La violencia y el estado de excepción permanente

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En su obra de cuatro volúmenes Homo Sacer, Giorgio Agamben plantea la gran paradoja a la que llegaron las democracias constitucionales en el siglo XX: el sacrificio de la vida individual en aras de la continuidad política. 

Retomando el argumento del jurista Carl Schmitt -al estado de normalidad le subyace, en todo momento, el estado de excepción en potencia-, Agamben señala la sujeción de la vida humana por parte del poder. Asimismo, alude al término foucaultiano de biopolítica como el control de la vida biológica por parte de la vida política. 

Para Schmitt, existe una diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero es limitado y creado por el derecho, mientras que el segundo es ilimitado y extralegal, puesto que precede al derecho (Constitución). 

La formación del Estado es un acto político, es decir, nace a partir de la decisión originaria de un soberano para agrupar a un pueblo bajo un mismo orden normativo. Acto político que no se extingue una vez edificado el Estado, sino que se encuentra “aletargado y oculto” a lo largo de la vigencia de la Constitución. 

Por ello, una vez que la Constitución desaparece el poder político resurge y la voluntad de decisión se encuentra nuevamente activa. Por lo tanto, en periodos de excepcionalidad el poder político se impone nuevamente al derecho. 

El estado de excepción es un mecanismo jurídico integrado en muchas constituciones democráticas que busca la supervivencia del derecho a partir de la eliminación momentánea del derecho mismo. 

El estado de excepción se activa con el objetivo de preservar la vida política aunque ello implique el sacrificio de la vida individual. Ese fue el caso de Hitler, quien a partir del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar legitimó el Holocausto. 

En el caso mexicano, el artículo 29º constitucional especifica que la suspensión de garantías implica el retiro momentáneo de ciertos derechos individuales por el surgimiento de algún fenómeno que atente contra la supervivencia del Estado. 

Empero, cabe resaltar que la decisión de Calderón, continuada por Peña Nieto, de enfrentar militarmente al crimen organizado no implica un estado de excepción en términos jurídicos. Ello porque no se cumplieron con los requisitos estipulados en el artículo 29º constitucional.

De esa manera, el estado de excepción no proviene de un dispositivo jurídico, sino de la voluntad política del Ejecutivo. Por lo cual, desde que Calderón dio comienzo a la guerra en el 2006, México ha vivido en un estado de excepción informal y permanente.

Con la militarización del país la violencia se ha disparado, así como el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses. El artículo 29º establece que no podrá violarse el derecho a la vida; sin embargo, como señalamos, la suspensión de garantías no se encuentra activa.

El combate contra el crimen organizado se gesta en un espectro extrajurídico en el cual reina la voluntad política del soberano, es decir, del Presidente, en tanto jefe máximo de las fuerzas armadas. 

Ahora, judicializar dicho combate no implica la solución del problema. Lo único que genera la Ley de Seguridad Interior es la legalidad del estado de excepción permanente. Si ya contábamos desde Calderón con el arraigo (dispositivo aberrante de nuestro sistema jurídico), ahora los cuerpos militares podrán hacer uso, en su facultad de vigilancia, de “cualquier método de recolección de información”, por ejemplo.

Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es reconfortante. En un nuevo acto de protagonismo, lo que Soussa Dos Santos llama el fenómeno de la judicialización de la política, la Corte no sólo encontró inconstitucional la Ley, sino que la declaró invalida. 

La militarización del país ha empeorado la situación de violencia en México. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto subestimaron la compleja estructura criminal y su imbricación en la sociedad. El combate frontal resultó ser un fracaso.

La próxima propuesta debe ser integral, construida sobre la base de la legalización de la mariguana, el fortalecimiento de las autoridades civiles y el robustecimiento de la procuración de justicia. 

Lamentablemente, el gobierno entrante no parece prever eso. El octavo punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador establece la creación de un cuerpo militarizado encargado de la seguridad pública: la Guardia Nacional. No parece que los militares vayan a regresar a sus cuarteles.

Es alrededor de este tema, el de mayor trascendencia para nuestro país, que la sociedad civil debe agruparse y presionar al nuevo gobierno. No existe otro problema más importante y urgente que el de la violencia. Se deben sumar esfuerzos para acabar con la guerra. Frente a este problema, el aeropuerto y la reacción de los mercados son nimiedades. 

De Trump y el ejército europeo

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Esta semana se reunieron más de 60 líderes en Francia para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. Entre las personalidades presentes en el evento se encontraban Donald Trump, Angela Merkel, Justin Trudeau, Vladimir Putin y desde luego Emmanuel Macron. 

