Director de Cenace deberá comparecer por freno a energías renovables

Comparte este artículo:

El viernes pasado, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva normatividad que limita la participación del sector privado en energías renovables.

Dicha política frena todas las inversiones privadas en generación de electricidad, con lo que se privilegiará a las centrales de combustibles fósiles.

Con ello, también frena la posibilidad de generar energía a menor precio.

Derivado de ello, la Comisión de Energía del Senado citó al director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Alfonso Morcos Flores, para que explique el contenido del acuerdo de la Sener.

“Intervención del Ing. Alfonso Morcos Flores, Director General de Centro Nacional de Control de Energía sobre el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por virus SARSCoV2 (COVID-19), publicado el 29 de abril de 2020”, señala la convocatoria girada a los legisladores que integran la Comisión.

La sesión de trabajo fue convocada para este martes a las 12:00 a través de la plataforma Zoom.

El 29 de abril pasado, el Cenace publicó un acuerdo para limitar la operación de nuevas centrales de energía renovables durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.

La publicación fue rechazada y la Sener presentó su anteproyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y unas horas después, saltando todo el protocolo, el documento se publicó íntegro en una edición vespertina del DOF.

El Acuerdo fue severamente cuestionado por el sector privado que, de hecho, anunció que recurrirá a todos los recursos jurídicos posibles para salvaguardar el Estado de Derecho y defender el sector energético mexicano y sus inversiones.

Incluso, este lunes Rodrigo de la Peza, juez Primero Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, concedió dos suspensiones provisionales contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía del pasado 29 de abril, que detuvo el acceso de nuevas plantas de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a la empresa FV Mexsolar XI y otra más, cuyo nombre fue censurado en las listas del juzgado.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Oposición sin doctrina, ni ideas

Comparte este artículo:

Durante el transcurso de esta semana, ha vuelto el falso y agotado debate sobre la militarización del País en relación con la estrategia de seguridad y la guardia nacional.

Lo anterior, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, del “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, en el cual, esencialmente se señala que la Fuerza Armada permanente participará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública mientras esta institución desarrolla su estructura y por un periodo máximo de cinco años.

Además, porque diversos legisladores y dirigentes de partidos políticos como por ejemplo: Damián Zepeda, Marko Cortes, Clemente Castañeda etc; aprovecharon para señalar que la publicación del referido Acuerdo “es inconstitucional”, “un fracaso absoluto de la guardia nacional” y “un retroceso gravísimo para el orden público“.

No obstante, debe decirse que los señalamientos realizados y referidos en el párrafo anterior, resultan incongruentes y extemporáneos.

Incongruentes, pues quienes hoy tachan de inconstitucional el Acuerdo del 11 de mayo, pasan por alto que este documento únicamente parafrasea el artículo Quinto transitorio de la reforma Constitucional publicada el 26 de marzo de 2019, por la que se crea la Guardia Nacional y que ellos mismos votaron a favor.

Incluso, el Senador Clemente Castañeda después de la votación afirmó que se constituyó un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado a parámetros de convencionalidad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas”.

De ahí que exista una falta de coherencia entre lo dicho y actuado.

Extemporáneos, por que los señalamientos que hoy cobardemente realizan debieron haberlos efectuado cuando tuvieron a su consideración la propuesta de reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, que se insiste votaron a favor y no así, a más de un año de la votación y publicación de la reforma.

Sin embargo, mas allá de asignar calificativos a las declaraciones vertidas, a los mexicanos debe preocuparnos que hoy nuestro País carece de una necesaria oposición.

Lo anterior, pues quienes se autodenominan de oposición reducen todo a bataholas, reyertas sin doctrina, ni ideas y una descalificación total de lo que hace el adversario, lo cual en nada ayuda y si empobrece al debate público. 

 Ante este escenario, es claro que a los mexicanos nos urge contar con una verdadera oposición, lo cual evidentemente no significa estar en contra o ser antagónico de todo lo que realiza el gobierno, sino más bien, críticas razonadas, congruentes, constructivas, que nutran el debate público y sobre todo con propuestas que enriquezcan la toma de decisiones.

Finalmente, como alguna vez lo dijo un verdadero y fetén opositor (Diego Fernández de Cevallos) “en todos los Países civilizados de la tierra, las oposiciones que se respetan a veces votan a favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra. Solo quien padece de sus facultades asume que para ser honesto se tiene que estar en contra del gobierno, eso no lo aguanta ningún País”. 

