Anuncian cierre de Puente Grande

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El Gobierno Federal, mediante el Diario Oficial de la Federación, informó este lunes que el penal federal de Puente Grande, ubicado en el municipio de Tonalá, Jalisco, cerrará sus puertas.

Dicho documento señala que los prisioneros que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” serán “trasladados a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Además, se señala que los derechos de los trabajadores del penal serán respetados conforme a la ley, y serán reubicados en otros centros penitenciarios federales que determine la autoridad correspondiente.

A través de la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, se dijo dispuesto a realizará las acciones conducentes para el destino final de los bienes muebles pertenecientes al Centro, haciendo uso de los recursos materiales, financieros y humanos que sean necesarios para tal fin.

En el acuerdo también se precisa que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana determinará en su momento el destino final del bien inmueble que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente”. Esta prisión ha albergado a líderes del narcotráfico y se distingue porque se escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tiene Cefereso de Puente Grande 376 internos

Al cierre de julio pasado el Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” contaba con 376 internos. De acuerdo con el cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional las estas personas representan el 2.25 por ciento del total de la población privada de su libertad en todo el país en los centros federales que asciende a 16 mil 722. Siendo que la mayor parte de la población recluida en dicho Cefereso proviene de Tamaulipas, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán.

Con información de El Informador

Dará INE 7,226 millones de pesos a partidos políticos

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Pese a la crisis económica y sanitaria que se vive en el país, el Diario Oficial de la Federación (DOF) formalizó ayer la disposición oficial para que en las elecciones federales intermedias de 2021 los partidos políticos nacionales gasten 7 mil 226 millones de pesos de recursos públicos.

En las elecciones del año que viene se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, entre otros.

La elección, considerada como la más grande en la historia del país será mil 870 millones de pesos más cara que la federal intermedia del 2015, en la que los partidos se gastaron 5 mil 356 millones de pesos.

Esta bolsa de 7 mil 226 millones se repartirá entre los siete partidos políticos nacionales con registro ante el INE -Morena, PAN, PRI, PRD, PT, MC y PVEM-, además de algunos de los siete que buscan también ese registro y que en los próximos días tendrán respuesta.

Por otro lado, el INE contempla parte de estos recursos para el financiamiento de los candidatos independientes que logren obtener su registro, para los que ya quedó aprobado un financiamiento de 31 millones 505 mil pesos.

El monto total aprobado para el 2021 representa un aumento de mil 987 millones de pesos con respecto a la bolsa que hoy aún gastan en este 2020, en el que se destinó a los partidos un gasto de 5 mil 239 millones de pesos, un año sin elecciones.

Para el próximo año, los partidos podrán disponer de 5 mil 250 millones de pesos para “actividades ordinarias permanentes”; mil 575 millones para “gastos de campaña”; 157 millones 528 mil pesos para “actividades específicas”; 210 millones 38 mil pesos “franquicia postal; 693 mil pesos para “franquicia telegráfica”, entre otros rubros.

En cuanto a la distribución de los recursos, para este 2020, mil 700 millones de pesos fueron para Morena; PAN, 950 millones; PRI, 896 millones; PRD, 445 millones; PVEM, 426 millones, MC, 411 millones, y PT 391 millones de pesos.

#ElNidoDelGavilán: “La privatización y el abuso de Parque Fundidora”

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En los últimos días, la administración del Parque Fundidora anunció su cierre ante la imposibilidad de pagar sueldos de sus trabajadores y demandando al gobierno un apoyo de 10 millones de pesos al mes.

Los inicios del Parque datan de décadas atrás. El 10 de mayo de 1985 se anunció la quiebra oficial de la Fundidora de Monterrey, aquella icónica empresa que fue la primera siderúrgica de América Latina. Tiempo después, el 11 de marzo de 1988, Miguel de la Madrid cedió los terrenos al gobierno del estado a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde se declara la utilidad pública, conservación y mejoramiento de lo que es el Parque Fundidora. 

Se concibió a Fundidora como un parque urbano para la ciudad, la nuestra que tiene un déficit histórico de áreas verdes, parque y arboledas. Sin embargo, en la acostumbrada y normalizada privatización del espacio público, poco a poco fue perdiendo la vocación. 

