¿Y qué sigue?, asumir nuestro rol ciudadano

Quitar a un gobernador, diputados o alcaldes a mitad de su gestión para la que fue elegido por el electorado de Nuevo León, denominada Revocación de Mandato, es quizá una las herramientas más publicitadas de la Ley de Participación Ciudadana que recién se promulgó en la entidad.

Y no se demerita el valor de esta figura, ya que desde el seno de una sociedad participativa y propositiva se podrá decidir sobre la permanencia del titular del Ejecutivo estatal, legisladores o ediles, si consideramos que han incumplido con sus deberes.

Pero vayamos más allá de lo anterior expuesto. Hablamos de la Ley de Participación Ciudadana como una herramienta de empoderamiento ciudadano, es decir, de cada uno de los individuos con derecho al voto. Pero, ¿cómo una sociedad puede participar de forma organizada y propositiva?

Hablamos de la Ley de Participación Ciudadana como una herramienta de empoderamiento ciudadano, es decir, de cada uno de los individuos con derecho al voto. Pero, ¿cómo una sociedad puede participar de forma organizada y propositiva?

Para pasar de la crítica a la acción hay una brecha muy amplia, pero no imposible. Y eso nos lleva a que la base esencial de esta legislación, que permaneció 12 años en el sueño de los justos, son precisamente las Asambleas y Comités ciudadanos. La primera de las herramientas anteriores tiene el objetivo de regular las juntas de vecinos desde donde se formulan propuestas para el desarrollo comunitario, emiten opiniones y dan seguimiento, además de evaluar las políticas, planes y servicios correspondientes a su sector.

Mientras que los Comités Ciudadanos, en representación de los habitantes de su colonia o sector, elaboran acciones de desarrollo comunitario, reciben información de las autoridades y emiten opiniones sobre programas y servicios públicos.
Digamos que ambas figuras son la base del empoderamiento ciudadano y el primer reflejo de una sociedad organizada. Desde allí inferimos entonces que la Participación Ciudadana es el derecho y la obligación de los ciudadanos de intervenir y participar, colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y actos de gobierno.

Para pasar de la crítica a la acción hay una brecha muy amplia, pero no imposible. Y eso nos lleva a que la base esencial de esta legislación, que permaneció 12 años en el sueño de los justos, son precisamente las Asambleas y Comités ciudadanos.

A lo largo del tiempo hemos aprendido que no todos los trayectos son fáciles, pero ya hemos dado el paso más importante. Nuestro deber ahora es no dejar que esta legislación se convierta en letra muerta.

¿Y qué sigue? La Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León entrará en vigor el 9 de noviembre, por lo que los municipios cuentan con un plazo aproximado de 180 días para adecuar sus respectivos reglamentos e integrar las figuras que contempla la legislación.

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CEE y Ley de Participación Ciudadana

El 13 de mayo de 2016 será recordado como un día fundamental en la historia de la participación ciudadana en el estado: Después de más de 10 años de gestiones de organizaciones ciudadanas, y a casi 4 años de la reforma constitucional en la cual se reconoció el derecho de participación a través de consultas populares, en Nuevo León se publicó la Ley de Participación Ciudadana.

Más aún, debe permanecer en nuestra memoria esta fecha tomando en cuenta que para septiembre de 2014, Nuevo León era uno de los tres estados que aún no contaba con una legislación de participación ciudadana (http://www.nexos.com.mx/?p=22324). Festejemos, además, que la legislación no solamente reconoce como instrumento de participación ciudadana a las consultas populares (plebiscito o referéndum), sino que da un paso más e incorpora la revocación de mandato.

Después de más de 10 años de gestiones de organizaciones ciudadanas, y a casi 4 años de la reforma constitucional en la cual se reconoció el derecho de participación a través de consultas populares, en Nuevo León se publicó la Ley de Participación Ciudadana.

Por ahora no me centraré en las bondades o en los laberintos técnico jurídicos de estas dos figuras. Me ocuparé, más bien, del impacto que la expedición de la Ley de Participación Ciudadana tendrá en la Comisión Estatal Electoral. Un primer apunte es respecto de la denominación del organismo. El nombre de Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE) es anterior aún a la reforma electoral fundacional de 1996, esto es, pertenece a una época en que las elecciones no arrojaban resultados confiables, y en la cual el término mismo de participación ciudadana se antojaba inviable en el estado.

Adicionalmente, puede afirmarse que prácticamente no hay un solo Organismo Público Local Electoral en el país en cuya denominación aparezca la palabra “Comisión”; toda proporción guardada, esto sería equiparable a que actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE), aún se llamara Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

El cambio en la denominación de la CEE se deriva obligadamente de sus nuevas facultades. Ahora no solo organiza elecciones en cooperación con el INE; también es ya el responsable de la “organización, desarrollo y cómputo (…), del referéndum o plebiscito; garantizará la equitativa e imparcial difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía. Asimismo, declarará los efectos del referéndum o plebiscito de conformidad con lo señalado en la convocatoria y la Ley” (art. 34). En el mismo sentido, la CEE “llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior a ello, emitirá la declaración de validez de la consulta de revocación de mandato, para lo cual emitirá el resultado y los efectos de la misma” (art. 68).

