#PolíticaAPie: “La 4T lo hace de nuevo”

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Como si se tratara de un guion de una película de Tarantino, o peor,  una de Eugenio Derbez, la cuarta transformación se está aventando unos papelones, dignos de recordar, pero también de señalar porque este mes hubo de todo, y apenas vamos a la mitad.

Hay mucha tela de donde cortar, como en  materia deportiva, y esta vez, no hablaremos de la liga mexicana de futbol. En este caso le tocó a un organismo fundado y fondeado para promover el deporte y preparar a los deportistas elite de nuestro país, mejor conocido como la CONADE. Bueno, a esos deportistas, se les redujo en casi 600mdp el presupuesto para el 2019. ¡Con los juegos panamericanos de Perú este mismo año!, lo cual no encaja con lo declarado por López Obrador en el marco del día mundial de la juventud, donde dijo “no le daré la espalda a ningún joven mexicano”, no sé si el se refería al lejano millón de jóvenes que pretendió becar, que ni de chiste llegará, o es una muestra más del cinismo de esta 4T, donde un día dice una cosa y al rato hace otra. Un día le da todo el financiamiento y apoyo a jóvenes que no estudian  y no trabajan, y al otro le quita y reduce a los que ponen el nombre de nuestro país en lo alto.

Otro ejemplo de cómo esta costosa transformación esta de reversa, es con el famoso aeropuerto nuevo, en el cual después de tantos dimes y diretes se logró la “cancelación” del NAICM, donde solo lo cerraron de palabra  y no mediante las vías pertinentes, ya que la lluvia de amparos lo tiene aún con vida, aun mas vida que su probable sucesor, el aeropuerto Felipe Ángeles, mejor conocido como el aeropuerto Santa Lucia, en el cual, por más obstáculo legal, de ingeniería, físico, o lógico posible, ha sorteado las aguas de esta 4T, en el cual, ya a punto de iniciar, ¡Le ponen un amparo!, esto, por cómo les mencione, aun no se cancela oficialmente las obras en el NAICM, EL lago de Texcoco, da un respiro, eso significa, que aún es un gran pendiente de este sexenio, y apenas  va el primer año.

No solo los problemas de construcción sin estudios, ni propuesta seria, son el calvario del Presidente y su equipo, tiene otro, que es ni más ni menos que la aplicación de la justicia pronta y expedita, para garantizar a los ciudadanos un estado de derecho, donde quien la haga, la pague. Algo que por supuesto, sigue desertando muchas dudas, motivos hay muchos, que si ya son de morena entonces ya son honestos, que si repartir culpas, que las pasadas administraciones dejaron un desastre, en fin, alguien tiene que pagar los platos rotos, y ese sin duda será el tema de las próximas semanas presidenciales. 

Desde el arranque de su administración, la razón por la cual esta 4T no despega es por culpa de las administraciones anteriores, que puede que tenga algo de razón, ya que los gobiernos hacen y deshacen en la recta final, algo que AMLO usa de escudo perfecto ante los cuestionamientos de la sociedad. Mientras Emilio Lozoya está prófugo de la justicia por los supuestos nexos de Pemex con Odebrecht, quien cayó y al parecer ser la pieza de exhibición del museo de esta 4T en cuestión de castigo a la corrupción, tal como en la Alhondiga de Granaditas, asi sería exhibida Rosario Robles, ya que su participación activa en la “estafa maestra” la pone como la primera ex funcionaria de la época de EPN tras las rejas, sanción provisional que me parece exagerada, ya que no era necesaria esta prisión preventiva, pero la gente y la popularidad del movimiento de regeneración nacional lo reclamaban, esto para mantener viva la llama de la 4T.

Para el concepto de la 4T, no solo es el peso histórico para dar buenos resultados, si no que se quieren comer el mundo en medio sexenio. La popularidad, que si bien es un hecho que baja algunos puntos mes con mes, aun le queda mucho por dar, esa debe de ser la razón principal para hacer las cosas de la mejor manera o al menos hacer este circo mediático que al parecer es su solución a los conflictos que arrastran.

