La renuncia de Deschamps ¿una nueva etapa para el sindicalismo mexicano?

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Un episodio más en la transición democrática del país se vivió el pasado miércoles 16 de octubre cuando el Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) convocó a sus afiliados a una asamblea extraordinaria. Lo anterior, con motivo de dar a conocer la dimisión voluntaria de Carlos Romero Deschamps, quien fuera líder del gremio desde 1993. En un clima de denuncias hacia su persona por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se le acusan, decidió separarse del cargo de Secretario General que ostentaba desde hace más de 26 años, dicha decisión, se presume fue operada desde la Secretaría de Gobernación.

Los motivos reales que lo orillaron a renunciar, ciertamente aún son desconocidos, mas allá del comunicado del mismo ex líder donde señala que su decisión fue motivada porque “por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación”. Para algunos, es inevitable no caer en especulaciones, pues escándalos a lo largo de su gestión le sobran; uno de los mas sonados, es el ocurrido en el año 2000, cuando Deschamps protagonizó el famoso “pemexgate” por desviar aproximadamente 500 millones de pesos del fondo del sindicato de Pemex a la campaña del entonces candidato a la Presidencia de México, Francisco Labastida.

Por esto y más, es para muchos un símbolo de corrupción en el país; pero vayamos al fondo del tema y lo que esto puede significar para el sindicalismo mexicano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró lo ocurrido y señaló que esto significa el inicio de una nueva etapa -palabras fuertes que no deben ser tomadas a la ligera-. Lo relevante y simbólica de esta renuncia es incuestionable, pero ¿es realmente una nueva etapa en la vida sindical del país? 

La lucha por la autonomía y libertad sindical ha sido parte esencial de nuestra transición democrática; desde el siglo XX, un rasgo característico del Estado Mexicano post revolucionario es precisamente la ausencia de un sindicalismo independiente fuerte, es decir, salvo contadas excepciones, los sindicatos más importantes del país, a lo largo de los años, han padecido de rasgos y esquemas corporativos que los han alejado de lo que en esencia son.

Por un sin fin de factores, difícil de enlistar, los sindicatos dejaron de ser lo que fueron aproximadamente a principios de 1930 – 1940, cuando su presencia en las calles era avasalladora, e incluso, eran un símbolo de apoyo, poder, e incluso legitimidad para los gobiernos en turno. Si bien es cierto, esto obedece a una lógica de que en el tiempo se ha transitado a un nuevo sistema sindical, producto de las grandes movilizaciones o las reformas laborales locales e internacionales alcanzadas -que es de reconocérseles-, también hay una realidad evidente, y es que el espíritu de la lucha, en el camino, se ha ido desvirtuando.

La nueva reforma laboral, publicada apenas el pasado mes de mayo en el Diario Oficial de la Federación, debe dar los instrumentos que garanticen una democracia sindical, con todo lo que esta conlleva, por ejemplo, el cumplimiento a lo establecido en la misma, referente a la obligatoriedad de que existan elecciones de dirigentes y que estas tendrán que ser mediante voto, directo, libre y secreto de los trabajadores. Además, de que todo lo contemplado en dicha reforma y en el nuevo TMEC, como la apertura a que existan más sindicatos, la sustitución de las juntas de conciliación por los tribunales laborales, la obligación al patrón de inscribir a sus trabajadores al IMSS, entre muchas otras cosas, acentúe y fortalezca una nueva etapa del sindicalismo mexicano.

Ahora bien, si desde la óptica política y para la alimentación de la opinión pública le sirve al gobierno que Deschamps sea para Andrés Manuel lo que fue la maestra Elba Ester para Enrique Peña Nieto, o lo que fue “la Quina”, en su momento, para Carlos Salinas de Gortari, es otro tema, aquí lo relevante, es que la oportunidad para la 4ta Transformación está en la mesa. 

