IMSS afilia a 11 mil trabajadoras del hogar

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa matutina informó sobre el avance de un programa que  se propuso para integrar a las y los trabajadores del hogar al Instituto Mexicano de Seguro Social. En su participación respecto al tema comentó que son ya 8 meses de haberse implementado el programa, en el que se han afiliado a 11 mil 947 personas, de las cuales 76 por ciento son mujeres y 26 se ubica en Ciudad y Estado de México.

Por otro lado, en su uso de la palabra, el  titular del IMSS, Zoé Robledo  comentó que “El salario promedio de los asegurados es de los 5 mil pesos mensuales“, siendo que añadió que los trabajadores del hogar tienen derecho a asegurar a sus beneficiarios. Además, se comentó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre de 2019, existen 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar en México, siendo el 90 por ciento mujeres y el 10 por ciento restante, hombres, cuyo salario promedio es de 3 mil 151 pesos al mes.

Con información de Vanguardia

Asistencia de Attolini a la F1 causa polémica en redes sociales

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En un video que circula en redes sociales se puede ver al titular de la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional del IMSS, Antonio Attolini, en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“A mí me invitaron un grupo de empresarios nacionalistas”, dice Attolini a un par de asistentes en el video que habría grabado el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Riggs.

Lo dicho por uno de los más ávidos defensores de la Cuarta Transformación, estaría en violación con la fracción II del Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la cual establece que los servidores públicos no deben utilizar su empleo, caro o comisión para beneficio personal, “ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos” de ninguna persona u organización.

Adicionalmente, antes de asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, presentó 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana en julio de 2018, donde el número 47 especifica:

“Ningún funcionario público podría recibir regalos cuyo valor exceda de 5 mil pesos”.

Los precios para la Fórmula 1 iban de mil 500 el más barato en la zona naranja, a los 21 mil 750 pesos por persona el más caro en la zona verde, aunque los precios de los boletos VIP no fueron revelados por la organización.

Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron directamente a Attolini, preguntándole cómo es que, si esta harto de la corrupción, terminó inmiscuido en una situación similar a la que criticaba.

UMA y la Joya del Pancismo

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El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a través del cual fueron modificados los artículos 26, apartado B y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución.

Dicha reforma, en su modificación al artículo 26, apartado B, Constitucional, crea una medida que se utilizaría como referencia económica para el cumplimiento de obligaciones.

En ese contexto se crea la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) como referente económico, desindexando al salario mínimo general vigente (SMGV) y, a partir del 28 de enero de 2017, toda referencia al SMGV cómo parámetro de medida, debía considerarse efectuados a la UMA.

Esto, pues el artículo TERCERO transitorio del decreto anteriormente señalado, estableció que todas las menciones al SMGV como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, apartado B y TERCERO transitorio de la Constitución, a partir del año 2017, el IMSS y el ISSSTE, comenzaron a utilizar la UMA a efecto de establecer los topes máximos en el cálculo para el pago de las pensiones.

Situación, que ocasionó que el poder adquisitivo y el monto de las pensiones fuera reduciéndose en perjuicio de los pensionados, toda vez que el valor de la UMA tenía menores aumentos en proporción a los realizados al SMGV.

No obstante, ambos Institutos de Seguridad Social, perdieron de vista que a la par de la reforma al artículo 26, apartado B, también se modificó el artículo 123, inciso A) fracción VI de la Constitución, estableciendo que el SMGV no podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, el SMGV, podía seguir utilizándose cómo índice, unidad, base, medida o referencia, siempre y cuando fuera acorde a su naturaleza.

En esa tesitura, tratándose de la determinación de la cuota diaria de pensión, es decir, de una prestación de naturaleza laboral, el parámetro utilizado para su cálculo no puede ser otro que el SMGV.

Por lo anterior, desde el año 2017, diversos grupos de pensionados, al ver reducidos montos en el pago de sus pensiones, comenzaron a demandar el correcto cálculo del mismo, atendiendo al valor del SMGV y no a la UMA.

En consecuencia, a finales de 2017 y principios del año 2018, fueron emitidos los primeros criterios respecto a la indebida aplicación de la UMA, para efecto de realizar el cálculo en el pago de las pensiones. 

