Revocación de mandato. Una realidad.

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El día de hoy, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma Constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato para el Presidente de la República, Gobernadores y Jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

Para tal efecto, fueron reformados los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de nuestra Constitución.

Sobre el particular, se precisó que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

Siendo oportuno aclarar, que no se trata de un medio para fincar una sanción que se ubique en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, sino, de un mecanismo de democracia participativa, que busca empoderar a la ciudadanía.

Ahora bien, el procedimiento para llevar a cabo referida revocación con el Presidente de la República deberá atender los lineamientos siguientes:

– Será convocado por el INE a petición de la ciudadanía.

– Los peticionarios, deberán ser mínimo el 3% de los inscritos en la lista nominal, que correspondan a por lo menos 17 Estados y a su vez, que representen el 3% de la lista nominal de cada uno de ellos.

– Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

– Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha del punto anterior, a través de los formatos, medios y lineamientos que expida el INE.

– Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con elecciones federales o locales.

Para la validez del proceso deberá haber por lo menos la participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal y únicamente procederá por mayoría absoluta.

– El INE tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación.

– El resultado podrá ser impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

– En caso de impugnación la Sala Superior del Tribunal Electoral realizará el cómputo final del proceso y en su caso, emitirá la declaratoria respectiva.

– De darse la revocación asumirá provisionalmente la Presidencia quien ocupe la Presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo Constitucional.

Cabe mencionar, que aún esta pendiente la emisión de la Ley Reglamentaria en materia de revocación de mandato, misma que el Congreso de la Unión deberá expedir dentro de los 180 día siguientes.

Asimismo, los Congresos Locales, dentro de los 18 meses siguientes deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su legislación interna, a efecto de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de Gobernadores.

Tratándose de revocación de mandato a Gobernadores, deberá solicitarlo por lo menos un número equivalente el 10% de la lista nominal, en la mitad más uno de los municipios de la Entidad.

Ahora, como se dijo anteriormente esta reforma empodera a la ciudadanía, fortalece la democracia participativa y materializa el derecho contenido del artículo 39 Constitucional que dispone que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno, en tanto establece una figura al alcance del elector, para que se determine si el representante popular es merecedor de la confianza ciudadana.

Finalmente, aunque queda pendiente figura análoga para revocación de ayuntamientos, considero que este mecanismo de participación ciudadana nos obliga como mexicanos no sólo a actuar con responsabilidad y acudir a las urnas en caso de suscitarse un procedimiento de revocación, sino también a convertirnos en verdaderos vigilantes del correcto ejercicio del poder público.

Un año de reformas constitucionales en México

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En unos cuantos días el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá su primer año de ejercicio del poder. Aunque este período puede evaluarse desde diversos aspectos, he decidido centrarme en esta colaboración en las reformas constitucionales que se han propuesto y aprobado en estos doce meses. Lo hago con la convicción de que las normas constitucionales tienen un valor para la gobernanza de un país y, por tanto, reconociendo que las reformas constitucionales que hasta la fecha se han aprobado representan algo importante para el país y, desde luego, para quienes llaman a este tiempo político como la Cuarta Transformación de México (4T). Finalmente, escribo estas líneas con el objetivo de revalorar el cambio constitucional como una adecuación institucional indispensable para la democracia mexicana.

Dado que en nuestro país contamos con un sistema presidencial, aun demediado como le llama Salazar Ugarte (2017), las reformas constitucionales regularmente se periodizan para su análisis por administraciones presidenciales, reconociendo así el factor de poder que representa el Ejecutivo Federal en las relaciones político-constitucionales. De hecho, en su portal de Internet, la propia Cámara de Diputados agrupa las reformas a la Constitución de 1917 bajo tres criterios: i) por Decreto en orden cronológico, ii) por artículo reformado y iii) por periodo presidencial.

Debe reconocerse en primer lugar que cualquier cambio constitucional, dentro o fuera de la 4T, es parte del problema general del cambio en las instituciones políticas, según nos explica Negretto (2015). De acuerdo con este autor, pueden existir incentivos para iniciar un proceso de cambio constitucional, sea por medio de una reforma o por una nueva constitución, tales como “transformaciones políticas a nivel del Estado o del régimen, cambios en el equilibrio de poderes entre actores partidarios, y crisis institucionales derivados de un desempeño deficiente de la constitución.” (70).

