mencionó lo siguiente, refiriéndose a este operativo: 

Esta es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, la ayuda no la tenemos de jueces y ministerios públicos (…) tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo a la detención”

Si bien, el comentario pudiera pasar desapercibido por los funcionarios presentes en ese momento de la conferencia, las palabras del Secretario encerraban un tema mucho más profundo: la independencia judicial. Ante el comentario del titular de la Marina, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, emitió un comunicado donde menciona que “los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la constitución y actúan en defensa de los Derechos Humanos de las personas”.  

Esta retórica resulta muy peligrosa en un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho sigue en constante consolidación y asedio. Como bien menciona el Profesor Aníbal Pérez-Liñán: “La forma de gobierno que conocemos como “democracia” en el siglo XXI está fundada en dos instituciones distintivamente modernas, configuradas en el siglo XIX: los partidos políticos, y el control de constitucionalidad. Y son justamente estas dos instituciones las que protegen la democracia, protegiéndose mutuamente”. Cabe mencionar, que el órgano encargado de dicho control de constitucionalidad es el Poder Judicial. Dicho poder tiene un tarea fundamental: ser el encargado de limitar al poder conforme lo que diga la constitución y tratados internacionales. En el concepto y vida de la democracia, los jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras, resuelven conflictos y arbitrariedades. 

El constitucionalismo y la democracia no están peleados entre sí, todo lo contrario, se complementan. No podemos afirmar que en nuestro país tenemos un democracia funcional, sino gozamos de un poder judicial independiente, consiente y responsable. Esto no quiere decir que el poder judicial esté exento de críticas, sin embargo, el actuar de éste no puede estar sujeto o circunscrito a la popularidad o cercanía con los demás poderes, si bien es contrapeso, no es oposición.  Por ello, Arneson define democracia constitucional como “un régimen que se rige según los principios del gobierno democrático y que están determinados por una Constitución que reconoce ciertos derechos de los ciudadanos, los cuales son reforzados por jueces no elegidos y poseen poderes finales de revisión”. 

Desde un análisis comparativo, vemos cómo el seguir dicho camino de ver al poder judicial como un enemigo, lleva al autoritarismo, ejemplo de ello es El Salvador, donde el Presidente Nayib Bukele y su mayoría en el Congreso destituyeron a los Magistrados de la Sala Constitucional y  al Fiscal General de la República. Esta misma situación se repite en países como Guatemala, Hungría, Polonia y Venezuela, los cuales tienen como común denominador la erosión democrática y del estado de derecho . 

Un verdadero gobierno democrático, evitaría una confrontación con elpoder judicial sólo porque no resuelve a su favor, ya que eso dejaría en evidencia que lo que quiere es sumisión o control, pero tampoco se puede exigir que el poder judicial inicie otra confrontación con el poder ejecutivo o legislativo, dado que sólo se mantiene en la dinámica de pesos y contrapesos. Como bien escribió el Ministro Presidente Arturo Zaldívar: La función judicial no puede ser valorada en estos términos. La independencia judicial no descansa en el sentido de los fallos, sino en que las resoluciones sean dictadas con autonomía y libertad, con base en razones públicas legítimas y persuasivas. Es en el campo de los argumentos robustos y de la evidencia clara que la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles, de las que son arbitrarias“.

Lo que está en riesgo en el caso Tamaulipas

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El asunto del gobernador Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, será en el futuro uno de los estudios de caso que el profesorado de derecho constitucional utilice con las y los alumnos de derecho. Pero también, peligrosa y tristemente, podría ser un hecho más que confirme el debilitmamiento de nuestra aún joven democracia. En estas líneas trataré de presentar lo que la sociedad mexicana se juega en el caso Tamaulipas.

La pregunta clave a resolver desde la perspectiva jurídica es si el gobernador cuenta aún con fuero constitucional por delitos federales. Desde mi perspectiva, el Ejecutivo tamaulipeco aún cuenta con la protección constitucional. Primero, porque en la Exposición de Motivos de la reforma constitucional de 1982 en que se adicionó esta porción normativa, expresamente, se señala que si bien la modificación busca evitar la impunidad de las autoridades locales por delitos federales, “con el más absoluto respeto al pacto federal, la declaratoria de procedencia que emitiere la Cámara de Diputados, no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente”. Y, en segundo término, debido a que  en la Ley que regula el procedimiento de la declaratoria de procedencia se aclara cuál es el alcance de la participación de los Congresos Locales: “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Organo Jurisdiccional respectivo”. (Art. 28 Ley Federal de los Servidores Públicos).

