La comunidad salva vidas

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La pandemia nos vino a recordar muchas cosas, pero hay un hecho que destaca: el poder curativo de vivir en comunidad con los espacios públicos que compartimos.

El aislamiento fue letal para la salud mental: alzas en el número de suicidios en todos los países, Estados Unidos registró un pico histórico en muertes por sobredosis de drogas con más de 100 mil víctimas en el último año; México es el país con mayor índice de ansiedad de los países que conforman la OCDE, el abuso de alcohol y de sustancias en nuestro país también se incrementó de manera exponencial. 

Y la lista puede seguir. 

Ante este panorama, como sociedad, hemos revalorizado el poder que tiene la conexión humana y la libertad de disfrutar de nuestros espacios públicos. 

Ahora la construcción y mantenimiento de estos espacios, llámense parques, ciclovías, centros deportivos, centros para las artes, escuelas, centros comunitarios, entre otros, son prioridad para los gobiernos de todos los niveles porque resulta que son básicos para nuestro bienestar integral.

Hace 10 años quién hubiera pensado que un parque puede salvar una vida, que en la realidad del Covid los exteriores serían el lugar más seguro, que no es el individualismo lo que nos va a salvar, sino la cohesión social. 

Por eso, es preciso que los gobiernos desde lo local actúen en consecuencia. Y algunos como San Pedro lo han hecho con su inversión en calles y banquetas.

Resulta por demás ridículo las voces que se oponen a la Vía Libre, la ciclovía en este municipio porque se niegan al cambio. Se rehúsan a aceptar que esta es la nueva realidad necesaria para nuestra supervivencia.

Hay que subir el nivel y construir más espacios compartidos, despojarnos de nuestros egoísmos, porque solamente el amor a la comunidad y el actuar en pro del bien común nos va a salvar como humanidad. 

Secretaría de Hacienda difiere de OCDE: México crecerá 6.5% asegura

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Este lunes, el subsecretario de hacienda, Gabriel Yorio, aseguró que México crecerá este año alrededor de un 6.5% y recuperará los niveles que tenía antes de la pandemia de coronavirus antes de lo esperado.

La declaración del funcionario se da tras participar en un panel sobre perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Nuestros modelos indican que México crecerá alrededor del 6.5% y la recuperación de los niveles prepandemia será antes de lo esperado“, aseguró en su cuenta de Twitter.

El Gobierno mexicano había estimado a finales de marzo en los precriterios de políticas económica presentados al Congreso que la economía local mostraría durante 2021 una expansión de 5.3% y que retomaría los niveles prepandemia en 2022.

México fue una de las economías más golpeadas de Latinoamérica, sufrió una contracción de 8.5% en 2020, la peor caída desde la Gran Depresión, y ante el impulso de recuperación económica de los Estados Unidos, analistas han mejorado sus pronósticos.

Con información de El Economista

México debe acelerar la vacunación para la recuperación económica: OCDE

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La aceleración en la campaña de vacunación contra COVID-19 es fundamental para revitalizar la recuperación económica de México, que crecerá 5 por ciento en 2021 y 3.2 por ciento en 2022, según estimaciones de la OCDE.

En su informe semestral de Perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apuntó unas previsiones para la economía mexicana similares a lo pronosticado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana que son de 5.3 por ciento para este año y de 3.6 por ciento en 2022.

El documento destaca que el incremento de las exportaciones manufactureras respaldará el crecimiento beneficiándose de la fuerte recuperación y el apoyo de las políticas en Estados Unidos, mientras que el consumo privado se fortalecerá gradualmente, ayudado por las remesas y el despliegue de vacunas.

La OCDE señaló que la inflación aumentó en la primera mitad de 2021 debido al incremento de los precios de la energía, pero se espera que disminuya en medio de una gran capacidad disponible.

Además, destacó que la pobreza, las desigualdades y las brechas de género “se han ampliado nuevamente” debido a la pandemia.

Vacunación, fundamental

Sobre la campaña de vacunación para revitalizar la recuperación económica de México, la OCDE dijo que se está realizando un esfuerzo gradual que es necesario acelerarlo.

Expuso que el número de nuevos contagios por el coronavirus ha tenido una tendencia decreciente desde mediados de febrero y las restricciones de movilidad se han reducido en varios estados.