Si la renuncia es positiva o no, depende de con qué venga; ojalá no sea solo un cambio de dirigentes, -donde por cierto, el nuevo líder del STPRM es quien hasta hace una semana fuera el Tesorero de Deschamps-,  si no que signifique realmente un cambio de estructura completa, reglas al interior y no se elija a alguien afín al nuevo gobierno; que estos cambios se traduzcan en una nueva dinámica en la relación Estado – Sindicatos, una evolución en la vida sindical del país, se termine con el control laboral y se represente la esencia misma de un sindicato: la representatividad de los derechos e intereses de los trabajadores.

El sindicato debe apoyar la reconstrucción de Pemex con el único fin de hacerlo mas competitivo, se escucha sencillo, pero no lo es, al interior hay muchísimas variables que hay que cambiar. El reto de gobernabilidad es enorme, pues no se están enfrentando solo a Romero Deschamps, si no a toda una red que se ha beneficiado por 26 años de manera transexenal a costa de Pemex. 

El debate enriquece la mente, se vale discrepar. 

UMA y la Joya del Pancismo

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El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a través del cual fueron modificados los artículos 26, apartado B y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución.

Dicha reforma, en su modificación al artículo 26, apartado B, Constitucional, crea una medida que se utilizaría como referencia económica para el cumplimiento de obligaciones.

En ese contexto se crea la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) como referente económico, desindexando al salario mínimo general vigente (SMGV) y, a partir del 28 de enero de 2017, toda referencia al SMGV cómo parámetro de medida, debía considerarse efectuados a la UMA.

Esto, pues el artículo TERCERO transitorio del decreto anteriormente señalado, estableció que todas las menciones al SMGV como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, apartado B y TERCERO transitorio de la Constitución, a partir del año 2017, el IMSS y el ISSSTE, comenzaron a utilizar la UMA a efecto de establecer los topes máximos en el cálculo para el pago de las pensiones.

Situación, que ocasionó que el poder adquisitivo y el monto de las pensiones fuera reduciéndose en perjuicio de los pensionados, toda vez que el valor de la UMA tenía menores aumentos en proporción a los realizados al SMGV.

No obstante, ambos Institutos de Seguridad Social, perdieron de vista que a la par de la reforma al artículo 26, apartado B, también se modificó el artículo 123, inciso A) fracción VI de la Constitución, estableciendo que el SMGV no podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, el SMGV, podía seguir utilizándose cómo índice, unidad, base, medida o referencia, siempre y cuando fuera acorde a su naturaleza.

En esa tesitura, tratándose de la determinación de la cuota diaria de pensión, es decir, de una prestación de naturaleza laboral, el parámetro utilizado para su cálculo no puede ser otro que el SMGV.

Por lo anterior, desde el año 2017, diversos grupos de pensionados, al ver reducidos montos en el pago de sus pensiones, comenzaron a demandar el correcto cálculo del mismo, atendiendo al valor del SMGV y no a la UMA.

En consecuencia, a finales de 2017 y principios del año 2018, fueron emitidos los primeros criterios respecto a la indebida aplicación de la UMA, para efecto de realizar el cálculo en el pago de las pensiones. 

Mismos criterios, que gracias al legítimo esfuerzo de grupos de pensionados que con determinación acudieron a Tribunales Competentes a ejercer sus derechos siguieron reiterándose, hasta que el 20 de septiembre de 2019, el décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito creó jurisprudencia.

Jurisprudencia, que únicamente es producto del esfuerzo y valía con la que los pensionados defendieron sus derechos en los Tribunales.

No obstante, recientemente circuló un video, en el que aparece el Senador Dr. Américo Villarreal Anaya, declarando que gracias a las gestiones de los Senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que establece que la pensión de retiro de los trabajadores debe ser calculada con base en el salario mínimo.

Estas declaraciones, además de constituir una verdadera joya al pancismo, son un acto demagógico que demerita la valía con la que los pensionados defendieron sus derechos.

Por mi parte, únicamente puedo felicitar a los pensionados por su Voluntad y Trabajo en este logro.