Suprema Corte, Cannabis y Salud

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La cannabis sativa es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas biológicas, psicológicas, médicas y antropológicas, sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente (Ex Secretario de Salud y Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias) “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia” y es en ese sentido de eliminar estigmas, donde debemos ubicar el análisis y discusión en favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta los diferentes productos como la marihuana. 

Lo anterior viene a colación y a manera de introducción, ya que la semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el Amparo en Revisión 57/2019 la cual es una sentencia que va a situarse como de las más relevantes en los últimos años y marca un episodio importante respecto al uso medicinal de la marihuana en México. El caso se trata de una familia, cuyo hijo necesitaba urgentemente un tratamiento médico basado en dicha planta ya que posee a un diagnóstico de epilepsia, sin embargo, en el Congreso Federal el 20 de junio de 2017, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que permite que productos derivados de la marihuana, puedan ser usado con fines médicos, pero el Legislativo fue omiso al vencer el plazo de 180 días para emitir una legislación que facilite y permita las modificaciones hechas a la LGS. La sentencia en innovadora en muchos sentidos, ya que encuentra que la omisión de las autoridades en emitir legislación secundaria de la materia, atenta contra el derecho a la salud, y como el caso en el que se centra en un menor, de igual manera encuentra una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En dicha sentencia, la Corte sostiene que “el Estado tiene la obligación de asegurar el más alto nivel posible de salud de las personas” y además “destaca que el interés superior de la niñez (en este caso), no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, también implica la asignación de recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral, pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho se encontraría limitado”. Ello resulta interesante, al observar que nuestro máximo tribunal ahora tiene una labor más cercana y concreta a la hora de establecer directrices y principios en temas de políticas públicas específicas. 

Como podemos observar, esta sentencia tiene el mismo ánimo que las emitidas desde noviembre del 2015, en donde la Primera Sala de la SCJN, determinó que el uso recreativo de la marihuana “encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional” (Zaldívar Arturo, 2015). Es claro que estamos viendo un tema sumamente imperativo para nuestro sistema de salud y los tratamientos alternativos de diversas patologías, y como tema pendiente, la sentencia no es clara respecto a la generación y distribución de la marihuana, por lo cual todavía tenemos mucho que analizar, en palabras de Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”, y en ese tenor, las autoridades políticas y jurídicas deben entender los nuevos fenómenos en materia de salud. 

#DimesyDiretes: “¿Juicio Político al Gobernador?”

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En recientes fechas hemos visto que se ha desatado una polémica porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Congreso del Estado, sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario General de Gobierno Manuel González Flores, por haber incurrido en violaciones a la Ley Electoral al permitir que funcionarios del Gobierno del Estado en horarios y días laborales recolectaran firmas de apoyo a la candidatura presidencial del Gobernador de Nuevo León en el preámbulo del proceso electoral del año 2018.

Al Gobernador se le imputa el usar esas firmas con un fin electoral siendo que éstas provienen de un acto ilícito como lo es el ejercicio indebido de funciones de los servidores públicos estatales que recolectaron estas firmas, y al Secretario General de Gobierno, en ese entonces Gobernador interino se le imputa haber permitido dichos actos al ser el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el período en que se cometió el ilícito.

Ante esta situación hay políticos que buscan subirse a la noticia y sacar provecho de dicha situación y han gritado a los cuatro vientos que exigen a destitución del Gobernador de Nuevo León, sin embargo no se han ponderado aspectos jurídicos relevantes.

Los hechos motivo de ésta controversia son un presunto delito contemplado por el artículo 11 fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero dicho delito fue cometido por las personas que recabaron las firmas.

Al no haber en éste momento delito comprobado en sentencia judicial que condene a Jaime Rodríguez o Manuel González, ellos gozan de una presunción de inocencia que es un derecho constitucional, consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución; además de que no puede proceder el congreso a la Declaración de Procedencia prevista por la Constitución del Estado puesto que el procedimiento indica en el artículo 112 de la Constitución Local que en caso de que existiera causa penal, tanto el Gobernador como el Secretario General de Gobierno pudieran seguir en su encargo al tiempo en que enfrentan la acusación.

