El histórico desmantelamiento a CFE

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En los pasados días, se publicó un acuerdo por parte del CENACE sobre la limitación de privados en su participación en el mercado eléctrico. 

El presidente ha usado una frase recurrentemente “Hay que poner el piso parejo” para CFE y ha sostenido que se les ha dado prioridad a los privados que a CFE en la compra de energía eléctrica.

Esto último es muy interesante de precisar, porque más allá si se está de acuerdo o no en la nueva normativa que limitaría a los privados, es una realidad el hecho de que se ha desmantelado el sistema eléctrico nacional a lo largo de los años, especialmente en el periodo neoliberal del que tanto hace alarde la 4T.

En los límites de Apodaca y San Nicolás de los Garza al norte de la ciudad están numerosas empresas y almacenes de diversos tipos, desde las plantas de Hylsa (ahora Ternium), un parque Kalos, KIR, Conductores Monterrey, entre otras. En la avenida López Mateos / Carretera a Roma durante muchos años existió una Termoeléctrica de la CFE de nombre Monterrey I. Las notas periodísticas de la época de Fox y Calderón hablan de que la planta era incosteable, era poco eficiente y con un panorama desolador. Actualmente, no existe más la termoeléctrica, sin embargo, las instalaciones son usadas como almacén y funciones varias. Esta situación ha pasado en diferentes estados y con plantas de diversos tipos.

La CFE desde la nacionalización de la industria eléctrica sirvió para conectar al país entero y dotarlo de un servicio vital para el desarrollo de un país. Sin embargo, los años pasaron y las capacidades de CFE fueron minadas, una parte, por el avance tecnológico al cual CFE no correspondió y otra parte, por su dependencia en recursos públicos cada día más escasos que no le alcanzaban para mejorar.

CFE se llenó de plantas viejas, poco productivas, sindicatos con pasivos laborales altos y con un atraso respecto a las empresas eléctricas del mundo. En el mundo, numerosos países como Reino Unido, Argentina, Francia, España, abrieron su paso a los privados en el sector.

Recordemos la nefasta extinción de Luz y Fuerza del Centro realizada por Felipe Calderón, justificada ampliamente en TV Azteca, principalmente, a quien se acusó de ineficiente y representar una carga. A decir verdad, LyF tenía adeudos enormes de privados e instituciones públicas que jamás quisieron pagar. De paso decir que desde De la Madrid se inventaron zonificaciones para LyF y para CFE especialmente en el Valle de México y sur del país generando ineficiencias en un reparto por demás arbitrario.

Estas historias refuerzan la percepción de la política gubernamental de abandono deliberado del sector energético en donde se buscó someter a las empresas a “competir” en franca desigualdad al tener saqueos fiscales y limitaciones presupuestarias. El objetivo era claro: Debilitar, desmantelar y privatizar. 

El argumento histórico frente a las empresas estatales es que los monopolios, además de ser ineficientes por definición, distorsionan los precios al consumidor. Sin embargo, una empresa estatal tiene otras razones de existir, no solo el lucro y la maximización de beneficios, como una empresa privada, sino también la de subsidiar a los sectores menos favorecidos y llegar a zonas donde a un privado no le costea, especialmente en ese México rural y atrasado. Esa es la razón de ser de CFE.

Sin embargo, en los últimos 30 años, el gobierno fue cerrando o deshaciéndose de plantas, como la termoeléctrica de Apodaca, justificando con datos que, realmente, mostraban que la ineficiencia de las plantas, pero ignorando el desmantelamiento y la discrecionalidad para la entrada de privados nacionales y extranjeros, donde políticos y grandes empresarios figuran como socios. Además, se dieron casos de políticos y funcionarios del sector (Ej. Rosario Green, secretaria de Energía de Fox, el propio Felipe Calderón con Iberdrola) en un fenómeno de puerta giratoria pasaron a la iniciativa privada con información privilegiada del sector y quitándole más espacios a CFE.

Además, se brindaron subsidios justificados solo en politiquería a entidades e instituciones públicas aunado al perenne impago de empresas privadas. Todo esto suma al abandono.

Ahora, se pega el grito al cielo, desde los privados por la reglamentación que quiere el nuevo gobierno, cuando, por ejemplo, mediante políticas de despojo y contaminación del suelo, la industria eólica se ha establecido en lugares del Istmo de Tehuantepec. O también cuando los privados han relegado a la CFE a ser una empresa de distribución, puesto que los privados producen “más barato” y la CFE tiene que comprarles electricidad.

Los privados suman y son bienvenidos a participar en el sistema eléctrico nacional. No obstante, el presente gobierno quiere revivir una empresa en una competencia desleal y con numerosos atrasos tecnológicos que difícilmente serán subsanados en 6 años, lo cual resultará caro, lento y políticamente en disputa constante por la oposición vinculada a los lobbies energéticos.

Lo dicho, dicho está.

AMLO y el PIB: cómo medir el desarrollo de un país

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

El presidente López Obrador anunció en días pasados que propondría un índice “alternativo al Producto Interno Bruto” para medir el desarrollo de México. 

Afirmó que el “modelo mexicano” de medición del desarrollo puede seguir incluyendo el PIB, pero también otros factores como desigualdad social y la “felicidad”.

Para definir el nuevo índice se convocaría a matemáticos, economistas, sociólogos, antropólogos, entre otros especialistas. 