Hasta este fin de semana, México acumulaba más de 223 mil decesos y poco más 2.4 millones de casos y la proporción de la población actualmente vacunada es menor que en otros países de la OCDE.

Según la OCDE, la prudencia fiscal de los últimos años, al no aumentar impuestos, y la rigurosa gestión de la deuda pública brindan a México espacio adicional para un apoyo fiscal temporal dirigido a las personas y empresas más afectadas por la pandemia.

Recuperación económica

Sobre el crecimiento de 5 por ciento en 2021, la OCDE dijo que en la primera mitad del año se deberá principalmente a las exportaciones, mientras que en la segunda mitad y en 2022, con una mayor participación de la población vacunada y la mejora gradual del mercado laboral, “el consumo interno también se fortalecerá y se convertirá en un motor clave de crecimiento”.

Además, la inversión también se recuperará, en parte gracias a los proyectos de infraestructura planificados.

La OCDE alertó que en caso de un aumento significativo de contagios de COVID-19 “sería necesario el restablecimiento de las medidas de contención, lo que obstaculizaría la actividad económica”.

El informe agrega que la volatilidad financiera en economías de mercados emergentes “puede desencadenar una mayor aversión al riesgo global, reducir las entradas financieras netas y aumentar los costos de financiamiento de México”.

Hasta ahora, dijo que el tipo de cambio flexible “está ayudando a la economía a absorber los choques externos, con un respaldo adicional proporcionado por amplias reservas internacionales, líneas swap en dólares estadounidenses y líneas de crédito precautorias.

Lo positivo, indicó la OCDE, es que si la recuperación de los socios comerciales es más fuerte de lo previsto, “las exportaciones y la creación de empleo podrían ser más sólidas”.

La integración de la cadena de suministro podría profundizarse aún más gracias al Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entró en vigor en julio de 2020.

(Fuente: EFE)

OCDE expresa preocupación por posible suspensión de la prueba PISA

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostró preocupación este domingo sobre una posible suspensión en México de la aplicación de la prueba estándar del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), información difundida en medios locales.

En un comunicado, la OCDE señaló que “no ha recibido ninguna información a este respecto y desde su introducción en 2000, ningún país de la OCDE se ha retirado de la prueba PISA”.

Además, destacó que México “ha sido uno de los pioneros en PISA, participando activamente en el desarrollo e implementación de este estándar global” de éxito educativo desde que se implementó por primera vez en el año 2000.

El sábado, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que México suspendió la aplicación de la prueba PISA para estudiantes de secundaria y dijo que “no está claro si esto implica la salida total del programa” que es parte de la OCDE.

Indicó que un funcionario de PISA en París confirmó a la organización que la participación de México en PISA “está suspendida y que hasta donde tienen conocimiento no se están aplicando las pruebas de campo.

“Entendemos que el involucramiento de México en PISA está suspendido (…) No hemos podido conocer detalles en los últimos dos meses”, dijo Tue Halgreen, analista senior de las oficinas centrales de PISA en Francia, en un correo electrónico enviado a MCCI.

En su comunicado, la OCDE dijo que durante estos años la prueba PISA “ha arrojado información invaluable sobre la calidad y la equidad de la educación en México” y quizá de manera más importante, ha enfocado la atención pública sobre “la urgencia de mejorar las oportunidades educativas de las comunidades más marginadas”.

La OCDE dijo que mientras la pandemia “erosiona la educación y profundiza gravemente las múltiples deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos en el mundo”, este tipo de información se ha vuelto más crucial para asegurarse de que el futuro de los estudiantes y profesores no se vea comprometido, particularmente de aquellos que viven en mayor marginalidad.

Destacó que la siguiente ronda de la prueba PISA incluirá a los 37 países que integran a la OCDE y a una cifra sin precedentes de 50 países y economías que no son miembros, además de 25 en proceso de preparación para la siguiente prueba.

Es decir, que 112 países y economías del mundo se han comprometido con el propósito común de la prueba PISA. Con excepción de Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, todos los países de América participan o se preparan para participar en PISA.

El último informe de PISA 2018 ubicó a México en los últimos lugares entre los países de la OCDE y de acuerdo con los resultados, la mitad de los estudiantes mexicanos no alcanza niveles suficientes para desenvolverse en la sociedad: el 45 % no logra los aprendizajes suficientes en lectura, un 56 % en matemáticas y un 47 % en ciencias.

