Piden 14 gobernadores a AMLO no politizar seguridad; Alianza Federalista da su apoyo a Chihuahua

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Después del retiro de las fuerzas federales de los mecanismos de coordinación en materia de seguridad en Chihuahua. 14 gobernadores demandaron al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con el acuerdo de no politizar el tema.

Los gobernadores de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León hicieron el llamado para que el tema de seguridad se saque de cualquier interés político, ya que con ellos se fortalece a la delincuencia organizada y se debilita a la sociedad.

Los 10 mandatarios agrupados en la Alianza Federalista se reunieron este miércoles en la Ciudad de México en donde manifestaron su respaldo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, porque la seguridad, expresaron, debe constituir una prioridad para todos.

El día de ayer Corral Jurado dio a conocer que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le notificó de un acuerdo del gabinete en el que se determinó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen a diario por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia.

Ya por la noche del miércoles y en reunión con la Alianza Federalista, Corral acusó que la decisión fue unilateral y lo único que refleja la Federación es un talante autoritario con propósitos de venganza en contra de Chihuahua.

“Esto termina beneficiando a la delincuencia, pierde el pueblo. Llamamos al gobierno a corregir esta decisión, el pacto federal lo obliga a ello”, advirtió el panista.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que el gobierno federal no puede descoordinarse de la seguridad y menos unilateralmente.

“Hicieron bulla porque los gobernadores no íbamos a las sesiones de la mañana y hoy es claro que en un arranque, un berrinche, diciendo que ya no nos coordinamos”, señaló.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recordó que un acuerdo entre los gobernadores, la gobernadora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que se tuvo con la Federación, fue no politizar el tema de la seguridad. 

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, expuso que los conflictos que se viven en las entidades son de ámbito federal y no se actúa en consecuencia desde la Federación.

“Nosotros tenemos cordura para convocar al diálogo con la Federación, se pueden resolver los conflictos si nos sentamos a dialogar”, expresó.

Cabe mencionar, que también la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldó a Corral. Consideraron inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación de seguridad.

“Absolutamente inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación en la mesa de seguridad en #Chihuahua. Demandamos el respeto a la soberanía estatal y respaldamos a nuestro compañero @Javier_Corral. Toda nuestra solidaridad con la sociedad chihuahuense”, publicó la cuenta de la GOAN en Twitter.

Los estados a los que les ha ido mejor y peor económicamente durante la pandemia

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En el 2020 la economía de México tendría una caída del 11.2%, según estimaciones de Citibanamex, y entidades como Coahuila, Quintana Roo y Baja California Sur serían las más afectadas, con caídas de más de 14%.

En su reporte Indicadores Regionales de Actividad Económica 2020, la institución financiera estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Coahuila se contraerá 15.9%, por lo que sería la entidad con mayor contracción.

Junto con Quintana Roo y Baja California Sur, con caídas de 15.3% y 14.8%, serán las entidades más afectadas en la actual crisis ocasionada por la pandemia.

En contraste, las menores caídas se observarán en Chiapas, Ciudad de México y Tabasco, con 9.4%, 9.6% y 9.7%, respectivamente.

Estimamos que las entidades turísticas estarán entre las de mayor afectación económica. El cierre de actividades durante los primeros meses de la pandemia y la apertura parcial de los centros turísticos limitarán su crecimiento“, dijeron.

Además, señalaron que el cierre de plantas por la cuarentena también afectó a los estados del norte, lo que rompió con las cadenas de suministro de varios sectores, entre ellos el de las manufacturas.

Para 2021 se estima que Coahuila, Quintana Roo y Baja California Sur serán los que presenten el mayor crecimiento económico, de 8.2%, 7.0% y 6.6%, en cada caso, explicado en mayor medida por la base de comparación tan baja proyectada para 2020.

Por otra parte, HR Ratings prevé que el PIB del país podría tardar hasta 17 trimestres en recuperar los niveles previos a la pandemia por coronavirus.