La discusión sobre la pertinencia del PIB como principal indicador para medir la economía y/o el desarrollo de un país no es nueva. Desde hace años especialistas económicos y sociales alrededor del mundo han discutido y propuesto maneras alternativas para medir el desarrollo. 

El PIB mide la salud de la economía en términos de crecimiento, lo cual en sí mismo es útil. Pero no mide el impacto en la vida de las personas en términos de bienestar, desigualdad o acceso a oportunidades.

Es en este sentido que se han creado otros indicadores internacionales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Progreso Social lanzado en 2014 por la organización Social Progress Imperative, dirigida por Michael E. Porter, de Harvard, y por el economista Michael Green.

Si bien es pertinente discutir cómo medir de mejor manera el bienestar y desarrollo de una nación, lo que AMLO propone no deja de ser conveniente para tratar de orientar la discusión más allá del Producto Interno Bruto como indicador de medición, pues los pronósticos económicos son muy poco alentadores para el país. En días recientes Goldman Sachs empeoró el pronóstico para el país a una contracción de 8.5% en 2020.

Además, durante la campaña de 2018 el entonces candidato de Morena tuvo como argumento recurrente el que México debería crecer al 4% anual en términos del PIB.

Ahora bien, el gobierno de México no es el único en anunciar una medida similar. En China, el primer ministro Li Keqiang informó que se ha decidido no establecer un objetivo de crecimiento anual este año, pues se “dará prioridad a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida”.

Apenas el año pasado, Nueva Zelanda dejó a un lado el PIB para priorizar lo que denominaron el bienestar real de su población. “Si bien el crecimiento económico es importante, y es algo que seguiremos buscando, por sí mismo no garantiza las mejoras de los estándares de vida de los neozelandeses” señaló la primera ministra, Jacinda Arden. 

En suma, es positivo que se enriquezcan las metodologías e indicadores para medir el desarrollo y bienestar, sin embargo, estas no tendrían por qué sustituir al PIB, sino simplemente complementarlo. 

Bienvenidos a la nueva Doctrina del Shock

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El Coronavirus ha logrado posicionarse como el generador de paranoias número uno a nivel global. Las compras de pánico, las protestas y ataques al personal médico, no son más que el resultado del miedo a la incertidumbre que hemos respirado estos últimos meses, miedo a no saber que pasará mañana, miedo a salir a comprar comida y e infectarse, y, sobre todo, miedo a infectar a nuestros seres queridos o personas con condiciones que los hagan más vulnerables al virus. 

Mientras la atención de la mayoría está centrada en los noticieros o en la actualización del número de contagios y muertes alrededor del mundo, muchos gobiernos han aprovechado el miedo y la paranoia para tomar medidas o acciones que, en cualquier otro escenario, hubieran resultado imposibles. El término “Doctrina del Shock” fue acuñado por la periodista Naomi Klein(2008), para describir el escenario mediante el cual, los gobiernos eran capaces de implementar políticas que de otra forma serían rechazadas por la ciudadanía. Si bien Klein hacía referencia a políticas económicas en países con modelos de libre mercado, lo cierto es que podemos aplicar perfectamente su teoría al campo de la democracia; en un estado de vulnerabilidad, los sujetos aceptan cuestiones y reformas que de otra forma rechazarían de manera radical.

 Tomemos el ejemplo del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. Desde el miércoles 11 de marzo, cuando el país centroamericano declaró emergencia nacional por el coronavirus, Bukele ha implementado estrictas medidas de cuarentena, como autorizar a los militares el arrestar y enviar a los “centros de cuarentena” del gobierno a cualquier persona que infrinja las nuevas medidas, decomisar vehículos, e incluso entrar las casas de gente “sospechosa” de contagio.  Aún cuando la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró que dichos arrestos eran inconstitucionales y ordenó la suspensión de estos, Bukele se negó y los soldados permanecieron en las calles. Días después, debido al alza de violencia entre pandillas en el país, Bukele publicó un tweet donde daba autorización a la policía y el ejército para responder como vieran conveniente, y poco después, fueron publicadas por el gobierno algunas fotos de un gran número de miembros de pandillas sin camisa y forzados a sentarse uno encima del otro en prisión, a pesar de los peligros de propagar aún más el virus.  Lo más interesante de todo es que, según las últimas encuestas, la aprobación de Bukele está en el 85%, lo cual corrobora que, ante el miedo y la incertidumbre, cualquier figura que inspire seguridad y algún tipo de liderazgo, será vista con buenos ojos por parte de la ciudadanía, incluso si esta seguridad viene fundamentada desde miedo y el comportamiento autoritario.

De la misma manera, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, emitió un decreto que restringe temporalmente los derechos a la libertad de expresión, apoyando su decisión en la necesidad de combatir la propagación de la desinformación relacionada con el coronavirus. Por otro lado, en Bolivia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió al gobierno interino de Jeanine Añez retirar el decreto que establece penas de prisión por “desinformar” e “incitar a los crímenes contra la salud”, que, por cierto, tienen base en cargos imprecisos y demasiado amplios.

Y para aquellos que creen que el virus sólo está afectando los gobiernos en América Latina, en Hungría, el 4 de abril, el Parlamento húngaro aprobó una ley que le permite al mandatario Viktor Orbán gobernar con poderes extraordinarios, sin límite temporal y sin control.

