FGR anuncia creación de comisión especial para Caso Ayotzinapa

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Ya pasaron 57 meses (septiembre 2014) desde que desaparecieron 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de anunciar este miércoles que crearán la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. El objetivo de esta unidad será, como dice el nombre, investigar, perseguir delitos y concluir los procesos penales que estén vinculados al caso.

 

En el decreto publicado el Diario Oficial de la Federación (DOF) se especifica que este órgano estará a cargo del conocimiento, trámites y resolución de las “averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas cautelares, juicios de amparo u otros que se encuentren relacionados con el caso de Ayotzinapa”. Esto se logrará a través de equipos de investigación y litigación que vayan siendo necesarios para tener un funcionamiento adecuado.

 

(Con información de El Universal)

Reforma Educativa es declarada constitucional

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Este miércoles, el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma educativa.

Al comenzar la sesión, el presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, dio cuenta de los Congresos locales que aprobaron en menos de una semana las reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución estos son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango y Guerrero.

Así como, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México.

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto con el que se reforman disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, aprobado el 09 de mayo de 2019. Se remite al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación”, señaló el legislador morenista.

“Manifiesto mi reconocimiento por la reforma aprobada, representa un paso significativo de los trabajos del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Expreso mi respeto y reconocimiento a la postura de los grupos parlamentarios  y su desempeño responsable, que permite alcanzar un avance en la educación en México”, añadió.

En cuanto se publique el decreto en el Diario Oficial, entrarán en vigor todas las disposiciones de la ley.

Lo anterior, pese a que la inconformidad prevalece en sectores del magisterio encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que incluso este miércoles marcharon en la Ciudad de México, de San Cosme al Zócalo capitalino, para expresar su rechazo a las modificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

(Fuente: El Mañanero Diario)

¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

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Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entra en vigor la Guardia Nacional. Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir y realizar las reformas pertinentes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, tendrán que trabajar en la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En este sentido comparto algunos puntos para nutrir la discusión parlamentaria. 

En primer lugar, la actual administración prevé que los militares regresen a los cuarteles en cinco años. El reto será contar con suficientes egresados de la aún llamada Academia Superior de la Policía Federal para incorporarlos a la Guardia Nacional. Resulta difícil creer que en el tramo final del actual sexenio se alcancen a graduar el número suficiente de cadetes. De acuerdo a datos proporcionados por la propia Academia, de los poco más de 20,000 aspirantes por año, ingresa un promedio de 500, de los cuales se gradúa un número menor a los 400 cadetes. 

Un segundo punto es el presupuestal. La actual administración considera que un mínimo de 15,000 millones de pesos sería suficiente para desplegar este año a los más de 80,000 elementos en 266 regiones. Las administraciones federales anteriores también destinaron un gasto considerable en seguridad pública. Tan solo de 2010 a 2016 aumentó en 37.6% al pasar de 111,929 a 154,011 millones de pesos. En promedio, más del 50% de estos recursos federales se destinaron a las corporaciones policiacas, incluyendo transferencias a los Estados y Municipios. Sin embargo, el mayor gasto no se ha traducido en una disminución significativa de los delitos violentos, sobre todo los homicidios. Es necesario que en el Gabinete de Seguridad del Presidente López acepten una premisa básica: la reducción del crimen no depende solamente de la policía. 

Lo anterior me lleva al tercer punto. La policía depende de la adecuada procuración e impartición de justicia por parte de las instancias del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra claramente que el trabajo de los tribunales y fiscalías son fundamentales, no solo para reducir la impunidad, sino también para enviar el mensaje a la sociedad que delinquir tiene un alto costo. En las leyes secundarias, y luego en la práctica, se refuerce la relación entre la Guardia Nacional y las instituciones de justicia. Además, será importante que, como parte de estos esfuerzos, se dé un mayor impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de reducir el número de casos de prisión por periodos cortos a quienes cometan delitos de bajo impacto, disminuir la reincidencia y promover la efectiva reinserción social. 