En conferencia, Félix Boni, director general de análisis de la calificadora, refirió que la tasa de crecimiento a largo plazo sería de 2%, por lo que el recuperar los niveles previos a la crisis sanitaria tardaría al menos 3 años. Para este año estima una caída de 10% y un avance de 4.9% en 2021.

(Con información de El Financiero) 

Por COVID-19 se perdieron 1 millón 113 mil empleos formales en México

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La pandemia del COVID-19 dejó un saldo de un millón 113 mil 677 empleos formales perdidos al primer semestre del 2020, como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento social y el paro de actividades económicas.

Este domingo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) piblicó el domingo su reporte mensual de empleo, en el cual informa, que en junio de 2020, mes en el que se inició la “Nueva Normalidad”, se perdieron 83 mil 311 puestos de trabajo.

Cabe señalar que el dato de junio de 2020 representa una desaceleración en la pérdida de pelos respecto de los meses previos que estuvieron enmarcados en la Jornada Nacional de Sana Distancia, se trata de la cantidad más baja para un mismo mes desde junio de 2001.

“Como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en junio se registra una disminución mensual de 83,311 puestos, equivalente a una tasa mensual de -0.4%”, indicó la dependencia.

De acuerdo con los datos del IMSS, entre marzo y mayo se perdieron un millón 30 mil 366 puestos de trabajo, por lo que, si a ese acumulado se suman los puestos de trabajo perdidos en junio, el saldo del COVID-19 al cierre del primer semestre de 2020 asciende a un millón 113 mil 677 empleos formales.

Por otro lado, al observar la evolución del empleo para el primer semestre, lo que resulta es que entre enero y junio de 2020 se han perdido 921 mil 583 puestos de trabajo netos, esto porque si bien de marzo a junio hubo caída en el empleo, durante los meses de enero y febrero sí hubo creación de plazas laborales.

En la casa anual de decrecimiento del empleo se ubicó en -4.3% en junio de 2020, la variación más baja para cualquier mes desde que existen los registros del IMSS, es decir, 1997.

Cabe recordar que, en junio de 2009, cuando sucedió la recesión global y el virus de influencia AH1N1, el empleo reportó un decrecimiento de -4.2% a tasa anual, es decir, una variación similar a la observada en junio de este año.

En cuanto sectores, el que presentan un crecimiento anual en junio de puestos de trabajo fueron agropecuario, con 3.5%; servicios sociales y comunales, con 2.3% y electricidad, con 0.1%, en contraste, la industria de la construcción registró una caída de 11.6%, servicios para empresas cayó 8.1%. y la industria extractiva disminuyó 6.5%.

Por entidad federativa, Tabasco, Michoacán y Baja California registran una ligera variación anual positiva durante junio con 1.4, 0.1 y 0.1 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, estados turísticos como Quintana Roo registraron un desplome del empleo formal de 22.9% en junio a tasa anual; seguido por Baja California Sur, con 11.7% y Guerrero con 7.2%.

La aprobación de AMLO baja: su partido enfrenta un escenario adverso para 2021

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

El nivel de aprobación del presidente López Obrador bajó ocho puntos en mayo, para situarse en 60 por ciento, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

El efecto rally behind que mencionamos hace un mes en Reporte-19 como uno de los factores en el incremento de la popularidad del presidente parece haber llegado a un punto de agotamiento. 

La aprobación de AMLO ha vuelto a los niveles que tenía en marzo, cuando comenzó el confinamiento. Este nivel de aprobación es el más bajo en lo que va de su presidencia.

La disminución en la popularidad presidencial se registra en el mes con más contagios y fallecimientos por COVID-19, pero también en el que las medidas de confinamiento han detenido buena parte de la actividad económica y productiva del país.

El Economista-Mitofsky también compartieron su encuesta de mayo en la que se aprecia una aprobación del 50%.  Un aspecto relevante en el estudio es la aprobación por tipo de ocupación. Los profesores y trabajadores informales son quienes más alta tienen su valoración (66% y 67%) mientras que los empresarios y personas desempleadas son quienes más lo reprueban (58% y 62%, respectivamente).