Para el caso de Juicio Político, que sí contempla la destitución del cargo, de conformidad la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Nuevo León, que era la Ley vigente al momento de que se cometieron éstos actos. Sin embargo para proceder a la destitución, la infracción a dicha Ley tiene que ser calificada como grave, y la gravedad la refiere la ley en razón del daño patrimonial, reiteración de la falta y circunstancias similares, no que un senador o cualquier otro político haga una acusación y sentencia pública de manera unilateral.

Si queremos un Estado de Derecho si deben ser sancionados el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno por las faltas antes mencionadas, pero deben ser sancionados en proporción a la falta cometida, no con base en el prejuicio o en el escándalo que quiera generar algún político para sacar provecho de ésta situación.

Preocúpate Rosario, preocúpate Peña

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El encarcelamiento temporal de Rosario Robles es el primero que se le dicta a un Secretario de Estado en 30 años y puede ser una de las puertas de entrada para ir por el pez más gordo: el expresidente Peña Nieto

Conforme corrían las horas en un juzgado del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, la sonrisa y la confianza de la otrora poderosa secretaria de estado, Rosario Robles, se desvanecía. 

Y es que lo que en un principio era un exceso de confianza se convirtió en un suplicio, al ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y para sorpresa de todos, dictada la prisión preventiva por dos meses.

El que Rosario Robles pise la cárcel, aunque en principio solo sean dos meses, manda un mensaje seco al grupo político del expresidente Peña Nieto. 

Es la primera vez que un exsecretario o exsecretaria de estado es encarcelado desde el caso de Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el gobierno de Miguel de la Madrid, detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas.

Lo que está pasando con Emilio Lozoya, Juan Collado, Alonso Ancira y ahora Rosario Robles, parece una estrategia precisa por parte de la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, un hombre que habla poco, pero está demostrando que actúa mucho. 

Las incógnitas que quedan al aire son si la Fiscalía General logra armar expedientes de peso para comprobar los presuntos actos ilícitos por los que se imputan a los implicados en la Estafa Maestra, la venta fraudulenta de Agronitrogenados, Odebrecht y Caja Libertad, y que estos sean castigados con todo el peso de la ley. 

La otra incógnita es si estos caminos desembocan en llevar ante la justicia a quien fuera la cabeza de un gobierno lleno de corrupción y nepotismo, Enrique Peña Nieto, quien actualmente disfruta de su libertad con total confianza, ¿no te preocupes Peña?

#ElNidoDelGavilán: “La Ecovía y la falta de voluntad”

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La Ecovía fue el proyecto de transporte público insignia del gobierno de Rodrigo Medina. Un sistema BRT (tipo Metrobús de la Ciudad de México) que en 30.1 km cruza desde la frontera entre Monterrey y García, en el poniente hasta Guadalupe, casi en la frontera con Apodaca en la zona de Valle Soleado, al oriente.

Desde el inicio de su construcción, el proyecto de la Ecovía generó polémica en el poniente de Monterrey, las rutas de camiones que circulaban por Avenida Lincoln serían sustituidos por la Ecovía. Asimismo, los automovilistas reclamaron dado que se redujeron los carriles a largo de las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines.

La obra duraría 6 meses, sin embargo; duró más de 2 años para su inauguración. Sin embargo, ha sufrido numerosos problemas, uno es la subutilización de camiones de dos pisos ya sea por pasajeros y por distancias, otro es la infraestructura con bajo o nulo mantenimiento y el número de accidentes, en la mayoría de los casos debido a que los automovilistas no respetan los nuevos señalamientos, ignoran los nuevos semáforos, hacen maniobras prohibidas o invaden los carriles exclusivos de la Ecovía.

La Ecovía es un proyecto que inició tarde y que ha sido saboteado a largo del tiempo, desde el gobierno estatal, desde los concesionarios tienen un rol ambiguo, donde las rutas alimentadoras son de lo más limitado que existe en la ciudad, es poco transparente en sus manejos, en sus finanzas y en su operación en general.

Es un gran proyecto de movilidad que constantemente se ve criticado por algunos comunicadores de televisión patrocinados por el lobby transportista, específicamente 2 en Televisa. Además del poco apoyo en el Congreso del Estado para abrir nuevas líneas.

