Congreso de NL: dos décadas secuestrado

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De todos los actores políticos en Nuevo León los legisladores y los partidos políticos son los peores evaluados en nivel de confianza de acuerdo con la ENCIG del 2017 con 31.4% y 26.6% respectivamente. Sólo 1 de cada 3 y 1 de cada 4 ciudadanos confían en ellos. 

Los diputados locales son actores políticos esenciales para un funcionamiento correcto del gobierno. Son los responsables de establecer las reglas de juego con leyes que aseguren equidad, justicia, transparencia y los derechos de todos los ciudadanos. Deben vigilar el uso correcto de nuestros impuestos y representar los intereses de la ciudadanía. Es necesario entender el impacto que estos actores tienen en nuestras ciudades y nuestro estado para darle la justa relevancia a su trabajo, porque durante estas últimas dos décadas el Congreso ha estado secuestrado por unos cuantos. 

En Nuevo León contamos con 42 diputados, 26 electos en cada distrito y 16 plurinominales que antes eran los mejores perdedores, pero con la reforma electoral del 2017 el PRI y el PAN se encargaron de asegurar más poder para los partidos. Si bien el congreso tiene un costo “decente” comparado con el resto de las entidades, gran parte de nuestros recursos no sabemos en dónde terminan. De los 350 mdp que nos cuestan, alrededor de 70 mdp (20%) son gastados discrecionalmente, sin rendir cuentas. Además, el dinero que reciben no es de acuerdo a la cantidad de votos sino al porcentaje de cada partido, por algo el voto nulo es inútil en nuestro sistema electoral. 

La mejor manera de entender las malas prácticas, falta de resultados, opacidad, acuerdos en lo oscurito y nula rendición de cuentas de los diputados locales es con el caso de las Broncofirmas. En 2018 el Bronco ordenó a funcionarios estatales a recabar firmas para su candidatura presidencial, haciendo uso de recursos públicos para interés propio. Fue tan claro que el Tribunal Electoral Federal (TEPJF) el 21 de junio del 2018 ordenó la imposición de una sanción, siendo el congreso el responsable de estipular qué sanción y cuándo se aplicaría. 

Pasaron dos periodos ordinarios y nada se hizo. El PRI y el PAN teniendo el control del órgano más importante, la COCRI, así como una clara mayoría, decidieron ignorar la resolución del tribunal. Karina Barrón ex panista, ex independiente y ahora en MC turnó a la Comisión Anticorrupción el caso en su momento y ahí quedó. Ahora la comisión presidida por Bonifacio ex Morena y ahora en MC está impulsando su imposición. 

La comisión Anticorrupción compuesta por 4 de MC, 3 del PAN, y un diputado del PRI, PANAL, PT y Morena, debe establecer la sanción que lleva más de un año pendiente. A pesar de esto el PAN no tiene prisa, llevando ahora hasta noviembre el posible desenlace de esta novela, de donde aún se tiene que aprobar la misma en un pleno controlado, como hace dos décadas, por el PAN y el PRI. 

Han sido dos décadas en las que el bipartidismo ha hecho lo que ha querido con nuestro estado. Así como se congelaron las broncofirmas hay un freno total en movilidad, contaminación, corrupción, fiscalización, seguridad, ejecución penal y adolescentes. Sin mencionar la falta de transparencia para las sesiones de pleno y comisiones y la falta de un servicio profesional de carrera.

Lo que no faltó fue la aprobación de la deuda más alta del país de $70,000 mdp, la aprobación de las cuentas de Nati y Medina, los bonos de “desempeño”, la contratación de familiares y el “chaqueterismo” legislativo sin importarles la ciudadanía que votó por ellos.

Esto tiene que cambiar y 2021 es nuestra oportunidad, revisen a sus candidatos, sobretodo a los independientes o de partidos que no han sido parte de llevar a Nuevo León al lugar en el que está, en una crisis política severa, una deuda de $13,300 por persona y siendo la ciudad más contaminada de Latinoamérica. 

Plantean crear comisión para definir sanción al ‘Bronco’

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El Congreso local de Nuevo León analiza crear una comisión especial para definir la sanción al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por desviar recursos públicos del estado para la recolección de firmas para su candidatura presidencial del 2018.

Los coordinadores de las bancadas de Morena y PVEM, Ramiro González e Ivonne Bustos, respectivamente, señalaron que, tras un análisis jurídico del asunto, también se contempla el inicio de un juicio político para sancionar al gobernador, por lo que se requeriría una comisión especial.