Bien dijo el filósofo Jacques Ellul que “la técnica es la frontera de la democracia. Lo que la técnica gana la democracia lo pierde”. Las instituciones gubernamentales deben establecer una línea que separe los cargos técnicos y los políticos, quienes tienen la obligación de rendir cuentas a los primeros. En tiempos donde la incertidumbre es mayor que nunca, las instituciones no democráticas y cuerpos no políticos, como la policía o el ejército, parecen tener más aprobación que nunca por parte de la ciudadanía. Así que, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a la nueva doctrina del shock, cargada de medidas restrictivas, abusos de poder, suspensión de derechos y medias anticonstitucionales. No se sorprendan si pronto pueden ver algún presidente suspendiendo elecciones o alargando mandatos, pues es todo parte del espectáculo. 

Referencias

Naomí Klein. La Doctrina del Shock: el Auge del Capitalismo. Buenos Aires, Paidós Editorial, 2011

Oppman, P. (2020) ¿Salvador o autoritario? El presidente ‘millennial’ de El Salvador desafía a las cortes y al Congreso en la respuesta al coronavirus. https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/21/salvador-o-autoritario-el-presidente-millennial-de-el-salvador-desafia-a-las-cortes-y-al-congreso-en-la-respuesta-al-coronavirus/

Wola (2020) Tendencias antidemocráticas y abusos de derechos humanos en la era de COVID-19. https://www.wola.org/es/analisis/tendencias-antidemocraticas-abusos-derechos-humanos-covid-19/

Brabo, A. (2020) Covid-19: ¿Una amenaza también para la democracia? https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/covid-19-una-amenaza-tambien-la-democracia

Reforma en materia de educación ¿podría ser violatoria de derechos humanos?

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La semana pasada la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una controvertida reforma al artículo tercero de la Constitución estatal. En esencia, se busca que dicha reforma sea una homologación con la Constitución federal y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, dentro del dictamen aprobado se contempla un apartado que textualmente dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos“. 

Quienes defienden esta parte de la reforma argumentan que dicho texto está en sintonía con el tercer párrafo del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce la libertad que tienen los padres y las madres de familia para incidir en el tipo de educación que recibirán sus hijos o hijas. 

Sin embargo, lo que no mencionan es que dicha libertad, en primer lugar, no es absoluta y, en segundo, ya está regulada en el marco jurídico mexicano desde hace varios años. Tan es así que miles de niñas y niños en todo México estudian en escuelas privadas en lugar de en escuelas públicas o asisten a instituciones educativas religiosas, de acuerdo con lo que sus padres y madres han considerado como más adecuado. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 3 de la Constitución mexicana y en diversos artículos de la Ley General de Educación. 

Ante este panorama surgen ciertas preguntas: si esto ya está reconocido en la legislación actual, ¿cuál es la necesidad de incluir ese ambiguo texto en la Constitución del Estado?, ¿es solo una deficiencia de técnica legislativa o hay una razón detrás?, ¿es esta una forma para, más adelante, regular el pin parental en la Ley de Educación del estado? 

La libertad de los padres y las madres de familia para incidir en la educación de sus hijos e hijas tiene como límite los principios educativos contenidos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte. Sin embargo, la reforma, en su redacción, no establece dicha limitación. 

A continuación presento cinco razones para considerar porque la redacción propuesta en la reforma podría desembocar en violaciones a los derechos humanos de la niñez, contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

1. La educación es un derecho de la infancia, no de los padres de familia o del Gobierno. En tal sentido, Unicef ha establecido que las niñas y los niños son sujetos de derechos, antes que sujetos de protección. 

2. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha reconocido que la educación que se le brinda a la infancia deberá estar -necesariamente- encaminada a una amplia gama de valores, y que dicho consenso atraviesa las líneas divisorias que han trazado las religiones, las naciones y las culturas en muchas partes del mundo, permitiendo conciliar valores distintos por medio del diálogo y el respeto a las diferencias.  

3. El mismo Comité también ha establecido que cualquier forma de educación que no respete las diferencias, los derechos humanos, la igualdad o la dignidad de las personas contraviene directamente la Convención sobre Derechos del Niños y es en sí misma discriminatoria. 

4. El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) ha sostenido que la educación integral sobre sexualidad y reproducción es obligatoria, no debe ser discriminatoria, debe estar basada en pruebas, ser científicamente rigurosa y estar adecuada en función de la edad.

5. Por otro lado, en la Observación General núm. 13, el Comité DESC estableció que la influencia de los padres y las madres en la educación de sus hijos o hijas está supeditada por las normas mínimas de educación que establezca el Estado y deberá, en todo momento, estar guiada por la comprensión, la no discriminación, la educación para la paz y la supresión de los estereotipos sexuales y de otro tipo en la educación.

Sería preocupante que la reforma se aprobara con la redacción propuesta, ya que esto abriría el paso a una eventual reforma a la Ley de Educación del Estado, para consentir la creación del pin parental y que las familias pudieran impedir que sus hijos o hijas participen en actividades con las que no están de acuerdo. Es preocupante porque el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha mostrado datos alarmantes en relación con la percepción de discriminación e intolerancia hacia algunos grupos de población en Nuevo León. 

Es preocupante porque la reforma, tal como está, parece que reconoce a la educación como una libertad de los padres y las madres y no como un derecho inherente de la infancia. Los niños y las niñas son sujetos de derechos, no son objeto de propiedad de nadie. 

Y, sobre todo, es preocupante porque parece que algunos legisladores no entienden que el derecho a la educación de la infancia no permite una “objeción de conciencia” de los padres y las madres para impedir que sus hijos o hijas accedan a la educación contenida en los planes de educación del Estado. 