(Con información de EFE y López-Dóriga Digital)

Nuevo León 21: derecho a la ciudad

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En los espacios anteriores de esta columna de opinión hemos hablado sobre la importancia de las próximas elecciones en Nuevo León, debido a que el contexto actual representa una gran oportunidad para transitar hacia un Estado que sea más sostenible y resiliente. 

Un tema toral para el futuro de Nuevo León es el que tiene que ver con el desarrollo urbano. En los últimos años, la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) se ha convertido en un espacio urbano de gran insostenibilidad en términos sociales, ambientales y de movilidad. Las y los candidatos deben ser sensibles ante esta realidad y proactivos, proponiendo soluciones creativas y factibles que puedan conducirnos hacia una Zona Metropolitana con mayor bienestar para toda su población.

Uno de los principales retos que enfrenta la ZMM se relaciona con el crecimiento de la mancha urbana. De acuerdo con la OCDE (con base en datos del INEGI), la zona periférica de Monterrey se ha vuelto más densa en un 40% entre 2000 y 2010, mientras que la zona céntrica se ha despoblado en un 15%, durante el mismo período (CONL, 2016). 

Esto va en contra de la sostenibilidad de la Zona Metropolitana ya que, una de las condiciones necesarias para que una ciudad sea sostenible es que esta tenga un desarrollo urbano compacto y no disperso, como lo muestra la tendencia en Monterrey. A su vez, esto afecta directamente la vida de las y los neoloneses debido a que, al haber una organización urbana dispersa, las distancias se alargan, los tiempos de viaje se incrementan, el uso de medios de transporte motorizados se intensifica y la calidad del aire se deteriora aún más. 

Por ejemplo, de acuerdo con los resultados de la encuesta Cómo Vamos Nuevo León 2019, el lugar de trabajo es uno de los sitios menos cercanos a la vivienda. San Nicolás y San Pedro son los únicos municipios con mayor accesibilidad a comercios y servicios. 

Existen casos ejemplares alrededor del mundo sobre los beneficios de un desarrollo urbano compacto y con mayor densidad poblacional. Cabe mencionar que este tipo de desarrollo se traduce en un aumento en la productividad y eficiencia del gasto público, al ser este más concentrado; asimismo, se acortan los tiempos de viaje y se promueve el uso de medios de transporte no motorizados, lo cual tiene un impacto directo en la mejora de la salud pública y la calidad del aire (CONL, 2016).  

Además de ser compacto, el desarrollo urbano de Nuevo León debe de tener una perspectiva de Derecho a la Ciudad. Este tipo de derecho implica que todas las personas, sin discriminación de género, edad, condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual, tienen derecho a disfrutar de todos los beneficios de la ciudad (Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2004). 

Sería bueno preguntarnos, en Monterrey y su Zona Metropolitana, ¿quiénes tienen su derecho a la ciudad garantizado?… Es interesante ver lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres. De acuerdo con el trabajo de Zúñiga Elizalde (2014), la configuración espacial y social de las ciudades afectan el derecho a la ciudad de las mujeres debido a que, en la mayoría de las ocasiones, los espacios públicos propician la violencia verbal y/o física hacia ellas. 

Si las mujeres, para hacer uso de la ciudad, tienen que hacerlo de forma privada y/o dependiente, porque para viajar deben hacerlo preferiblemente en automóvil o si es en transporte público deben hacerlo acompañadas de alguien más, de preferencia un familiar masculino, ¿realmente es garantizado su derecho a la ciudad? 

¿Qué pasa con las y los migrantes? Quienes arriesgan sus vidas en una Zona Metropolitana repleta de calles y avenidas diseñadas principalmente para los automóviles. 

¿Realmente existe el derecho a la ciudad en la ZMM?  

Instagram/Twitter @toniuniversal 

Prevé OCDE caída de 9.2% en economía de México

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La economía mexicana sufrirá este año una caída del 9.2 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) debido a la pandemia, con una recuperación “moderada e incierta” del 3.6 % en 2021, señaló este martes la OCDE.

En su informe semestral sobre perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó que México está sufriendo “aumentos significativos en pobreza, desigualdad y brecha de género” por culpa de la pandemia.

