Declaran constitucionalidad de la Guardia Nacional

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Este jueves, la Cámara de Diputados y de Senadores emitieron la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional, con lo que pasó al Ejecutivo para su promulgación y eventual publicación.

Por la mañana, cerca de las 11:40 horas, la Cámara Baja declaró la constitucionalidad de la reforma y la turnó al Senado de la República.

La Cámara Alta hizo lo propio y, después del mediodía, en medio de aplausos, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, leyó la declaratoria de reforma constitucional visto el respaldo aprobatorio de cada uno de los 31 Congresos estatales y el de la Ciudad de México.

“Se da fe de los votos emitidos por cada Congreso de los estados y de la Ciudad de México”, leyó Batres Guadarrama.

Ahora el Ejecutivo deberá promulgarla y publicarla y el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de expedir las leyes secundarias de la nueva corporación en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.

Asimismo, deberá emitir, en un plazo de 90 días naturales desde que entre en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las normatividades secundarias que reglamenten el uso de la fuerza y sobre el registro de detenciones.

Cabe destacar que las reformas fueron avaladas por las dos Cámaras por unanimidad y, en tan solo 13 días, las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México las ratificaron.

La nueva institución policial será de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.

La Guardia Nacional tendrá las funciones de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Acaban con programa de estancias infantiles, anuncian en el DOF

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El Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció el fin de la entrega de los apoyos a las estancias infantiles por parte del gobierno, y ahora se entregaran los recibos directamente a madres, padres de familia o tutores.

Ayer en el DOF se publicó el acuerdo por el cual la Secretaría de Bienestar termina este programa y comienza el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019.

Las nuevas reglas indican que este apoyo se dará a madres, padre solo o tutor que trabajan, buscan empleo o estudian que no cuenten con el servicio infantil por instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

Además, se detalla, que el apoyo será para menores de edad entre uno y cuatro años de mil 600 pesos bimestralmente, mientras que para los que tengan entre uno y seis años con alguna discapacidad, el apoyo será de 3 mil 600 pesos bimestralmente.

“El programa tendrá como prioridad para ser beneficiarias(os) a las personas que habiten en municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación y altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo”, se lee en el documento publicado en el DOF.

Aunque funcionario dijeron que para recibir el apoyo se necesitaba ser censado, en el DOF no se específica este punto, ni tampoco como recibirán el dinero los beneficiarios.

Avala Cámara de Diputados a la Guardia Nacional

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Por unanimidad, la Cámara de Diputados apto el proyecto de decreto para la creación de la Guardia Nacional. Ahora pasará a los congresos de los 32 estados, donde se espera que obtenga el aval de 17, para luego ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación, por el Poder Ejecutivo para su creación.

La iniciativa fue aprobada sin cambios con 463 votos a favor, uno en contra y 0 abstenciones.

“Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafo noveno párrafo décimo y su inciso b); 31, fracción III, fracción IV; 36 fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21;  y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, menciona el decreto de Dictamen de la Guardia Nacional.

El documento establece que el nuevo cuerpo de seguridad tendrá un mando civil, respetará el federalismo y contará con cinco años como tiempo máximo para comenzar a operar.

“Las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El decreto también establece que la actuación de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos en materia internacional que ha suscrito México. Además, la eliminación de candados a cargo del Legislativo para tener la facultad sobre la Guardia Nacional, así como la obligación de los gobernadores para capacitar a los policías locales.

Puebla: El principio del fin de los OPLEs

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El lunes 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por cual se reformó la Constitución para, entre otras cosas, establecer que la “organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.” Desde entonces y hasta la fecha las elecciones en México han respondido a un modelo de federalismo cooperativo, aunque con abrumadora prevalencia del INE sobre los OPLEs. La asunción total de la elección extraordinaria de la gubernatura de Puebla a celebrarse el dos de junio próximo representa, desde mi perspectiva, el principio del fin de los OPLEs.