El siguiente paso en el proceso legislativo es la votación de la reforma en el Pleno del Congreso, por lo que este mensaje está dirigido a las y los legisladores que están a punto de votar el mencionado dictamen: No usen a la infancia como un campo de batalla para dirimir intereses políticos; su trabajo es garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, no limitarlos ni cuestionarlos. 

Exigir en vez de aplaudir

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En lo personal, creo que los problemas de nuestra sociedad, vienen en parte de cómo visualizamos a nuestros gobiernos.  No sólo en México, sino en el mundo entero. Es un error grandísimo venerar políticos, o tratarlos como figuras superiores. Esto hace que se terminen creyendo que lo son, se desentiendan de la realidad de la gente y, por consecuencia, fallen. Un gobernante o representante no es más que un ciudadano representando las causas y necesidades de su gente. Pero cuando se les trata como superhéroes o profetas, los problemas vienen.

Hace tiempo leí una frase dicha por Victor Trujillo, “Brozo”, que creo que resume perfectamente el deber de los ciudadanos: “Al poder se le revisa, no se le aplaude.”

Tenemos que mantenernos siempre críticos con el actuar de estos individuos, sin importar que hayamos votado por ellos o no.

Intentaré explicarme. Un político es elegido para un cargo público, en el que debe de actuar en busca de mejorar las condiciones de los ciudadanos que representa o gobierna, haciendo uso de dinero que no es suyo. Y, al menos en México, son cargos temporales. Al ser así, deben estar sujetos a constante revisión y crítica (constructiva) de la ciudadanía. Lo que muchos políticos en el México moderno no entienden. Toman como insulto el hecho de que alguien levante la voz en su contra. Se burlan de sus opositores. O, en el peor de los casos, pierden la noción de que gobiernan para todos, y no sólo para sus votantes.

Aplaudirle a un político por realizar acciones positivas es como aplaudirle a un pez por nadar. Aunque si hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, no debe ser motivo de veneración. Al final de cuentas, para eso se les eligió. Tienen el poder en sus manos y si están ahí es porque los ciudadanos confían en que harán siempre lo mejor posible.

En México, la política actualmente está sumamente polarizada. Los que aplauden de tiempo completo y los que juzgan de tiempo completo. Los primeros carecen de visión critica para entender que muchas veces los gobiernos, sin importar de que partido o ideología sean, se equivocan. Y los segundos, los que únicamente juzgan, fallan en reconocer cuando el gobierno acierta en sus decisiones. Si bien no se les debe de aplaudir, sí es válido reconocer el buen trabajo.

Todos los ciudadanos tenemos el deber de exigirle a nuestros representantes. Por ahí empieza la política. Se debe de revisar todo lo que hacen, y con cada periodo de elecciones, buscar mejorar. Aunque el representante en turno sea de tu partido de preferencia, es necesario exigirle, para que realice su trabajo como debe de ser. Los políticos que incumplen sus labores son un cáncer para la sociedad, pero he de reconocer que poco a poco hemos entendido eso y hemos mejorado.

Otro error que encuentro en la clase política mexicana es la constante tendencia de criticar lo hecho por gobernantes anteriores, sin solucionar esos mismos problemas, y esto va para todos los partidos políticos.

 Si un político se postula para un puesto público, es porque se cree lo suficientemente capaz de solucionar los problemas que aquejan a la gente. Cuando usan su tiempo, ya en el cargo, para criticar o juzgar a los anteriores, sólo demuestran su incapacidad para solucionar esos mismos problemas. Entiendo que la mayoría de estos no se arreglan de la noche a la mañana, pero el tiempo en el cargo debería de ser aprovechado de mejor manera.

 ¿De qué le sirve al PAN quejarse de los estragos que dejó el PRI, si el PAN ya gobierna y no hace nada por solucionarlo? O, ¿De qué le sirve a Morena quejarse de la mala gestión del PRD, si tampoco buscan mejorar el entorno? Es un ciclo constante y muy dañino para los mexicanos. 

En conclusión, este problema es de dos partes. Por un lado, nuestros políticos, que casi en su totalidad (y repito, de todos los partidos) no buscan lo mejor para sus ciudadanos, aún con todos los recursos a su alcance, y por otro lado los ciudadanos, que han dejado de exigir para simplemente aplaudir o dejar de interesarse en lo que sucede en nuestro país.

La política comienza en las calles, en las conversaciones comunes, en los individuos. A partir de ahí, día a día, debemos construir el futuro que queremos ver.

“Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”.
Antonio Machado.

El papel de la oposición

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En México durante muchas décadas estuvimos varados en un sistema unipartidista que funcionaba, se entendía y evolucionaba por sí solo. Con el paso de los años esto fue generando la necesidad de garantizar cierta representación a algunos partidos de oposición como una especie de válvula de escape. Se crearon los diputados plurinominales,  el sistema de regidores de representación proporcional, (mismo que no se explica que se otorgue la totalidad de la planilla a quien gana la elección sin importar el porcentaje que obtuvo, y al resto de planillas un numero de regidores significativos solo para tener “representación” en un cuerpo colegiado donde predomina la simulación, pues es evidente que la planilla electa tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento), con la finalidad de que la oposición acceda a ciertos cargos de elección popular. Por otro lado, como un intento de disminuir la creciente aceptación de los partidos de oposición, se llegó a especular que se impulsaba la creación de algunos partidos políticos desde el poder para dividir a la oposición.