Como era de esperarse, Trump escribió una serie de tweets hablando sobre su visita y específicamente de como Europa, necesita empezar a protegerse a sí mismo, al ser Estados Unidos quien paga su protección militar a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

 Y al parecer Macron y Merkel decidieron hacerle caso, y ambos durante sus discursos, propusieron la creación de un ejército europeo para dejar de depender de EUA, a lo que Trump respondió: 

 

No sé que me sorprende más, que Trump se haya molestado porque tomaron su sugerencia o que en verdad hay una posibilidad que haya un ejército europeo. Cabe aclarar que no es la primera vez que se habla sobre esto, pues en los años cincuenta se intentó crear una Comunidad de Defensa Europea, que nunca entró en vigor. Y hace 3 años el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker también propuso algo similar por la tensión con Rusia. Más allá del tiempo, dinero y apoyo de los demás países, este ejército conlleva una gran significativa carga.

Que Alemania y Francia declaren que ya no pueden confiar en otros países, es un reflejo de la falta de fe que le tienen a Estados Unidos con Trump a cargo. Para Europa podría ser una oportunidad para tener una autonomía estratégica y una cooperación real entre los países miembros; sin embargo, esta solidaridad también puede causar inquietud entre distintas naciones, al ver a la Unión Europea como un nuevo poderío militar en la sociedad internacional. Al final, es una idea que va a muy largo plazo y puede que sea poco realista, pero pensar que fue generada por la tensión que hay entre los líderes de las potencias europeas con EUA, preocupa y abre paso a un nuevo orden global.

#ElNidoDelGavilán: “Radiografía financiera de Metrorrey”

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En los pasados días, en el Congreso del Estado, personal de Metrorrey sostuvo que los vagones a comprar son para las líneas 1 y 2 y que de momento no hay vagones para la línea 3 poniendo en hold el término de la obra de la línea 3. Revisando información sobre Metrorrey, el gobierno del Estado publicó en su sección de transparencia los estados financieros del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey con respecto al tercer trimestre del 2018.

Lo que se muestra es un sistema que no se sostiene que por sí solo, por dar un dato, las participaciones y aportaciones (751 millones de pesos) representan el 59% de sus ingresos en el periodo. Asimismo, los gastos de funcionamiento superan en más de 100 millones de pesos a los ingresos de gestión por venta de bienes y servicios.

Y aunque en general, se ven mejoras en el rendimiento de activos con respecto al trimestre anterior y en lo que va del año lo cierto es que Metrorrey es una institución que trabaja con las uñas, con liquidez muy limitada, con un flujo de efectivo de apenas 20 millones y que ofrece un servicio de regular a malo en una red pequeña volviéndolo un sistema ineficiente para la ciudad.

Las críticas al Metro cada día son más comunes y persistentes, el gobierno del Estado ha dejado francamente a su suerte a dichos servicios afectando a miles de usuarios en la ciudad.

Metrorrey tiene que ampliar y diversificar sus recursos, como detonar la rentabilidad de sus espacios por medio de plazas comerciales o renta de espacios en las estaciones. Los ingresos por venta de bienes y servicios no pagan ni 2 veces la nómina y servicios personales de su plantilla. 

Se dice que hay pocos sistemas de transporte colectivos realmente redituables en el mundo, sin embargo, la emulación de mejores prácticas internacionales debería ser la prioridad de Metrorrey.

La solución no está en aumentar el precio del boleto, sino en mejorar procesos y cumplir las metas de infraestructura en tiempo y forma. Por ejemplo, de acuerdo con el reporte, el Metro y el transmetro son los 2 servicios que más generan dinero, sin embargo, el metroenlace (Servicio que conecta con rutas suburbanas que van hacia las periferias de la ciudad) parece no competir con Metro, transmetro y Metrobús teniendo el potencial. Una duda que queda es a dónde llegan los recursos de la Ecovía y cómo se ven reflejados en Metrorrey. Dado que ambos servicios están interconectados, es importante ver la interacción financiera entre los mismos. 

Otro tema por resolver es el porqué Metrorrey tiene en juicio deudas por más de 80 millones de pesos y más de 22 millones en pérdidas por cuentas incobrables. 