En suma, el nombre de la CEE debe cambiar. Debe aprovecharse que conforme al Artículo Primero Transitorio del decreto de reforma aún hay tiempo para proponer esta modificación en la Ley Electoral. En segundo lugar, en donde el impacto de la Ley debería tener mayor impacto es, justamente, en la dimensión de fomento y de garatía de la participación ciudadana en la entidad. Un par de ejemplos.

En suma, el nombre de la CEE debe cambiar. Debe aprovecharse que conforme al Artículo Primero Transitorio del decreto de reforma aún hay tiempo para proponer esta modificación en la Ley Electoral.

Según el numeral 22 de la Ley, la jornada de consulta popular deberá realizarse “preferentemente” en la misma fecha que la jornada electoral correspondiente. Parece ser que el legislador da una directriz a fin de que “se prefiera” que las jornadas electoral y de consulta popular sean cada tres años en el mismo día, sin embargo, probablemente esto dependerá de la fecha de la solicitud y de la trascendencia del tema, obra o instrumento normativo consultado. En todo caso, disposiciones como la anterior decantarán las decisiones de política pública que en el tema de la participación ciudadana deberá tomar la CEE.

Un ejemplo más, ¿no debería el organismo electoral consultar a las ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León los nuevos reglamentos que expide? Piénsese por ejemplo en la siguiente norma: “El Presidente de la Comisión Estatal Electoral instruirá se verifiquen las firmas de conformidad con el reglamento correspondiente y certificará la documentación adjunta” (art. 27). ¿Podría la institución encargada de organizar las consultas populares no consultar a su vez, bien que sea por mecanismos electrónicos, las normas que reglamentan una parte de la participación ciudadana?

En síntesis, la Ley de Participación Ciudadana obliga, por una parte, a renombrar a la CEE y, por la otra, compromete a la Institución a fomentar y garantizar la participación ciudadana.

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Revócame mi amor por ser tan guapo

Estaba muy tranquilo caminando por la calle pensando cuantos daikiris se toma al día el Príncipe de las Tinieblas (Rodrigo Medina) en las Islas Caimán, cuando me entero que el Congreso Local en comisiones aprobó poner en el pleno a discusión la figura de Revocación de mandato, de esas veces que la lucidez entra como luz en un cuarto oscuro. Y como no es de subrayar si nuestros divertidos, anticanalistas y folclóricos diputados le metieron un inesperado acelerador a este asunto y aprobaron analizar la revocación para diputados, alcaldes, gobernadores, suegras, amantes y planteamientos tácticos del Tuca

Vicente Fox quien anda en plan de superhéroe, luchando contra Donald “muros locos” Trump en twitter y televisión echando flamas e insultos guanajuantenses… La neta, es de admirarse, Don Chente, un verdadero abogado social y comediante del stand up que tanto humor involuntario nos ha dado esté dando su corazón, su amor por México. Y ¿cómo no? Con esa pensión vitalicia hasta yo me iba a armarle la gorda al All-American peluquín…

Pero… tanta sensatez era difícil de creer, -verdaderos- expertos en el tema dijeron clara y llanamente que es puro atole con el dedo porque se ocupa 40% de la lista nominal para sacar a un gobernador por ejemplo. Y ahí justo cuando estábamos a punto de caer en la depresión, pero con algo de esperanza de que venga Andrea Legarreta a levantarnos el ánimo y decirnos que no todo está perdido llega el Doctor Luis Eugenio Todd a repartir filosofía toddiana del siglo IV con su comentario homofóbico, misógino y sexista en el periódico Milenio UANL, priista y suegro del alcalde de Guadalupe es uno de esos científicos románticos a la antigua, de la ciencia priista… si no creen ni han creído en la democracia, no me sorprendería que nieguen que la Tierra sea redonda…

… el Congreso Local en comisiones aprobó poner en el pleno a discusión la figura de Revocación de mandato, de esas veces que la lucidez entra como luz en un cuarto oscuro.

Y entre tanta revocadera y la filosofía toddiana que marea a cual cristiano anda por la calle, nos encontramos con un pilar, una luz, un profeta del postmodernismo del siglo XXI, la bota más grande de la galaxia, claro, ni más ni menos que Vicente Fox quien anda en plan de superhéroe, luchando contra Donald “muros locos” Trump en twitter y televisión echando flamas e insultos guanajuantenses… La neta, es de admirarse, Don Chente, un verdadero abogado social y comediante del stand up que tanto humor involuntario nos ha dado esté dando su corazón, su amor por México. Y ¿cómo no? Con esa pensión vitalicia hasta yo me iba a armarle la gorda al All-American peluquín…

Eso si, ni esperanzas que el Lic. Peña ponga un alto a tanta loquera nacional, pues está muy ocupado en Europa presumiendo como está moviendo a México con las reformas estructurales, de que tanta movedera ya andamos muy mareados…

En fin, no pierdo la esperanza toddiana abnegada de que el tema de la revocación va en serio, que Todd solo es una versión tropical cumbiera de Ted Cruz y que los super twitts de Chente derrochando amor por Martita Sahagún son obra de un amor pulcro y casto de novela de las 9…

Lo dicho, dicho está.

revocas

Foto fuente: emaze.com

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A jalar, que se ocupa

Como bien dijo la Lic. Irma Martínez en su columna de anteayer: “cuidado con los humos del poder”. Este es un mensaje que espero lea, comprenda y haga suyo el Gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

Yo fui de las más entusiastas de su gobierno. Lo apoyé en campaña, lo defendí de toda crítica, le di mi voto y convencí a otros de dárselo. Ahora, sólo me queda decepción y escepticismo de si habré sido engañada por la facilidad de verbo que tiene. Cada día me inclino más por la idea de que así fue.