La organización y la administración de las elecciones en nuestro país ha pasado por tres modelos: Uno en el cual todas las elecciones en el país correspondían a las autoridades locales; este modelo estuvo vigente en nuestro país hasta 1946 y es semejante al de los Estados Unidos de América. Otro más, que si bien contó con varias etapas, corrió desde la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y hasta el Instituto Federal Electoral; estoy consciente que en este largo período hay diferencias substanciales entre el IFE de 1990 y los años subsecuentes y la Comisión Federal Electoral de 1988, pero me refiero sobre todo a la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas: en este modelo existía una autoridad que se encargaba de organizar exclusivamente las elecciones federales mientras que la gestión de las elecciones locales correspondía a los Institutos o Consejos locales. Finalmente, a partir de 2014, se creó un modelo de cooperación normada entre un Instituto Nacional Electoral con competencia reguladora de ambas elecciones, federales y locales, y los organismos públicos locales electorales de las 32 entidades federativas.

La decisión del INE de asumir totalmente la elección extraordinaria para la gubernatura de Puebla anuncia, desde mi perspectiva, el principio del fin de este tercer modelo y, por ende, pone en riesgo la subsistencia misma de los OPLEs.

El pasado 6 de febrero, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad asumir “totalmente la organización y realización del Proceso Electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la persona titular del Ejecutivo Estatal, así como para integrar a los miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma.” (Resolución INE/CG40/2019).

Es cierto que el INE cuenta con la facultad de “asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales” (art. 41, Base V, Apartado C, inciso a] CPEUM). Dicha facultad es desarrollada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, los supuestos para ejercer esta competencia son únicamente los siguientes: 

a.- Factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo que a.1) afecten los principios constitucionales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad y que a.2) por tanto, impidan la organización pacífica de la elección por el OPLE. (Art. 121.2.a] LGIPE).

b.- La ausencia de condiciones políticas idóneas, derivado de la injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes de la entidad que b.1) afecten indebidamente la organización de las elecciones por el OPLE, porque b.2) no se puedan realizar con imparcialidad todas las etapas del proceso electoral. (Art. 121.2.b] LGIPE).

El supuesto que utilizó el INE fue el primero.  En efecto, para el Instituto Nacional Electoral, “la polarización política y el contexto social no generan condiciones óptimas para que el IEEP, pueda llevar a cabo el Proceso Electoral, pues está en riesgo su desarrollo en condiciones de paz y con estricto apego a todos los principios constitucionales que rigen en la materia.” (Resolución INE/CG40/2019, p. 40). Además, para el INE fue importante que el contexto de polarización en Puebla se agravó con el deceso de la titular del Poder Ejecutivo Local. No es en esta argumentación en donde aprecio el inicio del fin de los OPLES, aun con los saltos ilógicos que se realizan entre un contexto de competitividad, de polarización, de impugnación de los resultados y de declaración de nulidades de elecciones municipales y la justificación de la asunción total; en realidad, en donde se puede avizorar el inicio de este proceso que eventualmente terminará con lo poco que queda del federalismo electoral en el país, es la línea de razonamiento principal del INE para asumir totalmente la elección extraordinaria de Puebla:

1.- Si existe un contexto de polarización política y social en la entidad, debe buscarse que las decisiones del proceso electoral se tomen por una autoridad nacional que trascienda dicho contexto.

2.- Que sea el INE quien tome las decisiones y conduzca el proceso electoral evita intromisiones injustificadas.

3.- Si es el INE quien organiza las elecciones extraordinarias, se hace más eficiente el desarrollo de los procedimientos y actividades.

4.- El INE cuenta con personal profesional, capacitado y actualizado.

5.- Si el INE despliega todas sus capacidades técnicas y humanas se garantiza un estándar de integridad electoral que requieren las elecciones extraordinarias en Puebla.

En síntesis, el Instituto Electoral del Estado de Puebla no puede trascender el contexto político y social del estado; tampoco puede garantizar intromisiones injustificadas o que las elecciones sean más eficientes; el personal del IEE no es profesional, no está capacitado ni actualizado, por lo que tampoco pueden garantizar el estándar de integridad electoral que se requiere.  