Con el pasar de los años el deterioro y hartazgo del sistema unipartidista fue creciendo y se concretó con la elección del año 2000 donde históricamente Vicente Fox habría vencido al PRI, esto daría paso a la primera alternancia democrática en México. Tras haber perdido la elección presidencial el PRI no encontró su lugar en la alternancia y lejos de convertirse en una oposición propositiva para el país, se dedicó a emprender luchar interna para lograr el control del partido. El PRI no supo ser oposición desde entonces por sobreponer sus intereses a los del país.

En el año 2012 se concretó la segunda alternancia de la historia democrática del país, donde el PAN pierde la presidencia en un tercer lugar y el PRI vuelve al poder. Con este cambio político el PAN no asumió un rol de oposición responsable y se dedicó a ser cómplice o crítico del gobierno según su conveniencia.

Con la primera y segunda alternancia democrática en el país, donde ni el PRI ni el PAN lograron consolidarse como una fuerza política seria de oposición al servició del país, avanzó por vía libre una oposición crítica, organizada y propositiva hasta cierto punto que sí le hablaba a un gran sector de la población y que fue encabezada por la izquierda, la cual, tras la corrupción, impunidad e incompetencia de los gobernantes, logró el triunfo electoral en el 2018, lo que dio paso a la tercera transición democrática en el país. Por fin, quien llevaba décadas siendo la mejor oposición política en México, había llegado al poder. 

Tras años de una “lucha democrática” hoy vemos a un presidente al que no le gusta la oposición política, empresarial, de medios de comunicación, ni de ningún tipo y la única verdad es la de él y a veces la de su gobierno, y por si fuera poco, en México tenemos una oposición desfigurada que no termina de articularse ni definirse como tal. En un sistema democrático es fundamental que se cuestione las acciones del gobierno, en España por ejemplo, quien logra posicionarse como la segunda fuerza electoral se consolida como el Líder de Oposición y se llevan a cabo sesiones de control al gobierno paródicamente en el congreso para realizar cuestionamientos y una valoración al desempeño del gobierno. A un sistema democrático le hace mucho bien el diálogo abierto, la trasparencia y los distintos puntos de vista de todos los sectores porque eso genera la pluralidad.  

La democracia mexicana nació y se ha desarrollado bajo la idea de un sistema unipartidista, y esas son las bases del sistema político que nos rigen todavía hoy en día donde predomina un partido y se otorgan algunos espacios a la oposición sin saber que hacer con ellos, sin embargo, nuestro país ha cambiado y es necesario replantear un sistema democrático que garantice todas las expresiones políticas y donde se le dé utilidad a una oposición que sirva para construir un mejor país.  

Alejandro Villanueva Camargo

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Revocación de mandato del Presidente de la República

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“¿Está de acuerdo en la revocación del cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente desempeña el ciudadano Andrés Manuel López Obrador?” Esta podría ser la pregunta que se nos formule en marzo del 2022 cuando por primera ocasión se ponga en funcionamiento, si acaso, la revocación de mandato del Ejecutivo Federal según el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre del año pasado. Esta colaboración tiene por objeto presentar un breve panorama acerca de la revocación de mandato desde sus contornos normativos, teóricos y de viabilidad.

La definición de la revocación de mandato establecida en la reforma constitucional se encuentra en el artículo tercero transitorio, en el que se indica que para los efectos  de la revocación de mandato se entiende como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza”. Queda claro que la finalidad de la reforma fue establecer la revocación de mandato sin que se requiera un análisis sobre el cumplimiento o no de los programas de gobierno, ya que se refiere a la “pérdida de la confianza”. El diseño toma como sustento teórico que la revocación de mandato se refiere a un derecho político basado en la soberanía popular, más que en ser un mecanismo de rendición de cuentas entre períodos electorales (Yelp 2014: 253).

La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 constitucional junto a los derechos políticos de votar en las elecciones, de poder ser votada para todos los cargos de elección popular, de asociación libre e individual y de iniciativa popular de leyes. En este sentido, la Constitución de nuestro país se incorpora a otras constituciones latinoamericanas: Artículo 40.4 (Colombia), 2.17 (Perú), 70 (Venezuela), 61.6 (Ecuador) y 11.II.1 (Bolivia).

La revocación de mandato es una manifestación de lo que se denomina como democracia directa. En general, la revocatoria de mandato incluye dos etapas en las que se expresa la participación política de la ciudadanía: Primero, lo que se denomina como la activación, esto es, la solicitud del procedimiento revocatorio que se moviliza con cierto número de firmas de apoyo de las y los ciudadanos electores; y, en segundo término, la consulta al electorado sobre la revocación del mandato de la persona electa hacia la que se dirige el proceso revocatorio (Kornblith 2017: 984).

Por lo que hace a la activación de la revocación del mandato de Presidente de la República, en el artículo 35, fracción IX de la CPEUM se indica que se requiere un 3 por ciento de firmas de personas inscritas en la lista nominal de electores y que, además, las firmas de apoyo estén distribuidas en al menos 17 entidades federativas. En ese sentido, para activar la revocación del mandato de AMLO se requieren aproximadamente 2 millones 700 mil firmas de apoyo, considerando que la lista nominal de electores en el país asciende a 90 millones de electores (https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/).

¿Se podría alcanzar ese número de firmas entre noviembre y diciembre del 2021 para activar el proceso de revocación de mandato de AMLO? Muy seguramente sí.