Mi escepticismo y decepción son alimentados por su forma de “gobernar”.

Y antes de que me salten a la yugular los defensores del Gob. Rodríguez Calderón, quiero aclarar que no me refiero a la falta de resultados (la cual es evidente), puesto que estoy consciente de que ciento cuarenta días[1] de administración es un tiempo (relativamente)[2] corto para juzgarlo por ella. Mi escepticismo y decepción son alimentados por su forma de “gobernar”:

1. Arrogancia, prepotencia, procacidad y soberbia que lo caracterizan, incapacidad para aceptar errores y críticas fundamentadas.
2. Descalificación continua a los medios de comunicación, tanto que ya la mayoría de sus seguidores ven a “los medios” como un target enemy, y actitud autoritaria con algunos de ellos, al grado de decirle a un periodista que sólo hacía su trabajo: “tu periódico no es la procuraduría”.
3. Pésima conducta ante la tragedia ocurrida en el penal del Topo Chico, tanto insensibilidad con los familiares como tiempo de respuesta[3] a la ciudadanía.
4. Nula voluntad de explicar a la ciudadanía cómo fue que pasó el #cobijagate (compra de cobijas a un precio inflado a casi el triple), el cual es un evidente acto de corrupción, y la falta de exigencia de su parte al Lic. Rogelio Benavides Pintos, quien dio una explicación ridícula[4], a quien él designó como Subsecretario de Administración, para que presente su renuncia (como mínimo) [5].
5. Represión indirecta: ha declarado que no requiere del Congreso del estado para gobernar, ataca directamente a televisoras y periódicos, censura las parodias artísticas a su gobierno y manipula a la ciudadanía mediante presuntas mentiras en torno a tragedias en su familia.

Estas cinco razones que hacen dudar de su voluntad y de su capacidad, ciertamente no son cosas que requieren de tiempo… son cosas que lo revelan tal y cómo es tras la máscara de defensor del pueblo.

Me uno a la exigencia de muchos neoleoneses de que nuestro gobernador se ponga a trabajar, en lugar de estar pensando en las elecciones de 2018.

Me uno a la exigencia de muchos neoleoneses de que nuestro gobernador se ponga a trabajar, en lugar de estar pensando en las elecciones de 2018. Espero que con los humos del poder no se le haya olvidado que lo que lo hizo gobernador fueron las promesas de justicia contra quienes llevaron a nuestro estado a la debacle. Que no se le olvide, también, su promesa de someterse a la revocación de su mandato ese mismo año.

Ojalá y el Gob. Rodríguez Calderón cese de sus descalificaciones falaces en contra de todo aquel que le hace una crítica. Ya cansó su cantaleta de que quienes criticamos estamos cegados por “los medios” (refiriéndose particularmente a Televisa, Multimedios y TV Azteca) cuando muchos de los que lo criticamos no hemos visto nunca alguno de sus “noticieros” o programas.

Ojalá y el Gob. Rodríguez Calderón cese de sus descalificaciones falaces en contra de todo aquel que le hace una crítica. Ya cansó su cantaleta de que quienes criticamos estamos cegados por “los medios”.

Ya basta de echarle la culpa de todo a “los medios”. En lugar de descalificar a quien critica, ya si esa persona es malintencionada ya, sobre todo, si bien no lo es, que contraargumente lo que se le critica… si es que puede. Limitándose a descalificar solamente se muestra ante la ciudadanía como parece ser que es en realidad: intolerante, autoritario e incapaz.

Espero que no se le suban (más) los humos al gobernador. Y no estoy vendida, ni cegada por “los medios”, ni soy priísta ni panista. Soy una simple ciudadana inconforme.

Gob. Rodríguez Calderón: póngase a jalar, que se ocupa.

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[1] Ciento cuarenta días, considerando desde su toma de protesta hasta el día de ayer.
[2] Por ejemplo: si, según el gobernador, bastaron cuatro días para frenar la corrupción en Topo Chico (cosa que dudo bastante), ¿por qué no lo hizo en seis meses?
[3] Tardó alrededor de nueve horas en salir a dar una explicación (no tan clara) de lo que había sucedido.
[4] a. No prueba lo que afirma de que las diferencias corresponden a un remanente de cobijas adquirido por el gobierno anterior. b. La empresa (fantasma, por cierto) que ganó la licitación es la que siempre gana las licitaciones desde el gobierno pasado. c. Es oscuro al decir que las cobijas adquiridas fueron de medidas “estándar” en el mercado, puesto que no publica el debido estudio de mercado ni especifica a qué se refiere o qué entiende él con “estándar”, entre otras razones.
[5] Al momento de escribir este texto aún no anunciaba su renuncia el Lic. Benavides Pintos, lo cual sucedió una hora después. Si bien aplaudo su renuncia, no es suficiente. Eso era lo mínimo que debía suceder. Esperamos los resultados de las investigaciones y que se castigue con mano firme al que resulte culpable.