En 1991 se inauguró Cintermex en un costado del Parque, en 1994, se abrió un anfiteatro al aire libre para eventos denominado Auditorio Coca Cola (Transformado en 2010 en el Auditorio Citibanamex) y posteriormente para 1995 abrió el parque temático de Plaza Sésamo.

Llegó el siglo XX y la privatización no paró, eliminaron numerosas áreas verdes para la construcción de una pista de carreras profesional donde la Serie Kart tuvo 2 ediciones del “Gran Premio de Monterrey”. En 2003, TV Azteca y otros socios crearon la Arena Monterrey, la sala de conciertos más grande de la ciudad. Llegaron algunos museos, la concesión de la Nave Lewis, una pista de patinaje, la Casa de los Loros y otras plazas y restaurantes, que conocemos hoy. 

Para rematar, en los últimos años se ha dado el proceso de eliminación de áreas verdes para crear estacionamientos para los numerosos eventos que se realizan ahí como el Pal Norte, la versión regia del Vive Latino de la capital. Y en el gobierno de la 4T, el Presidente inauguró el Salón de la Fama del Beisbol en los terrenos de su límite oriente.

De acuerdo con diversos medios, al menos 70 por ciento del Parque Fundidora no tiene relación con su rol como parque y bosque. Además, 42 por ciento de las instalaciones son privadas, concesionadas o tienen costo pese a que la entrada general es “libre”.

En 2019, diversos medios reportaban que el Gobierno del Estado en un afán de hacer “autosuficiente” a Fundidora, la había dejado a su suerte y como botín de los particulares que concesionan el espacio.

La administración encabezada por Fernando Villarreal Palomo desde 2016, no solo ha privatizado el parque a particulares, sino sobreexplotado el espacio con conciertos, ferias, bodas, que le dejan 10% de las ganancias volviéndose el “saloncito de fiestas” de empresarios de Monterrey.

Villarreal, cuyo sueldo mensual ronda los 120 mil pesos, dice “que no hay dinero” porque “no hay rentas” de los concesionarios. Lo que no dice es que Reporte Índigo y otros medios han reportando las cuentas por cobrar del parque, las exenciones de servicios al Museo Papalote y demás “favores” que solo enriquecen a unos cuantos con el espacio de todos.

Este año que se iba a realizar otra edición del Pal Norte se iba a repetir la degradación de áreas verdes y la utilización de espacios no diseñados originalmente para recibir a tan alto número de personas.

Ahora salen diputados, el propio Villarreal y voces diversas a pedir “fondos” para el Parque. Sin embargo, salvar a la administración actual no es solo convalidar la sistemática privatización, sino incentivar a que concesionen el resto del parque (lo poco que queda libre). 

El parque no es un salón de fiesta, sino un pulmón urbano. Un espacio que se tiene que cuidar como tal, no es club de golf ni club campestre. El Gobierno de Nuevo León tiene que regresarle al Parque su vocación de espacio público. Es increíble que como antes mencioné, que 42% del espacio del centro sea restringido para unos cuantos o para los que pagan, cuando el espacio es de todas y todos los ciudadanos sin importar su clase social.

No a la privatización del parque y a que solo unos cuantos se enriquezcan a costa de un lugar de todos. En los próximos días, el Gobierno de Nuevo León tiene que tomar una decisión, que esperemos sea en pro de la ciudadanía.

Lo dicho, dicho está.

La reforma sobre violencia política contra las mujeres en razón de género

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El 13 de abril se publicó en el DOF el Decreto por el cual se modificaron varias leyes que constituyen un nuevo conjunto de normas jurídicas relacionadas con la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPCMERG o violencia política de género). Esta será, sin duda, una reforma muy importante para la construcción de una vida política igualitaria en el país y, en particular, para prevenir y sancionar conductas que discriminen a las mujeres en las campañas electorales que habrán de llevarse a cabo durante el 2021 en México. La presente colaboración tiene como finalidad brindar una breve explicación sobre sus principales características.

La reforma se sustenta en una de las observaciones finales al 9º Informe periódico de México del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). En este documento, el Comité CEDAW, en materia de participación en la vida política y pública de las mujeres en nuestro país, observaba con preocupación “[e]l aumento de los actos de violencia política contra las mujeres, la falta de un marco normativo armonizado que tipifique como delito la violencia política y los bajos niveles de enjuiciamiento de los autores de esos actos, que pueden disuadir a las mujeres de presentarse a las elecciones en todos los planos, especialmente el municipal”. (COMITÉ CEDAW/ONU 2018). 