Mismos criterios, que gracias al legítimo esfuerzo de grupos de pensionados que con determinación acudieron a Tribunales Competentes a ejercer sus derechos siguieron reiterándose, hasta que el 20 de septiembre de 2019, el décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito creó jurisprudencia.

Jurisprudencia, que únicamente es producto del esfuerzo y valía con la que los pensionados defendieron sus derechos en los Tribunales.

No obstante, recientemente circuló un video, en el que aparece el Senador Dr. Américo Villarreal Anaya, declarando que gracias a las gestiones de los Senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que establece que la pensión de retiro de los trabajadores debe ser calculada con base en el salario mínimo.

Estas declaraciones, además de constituir una verdadera joya al pancismo, son un acto demagógico que demerita la valía con la que los pensionados defendieron sus derechos.

Por mi parte, únicamente puedo felicitar a los pensionados por su Voluntad y Trabajo en este logro.

Attolini será enlace internacional del IMSS

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La tarde del jueves, Antonio Attolini, egresado del ITAM y exdirigente del movimiento estudiantil #YoSoy132, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter su designación como coordinador técnico de Vinculación Internacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así mismo, comentó que desde el pasado primero de octubre trabaja en las oficinas ubicadas en Reforma, donde está bajo las órdenes de David Razú Aznar, director de Vinculación y Evaluación de Delegaciones.

Este personaje, también describió el labor que realiza esta oficina en la dependencia siendo que la Coordinación Técnica de Vinculación Internacional se encarga de diseñar e instrumentar las estrategias bilaterales y multilaterales para el logro de los objetivos institucionales en el ámbito internacional.

Hasta el pasado 30 de septiembre, Attolini fungía en un cargo en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la LXIV Legislatura. Siendo que a partir de este mes se reencontró con Zoé Robledo, actual director general del IMSS, con quien había trabajado cuando desempeñaba como senador.

Con información de El Universal.

“Que se vaya al carajo la delincuencia”, AMLO en Tamaulipas

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Durante su gira por el estado de Tamaulipas, uno de los estados más afectados por el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó a la delincuencia y le hizo un llamado para que se porte bien.

“Que se vaya al carajo la delincuencia. ¡Fuchi!, ¡guácala! Es como la corrupción: ¡fuchi! ¡guácala!”, dijo López Obrador durante un evento en el Hospital Rural Soto la Marina del IMSS.

El mandatario aseguró que la situación en la entidad ha mejorado, menos en la zona norte.

“Ahora tenemos más problemas, allá en la frontera, Nuevo Laredo, un grupo que está ahí muy beligerante y los estamos llamando a que le baje, que ya todos nos portemos bien”, pidió el presidente.

Cabe recordar que el sábado, durante una gira por Hidalgo, el político tabasqueño pidió a los criminales que penaran en sus “mamacitas” antes de cometer sus fechorías.

El Contra-Informe: Los ciudadanos tenemos otros datos Presidente

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El pasado domingo 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en Palacio Nacional su Primer Informe de Gobierno; el tercero para su cuenta personal, es decir: el primero, el informe que dio con motivo de los primeros 100 días de gobierno; el segundo, realizado el 1 de julio del 2019 para de celebrar un año de la elección que le dio el triunfo y tercero, el que por mandato Constitucional obliga al Presidente de la República a enviar al Poder Legislativo el estado actual que guarda la Administración Pública Federal.

La realidad es que no importa el número del informe sino el contenido del mismo, pues realmente, si de informes hablamos, el Presidente informa diariamente vía su conferencia “mañanera”. En fin, esta columna esta lejos de ser un resumen del informe, que por cierto, en forma y fondo no hubo nada nuevo; sin embargo, es importante apuntar brevemente algunos datos que citó durante el mismo y que no son precisamente los mismos datos que “la oposición moralmente derrotada” -como los llamó en el informe-, la sociedad civil y muchos ciudadanos tenemos.