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Revocación Vetada

Últimamente, en el Congreso del Estado y el Palacio de Cantera, las cosas están tensas. Mientras que por un lado los diputados están presentando una buena propuesta de ley de participación ciudadana, con algunos puntos que caen al doble sentido, hasta unos muy fuertes y contundentes que definitivamente cambiarán el rumbo político de nuestro estado como lo es: la revocación de mandato.

El Gobernador no sabe lo que esto significaría para su mandato y de todos los que están en la mesa del poder público, ya que con esto pueden quitarlo si su “raza” sigue decepcionándose del mesías democrático por el que votaron la pasada elección.

Pero, del otro lado, el Gobernador no sabe lo que esto significaría para su mandato y de todos los que están en la mesa del poder público, ya que con esto pueden quitarlo si su “raza” sigue decepcionándose del mesías democrático por el que votaron la pasada elección (no quieren al PRI y votan por un expriista), ante los malos resultados. Pero las sacadas de vuelta y las excusas forzadas ya no son del agrado de sus electores porque ni cárcel a Medina, ni metro gratis, pero sí tenencia. Esto es una factura muy cara que está cargándose al no cumplir con los ramos de promesas que entregó en campaña.

Entre declaraciones que retan al poder legislativo, Jaime Rodríguez, en lugar de mostrar fuerza política, denota una verdadera falta de sentido común, madurez y experiencia al querer hacer a un lado al congreso, y olvidarse de la división de poderes.

Desde el inicio de su mandato, la relación con los diputados no ha sido del todo amigable. Entre declaraciones que retan al poder legislativo, Jaime Rodríguez, en lugar de mostrar fuerza política, denota una verdadera falta de sentido común, madurez y experiencia al querer hacer a un lado al congreso, y olvidarse de la división de poderes; en fin. El “pero”, ahora, es que los diputados pueden iniciar un procedimiento contra alcaldes y gobernador para la revocación de mandato; sin embargo, no especifica cómo se hará para diputados, o sea, como el juez se juzgara a sí mismo. Un buen ejercicio sería por parte de los ciudadanos de su distrito, a propuesta de otros partidos políticos, de líderes sociales, o inclusive de su propio partido, pero tener esa razón para vetar toda una ley completa significa que alguien está preocupado por la revocación y al día de hoy nada ocupado por enfrentar a la raza y resolverles lo que demandan, porque en Tabasco, Tamaulipas o donde se meta con sus precampaña, perdón, conferencias, allá, no nos resuelve nada.

Hay que recordarle que, si la Ley de Participación Ciudadana se aprueba, esto no será un castigo para los gobernantes, sino un derecho para las personas. Ahora la raza sí manda. Y para eso, no hay veto.

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Revocación de Mandato: El madruguete del PRIAN al Bronco y MC

Muchos ciudadanos están enojados con “El Bronco” por vetar la Ley de Participación Ciudadana (LPC), y con razón… Pero aquí les explicaremos lo que en verdad pasó detrás del telón.

Al entrar esta nueva legislatura, Movimiento Ciudadano impulsó la LPC con Revocación de Mandato (promesa de campaña de ellos, Elizondo y hasta del Bronco), ¡y gran sorpresa!: el PRI y el PAN le aprobaron TODO. Luego de 12 años de tener esta ley en la congeladora, de pronto brotó en el bipartidismo un espíritu democrático y accedieron a destrabar la iniciativa. Sólo pidieron a cambio hacer unas pocas modificaciones para darle más control a los Diputados sobre el proceso de Revocación.

Movimiento Ciudadano accedió, con tal de formar consenso y poder sacar adelante la ley. Los diputados del PRI y del PAN votaron a favor, ¡y voilà!: Nuevo León festejó haber aprobado la LPC más vanguardista de América Latina… Pero como bien dice mi abuelo, “árbol que nace torcido sí muerde”, y los diputados del PRIAN una vez más demostraron su colmillote político al estilo de Frank Underwood.

Nuevo León festejó haber aprobado la LPC más vanguardista de América Latina… Pero como bien dice mi abuelo, “árbol que nace torcido sí muerde”, y los diputados del PRIAN una vez más demostraron su colmillote político al estilo de Frank Underwood.

Aprovechándose de la novatez del Gobierno Independiente y de la Bancada Ciudadana, armaron bien la jugada: metieron a la Ley artículos inaceptables para el Gobierno (como que los diputados pudieran iniciar la revocación del Gobernador), y la votaron a favor sabiendo que iba a ser vetada.