En cuarto lugar, será importante la discusión en torno a las tareas preventivas. A la política social que atienda las condiciones de vulnerabilidad que propician el crimen, el Congreso deberá sumar las consideraciones sobre la actividad policial en su relación con los ciudadanos. Los datos y poca evidencia científica disponible para el caso mexicano sugieren que cuando los ciudadanos perciben que la policía es visible en las calles y los oficiales son accesibles y respetuosos en su trato, es más probable se fortalezca la confianza. En este sentido, el enfoque de proximidad planteado para la Guardia Nacional deberá contar con una versión refinada de los protocolos de actuación nacional de 2017. La Secretaría de Seguridad Pública deberá asegurarse de que los efectivos de extracción militar que se integrarán a la Guardia se apeguen a dichos protocolos y disminuyan los casos de violación a los Derechos Humanos. Solo en este escenario será posible que la nueva fuerza policial se gane la confianza y la cooperación de los ciudadanos. 

El quinto punto, y quizá el más importante, es el de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El análisis de varias corporaciones policiacas en países occidentales revela dos tipos de arreglo institucional en las tareas de proximidad. Uno consiste en un conjunto de áreas o divisiones especializadas pero todas dependientes del mismo nivel de gobierno. En varios casos, todas estas divisiones están adscritas a la misma organización policiaca nacional, la cual es responsable del despliegue de policías a nivel local. Por su parte, en el otro tipo de arreglo hay varias organizaciones policiacas en dos niveles de gobierno, donde las policías locales tienen mayor relevancia en el contacto con los ciudadanos. Hay que hacer notar que, en ambos casos, cuando existe más de una fuerza policial en niveles institucionales o de gobierno distintos, casi siempre es solo una de estas la que tiene mayor importancia en el contacto con los ciudadanos a nivel local. La propuesta de contar con una Guardia Nacional que realice tareas de seguridad pública y al mismo tiempo de proximidad choca con (o duplica) los esfuerzos que ya realizan algunas policías estatales y municipales. 

Lo puntos anteriores tendrían que ser evaluables en las leyes secundarias. Sería deseable que la Cámara de Diputados refuerce la participación de instituciones académicas con este propósito, a través de Observatorios de Monitoreo y Evaluación. Dicha colaboración ya está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es aún más relevante a la luz de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se antoja compleja. Un objetivo realista en este momento sería que la distribución de responsabilidades se realice a partir de la evaluación de los diagnósticos que los Gobiernos Estatales envíen en los siguientes meses sobre las fuerzas policiales de sus estados y municipios. Estos revelarán la viabilidad del desempeño de ciertas tareas con base en sus capacidades. 

Publica Diario Oficial derechito para crear la Guardia Nacional

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El Gobierno federal publicó este martes en las páginas del Diario Oficial de la Federación la modificación constitucional para crear la Guardia Nacional.

“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”, según refiere el documento.

Además, en el texto se establece que el Congreso de la Unión tiene 60 días naturales luego de la entrada en vigor de este decreto, para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes y será esta la que determine la estructura orgánica y de dirección de la corporación, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública.

El documento señala que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Y especifica también que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Declaran constitucionalidad de la Guardia Nacional

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Este jueves, la Cámara de Diputados y de Senadores emitieron la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional, con lo que pasó al Ejecutivo para su promulgación y eventual publicación.

Por la mañana, cerca de las 11:40 horas, la Cámara Baja declaró la constitucionalidad de la reforma y la turnó al Senado de la República.

La Cámara Alta hizo lo propio y, después del mediodía, en medio de aplausos, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, leyó la declaratoria de reforma constitucional visto el respaldo aprobatorio de cada uno de los 31 Congresos estatales y el de la Ciudad de México.

“Se da fe de los votos emitidos por cada Congreso de los estados y de la Ciudad de México”, leyó Batres Guadarrama.

Ahora el Ejecutivo deberá promulgarla y publicarla y el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de expedir las leyes secundarias de la nueva corporación en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.

Asimismo, deberá emitir, en un plazo de 90 días naturales desde que entre en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las normatividades secundarias que reglamenten el uso de la fuerza y sobre el registro de detenciones.

Cabe destacar que las reformas fueron avaladas por las dos Cámaras por unanimidad y, en tan solo 13 días, las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México las ratificaron.

La nueva institución policial será de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.

La Guardia Nacional tendrá las funciones de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Acaban con programa de estancias infantiles, anuncian en el DOF

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El Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció el fin de la entrega de los apoyos a las estancias infantiles por parte del gobierno, y ahora se entregaran los recibos directamente a madres, padres de familia o tutores.

Ayer en el DOF se publicó el acuerdo por el cual la Secretaría de Bienestar termina este programa y comienza el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019.