Lo que el INE parece olvidar con relación al IEE de Puebla y, en general respecto de todos los OPLEs, es que es el propio INE el que designa a las y los Consejeros de los OPLEs, además de que es el administrador del Sistema Profesional Electoral Nacional.

Espero equivocarme, pero todo parece indicar que el fin de los OPLEs está muy cercano.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

Segob gasta más de 150 millones en mantener computadoras viejas

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Segob gasta más de 150 millones en mantener computadoras viejas

Casi el 60% de las 29 mil computadoras que hay en la Secretaría de Gobernación (Segob) son viejas y obsoletas, y aunque su correcto funcionamiento ya no puede garantizarse debido a que su vida útil concluyó, en 2017 la dependencia desembolsó más de 150 millones de pesos para darles mantenimiento.

Así lo revela una verificación de dichos equipos de cómputo hecha por un equipo de expertos en informática de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales además de lo anterior encontraron anomalías en cuanto a especificaciones, sistemas inexistentes por los que también se pagó indebidamente a proveedores, y falta de pruebas de servicios supuestamente realizados.

De acuerdo con el informe de resultados, la Secretaría de Gobernación cuenta con 29 mil 272 equipos de cómputo no solo en sus oficinas administrativas, sino en áreas clave como Policía Federal o en el Organo de Readaptación Social a cargo de los penales federales de alta seguridad.

Del total de esos equipos, hay 17 mil 475, el 59.7% que datan del 2014 hacia atrás. De acuerdo con los parámetros de Estimulación de Vida Útil de la propia dependencia publicados en el Diario Oficial de la Federación, todo equipo tiene un periodo de vida útil de tres años.

Lo anterior significa que, en promedio, 6 de cada 10 computadoras que tiene Gobernación son oficialmente obsoletas.

Hay casos extremos. Los auditores encontraron que de los equipos cuya vida útil concluyó, hay cuatro mil 312 que datan del 2008, es decir, tienen 10 años de antigüedad. Hay mil 737 que son del 2009, mil 413 del 2010, dos mil 36 del 2011, mil 778 del 2012, mil 928 del 2013 y cuatro mil 271 de 2014.

Por otro lado, hay cuatro mil 484 computadoras en Gobernación que son de 2015 y que para el siguiente año también habrán concluido su periodo de vida útil. Hay 3 mil 57 equipos de 2016 y cuatro mil 255 de 2017. En 2018 solo se ha adquirido una computadora nueva.

(Con información de Animal Político)

Ante crisis piden ONGs que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada ya como un feminicidio

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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de indagar las muertes violentas de mujeres como feminicidio sólo cuando se presuma una intención dolosa, limita el acceso a la justicia de las víctimas al no contemplar los casos que se encubren como suicidios o accidentes.

El pasado 6 de febrero de este año entraron en vigor y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos aprobados por la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del CNSP, en una reunión celebrada el 21 de diciembre de 2017.

Entre estos se encuentra el Acuerdo 04/XLIII/27 cuyo apartado establece que “la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo los protocolos de feminicidio“.

Sobre esta disposición el Observatorio Ciudadano del Feminicidio objetó en un comunicado que ven con preocupación reducir la investigación de casos de feminicidio sólo ante la presunción de “homicidios dolosos” (es decir, aquellos en los que el victimario busca intencionalmente la muerte de la mujer), pues un feminicidio puede encubrirse detrás de una muerte aparentemente accidental o un supuesto suicidio, como lo han documentado.

La organización agregó que el acuerdo del Consejo Nacional se ve limitado por lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) en la sentencia 554/2013, esta indica que absolutamente “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigados como feminicidio con perspectiva de género”.

También ONU Mujeres en su reciente informe sobre feminicidio en México, insistió que el suicidio de una mujer es otra forma de muerte violenta por lo que requiere ser investigada mediante los protocolos de investigación del feminicidio, hasta descartar que esa muerte fue autoinfligida o que en realidad se trata de un asesinato.

De acuerdo con las cifras que presentó la organización internacional los niveles de la tasa de suicidios de mujeres en México han ido a la alza y de hecho entre 2014 y 2015  superaron la tasa de presuntos homicidios de mujeres; según las estadísticas de defunciones de la Secretaría de Salud en 2015 hubo una tasa de 2.0 muertes de mujeres con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, la tasa de presuntos suicidios se colocó en 3.8.