La viabilidad financiera de Metrorrey en general no está en predicamento en el corto plazo y se puede hablar bien del departamento de administración del organismo, especialmente por el correcto manejo en términos de deuda contraída, un error bastante común en las empresas paraestatales. Sin embargo, no es suficiente, el organismo genera poco y gasta mucho, invierte y no es eficiente. Tiene problemas de depreciación en sus activos y reconoce no tener un plan formal para provisiones a largo plazo.

De momento habrá que esperar a la reprogramación final de la culminación de la línea 3 y a ver si desde Metrorrey aplican algún cambio real a las condiciones existentes del servicio.

Lo dicho, dicho está.

Fuente: http://www.nl.gob.mx/publicaciones/informe-de-avance-de-gestion-financiera-de-metrorrey-3er-trimestre-2018

El “guardadito” de la Comisión Estatal Electoral

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Mientras el Estado de Nuevo León y el recién nombrado Concejo Municipal se siguen peleando acerca del mando único, decretado por un Secretario de Seguridad quien ahora lo rechaza en su calidad de Concejal Presidente, en un guión digno de Kafka y que el gobernador independiente no es capaz de clarificar (o no quiere clarificar), mientras el propio Concejo no sabe si integrar comisiones de 3 o 5 miembros, mientras sus concejales síndicos (¿o serán síndicos concejales?) entienden que les corresponde de trabajo por hacer,  sigue sin definirse quien soportará el costo de una elección extraordinaria en Monterrey que quiso el PRI y que decretaron unos jueces a su servicio. 

El PRI sí se está preparando con todo su ejercito de mapaches y de acarreados pero la Comisión Estatal Electoral pretende jugar con el gobierno del estado para sacarle más recursos. 

Muy oportunamente, el Tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra,  soltó la información  del avance de gestión financiera del tercer trimestre 2018 de la Comisión Estatal Electoral, revelando así que dispone de un “guardadito” (como hubiera dicho Fernando Canales) de 161 millones de pesos, que los angelitos constituyeron para construirse un palacio. Sin embargo, exigen del gobierno del estado que le apoquine 44.7 millones para sufragar la próxima elección extraordinaria. 

Por lo visto, la CEE no entiende lo que es austeridad ni lo que es ser solidario con un estado que tiene muy apretadas sus finanzas (el Tesorero insiste que le faltan 3,400 millones para cerrar el año decorosamente). La CEE debería tomar ejemplo de su hermano mayor, el INE, el cual también tenía sueños guajiros de construirse un palacio de las mil y unas noches en la capital del país, pero que se resignó a esperar vientos más favorables cuando el gasolinazo de Peña vino a derrumbar más de un sueño y más de unas aspiraciones a ser maestro de obra a parte de ser comisionado electoral. 

Además, la CEE debería tener la humildad de reconocer que el lio electoral actual es consecuencia de su ineptitud a controlar adecuadamente el proceso electoral. ¿Quién extravió las boletas? ¿No es responsabilidad de la CEE asegurar la cadena de custodia desde las casillas hasta su recinto en dónde las debe resguardar y cuidar? Es conveniente que la CEE doble las manos rápidamente, si no quiere que se indague más a fondo lo que ocurrió con dicha cadena de custodia y que no se destape una cloaca apestosa que no le conviene. Su edifico que pretende levantar como tributo al orgullo de una casta que no ha sabido merecer el respeto que exige, puede esperar tiempos más prósperos. 

¿Tendrá la democracia nuevoleonesa el merito suficiente para levantar un monumento a su gloria? Esto merece una elección extraordinaria, o ¡una consulta popular!

#HojaDeRuta: “Elecciones en EEUU: un nuevo tablero”

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Las elecciones de medio término en Estados Unidos estaban siendo observadas por el mundo entero, y por México en particular, pues sus resultados tendrán impacto directo sobre la presidencia y agenda de Donald Trump.

En general, se considera que las elecciones de medio término suelen tener un elemento de referéndum hacia el presidente en turno, pues la ciudadanía decide si aumenta, mantiene o retira el apoyo legislativo a su administración.

A continuación, cinco consideraciones sobre los resultados.

– Fue una victoria demócrata, y por tanto, un golpe a la administración Trump. El partido azul recuperó el control de la cámara baja (House of Representatives), lo cual significará un claro freno al actual presidente, además de aumentar la presión para intensificar investigaciones existentes y abrir nuevas. Como lo habían señalado las encuestadoras serias, el Senado fue retenido por los republicanos, pero en el ámbito de las gubernaturas también avanzaron los demócratas, quienes ganaron 7 nuevos estados, mientras que el partido del presidente perdió 6.

