TEPJF avala a Ramírez Cuéllar como dirigente nacional de Morena

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el nombramiento de Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente interino de Morena.

En sesión pública y a propuesta del magistrado Indalfer Infante, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, palomearon la sesión del VI Congreso Nacional Extraordinario del partido Morena celebrada el 26 de enero de 2020, en el que se eligió a Ramírez Cuellar.

La sentencia considera que la convocatoria fue legal, conforme a los estatutos del partido, y el Congreso contó con quórum válido para hacer nombramientos y tomar acuerdos.

Quien se inconformó fue el magistrado Reyes Rodríguez.

Esta tarde, antes de darse a conocer la determinación del Tribunal, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que los magistrados fueron amenazados y empinados” para que avalaran el Congreso Nacional Extraordinario en el que le fue retirado el cargo de presidenta del partido.

Incluso, acusó directamente al senador Ricardo Monreal de haberlos doblegado.

Seguramente, hay una mano negra que ha estado amenazando a los magistrados de reducirles el periodo y que tenga interés en seguir manipulando para tener postrados a los magistrados a sus pies.

El evento (del 26 de enero) es ilegal, vieron todo el desaseo que hubo en ese evento, absolutamente obvio; no sé cómo hayan amenazado a los magistrados, porque sé que Ricardo Monreal los ha amenazado, no sé quién más, porque también han llegado a decirles que van de parte del Presidente (López Obrador) y hacen todo tipo de ilegalidades”, declaró Polevnsky en rueda de prensa, en la que se comprometió a investigar quiénes más presionaron a los magistrados para emitir el fallo en su contra.

No obstante, advirtió que ella continuará como secretaria de Morena.

(…) a ningún precio les iba yo a dejar el espacio libre, pues ni que estuviera loca. A mí me eligieron, además yo soy de las votaciones más altas del CEN (Comité Ejecutivo Nacional)”, subrayó.

(Fuente: El Mañanero Diario)

TEPJF obligará al Congreso sancionar al ‘Bronco’

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá y votará hoy un proyecto que busca obligar al Congreso local de Nuevo León a definir una sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por presuntamente desviar recursos públicos para recabar firmas para su candidatura presidencial.

Cabe recordar que el legislativo local concluyó el 18 de diciembre su periodo de sesiones sin castigar a Rodríguez Calderón, esto pese a que el TEPJF ordenó emitir una sanción en ese plazo.

Los legisladores locales argumentaron en ese momento, que no podían sancionar al mandatario estatal hasta que se resuelva la controversia constitucional que “el Bronco” promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que le otorgó una suspensión confirmada en enero, con el fin de que no se ejecute el castigo.

Tras la negativa del Congreso local, el senador Samuel García, promovió un procedimiento de incumplimiento de sentencia por desacato.

De acuerdo a fuentes cercanas al TEPJF, el proyecto del magistrado José Luis Vargas plantea dar la razón al senador de Movimiento Ciudadano y obligar al Congreso a definir una sanción, aunque el castigo no se podría cumplir hasta que la Corte resuelva la controversia.

Por otro lado, las mismas fuentes mencionaron que seis de los siete magistrados de la Sala Superior se pronunciaron ayer de forma dividida en una reunión privada, por lo que no existe hasta el momento consenso para la aprobación de dicho proyecto.

Para que un proyecto sea aprobado, se necesita el voto de cuatro de los siete magistrados.

SCJN confirma prohibición para sancionar al Bronco

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión provisional, otorgada por el exministro Eduardo Medina Mora, que prohibe al Congreso de Nuevo León sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por el presunto uso de recursos públicos con fines electorales.

Durante la sesión de la Segunda Sala de la SCJN, el proyecto del ministro Alberto Pérez Cayán fue aprobado por unanimidad para confirmar la suspensión provisional otorgada el pasado mes de octubre de 2019.

La suspensión también prohibe al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionar al “Bronco”.

Cabe mencionar que la suspensión otorgada ayer no paraliza por completo el procedimiento para sancionar al mandatario neoleónes, pero sí impide que el Congreso dicte la resolución final.

Congreso difiere de forma indefinida sanción por ‘broncofirmas’

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El Congreso local de Nuevo León acordó este lunes diferir de forma indefinida la votación para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y el secretario de Gobierno, Manuel González.

Con los votos del PAN, Morena y PT se logro aprobar con mayoría la, en la Comisión Anticorrupción y luego en el Pleno el apalazar la decisión sobre el desvío de recursos para recabar firmas a favor de la campaña presidencial del “Bronco”.