¿Por qué entonces tanta confusión de parte de ciertas autoridades y actores políticos? Es en esta parte en donde se inscribe lo que está en juego para nuestra democracia constitucional.

En primer término, está en juego el papel de un órgano constitucionalmente autónomo (OCA) y el nivel de control que tiene sobre sus decisiones el Ejecutivo en turno. En México, los OCA nacieron justamente para controlar la partidización y el uso faccioso del poder de parte del Presidente de la República. Más aún, la autonomía de la Fiscalía General de la República debería ser un dique a las investigaciones penales con fines políticos. En este sentido, el fuero constitucional que sirve para proteger a ciertos funcionarios públicos “de eventuales acusaciones sin fundamento (…)” (P./J. 37/96), sólo podrá eliminarse completamente y recuperarse la igualdad procesal entre la ciudadanía, servidores públicos o no, cuando la Fiscalía dé prueba de su autonomía frente al poder presidencial. Si ni siquiera las personas con fuero constitucional están a salvo de la partidización de una investigación criminal, menos lo estarán activistas sociales, defensoras de derechos humanos, etc. Este caso, por tanto, representa el grave riesgo de perpetuar las investigaciones criminales con fines políticos, lo que puede significar una fractura más que acelere la erosión de la democracia en México.

Por otra parte, también nos jugamos la destrucción, en los hechos, del federalismo mexicano. Aunque las reformas y la práctica mexicana consoliden cada vez más un modelo centralizador de federalismo, continuamos siendo una República federal acorde a nuestra decisión soberana expresada en el artículo 40 constitucional, y seguíamos teniendo expresiones de diversidad política y social desde los estados, como fue la Alianza Federalista hace unos meses. Estas acciones persecutorias basadas en una interpretación errónea de la Constitución muy probablemente inhibirán el disenso y la creatividad local. Puesto en otros términos, por efecto del ejercicio ilegítimo del poder de la autoridad federal, cada vez más se privilegiará la unidad impuesta desde el centro y se debilitará la diversidad creada desde la periferia. Dicho efecto inhibiría el cumplimiento de la responsabilidad de las entidades federativas, como afirmó la Corte, “de hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida y ampliar los derechos de los ciudadanos que se encuentren dentro de su territorio o jurisdicción” (Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas). Con ello, se cambiará el ideal de una coordinación eficiente fundada en el derecho, como en los más modernos federalismos, por la imposición arbitraria sustentada en el temor de una investigación penal o de la declaración de suspensión de poderes.

Finalmente, un riesgo más que podemos derivar del caso Tamaulipas es la afectación a la supremacía constitucional y a una cultura en la que se respete la Constitución porque se conoce y se valora su fuerza normativa para regular los conflictos. En primer término, claro, desde una perspectiva del alcance del artículo 133 constitucional de tener en nuestra constitución a la Ley Suprema, lo que se confirma con la obligación de todas las personas servidoras públicas de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya antes he dicho que para mí la interpretación del artículo 111 constitucional (párrafo quinto) debe privilegiar la participación de los Congresos estatales. De hecho, en el caso del desafuero de AMLO como Jefe de Gobierno la SCJN interpretó que, con relación a este párrafo del 111 constitucional, la decisión de la Cámara tiene un efecto meramente declarativo (Controversia Constitucional 24/2005). Y, desde este mirador, si desde las autoridades nacionales se desconoce el valor de la Constitución como límite al poder y como protección de derechos y libertades, el efecto anti pedagógico en la cultura constitucional del país es enorme. En realidad, el problema constitucional está resuelto. Lo que no está resuelto es el intento de ignorar la voluntad expresada por el Poder reformador de la Constitución en 1982 y, también, de hacer a un lado criterios o precedentes del máximo órgano judicial en el país. La consecuencia, desde mi perspectiva, será el forzar una interpretación de las normas según convenga y, con ello, puntualizar aún más que nuestra máxima Ley no sea respetada ni valorada por las personas.

Como puede verse, no es el destino del Gobernador de Tamaulipas lo que me preocupa. En cierto sentido, tampoco estoy preocupado porque pueda evadirse a la justicia; ya lo dijo el Ministro González Alcántar, “existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”. 

Lo que debe preocuparnos es que está en juego la supremacía constitucional y la cultura de cumplimiento de las normas. También, que está en riesgo el federalismo como expresión de la diversidad creativa que, dentro del conflicto reglado, coopere con la Federación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y, por último, debemos reflexionar que está en juego el acotar un poder presidencial que nos tardamos muchos años en limitar legítima e institucionalmente. En suma, desde mi punto de vista, está en riesgo la estabilidad democrática del país.