– Hubo un crecimiento general de la votación demócrata, incluso en distritos donde ganaron los republicanos. En 317 distritos se dio una mayor votación demócrata respecto a 2016, y en promedio nacional la votación para este partido creció 10 puntos. Esto puede leerse como síntoma de inconformidad hacia la administración de Trump, además de un fortalecimiento de su oposición para pelear la presidencia en 2020. Sin embargo, la llamada “ola azul” de los demócratas fue de menor intensidad que la lograda en 2006. Este excelente gráfico del New York Times explica los datos anteriores: https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/07/us/politics/how-democrats-took-the-house.html

– La división entre lo urbano y lo rural se mantiene. La fortaleza de los demócratas se concentra en los grandes centros urbanos, mientras que los votantes de poblaciones pequeñas tienden a votar republicano. Esto configura un país cuya división ideológica, que es cada vez más profunda, también tiene una clara expresión territorial. El apoyo urbano fue factor decisivo para que el partido de oposición lograra recuperar el control de la cámara baja. 

– El discurso cargado de odio y discriminación de parte de Donald Trump generó nuevos liderazgos progresistas que reflejan diversidad. Por primera vez habrá al menos 100 mujeres en la cámara baja, entre ellas, latinas, afroamericanas, musulmanas, indígenas y LGBT. Justamente, en esta elección ganaron más personas abiertamente LGBT que nunca, por ejemplo Jared Polis, que será el primer gobernador abiertamente gay y dirigirá el estado de Colorado.

– Los republicanos tendrán que evaluar si la base de Trump será suficiente para competir en 2020. Hacia adentro del partido en el poder existen tensiones respecto al mensaje compartido, pues mientras había voces que advertían los peligros de seguir polarizando, Trump insistió en las semanas previas a la elección con azuzar a través del tema de la caravana migrante, con alusiones racistas y discriminatorias. El aumento generalizado en votación demócrata podría poner en jaque la estrategia de mantener la lealtad de la base, sobre todo si votantes moderados que apoyaron a Trump en 2016 se han desencantado al no compartir sus posturas radicales, y prefirieron apoyar a los demócratas.

De esta manera, Trump enfrentará la segunda mitad de su mandato con un escenario más adverso, ya que ha sufrido el desgaste de gobernar, alienado a votantes moderados y sobre todo, tendrá una oposición que ha recuperado los dientes a través de la cámara baja. Ha perdido el terreno alto para negociar. Un nuevo tablero se dibuja, y con esta realidad comenzará el gobierno de AMLO y de su canciller, Marcelo Ebrard.

Por un Mundo Igualitario

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Una lucha internacional por derechos y espacios que les corresponde por cantidad y hoy más que nunca por calidad. Quiero que se entienda que no solamente por ser la mitad de la población merecen los mismos derechos sino también porque son igual de capaces que nosotros los hombres para ocupar cualquier cargo o espacio de decisión.

Actualmente en el mundo existe  un “techo de cristal”  que parece que tiene un blindaje nivel 7 impuesto por un sistema machista. Hoy por hoy solamente el 24% de puestos de alta dirección en el mundo  es ocupado por mujeres (Rusia tiene la proporción más alta de mujeres en puesto de alta dirección con el 43%). La evolución laboral aún cuenta con demasiados obstáculos en muchas partes del mundo, desde derechos laborales hasta discriminación por embarazo.

En México, en los últimos cinco años sólo han trabajado  51.1%; mientras que en los últimos 12 meses sólo lo hizo 43.2% del total de las mujeres mayores de 15 años. En números absolutos, estos datos implican que hay 13.43 millones de mujeres en el segmento de edad señalado, que nunca han trabajado en sus vidas. Asimismo, 12.7% de las mujeres mayores de 15 años que han trabajado al menos alguna vez en su vida han sido víctimas de actos de discriminación a causa del embarazo

En espacios políticos hoy en México cuentan con  el 50% de las candidaturas a puestos de elección popular, no obstante a nivel América Latina y el Caribe apenas ocupan el 27% de los escaños legislativos, 12% de las alcaldías y 27% en espacios de representación municipal (consejeros, regidores, síndicos etc…). Son 5 los países de la región mencionada que cuentan con leyes de paridad: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y México.

Bolivia es el país que cuenta con mayor nivel de representación femenina en política con 53%, mientras que Brasil apenas cuenta con 9.9% de representación.

Sobre el sistema educativo, según datos del INEGI 43% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia escolar y señalan como agresores principalmente a los maestros y a las autoridades.