Es cierto que hay rasgos que presumen la construcción de un nuevo régimen, el problema es que aún no alcanzamos a ver hacía donde nos está llevando como país el nuevo gobierno. Tomando en cuenta que el Presidente ha sido caracterizado por llevar una política de simbolismos, una gran oportunidad para ilustrar esta “cuarta transformación” hubiese sido el cambio de formato que le dio a su informe. Hay que recordar, que desde el ex Presidente Vicente Fox, ningún Presidente ha rendido su informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro (Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora AMLO), abriéndolo a discusión con los líderes de las distintas bancadas. 

Lo anterior es de lamentar, pues un Presidente que promueve en su discurso la libertad de expresión, el debate y la rendición de cuentas, y que incluso, la izquierda y Andrés Manuel criticaron en varias ocasiones el que los Presidentes no rindieran su informe frente a Diputados y Senadores, no acudiera al Congreso de la Unión, dejó un sabor antidemocrático de mucha opacidad.

En fin, entrando a los datos duros de dos temas fundamentales para el desarrollo del país como lo son la economía y la seguridad:

En el tema económico, vamos de mal en peor, en el primer año del gobierno antecesor, la economía creció 0.8%, comparándolo con el mismo periodo del actual gobierno, la economía estuvo a punto de entrar en una recesión, pues crecimos 0.0%. es decir, absolutamente nada. 

Los logros económicos en cuanto a la inversión extranjera directa (IED) fue algo que el Presidente no dejó de presumir, incluso argumentando que era la más alta en la historia del país para un primer trimestre, lo cual es totalmente falso; según datos de la Secretaría de Economía en 2013 la IED alcanzó su más alto histórico con 31,300 millones de dólares, comparada la cifra con la de este 2019 que es de 18,102 millones de dólares. Dato muy engañoso.

En cuanto a la generación de empleo, falso que vamos bien, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este año se crearon 306,014 empleos, sin embargo lo que no dijeron, fue que si lo comparamos con los primeros 6 meses del año pasado se crearon 530,789 empleos, es decir, 42% más que este año en el mismo periodo.

En materia de Seguridad -sin duda el flagelo más grande que tiene este país- estamos peor que nunca, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con más de 17,000 asesinatos, el primer semestre de 2019 fue el más violento en la historia de México; Siendo Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos los estados con el nivel más alto de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Además, durante el primer semestre de este año, según el Semáforo Delictivo, delitos como la extorsión, violación, robo a negocio, feminicidios, violencia familiar, secuestros y evidentemente homicidios, registraron un aumento considerable. Por ejemplo, se incrementó un 35% el delito de extorsión y 9% los feminicidios. Siendo este último un tema de especial atención, pues no podemos permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que se siga asesinando a mujeres en el país por el simple hecho de ser mujer. 

Si bien es cierto que la violencia y descomposición institucional es heredada por gobiernos anteriores, ese argumento deja de ser válido a partir de ahora, pues a un año de tomar protesta, no se ve clara cual es la estrategia integral de seguridad del nuevo gobierno. Ojo, si se está pensando que la Guardia Nacional va a contener la inseguridad del país están cometiendo un grave error. 

Sin embargo, en el país que el Presidente observa: en México por fin se logró la separación del poder político y el poder económico, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho, el poder Ejecutivo ya no interviene en los otros poderes ni se entromete en las decisiones de órganos autónomos y se desterró la corrupción y la impunidad. Si es así Presidente, efectivamente, los ciudadanos tenemos otros datos.

En fin, este fue un informe de mucho discurso y pocos datos, y muchos de ellos, falsos, engañosos o inexactos; pero nada de qué sorprendernos, pues los informes de gobierno hace mucho que dejaron de ser lo que deberían ser: un autentico acto de rendición de cuentas.

Empleo desciende 39% en el primer semestre del año

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De acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo formal en México tuvo su peor comportamiento en junio pasado, para un mismo mes desde el año 2002, cuando se perdieron 49 mil 907 plazas de trabajo.

Se estima que el mes pasado se perdieron 14 mil 244 plazas de trabajo, por lo cual se trata del peor inicio de sexenio en materia de empleo desde el mandato del panista Vicente Fox.

Los que tuvieron un peor desempeño, de acuerdo con el reporte mensual, fueron los empleos de carácter eventual (con contratos laborales determinados), pues se calcula que se restaron 48 mil 215.