“Si tenemos que hacer un juicio político, la ley te marca que tendrías que crear una comisión jurisdiccional para emitir un dictamen. Eso algo que estamos analizando jurídicamente”, dijo González.

Por su parte, Bustos, dijo que la creación de la comisión no significa quitarle a la Comisión Anticorrupción, presidida por el diputado Arturo Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano.

“Revisando el proceso legal eso sería lo que procede. No es por quitarle a Anticorrupción el tema, pero de lo que hemos revisado, correspondería la creación de una comisión dictaminadora”, comentó la diputada del PVEM.

Hasta el momento los legisladores locales no han determinado si la sanción debe aplicarse de manera directa, para lo que se necesitan 22 votos, o si sería vía un juicio político, que requiere de 28 votos.

(Con información de Grupo Reforma)

Desorden legislativo

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El anuncio del ahora expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo sinceramente sorprendió a propios y extraños. El legislador, cuya experiencia y trayectoria son parte de la historia política contemporánea y reciente del país, hoy es vitoreado por muchos debido a la decisión tomada, pues contribuye a respetar los procesos pactados para darle alternancia a la dirección de la Cámara. Este episodio se junta con el reciente encontronazo entre Monreal y Batres en el senado, lo que es prueba fehaciente de una anunciada fragmentación en Morena.

La historia en Diputados es sencilla: Morena intentó dar un revés para forzar a la cámara a ajustar las directrices y mantener a Muñoz Ledo como líder, pero con lo que no contaban los morenistas es que el legislador optara por hacer lo correcto: dejar el cargo y permitir que una nueva votación se lleve a cabo. Dado lo anterior, Xavier Azuara ya no puede presentarse por el cargo, por lo que los panistas ahora optaron por proponer a la legisladora Laura Rojas, diputada por el Edomex y cercana al dirigente nacional, Marko Cortés. Hasta aquí, “todo bien”.

En el Senado, las cosas fueron un tanto diferentes. Los enfrentamientos entre Martí Batres y Ricardo Monreal se convirtieron en una lucha de egos: mientras que uno quiso mantenerse al frente del Senado con el propósito de prepararse para su candidatura en 2024 a la jefatura de gobierno de la CDMX, el otro -haciendo de sus recursos de oratoria y del argot legislativo- frenó a su compañero, dejando claro que él también se prepara para su candidatura en 2024, pero no por la CDMX, sino por “la grande”.El choque de estos pilares del andamiaje institucional morenista es síntoma podría explicarse en el antecedente político de ambos personajes: acostumbrados a que dentro del PRD siempre existieron las “tribus”, es lógico que esta práctica subsista. A tanto llegó el problema que hasta el TEPJF tuvo que salir a apagar fuegos y seguramente la negativa de Batres a volver a competir proviene de un jalón de orejas por parte de Yeidckol Polevnsky, o por qué no, desde más arriba.

Si bien cada caso es diferente, hay dos elementos importantes en común: el intento de mantenerse en el poder a través de mecanismos y triquiñuelas legales (como si el descubrimiento de la “Ley Bonilla” no fuera suficiente) y que el propio partido se ve obligado a rectificar por presiones que vienen desde dentro. Pero si se observan ambos casos en conjunto, por más que Batres y Muñoz Ledo hayan rectificado -el primero a regañadientes y el segundo por honor propio- queda claro que dentro del Legislativo pareciera ser que acontece una lucha “del poder por el poder”, algo que en repetidas ocasiones el presidente niega exista en la 4T.

Que el PES se quede al frente del Senado tiene poco o nada de relevante, salvo el indicativo de que el órgano legislativo no es presidido por Morena. En cambio, que el PAN dirija la Cámara de Diputados sí que tiene una connotación distinta. De manera indirecta, el nombramiento de Rojas pone a Acción Nacional como líder de la oposición; oposición, sí, muy diversa y que ideológicamente no embona y por tanto es muy extraña, pero que da argumentos a los panistas para decir que, al menos ellos, no están “moralmente derrotados”.

¿Qué se necesita para resolver este desorden legislativo? Si la respuesta es “apretar”, dudo que lo hagan: ya tiene AMLO suficientes periodistas encima llamándole “autoritario” como para tener que optar por esta estrategia. ¿Y si mejor nos traemos a John Bercow, portavoz de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, a que todo el tiempo les esté llamando al orden como lo hace allá? Quien sabe, capaz que así sí se cuadran.

Senado exhorta sancionar al “Bronco”

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El Pleno del Senado ha aprobado un exhorto al Congreso de Nuevo León, con el objetivo de que se cumpla la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, ésta siendo sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez por haber usado recursos públicos siendo candidato independiente a la Presidencia.