La población femenina que no estudia ni trabaja se dedica a los quehaceres del hogar. El 24.9% abandona sus estudios por motivo de matrimonio o unión o por razones de maternidad.

Las mujeres en el sector rural, en edades de 30 años y más y hablantes de lengua indígena es el grupo más vulnerable y con mayor proporción de analfabetas.

Como se puede observar todavía tenemos brechas importantes en varios rubros y no podemos permitir que en pleno siglo XXI sigamos con la mitad de la población en desventaja. Vamos por la igualdad y vamos por un mundo abierto sin seres humanos de primera o de segunda.

No vamos a lograr ninguna meta global o agenda internacional si la mtiad del equipo no cuenta con las mismas oportunidades y menos si viven en un Estado que no garantiza su seguridad

“El éxito de cualquier sociedad depende de la participación completa de las mujeres en la vida política, económica y social porque cuando las mujeres tienen éxito todos los conseguimos también”

Justin Trudeau

#Kleroterion: “La Remuneración Justa…”

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Uno de los factores principales de cualquier trabajo, es la remuneración justa y equitativa, acorde al trabajo, tiempo, capacidad, entrega, plazos, entre otros. Sin embargo, esto no ocurría u ocurre en el sector público, ya que infinidad de veces es bien sabido que los sueldos son totalmente extremosos e inequitativos, pero cuando hablamos de cargos públicos, sabemos la desigualdad que muchas veces existe entre los salarios del servidor y el de su equipo de trabajo, cuando en muchas ocasiones, el asesor, empleado, director, subdirector, etc., gana más que el principal y en muchas veces ni siquiera el trabajo es el justificado para obtener ese sueldo y en otras ocasiones, los que realizan la verdadera labor, no ven reflejado en su salario la remuneración justa.  

Es por esto que un gran avance en esta administración es sin duda, la presentación, aprobación y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que se viene a reglamentar, entre otras cosas, los sueldos a los funcionarios federales, respecto a la administración entrante, en este sentido se fija el tope salarial de 108 mil pesos al titular del ejecutivo, dando pie a la ya tan mencionada frase de “nadie puede ganar más que el presidente”, además de un tema el cual me uno de manera grata y estoy seguro que gran parte de la población en general también, es que desparecen las pensiones a los ex presidentes, que finalmente termina pagando el ciudadano y/o contribuyente, por lo que en todos los aspectos es benéfico para los ciudadanos, así como para la estructura del próximo presupuesto 2019.

Lo importante de esta reforma va más allá de partidos o corrientes, es una manera de sensibilizar al político en comparación a lo sueldos de la ciudadanía, los cuales en muchas ocasiones merman la credibilidad de los servidores públicos, por lo que se da entrada a una administración justa y equilibrada respecto a todas las labores, trabajos y profesiones distintas a las de gobierno y eso sin duda, da buenas expectativas a la población, que ya por demás tiene muchos vacíos jurídicos y las diferentes problemáticas con las que se va viviendo en México.

Con esta nueva Ley se reduce en un 60 por ciento lo que actualmente gana el primer mandatario, por lo que es muy buen ejemplo cuando se trata de austeridad, ya que si desde el principio se establecen los mecanismos de ahorro respecto a los venideros servidores públicos, será sin duda un gran comienzo.

Es importante reconocer que esto no significa devaluar el trabajo o desempeño de los servidores públicos, más bien es adecuar la pirámide natural de la Administración Pública Federal, adecuando y transparentando los sueldos justos y lógicos, sin olvidar que son servidores federales, estableciendo sus tabuladores, funciones específicas y justificación de los cargos. 

Ahora bien, es muy importante saber con más precisión a quién va dirigida esta ley, además de los funcionarios a nivel federal, también están incluidos los institutos autónomos, el Poder Legislativo y el Judicial, es decir, a Diputados y Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, las Instituciones de Educación Superior de la Federación de carácter autónomo y los Organismos Públicos Descentralizados de la Federación. 

Asimismo, estas remuneraciones deben adoptar siete principios generales: la anualidad, el reconocimiento del desempeño, la equidad, la fiscalización, igualdad, legalidad y sobre todo la transparencia y rendición de cuentas, entendiendo como remuneraciones a las percepciones en efectivo o en especie, las cuales incluyen dietas o salarios, gratificaciones, premios, aguinaldos, bonos y recompensas.     