La pérdida total solo fue menor porque el empleo permanente sí mostró crecimiento, en este caso de 33 mil 971 plazas.

De esta manera, en el primer semestre del 2019 se tiene una generación de empleo formal 39.2% menor que en 2018.

“Es evidente que en los primeros seis meses de esta Administración no se ha podido recuperar la fuerte pérdida de empleo que se registró en diciembre que fue de 378 mil 561 empleos”, afirmó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

El IMSS detalló que la masa de empleo formal del país creció en el sexto mes del año 2.4% a 20 millones 368 mil 666 trabajadores afiliados en el IMSS; misma tasa que se registró en el mes de mayo, cuando ya se reportaba una generación de empleo menor a la del mismo mes del año anterior.

No obstante, las cifras positivas en la generación de empleo, obedecen al número de personas que ha incorporado el IMSS como resultado de los programas sociales, como son el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con 597 mil 936 becarios; y del programa piloto de Trabajadoras del Hogar con 4 mil 890 inscritas.

Los sectores de la economía que reportaron un menor registro de trabajadores en el IMSS fueron: la extractiva con menos 3.3%; el sector de la construcción con menos 2.1%; y la eléctrica que apenas alcanzó 0.8% en la creación de empleo.

En tanto, seis entidades federativas se encuentran con saldo negativo en la comparación anual del empleo formal, se trata de: Guerrero (-4,6%), Chiapas (-1.1%), Oaxaca (-0.4%), Durango (-0.2%), Tabasco (-0.2%) y Morelos (0.1 por ciento).

De la Cruz sostuvo que por ahora los factores que dañan la creación de empleo son internos, “observamos que sectores como la construcción, el comercio al por menor son los que más empleos pierden en los primeros meses del año, no tienen que ver con la parte exportadora. Me parece que la mayor afectación es una combinación de factores, hay un elemento la desaceleración económica que ya venía desde mediados del año pasado y se exacerbó por la austeridad y una debilidad en el sector externo”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

El sistema de salud mexicano y la necesidad de la cobertura universal

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Uno de los temas más relevantes a los que se enfrenta el gobierno de López Obrador es detener el deterioro del sistema de salud mexicano. El modelo actual implementado en los años de la posguerra no parece resolver la problemática actual de la cobertura. 

Existen dos grandes sistemas de seguridad social (salud y pensiones), uno de origen alemán y otro de origen inglés. El primero se le conoce como modelo “bismarckiano” que nació en 1883 en Alemania, diseñado por Otto Von Bismarck. Bajo esta modalidad el Estado funge como gestor, definiendo la composición de las aportaciones para cubrir los costos de sanidad y de retiro. La cobertura se encuentra sujeto a un empleo formal y se financia a través de las aportaciones conjuntas del empleado, el empleador y, en algunos casos, el Estado. 

Por otro lado, encontramos el modelo de Beveridge, implementado en Reino Unido en los años de la segunda Guerra Mundial. En 1941, el gobierno inglés le encomendó a William Beveridge la tarea de llevar a cabo un análisis sobre las deficiencias del seguro social.

Beveridge observó que la sujeción de la seguridad social a la condición laboral generaba ineficiencias en la distribución de los servicios. Ante ello, este modelo propone la universalización de los servicios de salud financiado a partir de impuestos generales y uniformes, independientemente del nivel de renta del asegurado. La financiación depende en su mayoría del presupuesto del Estado, con lo cual éste no es un simple gestor, sino que administra y presta los servicios. 

En este mismo sentido, se puede hacer una serie de tipologías de la seguridad social: socialdemócrata, en el cual el Estado proporciona, por fuera del mercado, beneficios universales y homogéneos que son financiados con altas tasas impositivas; corporativo, en el cual la fuerza política de algunos sectores sociales les provee acceso a grandes beneficios y se encuentra sujeto a su posición laboral; y el liberal, en el cual el Estado transfiere recursos a la población más desprotegida, dejando al resto a disposición del mercado.

En el caso mexicano, el Estado posrevolucionario emprendió el modelo bismarckiano y ha integrado algunos elementos del modelo Beveridge desde los años ochenta. El gobierno mexicano benefició a algunos sectores sociales, sobre todo los que se encontraban sindicalizados, otorgándoles grandes prestaciones y beneficios.