Cabe mencionar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó el 20 de diciembre, es decir el último día del periodo ordinario, para que el Congreso sancionara a Rodríguez, pero ayer los diputados consideraron que no debían hacerlo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia presentada por “el Bronco”.

De acuerdo a fuentes consultadas, será hasta finales de febrero o inicio de marzo del 2020 cuando esto suceda.

Cabe señalar que el dictamen que circuló en la Comisión Anticorrupción, presidida por Arturo Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano, ni siquiera se votó.

El Congreso notificará al TEPJF que estaban en “imposibilidad jurídica” para cumplir su orden, esto con el fin de no caer en desacato.

Batean impugnación del PAN en contra de elección de Piedra Ibarra

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las quejas de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en torno al procedimiento de elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, esto al considerar que son actos ajenos al tema electoral y que se trató de acciones parlamentarias que nada tienen que ver con la materia que trata el Tribunal.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que los legisladores deben tener un mecanismo de acceso a al justicia para que el mismo órgano revise sus procedimiento de designaciones públicas, lo cuál sería “fundamental para la legitimidad de las decisión del Senado”.

En el mismo sentido, el magistrado José Luis Vargas, compartió el desechamiento, porque consideró que el acto controvertido es parlamentario y existen dilemas en los que muchas ocasiones el sistema tienen puntos finales y este en particular es parte de una soberanía que es del Senado.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora, dijo que sería necesario un pronunciamiento para interpretar las inconformidades a luz de derechos protegidos en las leyes y la Constitución.

TEPJF confirma gubernatura por dos años en Baja California

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Luego de la llegada de este tema a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se determinó que la gubernatura no durará 5 años como lo había aprobado el Congreso Local de Baja California a petición del gobernador Jaime Bonilla Valdéz.

Respecto a las impugnaciones presentadas por el PRD al gobernador Bonilla, a través de un comunicado, el tribunal expresó que los magistrados consideraron infundadas las pruebas que consideraban a Bonilla inelegible por supuesto incumplimiento de los requisitos de nacionalidad y residencia.

“En relación con las impugnaciones de ese mismo partido sobre la nacionalidad y residencia de Bonilla Valdéz, la Sala Superior consideró infundada la demanda y decretó la declaración de validez de la mencionada elección y la constancia de mayoría por dos años.” Indicó el TEPJF.

A demás, los magistrados, titulares del TEPJF, confirmaron, aunque con votación dividida, la sentencia que desecha una impugnación que había promovido el mismo Bonilla Valdez para convertir la duración del cargo por el que fue electo de 2 a 5 años.

Este caso fue llevado por Movimiento Ciudadano a la Sala Superior, de acuerdo a las fuentes, el partido fue escalando en los responsables yendo primeramente con el Tribunal local y posteriormente la Sala Superior.

Solamente dos magistrados, Reyes y Madeline promovían que se analizara el caso de fondo, en aras del interés colectivo del sufragio. Sin embargo, el resto de los magistrados rechazaron esa posibilidad dejando en claro que el periodo de gobierno para Baja California es de 2 años de acuerdo al artículo 8vo transitorio de la Constitución local, el cual ayuda a establecer que el periodo será 2019-2021.

Con información de El Universal.

Bronco asegura que sanción directa es ilegal

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, aseguró que el procedimiento que le iniciará el Congreso por el desvío de recursos para la recolección de firmar para su candidatura presidencial está fuera de la ley.

“Están metidos en una complicación. Ningún Poder puede ejercer nada fuera de la ley y el procedimiento no está establecido en la ley”, aseguró Rodríguez Calderón.

El mandatario detalló que la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debió de haber sido turnado hacia una autoridad con atribuciones.

“El Tribunal debió haberlo mandado a otra autoridad, pudo haber sido la Fiscalía Anticorrupción, o haberme demandado y yo ser sometido a la denuncia t tener derecho de la defensa”.

Por otro lado, “el Bronco” consideró ilegal estar sometido a dos proceso distintos por la misma acusación.

“Hay dos juicios: uno que se está siguiendo en la Fiscalía Anticorrupción, donde ya han sido citados la mayoría de los que se dice incumplieron con la ley, y este. Estamos siendo juzgados dos veces, y eso la Constitución no lo permite”, afirmó.

Rodríguez Calderón rechazó que vaya a discutir públicamente su estrategia de defensa, y esperará a ser notificado del procedimiento acordado por el Congreso para analizar su decisión.