Tal parece que estos tres incentivos han estado presentes durante este año en la política de reforma constitucional amloísta: Al menos en el nivel discursivo el nuevo gobierno se asume como una transformación de régimen; sin duda, el partido MORENA representa un nuevo ajuste en el equilibrio de poder entre los partidos políticos nacionales y, finalmente, en algunos casos, como en el tema educativo, el gobierno parte de la premisa de un deficiente o perverso diseño y funcionamiento de las normas constitucionales.

Veamos en primer lugar las reformas constitucionales propuestas directamente por el Presidente o por su partido en este primer año.

La primera de ellas es la relativa a la Guardia Nacional. Esta modificación constitucional, como recordamos, se propuso en su momento como una de las estrategias de seguridad pública del país más importantes para el Gobierno Federal. La declaratoria de aprobación del decreto respectivo se realizó hasta que se contó con la aprobación de  la totalidad de las 32 Legislaturas Estatales, y con ello el Presidente y su partido demostraron los recursos de poder con los que cuentan para el cambio constitucional: Sólo requerían 17 legislaturas pero esperaron hasta que fuera aprobada de forma unánime en los estados.

Una segunda reforma constitucional es la relativa a la adición al artículo 19 constitucional de otras conductas delictivas que justifican la prisión preventiva oficiosa. Para esta modificación constitucional la declaratoria respectiva se pronunció con 20 votos aprobatorios de los Congresos Locales. AMLO ha reiterado en suficientes ocasiones que con esta modificación se desmarca de sus antecesores, porque agrega como delito que justifica la prisión preventiva oficiosa conductas como el uso de programas sociales con fines electorales y la corrupción en sus tipos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; no obstante, no se tomó en cuenta la opinión en contrario de organismos como ONU-DH y la CIDH que señalaron algunos problemas al ampliar el catálogo de delitos, dado que esto representaría una posible inconvencionalidad y una probable causa de la crisis del sistema carcelario (https://www.animalpolitico.com/2019/01/onu-cidh-diputados-prision-preventiva/).

La tercera es una de las modificaciones que asume una falla en el diseño y funcionamiento de la institución constitucional. Me refiero a la reforma (¿o contrarreforma?) en materia educativa. Este cambio sirve no solo para cumplir promesas de campaña, sino para  marcar diferencia con el gobierno anterior, el cual había promovido la aprobación de “su” reforma educativa (¿o contrarreforma?) en 2013. A diferencia de las dos anteriores que fueron iniciadas por MORENA, esta tercera sí fue presentada directamente por el Ejecutivo Federal. Ahora la declaratoria de reforma se da cuando se contabilizaron 22 votos a favor de los legisladores en los estados.

La siguiente reforma, la cuarta que podemos atribuir directamente a este gobierno, aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero hasta ahora  ya cuenta con los 17 votos necesarios de las Legislaturas Locales. Me refiero a la revocación de mandato. Esta es una reforma que, sin duda, aun con sus adecuaciones respecto a que no pueda ser peticionada más que por ciudadanos y ciudadanas, hará posible que el Presidente demuestre nuevamente su poder y su legitimidad en las urnas en marzo del 2022. Con esta adecuación se reajustará el funcionamiento institucional del régimen presidencial mexicano, dado que la solicitud de revocación de mandato, si bien debe ser solicitada por al menos el tres por ciento de electores y con una dispersión geográfica en diecisiete entidades, regularmente es movilizada por líderes y partidos políticos, a favor y en contra. En 2021-2022, muy probablemente será instrumentada para que el Presidente cumpla su promesa de campaña de consultar su permanencia o no en el cargo, pero bien podría ser utilizada en contra en un futuro gobierno, con la consecuente inestabilidad del respectivo gobierno presidencial.