Inhabilitan dos empresas del ex superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí

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A través de dos circulares publicadas este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que inhabilitó por dos años y seis meses a dos empresas que pertenecen al exdelegado del Gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

La dependencia informó que todas las dependencias y entidades del Gobierno federal deberán abstenerse de celebrar cualquier tipo de contratos con las compañías Lomedic S.A. de C.V. y Laboratorios Solfran S.A.

“Las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”, señaló la SFP.

En un comunicado aparte, la Secretaría detalla que las sanciones contemplan también una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos por falsear información al participar en contrataciones públicas.

“Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, señala el texto.

Diversas publicaciones han dado cuenta de que Lomelí posee una red de empresas que en los últimos 13 años le han permitido obtener contratos por hasta 7 mil millones de pesos con 17 Gobiernos estatales y el federal.

El funcionario renunció a su cargo el 12 de julio pasado y tres días después se dio a conocer que la SFP había iniciado varias investigaciones en su contra por diversas irregularidades detectadas en su declaración patrimonial y denuncias recibidas.

(Fuente: El Mañanero Diario)

FGR anuncia creación de comisión especial para Caso Ayotzinapa

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Ya pasaron 57 meses (septiembre 2014) desde que desaparecieron 43 estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de anunciar este miércoles que crearán la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. El objetivo de esta unidad será, como dice el nombre, investigar, perseguir delitos y concluir los procesos penales que estén vinculados al caso.

 

En el decreto publicado el Diario Oficial de la Federación (DOF) se especifica que este órgano estará a cargo del conocimiento, trámites y resolución de las “averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas cautelares, juicios de amparo u otros que se encuentren relacionados con el caso de Ayotzinapa”. Esto se logrará a través de equipos de investigación y litigación que vayan siendo necesarios para tener un funcionamiento adecuado.

 

(Con información de El Universal)

Reforma Educativa es declarada constitucional

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Este miércoles, el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma educativa.

Al comenzar la sesión, el presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, dio cuenta de los Congresos locales que aprobaron en menos de una semana las reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución estos son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango y Guerrero.

Así como, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México.

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto con el que se reforman disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, aprobado el 09 de mayo de 2019. Se remite al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación”, señaló el legislador morenista.

“Manifiesto mi reconocimiento por la reforma aprobada, representa un paso significativo de los trabajos del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Expreso mi respeto y reconocimiento a la postura de los grupos parlamentarios  y su desempeño responsable, que permite alcanzar un avance en la educación en México”, añadió.

En cuanto se publique el decreto en el Diario Oficial, entrarán en vigor todas las disposiciones de la ley.

Lo anterior, pese a que la inconformidad prevalece en sectores del magisterio encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que incluso este miércoles marcharon en la Ciudad de México, de San Cosme al Zócalo capitalino, para expresar su rechazo a las modificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

(Fuente: El Mañanero Diario)

¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

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Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entra en vigor la Guardia Nacional. Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir y realizar las reformas pertinentes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, tendrán que trabajar en la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En este sentido comparto algunos puntos para nutrir la discusión parlamentaria. 

En primer lugar, la actual administración prevé que los militares regresen a los cuarteles en cinco años. El reto será contar con suficientes egresados de la aún llamada Academia Superior de la Policía Federal para incorporarlos a la Guardia Nacional. Resulta difícil creer que en el tramo final del actual sexenio se alcancen a graduar el número suficiente de cadetes. De acuerdo a datos proporcionados por la propia Academia, de los poco más de 20,000 aspirantes por año, ingresa un promedio de 500, de los cuales se gradúa un número menor a los 400 cadetes. 