Las nuevas reglas indican que este apoyo se dará a madres, padre solo o tutor que trabajan, buscan empleo o estudian que no cuenten con el servicio infantil por instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

Además, se detalla, que el apoyo será para menores de edad entre uno y cuatro años de mil 600 pesos bimestralmente, mientras que para los que tengan entre uno y seis años con alguna discapacidad, el apoyo será de 3 mil 600 pesos bimestralmente.

“El programa tendrá como prioridad para ser beneficiarias(os) a las personas que habiten en municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación y altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo”, se lee en el documento publicado en el DOF.

Aunque funcionario dijeron que para recibir el apoyo se necesitaba ser censado, en el DOF no se específica este punto, ni tampoco como recibirán el dinero los beneficiarios.

Avala Cámara de Diputados a la Guardia Nacional

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Por unanimidad, la Cámara de Diputados apto el proyecto de decreto para la creación de la Guardia Nacional. Ahora pasará a los congresos de los 32 estados, donde se espera que obtenga el aval de 17, para luego ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación, por el Poder Ejecutivo para su creación.

La iniciativa fue aprobada sin cambios con 463 votos a favor, uno en contra y 0 abstenciones.

“Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafo noveno párrafo décimo y su inciso b); 31, fracción III, fracción IV; 36 fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21;  y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, menciona el decreto de Dictamen de la Guardia Nacional.

El documento establece que el nuevo cuerpo de seguridad tendrá un mando civil, respetará el federalismo y contará con cinco años como tiempo máximo para comenzar a operar.

“Las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El decreto también establece que la actuación de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos en materia internacional que ha suscrito México. Además, la eliminación de candados a cargo del Legislativo para tener la facultad sobre la Guardia Nacional, así como la obligación de los gobernadores para capacitar a los policías locales.

Puebla: El principio del fin de los OPLEs

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El lunes 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por cual se reformó la Constitución para, entre otras cosas, establecer que la “organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.” Desde entonces y hasta la fecha las elecciones en México han respondido a un modelo de federalismo cooperativo, aunque con abrumadora prevalencia del INE sobre los OPLEs. La asunción total de la elección extraordinaria de la gubernatura de Puebla a celebrarse el dos de junio próximo representa, desde mi perspectiva, el principio del fin de los OPLEs.

La organización y la administración de las elecciones en nuestro país ha pasado por tres modelos: Uno en el cual todas las elecciones en el país correspondían a las autoridades locales; este modelo estuvo vigente en nuestro país hasta 1946 y es semejante al de los Estados Unidos de América. Otro más, que si bien contó con varias etapas, corrió desde la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y hasta el Instituto Federal Electoral; estoy consciente que en este largo período hay diferencias substanciales entre el IFE de 1990 y los años subsecuentes y la Comisión Federal Electoral de 1988, pero me refiero sobre todo a la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas: en este modelo existía una autoridad que se encargaba de organizar exclusivamente las elecciones federales mientras que la gestión de las elecciones locales correspondía a los Institutos o Consejos locales. Finalmente, a partir de 2014, se creó un modelo de cooperación normada entre un Instituto Nacional Electoral con competencia reguladora de ambas elecciones, federales y locales, y los organismos públicos locales electorales de las 32 entidades federativas.

La decisión del INE de asumir totalmente la elección extraordinaria para la gubernatura de Puebla anuncia, desde mi perspectiva, el principio del fin de este tercer modelo y, por ende, pone en riesgo la subsistencia misma de los OPLEs.

El pasado 6 de febrero, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad asumir “totalmente la organización y realización del Proceso Electoral extraordinario 2019 en el estado de Puebla, para elegir a la persona titular del Ejecutivo Estatal, así como para integrar a los miembros de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Cañada Morelos, Ahuazotepec, Mazapiltepec de Juárez y Tepeojuma.” (Resolución INE/CG40/2019).

Es cierto que el INE cuenta con la facultad de “asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales” (art. 41, Base V, Apartado C, inciso a] CPEUM). Dicha facultad es desarrollada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, los supuestos para ejercer esta competencia son únicamente los siguientes: 

a.- Factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo que a.1) afecten los principios constitucionales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad y que a.2) por tanto, impidan la organización pacífica de la elección por el OPLE. (Art. 121.2.a] LGIPE).

b.- La ausencia de condiciones políticas idóneas, derivado de la injerencia o intromisión comprobable de algunos de los poderes de la entidad que b.1) afecten indebidamente la organización de las elecciones por el OPLE, porque b.2) no se puedan realizar con imparcialidad todas las etapas del proceso electoral. (Art. 121.2.b] LGIPE).