Pública Sener política que afecta a la industria de energías renovables

Comparte este artículo:

La Secretaría de Energía (Sener) frenó los proyectos privados de energías renovables, al tiempo que fortaleció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La dependencia encabezada por Rocío Nahle publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Sener justificó el acuerdo para evitar sobrecargas en la Red Nacional de Transmisión, así como afectaciones en la tensión, frecuencia, potencia e interrupciones del servicio.

Con este acuerdo, el gobierno mexicano implementó una serie de medidas que van en contra de las inversiones y operación de plantas eléctricas solares y fotovoltaicas, además de fortalecer el rol de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La CFE, en su carácter de transportista y distribuidor, tendrá una participación proactiva con base en las mejores prácticas operativas”.

La Sener dotó al operador eléctrico que dirige Alfonso Morcos para que tenga la facultad de rechazar estudios de interconexión de centrales “intermitentes”, es decir, renovables.

Julio Valle, representante de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), consideró que las nuevas normas van más allá de una política, y además de ir por encima de varias leyes y reglamentos vigentes, tendrá impacto en todos los proyectos renovables en operación, pruebas y en construcción.

Los 169 activos solares y eólicos que serán impactados suman casi 25,000 millones de dólares en inversión en 25 estados del país y representan casi 78,000 empleos directos en manufactura, construcción, operación y mantenimiento, agregó la Sener en los comentarios del proyecto de acuerdo en la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer).

El  pasado 12 de mayo, el proyecto de acuerdo fue rechazado por la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) para su publicación en el DOF ante la falta de análisis de impacto regulatorio.

Pero la Sener, tras ser rechazado para publicarse en el DOF, envió el acuerdo a la Conamer el pasado 15 de mayo.

Ese mismo día, previo a la publicación del acuerdo, el titular de la Comisión, César Hernández, renunció al cargo que ocupaba desde el 1 de diciembre de 2018.

(Fuente: Forbes)

Advierten que decreto acentúa militarización de México

Comparte este artículo:

Diversos especialistas en seguridad entrevistados por el periódico El Norte se han pronunciado y coinciden en que la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las Fuerzas Armadas a dedicarse a tareas de seguridad pública, desde este martes y hasta el 2024, acentúa la militarización de México.

El investigador del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, advierte que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente, representa en los hechos una “militarización en todos lados“, incluido el Gobierno.

Argumenta que el presidente ya había militarizado la seguridad pública a través de la Guardia Nacional, que según concluye era anticonstitucional. “Y si a esto le juntamos la militarización que hemos vividos de los servicios públicos, como la construcción del aeropuerto, que es transporte e infraestructura, como la prestación de servicio de salud en el tema de Covid, creo que ya podemos empezar a hablar de un gobierno militarizado, todavía no un gobierno militar, pero sí militarizado”, agregó.

En dicha entrevista con el medio, opinó que si bien el acuerdo tiene fundamento constitucional (hablando del artículo transitorio de la reforma que dio origen a la Guardia Nacional) no incluye lo que la misma Constitución exige que es una regulación puntual y mecanismos de fiscalización del despliegue.

Ante este tema comentó: “Las obligaciones de fiscalización, regulación y subordinación, pero por otra parte es ya un salir del clóset, que los militares ya no están dispuestos a jugar este juego en el cual se disfrazan de Guardia Nacional, pero en realidad son militares, siempre lo han sido“.

De hecho agregó que pese a la crisis de seguridad, hay una continuación de las políticas públicas desde Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, que se basan en militarizar y centralizar la seguridad pública.

Otra experta consultada fue María Elena Morera, quien es presidenta de Causa Común; ella consideró que el acuerdo del Ejecutivo implica la militarización de facto, pues le da a las Fuerzas Armadas facultades amplias en materia de seguridad, sin ningún control.

Es increíble, yo no creo que no conozcan la ley, sino que se saltan la ley, no es que no conozcan la Constitución, se saltan la Constitución; lo que está haciendo este decreto es no regular nada, entonces en realidad le está dando a las Fuerzas Armadas la facultad de hacer de todo sin control alguno (…) Por supuesto que es una militarización de facto, que más bien yo creo que tendríamos que hablar de militarismo, porque ya tienen actividades económicas como hacer el aeropuerto, carreteras, luego les dan que vigilen a migrantes, facultades para delitos del fuero común“, comentó.