La desagregación de aprobación por Estados muestra que donde mayor incremento hubo fue en Tamaulipas, Chiapas, Zacatecas y Durango, mientras que el decremento se hizo más latente en Campeche, Nuevo León, Baja California Sur y Durango.

La probabilidad de que la aprobación del presidente continúe a la baja es alta por factores obvios: el aumento en el costo humano y económico de la pandemia y un zoom de los factores de rechazo para el presidente se encuentra en la opinión al manejo de problemáticas específicas.

De acuerdo a la encuesta de El Financiero, el 62% de la población piensa que AMLO ha manejado “mal/muy mal” el empleo y el 57% piensa lo mismo sobre la economía.

Esto configura un escenario adverso para el mandatario y su partido, pues aunque falta un año, enfilarse hacia 2021 con una percepción mayoritaria de mal manejo en la economía y seguridad podría acarrear considerables costos electorales. Es probable que el debilitamiento de la imagen presidencial sea más agudo en los estados del norte, donde históricamente la votación por AMLO siempre fue menor que en el centro y sur.

Es relevante recordar que en la elección de 2018 Nuevo León fue el segundo estado con menos votos para AMLO, solo por detrás de Guanajuato (La única entidad en la que no ganó).

Federalismo y COVID-19

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La complicada situación del Coronavirus en todo el país, ha forzado que el gobierno federal tome medidas a través del Consejo General de Salubridad. Este órgano está previsto en la Ley General de Salud, como la autoridad sanitaria que “define prioridades, la expedición de acuerdos y la formulación de opiniones al Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema Nacional de Salud” y todas sus disposiciones son obligatorias para las autoridades administrativas del país, en términos de los artículos 73 fracción XVI, Base 1a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4to fracción III de la Ley General de Salud. Toda la estrategia nacional la ha dictado el Consejo a través de los Acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de marzo, ello para poder darle validez jurídica a todas las medidas institucionales de combate y mitigación del COVID-19. Desde mi perspectiva, el Gobierno Federal ha mantenido un control positivo de la situación desde el aspecto de salud, sin embargo, existen deficiencias y vacíos jurídicos que han dado pie a diversas acciones desde gobiernos estatales (y lamentablemente también municipales), en donde se atribuyen facultades que no tienen, realizando acciones preocupantes, vulnerando así la constitución y diversos derechos humanos. Este escenario genera un desorden institucional dejando en clara evidencia una nula coordinación entre la federación y las entidades federativas sobre la pandemia. 

Este actuar por parte de gobernadores, es parte de ese frágil federalismo en México, establecido en el artículo 40 constitucional. Para aquella persona ajena al término, federalismo  significa un “arreglo político institucional basado en la distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central o ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución” (Olamendi, 2000). De una manera sencilla, el federalismo nos permite un mayor control y orden sobre todo el ejercicio público, como decía Alexis de Tocqueville “el federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjunto, integren el gran cuerpo de la unión”. Ello ha implicado diversos retos en México, ya que presume un mayor control al ejercicio del poder, y un “arbitraje de la fuerza” (Vázquez Pando, 1996). En lo que llevamos de contingencia y medidas extraordinarias, el Consejo General de Salubridad ha actuado de manera eficiente desde una visión centralizada del fenómeno, sin embargo, ese ha sido su error constante. En el desarrollo de estos hechos, se ha obviado la participación de los gobierno estatales o su papel durante la emergencia, haciendo que ante este vacío de participación las entidades federativas reaccionen, en muchas ocasiones, violentando de manera flagrante la constitución. De lo anterior, tenemos a estados como Yucatán, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur  y Tamaulipas, entre otros, que han aprobado medidas que violan el derecho a libre tránsito, seguridad jurídica, libertad, a la salud, y atribuciones de índole federal, entre otros. También resulta sumamente peligroso el camino que diversos municipios están tomando, como cerrando municipios enteros como en el caso de Yucatán, e incluso impiden el acceso a personas no originarias de su comunidad. Los gobierno estatales y municipales, deben apegarse al art. 13 de la Ley General de Salud, el cual nos define las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y que de igual manera dicta que la autoridad máxima en estas situaciones es la Secretaría de Salud Federal. Todo este panorama delicado, podría generar un conflicto grave de gobernabilidad y falta de certeza en las políticas de emergencia, pudiendo contrarrestar todos los esfuerzos institucionales de mitigación del virus, vulnerando de manera sistemática derechos humanos. Una emergencia de esta naturaleza no debe dar entrada a vulneración de la constitución y los ordenamientos jurídicos, ya que al hacerlo, se abre una puerta muy peligrosa que terminaría por destruir un Estado de Derecho que sigue en constante construcción. 