Congreso de NL: dos décadas secuestrado

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De todos los actores políticos en Nuevo León los legisladores y los partidos políticos son los peores evaluados en nivel de confianza de acuerdo con la ENCIG del 2017 con 31.4% y 26.6% respectivamente. Sólo 1 de cada 3 y 1 de cada 4 ciudadanos confían en ellos. 

Los diputados locales son actores políticos esenciales para un funcionamiento correcto del gobierno. Son los responsables de establecer las reglas de juego con leyes que aseguren equidad, justicia, transparencia y los derechos de todos los ciudadanos. Deben vigilar el uso correcto de nuestros impuestos y representar los intereses de la ciudadanía. Es necesario entender el impacto que estos actores tienen en nuestras ciudades y nuestro estado para darle la justa relevancia a su trabajo, porque durante estas últimas dos décadas el Congreso ha estado secuestrado por unos cuantos. 

En Nuevo León contamos con 42 diputados, 26 electos en cada distrito y 16 plurinominales que antes eran los mejores perdedores, pero con la reforma electoral del 2017 el PRI y el PAN se encargaron de asegurar más poder para los partidos. Si bien el congreso tiene un costo “decente” comparado con el resto de las entidades, gran parte de nuestros recursos no sabemos en dónde terminan. De los 350 mdp que nos cuestan, alrededor de 70 mdp (20%) son gastados discrecionalmente, sin rendir cuentas. Además, el dinero que reciben no es de acuerdo a la cantidad de votos sino al porcentaje de cada partido, por algo el voto nulo es inútil en nuestro sistema electoral. 

La mejor manera de entender las malas prácticas, falta de resultados, opacidad, acuerdos en lo oscurito y nula rendición de cuentas de los diputados locales es con el caso de las Broncofirmas. En 2018 el Bronco ordenó a funcionarios estatales a recabar firmas para su candidatura presidencial, haciendo uso de recursos públicos para interés propio. Fue tan claro que el Tribunal Electoral Federal (TEPJF) el 21 de junio del 2018 ordenó la imposición de una sanción, siendo el congreso el responsable de estipular qué sanción y cuándo se aplicaría. 

Pasaron dos periodos ordinarios y nada se hizo. El PRI y el PAN teniendo el control del órgano más importante, la COCRI, así como una clara mayoría, decidieron ignorar la resolución del tribunal. Karina Barrón ex panista, ex independiente y ahora en MC turnó a la Comisión Anticorrupción el caso en su momento y ahí quedó. Ahora la comisión presidida por Bonifacio ex Morena y ahora en MC está impulsando su imposición. 

La comisión Anticorrupción compuesta por 4 de MC, 3 del PAN, y un diputado del PRI, PANAL, PT y Morena, debe establecer la sanción que lleva más de un año pendiente. A pesar de esto el PAN no tiene prisa, llevando ahora hasta noviembre el posible desenlace de esta novela, de donde aún se tiene que aprobar la misma en un pleno controlado, como hace dos décadas, por el PAN y el PRI. 

Han sido dos décadas en las que el bipartidismo ha hecho lo que ha querido con nuestro estado. Así como se congelaron las broncofirmas hay un freno total en movilidad, contaminación, corrupción, fiscalización, seguridad, ejecución penal y adolescentes. Sin mencionar la falta de transparencia para las sesiones de pleno y comisiones y la falta de un servicio profesional de carrera.

Lo que no faltó fue la aprobación de la deuda más alta del país de $70,000 mdp, la aprobación de las cuentas de Nati y Medina, los bonos de “desempeño”, la contratación de familiares y el “chaqueterismo” legislativo sin importarles la ciudadanía que votó por ellos.

Esto tiene que cambiar y 2021 es nuestra oportunidad, revisen a sus candidatos, sobretodo a los independientes o de partidos que no han sido parte de llevar a Nuevo León al lugar en el que está, en una crisis política severa, una deuda de $13,300 por persona y siendo la ciudad más contaminada de Latinoamérica. 

Plantean crear comisión para definir sanción al ‘Bronco’

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El Congreso local de Nuevo León analiza crear una comisión especial para definir la sanción al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por desviar recursos públicos del estado para la recolección de firmas para su candidatura presidencial del 2018.

Los coordinadores de las bancadas de Morena y PVEM, Ramiro González e Ivonne Bustos, respectivamente, señalaron que, tras un análisis jurídico del asunto, también se contempla el inicio de un juicio político para sancionar al gobernador, por lo que se requeriría una comisión especial.