El organismo pidió que la políticas macroeconómicas deben “impulsar la recuperación” con medidas fiscales, por ejemplo con ayudas a los trabajadores y empresas más afectados, ya que la “prudencia fiscal” de los pasados años creó un margen para emplear ahora.

Explicó que la recuperación estará impulsada por el sector exterior y las “robustas” perspectivas de las exportaciones del sector manufacturero, muy vinculado al mercado estadounidense, como la fabricación de automóviles.

La construcción también comenzó a recuperarse, aunque los servicios y el comercio minorista siguen con una actividad un 10 por ciento inferior a la de febrero de este año.

Las exportaciones se recuperaron, impulsadas por el empuje en los Estados Unidos y también mejoró el mercado de trabajo, sobre todo en la industria, ya que en servicios y hostelería los empleos siguen cayendo.

Sin embargo, esa recuperación en el empleo aún no llegó por igual a las mujeres.

A pesar de la mejoría moderada, la organización recalcó que la recuperación afronta una “muy alta incertidumbre” debido al riesgo de un empeoramiento de la pandemia, agravada por la temporada de la gripe.

En ese caso, se deberían aplicar de nuevo restricciones de movilidad que dañarían el desempeño económico.

La OCDE recordó que México es uno de los países miembros con más muertes por la pandemia, aunque apuntó que la reasignación de recursos permitió la contratación de 50 mil trabajadores sanitarios adicionales y la compra de vacunas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió ayer lunes de que “el ritmo de incremento de casos y muertes de Covid-19 en México es muy preocupante”, por lo que pidió al país que sea “muy serio” en su gestión.

México, con más de 105 mil muertes y casi un millón 115 mil contagios, ocupa el cuarto lugar mundial en decesos producidos por la enfermedad, según el recuento de la universidad Johns Hopkins, solo por detrás de EU, Brasil e India.

Por ello, la OCDE en su informe advirtió del riesgo de que la aversión al riesgo pueda reducir los flujos financieros a las economías emergentes y aumentar los costes del endeudamiento mexicano.

También es posible que nuevos problemas en el comercio internacional afecten a las exportaciones del país.

En el lado opuesto, si la pandemia no se agrava y los socios comerciales de México continúan su mejoría, la creación de empleos y las exportaciones serán mejores de lo anticipado.

Las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda alertaron de una caída del PIB del 8 por ciento para este año, con una recuperación del 4.6 por ciento el próximo, mientras que el Banco de México calculó una contracción del 8.9 por ciento en 2020.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un desplome del PIB mexicano del 9 por ciento durante este año.

La austeridad no es suficiente para impulsar la recuperación económica en México

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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

En abril el presidente López Obrador publicó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19 que consiste en aumentar el presupuesto de diversos programas y proyectos prioritarios, hasta por 622,556 millones de pesos adicionales a través de recortes al gasto operativo del gobierno. 

Sin embargo, según estudios durante este año los ingresos totales del gobierno caerían hasta 648,000 millones de pesos.

Para que el Estado mexicano pueda implementar un plan de reactivación económica robusto, que tenga por objetivo evitar la mayor pérdida masiva de empleos y detener la caída de los ingresos de las familias, será necesario encontrar fuentes extraordinarias de ingresos.

De acuerdo a un análisis publicado en la revista Nexos, si el gobierno no reacciona en tiempo y forma, la incidencia de las tasas de pobreza podrían llegar a niveles no observados desde hace más de 20 años.

Especialistas económicos señalan que si bien los programas sociales implementados por el gobierno son necesarios, no serán suficientes para afrontar la caída en ingresos y el aumento de la pobreza por venir.

Dependiendo del conjunto de medidas seleccionadas, los requerimientos presupuestales para afrontar a la crisis podrían variar entre 1 y 3% del PIB.

De acuerdo a los especialistas es imposible afirmar que la austeridad republicana sea suficiente para blindar el presupuesto de los 38 programas y proyectos prioritarios, ya que apenas podría contrarrestar la caída por ingresos tributarios. 

Para preservar el nivel de empleo y evitar el incremento de la pobreza, existen dos opciones complementarias: contraer mayor deuda pública y cobrar más impuestos a quienes tienen mayores ingresos.

Un endeudamiento que se dirija en favor de las personas más afectadas por esta crisis: las que se encuentran en pobreza y en peligro de caer en ella por desempleo.