En México, desde la creación del IMSS y del ISSSTE, trabajadores formales en el sector privado y público tienen la posibilidad de recibir servicios de salud y de seguridad social (pensiones) a partir de una cuota que se les descuenta de su salario o sueldo. Las otras partes del financiamiento son generadas por los patrones y el Estado.

Dado que la prestación de servicios del IMSS, ISSSTE y PEMEX están condicionadas al trabajo formal, existe toda una población que no puede acceder a ellos. Para ello, durante el sexenio de Vicente Fox y bajo la titularidad de Julio Frenk Mora en la Secretaria de Salud, se implementó el llamado Seguro Popular (SP), el cual buscaba cubrir las necesidades según una estructura de cuotas dado los ingresos de las familias que no contaban con trabajo formal. Si bien el proyecto era necesario, su implementación dejó mucho que desear, ya que los “gastos de bolsillo” -aquel gasto adicional que hacen las familias con SP para atenderse en hospitales privados por falta de atención en los hospitales asignados por el Seguro Popular- no descendió, sino que aumentó.

En las últimas décadas, las crecientes demandas de seguridad social sobre el IMSS han puesto en duda su viabilidad financiera para seguir prestando los servicios de los derechohabientes, dado que su capacidad de inversión se ha visto acotada. Según datos del IMSS, publicados por Reforma (06/07/2019) el pago de pensionados y jubilados equivale al 19 por ciento de su gasto. Si bien el Seguro Social cerró con un superávit de 14 mil 766 millones de pesos, sus pasivos llegaron a 290 mil 400 millones de pesos en 2018, 29 mil millones de pesos más que el año anterior. Según el IMSS, esto se debió al incremento de las aportaciones financieras que está obligado a hacer, las cuales representaron el 7.5 por ciento de su gasto.

En su visita al estado de Chiapas, López Obrador planteó integrar el IMSS y el ISSSTE al Seguro Popular (al cual obviamente le cambiará el nombre), para dar cobertura universal, es decir, prestar servicios tanto a derechohabientes como a la población abierta.

La descentralización del sistema salud que se intentó llevar a cabo en los sexenios pasados fue un fracaso. La corrupción, ineficiencia y displicencia de los gobiernos locales generó una seria degradación de las prestaciones sanitarias. 

Si bien la centralización acarrea sus problemas, en este caso parece ser necesario. Pero para ello, López Obrador deberá conciliar los distintos intereses de los trabajadores del IMSS -quienes tienen mejores prestaciones que los del SP. Si quiere integrar las distintas instituciones deberá saber dialogar y convencer a los implicados de los beneficios. Esperemos que haga un mejor trabajo que lo que observamos en el caso de la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional. 

Alfonso Romo, señalado como el responsable de la renuncia de Carlos Urzúa

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Tras la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hubo una abundancia de análisis de la carta de renuncia del ahora exfuncionario, sobre todo por las palabras empleadas. Entre ellas, la mención de “la imposición de funcionarios” motivada por “personajes influyentes… con un patente conflicto de interés” terminó siendo una de las agresivas, con todos los dedos apuntando a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, como el destinatario de dicho mensaje.

Las diferencias entre Romo y Urzúa tienen historia privada al igual que pública, con duras réplicas de parte del exsecretario de Hacienda hacia comentarios de Romo en marzo de 2019. Otro momento memorable fue cuando el ahora Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sugirió a reporteros que preguntaran “en la Oficialía Mayor” si estos quisieran saber más de las causas del desabasto de medicinas en el IMSS.

Se han señalado los nombramientos en la banca de desarrollo y el Sistema de Administración Tributaria como procesos impulsados por Alfonso Romo. Al mismo tiempo, se reporta que el plan de negocios de Pemex, que debe presentarse esta semana y tiene el apoyo de la secretaria de Energía Rocío Nahle, también frustró  los esfuerzos de Urzúa y de Herrera para tener un plan de trabajo satisfactorio.