“Si tenemos que hacer un juicio político, la ley te marca que tendrías que crear una comisión jurisdiccional para emitir un dictamen. Eso algo que estamos analizando jurídicamente”, dijo González.

Por su parte, Bustos, dijo que la creación de la comisión no significa quitarle a la Comisión Anticorrupción, presidida por el diputado Arturo Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano.

“Revisando el proceso legal eso sería lo que procede. No es por quitarle a Anticorrupción el tema, pero de lo que hemos revisado, correspondería la creación de una comisión dictaminadora”, comentó la diputada del PVEM.

Hasta el momento los legisladores locales no han determinado si la sanción debe aplicarse de manera directa, para lo que se necesitan 22 votos, o si sería vía un juicio político, que requiere de 28 votos.

(Con información de Grupo Reforma)

Desorden legislativo

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El anuncio del ahora expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo sinceramente sorprendió a propios y extraños. El legislador, cuya experiencia y trayectoria son parte de la historia política contemporánea y reciente del país, hoy es vitoreado por muchos debido a la decisión tomada, pues contribuye a respetar los procesos pactados para darle alternancia a la dirección de la Cámara. Este episodio se junta con el reciente encontronazo entre Monreal y Batres en el senado, lo que es prueba fehaciente de una anunciada fragmentación en Morena.

La historia en Diputados es sencilla: Morena intentó dar un revés para forzar a la cámara a ajustar las directrices y mantener a Muñoz Ledo como líder, pero con lo que no contaban los morenistas es que el legislador optara por hacer lo correcto: dejar el cargo y permitir que una nueva votación se lleve a cabo. Dado lo anterior, Xavier Azuara ya no puede presentarse por el cargo, por lo que los panistas ahora optaron por proponer a la legisladora Laura Rojas, diputada por el Edomex y cercana al dirigente nacional, Marko Cortés. Hasta aquí, “todo bien”.

En el Senado, las cosas fueron un tanto diferentes. Los enfrentamientos entre Martí Batres y Ricardo Monreal se convirtieron en una lucha de egos: mientras que uno quiso mantenerse al frente del Senado con el propósito de prepararse para su candidatura en 2024 a la jefatura de gobierno de la CDMX, el otro -haciendo de sus recursos de oratoria y del argot legislativo- frenó a su compañero, dejando claro que él también se prepara para su candidatura en 2024, pero no por la CDMX, sino por “la grande”.El choque de estos pilares del andamiaje institucional morenista es síntoma podría explicarse en el antecedente político de ambos personajes: acostumbrados a que dentro del PRD siempre existieron las “tribus”, es lógico que esta práctica subsista. A tanto llegó el problema que hasta el TEPJF tuvo que salir a apagar fuegos y seguramente la negativa de Batres a volver a competir proviene de un jalón de orejas por parte de Yeidckol Polevnsky, o por qué no, desde más arriba.

Si bien cada caso es diferente, hay dos elementos importantes en común: el intento de mantenerse en el poder a través de mecanismos y triquiñuelas legales (como si el descubrimiento de la “Ley Bonilla” no fuera suficiente) y que el propio partido se ve obligado a rectificar por presiones que vienen desde dentro. Pero si se observan ambos casos en conjunto, por más que Batres y Muñoz Ledo hayan rectificado -el primero a regañadientes y el segundo por honor propio- queda claro que dentro del Legislativo pareciera ser que acontece una lucha “del poder por el poder”, algo que en repetidas ocasiones el presidente niega exista en la 4T.

Que el PES se quede al frente del Senado tiene poco o nada de relevante, salvo el indicativo de que el órgano legislativo no es presidido por Morena. En cambio, que el PAN dirija la Cámara de Diputados sí que tiene una connotación distinta. De manera indirecta, el nombramiento de Rojas pone a Acción Nacional como líder de la oposición; oposición, sí, muy diversa y que ideológicamente no embona y por tanto es muy extraña, pero que da argumentos a los panistas para decir que, al menos ellos, no están “moralmente derrotados”.

¿Qué se necesita para resolver este desorden legislativo? Si la respuesta es “apretar”, dudo que lo hagan: ya tiene AMLO suficientes periodistas encima llamándole “autoritario” como para tener que optar por esta estrategia. ¿Y si mejor nos traemos a John Bercow, portavoz de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, a que todo el tiempo les esté llamando al orden como lo hace allá? Quien sabe, capaz que así sí se cuadran.