El lobby transportista de Monterrey, dicho con todas sus letras, Transregio (Martínez-Chavarria), Lazcano, el alcalde de Pesquería, la CTM y la CROC, han sistemáticamente saboteado todo esfuerzo de impulsar el transporte público en el estado. Han limitado la expansión del metro, se han opuesto a nuevos concesionarios dentro de la ciudad, imponen los precios que quieren, se inventaron Tarjeta Feria de acuerdo a sus intereses, han cooperado con diferentes políticos en sus campañas y se convirtieron en la principal némesis del sexenio del Bronco.

Jaime Rodríguez no ha podido contra los transportistas, no pudo “ponerlos en cintura”, no ha podido expandir el Metro, ni la Ecovía, a pesar de miles de promesas al respecto.

Andrés Manuel vino a hablar sobre el proyecto de tren ligero para 2021, un proyecto que le tocará a otro gobernador inaugurar y que seguramente no estará en los tiempos programados.

No hay voluntad política con respecto al transporte público, no viene de los sindicatos, no viene de los partidos políticos, no viene de la élite económica-industrial y rara vez viene de la ciudadanía dado que la autocracia se ha impuesto como paradigma dominante.

El que sigan existiendo zonas muertas donde el transporte público no entra como en Contry, Calzada del Valle, San Agustín, entre otras, nos habla del desdén que existe en nuestra ciudad. El mensaje que nos debe resonar es que el transporte público no tiene clase social, origen económico o étnico, es para todas y todos y su promoción, sostenibilidad y viabilidad económica es asunto nuestro.

Esperemos que el gobierno del Bronco pueda terminar los proyectos ya empezados y abra camino a la expansión de la Ecovía tal y como ya lo ha planteado Jaime en sus informes de gobierno, una Ecovía en Constitución y otra cruzando el centro por la Avenida Juárez, todo esto para mejorar el ejercicio del derecho a la movilidad en la ciudad.

Lo dicho, dicho está.

El PRI y la corrupción

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Parece que el PRI no aprendió nada de su derrota electoral del 2018 y menos todavía ha sabido analizar sus causas. ¿Será que en este renglón el PAN le lleva unos cuantos meses de ventaja?

 Como lo escribe con mucho tino el editorialista Federico Berrueto, “el tricolor pudo transitar a la democracia, pero no a la probidad; es el partido con más presencia en gobiernos locales, pero también el más desprestigiado”….” Su asociación con la corrupción es el tema y hay casos emblemáticos que se deben encarar.” ¿Empezaremos por Adriancito en Monterrey o por Rosario Robles a nivel federal? ¿Será referencia “Alito” Moreno y su mega residencia en Campeche, y su encubrimiento de Rubén Moreira, el “zar” de la corrupción en Coahuila durante 12 años, cuando menos? 

Poco importa el nombre del ganador de la contienda supuestamente interna, poco importa que se parezca al modelo Peña Nieto, lo que importa es que el PRI no entendió que la corrupción lo hundió y lo relegó a niveles electorales despreciables. El PRI no entendió que la sociedad mexicana está cansada de que “la corrupción somos todos”, que es un fenómeno cultural, y por arte y gracia de Enrique Peña Nieto un sistema de gobierno sin pudor. 

Desde “la renovación moral” de Miguel de la Madrid, hasta el Sistema Nacional Anticorrupción de Enrique Peña Nieto, el PRI, respaldado por el conjunto de la partidocracia,  ha simulado un combate a una corrupción que protegió y gracias a la cual seguía enriqueciendo a sus jerarcas en forma cada vez más indecente y  comprando votos, a un costo cada vez más alto. Al punto que ya no fueron suficientes los desvíos combinados de los Duarte, de Rodrigo Medina y de otros tantos gobernadores para comprar votos. 

El hartazgo ciudadano ya había abierto el camino a AMLO y a Morena. Si lo que pretenden es seguir ordeñando presupuestos locales y estatales, al estilo de Adrián de la Garza que “no sabía” de la relación entre el ex senador Mendoza y su empresa de control de bacheo, es claro que el tiempo se les acaba a la velocidad a la cual se derriten los glaciares de Groenlandia. 

¿Suicida el PRI? ¿Con la consigna de “llévense lo que puedan”? ¿Ya habrán decidido unirse a Morena en un PRIMOR que le quitará la etiqueta de anticorrupción a Morena? 