El aumento de casos de VPCMERG a que se refirió el Comité CEDAW se puede evidenciar cada vez más, desafortunadamente, en los casos documentados durante las elecciones en México, por ejemplo los procesos electorales federal y locales de 2017-2018. Cada uno de estos casos implica la expresión de relaciones desiguales y discriminatorias entre hombres y mujeres que refuerzan estereotipos de género que, además, ponen en riesgo no solamente los derechos político-electorales de las mexicanas, sino también su integridad e, incluso, su vida. Por ello, el nuevo régimen sancionatorio es una parte de la respuesta a una competencia política que vulnera la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres políticas.

En ese sentido, el contenido básico de la reforma se centra en el castigo de conductas que constituyen alguna expresión de violencia política de género. Para tales efectos, según las Leyes modificadas, se entiende por violencia política contra las mujeres en razón de género lo siguiente:

toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

La violencia política de género se castigará en México de acuerdo con tres tipos de sanciones: el electoral, el penal y el de responsabilidades administrativas. 

Conforme al subsistema electoral, será competencia del INE y de los OPLEs investigar e integrar los expedientes por denuncias de VPCMERG, y los Tribunales Electorales deberán, en su caso, aplicar castigos mediante procedimientos especiales sancionadores a las personas que incurran en conductas que dañen la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres. Estos procedimientos son de rápida tramitación, buscan castigar a las personas infractoras y también reparar la afectación al proceso electoral. Y ahora las autoridades electorales podrán decretar medidas cautelares, como la suspensión inmediata de propaganda electoral y de mensajes en radio y televisión con contenidos de VPCMERG; también se podrán ordenar medidas de reparación, por ejemplo la indemnización de la víctima, la disculpa pública y la garantía de no repetición. Los partidos políticos, además, deberán contar con mecanismos internos de sanción para quienes ejerzan violencia política en contra de las mujeres en razón de género, según se lee en la Ley General de Partidos Políticos.

Si bien no se trata de un régimen sancionador, la reforma incluyó como supuesto de procedencia del Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano la violencia política de género (art. 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral). En estos casos el juicio buscará restituir a las mujeres en el uso y disfrute de su derecho político-electoral violado. La ausencia en el Decreto de reforma es no haber señalado como causal expresa de nulidad de una elección la violencia política contra las mujeres en razón de género, asumiendo que este tipo de conducta, por sí misma, implica una afectación substancial y cualitativamente determinante para la validez de las elecciones democráticas.

De acuerdo con el subsistema penal, ahora sí se tipifica claramente como delito electoral la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y, para ello, en un nuevo artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se señalan quince conductas que pueden actualizar este delito; por ejemplo, ahora constituye un delito electoral publicar o divulgar “imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales” (fracción VIII),  el cual se castigará con una pena de 2 a 4 años de prisión y multa de 100 a 200 días. También es un delito amenazar o intimidar “a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada” (fracción IV), el cual se sancionará con una pena de 4 a 6 años de prisión y multa de 200 a 300 días.

Según el tercer subsistema sancionatorio, se incluye a la VPCMENRG como uno de los supuestos que actualizan la falta administrativa grave consistente en el abuso de funciones, cuando una persona servidora pública “realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. (Art. 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).

En síntesis, la reforma es positiva porque responde a la necesidad de castigar, incluso penalmente, la violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, porque busca incidir, desde la técnica represiva, en la erradicación de las condiciones de desigualdad y subordinación estructural que excluye violentamente a las mujeres de la gobernanza del país. (Bardall 2018: 4). 

¿Tendrá o no éxito la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género? No lo podemos saber a priori; sin embargo, considero que la reforma requerirá dos premisas básicas: Que las mujeres conozcan y utilicen estos mecanismos sancionatorios y sus medidas protectoras y reparadoras; pero, además, que las autoridades y personas servidoras públicas apliquen dichos instrumentos libres de estereotipos de género. Las dos premisas están íntimamente vinculadas, y en razón de ello la segunda sólo será posible cuando los hombres reeduquemos nuestra masculinidad y abandonemos la injusta asignación de roles que preservan la desigualdad y la discriminación de las mujeres en la vida cotidiana y en la vida política. 