Cabe mencionar que la primera gran renuncia de la administración de López Obrador, el ex director general del IMSS Germán Martínez Cázares, también acusó a funcionarios de Hacienda de “una injerencia perniciosa en el IMSS.”

La renuncia tomó de sorpresa a todos, incluido el Presidente López Obrador.

(Fuente: El Financiero, El Universal y el País)

El taxi vs Uber: ¿cuánto cuesta resolver el problema?

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La cacería de brujas que comenzó en estos días contra los choferes de Uber, Didi y Cabify en Monterrey ha puesto a gran parte de la ciudadanía en contra del gobierno del estado. La premisa es que los conductores de las plataformas no siguen los mismos parámetros que los taxistas convencionales ni pagan la misma cantidad de impuestos por prestar un servicio que -en esencia- es básicamente el mismo y, por lo tanto, los pone en el terreno de la ilegalidad. ¿Es esto del todo cierto? ¿Cuál es el verdadero problema?

Por un lado, se encuentran los taxistas; los de toda la vida. En el mejor de los casos, un taxista tiene que hacer una inversión inicial de varios cientos de miles de pesos para comprar un carro y las placas de taxi que, por cierto, a estas alturas las dos cosas cuestan casi lo mismo. Podría decirse que en total se necesitan unos $300,000 para empezar, dependiendo del año y modelo del vehículo. Los problemas vienen cuando los conductores no pueden invertir dicha cantidad y trabajan para alguien más; alguien que puede pagar y que, cual señor o señora que tienen una casita aparte, lo que quieren es “vivir de sus rentas”. Es decir, el negocio está en tener taxis rentarlos. En Monterrey, un chofer paga unos $400 o $450 diarios al dueño del taxi.

El taxi “verde” tuvo el monopolio durante mucho tiempo y logró sobrevivir a pesar de las circunstancias: la inseguridad (tanto por parte de conductores como de usuarios), las bases y taxis “pirata”, el pésimo servicio, los taxímetros alterados. Los taxis “de base” o “de sitio” (los blancos, pues) luego fueron la alternativa: los pedías por teléfono y hasta los podías agendar para que te recogieran en un día y hora específicos; todo ello a cambio de pagar más. ¿Y cuál fue el problema? Pues que, por ejemplo, algunos de los “taxis ejecutivos” cobraban según tarifas sin sentido y a veces con un criterio completamente subjetivo: dependiendo la hora, el lugar, el destino e incluso dependiendo del cliente, cobraban lo que querían. ¿Cuánto vale una carrera al aeropuerto? Lo que el chofer o la compañía quieran (te veo a ti, Totsa).

Luego está Uber, la tecnología; el que abrió la brecha para los demás. Hay una tarifa fija (o no), que garantiza la seguridad de los pasajeros (o no), en la que los pagos se realizan a través de transferencias para evitar robos (o no) y que permite al usuario en todo momento saber la ruta que el conductor seguirá (o no). Uber le arrebató el negocio a los taxis sencillamente porque su servicio es de mayor calidad (o no), aunque ello implique un costo adicional (¿o no?). ¿Has oído hablar de la tarifa dinámica? ¿Te acuerdas del caso de María Fernanda Castilla y Cabify? ¿Qué pasa si mi conductor no trae cambio? ¿Y si no cancela el viaje, aunque ya me haya bajado? ¿O si se va por una ruta por la que yo no le dije? Estoy plenamente consciente de que la proporción es mucho menor (afortunadamente), pero una cosa no quita la otra.

¿Y entonces? ¿Por qué preferimos Uber? Fácil: porque en México desconfiamos de todo aquello que es propiedad del gobierno. ¿Y por qué? Porque nos suena a corrupción, malos manejos, pésima calidad y mal servicio. ¿Por qué pagamos seguros de gastos médicos mayores? Para no ir al IMSS. ¿Por qué pagamos cable o servicios de streaming? Porque no hay nada bueno en la tele abierta (y menos en los canales del gobierno). La gente espera que la administración funcione como un buen intermediario y no como el propietario, pero esto es otro problema.

En Monterrey estamos tan acostumbrados a pagar de más por todo que si alguien nos dijera que con una cantidad se resuelve el tema de Uber, ya estaríamos juntando. Pero bueno, mejor no doy ideas.