 

En la propuesta de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, se lee lo siguiente:

“Se exhorta al Honorable Congreso de Nuevo León a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sancione () por la utilización de recursos públicos para la obtención de apoyos ciudadanos durante el registro de su candidatura independiente a la Presidencia de la República.”

 

Del Partido Acción Nacional (PAN), el aspirante Víctor Fuentes añadió lo siguiente, respaldando el exhorto:

“Que renuncie, que dé el último Grito, que nos deje en paz y que abra espacio para la transición.”

 

(Con información de El Norte)

Van con todo contra “el Bronco”; analizaran sanción a partir de hoy

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Los líderes de las bancadas en el Congreso local, del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente; de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos, aseguraron que una de sus prioridades es sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” por ser una orden de la autoridad judicial electoral y una exigencia de los ciudadanos.

De la Fuente dijo durante su discurso de arranque del periodo legislativo que responderán al llamado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y destacó que la campaña presidencial fue un “tremendo error” del Gobernador.

Por su parte, Colosio dijo que el Congreso debe dar muestra de que no permitirá la violación de las leyes, por lo que propondrán discutir la sanción al gobernador a partir de este lunes.

La coordinadora de la bancada del PVEM, Ivonne Bustos, dijo que los ciudadanos esperan que el Congreso sancione al Bronco y que así lo harán.

“La prioridad para la ciudadanía es el castigo al Gobernador y mañana nos vamos a reunir los coordinadores para poder ya estar viendo un programa de qué es lo que debemos hacer”, dijo la diputada.

Hasta el momento los legisladores locales no se han puesto de acuerdo en si la sanción debe aplicársele de manera directa, para lo que se requieren 22 votos, o vía un juicio político, que requiere de 28 votos.

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción, dijo que está en espera de que los coordinadores definan postura para poder convocar a los integrantes de esta y dar tramite al expediente.

La Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) revisarán los escenarios jurídicos sobre el caso.

(Con información de Grupo Reforma)

“El Bronco” pidió $100 millones de pesos para “relanzar” su imagen

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, solicitó 100 millones de pesos para relanzar su imagen personal en radio y televisión, esto con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

De acuerdo a información revelada por el periódico El Norte, el gastos sería absorbido por otras dependencias, con el fin de “maquillar” las cifras de gasto en comunicación social.

“Nos enteramos que el área de Comunicación Social pidió 100 millones de pesos por orden del Gobernador para una campaña de spots en televisión y radio por el Cuarto Informe”, dijo un informante al medio citado.

Otras fuentes de los organismos descentralizados explicaron que Rodríguez Calderón busca promover lo que considera sus logros, sin embargo, no quiere que se refleje en el gasto total en publicidad para este año, ya que no fue considerada en el Presupuesto 2019.

“Pero no quieren que se refleje como gasto del Gobierno estatal, en el área de Comunicación social, y los quieren pasar a varios organismos, que tendrían que aportar cada uno entre 8 y 10 millones de pesos, que serían justificados como gastos propios en esas áreas“, declaró un informante.

“El Bronco”, actualmente enfrenta una posible destitución del cargo, esto debido a una orden por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que solicita al Congreso de Nuevo León imponer una sanción contra el mandatario, esto debido a que uso recursos públicos para juntar las firmas necesarias para ser candidato presidencial en el 2018.

Preve Samuel García destitución del ‘Bronco’ para septiembre – octubre

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El senador Samuel García aseguró que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, sería destituido entre septiembre y octubre de este año, esto debido a que incurrió en delitos electorales y debe responder a la justicia.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), afirmo que existe consenso entre las diversas fracciones parlamentarias del Congreso de Nuevo León, para analizar y aprobar una reforma al artículo 106 de la Constitución local y retirar la inmunidad al “Bronco” para ser juzgado.

“Lo menos que se pudiera con esto es una destitución, por eso el PAN, Morena y el PRI se sumaron al ‘sí se destituye’. Estoy convencido que en octubre a más tardar lo tenemos que quitar”, aseguró el legislador federal.

García recordó que en el 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el entonces candidato independiente destiño recursos públicos y humanos del estado de Nuevo León para su campaña presidencial.

“Como estoy seguro que Jaime va a ser destituido, porque la sentencia es muy clara, pues básicamente una vez que es destituido, pierde el fuero constitucional y ya puede ser llevado a juicio, Inclusive hoy acudí a la Fiscalía Anticorrupción a presentar pruebas”, dijo el legislador en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula.