Finalmente, aunque no sean directamente sus propuestas, sí fueron aprobadas con la amplia mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados y en Congresos Locales, están las reformas constitucionales en las siguientes materias: extinción de dominio, paridad de género y pueblos y comunidades afromexicanas. La primera agrega, entre otras cosas, la facultad del Congreso de la Unión de expedir la legislación nacional y única en esta materia, esto es, las Legislaturas Estatales ya no tienen esta facultad; por la segunda, se adiciona en la Constitución el principio de paridad entre géneros no solo para los cargos públicos electivos, sino también para los de nombramiento, por ejemplo para la integración de los gabinetes de los Ejecutivos federal y locales; por último, la tercera reconoce como parte de la multiculturalidad del país a los pueblos y comunidades afromexicanas, esto es, lo que también se conoce como la tercera raíz de la mexicanidad.

En síntesis, en este primer año se ha reformado la Constitución Mexicana en siete ocasiones. Algunas de estas reformas han sido bandera política del Presidente de la República, tales como la revocación de mandato, delitos de hechos de corrupción como delitos graves, el problema educativo y de los maestros del país y, más recientemente, la Guardia Nacional. En todo caso, al menos por lo que hace a las reformas directamente atribuibles al Presidente y a MORENA, parecería que este año ha refrendado lo que acontecía con presidencias anteriores: Por un lado, que se incorporan a la Constitución intereses coyunturales o visiones particulares de los presidentes (Carbonell, 2008: 252); y, por el otro, que los reformadores de la Constitución, en una suerte de fetichismo constitucional como le llaman Casar y Marván (2014), esperan que la reforma por sí misma transforme la realidad del país.

Parecería ser que en lo que concierne a la reforma constitucional, este primer año continúa siendo más de lo mismo de los gobiernos anteriores, es decir, como afirma Garza Castillo (2010), “la ausencia de un nuevo pacto fundador de la nueva realidad política mexicana, ha facilitado el desarrollo de un proceso de adaptación y no de transformación.” (417). Ni siquiera la llamada 4T ha sido suficiente para convocar a un recambio constitucional suficientemente profundo. Todo lo contrario, hemos seguido por el camino de la revisión o reforma constitucional pero sin asumir este proceso con temor y con temblor. (García-Atance, 2002).

Referencias bibliográficas.

Carbonell, Miguel. (2008). Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. Mexico: Porrúa/UNAM.

Casar, María Amparo y Marván, Ignacio. (2014). “Pluralismo y reformas constitucionales en México: 1997-2012”. En íd. (coords.), Reformar sin mayorías. La dinámica del cambio constitucional en México: 1997-2012. México: Taurus.

García-Atance, María Victoria. (2002). Reforma y permanencia constitucional. Madrid: CEPC.

Garza Castillo, Mario A. (2010). “Continuidad y revisión constitucional en el México post-autoritario como factores estructurantes de la cartelización del sistema de partidos (1997-2008). En Torres Estrada, Pedro Rubén y Núñez Torres, Michael (coords.), La reforma constitucional. Sus implicaciones jurídicas y políticas en el contexto comparado. México: Porrúa/EGAP/Cátedra de Derecho.

Negretto, Gabriel L. (2015). La política del cambio constitucional en América Latina. México: FCE/CIDE.

Salazar Ugarte, Pedro. (2017). El Poder Ejecutivo en la Constitución mexicana. Del metaconstitucionalismo a la constelación de autonomías. México: FCE.

La renuncia de Deschamps ¿una nueva etapa para el sindicalismo mexicano?

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Un episodio más en la transición democrática del país se vivió el pasado miércoles 16 de octubre cuando el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) convocó a sus afiliados a una asamblea extraordinaria. Lo anterior, con motivo de dar a conocer la dimisión voluntaria de Carlos Romero Deschamps, quien fuera líder del gremio desde 1993. En un clima de denuncias hacia su persona por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se le acusan, decidió separarse del cargo de Secretario General que ostentaba desde hace más de 26 años, dicha decisión, se presume fue operada desde la Secretaría de Gobernación.

