IFT informa que niños mexicanos ven hasta 5 horas televisión

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De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la televisión abierta sigue siendo el medio con mayor penetración entre el público infantil mexicano, seguido de internet y la televisión restringida. 

A pesar de que las nuevas tecnologías continúan creciendo entre la niñez mexicana, durante el año pasado aumentó tanto el número de televidentes infantiles como el tiempo en que estos ven programas de la televisión abierta, así lo informó la titular de Medios y Contenidos del IFT, María Lizárraga.

La mañana del viernes, se presentaron los “Estudios sobre oferta y consumo de programación para público infantil, en radio, televisión radiodifundida y restringida” y el “Estudio Cualitativo sobre el Consumo de Radio y Televisión por Adolescentes“, Lizárraga comentó sobre algunos datos sobresalientes.

Se destaca que los programas más vistos se transmiten entre las 21:00 y 22:00 horas, destacando contenidos dramatizados unitarios; además de que los sábados son los días que la niñez mexicana pasa más tiempo frente al televisor.

Con información de Excélsior

Aprueba Senado creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos

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En medio de una intensa polémica, el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos, que hará obligatorio el registro de más de 122 millones de teléfonos celulares en donde los usuarios deberán otorgar datos como su huella dactilar o el iris de su ojo.

Los resultados de la votación para el aval de la reforma generaron cuestionamientos, pues el margen fue muy reducido. 

La bancada mayoritaria aprobó la polémica iniciativa en lo general con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones de los suyos. 

Las bancadas de oposición (PAN, PRD, PRI y MC) acusaron que el registro de los datos es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos. 

También, recordaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha informado que no tendría recursos para manejar el padrón.

Mientras que los morenistas insistieron en que el padrón servirá para inhibir delitos, señaladamente el de la extorsión y el secuestro exprés.

Al respecto, la legisladora blanquiazul, Xóchitl Gálvez, hizo notar que el 60 por ciento de las llamadas de extorsión salen de los penales y no de los mexicanos. 

La intención es buena, pero conlleva el riesgo de crear una red inconstitucional y autoritaria que obliga a quien tenga una línea telefónica celular a registrar sus huellas dactilares y biométricos”, dijo. 

“Es un dictamen anticonstitucional y que atenta contra los derechos humanos. Propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento autoritario”, añadió. 

Por su parte, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza echó en cara a Morena haber renunciado a un modelo de seguridad con democracia. 

“¿Por qué avanzamos en medidas que en realidad generan tensión y un riesgo y amenaza a los derechos humanos?”, cuestionó.

El activista del grupo Ahora aseguró que el padrón no contribuirá a reducir los delitos, amén de que representará un daño irreversible a la privacidad.

Entre los morenistas que se abstuvieron figuran Ifigenia Martínez, Napoleón Gómez Urrutia, Cecilia Sánchez, Eva Galaz y Cora Cecilia Pinedo.

Tras varias horas de discusión, fueron aprobados los artículos reservados del dictamen, sin ningún cambio.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Propone Monreal multas a redes sociales y que IFT autorice su operación

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El senador de Morena, Ricardo Monreal, plantea en su iniciada que busca regular redes sociales que las redes sociales deberán solicitar permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para prestar sus servicios en México.

“Es menester incluir en el marco legal vigente la protección a la libertad de expresión en las redes sociales, para garantizar este derecho y proteger los discursos de los usuarios que se revelan en las mismas, especialmente el discurso político por si estrecha vinculación con el ejercicio de la democracia”, se lee en la iniciativa.

Por otro lado, se plantea la posibilidad, contra las resoluciones que pueda emitir el IFT, de que proceda el juicio de amparo en términos de las leyes vigentes “a efecto de interponer la queja correspondiente, queja que también podrá ser impuesta por el usuario contra la decisión del autorizado cuando niegue el levantamiento de la suspensión o cancelación de la cuenta o eliminación de contenidos”.

Además, el IFT podría multar con un millón de umas (cerca de 89 millones de pesos) por bajar el perfil de algún usuario, “lo anterior ante la imposibilidad de determinar los ingresos acumulables en términos de ISR de las plataformas de las redes criales, aunado a que, lo que se pretende con la sanción, es que sea disuasoria, y para que estos efectos se materialicen, la multa impuesta debe ser significativa”.

El ordenamiento propuesto también establece “la prohibición a los autorizados de usar algoritmos o tecnologías sistematizadas para cancelar cuentas de manera definitiva”.

La legislación deja a salvo las atribuciones constitucionales y legales del INE en materia político-electoral, “para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia”.

El proyecto refiere que derechos fundamentales como la libertad de expresión “no deben ser establecidos por empresas privadas, sino por el órgano democrática encargado de legislar, ya que corresponde únicamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Constitución. En tal sentido, si los derechos humanos han sido un límite a los poderes establecidos, en el mismo sentido, deben serlo respecto de la actuación de los particulares. Por lo tanto, se considera justificado proteger la libertad de expresión en las redes sociales para su ejercicio eficaz, mediante principios establecidos en las leyes, no como obstáculo, sino como herramientas para su potencialización”.