Primero, considerando que respecto de la activación de las revocaciones “(…) no es la ciudadanía, sino organizaciones políticas, partidos o líderes políticos los principales promotores”. (Yelp 2014: 260). Tómese en cuenta que, de acuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, partidos como el PAN y el PRI, por sí solos, podrían movilizar a los 2 millones 700 mil electores que se requieren para iniciar el proceso de revocación de mandato; en efecto, el PAN obtuvo 9 millones 800 mil votos, y el PRI, 7 millones 500 mil sufragios. (https://siceen.ine.mx:3000/#/tablas-resultados). Por ende, individualmente, asociándose entre sí, o incluso atrayendo a la coalición revocatoria a partidos como el PVEM (925 mil votos) o MC (865 mil sufragios), podrían promover la participación de la ciudadanía y recopilar las firmas de apoyo necesarias para la solicitud de revocación de mandato de AMLO. También cuentan con la dispersión en los estados. Sólo por dar un ejemplo, el PAN obtuvo el primer lugar de votos presidenciales en cinco estados del país (Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas y  Yucatán) y obtuvo el segundo lugar en 10 entidades más; si a ello sumamos 13 estados en donde el PRI fue segundo lugar y aquellos en los que MC (Jalisco) y PVEM (Chiapas) también fueron segundo lugar (https://siceen.ine.mx:3000/#/primeros-tres-lugares), sin duda los partidos políticos de oposición pueden movilizar a sus simpatizantes y obtener las firmas de apoyo necesarias y su dispersión en el país.

En segundo lugar, porque el porcentaje para activar la revocación en México es relativamente bajo, si se compara con el de otros países latinoamericanos que contemplan la revocatoria de mandato para autoridades nacionales. En efecto, en Venezuela se requiere al menos el 20 por ciento del electorado (art. 72 de su Constitución); en el Ecuador, el 15 por ciento (art. 105 de su Constitución); y en Bolivia, el 25 por ciento (art. 26 de su Ley de Régimen Electoral). Es decir, la movilización de 3 por ciento del electorado no parecería de mayor dificultad para los partidos de oposición.

Por otra parte, con relación a la etapa propiamente de la consulta al electorado y el porcentaje que se requiere para la revocación del mandato del Presidente de la República, la reforma constitucional fijó dos requisitos: i) que en la consulta participe al menos el 40 por ciento del electorado; en este rubro se necesitaría una participación de aproximadamente 36 millones de personas electoras; y ii) que por el “sí” se exprese una mayoría absoluta de votos, es decir, la mitad más uno de al menos esos 36 millones potenciales de votos que se requieren para que el proceso de revocación sea válido; en otras palabras, si en la revocatoria de AMLO en marzo del 2022 participara el mismo número de personas que salieron a votar en julio de 2018, 56 millones, serían necesarios más de 28 millones de votos a favor de la revocación de su cargo.

Desde luego que estas cifras son solamente hipotéticas, y se debe subrayar que los resultados electorales de 2018 no pueden trasladarse a un evento futuro de revocación de mandato en 2022, sin embargo, se utilizan solamente como un referente para argumentar la polarización que eventualmente significaría el proceso de revocación del mandato de AMLO. En este sentido, considerando los votos obtenidos por todas las candidaturas de partidos e independientes contrarios a López Obrador en ese año, estamos hablando de, hipotéticamente, 24 millones por el “sí” frente a cerca de 30 millones de votos por el “no” (según los votos obtenidos en 2018 por MORENA y sus aliados PES y PT).

Este ejercicio hipotético refuerza la idea de que los procesos de revocación de mandato, si bien son el ejercicio de derechos políticos de la ciudadanía, también implican una gran polarización que, por un lado, fomenta la confrontación y, por el otro, significa una anomalía en el desempeño de cargos electivos con mandato fijo. (International IDEA 2008: 114). Afortunadamente, la reforma constitucional no creó el incentivo de la promoción indiscriminada de revocatorias, dado que, de obtenerse una mayoría absoluta por el “sí”, esto no implicará la convocatoria a elecciones para designar al reemplazo del Ejecutivo revocado. De ganar el “sí” en una revocación de mandato, la respuesta constitucional es que, inmediatamente, asuma el cargo provisionalmente quien ostente la presidencia del Congreso, en tanto la Soberanía Legislativa nombra en treinta días a la persona que concluya el período constitucional.

No sabemos si seremos convocados por el INE para que en marzo del 2022 participemos en el proceso de revocación de mandato del Presidente López Obrador. Y de ser convocados, tampoco sabemos si ganaría el “sí” o el “no”. Lo único que podemos estar de acuerdo, por ahora, es que, sorprendentemente, el Presidente promotor de la reforma constitucional jamás tuvo en mente un escenario tan adverso como el que actualmente vivimos, y tampoco imaginó que la movilización para el proceso de revocación de mandato ya no dependa de él y su partido, sino de lo que queda de los partidos de oposición en México.

Referencias bibliográficas.

INTERNATIONAL IDEA. (2008). Directo Democracy. The International IDEA Handbook. Estocolmo: International IDEA.

KORNBLITH, Miriam. (2017). “Revocatoria de mandato”. En Diccionario Electoral. Costa Rica: IIDH, TEPJF, Serie Elecciones y Democracia, t. II, 984-94.

SEGOB. (2019). DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. DOF viernes 20 de diciembre.

YELP, Yanina. (2014). “De venenos y fármacos. La regulación y prácticas de la revocatoria del mandato en Suiza y las Américas”. En YELP, Yanina y SERDÜLT, Uwe, La dosis hace el veneno. Análisi de la revocatoria del mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Quito: Consejo Nacional Electoral, Instituto de la Democracia, 247-66.