Los motivos reales que lo orillaron a renunciar, ciertamente aún son desconocidos, mas allá del comunicado del mismo ex líder donde señala que su decisión fue motivada porque “por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación”. Para algunos, es inevitable no caer en especulaciones, pues escándalos a lo largo de su gestión le sobran; uno de los mas sonados, es el ocurrido en el año 2000, cuando Deschamps protagonizó el famoso “pemexgate” por desviar aproximadamente 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de México, Francisco Labastida.

Por esto y más, es para muchos un símbolo de corrupción en el país; pero vayamos al fondo del tema y lo que esto puede significar para el sindicalismo mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró lo ocurrido y señaló que esto significa el inicio de una nueva etapa -palabras fuertes que no deben ser tomadas a la ligera-. Lo relevante y simbólica de esta renuncia es incuestionable, pero ¿es realmente una nueva etapa en la vida sindical del país? 

La lucha por la autonomía y libertad sindical ha sido parte esencial de nuestra transición democrática; desde el siglo XX, un rasgo característico del Estado Mexicano post revolucionario es precisamente la ausencia de un sindicalismo independiente fuerte, es decir, salvo contadas excepciones, los sindicatos más importantes del país, a lo largo de los años, han padecido de rasgos y esquemas corporativos que los han alejado de lo que en esencia son.

Por un sin fin de factores, difícil de enlistar, los sindicatos dejaron de ser lo que fueron aproximadamente a principios de 1930 – 1940, cuando su presencia en las calles era avasalladora, e incluso, eran un símbolo de apoyo, poder, e incluso legitimidad para los gobiernos en turno. Si bien es cierto, esto obedece a una lógica de que en el tiempo se ha transitado a un nuevo sistema sindical, producto de las grandes movilizaciones o las reformas laborales locales e internacionales alcanzadas -que es de reconocérseles-, también hay una realidad evidente, y es que el espíritu de la lucha, en el camino, se ha ido desvirtuando.

La nueva reforma laboral, publicada apenas el pasado mes de mayo en el Diario Oficial de la Federación, debe dar los instrumentos que garanticen una democracia sindical, con todo lo que esta conlleva, por ejemplo, el cumplimiento a lo establecido en la misma, referente a la obligatoriedad de que existan elecciones de dirigentes y que estas tendrán que ser mediante voto, directo, libre y secreto de los trabajadores. Además, de que todo lo contemplado en dicha reforma y en el nuevo TMEC, como la apertura a que existan más sindicatos, la sustitución de las juntas de conciliación por los tribunales laborales, la obligación al patrón de inscribir a sus trabajadores al IMSS, entre muchas otras cosas, acentúe y fortalezca una nueva etapa del sindicalismo mexicano.

Ahora bien, si desde la óptica política y para la alimentación de la opinión pública le sirve al gobierno que Deschamps sea para Andrés Manuel lo que fue la maestra Elba Ester para Enrique Peña Nieto, o lo que fue “la Quina”, en su momento, para Carlos Salinas de Gortari, es otro tema, aquí lo relevante, es que la oportunidad para la 4ta Transformación está en la mesa. 

Si la renuncia es positiva o no, depende de con qué venga; ojalá no sea solo un cambio de dirigentes, -donde por cierto, el nuevo líder del STPRM es quien hasta hace una semana fuera el Tesorero de Deschamps-,  si no que signifique realmente un cambio de estructura completa, reglas al interior y no se elija a alguien afín al nuevo gobierno; que estos cambios se traduzcan en una nueva dinámica en la relación Estado – Sindicatos, una evolución en la vida sindical del país, se termine con el control laboral y se represente la esencia misma de un sindicato: la representatividad de los derechos e intereses de los trabajadores.

El sindicato debe apoyar la reconstrucción de Pemex con el único fin de hacerlo mas competitivo, se escucha sencillo, pero no lo es, al interior hay muchísimas variables que hay que cambiar. El reto de gobernabilidad es enorme, pues no se están enfrentando solo a Romero Deschamps, si no a toda una red que se ha beneficiado por 26 años de manera transexenal a costa de Pemex. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

UMA y la Joya del Pancismo

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El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a través del cual fueron modificados los artículos 26, apartado B y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución.