La iniciativa dota al IFT “de las atribuciones necesarias con el fin de que pueda garantizar el ejercicio (del derecho a la libertad de expresión) en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claro a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de cuentas, aportando a la seguridad jurídica de usuario y prestadores de servicio”.

En el documento que propone reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se crea la figura de las autorizaciones para los servicios de redes sociales.

Los términos y condiciones obligarán a los autorizados por el IFT a “incluir un mecanismo,o expedito para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de la suspensión de cuentas o perfiles, la eliminación de contenidos o la cancelación definitiva de cuentas o perfiles”.

El senador morenista dejó en claro que la propuesta de regulación “no pretende ser autoritaria e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales, con respecto a todos los criterios que establece en sus términos y condiciones del servicio, especialmente los aspectos comerciales, pero tampoco debe permanecer indiferente Ane las posibles vulneraciones a la libertad de expresión”, expresó el senador.

“Conforme a ellos, pretende dejar en primera instancia la posibilidad ilidcd de que sea los propietarios de redes sociales junto con sus usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos. Si bien es cierto, algunas redes sociales como Facebook cuentan con ‘Normas Comunitarias’, que establecen un procedimiento interno de quejas en relación con el contenido y su supresión o eliminación, para esta Soberanía resulta necesario que dicho procedimiento se regule en ley, con el fin de que derivado de la determinación de los autorizados proceda un recurso administrativo o judicial, en su caso, esto con el fin de respetar también el derecho humano de acceso a la justicia de los usuarios”, agregó.

“Por lo anterior, se establece que dicho procedimiento interno deberá ser expedito y resolverse en un plazo no mayor a 24 horas y en caso de que el autorizado no resuelva la reclamación en dicho plazo, el usuario podrá acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones a efecto de interponer la queja correspondiente, queja que también podrá ser interpuesta por el usuario contra la decisión del autorizado cuando niegue el levantamiento de la suspensión o cancelación de la cuenta o eliminación de contenidos”, concluyó.

Da AMLO visto bueno a iniciativa para fusionar Cofece, CRE e IFT

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El presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó esta mañana que estaría a favor de la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, al fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Esto luego de señalar que si es para ahorrar, está a favor; al respecto comentó: “Yo conocía de esta iniciativa, hay que recordar que los legisladores obviamente tiene capacidad y facultades para presentar reformar, o iniciativas de ley, no solo es el ejecutivo, ellos presenta iniciativas.”

Este organismo el Ifetel (sic.) me comentan tiene como 40 direcciones, es un aparato burocrático excesivo, pero no es único caso, el instituto de transparencia igual, y en el caso de instituto de transparencia es un presupuesto de más de mil millones de pesos al año.“, agregó.

Concluyó al respecto comentando que: “Nosotros todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien; le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada y todavía se enojan porque no pueden ganar más que el Presidente de la República y ponen amparos y llegaban a ganar más de 600 mil pesos al mes, eran de los mejores pagados en el mundo, era una república simulada“.

Con información de Expansión

Propone Monreal desaparecer al IFT, Cofece y CRE para crear un solo instituto regulador

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El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para crear un sólo instituto.

La propuestas de Monreal busca crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB) ante las condiciones económicas del país.

En el texto que el diputado propuso argumenta que “algunos órganos reguladores del Estado, que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias puedan integrarse en uno solo, disminuyendo así la pesada carga que hoy representa cada uno de ellos para el pueblo de México, sin que eso signifique prevaricar al cumplimiento de las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, propone reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para crear el INMECOB.

El documento otorga al Inmecob la facultad de “garantizar y promover la libre concurrencia y competencia económica en México; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas”.

Monreal destaca en la iniciativa presentada al Senado que la coyuntura de aprietos económicos a la que ha conducido la Covid-19 se presenta como una “oportunidad clara” para llevar a cabo este cambio, ya que la unificación de competencias implicaría una rebaja en los costes para el Estado.

El cálculo del legislador estima un ahorro de 500 millones de pesos anuales (unos 23 millones de dólares) en el presupuesto anual de este nuevo órgano respecto al coste de los tres existentes, un ahorro del 21 %.

La International Chamber of Commerce (ICC) México consideró que la reforma constitucional propuesta por el senador Ricardo Monreal acarrearía más riesgos que los beneficios económicos por los cuales se plantea generar una nueva entidad.

Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México, destaca que el mayor riesgo sería la transformación de estos órganos técnicos en instrumentos políticos, siendo que mucho trabajo y esfuerzo costó darles ese carácter técnico de alta calidad.

La propuesta de Ricardo Monreal ha despertado diversas criticas argumentando que se pretenden destruir más instituciones.