Armaron bien la jugada: metieron a la Ley artículos inaceptables para el Gobierno (como que los diputados pudieran iniciar la revocación del Gobernador), y la votaron a favor sabiendo que iba a ser vetada.

Así, cuando llegó el veto, el PRIAN metió triple gol: pudo culpar al Bronco de ser antidemocrático, cobarde, y mentiroso; creó un fuerte conflicto entre Movimiento Ciudadano y el Gobierno Independiente; y como pilón, el bipartidismo se hace pasar como la facción progresista que intentó darle poder a los ciudadanos, pero no los dejaron.

¿Y esto qué ocasionó? Que ahora tengan excusa para mandar —de nuevo— a la congeladora todas las propuestas de Ley de Participación Ciudadana que vengan en el futuro.

¿Y esto qué ocasionó? Que ahora tengan excusa para mandar —de nuevo— a la congeladora todas las propuestas de Ley de Participación Ciudadana que vengan en el futuro.

Bien jugado, PRIAN. Mal jugado, Manuel González (Secretario de Gobierno), pues tu trabajo era tender los puentes políticos con el congreso y no lo hiciste. Eso pasa cuando todo lo que huela a Elizondo es ignorado por el Gabinete Bronco.

Update: Tras el fallido trabajo de la Secretaría de Gobierno, al fin “El Bronco” encomendó a Fernando Elizondo el trabajar con el Congreso y la Sociedad Civil en la elaboración de la nueva Ley de Participación Ciudadana. Suerte.

Hasta la siguiente…

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La minimización de los errores de la Ley de Participación Ciudadana

Todo parece indicar que la postura defensiva que han generado los críticos del veto que emitió el Ejecutivo el viernes pasado recae en que éste no era necesario, que los errores eran mínimos o meramente de interpretación (solamente ortográficos, afirmó un diputado), de forma y que no ameritaban esta medida.

Los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Lo cierto es que, como hemos venido señalando en días pasados, los errores son tan graves que ante la opción de promulgar la Ley como nos la enviaron, era menos dañino no publicar nada.

Aunque ya se hizo público por esta vía un texto que expone las 10 ilegalidades más graves que fueron lamentablemente insertadas en la Ley de Participación Ciudadana (https://www.facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993), es nuestra intención no dejar duda alguna en la ciudadanía de que la gravedad de las situaciones expuestas, generadas por los diputados, no nos dejó otra opción más que recurrir al veto de la Ley.

Sin avergonzarnos de vetar, pues se hará cada vez que así lo ameriten las circunstancias en beneficio del estado de Nuevo León, quisiera demostrarles la gravedad de las pifias legislativas.

Así, el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana que vetamos establecía: “Se considera Contraloría Ciudadana a las asociaciones de ciudadanos que por disposición de esta ley tienen el derecho de fiscalizar la correcta ejecución de los programas de gobierno, así como la correcta, legal y eficiente aplicación de los recursos del erario, ya sea del Ejecutivo del Estado o de los Municipios, así como de sus organismos descentralizados y fideicomisos públicos.” Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

Ante esta redacción surge la duda: ¿Y al Congreso quién lo fiscaliza? ¿Por qué no está consagrado el derecho de las Contralorías Ciudadanas a fiscalizarlos?

En la sección relativa a la Revocación de Mandato del Diputado Local, el artículo 85 establece: “El Congreso del Estado solventará el procedimiento relativo a la revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en la presente Ley, actuando como órgano investigador y de rendición de pruebas, para ello deberá de crear una comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento.” ¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

¿Qué significa esto? ¿Que los diputados SE JUZGAN SOLOS para establecer si procede o no el procedimiento de revocación de mandato?

Y en total DESIGUALDAD, el artículo 62 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Gobernador exige O la firma del 10% de los registrados en la lista nominal, o el voto de 2/3 de los diputados del Congreso a la solicitud expresa del Gobernador, cuando el artículo 64 que habla de los supuestos de la Revocación de Mandato del Diputado Local solo procede con la firma del 10% de los registrados en la lista nominal o si el mismo diputado solicita la Revocación para sí mismo. Así es: la única manera de revocar al Diputado es con la firma del 10% de la lista nominal (firmas que requieren de mucha organización, tiempo y recursos, tanto humanos como materiales) o si éste mismo lo solicita; pero si se trata del Gobernador, no se necesitan las firmas, sino que con el voto de tan solo 28 diputados (miembros de partidos políticos que desde que entramos han hecho hasta lo imposible por oponernos) es suficiente para dar pie a la Revocación.

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

¿Siguen pensando que era innecesario el veto y que los errores no son importantes, sino de forma, de “interpretación” o de ortografía?

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El camino hacia la revocación del mandato

En mi última columna del año pasado en Altavoz, critiqué la Ley de Participación Ciudadana recién aprobada por el Congreso de Nuevo León por incluir la figura de la revocación del mandato cuando esta ya ha sido declarada inconstitucional en varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• (ver: altavz.com/2016/01/03/1517/).

Mencioné, entre otras cosas, que estimo infundado que la Corte haya declarado que la figura de la revocación del mandato no tiene fundamento constitucional, ya que el sustento de esta es el principio de la soberanía popular. Sin embargo, concluí que aunque hayan argumentos fuertes que fundamenten la constitucionalidad de la revocación del mandato, la Corte ya resolvió así y por ello no puede legislarse al respecto.