En este caso, el intento del PAN (¿local o nacional?), a través del foro “Prácticas Éticas que Transforman el PAN que Necesita México” demuestra con mayor claridad que captó el mensaje de la elección del 2018 e intenta una conversión interna y de imagen externa, para recuperar terreno en 2021. 

Faltará ver si es auténtica o simplemente una respuesta a los embates del senador Samuel García hacía la gubernatura 2021. Las apuestas están abiertas. La duda es saber si los ciudadanos seremos los beneficiarios de estos enfrentamientos, o simplemente espectadores de los probables cambios de estafeta. 

#ElTalónDeAquiles: “Mezcolanzas incoherentes”

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El siglo XXI inició con los atentados terroristas del World Trade Center de Nueva York. Venía de concluir el periodo presidencial de Clinton, época comparable a los años locos, los de la década 1920, conocidos por la expansión del jazz, del charlestón, del tango, la popularidad de Coco Chanel, y la aparición de las minifaldas. Cierto es, en la década 1990 la humanidad presenció terribles cosas, los genocidios en Bosnia y Ruanda entre ellas, pero también es cierto que en los años 1920s surgió el nazismo y las dictaduras de Mussolini, Salazar, y Primo de Rivera. La última década del siglo XX, que corresponde a lo que politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, llamó el fin de la historia, es una época en donde triunfó el liberalismo: cayó el Muro de Berlín, la URSS se desplomó, Mandela pasó de ser reo a asumir la presidencia, y la Unión Europea se robusteció. El libre comercio creció, la “democracia” se expandió y el mundo se globalizó.

Pero llegaron los atentados de las torres gemelas, que justificaron lo injustificable: una guerra arbitraria. Los Estados Unidos le mintieron al mundo, los países occidentales se fracturaron, y la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyas misiones de paz, a pesar de sus límites, habían mostrado potencial años atrás, demostró su incapacidad a temperar la ansiedad de las potencias mundiales. Al-Qaeda siguió golpeando, en Bali (2002), Madrid (2004), Londres (2005), Bombay (2006), y en Irak y Afganistán, mientras que el supuesto paladín de la libertad abrió una cárcel en Guantánamo, en donde torturó a sospechosos que nunca tuvieron derecho a defenderse. Años después, surgió el Estado Islámico. Además, en 2008 la voracidad de Wall Street catapultó al mundo a la peor crisis económica después del colapso de 1929. Diez años después del inicio del siglo XXI, el miedo a la violencia irracional, la guerra antiterrorista, y el pesimismo económico, habían enterrado la euforia liberal generada por el fin de la Guerra Fría. La elección de Obama en algo contribuyó a apaciguar las congojas del progreso.

Pero la elección del premier presidente negro de la historia estadounidense quebró la historia. Por un lado, el pensamiento progresista clamó victoria y continuó su agenda multicultural. Los homosexuales tenemos derecho a casarnos y a adoptar. Las mujeres pueden y deben decidir qué hacer con su cuerpo. El racismo es malo. Cuando está enfermo y sin esperanzas de recuperación, todo ser humano tiene derecho a decidir el momento y las condiciones de su muerte. El cambio climático nos lleva a la extinción como especie. Por el otro, el conservadurismo respondió. Los homosexuales somos perversos. Hay que preservar la vida desde el estado fetal. El concepto tradicional de familia está bajo ataque. Todos tenemos derecho a nuestro entorno sin una amenaza extranjera, por lo que se justifica repeler al inmigrante. Es pecado ir contra la potestad de Dios de decidir hasta cuando vivimos, y el cambio climático es una invención de izquierdistas radicales en su desesperada lucha contra el capitalismo. 