Respecto de la iniciativa de ley presentada por Monreal, el IFT aseguró que no tuvo conocimiento alguno sobre el anteproyecto.

“Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento a nuestro mandato constitucional de promover el desarrollo eficiente de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión, siempre mantendremos una actitud abierta al diálogo con otras instituciones del Estado Mexicano en beneficio de la competencia, los usuarios y las audiencias de nuestro país”, dice un comunicado.

(Fuente: Forbes)

Carlos y Emilio en apuros

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La experiencia nos ha mostrado que los monopolios deterioran la calidad de los productos y permiten a sus participantes elevar los precios de forma discrecional. En México hay dos servicios en particular que han sido prestados por un reducido número de empresas en las últimas décadas teniendo como consecuencia precios altos con calidad baja: el teléfono y la televisión.

Como parte del esfuerzo para derribar los monopolios y propiciar un mercado más competitivo en la industria de Telecomunicaciones, la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció medidas contra el negocio de telefonía fija de Telmex.

Esta resolución anti monopolios consiste en la obligación de Telmex de crear una nueva empresa independiente de la unidad de líneas fijas para poder así ofrecer (compartir) su infraestructura a los competidores. La nueva filial de Telmex deberá contar con administración, personal, marcas, gestiones y sistemas independientes así como órganos de decisión y gobierno corporativo, de acuerdo al IFT.

Hace tres años, en marzo de 2014, tras la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, América Móvil, sociedad controladora de Telmex y Telcel, y Grupo Televisa fue declarada como Agente Económico Preponderante (AEP), es decir empresas que tienen una influencia sustancial en un mercado específico, pudiendo así controlar los precios de sus productos o servicios y obstaculizar la entrada de sus competidores.




En otras palabras, un AEP en el ámbito de telecomunicaciones es quien controle directa o indirectamente más del 50% de los usuarios suscriptores, audiencia, tráfico o capacidad, de acuerdo al Gobierno Federal.

Particularmente en el sector de telecom, aquellas empresas que sean declarados como AEP tendrán que permitir a sus competidores a completar la infraestructura necesaria sin costo adicional para que puedan prestar cobertura nacional. Además no podrán cobrar ninguna tarifa adicional por llamadas a teléfonos de otras compañías.

Para el caso de América Móvil, de Carlos Slim, el reconocimiento como AEP en el sector de telecomunicaciones lo obliga ahora a no cobrar roaming nacional, notificar la tarifa internacional cuando el usuario salga de México, no condicionar la venta de un servicio a la contratación de otros y a publicar claramente las penalizaciones por cancelación anticipada de un contrato, entre otras.

Esta misma etiqueta de preponderancia fue aplicada a Televisa en el sector de radiodifusión, el cual incluye televisión abierta y de paga, obliga al grupo de Azcárraga Jean a cumplir condiciones como el compartir su infraestructura con terceros de forma no exclusiva y hacer públicos los términos y condiciones de sus servicios de transmisión publicitaria.

También se le prohibió la adquisición exclusiva de derechos de transmisión con el fin de que más empresas puedan ofrecer al público eventos como los juegos olímpicos1, mundiales de fútbol, juegos de la selección nacional, entre otros.

Estas acciones por parte del gobierno federal buscan crear las condiciones adecuadas para aumentar la competencia en sectores que por varios años han sido ofrecidos prácticamente por un solo actor en telecomunicaciones y por dos en radiodifusión. De esta manera, la consecuencia de controlar sustancialmente un mercado es que aquel que lo haga recibirá una regulación asimétrica o bien, tendrá que someterse a reglas especiales que lo obliguen a compartir su cuota de mercado para fomentar la competencia, y por ende la calidad de sus productos o servicios.




Ante esto se desprenden ciertas interrogantes como: ¿en cuánto tiempo veremos a un competidor con la misma cuota de mercado que Telcel y Telmex? ¿Cómo afectarán estas reducciones de negocio a las utilidades de América Móvil y de Televisa? ¿Qué estrategia de negocio implementarán Carlos Slim y Emilio Azcárraga para defender sus emporios? Y finalmente, tomando en cuenta las restricciones impuestas por la autoridad a estas empresas y los objetivos de la reforma de telecomunicaciones, la pregunta que como consumidores encontramos más relevante es ¿cuándo podremos gozar de mejores servicios a mejores precios?

Muchos conocemos el calvario que es ir a Telcel a realizar cualquier trámite, lo lento que es el internet en México y lo tedioso que es cancelar tu servicio de televisión por cable. Estas situaciones deben, en teoría, desaparecer en la medida que ingresen más competidores a la industria y exista una verdadera regulación a los servicios prestados por éstos. Ante un mundo cada vez más digital no perdamos de vista en los próximos años los resultados de la reforma de telecomunicaciones.

1 ¿Cómo Carlos Slim adquirió los derechos de transmisión de las Olimpiadas 2016?: http://altavz.com/2016/08/08/jugada-olimpica-de-slim/

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”