Además, de acuerdo con cifras del OCNF de los registros en 17 estados del país, ocurrieron 914 asesinatos de mujeres de enero a junio de 2017, pero solamente 49 por ciento fue investigado como feminicidio.

#KLEROTERION: “México necesita una Ley de Seguridad Interior”

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n la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017 se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones;  esta minuta se enviará a la Cámara de Senadores para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 34 artículos y 4 transitorios, esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.

Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las institciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo que condiciones institucionales, y en particular, terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuacion no tiene el respaldo jurídico adecuado, así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.

Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son:  amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Es claro que la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policias municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas, que el país necesita corporaciones policiales con equipo, adiestramiento, comunicaciones e infraestructuras modernas, y que se somete a una tensión mayor el Ejército y a la Marina Armada de México al ordenarle realizar misiones que deberían ejecutar los civiles.

Sin embargo, entonces cuál es la respuesta: sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país; el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente; las 32 policías estatales no podrían enfrentan por si mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aún así no es suficiente.

La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.  Se trata de dar certeza a la ciudadania sobre lo que hacen su Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, su personal es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y  aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego. Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinicón juridica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación debe regularse por el bien de todos.

Dimes y Diretes: “El Gasolinazo de la Mentira”

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Pues un nuevo mes llegó y que nos ponen otro gasolinazo y por lo tanto sufren, sufren los bolsillos de los mexicanos, más que el mes pasado y más que en los últimos 18 años.

Los gasolinazos vienen en un punto muy extraño del sexenio del Presidente Enrique “Henry Monster” Peña Nieto, pues para estas alturas si la tan famosa “Reforma Energética” estuviera funcionando como lo presume, el precio debería ir a la baja, no al alza, ¿qué está pasando?

Claramente Pemex está en quiebra, va de salida, no lo quieren decir, pero así es, es la realidad de esta empresa que mucho dio por México, hasta que la corrupción y los sindicatos manejados por personajes como Carlos Romero Deschamps, le succionaron hasta dejarla seca.

Ahora con un déficit de producción no queda más que comenzar a importar gasolina, en especial, de los Estados Unidos. Esta importación de gasolina de otros países va a seguir provocando que el precio suba, pues el dólar no ha cedido mucho en las últimas semanas.

La semana pasada después de que se diera a conocer el gasolinazo, Luis “Rana” Videgaray, dijo que el precio de la gasolina en México seguía a un precio competitivo si se comparaba con otros países, ¿qué tan cierto es? Me di a la tarea de investigar:

Le explico estimado lector, hasta el día de ayer los precios de los combustibles en una gasolinera de Laredo, TX (Pilot) al tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación ($18.7837) de ayer eran los siguientes:

Básica: $37.54 pesos por galón ($1.99 USD)
Grado Medio: $42.05 pesos por galón ($2.23 USD)
Premium: $47.31 pesos por galón ($2.51 USD)
Diésel: $38.86 pesos por galón ($2.06 USD)




Por cierto, estos probablemente no sean los mejores precios, además el galón es más que un litro, pues un galón equivale a 3.78 litros, por lo tanto tomaremos los precios por litro que tiene Pemex ahorita y los convertiremos a galones y así quedo convertido en pesos:

Magna: $52.76 pesos por galón ($2.80 USD)
Premium: $55.98 pesos por galón ($2.98 USD)
Diésel: $52.84 pesos por galón ($2.81 USD)

Ahora si además comparamos el salario mínimo de un país con otro, también vemos que en nuestro vecino del norte tienen un poder adquisitivo más alto que aquí, pues allá por hora se paga como mínimo $7.25 USD, es decir $136.18 pesos por hora, mientras que en México por una jornada laboral de 8 horas se paga $73.04 pesos.

A todo esto viene la pregunta, ¿qué esta sucediendo en Pemex? ¿Qué sucede en nuestro sector energético? ¿Qué no nos están diciendo?

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”