Bienestar, ¿de la 4T o de México?

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Dejemos de medir el PIB y enfoquémonos en el bienestar, dice nuestro presidente López Obrador. Convenientemente llega el cambio de paradigma después de más de un año y medio de decisiones económicas e inversiones fallidas.

No sólo se ha realizado una política de austeridad pésimamente implementada, se han violado contratos en repetidas ocasiones afectando la inversión nacional y extranjera. Se insiste en proyectos prioritarios que son obsoletos y perjudiciales para el medio ambiente. Y aunado a todo esto, no hay apoyo real a Micro y Pequeñas empresas en la pandemia a pesar de ser el 99% de nuestra economía formal y dar trabajo al 52.5% de la Población Económicamente Activa. Justo en el 1er trimestre del año cuando se contrae 1.6% el PIB es cuando llega el Bienestar a México.

La palabra de moda en la 4T es bienestar, Secretaría del Bienestar, tarjetas del bienestar, economía del bienestar, políticas que busquen el bienestar, tandas para el bienestar, entre otras tantas políticas, conceptos e ideas. Sobre esta línea se quiere construir la nueva medición del desarrollo de México.

Bienestar es aquel estado de una persona en donde sus condiciones físicas y mentales le producen un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. El bienestar que buscamos lo podemos relacionar con nuestras necesidades, primero aquellas básicas para vivir, como seguridad, alimentación, salud y vivienda. Posteriormente hay que tomar en cuenta aquellas necesidades de autorrealización como individuos, tal como justicia, equidad, educación, trabajo, derechos políticos y sociales, entre otros.

López Obrador hoy sale a decir que se está trabajando en el desarrollo de un indicador del bienestar que considere igualdad social, felicidad, crecimiento, y al parecer otros temas que aún no toma en cuenta el Ejecutivo. Además menciona que es un trabajo que vamos a aportar al mundo ya que se medirán otros países con el nuevo indicador mexicano.

Lo que llama la atención es la clara separación de su indicador con todas las mediciones que actualmente existen y tienen años siendo registradas. Para darnos una idea de la cantidad de mediciones, a continuación menciono las que más destacan y son utilizadas a nivel internacional: el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, la Iniciativa para una Vida Mejor (Better Life Index) de la OCDE, el Índice de Calidad de Vida de The Economist Intelligence Unit, los Indicadores de Desarrollo Global del Banco Mundial, el Índice de Progreso Real, el Índice de Desarrollo Económico Sostenible, e incluso se tiene el World Happiness Report diseñado por la ONU.

Además de todas las mediciones internacionales aquí en México contamos con el CONEVAL, organismo autónomo que desde 2004 mide la pobreza, el bienestar y el desarrollo en México. Este organismo ha sido reconocido a nivel mundial por su transparencia, innovación y calidad de información recopilada a través de los años para una mejor toma de decisiones. En su momento fue clave al repensar la medición de la pobreza, y se pasó de una medición puramente de ingreso a una multidimensional, donde justamente se consideran los rubros ya mencionados de bienestar. Gracias a estas mediciones a nivel nacional e internacional podemos identificar el avance que se ha logrado en la reducción de pobreza alimentaria y pobreza extrema en las últimas décadas, algo que se puede perder por la falta de apoyo económico en la pandemia.

Indicadores, índices, mediciones, datos, organismos e instituciones sobran, y aún así la 4T quiere diseñar su propio indicador. Y es justo en este momento donde se pierde el valor real del objetivo de bienestar. En lugar de diseñar algo nuevo, ¿no sería mejor tomar en cuenta lo ya existente? Si tenemos a uno de los mejores organismos de medición de la pobreza y desarrollo ¿no es más conveniente apoyarnos de los expertos y lo que ya tenemos para construir algo mejor?

En definitiva contamos con la información y los especialistas para cambiar nuestro paradigma económico. El bienestar nos da un mejor entendimiento de nuestra realidad y del desarrollo que debemos buscar como sociedad e individuos. Enfocarnos en las necesidades básicas y de autorrealización de todos los mexicanos es más importante que conocer si estamos produciendo más o menos.

Pero si se quiere lograr este cambio es necesario un esfuerzo colectivo de sociedad, empresarios y gobierno, se debe de trascender el ámbito político de dimes y diretes para ver los beneficios que se puede dar a la mayoría de los mexicanos. Es necesario que López y la 4T dejen su bandera política y vean que el bienestar no es su creación ni su idea, es lo que nos va a llevar a juntos construir un mejor país.

Para más información de la lucha contra la pobreza en México escuchar capítulo de “Pobreza y Crecimiento Económico” de Kristian con K en Spotify.

#Kleroterion: “Volvieron a Fallar”

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No cabe duda que la crisis que estamos viviendo implica un reto enorme para la sociedad de Nuevo León y el gobierno del estado, los alcaldes y en general para toda la clase política,  pero es la autoridad estatal quien tiene la responsabilidad de conducirnos a través de esta crisis y les guste o no, el principal responsable del impacto que tenga el coronavirus en la entidad.

Si previamente hemos hablado del buen trabajo que se hizo en materia de salud, también hay que señalar que ese buen trabajo va de la mano de la responsabilidad, si algo sale mal se le cargará en la cuenta al gobierno del Estado.  