Dicha reforma, en su modificación al artículo 26, apartado B, Constitucional, crea una medida que se utilizaría como referencia económica para el cumplimiento de obligaciones.

En ese contexto se crea la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) como referente económico, desindexando al salario mínimo general vigente (SMGV) y, a partir del 28 de enero de 2017, toda referencia al SMGV cómo parámetro de medida, debía considerarse efectuados a la UMA.

Esto, pues el artículo TERCERO transitorio del decreto anteriormente señalado, estableció que todas las menciones al SMGV como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, apartado B y TERCERO transitorio de la Constitución, a partir del año 2017, el IMSS y el ISSSTE, comenzaron a utilizar la UMA a efecto de establecer los topes máximos en el cálculo para el pago de las pensiones.

Situación, que ocasionó que el poder adquisitivo y el monto de las pensiones fuera reduciéndose en perjuicio de los pensionados, toda vez que el valor de la UMA tenía menores aumentos en proporción a los realizados al SMGV.

No obstante, ambos Institutos de Seguridad Social, perdieron de vista que a la par de la reforma al artículo 26, apartado B, también se modificó el artículo 123, inciso A) fracción VI de la Constitución, estableciendo que el SMGV no podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, el SMGV, podía seguir utilizándose cómo índice, unidad, base, medida o referencia, siempre y cuando fuera acorde a su naturaleza.

En esa tesitura, tratándose de la determinación de la cuota diaria de pensión, es decir, de una prestación de naturaleza laboral, el parámetro utilizado para su cálculo no puede ser otro que el SMGV.

Por lo anterior, desde el año 2017, diversos grupos de pensionados, al ver reducidos montos en el pago de sus pensiones, comenzaron a demandar el correcto cálculo del mismo, atendiendo al valor del SMGV y no a la UMA.

En consecuencia, a finales de 2017 y principios del año 2018, fueron emitidos los primeros criterios respecto a la indebida aplicación de la UMA, para efecto de realizar el cálculo en el pago de las pensiones. 

Mismos criterios, que gracias al legítimo esfuerzo de grupos de pensionados que con determinación acudieron a Tribunales Competentes a ejercer sus derechos siguieron reiterándose, hasta que el 20 de septiembre de 2019, el décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito creó jurisprudencia.

Jurisprudencia, que únicamente es producto del esfuerzo y valía con la que los pensionados defendieron sus derechos en los Tribunales.

No obstante, recientemente circuló un video, en el que aparece el Senador Dr. Américo Villarreal Anaya, declarando que gracias a las gestiones de los Senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que establece que la pensión de retiro de los trabajadores debe ser calculada con base en el salario mínimo.

Estas declaraciones, además de constituir una verdadera joya al pancismo, son un acto demagógico que demerita la valía con la que los pensionados defendieron sus derechos.

Por mi parte, únicamente puedo felicitar a los pensionados por su Voluntad y Trabajo en este logro.

Inhabilitan dos empresas del ex superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí

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A través de dos circulares publicadas este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que inhabilitó por dos años y seis meses a dos empresas que pertenecen al exdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

La dependencia informó que todas las dependencias y entidades del Gobierno federal deberán abstenerse de celebrar cualquier tipo de contratos con las compañías Lomedic S.A. de C.V. y Laboratorios Solfran S.A.

“Las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, señaló la SFP.

En un comunicado aparte, la Secretaría detalla que las sanciones contemplan también una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos por falsear información al participar en contrataciones públicas.

“Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, señala el texto.

Diversas publicaciones han dado cuenta de que Lomelí posee una red de empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal.

El funcionario renunció a su cargo el 12 de julio pasado y tres días después se dio a conocer que la SFP había iniciado varias investigaciones en su contra por diversas irregularidades detectadas en su declaración patrimonial y denuncias recibidas.

(Fuente: El Mañanero Diario)

FGR anuncia creación de comisión especial para Caso Ayotzinapa

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Ya pasaron 57 meses (septiembre 2014) desde que desaparecieron 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de anunciar este miércoles que crearán la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. El objetivo de esta unidad será, como dice el nombre, investigar, perseguir delitos y concluir los procesos penales que estén vinculados al caso.