Al ser cuestionado sobre el “vacío legal” en que entraría Nuevo León en caso de que Rodríguez Calderón sea destituido, el senador dijo que esto podría no pasar, y destacó que debido a que “El Bronco” no pertenece a ningún partido, soy salida abre las puertas a que un académico, empresario o ciudadano comprometido, asuma el gobierno del estado para lo que resta del sexenio.

El “Senatore” descartó estar interesado en ocupar la vacante.

Este miércoles, García, acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a entregar un escrito sobre el caso y una copia de la sentencia del TEPJF donde se confirma la culpabilidad del gobernador.

#DimesyDiretes: “¿Juicio Político al Gobernador?”

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En recientes fechas hemos visto que se ha desatado una polémica porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Congreso del Estado, sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario General de Gobierno Manuel González Flores, por haber incurrido en violaciones a la Ley Electoral al permitir que funcionarios del Gobierno del Estado en horarios y días laborales recolectaran firmas de apoyo a la candidatura presidencial del Gobernador de Nuevo León en el preámbulo del proceso electoral del año 2018.

Al Gobernador se le imputa el usar esas firmas con un fin electoral siendo que éstas provienen de un acto ilícito como lo es el ejercicio indebido de funciones de los servidores públicos estatales que recolectaron estas firmas, y al Secretario General de Gobierno, en ese entonces Gobernador interino se le imputa haber permitido dichos actos al ser el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el período en que se cometió el ilícito.

Ante esta situación hay políticos que buscan subirse a la noticia y sacar provecho de dicha situación y han gritado a los cuatro vientos que exigen a destitución del Gobernador de Nuevo León, sin embargo no se han ponderado aspectos jurídicos relevantes.

Los hechos motivo de ésta controversia son un presunto delito contemplado por el artículo 11 fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero dicho delito fue cometido por las personas que recabaron las firmas.

Al no haber en éste momento delito comprobado en sentencia judicial que condene a Jaime Rodríguez o Manuel González, ellos gozan de una presunción de inocencia que es un derecho constitucional, consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución; además de que no puede proceder el congreso a la Declaración de Procedencia prevista por la Constitución del Estado puesto que el procedimiento indica en el artículo 112 de la Constitución Local que en caso de que existiera causa penal, tanto el Gobernador como el Secretario General de Gobierno pudieran seguir en su encargo al tiempo en que enfrentan la acusación.

Para el caso de Juicio Político, que sí contempla la destitución del cargo, de conformidad la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Nuevo León, que era la Ley vigente al momento de que se cometieron éstos actos. Sin embargo para proceder a la destitución, la infracción a dicha Ley tiene que ser calificada como grave, y la gravedad la refiere la ley en razón del daño patrimonial, reiteración de la falta y circunstancias similares, no que un senador o cualquier otro político haga una acusación y sentencia pública de manera unilateral.

Si queremos un Estado de Derecho si deben ser sancionados el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno por las faltas antes mencionadas, pero deben ser sancionados en proporción a la falta cometida, no con base en el prejuicio o en el escándalo que quiera generar algún político para sacar provecho de ésta situación.

Reaparece Ricardo Anaya y celebra sanciones contra quienes afectaron su candidatura

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El ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, celebró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolviera por unanimidad sancionar a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, por afectar la equidad en la contienda presidencial y la candidatura del panista.

“Celebro la resolución y espero que este tipo de maniobras, tramposas y arteras, jamás se repitan en contra de ningún candidato o candidata. Aprovecho para enviarles un saludo afectuoso”, público Anaya en su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que esta es una de las escasas apariciones en redes sociales del ex candidato presidencial.

¡Buscan revivir al PES!

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Tal y como lo leyó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca revivir al Partido Encuentro Social (PES), esto de acuerdo a un proyecto que circula al interior del órgano electoral, elaborado por el Magistrado Felipe de la Mata.

De acuerdo al magistrado, aunque el PES no alcanzó el 3% de la votación en los comicios del 1 de julio del 2018, sí alcanzó ese porcentaje en su representación en las Cámaras de Diputados y Senadores.

“Aun cuando el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 Diputados federales y ocho Senadores, lo que en primer caso representa 11.2 por ciento del total de Diputados, y en el segundo el 6.25 por ciento del total de Senadores. En contraste, con el porcentaje de representación del PT (5.6 por ciento), MC (5.6 por ciento), PRD (4 por ciento). De ahí que lo lógico es que, si los partidos con menor representación conservaron su registro en la Cámara de Diputado, el PES lo conserve también”, se lee en el proyecto del magistrado.