En este siglo XXI, caracterizado por una democratización de los púlpitos, todas las opiniones valen lo mismo. Lo subjetivo se convierte en hecho objetivo en un abrir y cerrar de ojos. Nadia verifica fuentes. Y como una mentira se convierte en realidad si se repite mil veces, ya no existe diferencia entre lo real y la ficción. Trump entendió que lo importante no es decir la verdad, sino generar credibilidad, al menos entre un sector de la población. Así, hay gobiernos de “izquierda” apoyados por grupos religiosos de ultraderecha, sindicalistas que olvidaron como proteger a los trabajadores que manipulan a la ciudadanía con falsedades para beneficiar a élites emergentes, y grupos de derecha que respaldan agendas neo-mercantilistas. Lo que para unos son derechos humanos fundamentales, para otros es una ideología de género perversa y peligrosa. Unos juzgan que enfrente hay pretenciosos cosmopolitas mientras que estos creen que los otros son vulgares ignorantes. Hoy, la izquierda defiende el libre mercado y la derecha aboga por la imposición de barreras arancelarias. Y, como la tecnología lo permite, bloqueamos a todos los que piensen diferente, con lo cual el espacio deliberativo se pierde, y con ello la idea del debate democrático. El miedo, la frustración, y el enojo, valen más que la racionalidad. El siglo XXI no es un siglo de progreso. Es un siglo regresivo. Si seguimos así, esta mezcolanza incoherente pronto nos llevará al siglo XIX.

Fernando A. Chinchilla 

Montreal (Canadá), 8 de agosto de 2019

La delgada línea de pixeles #8: “Monitos”

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De niño jugaba mucho con monitos, figuras de acción, como les quisieran llamar. Tenía los indispensables muñecos del Santo y Blue Demon que me regalaron en alguna piñata. A Woody y a Buzz. Un sinfín de figuras de Lego, de Star Wars, de Johnny Thunder (la versión de Indiana Jones de Lego de aquella época). A veces hasta usaba mis manos, cuando estaba aburrido en algún lugar donde no había juguetes a la mano. Recuerdo unos aliens pequeños coleccionables, y unos ninjas de colores que sólo se podían obtener en unas maquinitas dispensadoras en el Sunrise Mall en McAllen, Texas. Los monitos peleaban entre ellos, recreaban tragedias Shakespereanas y épicas griegas sin que yo entendiera todavía ninguna de esas referencias. Al final, yo estaba en control, se acababa el juego, a regañadientes, y los juguetes se enfriaban en algún cajón.

Imaginen esta situación: Yo tengo un mono azul, que me regalaron, que es el mono más valioso del mundo porque nunca ha sido derrotado. Parece invencible. Pero desde alto se cae muy fuerte; empiezo a entrenar otro mono para que lo derrote. El montaje completo sucede durante una mañana de domingo, el mono retador va derrotando a otros, muchos se le unen y luego se van, porque sólo él puede ser vencedor. Al final el mono retador, de metal, de color rojo y amarillo, se enfrenta al mono azul. Y por un pelo, pierde. O eso parece. Luego decido: es hora de que el mono azul sea derrotado. Milagrosamente, con nuevo arsenal (una espada de plástico improvisada que se rompe al primer golpe) el mono de metal rojo y amarillo regresa, y en el último segundo, con un chasquido de dedo, gana. Y así Disney, con dos monitos, se convierte en el rey del mundo.

“Avatar”, de James Cameron, es una historia técnicamente original, de ciencia ficción, que Disney obtuvo recientemente al comprar 20th Century Fox. Era la película más taquillera de la historia, en su primera semana recaudó 77 millones de dólares, para terminar con 2,790 tras un año y un reestreno. “Avengers: Endgame“, es la secuela número 22 de una serie de películas basadas en personajes de cómics, muchos de los cuales eran prácticamente desconocidos fuera del medio antes de que aparecieran en películas.  Es la película más taquillera de la historia, en su primera semana recaudo 1,200 millones de dólares, 15 veces lo que recaudó “Avatar”; suma al día de hoy 2,794 millones. Para muchos de sus fanáticos, ese triunfo es una reafirmación de la dominación del género de películas de superhéroes, un triunfo para los geeks, para los fans auténticos, los que la fueron a ver 15 o 20 veces al cine. Para otros es una señal del fin del mundo, un apocalipsis de secuelas y megacorporaciones.