 

En el decreto publicado el Diario Oficial de la Federación (DOF) se especifica que este órgano estará a cargo del conocimiento, trámites y resolución de las “averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas cautelares, juicios de amparo u otros que se encuentren relacionados con el caso de Ayotzinapa”. Esto se logrará a través de equipos de investigación y litigación que vayan siendo necesarios para tener un funcionamiento adecuado.

 

(Con información de El Universal)

Reforma Educativa es declarada constitucional

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Este miércoles, el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma educativa.

Al comenzar la sesión, el presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, dio cuenta de los Congresos locales que aprobaron en menos de una semana las reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución estos son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango y Guerrero.

Así como, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México.

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto con el que se reforman disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, aprobado el 09 de mayo de 2019. Se remite al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación”, señaló el legislador morenista.

“Manifiesto mi reconocimiento por la reforma aprobada, representa un paso significativo de los trabajos del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Expreso mi respeto y reconocimiento a la postura de los grupos parlamentarios  y su desempeño responsable, que permite alcanzar un avance en la educación en México”, añadió.

En cuanto se publique el decreto en el Diario Oficial, entrarán en vigor todas las disposiciones de la ley.

Lo anterior, pese a que la inconformidad prevalece en sectores del magisterio encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que incluso este miércoles marcharon en la Ciudad de México, de San Cosme al Zócalo capitalino, para expresar su rechazo a las modificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

(Fuente: El Mañanero Diario)

¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

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Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entra en vigor la Guardia Nacional. Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir y realizar las reformas pertinentes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, tendrán que trabajar en la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En este sentido comparto algunos puntos para nutrir la discusión parlamentaria. 

En primer lugar, la actual administración prevé que los militares regresen a los cuarteles en cinco años. El reto será contar con suficientes egresados de la aún llamada Academia Superior de la Policía Federal para incorporarlos a la Guardia Nacional. Resulta difícil creer que en el tramo final del actual sexenio se alcancen a graduar el número suficiente de cadetes. De acuerdo a datos proporcionados por la propia Academia, de los poco más de 20,000 aspirantes por año, ingresa un promedio de 500, de los cuales se gradúa un número menor a los 400 cadetes. 

Un segundo punto es el presupuestal. La actual administración considera que un mínimo de 15,000 millones de pesos sería suficiente para desplegar este año a los más de 80,000 elementos en 266 regiones. Las administraciones federales anteriores también destinaron un gasto considerable en seguridad pública. Tan solo de 2010 a 2016 aumentó en 37.6% al pasar de 111,929 a 154,011 millones de pesos. En promedio, más del 50% de estos recursos federales se destinaron a las corporaciones policiacas, incluyendo transferencias a los Estados y Municipios. Sin embargo, el mayor gasto no se ha traducido en una disminución significativa de los delitos violentos, sobre todo los homicidios. Es necesario que en el Gabinete de Seguridad del Presidente López acepten una premisa básica: la reducción del crimen no depende solamente de la policía. 

Lo anterior me lleva al tercer punto. La policía depende de la adecuada procuración e impartición de justicia por parte de las instancias del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra claramente que el trabajo de los tribunales y fiscalías son fundamentales, no solo para reducir la impunidad, sino también para enviar el mensaje a la sociedad que delinquir tiene un alto costo. En las leyes secundarias, y luego en la práctica, se refuerce la relación entre la Guardia Nacional y las instituciones de justicia. Además, será importante que, como parte de estos esfuerzos, se dé un mayor impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de reducir el número de casos de prisión por periodos cortos a quienes cometan delitos de bajo impacto, disminuir la reincidencia y promover la efectiva reinserción social. 

