Existe una relación estrecha entre la política fiscal y la política monetaria. El gasto del gobierno puede ser financiado a partir de tres fuentes: recaudación a través de impuestos, endeudamiento (interno o externo) o emisión de papel-dinero.
La razón por la cual el gobierno prefiere la última fuente sobre la segunda es por dos factores: por un lado, mientras los bonos poseen un costo (pago por servicios de la deuda), el dinero no acarrea intereses; por otro lado, el llamado impuesto inflacionario perjudica a los ahorradores y beneficia a los deudores. En este caso, si financia su gasto a partir de la emisión de dinero, éste es usado antes de que el aumento en la masa monetaria afecte los precios. De esa manera, para el público, la inflación representa un impuesto al consumo, ya que se desvaloriza la moneda y, por ende, ésta posee un menor poder adquisitivo.
Empero, la inflación tiene efectos nocivos para el bienestar social en general. Por un lado, distorsiona los precios relativos entre bienes y, por el otro, merma la acumulación del capital, es decir, desincentiva la inversión.
La economía mexicana vivió periodos de hiperinflación en los años ochenta como consecuencia de políticas fiscales deficitarias y políticas monetarias expansivas. Es bueno que el consciente colectivo mexicano lo tenga presente. Asimismo, el gobierno ha aprendido del pasado y, ante ello, ha procurado cuidar los indicadores macroeconómicos. Ello fue posible, en parte, gracias a la autonomía del Banco de México.
El banco central tiene como prioridad velar por la estabilidad de los precios, lo que se traduce a mantener el poder adquisitivo del peso mexicano. Desde su autonomía, a principios de los noventa, este objetivo se ha cumplido en términos generales.
Empero, ¿el banco central sólo debe contener la inflación? o ¿es capaz de incentivar el crecimiento económico?
Estas preguntas entran a colación debido a que el próximo jueves (28 de marzo) la Junta de Gobierno de Banxico decidirá si mantener o no la tasa de referencia interbancaria (la tasa a la que se prestan los bancos).
Existen múltiples factores de los que depende la decisión del Banco. En primer lugar, el miércoles pasado (20 de marzo), la Reserva Federal anunció que la tasa de referencia se mantendrá entre 2.25 y 2.5 en lo que resta del año.
En la jerga monetaria la actitud de la FED se le denomina dovish (en contraposición con hawkish) e implica que el Banco desea incentivar la economía estadounidense. ¿En qué sentido? Manteniendo a una tasa baja el costo del dinero, es decir, promoviendo el crédito y con éste la inversión.
Esta conclusión a la que llega la FED se alimenta de dos aspectos: una inflación esperada de 1.8% para el 2019 y el ajuste a la baja del crecimiento de la economía estadounidense (1.9-2.2%).
Asimismo, en el contexto internacional, las expectativas de crecimiento se encuentran a la baja, ante lo cual los bancos centrales del mundo han adquirido una postura laxa frente a la política monetaria; es decir, han incrementado el monto de dinero en circulación, lo que se traduce en tasas de interés más bajas.
Actualmente en México, la tasa de referencia interbancaria a 28 días es de 8.5125%, muy por arriba de la de Estados Unidos. Si bien México posee un mayor riesgo, por lo cual debe de ofrecer una mayor tasa, la brecha es muy amplia. México posee, entre los países en desarrollo, las tasas más altas, sin contar a Argentina y Turquía, economías en situaciones de alerta.
Los bonos mexicanos, a la tasa actual, son bastante atractivos, más para aquellas economías que hoy tienen políticas monetarias laxas; sin embargo, debido a la amplia brecha, el Banco de México podría aventurarse a reducir la tasa de referencia interbancaria y, con ello, incentivar la economía nacional. Esta posibilidad se refuerza ante el anuncio del día de ayer (22 de marzo) del INEGI sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC): la inflación anual es de 3.95%. Aunque el nivel de la tasa de crecimiento de los precios se encuentra por arriba de la inflación objetivo de Banxico (3%), a mi parecer está en niveles sostenibles.
Para combatir la pobreza, la economía mexicana debe de crecer a tasas cercanas al 5% anual. Actualmente, ante el panorama de desconfianza en el gobierno federal y el contexto de desaceleración de la economía mundial, el Banco de México puede ser un elemento, entre muchos otros, que ayude a impulsar la economía nacional.