Además, esta ley contempla la denuncia por anomalías a la instancia interna de control y disciplina, así como la petición de iniciar un juicio político a los funcionarios como Ministros de la SCJN, Diputados y Senadores, Consejeros de la Judicatura Federal, Fiscal General, Magistrados del TEPJF y de Circuito, Jueces de Distrito y los Consejeros del INE, así como diversas sanciones como multas e inhabilitaciones y en algunos supuestos hasta cárcel, dependiendo la gravedad del ilícito.

Estoy convencido que esta reforma, muchos no la ven con buenos ojos, tan es así que varios funcionarios en diferentes instancias federales, han renunciado por el tan mencionado recorte presupuestal, además de solicitar su jubilación adelantada, o en su caso, están en la búsqueda de otros cargos en diversos sectores, así como los jueces y magistrados que manifiestan que ellos están exentos de esta ley por el artículo 94 de la Constitución, en específico el párrafo 11,  que a la letra dice: “La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”, argumentando que para poder exigirles la aplicación de esta ley es necesario una reforma constitucional.

Cabe mencionar otro caso específico, el de los gobernadores, ya que la ciudadanía puede asemejarlos con la misma referencia de cargo federal, pero en su calidad de mandatarios estatales, éstos son regidos por medio de sus propias leyes, por lo que sus salarios se basan en la misma soberanía y autonomía por la que son regidos, sin embargo, de acuerdo al proceso legislativo natural, al aprobarse esta Ley Federal es obligación de los Congresos Estatales ajustar sus leyes locales para que ningún gobernador o servidor público gane más que el presidente, pero también estamos observado que muchos mandatarios estatales están adoptando como propia esta ley por considerándola adecuada, oportuna, eficaz y necesaria.

Concluyo diciendo que toda persona tiene derecho a un salario digno y equitativo, pero cuando se trata de servidores públicos se debe tener esa exigencia de transparencia para comenzar a creer nuevamente en los políticos; dejar de ver esas distancias irracionales e ilógicas, entre los gobernantes y los gobernados, ya que para la ciudadanos es verdaderamente indignante un sueldo de más de 300 mil pesos a un funcionario, en comparación con un sueldo de 4 mil pesos mensuales de un empleado, que cobren los servidores, por supuesto, es su derecho y por algo muchos de ellos están en esos puestos, su experiencia y capacidad los hacen acreedores a una remuneración, lo único que se pide es una remuneración justa…

#EspacioPúblico: “El reto de Miguel”

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‘Los siguientes 3 años de trabajo tendrán como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas en el espacio público’. Esa fue la frase que me pareció más importante en el mensaje de Miguel Treviño al rendir protesta como presidente municipal de San Pedro Garza García. Y me parece importante porque es una frase llena de lecturas, de interpretaciones y de muchas preguntas empezando por cuestionar ¿de quién y para quién es el espacio público de San Pedro?

Quizás para los habitantes de Garza García, Miguel está hablando de mejores parques y espacios de recreo, pero San Pedro ya no es ‘La colonia’.  Dejó de ser un pequeño municipio de carácter residencial de alto nivel económico con un crecimiento disperso,  a ser sede de grandes corporativos empresariales, centros comerciales, hoteles, espacios de entretenimiento y a incrementar rápidamente su crecimiento residencial de manera vertical en condominios de alto valor. 

Bajo estas condiciones, el espacio público se convierte en mucho más que el espacio de recreo de sus habitantes.  El espacio público de San Pedro deberá ser el punto de encuentro y convivencia de miles de personas que destinan una gran cantidad de su tiempo al día sin necesariamente ser sus habitantes.

Será importante generar espacios en los que se pueda caminar y conectar destinos a los que hoy es difícil llegar a pie.  Tener parques en los que se pueda convivir, hacer deporte o simplemente descansar, reducir la velocidad para que las calles que se puedan cruzar con seguridad y reinventar la movilidad de una ciudad que hoy es dependiente del automóvil.

Se tendrá que pensar que hacer con las calles y avenidas del municipio que hoy están saturadas por autos que entran, salen o simplemente lo cruzan; pero habrá que ser creativos, ya hemos visto que mas calles y más carriles sólo nos han llevado a tener más calles y más avenidas saturadas. Se necesita estudiar nuevos medios de transporte público y se requieren medios no motorizados estudiados y con orden que complementen los viajes que hoy sólo se hacen en auto. Además no hay que olvidar que es un municipio en el que  las modas llegan rápidamente, es indispensable poder anticiparse antes que se vuelvan problema,  como las patinetas que se empiezan a ver circular por las banquetas y ya son un dolor de cabeza en otras ciudades que cuentan con más años transformando sus espacios públicos.