Concluí que aunque hayan argumentos fuertes que fundamenten la constitucionalidad de la revocación del mandato, la Corte ya resolvió así y por ello no puede legislarse al respecto.

Esta vez quisiera abordar las acciones que se deben tomar para poder, eventualmente, legislar para permitir y regular esta figura jurídica. En este momento, no podría legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato de ninguna forma que pueda ser considerada constitucional, ya que el argumento de la Corte fue precisamente que no existe fundamento constitucional en el que se base dicha figura.

En este momento, no podría legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato de ninguna forma que pueda ser considerada constitucional.

Por ello, el primer paso para eventualmente legislar al respecto es crear un fundamento constitucional expreso para la revocación del mandato. Debe promoverse una reforma en materia político-electoral que establezca en la Constitución Política Federal expresamente que la ciudadanía tiene el poder de revocar el mandato a los funcionaros públicos electos por medio del voto popular.

Una vez que el Congreso de la Unión apruebe esa reforma constitucional, se enviaría al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Sólo cuando este supuesto de publicidad de la reforma se actualice, existirá fundamento constitucional para legislar en Nuevo León, o en cualquier otra entidad federativa, sobre la revocación del mandato, como pretendieron hacer los diputados de la LXXIV Legislatura neoleonesa.

Y digo pretendieron porque, si bien se aprobó en diciembre la Ley de Participación Ciudadana que incluye esta figura, el Gob. Jaime Rodríguez Calderón la vetó este 15 de enero.

El Coordinador Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Javier Náñez Pro, expuso en sus redes sociales oficiales de manera muy puntual y concisa las 10 principales razones por las que el Ejecutivo del estado decidió vetar esta ley.

• (ver: facebook.com/jnpro/posts/1085425224809993).

En resumen, las razones por las que el Gobernador vetó la Ley de Participación Ciudadana son que la revocación del mandato es inconstitucional, la forma en la que legisló el Congreso la revocación viola el principio de separación de poderes y en la que legisló la figura de la consulta popular viola el principio de progresividad en materia de los derechos humanos y el de certeza jurídica y le otorga facultades al Tribunal Superior de Justicia del estado sin modificar a su vez la Ley Orgánica ni
la Constitución.

Coincido en las mencionadas razones con el Lic. Náñez Pro y me permito agregar dos cosas:

1. Como ya mencioné, ninguna ley que apruebe el Congreso en materia de revocación del mandato será constitucional si no se aprueba antes una reforma a la Constitución Política Federal y las consecuentes (también reformas a la Constitución Política del estado, para armonizar el marco jurídico).

La mencionada ley además de estar plagada de inconsistencias jurídicas, carece de técnica legislativa.

2. La mencionada ley además de estar plagada de inconsistencias jurídicas, carece de técnica legislativa: los diputados neoleoneses confunden los conceptos de ley y reglamento y pretenden regular en la Ley de Participación Ciudadana todo lo relativo a los órganos de participación en lugar de limitarse únicamente a los principios y generalidades, como debe hacerlo una ley (es tan extensa, que está a catorce artículos de igualar en longitud a la Constitución Política del estado.

Cabe mencionar que ya hay en el Congreso de la Unión iniciativas de ley en esta materia: una ciudadana desde el año 2014, promovida por el Partido Sinaloense y una en el año 2015, promovida por el senador Javier Corral Jurado del Partido Acción Nacional. Estas iniciativas siguen en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado pendientes de dictaminar, o sea, en la congeladora legislativa.

• (ver: proyecto3.mx/2015/09/exhortan-a-senado-dictaminar-iniciativa-de-revocacion-de-mandato/).

Por ello, no es necesario presentar más iniciativas de reforma en esta materia, como quieren hacerlo algunos diputados y algunos funcionarios del Gobierno del estado. Hacerlo, resultaría ocioso.

Lo que debe hacerse es que tanto el Congreso como el Gobernador del estado de Nuevo León presionen a esa Comisión para que dictamine la iniciativa que está en la congeladora.

Lo que debe hacerse es que tanto el Congreso como el Gobernador del estado de Nuevo León presionen a esa Comisión para que dictamine la iniciativa que está en la congeladora.

Si se emite ese dictamen, seguiría la discusión y aprobación en el Pleno del Senado, luego la discusión y aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados y finalmente la promulgación y publicación de la ley por el Presidente de la República. Una vez hecho esto, podrá legislarse en Nuevo León sobre la revocación del mandato. Ese es el camino.

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Dimes y Diretes: “¿De mal en peor en Nuevo León?”

Desde el día de ayer, en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, comenzó a circular el rumor que el Gobierno Estatal de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, iba a vetar la famosa Ley de Participación Ciudadana que apenas aprobó el Congreso Estatal el pasado 18 de diciembre de 2015. ¿Son los rumores ciertos?

El veto a la ley no es como lo quieren poner el diputado Daniel Carrillo y sus secuaces del PRI y PAN: dicen que “el Bronco” busca tirar una ley que contiene la “Revocación de Mandato”, ya que le tiene miedo.