Las autoridades federales, y en especifico, el Consejo General de Salubridad, debe construir un protocolo o lineamientos básicos que deben seguir los gobierno estatales y municipales, es urgente una política integral en donde se oriente e de linea a las figuras locales dentro de la ecuación contra el COVID-19. Es claro que el punto más débil de las políticas sanitarias de emergencia, son justamente las entidades federativas, que parafraseando a M. Cejudo y Gómez Álvarez, “los gobiernos (locales) han actuado en las últimas semanas sin entenderse como parte de una estrategia integral, sino como respuestas específicas a diversos estímulos: la presión ciudadana o mediática, la oportunidad política y, en algunos casos, la falta de conocimiento científico”. En ningún momento se trata de una centralización absoluta, sino de un respeto de esferas de actuación constitucional y administrativa, entender la dinámica de reparto de tareas. Ahora más que nunca, necesitamos medidas homologadas y una coordinación entre la administración pública federal y  las estatales. La precisión de las políticas públicas y la respuesta eficaz son pilares fundamentales dentro del combate al virus, sin embargo, la federación debe evitar a toda costa un vacío de autoridad debido a la falta de claridad de las medidas en las esferas estatales, y las “autoridades tienen a su disposición un cúmulo de herramientas con márgenes de flexibilidad”(Tortolero, 2020) que permiten un respeto a nuestro orden jurídico nacional. No podemos argumentar que una situación compleja como la actual, sea motivo para iniciar una serie de acciones sin fundamento jurídico básico, al contrario, podemos utilizar al COVID-19 como una oportunidad de mejorar, afinar y reconstruir un federalismo endeble y difuso en situaciones de emergencia. Estos son tiempos de dejar las popularidades políticas a un lado, y tener el cuidado de la salud como un máximo institucional con total apego a los cánones constitucionales. Como bien dijo el Dr. Hugo López Gatell: “De lograr una disminución en los casos del virus, no será un logro del Gobierno de México, será un logro del pueblo mexicano”. 

28 ‘spring breakers’ en Estados Unidos dan positivo a coronavirus tras viaje a Cabo San Lucas

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Un grupo de 28 jóvenes originarios de Austin, Texas, que hace una semana y media estuvieron en Cabo San Lucas, dieron positivo a la prueba de COVID-19.

Así lo informó el Departamento de Salud Pública de esa ciudad norteamericana, que entre otras cosas detalló que el grupo investigado está conformado por 70 jóvenes que viajaron en un charter a México por vacaciones de primavera y que, de vuelta, cada quien abordó vuelos diferentes.

“Aproximadamente hace una semana y media, cerca de 70 personas de más de 20 años partieron en un vuelo charter (a México) para un viaje por vacaciones de primavera”, explicó el Departamento en un comunicado.

“Hasta ahora 28 personas del grupo han dado positivo a pruebas de COVID-19 y decenas más están bajo investigación”, añade el texto.

La autoridad sanitaria de Austin aseguró que ya contactó a todas las personas que participaron en el viaje.

“Los 28 casos confirmados se encuentran auto aislados en este momento. Otros están en cuarentena mientras se les realizan las pruebas”.

Cabe mencionar que este martes, Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur, entidad que alberga dicho destino turístico, informó el deceso de dos personas por coronavirus en el estado.

“Informo, con gran pesar, que registramos los 2 primeros fallecimientos por Covid-19 en #BCS, en la ciudad de La Paz. Nuestras sentidas condolencias a sus deudos. Es momento de la empatía, la solidaridad, y la responsabilidad. Los detalles los dará el sector salud”, tuiteó el Mandatario estatal.