En cuarto lugar, será importante la discusión en torno a las tareas preventivas. A la política social que atienda las condiciones de vulnerabilidad que propician el crimen, el Congreso deberá sumar las consideraciones sobre la actividad policial en su relación con los ciudadanos. Los datos y poca evidencia científica disponible para el caso mexicano sugieren que cuando los ciudadanos perciben que la policía es visible en las calles y los oficiales son accesibles y respetuosos en su trato, es más probable se fortalezca la confianza. En este sentido, el enfoque de proximidad planteado para la Guardia Nacional deberá contar con una versión refinada de los protocolos de actuación nacional de 2017. La Secretaría de Seguridad Pública deberá asegurarse de que los efectivos de extracción militar que se integrarán a la Guardia se apeguen a dichos protocolos y disminuyan los casos de violación a los Derechos Humanos. Solo en este escenario será posible que la nueva fuerza policial se gane la confianza y la cooperación de los ciudadanos. 

El quinto punto, y quizá el más importante, es el de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El análisis de varias corporaciones policiacas en países occidentales revela dos tipos de arreglo institucional en las tareas de proximidad. Uno consiste en un conjunto de áreas o divisiones especializadas pero todas dependientes del mismo nivel de gobierno. En varios casos, todas estas divisiones están adscritas a la misma organización policiaca nacional, la cual es responsable del despliegue de policías a nivel local. Por su parte, en el otro tipo de arreglo hay varias organizaciones policiacas en dos niveles de gobierno, donde las policías locales tienen mayor relevancia en el contacto con los ciudadanos. Hay que hacer notar que, en ambos casos, cuando existe más de una fuerza policial en niveles institucionales o de gobierno distintos, casi siempre es solo una de estas la que tiene mayor importancia en el contacto con los ciudadanos a nivel local. La propuesta de contar con una Guardia Nacional que realice tareas de seguridad pública y al mismo tiempo de proximidad choca con (o duplica) los esfuerzos que ya realizan algunas policías estatales y municipales. 

Lo puntos anteriores tendrían que ser evaluables en las leyes secundarias. Sería deseable que la Cámara de Diputados refuerce la participación de instituciones académicas con este propósito, a través de Observatorios de Monitoreo y Evaluación. Dicha colaboración ya está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es aún más relevante a la luz de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se antoja compleja. Un objetivo realista en este momento sería que la distribución de responsabilidades se realice a partir de la evaluación de los diagnósticos que los Gobiernos Estatales envíen en los siguientes meses sobre las fuerzas policiales de sus estados y municipios. Estos revelarán la viabilidad del desempeño de ciertas tareas con base en sus capacidades. 

Publica Diario Oficial derechito para crear la Guardia Nacional

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El Gobierno federal publicó este martes en las páginas del Diario Oficial de la Federación la modificación constitucional para crear la Guardia Nacional.

“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”, según refiere el documento.

Además, en el texto se establece que el Congreso de la Unión tiene 60 días naturales luego de la entrada en vigor de este decreto, para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes y será esta la que determine la estructura orgánica y de dirección de la corporación, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública.

El documento señala que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Y especifica también que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Declaran constitucionalidad de la Guardia Nacional

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Este jueves, la Cámara de Diputados y de Senadores emitieron la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional, con lo que pasó al Ejecutivo para su promulgación y eventual publicación.

Por la mañana, cerca de las 11:40 horas, la Cámara Baja declaró la constitucionalidad de la reforma y la turnó al Senado de la República.

La Cámara Alta hizo lo propio y, después del mediodía, en medio de aplausos, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, leyó la declaratoria de reforma constitucional visto el respaldo aprobatorio de cada uno de los 31 Congresos estatales y el de la Ciudad de México.

“Se da fe de los votos emitidos por cada Congreso de los estados y de la Ciudad de México”, leyó Batres Guadarrama.

Ahora el Ejecutivo deberá promulgarla y publicarla y el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de expedir las leyes secundarias de la nueva corporación en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.

Asimismo, deberá emitir, en un plazo de 90 días naturales desde que entre en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las normatividades secundarias que reglamenten el uso de la fuerza y sobre el registro de detenciones.

Cabe destacar que las reformas fueron avaladas por las dos Cámaras por unanimidad y, en tan solo 13 días, las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México las ratificaron.

La nueva institución policial será de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.

La Guardia Nacional tendrá las funciones de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

(Fuente: El Mañanero Diario)