Según fuentes confidenciales de Altavoz, los rumores son ciertos y podríamos ver el veto de la ley el día de hoy. Pero el veto a la ley no es como lo quieren poner el diputado Daniel Carrillo y sus secuaces del PRI y PAN: dicen que “el Bronco” busca tirar una ley que contiene la “Revocación de Mandato”, ya que le tiene miedo.

La Ley está tan mal redactada y fundamentada —dicen— que es muy fácil que el Poder Judicial con el uso de la Constitución tire partes de ella como lo es la famosa “Revocación de Mandato”.

Según estas mismas fuentes, el Gobierno Estatal está a favor de la Ley de Participación Ciudadana. No olvidemos que el mismo Bronco quiere que “la raza” lo evalúe a la mitad de su sexenio y de ahí el pueblo decida si sigue en la chamba o se va. La Ley está tan mal redactada y fundamentada —dicen— que es muy fácil que el Poder Judicial con el uso de la Constitución tire partes de ella como lo es la famosa “Revocación de Mandato”. Este ultimo punto ya había sido discutido por la colaboradora de Altavoz, María Santos en este artículo: http://goo.gl/UD8RAr .

Nuevamente caemos al juego de los partidos políticos. Daniel Carrillo fue tan lejos como para ayer acusar a la Bancada de Movimiento Ciudadano de estar de acuerdo con el Gobierno Estatal en vetar la ley, cuando han sido los ÚNICOS que no quieren que sea vetada ya que tienen miedo que el PRI y el PAN congelen la ley como lo han hecho los últimos 10 años; y prefieren que se publique la ley y en caso de controversia, que se pelee en tribunales.

Sinceramente, los partidos políticos tradicionales nuevamente nos querían vender gato por liebre. Ellos saben de los huecos legales que tiene la ley como actualmente esta y están jugando un doble juego: si el Gobierno Estatal no veta esta ley y la publica como está, corremos el peligro que luego el PRIAN se pase por el arco del triunfo la ley cuando usted ciudadano quiera quitar a su alcalde, y si el Gobierno Estatal veta esa ley, le echarán la culpa y lo tacharán de antidemocrático. La solución de MC suena razonable (que se apruebe como está y nos preparemos para las batallas legales), ¿pero los demás partidos estarán a bordo de ese barco?

No diré más al respecto, quiero saber SUS OPINIONES.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Revocación del mandato: inconstitucional

Entre las múltiples figuras de participación ciudadana, la que más ha llamado la atención últimamente es la de la revocación del mandato.

Esta figura jurídica es un procedimiento de participación ciudadana por medio del cual la ciudadanía puede dar por concluido el mandato que se le ha conferido por medio del voto popular a cierto funcionario público (ya sea alcaldes, gobernadores o presidentes).

Los argumentos más populares a favor y en contra de la revocación del mandato son los siguientes:

Argumentos a favor

Es una forma de democracia directa sustentada en la soberanía popular, resulta lógico que quien elija a sus gobernantes pueda también destituirlos si no hacen un buen trabajo.

1. Es una forma de democracia directa sustentada en la soberanía popular, resulta lógico que quien elija a sus gobernantes pueda también destituirlos si no hacen un buen trabajo.
2. Medida de presión para mantener la cercanía entre los funcionarios y la ciudadanía.
3. Promueve la participación ciudadana, pues la ciudadanía tendría que mantenerse vigilante y crítica de la actuación de sus gobernantes.
4. Se fortalece el sistema representativo, ya que el funcionario buscará tomar decisiones conforme a lo que la ciudadanía desee.

Argumentos en contra

1. El momento correcto para la evaluación popular de un funcionario es al finalizar su cargo.
2. El procedimiento revocatorio es polarizado y plagado de emociones que confunden al electorado.
3. Puede provocar rigidez en el funcionario por miedo a actuar.
4. Tendría un alto costo la realización del procedimiento.

Se dice que es hasta finalizar el cargo cuando es oportuno evaluar al funcionario, pero no estimo que esto sea lo correcto porque de nada sirve en la praxis el señalar defectos de una administración si ya no puede hacerse nada para revertirlo.

Como yo estoy a favor de la revocación de mandato, me queda decir que suscribo los argumentos a favor y que discrepo de cada uno de los de en contra. Se dice que es hasta finalizar el cargo cuando es oportuno evaluar al funcionario, pero no estimo que esto sea lo correcto porque de nada sirve en la praxis el señalar defectos de una administración si ya no puede hacerse nada para revertirlo. En cambio, a la mitad de su mandato (por ejemplo), si se considera que el funcionario ha actuado mal, se puede evitar mayor daño para la ciudadanía.

En cuanto a que el procedimiento revocatorio está lleno de emociones que confunden al electorado, no me había encontrado con un argumento tan bobo. Suscribo que la revocación del mandato puede estar plagada de confusiones y se presta a manipulación de las masas por medio de otros grupos políticos y los medios de comunicación (¿o medios de desinformación?)… Pero, ¿no es eso lo que sucede en cada una de las elecciones populares? Si a esas vamos, mejor no tengamos una república democrática.