En una palabra, sí se debe desde luego sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero igualmente debemos fortalecer la prevención de estas conductas que permita “(…) abordar y erradicar los estereotipos, los prejuicios, las costumbres y las prácticas (…)  que consienten o promueven la violencia por razón de género contra la mujer y sustentan la desigualdad estructural entre la mujer y el hombre”. (COMITÉ CEDAW/ONU 2017: 14).

Referencias bibliográficas.

BARDALL, Gabrielle S. (2018). “Violence, Politics and Gender”. En Oxford Research Encyclopedia of Politics, publicado en línea en https://www.ifes.org/sites/default/files/violence_politics_and_gender.pdf  (consultado el 30 de mayo del 2020).

COMITÉ CEDAW/ONU. (2017). CEDAW/C/GC/35, Recomendación general num. 35 sobre la violencia
por razón de género contra la mujer, por la que se
actualiza la recomendación general num. 19
, 67º período de sesiones, 26 de julio.

COMITÉ CEDAW/ONU. (2018). CEDAW/C/MEX/CO/9, Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, 70º período de sesiones, 2 al 10 de julio.

SEGOB. (2020). DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. DOF lunes 13 de abril.

Director de Cenace deberá comparecer por freno a energías renovables

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El viernes pasado, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva normatividad que limita la participación del sector privado en energías renovables.

Dicha política frena todas las inversiones privadas en generación de electricidad, con lo que se privilegiará a las centrales de combustibles fósiles.

Con ello, también frena la posibilidad de generar energía a menor precio.

Derivado de ello, la Comisión de Energía del Senado citó al director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, para que explique el contenido del acuerdo de la Sener.

“Intervención del Ing. Alfonso Morcos Flores, Director General de Centro Nacional de Control de Energía sobre el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por virus SARSCoV2 (COVID-19), publicado el 29 de abril de 2020”, señala la convocatoria girada a los legisladores que integran la Comisión.

La sesión de trabajo fue convocada para este martes a las 12:00 a través de la plataforma Zoom.

El 29 de abril pasado, el Cenace publicó un acuerdo para limitar la operación de nuevas centrales de energía renovables durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.

La publicación fue rechazada y la Sener presentó su anteproyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y unas horas después, saltando todo el protocolo, el documento se publicó íntegro en una edición vespertina del DOF.

El Acuerdo fue severamente cuestionado por el sector privado que, de hecho, anunció que recurrirá a todos los recursos jurídicos posibles para salvaguardar el Estado de Derecho y defender el sector energético mexicano y sus inversiones.

Incluso, este lunes Rodrigo de la Peza, juez Primero Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, concedió dos suspensiones provisionales contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía del pasado 29 de abril, que detuvo el acceso de nuevas plantas de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a la empresa FV Mexsolar XI y otra más, cuyo nombre fue censurado en las listas del juzgado.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Oposición sin doctrina, ni ideas

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Durante el transcurso de esta semana, ha vuelto el falso y agotado debate sobre la militarización del País en relación con la estrategia de seguridad y la guardia nacional.

Lo anterior, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, del “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, en el cual, esencialmente se señala que la Fuerza Armada permanente participará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública mientras esta institución desarrolla su estructura y por un periodo máximo de cinco años.

Además, porque diversos legisladores y dirigentes de partidos políticos como por ejemplo: Damián Zepeda, Marko Cortes, Clemente Castañeda etc; aprovecharon para señalar que la publicación del referido Acuerdo “es inconstitucional”, “un fracaso absoluto de la guardia nacional” y “un retroceso gravísimo para el orden público“.

No obstante, debe decirse que los señalamientos realizados y referidos en el párrafo anterior, resultan incongruentes y extemporáneos.

Incongruentes, pues quienes hoy tachan de inconstitucional el Acuerdo del 11 de mayo, pasan por alto que este documento únicamente parafrasea el artículo Quinto transitorio de la reforma Constitucional publicada el 26 de marzo de 2019, por la que se crea la Guardia Nacional y que ellos mismos votaron a favor.

Incluso, el Senador Clemente Castañeda después de la votación afirmó que se constituyó un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado a parámetros de convencionalidad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas”.