Será de gran importancia ejercer de manera más estricta el reglamento de tránsito para liberar banquetas y espacios dedicados al peatón, de autos y otros obstáculos que hoy los invaden en completa impunidad.  Y por supuesto, se agradecerá  mejorar las condiciones físicas de banquetas, accesibilidad, señalización y seguridad peatonal. 

Y a todo este inmenso trabajo habrá que estar atentos a no perder de vistas esas zonas del municipio que requieren integrarse de manera digna en servicios y espacio público para que realmente se hable de un solo San Pedro. 

Un gran reto y una gran responsabilidad. Estamos en un proceso interesante en el que los municipios que forman el área metropolitana de Monterrey deben cambiar su forma de pensar y dejar de ser feudos para pasar a ser parte integral de una metrópoli. Si se hace de manera correcta, San Pedro será el gran ejemplo.

Quienes votaron por Miguel fueron los sampetrinos, pero el reto al que hoy se enfrenta es el de hacer que el espacio público de San Pedro sea eficiente para todos aquellos que viven la ciudad a distintas horas del día. Muchos que no somos residentes, lo vamos a agradecer. 

¿Sirven de algo las elecciones?

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¿Habrá sido responsable el tribunal al anular las elecciones del 1º de julio en el municipio de Monterrey, o habrá obedecido a intereses políticos en vez de impartir justicia? Cuando se presentan estas situaciones y que las mayorías partidistas bloquean la búsqueda de soluciones, es deber y obligación de las minorías ser más participativas y sobre todo más propositivas. 

Poco se puede esperar del PRIAN. La calidad de su debate está a la altura de un pleito de lavanderas (con el perdón de las lavanderas). Tomamos en cuenta la inutilidad de la Comisión Estatal Electoral, la cual se limita a hablar de dinero (¿porqué será?) en vez de preocuparse por su capacidad de convocatoria para asegurar la participación de los 11,000 ciudadanos voluntarios que requiere para organizar la elección. La responsabilidad de encontrar soluciones recae en los partidos minoritarios, y si no pueden o no quieren, entonces los organismos de la Sociedad Civil organizada deben multiplicar las propuestas para no permitir que la parálisis buscada por los partidos permanezca, en beneficio de sus intereses particulares.  Peor todavía,  en beneficio de un poder ejecutivo quien, no sin razón, actúa como zopilote para aprovecharse de las carroñas potenciales. 

El embrollo desatado por unos jueces de dudosa respetabilidad, pone a la clase política del estado frente a sus responsabilidades y demuestra su verdadera capacidad de acción. Por lo pronto, no han surgido liderazgos arrolladores. Nadie ha demostrado tener la clase o la autoridad suficiente para imponer otra solución que no sea de irse a disfrutar del puente. Tomamos nota. Ha sido el único consenso logrado por quienes pretenden representarnos. Irse de puente. Por lo demás, ha prevalecido la metodología del “porque no” en vez de la del “cómo sí”. 

Constatamos un vacío de capacidad política y la ineficiencia de los partidos minoritarios que no han logrado quitarle la batuta a un PRI derrotado en las elecciones pero que sigue actuando cómo si fuera la voz determinante. Falta oficio político. Falta claridad de visión. ¿O solamente se trataba de estorbar sin impedir que la partidocracia real siga sus negocios y sus enredos, en detrimento de la ciudadanía?  

¿Sirven de algo las elecciones? En ningún momento parece que el PRI fuera rechazado al punto de tener un solo diputado de mayoría entre los 26 del Congreso. Por falta de liderazgos, este 4% pesa más en el pleno y en las negociaciones que la tropa desordenada que, después de dos meses, resulta incapaz de organizarse. El resultado de esta elección extraordinaria será un reflejo de esta ausencia de liderazgo y de la mediocridad de la clase política que pretende gobernarnos.      

La cancelación del nuevo aeropuerto

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El domingo pasado finalizó la mal llamada consulta popular llevada a cabo por el presidente electo López Obrador y financiada a partir de las aportaciones voluntarias de integrantes del partido Morena. 

Hace falta recalcar la situación jurídica de esta “consulta popular”, la cual desde este momento la llamaré encuesta, puesto que ese es, creo yo, el concepto correcto con el cual debe ser designada.

El artículo 35º constitucional determina cuál es el procedimiento que debe seguirse para una consulta popular. Entre sus múltiples requisitos me interesa resaltar aquel de su procedencia. 