Hago hincapié en ello porque desde el mismo gobierno empiezan a dar señales de buscar la forma de justificar sus errores o, como se dice coloquialmente, de “safarse”… trasladándole a usted y a mi la culpa por el resultado de decisiones que ellos se obstinaron en tomar.

Para muestra el mensaje del secretario de gobierno que circuló el fin de semana pasado en redes sociales en la cual de manera tramposa, por decirlo de alguna manera, advierte sobre el aumento en el número de contagiados de covid atribuyéndolo a que la gente ha relajado las medidas de contención y ha salido más a la calle. 

Lo que no menciona es que fue precisamente el mismo gobierno quien relajó la seriedad con la que se debe tratar una crisis de esta magnitud generando aquella célebre confusión de la “ley seca” que súbitamente hizo que la gente se volcará a las tiendas a comprar cerveza.

Quizás eso no sea tan relevante, pero lo que sí lo fue y además fue muy grave, fue implementar la brillante idea de reducir el transporte público, ocasionando que la gente que no puede quedarse en casa y tiene que seguir yendo a trabajar se expusiera a aglomeraciones que aumentaron el factor de riesgo. 

Ha juzgar por las fechas ese fue el error que disparó el número de contagios, aunque ahora ellos pretenden endosarle la culpa a usted y a mí por, según ellos, habernos relajado…

El mensaje tampoco dice nada sobre la exigencia por parte de muchas personas para que la administración estatal informe de manera clara y transparente… ¿qué se ha comprado durante esta crisis?, ¿a quién?, ¿a qué precios?… Porque existe un velo de duda que en medio de esta crisis alguien podría estar aprovechándose para favorecer a particulares.

Como era de esperarse el mensaje tampoco menciona la incapacidad del gobierno para generar consenso con los alcaldes y definir una única ruta para la reanudación de actividades. Y menos aún con la federación, con quien a mitad de la pandemia decidieron iniciar una disputa muy fuera de tiempo respecto al Pacto Fiscal. Un tema que se tiene que discutirse, pero que no es tiempo de hacerlo ahora. 

Parece muy fácil echarle la culpa a la gente, pero los gobiernos son elegidos para ejercer el liderazgo sobre todo en los momentos de crisis como este y  en eso, en ejercer el liderazgo, una vez más volvieron a fallar. 

Cuando el liderazgo de un gobierno, una habilidad que se enriquece día a día con congruencia y autocrítica, sucumbe ante las ocurrencias y carece de seriedad, la gente y el resto de los actores políticos con los que interactúan dejan de creerle y tenerle respeto.

Sin nadie que lidere en medio de la tormenta es muy fácil que las medidas de contención se relajen y cada quien haga lo que quiere, pero eso no le quita al gobierno su responsabilidad. 

La responsabilidad es sólo de ellos, en el momento más difícil en la historia reciente del Nuevo León, hubo un buen trabajo inicial, pero luego cayeron en mensajes contradictorios. Ojalá tengan tiempo de recomponer para que ese trabajo inicial termine bien porque eso es lo que se merece Nuevo León.

La Nueva Normalidad

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En estos días he escuchado mucho sobre la “nueva normalidad” y me he puesto a pensar cómo debería ser y cuál es la realidad en la que merecemos vivir. Pensando en lo ideal, las siguientes palabras llegaron a mi mente…..

La nueva normalidad, esa en la que las mujeres no corran peligro en su propia casa y que al tener un problema y llamar buscando auxilio, sean atendidas por autoridades preparadas, eficientes y empáticas, porque el aumento del 60% en llamadas por violencia en esta cuarentena, existe y no es falso. Incluso una normalidad, en la que poco a poco, el sentir peligro tanto en casa como en la calles se vuelva algo desconocido, que los más de 4 mil asesinatos entre abril y mayo no vuelvan a ocurrir. 

Necesitamos vivir en la nueva normalidad, esa que respete el medio ambiente y las áreas protegidas, aquella que no ceda las tierras al mejor postor. Esta, donde los procesos de producción tengan en cuenta el cuidado del planeta, antes que el beneficio propio. Esa realidad, en la que el gobierno se preocupe por las energías renovables y no le apueste a proyectos viejos y fallidos. 

Se debe buscar una normalidad, donde todos tengamos los mismos derechos y el Estado nos brinde servicios eficientes. En la que todos los niños, donde sea que vivan, tengan acceso a una educación de calidad y a una infraestructura educativa digna, que realmente les brinde las herramientas para lograr esa movilidad social tan anhelada, que aun parece ser solo una utopía. 

Una realidad en la que las personas puedan ser libres, como sea que elijan serlo, sin miedo a ser juzgados y reprimidos por el mismo sistema heteronormado y patriarcal. Aquella, en la que mujer pueda decidir sobre su cuerpo y el Estado no se crea dueño de este. 

Se necesita una nueva normalidad, si, cambiando de forma y de fondo, sin divisiones y estigmas, como bien dicen muchos: todos remando para el mismo lado. Esta normalidad, que reconozca a todos como personas que tienen el derecho a desarrollarse de manera plena, sin importar su raza, religión, preferencia sexual y lengua. 

Aquella en la que el gobierno no dividida a la población, ni destruya instituciones. Una, en la que el poder no sea centralizado en un solo individuo, sino que sea usado para fortalecer los organismos gubernamentales existentes. Esta que tiene como fin, brindar un verdadero bienestar para la ciudadania, más allá de caprichos y desplantes. Esa debería de ser la Nueva Normalidad, la que realmente se necesita.