De ahí que exista una falta de coherencia entre lo dicho y actuado.

Extemporáneos, por que los señalamientos que hoy cobardemente realizan debieron haberlos efectuado cuando tuvieron a su consideración la propuesta de reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, que se insiste votaron a favor y no así, a más de un año de la votación y publicación de la reforma.

Sin embargo, mas allá de asignar calificativos a las declaraciones vertidas, a los mexicanos debe preocuparnos que hoy nuestro País carece de una necesaria oposición.

Lo anterior, pues quienes se autodenominan de oposición reducen todo a bataholas, reyertas sin doctrina, ni ideas y una descalificación total de lo que hace el adversario, lo cual en nada ayuda y si empobrece al debate público. 

 Ante este escenario, es claro que a los mexicanos nos urge contar con una verdadera oposición, lo cual evidentemente no significa estar en contra o ser antagónico de todo lo que realiza el gobierno, sino más bien, críticas razonadas, congruentes, constructivas, que nutran el debate público y sobre todo con propuestas que enriquezcan la toma de decisiones.

Finalmente, como alguna vez lo dijo un verdadero y fetén opositor (Diego Fernández de Cevallos) “en todos los Países civilizados de la tierra, las oposiciones que se respetan a veces votan a favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra. Solo quien padece de sus facultades asume que para ser honesto se tiene que estar en contra del gobierno, eso no lo aguanta ningún País”. 

Pública Sener política que afecta a la industria de energías renovables

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La Secretaría de Energía (Sener) frenó los proyectos privados de energías renovables, al tiempo que fortaleció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La dependencia encabezada por Rocío Nahle publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Sener justificó el acuerdo para evitar sobrecargas en la Red Nacional de Transmisión, así como afectaciones en la tensión, frecuencia, potencia e interrupciones del servicio.

Con este acuerdo, el gobierno mexicano implementó una serie de medidas que van en contra de las inversiones y operación de plantas eléctricas solares y fotovoltaicas, además de fortalecer el rol de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La CFE, en su carácter de transportista y distribuidor, tendrá una participación proactiva con base en las mejores prácticas operativas”.

La Sener dotó al operador eléctrico que dirige Alfonso Morcos para que tenga la facultad de rechazar estudios de interconexión de centrales “intermitentes”, es decir, renovables.

Julio Valle, representante de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), consideró que las nuevas normas van más allá de una política, y además de ir por encima de varias leyes y reglamentos vigentes, tendrá impacto en todos los proyectos renovables en operación, pruebas y en construcción.

Los 169 activos solares y eólicos que serán impactados suman casi 25,000 millones de dólares en inversión en 25 estados del país y representan casi 78,000 empleos directos en manufactura, construcción, operación y mantenimiento, agregó la Sener en los comentarios del proyecto de acuerdo en la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer).

El  pasado 12 de mayo, el proyecto de acuerdo fue rechazado por la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) para su publicación en el DOF ante la falta de análisis de impacto regulatorio.

Pero la Sener, tras ser rechazado para publicarse en el DOF, envió el acuerdo a la Conamer el pasado 15 de mayo.

Ese mismo día, previo a la publicación del acuerdo, el titular de la Comisión, César Hernández, renunció al cargo que ocupaba desde el 1 de diciembre de 2018.

(Fuente: Forbes)

Advierten que decreto acentúa militarización de México

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Diversos especialistas en seguridad entrevistados por el periódico El Norte se han pronunciado y coinciden en que la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las Fuerzas Armadas a dedicarse a tareas de seguridad pública, desde este martes y hasta el 2024, acentúa la militarización de México.

El investigador del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, advierte que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente, representa en los hechos una “militarización en todos lados“, incluido el Gobierno.

Argumenta que el presidente ya había militarizado la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, que según concluye era anticonstitucional. “Y si a esto le juntamos la militarización que hemos vividos de los servicios públicos, como la construcción del aeropuerto, que es transporte e infraestructura, como la prestación de servicio de salud en el tema de Covid, creo que ya podemos empezar a hablar de un gobierno militarizado, todavía no un gobierno militar, pero sí militarizado”, agregó.

En dicha entrevista con el medio, opinó que si bien el acuerdo tiene fundamento constitucional (hablando del artículo transitorio de la reforma que dio origen a la Guardia Nacional) no incluye lo que la misma Constitución exige que es una regulación puntual y mecanismos de fiscalización del despliegue.