La consulta puede ser convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de cualquiera de las Cámaras o los ciudadanos siempre que acumulen el equivalente al dos por ciento de la lista nominal. 

Como puede verse ningún particular puede solicitar una consulta popular. Y en esto radica la cuestión de porqué la encuesta de López Obrador no debe ser considerada ilegal. En tanto presidente electo, López Obrador no es una autoridad, por lo cual ningún control de constitucionalidad podría existir, puesto que no existe como tal un acto de autoridad que atente contra la supremacía constitucional. 

López Obrador es y lo será hasta el 1 de diciembre un particular que llevó a cabo una encuesta, por lo tanto no tiene la obligación de cumplir con ninguno de los requisitos previstos en el artículo 35º. 

De ahí se desprende que la encuesta no puede tener efectos vinculatorios, es decir, López Obrador no se encuentra obligado a respetar el resultado de la encuesta. La única  obligación que podría existir es de carácter político al cumplir aquello que había prometido en su campaña presidencial. 

No hay duda de que la encuesta construida por López Obrador carece de un sustento metodológico y que se encontraba sesgada políticamente. Asimismo, se puede argumentar que la decisión trascendental de cancelar el NAICM en ningún sentido representa un ejercicio democrático.

Como explica Silva-Herzog, la encuesta fue una jugada demagógica que tenía como objetivo la completa absolución de la responsabilidad de López Obrador. El presidente electo, en un sentido inverso a su mesianismo, podrá decir: “la decisión del aeropuerto no vino de mí, sino del pueblo; yo simplemente hago su voluntad”.

Este tipo de instrumentos demagógicos pueden resultar peligrosos, ya que en general estas decisiones se orientan por elementos emocionales y no racionales, los cuales pueden ser contraproducentes para el mismo régimen entrante: la misma demagogia promovida por Robespierre lo condujo al final del día a la guillotina. 

Empero, el resultado de esta encuesta no debe de reducirse a la persona de López Obrador, tampoco se deben simplificar sus causas. La historia política de México siempre se ha enfocado más en los grandes personajes que en los movimientos populares. Nuestra herencia caudillista convertida en presidencialista en el siglo XX ha generado una tendencia a ver la causa de todo lo bueno y lo malo del país en el titular del Poder Ejecutivo. 

La lucha contra el nuevo aeropuerto no es de López Obrador, es de un movimiento popular que busca proteger sus intereses frente el avasallador poder del gran capital.

La lucha por el lago no es sólo, aunque es fundamental, por cuestiones ambientales, sino también sociales. Es hacerle frente al extractivismo, a la salvaje urbanización promovida por los intereses inmobiliarios, es proteger la economía del campesino y detener la concentración de las licitaciones en un puñado de empresarios.  

Por otro lado, se habla mucho acerca de las nocivas consecuencias económicas a partir de la cancelación del nuevo aeropuerto y de la inevitable hecatombe financiera. Aunque exagerado, la reacción de los mercados ante dicho suceso no es menor. 

Los ajustes a la baja en la calificación de la deuda del país provocarían una disminución en los precios de los bonos y un alza en las tasas de interés, lo que se traduce en una mayor dificultad del gobierno para financiarse a través de deuda en el futuro.

En segundo lugar, y como consecuencia del punto anterior, la desconfianza del inversor puede reducir el volumen de inversiones que entran al país en los próximos años y desacelerar el crecimiento económico.

Por último, y a mi parecer es la consecuencia más preocupante debido a que afecta directamente a la seguridad social, la cancelación del aeropuerto pone en riesgo las pensiones de millones de mexicanos. Me explico. 

Un alto porcentaje del financiamiento para la construcción del aeropuerto se hizo a través del vehículo financiero denominado FIBRA. En conjunto, las afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Afore XXI Banorte adquirieron el 45% de una de las emisiones (13, 500 millones de pesos) el equivalente al 0.9% del universo total de activos que manejan las cuatro afores. Ello implica que si no se puede solventar el pago por incumplimiento (¡con la TUA no alcanza!) podríamos hablar de un fuerte impacto al sistema de pensiones y la afectación directa a millones de mexicanos.

El panorama se ve nubloso para México. Es difícil tomar una postura ante la complejidad de la situación actual. Hará falta esperar a que López Obrador tome posesión y sus decisiones se conviertan en actos de autoridad. Conocemos la volatilidad del presidente electo, puede que revierta su decisión. Sin embargo, debemos de recordar algo: nada genera más pánico que el pánico en sí.