Hasta ayer, la entidad registraba 13 casos de coronavirus de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud.

(Fuente: El Mañanero Diario)

A quién exigir: COVID-19

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Desde principio de enero a la fecha, en México y el mundo ha sido materia de análisis, medidas de seguridad y sanitarias, decisiones políticas, económicas y sociales, noticias, columnas, pláticas de café, etc., el coronavirus (en adelante COVID-19) proveniente de Wuhan, China.

Esto, pues la facilidad con la que se ha propagado el virus, testimonios de países como Italia, las muertes registradas y la declaración de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud, han despertado consternación y preocupación en gran parte de la población.

Y, aunque el porcentaje de mortalidad del COVID-19 es relativamente bajo, los ciudadanos tienen razón al estar preocupados respecto del avance que va teniendo la enfermedad, pues al tratarse de un tema de salud no hay duda de que este resulta de orden público.

En México, el avance del COVID-19 actualmente se encuentra en la fase 1 (importación de casos) y aunque el representante de la Organización Mundial de la Salud en el país Cristian Morales Fuhrimann ha señalado que hemos sido el primer país en poner a punto la técnica de detección del coronavirus; lo cierto es que tal y como ha sido reconocido por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Dr. Hugo López-Gatell probablemente en 15 días entremos a la fase 2 (transmisión comunitaria) y posteriormente a la fase 3 (etapa epidemiológica).

Derivado de lo anterior, ante el inevitable escenario de transmisión comunitaria y posteriormente epidemia, considero de suma relevancia dos cuestiones.

La primera, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (en adelante INSABI) y el desafío que enfrenta ante el avance del COVID-19.

El INSABI, fue creado por el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019 y su objetivo es que las personas que no cuenten con seguridad social tengan derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos al momento de requerir la atención.

La creación del INSABI, hoy impacta positivamente en la vida de todos aquellos mexicanos que no contaban con seguridad social, pues ante la situación que enfrenta el país en relación al COVID-19, estas personas tendrán la posibilidad de atenderse en hospitales ante un eventual contagio que requiera atención especializada.

Sin embargo, no puede pasarse por alto que si bien el INSABI otorga la posibilidad para que las personas sin seguridad social tengan acceso a tratamiento médico, la realidad es que hoy el Instituto enfrenta un reto que verdaderamente pondrá a prueba su funcionamiento y que podrá terminar con las dudas de los incrédulos o bien condenarlo de ineficaz.

La segunda, la decisión de los gobiernos estatales de Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, de coordinarse y no adherirse al INSABI.

Esto, pues la decisión en defensa de su “soberanía”, que considero más bien se trato de una decisión tomada para que los Estados pudieran manejar y administrar los recursos asignados para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en términos de los artículos 77 Bis 16 y 77 Bis 16 A de la Ley General de Salud, podría poner en riesgo a sus respectivos ciudadanos.

Lo anterior, pues las referidas entidades federativas tendrán que hacerse cargo a través de sus Secretarías de Salud de la atención especializada que requiera una persona infectada por el COVID-19 que no cuente con seguridad social.

Situación que en un futuro cercano podría patentizar lo atinada de su decisión, o bien, simplemente tacharla como un acto irresponsable, al haber evidenciado incapacidad y priorizado el manejo de recursos a costa de la salud.

Por último, es importante que como ciudadanos sepamos a quién exigir respuestas.

Nuevo León se queda sin Insabi ni IMSS-Bienestar

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Esta mañana, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, informó que cinco entidades decidieron no incorporarse al nuevo modelo del Insabi, por lo que además se quedarán sin ningún convenio de salud federal. Estas entidades se tratan de Nuevo León, Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato y Jalisco.

Por otro lado, 23 estados sí se incorporaron y tendrán garantizada la gratuidad de esta atención siendo el tercer y se dará inicio para a partir del próximo primero de diciembre.