Para mí es dos cosas. La primera es que vivimos simultáneamente en una época dorada de contar historias y de ambición cinematográfica, que recorre películas y medios, a la vez que vivimos en un gigantesco basurero de contenido en donde todo está basado o inspirado en algo más (eso en sí no es malo pero muchas veces resulta en historias estériles y grandes decepciones) y en donde lo auténticamente original, o lo que al menos hace el esfuerzo de serlo, se cae por la borda casi siempre.  La segunda es que en no mucho tiempo, Disney será dueño de toda propiedad intelectual bajo el sol. James Cameron trabaja en cuatro secuelas de “Avatar”, y Marvel en secuelas perpetuas a su mundo cinematográfico; además están “Star Wars” e “Indiana Jones”, y los remakes de otras películas de Fox que ya suenan, como “Home Alone“. Yo espero con ansias el remake Live-Action de “Bernardo y Bianca”.

¿Por qué la reforma en Baja California resulta inconstitucional?

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El debate público nacional se ha centrado últimamente en una cuestionable decisión tomada por un Congreso Local, mismo que ha encendido las alarmas al respeto a los límites del pacto federal y los controles constitucionales al poder político. El Diputado Víctor Manuel Morán, propuso al Congreso de Baja California, una reforma que amplía el mandato constitucional del gobernador electo, Jaime Bonilla, para transitar de una administración de 2 años a 5. Con el voto de 21 diputados a favor, dicha reforma ha sido avalada incluso por 3 ayuntamientos, a excepción de Tijuana y Mexicali. Si bien, existe la probabilidad de que el actual gobernador de la entidad, Francisco Vega, no promulgue dicha reforma, el Pleno del Congreso puede publicarla en el Diario Oficial Local como una contramedida ante la negativa del ejecutivo estatal. Independientemente de las aristas políticas de esta modificación, en medios de comunicación, distintos académicos y analistas han calificado a dicha reforma como inconstitucional, sin embargo, y haciendo a un lado la obviedad, favoreciendo de antemano el debate y análisis, existe una pregunta importante: ¿Por qué la reforma en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo tiene una naturaleza inconstitucional?

Si bien, la misma pregunta podría parecernos sobrada, es necesario encontrar los puntos jurídicos precisos para declarar que esta reforma efectivamente posee dicha categoría. La modificación no era nueva, el antecedente de esta situación se dio en el Tribunal Electoral de Baja California, el cual  ordenó la inaplicación del decreto No. 112 de la Constitución local, lo que traería como efecto la ampliación del mandato del gobernador a 5 años, sin embargo,  dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC2272019. Al ser cosa juzgada en el aspecto Judicial-Electoral, el debate pasó al Poder Legislativo, presentándose un proyecto de reforma. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, era el disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral, y ampliando el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal. Otro de los argumentos en la exposición de motivos de dicha iniciativa, recae en la facultad de los estados en legislar materia electoral; otro es el volumen de votos con el que fue electo, ya que “si la ciudadanía eligió un opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernar únicamente por 2 años”, y también, esgrimieron que 2 años no son suficientes para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de gobierno. Respecto al contexto del periodo corto, debemos recordar que las autoridades electorales, impulsaron una reforma para homologar y empatar los calendarios electorales y  lograr tener de esta manera, una elección constitucional y una intermedia como sucede en Estados Unidos, el cual sí garantiza un ahorro presupuestal. Es por ello, que la convocatoria electoral de Baja California tiene un origen de temporalidad de 2 años. En primer término, la medida es desproporcionada al supuesto beneficio, ya que la planteada economía, en visión del legislador proponente, tiene un mayor valor que la voluntad popular. Desde un punto de vista axiológico-político, ampliar de esta manera el mandado constitucional de un gobernador electo es modificar los términos y condiciones por los cuales se llevó a cabo la elección, ya que dicho electorado tenía un conocimiento previo de la duración del mandato por el cual los partidos políticos propusieron candidatos, y en ese sentido se está violentado la voluntad popular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, y como podemos ver, el Congreso de Baja California no respetó lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la SCJN.  El artículo 105 en su fracción II de la CPEUM, menciona que, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformas las leyes electorales locales, estas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones. Continuando con el tema de la prórroga, la SCJN en el 2007 estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso, y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.  