Ante este tema comentó: “Las obligaciones de fiscalización, regulación y subordinación, pero por otra parte es ya un salir del clóset, que los militares ya no están dispuestos a jugar este juego en el cual se disfrazan de Guardia Nacional, pero en realidad son militares, siempre lo han sido“.

De hecho agregó que pese a la crisis de seguridad, hay una continuación de las políticas públicas desde Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, que se basan en militarizar y centralizar la seguridad pública.

Otra experta consultada fue María Elena Morera, quien es presidenta de Causa Común; ella consideró que el acuerdo del Ejecutivo implica la militarización de facto, pues le da a las Fuerzas Armadas facultades amplias en materia de seguridad, sin ningún control.

Es increíble, yo no creo que no conozcan la ley, sino que se saltan la ley, no es que no conozcan la Constitución, se saltan la Constitución; lo que está haciendo este decreto es no regular nada, entonces en realidad le está dando a las Fuerzas Armadas la facultad de hacer de todo sin control alguno (…) Por supuesto que es una militarización de facto, que más bien yo creo que tendríamos que hablar de militarismo, porque ya tienen actividades económicas como hacer el aeropuerto, carreteras, luego les dan que vigilen a migrantes, facultades para delitos del fuero común“, comentó.

Por otro lado, Javier Oliva, investigador de la UNAM y especialista en temas militares, juzgó que este acuerdo refleja el colapso de las corporaciones estatales y municipales, ya que centraliza las acciones de seguridad y prevención del delito en virtud de que no hay resultados por parte de las autoridades locales.

El País está en una situación crítica, y sí me parece que gobiernos anteriores, vamos a poner del 2000 para acá, no tuvieron la determinación de actuar en consonancia a los desafíos que tenía el País (…) A mí me parece que este tipo de decisiones tienen que ser incrementales al desafío que tiene el País, no tienen que ser proporcionales, sino que tienen dar un paso adelante respecto de la gravedad que estamos viviendo“, comentó.

Concluyó argumentando que es una decisión importante y que va en consonancia con la gravedad de lo que se está viviendo en el País, no sólo por el tema de la epidemia, sino el crecimiento de cierto tipo de actividades delictivas que no han tenido de alguna manera control, sin importar el confinamiento. “El tema de militarización es más propagandístico que real; sólo por número es un planteamiento absurdo esto de la militarización, por otro lado, yo quisiera preguntarle a los colegas en qué se nota la militarización, no hay controles en ese sentido a la libertad de tránsito, de expresión, de manifestación, no hay gobernadores de extracción militar“, sentenció.

Con información de El Norte

 

Publican decreto para que Fuerzas Armadas desempeñen labores de seguridad pública

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Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial en el que se establece el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, señala el texto firmado por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

El tiempo establecido es de cinco años, en los que la Guardia Nacional desarrollará su estructura y comenzará a operar en todo el territorio nacional.

Según instruye el texto, la actuación de las Fuerzas Armadas se “regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia”.

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Gobierno de AMLO decreta la creación de 2 millones de empleos en el Diario Oficial de la Federación

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El Gobierno de México decreto en el Diario Oficial de la Federación la creación de 2 millones de empleos durante la contingencia por el COVID-19, esto dentro de las medidas de austeridad para afrontar la crisis.

En el decreto se detalla que las medidas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentarán el presupuesto en 622 mil millones de pesos.

“Se otorgarán 3 millones de créditos a persona y a pequeñas empresas familiares, y se crearán 2 millones empleos. Esto haría posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, al 70 por ciento de los hogares de la República, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del País”, se lee en el documento.

Las estimaciones gubernamentales indican que las acciones de austeridad, como lo es la disminución de sueldos y la eliminación de aguinaldos para altos funcionario y la cancelación del 75% del gasto de servicios generales, materiales y suministros, permitirá disponer de recursos para la contingencia.

“La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”, dice el plan.

Por otro lado, se amplía la suspensión de labores con goce de suelto hasta el 1 de agosto a quienes se encuentran entre la población de riesgo.

Aunque todo lo anterior ya fue decretado en el DOF, apenas ayer López Obrador informó que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que le permita realizar las modificaciones presupuestales necesarias.