Se recalcó que los estados que no firmaron para sumarse al Insabi, tampoco tienen otro tipo de convenio con la Federación, como el IMSS Bienestar. En compañía del presidente, el secretario comentó que: “Los estados donde no habrá participación del Gobierno federal (es) porque no hay institución federal y los Gobiernos estatales decidieron no adherirse“.

No obstante, ciertos estados como Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas tampoco se unieron al modelo, pero sí cuentan con IMSS Bienestar, puntualizó López-Gatell.

Así mismo se comentó que la importancia de adherirse al Insabi consiste en trabajar por un mismo esquema, modelo y sistema que se comprometa con la gratuidad. “No queremos que personas paguen de su bolsillo cuando ya están pagando a través de sus impuestos“.

Por último, se agregó que se cuenta con un presupuesto anual de 32 mil 674 millones de pesos para las instituciones, del cual un 86% lo provee el Gobierno federal, esto es, 28 mil 190 millones de pesos. Aunque, para garantizar la gratuidad, se les otorgará los 4 mil 484 millones de pesos restante.

Finalmente, el funcionario agregó que en el sistema IMSS Bienestar hay un 98 por ciento de abastecimiento de fármacos en enero de 2020.

Con información de Reforma

Advierten por señales de recesión económica en ocho estados

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El Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal muestran que la actividad económica en 22 entidades del paños (69% del total nacional) retrocedió durante el segundo trimestre del año respecto al primero, e incluso algunas de las entidades se sitúan en recesión.

De acuerdo a los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que el crecimiento en México es heterogéneo, con una tercera parte del país avanzando y las otras dos rezagadas.

Entidades como Tabasco y Campeche se ven afectadas por la crisis petrolera; s Coahuila, Nuevo León y Querétaro les perjudica la desaceleración de sus ventas al exterior, o también las que padecen la contracción de la inversión pública por tener un peso importante en el gasto gubernamental, explicó el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.

Por otro lado, los datos del INEGI mostraron que las entidades con mayores caídas durante el segundo trimestre fueron Sinaloa, Baja California Sur, Tabasco, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Yucatán.

Además, la situación es más critica para ocho entidades que ligaron dos o más retrocesos trimestrales, lo que constituye una señal de que se encuentran en recesión, entre estos estados se encuentran Tabasco y Zacatecas, que hilaron cinco trimestres con cifras rojas; Chiapas, Estado de México y Nayarit, con cuatro, y Baja California Sur, Oaxaca y Sonora, con dos.

Cabe señalar que las actividades terciarias, relacionadas con el comercio, transporte y servicios financieros, entre otros, lograron un crecimiento anual acumulado de 3.6% en el primer semestre de 2019, sin embargo, fue insuficiente para compensar el desplome en la producción industrial de 18.3%.

La producción industrial registró una caída de 8.9% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2018, mientras que el sector servicios retrocedió 0.3% debido al menos dinamismo del comercio.

Solamente 10 entidades lograron datos positivos, teniendo un peso total en el PIB del 47%, lo que permitió que a escala nacional la actividad económica no se viera más afectada. Las entidades que sobresalieron fueron Chihuahua, Colima, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, y la CDMX.

(Con información de El Universal)

Reforma Educativa es declarada constitucional

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Este miércoles, el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma educativa.

Al comenzar la sesión, el presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, dio cuenta de los Congresos locales que aprobaron en menos de una semana las reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución estos son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango y Guerrero.

Así como, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México.

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto con el que se reforman disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, aprobado el 09 de mayo de 2019. Se remite al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación”, señaló el legislador morenista.

“Manifiesto mi reconocimiento por la reforma aprobada, representa un paso significativo de los trabajos del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Expreso mi respeto y reconocimiento a la postura de los grupos parlamentarios  y su desempeño responsable, que permite alcanzar un avance en la educación en México”, añadió.

En cuanto se publique el decreto en el Diario Oficial, entrarán en vigor todas las disposiciones de la ley.

Lo anterior, pese a que la inconformidad prevalece en sectores del magisterio encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que incluso este miércoles marcharon en la Ciudad de México, de San Cosme al Zócalo capitalino, para expresar su rechazo a las modificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

(Fuente: El Mañanero Diario)