Un segundo punto es el presupuestal. La actual administración considera que un mínimo de 15,000 millones de pesos sería suficiente para desplegar este año a los más de 80,000 elementos en 266 regiones. Las administraciones federales anteriores también destinaron un gasto considerable en seguridad pública. Tan solo de 2010 a 2016 aumentó en 37.6% al pasar de 111,929 a 154,011 millones de pesos. En promedio, más del 50% de estos recursos federales se destinaron a las corporaciones policiacas, incluyendo transferencias a los Estados y Municipios. Sin embargo, el mayor gasto no se ha traducido en una disminución significativa de los delitos violentos, sobre todo los homicidios. Es necesario que en el Gabinete de Seguridad del Presidente López acepten una premisa básica: la reducción del crimen no depende solamente de la policía. 

Lo anterior me lleva al tercer punto. La policía depende de la adecuada procuración e impartición de justicia por parte de las instancias del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra claramente que el trabajo de los tribunales y fiscalías son fundamentales, no solo para reducir la impunidad, sino también para enviar el mensaje a la sociedad que delinquir tiene un alto costo. En las leyes secundarias, y luego en la práctica, se refuerce la relación entre la Guardia Nacional y las instituciones de justicia. Además, será importante que, como parte de estos esfuerzos, se dé un mayor impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de reducir el número de casos de prisión por periodos cortos a quienes cometan delitos de bajo impacto, disminuir la reincidencia y promover la efectiva reinserción social. 

En cuarto lugar, será importante la discusión en torno a las tareas preventivas. A la política social que atienda las condiciones de vulnerabilidad que propician el crimen, el Congreso deberá sumar las consideraciones sobre la actividad policial en su relación con los ciudadanos. Los datos y poca evidencia científica disponible para el caso mexicano sugieren que cuando los ciudadanos perciben que la policía es visible en las calles y los oficiales son accesibles y respetuosos en su trato, es más probable se fortalezca la confianza. En este sentido, el enfoque de proximidad planteado para la Guardia Nacional deberá contar con una versión refinada de los protocolos de actuación nacional de 2017. La Secretaría de Seguridad Pública deberá asegurarse de que los efectivos de extracción militar que se integrarán a la Guardia se apeguen a dichos protocolos y disminuyan los casos de violación a los Derechos Humanos. Solo en este escenario será posible que la nueva fuerza policial se gane la confianza y la cooperación de los ciudadanos. 

El quinto punto, y quizá el más importante, es el de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El análisis de varias corporaciones policiacas en países occidentales revela dos tipos de arreglo institucional en las tareas de proximidad. Uno consiste en un conjunto de áreas o divisiones especializadas pero todas dependientes del mismo nivel de gobierno. En varios casos, todas estas divisiones están adscritas a la misma organización policiaca nacional, la cual es responsable del despliegue de policías a nivel local. Por su parte, en el otro tipo de arreglo hay varias organizaciones policiacas en dos niveles de gobierno, donde las policías locales tienen mayor relevancia en el contacto con los ciudadanos. Hay que hacer notar que, en ambos casos, cuando existe más de una fuerza policial en niveles institucionales o de gobierno distintos, casi siempre es solo una de estas la que tiene mayor importancia en el contacto con los ciudadanos a nivel local. La propuesta de contar con una Guardia Nacional que realice tareas de seguridad pública y al mismo tiempo de proximidad choca con (o duplica) los esfuerzos que ya realizan algunas policías estatales y municipales. 

Lo puntos anteriores tendrían que ser evaluables en las leyes secundarias. Sería deseable que la Cámara de Diputados refuerce la participación de instituciones académicas con este propósito, a través de Observatorios de Monitoreo y Evaluación. Dicha colaboración ya está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es aún más relevante a la luz de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se antoja compleja. Un objetivo realista en este momento sería que la distribución de responsabilidades se realice a partir de la evaluación de los diagnósticos que los Gobiernos Estatales envíen en los siguientes meses sobre las fuerzas policiales de sus estados y municipios. Estos revelarán la viabilidad del desempeño de ciertas tareas con base en sus capacidades. 

Publica Diario Oficial derechito para crear la Guardia Nacional

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El Gobierno federal publicó este martes en las páginas del Diario Oficial de la Federación la modificación constitucional para crear la Guardia Nacional.

“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”, según refiere el documento.

