López Obrador mira con nostalgia el modelo nacionalista de los gobiernos posrevolucionarios. Alaba la incidencia del Estado en la actividad económica en un contexto de industrialización. El programa posrevolucionario, comenzado en el sexenio de Lázaro Cárdenas, buscó desarrollar el sistema capitalista a partir de la rectoría del Estado.
Sin duda la economía creció considerablemente en los modelos de desarrollo estabilizador (1958-1970) y desarrollo compartido (1970-1982), sin embargo, se implementaron en un contexto internacional distinto al actual.
Bajo las críticas a las políticas de una economía de laisser-faire y una gran aceptación por el marco teórico keynesiano, las economías buscaron proteger las industrias nacionales ante la competencia extranjera, así como un aumento en la búsqueda de bienestar social a partir políticas redistributivas.
En la actualidad, las economías nacionales se encuentran integradas en la economía mundial. La importancia del sistema global de comercio para la economía mexicana es tal que la suma de las exportaciones e importaciones representan casi el setenta por ciento del Producto Interno Bruto.
La entrada de México al GATT (ahora Organización Mundial del Comercio) y la búsqueda de integración económica con Estados Unidos y Canadá implicaron una liberalización de la economía sin precedente. Como señaló la revista británica The Economist a principios de los noventa, en unos cuantos años la economía mexicana pasó de ser una de las más cerradas a una de las más abiertas.
Si bien López Obrador no ha argumentado en contra del comercio exterior (¡actualmente sería impensable regresar a una autarquía!), sí ha mencionado políticas económicas que aluden a ese pasado supuestamente glorioso.
Por ejemplo, la insistencia de generar el renacimiento productivo de PEMEX como motor, no sólo de los ingresos federales, sino del PIB, puede resultar perjudicial. Entre algunos de los resultados positivos del periodo denominado neoliberal -el mejor es sin duda la estabilidad macroeconómica- es la conversión productiva, pasando de bienes primarios, entre ellos el petróleo, a bienes manufacturados, principalmente en la industria maquiladora.
El petróleo es un commodity, lo que implica estar expuesta a choques externos que generan altos niveles de volatilidad. Ante ello, los gobiernos posteriores a la crisis de la deuda de 1982 buscaron blindarse sustituyendo la dependencia de bienes primarios por bienes manufacturados, los cuales no son tan sensibles a choques externos.
Empero, a nivel de ingresos federales es cierto que los ingresos petroleros representan un porcentaje importante del presupuesto del gobierno federal. Ante la baja de los precios del petróleo y la creciente deficiencia productiva de PEMEX comenzada desde Felipe Calderón, el gobierno federal ha generado menores ingresos. Por ejemplo, para el periodo enero-mayo de 2012 los ingresos petroleros del gobierno federal representaron 42.8 % de los ingresos presupuestarios, mientras que para el mismo periodo de 2019 estos representaron tan sólo 17 % de los ingresos totales.
La búsqueda de una mayor percepción de ingresos no debe implicar apuntalar al petróleo como motor de crecimiento económico. Por supuesto se debe buscar sanear las finanzas de PEMEX e generar inversiones para incrementar su producción; sin embargo, eso no significa colocar otra vez al petróleo como prioridad nacional, menos aun en un contexto internacional de transformación de fuentes de energía, de combustibles fósiles a energías sustentables.
Si el gobierno federal desea incrementar sus ingresos debe de cambiar la estructura tributaria y hacerla más eficiente. Debe de combatir la informalidad, un fenómeno que emplea a más de la mitad de la población ocupada. De esa manera, se solucionaría la principal causa del estancamiento en productividad y, por ende, de crecimiento económico y, al mismo tiempo, se conseguiría ensanchar la bolsa del erario.