El supuesto que utilizó el INE fue el primero.  En efecto, para el Instituto Nacional Electoral, “la polarización política y el contexto social no generan condiciones óptimas para que el IEEP, pueda llevar a cabo el Proceso Electoral, pues está en riesgo su desarrollo en condiciones de paz y con estricto apego a todos los principios constitucionales que rigen en la materia.” (Resolución INE/CG40/2019, p. 40). Además, para el INE fue importante que el contexto de polarización en Puebla se agravó con el deceso de la titular del Poder Ejecutivo Local. No es en esta argumentación en donde aprecio el inicio del fin de los OPLES, aun con los saltos ilógicos que se realizan entre un contexto de competitividad, de polarización, de impugnación de los resultados y de declaración de nulidades de elecciones municipales y la justificación de la asunción total; en realidad, en donde se puede avizorar el inicio de este proceso que eventualmente terminará con lo poco que queda del federalismo electoral en el país, es la línea de razonamiento principal del INE para asumir totalmente la elección extraordinaria de Puebla:

1.- Si existe un contexto de polarización política y social en la entidad, debe buscarse que las decisiones del proceso electoral se tomen por una autoridad nacional que trascienda dicho contexto.

2.- Que sea el INE quien tome las decisiones y conduzca el proceso electoral evita intromisiones injustificadas.

3.- Si es el INE quien organiza las elecciones extraordinarias, se hace más eficiente el desarrollo de los procedimientos y actividades.

4.- El INE cuenta con personal profesional, capacitado y actualizado.

5.- Si el INE despliega todas sus capacidades técnicas y humanas se garantiza un estándar de integridad electoral que requieren las elecciones extraordinarias en Puebla.

En síntesis, el Instituto Electoral del Estado de Puebla no puede trascender el contexto político y social del estado; tampoco puede garantizar intromisiones injustificadas o que las elecciones sean más eficientes; el personal del IEE no es profesional, no está capacitado ni actualizado, por lo que tampoco pueden garantizar el estándar de integridad electoral que se requiere.  

Lo que el INE parece olvidar con relación al IEE de Puebla y, en general respecto de todos los OPLEs, es que es el propio INE el que designa a las y los Consejeros de los OPLEs, además de que es el administrador del Sistema Profesional Electoral Nacional.

Espero equivocarme, pero todo parece indicar que el fin de los OPLEs está muy cercano.

SCJN abre juicio a Ley de Remuneraciones

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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, expedida mediante decreto publicado el 5 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

La CNDH solicitó a la Suprema Corte declarar la invalidez de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la referida Ley, así como los diversos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal, adicionados en el mismo Decreto combatido.

De manera adicional, la CNDH pidió a la SCJN que, de oficio, revise el procedimiento legislativo que dio origen a la normativa impugnada.

Tras la admisión, se instruyó dar vista con la demanda a las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Presidente de la República, para que rindan su informe dentro del plazo de 15 días hábiles.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos explicó que, el pasado día 22 de noviembre, presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), al estimar que la misma podría contener posibles vulneraciones a derechos humanos.

“En el documento presentado ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, se expresó que, a juicio de este Organismo Autónomo, la LFRSP se aparta de los mandatos de nuestra Norma Suprema y de diversos instrumentos internacionales suscritos por México, por lo cual consideró conveniente someterla al conocimiento de la SCJN, para que sea quien determine su validez, como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, refirió.

“La CNDH estima necesario que las remuneraciones de los servidores públicos sean reguladas de conformidad con el sistema constitucional mexicano en su integridad, y en ese sentido consideró que la LFRSP no desarrolló, de acuerdo con el texto constitucional, los parámetros o reglas indispensables para hacerla efectiva, entre otras problemáticas que, a juicio de esta institución protectora de los derechos humanos, podría implicar su aplicación”, anotó.

Esta ley estableció que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República.

“Este Organismo Nacional es consciente de la importancia y trascendencia que conlleva la expedición de la LFRSP, que está encaminada a regular, entre otras cuestiones, el límite máximo de las percepciones de los trabajadores al servicio del Estado, tal como lo establece la Constitución desde el año 2009″, indicó la comisión.

“La demanda promovida por la CNDH recoge diversos planteamientos y opiniones que aportaron más de 1,190 personas que expresaron sus inquietudes respecto del mencionado precepto legal, denunciando su posible inconstitucionalidad y solicitando que se promoviera la acción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación“, abundó.

Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.