Reducir los privilegios fiscales y se implementen políticas tributarias que graven, directa o indirectamente, la riqueza de las personas de mayores recursos.

Es lógico que se busque eficiencia en el gasto público y se eviten dispendios innecesarios. Sin embargo, mermar la capacidad operativa del aparato estatal puede resultar contraproducente tanto para la gestión pública como para la capacidad del Estado de responder a la emergencia, en particular hacia las personas más vulnerables.

El Presidente López Obrador parece estar limitado por la línea que ha mantenido desde hace años respecto a que no es necesario crear nuevos impuestos en México.

La evidencia apunta a lo contrario: México es uno de los países de la OCDE que menos porcentaje de su PIB recauda, además de tener a gran parte de la población en la economía informal. Las afectaciones a las finanzas públicas provocadas por la pandemia solo lo han hecho más evidente.

Una reforma fiscal progresiva que amplíe la base gravable y cobre una cantidad justa de impuestos a las personas y corporaciones que más ingresos generan, así como a las herencias, sería un camino lógico, pero con evidentes costos políticos de impulsar.

Aún en este contexto de emergencia, el gobierno federal hasta ahora no ha apoyado la propuesta de un Ingreso Vital de Emergencia. Esta política se ha aplicado en diversos países como parte de las estrategias para mitigar las afectaciones socioeconómicas de la pandemia.

No se trata de eliminar los programas de apoyo existentes del gobierno de López Obrador, sino de complementarlos con políticas diseñadas específicamente para esta emergencia.

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.

OCDE prevé que PIB de México caiga hasta 8.6%

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Ante la pandemia de coronavirus y su importante impacto en la economía en México, el PIB caería un 7.5 por ciento este año, así lo señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sin embargo, podría haber un desplome de un 8.6 por ciento en caso de que se registre una nueva ola de la enfermedad, de acuerdo al organismo.

De acuerdo al informe semestral de perspectivas de la OCDE, publicado este miércoles, la recuperación mexicana el año próximo sería débil, con una subida del 2 por ciento si repunta el Covid-19, o del 3 por ciento si eso no sucede.

En ambos casos, el PIB se mantendrá a finales de 2021 por debajo del registrado en 2019, porque el turismo y la exportación necesitarán tiempo para recuperar sus niveles anteriores a la crisis, lo que tendrá un impacto particularmente negativo en los sectores más vulnerables de la población.

Dada la gravedad de la recesión, la OCDE estima que el Gobierno debe incrementar las medidas de apoyo fiscal ya adoptadas, pese al escaso margen que posee, porque eso favorecerá la recuperación. Siendo que su objetivo deben ser los trabajadores más afectados, tanto fijos como eventuales, y el apoyo a empresas amenazadas de cierre.

México perdió medio millón de empleos fijos en el primer trimestre, más de los creados en todo el año anterior; inclusive,  los ingresos por turismo se derrumbaron y las inversiones se refugiaron en valores seguros, además de que el peso sufrió una importante depreciación.

Se argumenta que la tasa de desempleo se situará en el 7 por ciento en 2020, un máximo histórico en el país, y aumentará la precariedad laboral, mientras que la deuda pública superará el 55 por ciento del PIB.

El organismo también señala que el Gobierno adoptó medidas adecuadas de sustento a la economía, al incrementar el gasto sanitario y adelantar subsidios y pensiones, lo que contribuyó a reducir el impacto económico de la crisis.

La recuperación dependerá en buena medida de lo que suceda en el vecino del norte, Estados Unidos, por la fuerte dependencia del mercado exterior que tiene la economía mexicana y porque a mediados de este año está previsto que entre en vigor el nuevo acuerdo comercial que también integra a Canadá.

La OCDE recomienda al país que refuerce el sistema sanitario, en previsión de un nuevo rebrote. Ya que considera que el país goza de cierto margen fiscal por las medidas de austeridad adoptadas en el pasado y cree que debe concentrarse en el apoyo a los trabajadores que hayan perdido sus empleos.

Con información de El Norte

Bienestar, ¿de la 4T o de México?

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Dejemos de medir el PIB y enfoquémonos en el bienestar, dice nuestro presidente López Obrador. Convenientemente llega el cambio de paradigma después de más de un año y medio de decisiones económicas e inversiones fallidas.