Además, en el texto se establece que el Congreso de la Unión tiene 60 días naturales luego de la entrada en vigor de este decreto, para expedir la Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes y será esta la que determine la estructura orgánica y de dirección de la corporación, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad pública.

El documento señala que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Y especifica también que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Declaran constitucionalidad de la Guardia Nacional

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Este jueves, la Cámara de Diputados y de Senadores emitieron la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional, con lo que pasó al Ejecutivo para su promulgación y eventual publicación.

Por la mañana, cerca de las 11:40 horas, la Cámara Baja declaró la constitucionalidad de la reforma y la turnó al Senado de la República.

La Cámara Alta hizo lo propio y, después del mediodía, en medio de aplausos, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, leyó la declaratoria de reforma constitucional visto el respaldo aprobatorio de cada uno de los 31 Congresos estatales y el de la Ciudad de México.

“Se da fe de los votos emitidos por cada Congreso de los estados y de la Ciudad de México”, leyó Batres Guadarrama.

Ahora el Ejecutivo deberá promulgarla y publicarla y el Congreso de la Unión tendrá la responsabilidad de expedir las leyes secundarias de la nueva corporación en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.

Asimismo, deberá emitir, en un plazo de 90 días naturales desde que entre en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las normatividades secundarias que reglamenten el uso de la fuerza y sobre el registro de detenciones.

Cabe destacar que las reformas fueron avaladas por las dos Cámaras por unanimidad y, en tan solo 13 días, las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México las ratificaron.

La nueva institución policial será de carácter civil, aunque integrada inicialmente por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.

La Guardia Nacional tendrá las funciones de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De acuerdo con las disposiciones transitorias, “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Acaban con programa de estancias infantiles, anuncian en el DOF

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El Diario Oficial de la Federación (DOF) anunció el fin de la entrega de los apoyos a las estancias infantiles por parte del gobierno, y ahora se entregaran los recibos directamente a madres, padres de familia o tutores.

Ayer en el DOF se publicó el acuerdo por el cual la Secretaría de Bienestar termina este programa y comienza el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019.

Las nuevas reglas indican que este apoyo se dará a madres, padre solo o tutor que trabajan, buscan empleo o estudian que no cuenten con el servicio infantil por instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

Además, se detalla, que el apoyo será para menores de edad entre uno y cuatro años de mil 600 pesos bimestralmente, mientras que para los que tengan entre uno y seis años con alguna discapacidad, el apoyo será de 3 mil 600 pesos bimestralmente.

“El programa tendrá como prioridad para ser beneficiarias(os) a las personas que habiten en municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y zonas con alto grado de marginación y altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo”, se lee en el documento publicado en el DOF.

Aunque funcionario dijeron que para recibir el apoyo se necesitaba ser censado, en el DOF no se específica este punto, ni tampoco como recibirán el dinero los beneficiarios.

Avala Cámara de Diputados a la Guardia Nacional

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Por unanimidad, la Cámara de Diputados apto el proyecto de decreto para la creación de la Guardia Nacional. Ahora pasará a los congresos de los 32 estados, donde se espera que obtenga el aval de 17, para luego ser promulgada en el Diario Oficial de la Federación, por el Poder Ejecutivo para su creación.

La iniciativa fue aprobada sin cambios con 463 votos a favor, uno en contra y 0 abstenciones.

“Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafo noveno párrafo décimo y su inciso b); 31, fracción III, fracción IV; 36 fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21;  y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, menciona el decreto de Dictamen de la Guardia Nacional.

El documento establece que el nuevo cuerpo de seguridad tendrá un mando civil, respetará el federalismo y contará con cinco años como tiempo máximo para comenzar a operar.

“Las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El decreto también establece que la actuación de la Guardia Nacional estará apegada a los compromisos en derechos humanos en materia internacional que ha suscrito México. Además, la eliminación de candados a cargo del Legislativo para tener la facultad sobre la Guardia Nacional, así como la obligación de los gobernadores para capacitar a los policías locales.