Como podemos apreciar, los argumentos sobran para categorizar esta reforma de inconstitucional, sin embargo, estamos a la expectativa de ver el actuar de los diferentes mecanismos constitucionales de control político. En efecto, uno de dichos controles republicanos del poder es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política. Este debe ser un ejemplo de lo dispuesto por Montesquieu de que “por disposición de las cosas, el poder detiene al poder”, y es en esa lógica, que las instituciones pertinentes deben accionarse contra esta medida. En días recientes, la SCJN desechó dos demandas de controversia constitucional en contra de la reforma aprobada por el Congreso Local, presentadas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, por “notoria y manifiesta improcedencia” debido a que la reforma no ha sido publicada aún en el Diario Oficial Local, por lo cual no es derecho positivo impugnable por el momento. 

Otro argumento que han presentado en medios de comunicación los defensores de dicha reforma, es que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California. Sin embargo, las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la CPEUM, y ello no vulnera el Pacto Federal, al contrario, estipulando limites se fortalece, y al violar dichos límites, se está vulnerando la máxima disposición normativa del país, ya que todos los poderes locales (ejecutivo, legislativo y judicial) también son regulados por la constitución federal. 

Levitsky y Ziblatt mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender la constitución, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances instituciones y la debida defensa de la constitución.

Terror y temblor

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El terror se hizo presente el sábado pasado en El Paso, Texas, dentro de un establecimiento comercial. El 3 de agosto de 2019 será recordado como la fecha en que ocurrió uno de los actos más viles contra la población mexicana en los Estados Unidos. 

Patrick Wood Crusius, un joven de 21 años armado con un AK47 abrió fuego contra los presentes en aquella tienda con una cosa en mente: Matar a la mayor cantidad de mexicanos posible. El joven universitario condujo su automóvil durante 9 horas desde Dallas para materializar lo que una mente enferma trazaba en sus pensamientos, y al momento de escribir, 8 ciudadanos mexicanos han perdido la vida a consecuencia del acto. 

Crusius señalaba en una publicación hecha minutos antes, que se trataba de un acto contra la invasión hispana en los Estados Unidos (¿sabía que el suelo que pisaba fue territorio hispano?), que se oponía al ‘reemplazo étnico y cultural’ y que debía salvar el estilo de vida americano, entre otras cosas.

Los motivos de Crusius tenían también profundas implicaciones políticas, acusaba que los demócratas pretenden acelerar la ciudadanización de los hispanos para captar esos votos y así, hacerse de Texas y ganar todas las elecciones presidenciales venideras. 

El asesino manifestó también que era un incentivo para que los hispanos regresaran a sus países de origen y esto, a su vez, podría afectar fuertemente a las ciudades fronterizas del sur de los Estados Unidos. 

Es verdad, ¿cuántos de nosotros viajaremos a Texas con este suceso en mente o dudaremos en hacerlo? Buena parte de la economía de estas ciudades se da por el turismo y la compra de bienes y servicios de los ciudadanos del norte de México en aquel territorio y esto lo saben bien los comerciantes y autoridades, por ejemplo, ¿Quién no ha visto los anuncios sobre visitar y hacer compras en Laredo o McAllen?

Lo ocurrido representa también un reto a la cancillería, desde el grupo de apoyo formado por los consulados cercanos a El Paso, que no han descansado desde el evento hasta el efecto que pueda tener en la relación con Washington.

El temblor se sintió en la Casa Blanca, moviendo el tapete de la estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2020. La matanza en El Paso no fue la única durante el fin de semana, en Dayton, Ohio ocurrió otro suceso donde al menos nueve personas han muerto, en su mayoría afroamericanos. 

La gente en redes ya atribuye como principal detonante el discurso incendiario de Donald Trump que en su momento lo llevó a la máxima silla del poder ejecutivo estadounidense y su posicionamiento a favor de mantener intacta la Segunda Enmienda que otorga el derecho de poseer y portar armas. 

Los hechos son incluso tan contraproducentes para la causa republicana (uno de los motivos expresos de Crusius en Texas) que el mismo Donald Trump declaró en la Casa Blanca que el país debe condenar “a una sola voz el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco”, eso sí, sin hablar del muro o el tema de las armas. En contraste, personajes que buscan la candidatura presidencial demócrata se han manifestado para cambiar la Segunda Enmienda, como el originario de El Paso, Beto O’Rourke quien califica a Trump de nacionalista blanco.