No sólo se ha realizado una política de austeridad pésimamente implementada, se han violado contratos en repetidas ocasiones afectando la inversión nacional y extranjera. Se insiste en proyectos prioritarios que son obsoletos y perjudiciales para el medio ambiente. Y aunado a todo esto, no hay apoyo real a Micro y Pequeñas empresas en la pandemia a pesar de ser el 99% de nuestra economía formal y dar trabajo al 52.5% de la Población Económicamente Activa. Justo en el 1er trimestre del año cuando se contrae 1.6% el PIB es cuando llega el Bienestar a México.

La palabra de moda en la 4T es bienestar, Secretaría del Bienestar, tarjetas del bienestar, economía del bienestar, políticas que busquen el bienestar, tandas para el bienestar, entre otras tantas políticas, conceptos e ideas. Sobre esta línea se quiere construir la nueva medición del desarrollo de México.

Bienestar es aquel estado de una persona en donde sus condiciones físicas y mentales le producen un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El bienestar que buscamos lo podemos relacionar con nuestras necesidades, primero aquellas básicas para vivir, como seguridad, alimentación, salud y vivienda. Posteriormente hay que tomar en cuenta aquellas necesidades de autorrealización como individuos, tal como justicia, equidad, educación, trabajo, derechos políticos y sociales, entre otros.

López Obrador hoy sale a decir que se está trabajando en el desarrollo de un indicador del bienestar que considere igualdad social, felicidad, crecimiento, y al parecer otros temas que aún no toma en cuenta el Ejecutivo. Además menciona que es un trabajo que vamos a aportar al mundo ya que se medirán otros países con el nuevo indicador mexicano.

Lo que llama la atención es la clara separación de su indicador con todas las mediciones que actualmente existen y tienen años siendo registradas. Para darnos una idea de la cantidad de mediciones, a continuación menciono las que más destacan y son utilizadas a nivel internacional: el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la Iniciativa para una Vida Mejor (Better Life Index) de la OCDE, el Índice de Calidad de Vida de The Economist Intelligence Unit, los Indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial, el Índice de Progreso Real, el Índice de Desarrollo Económico Sostenible, e incluso se tiene el World Happiness Report diseñado por la ONU.

Además de todas las mediciones internacionales aquí en México contamos con el CONEVAL, organismo autónomo que desde 2004 mide la pobreza, el bienestar y el desarrollo en México. Este organismo ha sido reconocido a nivel mundial por su transparencia, innovación y calidad de información recopilada a través de los años para una mejor toma de decisiones. En su momento fue clave al repensar la medición de la pobreza, y se pasó de una medición puramente de ingreso a una multidimensional, donde justamente se consideran los rubros ya mencionados de bienestar. Gracias a estas mediciones a nivel nacional e internacional podemos identificar el avance que se ha logrado en la reducción de pobreza alimentaria y pobreza extrema en las últimas décadas, algo que se puede perder por la falta de apoyo económico en la pandemia.

Indicadores, índices, mediciones, datos, organismos e instituciones sobran, y aún así la 4T quiere diseñar su propio indicador. Y es justo en este momento donde se pierde el valor real del objetivo de bienestar. En lugar de diseñar algo nuevo, ¿no sería mejor tomar en cuenta lo ya existente? Si tenemos a uno de los mejores organismos de medición de la pobreza y desarrollo ¿no es más conveniente apoyarnos de los expertos y lo que ya tenemos para construir algo mejor?

En definitiva contamos con la información y los especialistas para cambiar nuestro paradigma económico. El bienestar nos da un mejor entendimiento de nuestra realidad y del desarrollo que debemos buscar como sociedad e individuos. Enfocarnos en las necesidades básicas y de autorrealización de todos los mexicanos es más importante que conocer si estamos produciendo más o menos.

Pero si se quiere lograr este cambio es necesario un esfuerzo colectivo de sociedad, empresarios y gobierno, se debe de trascender el ámbito político de dimes y diretes para ver los beneficios que se puede dar a la mayoría de los mexicanos. Es necesario que López y la 4T dejen su bandera política y vean que el bienestar no es su creación ni su idea, es lo que nos va a llevar a juntos construir un mejor país.

Para más información de la lucha contra la pobreza en México escuchar capítulo de “Pobreza y Crecimiento Económico” de Kristian con K en Spotify.