En cuanto a que puede causar rigidez en el funcionario por medio a que sus decisiones sean reprobadas por la ciudadanía, si bien es en parte cierto, más bien puede ayudar ese miedo a que se tome más en cuenta la opinión y los deseos de la ciudadanía. Suscribiría ese argumento si estuviéramos hablando de la eliminación del fuero político, pero estamos hablando de una evaluación ciudadana a los funcionarios que han utilizado mal el poder que les fue conferido.

También se dice que sufriríamos un alto costo debido a la realización del procedimiento revocatorio. Y sí. Pero digo, nuevamente, ¿no es eso lo que gastamos en cada una de las elecciones populares? ¿No es mejor gastar recursos del erario en un instrumento democrático al que la ciudadanía debiera tener el derecho garantizado en lugar de gastar en sobornos, dádivas y otras cosas para las que son usados nuestros recursos? Además, si se gastan más de 40 millones de pesos al año para mantener a nuestros ex presidentes, podemos gastar en un instrumento de participación ciudadana que resulta necesario tener.

Estimo que al intentar participar en las decisiones o evaluar a nuestros gobernantes, debemos primero agotar todos los demás mecanismos de participación ciudadana.

Quiero precisar que, si bien estoy a favor de que se legisle sobre la figura de la revocación de mandato a nivel federal y a nivel local en todas las entidades federativas, eso no significa que lo promueva como primera opción. Es decir, estimo que al intentar participar en las decisiones o evaluar a nuestros gobernantes, debemos primero agotar todos los demás mecanismos de participación ciudadana (como lo son las iniciativas populares, las contralorías ciudadanas, las consultas populares, entre otras figuras) y dejar como último recurso la figura de la revocación del mandato. Esto, con el objetivo de tener un mayor control y evitar que la ciudadanía se apresure en tomar una decisión radical sin antes haber analizado con detenimiento la administración del funcionario que busca destituir.

Sí puede considerarse a la revocación del mandato como un derecho político inalienable del ciudadano, basándose en el principio constitucional de la soberanía popular. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucional a dicha figura jurídica y, ante esa jurisprudencia, ya no hay marco de actuación en las Constituciones y legislaciones locales. Ganó el “en contra” en este debate. Y esto desde el 2012 (año de una de las jurisprudencias emitidas por la Corte).

Y, aún así, vemos cómo los legisladores del estado de Nuevo León se felicitan mutuamente por la recién aprobada Ley de Participación Ciudadana, celebrando como logro principal la aprobación de la figura de la revocación del mandato.

No hay que dejarnos manipular. Para empezar, fue aprobada unánimemente. Y vemos a muchos diputados adjudicarse la “lucha ganada” por la aprobación de esta ley y criticando a los de otros partidos (penoso ver peleas entre nuestros diputados en lugar de acuerdos en pro de la ciudadanía). En segundo lugar, no es logro de los diputados, sino logro de las organizaciones de la sociedad civil que llevan aproximadamente 10 años impulsando esta ley.

En tercer lugar, no es siquiera un logro tal cual, puesto que es una ley incompleta (como dicen, es “atole con el dedo”), ya que se crean figuras con facultades que realmente cualquier ciudadano tiene (como las contralorías ciudadanas) y se limita el ejercicio de ciertos mecanismos por los reglamentos que emitirían el estado y los municipios (como los consejos consultivos ciudadanos). Así, hay muchas “trampas” en la ley que lo único que hacen es, repito, darnos “atole con el dedo”.

Y por último, pero no menos importante, está el hecho de que la revocación del mandato, como ya se mencionó, es inconstitucional por jurisprudencia de la Corte. O sea, no sirve de nada que aprueben una ley que contemple esta figura o reformen la Constitución local para que pueda legislarse al respecto. A continuación, transcribo un extracto de la jurisprudencia en cuestión:

Acción de inconstitucionalidad 8/2010

Revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales. Constituye una forma de dar por terminado el cargo de los servidores públicos referidos que carece de sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 109, fracción I, de la Constitución General establece como única forma de dar por terminado el ejercicio de los cargos públicos como los de gobernador y diputados de la Legislatura Estatal antes de la conclusión legal de su mandato, la de la responsabilidad de los servidores públicos, sin que pueda establecerse válidamente una diferente en las Constituciones de los Estados. De ahí que la figura de la revocación del mandato conferido al gobernador y a los diputados locales, como facultad del Congreso del Estado, constituye una forma de dar por terminado su cargo que carece de sustento constitucional.

El Tribunal Pleno, el primero de octubre en curso, aprobó, con el número 21/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil doce.

Estimo infundado que la Corte haya declarado que la figura de la revocación del mandato no tiene fundamento constitucional, ya que el sustento es precisamente el principio de la soberanía popular.

No obstante, así es: la revocación del mandato es inconstitucional. Entonces, cuidado con dejarse manipular por nuestros diputados locales. La joya de su “gran logro”, la aprobación de la revocación del mandato dentro de la Ley de Participación Ciudadana, no sirve para absolutamente nada.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”