Por otro lado, Javier Oliva, investigador de la UNAM y especialista en temas militares, juzgó que este acuerdo refleja el colapso de las corporaciones estatales y municipales, ya que centraliza las acciones de seguridad y prevención del delito en virtud de que no hay resultados por parte de las autoridades locales.

El País está en una situación crítica, y sí me parece que gobiernos anteriores, vamos a poner del 2000 para acá, no tuvieron la determinación de actuar en consonancia a los desafíos que tenía el País (…) A mí me parece que este tipo de decisiones tienen que ser incrementales al desafío que tiene el País, no tienen que ser proporcionales, sino que tienen dar un paso adelante respecto de la gravedad que estamos viviendo“, comentó.

Concluyó argumentando que es una decisión importante y que va en consonancia con la gravedad de lo que se está viviendo en el País, no sólo por el tema de la epidemia, sino el crecimiento de cierto tipo de actividades delictivas que no han tenido de alguna manera control, sin importar el confinamiento. “El tema de militarización es más propagandístico que real; sólo por número es un planteamiento absurdo esto de la militarización, por otro lado, yo quisiera preguntarle a los colegas en qué se nota la militarización, no hay controles en ese sentido a la libertad de tránsito, de expresión, de manifestación, no hay gobernadores de extracción militar“, sentenció.

Con información de El Norte

 

Publican decreto para que Fuerzas Armadas desempeñen labores de seguridad pública

Comparte este artículo:

Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial en el que se establece el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, señala el texto firmado por Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

El tiempo establecido es de cinco años, en los que la Guardia Nacional desarrollará su estructura y comenzará a operar en todo el territorio nacional.

Según instruye el texto, la actuación de las Fuerzas Armadas se “regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia”.

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”. 

(Fuente: El Mañanero Diario)

Gobierno de AMLO decreta la creación de 2 millones de empleos en el Diario Oficial de la Federación

Comparte este artículo:

El Gobierno de México decreto en el Diario Oficial de la Federación la creación de 2 millones de empleos durante la contingencia por el COVID-19, esto dentro de las medidas de austeridad para afrontar la crisis.

En el decreto se detalla que las medidas anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentarán el presupuesto en 622 mil millones de pesos.

“Se otorgarán 3 millones de créditos a persona y a pequeñas empresas familiares, y se crearán 2 millones empleos. Esto haría posible proteger a 25 millones de familias mexicanas, al 70 por ciento de los hogares de la República, donde habitan los más pobres y la mayoría de los integrantes de las clases medias del País”, se lee en el documento.

Las estimaciones gubernamentales indican que las acciones de austeridad, como lo es la disminución de sueldos y la eliminación de aguinaldos para altos funcionario y la cancelación del 75% del gasto de servicios generales, materiales y suministros, permitirá disponer de recursos para la contingencia.

“La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos”, dice el plan.

Por otro lado, se amplía la suspensión de labores con goce de suelto hasta el 1 de agosto a quienes se encuentran entre la población de riesgo.

Aunque todo lo anterior ya fue decretado en el DOF, apenas ayer López Obrador informó que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma que le permita realizar las modificaciones presupuestales necesarias.

AMLO anuncia medidas urgentes ante crisis

Comparte este artículo:

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la aplicación de una serie de medidas ante la crisis económica provocada por el coronavirus en nuestro país, entre ellas se destaca:

Que de conformidad con los criterios que nos rigen de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia y dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas.

  1. No será despedido ningún trabajador pero no habrá incremento de personal
  • Se reducirá el salario de los altos funcionarios hasta en 25% de manera progresiva, es decir, el que tenga más ingresos aportará más y será menor el descuento para niveles inferiores.
  • Funcionarios públicos no tendrán aguinaldo ni ninguna alta
  • Los altos funcionarios son desde directores hasta el presidente.

2. No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de partidos generales y suministros, esto incluye lo supuestamente comprometido.

  • Se cancelan 10 subsecretarias, y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo cargo a quienes dejarán los empleos.

3. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo hasta el 1 de agosto

4. Cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales.

5. Se posponen las acciones el gasto del gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios

  • Pensión adultos mayores
  • Pensión a personas con discapacidad
  • Sembrando Vida
  • Apoyos para hijos de madres solteras
  • Becas para el Bienestar Benito Juárez
  • Construcción de 100 universidades públicas
  • La escuela es nuestra
  • Jóvenes construyendo el futuro
  • Banco del Bienestar
  • Atención medica y medicamentos gratuitos
  • Producción para el bienestar
  • Precios de garantia
  • Distribución de fertilizantes
  • Apoyo a pescadores
  • Guardia Nacional
  • Aeropuerto Felipe ángeles
  • Producción de petróleo
  • Rehabilitación de refinerías existentes
  • Refinería en Dos Bocas
  • Carreteras
  • Caminos de mano de obra
  • Caminos rurales
  • Carreteras en proceso de construcción
  • Tren Maya
  • Parque Ecológico de Texcoco

6. La SHCP dispondrá de recursos necesarios para cumplir cabalmente con participaciones a los Estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá autorizar sin la autorización recursos de fondos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo.

7. Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional.

8. Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa.

9. La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos, al mismo tiempo se otorgarán tres millones de crédito dirigidos a la población mas necesitada y a la clase media.

10. Se crearán dos millones de nuevo empleos, todo lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los pobres y a los integrantes de las clases medias, todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos nuevos y sin endeudar al país.

11. Estas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaría y fideicomisos públicos.”

Cabe destacar que el decreto entró en vigor el día 21 de abril y se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Con información de Político MX

Cemex reanudará actividades en México

Comparte este artículo:

La empresa Cementos Mexicanos (Cemex) informó este lunes, que de confirmados con los lineamientos técnicas publicados en el Diario Oficial de la Federación, reanudará sus operaciones en México, luego de parar unos días por la contingencia provocada por el COVID-19.

El día de ayer la Secretaría de Salud del Gobierno de México modificó el decreto mediante el cual establecía la suspensión de actividades del sector cementero debido a la emergencia sanitaria, por lo que ahora podrá operar de forma mínima, en busca de evitar efectos irreversibles.

En un comunicado, Cemex, se comprometió a seguir estrictamente las medidas indicadas por la dependencia federal.

“Cemex seguirá estrictamente todas las medidas indicadas por la Secretaría de Salud, así como las mejores prácticas existentes para operar en un ambiente responsable y seguro. La salud y seguridad de empleados, contratistas, proveedores, clientes y comunidades es una prioridad para Cemex, y la compañía continuará aplicando sus protocolos de salud para mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio”, se lee en la misiva.

Ante escasez de medicamentos, los importarán sin aval de la Cofepris

Comparte este artículo:

Ante la escasez de algunos medicamentos, el Gobierno federal permitirá a partir de hoy la importación de medicinas aún sin registro sanitario nacional, esto de acuerdo a un decreto publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación.

La importación de medicamentos se hará si la Administración federal considera que los producidos en México no son suficientes para cubrir el abasto o no cumplen con buena calidad de fabricación.

Ayer, en el Diario Oficial, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, publicó un Acuerdo que expande el número de países cuyos procedimiento técnicos de evaluación de medicamentos son reconocidos equivalentes a los de México, y que facilita la importación desde países como India y China.

“En caso que la Secretaría de Salud (SS), a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris), determinara que los medicamentos con registro en México no cumplan con la calidad, seguridad, eficacia y buenas prácticas de fabricación, la SS y dependencias relacionadas con el abasto nacional e internación a territorio nacional de insumos para la salud, determinarán iniciar el proceso de importación de materias primas o productos terminados que cuenten o no con registro sanitario en México”, dice el Acuerdo.

Por otro lado, el acuerdo señala que se coordinarán con el IMSS, ISSSTE, Pemex, Insabi, Sedena, Semar o Comisión de Institutos Nacionales de Salud, para determinar la importación de medicamentos necesarios.

En años anteriores, la SS había reconocido como equivalentes a los de México los procedimientos técnicos de Estados Unidos, Australia, Suiza, Canadá y la Unión Europea.

El nuevo acuerdo expande este reconocimiento al Programa de Preclasificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y a las agencias reguladoras de los países miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica, conocido como PIC/S.

Entre los medicamentos que hay dentro del programa de la OMS hay decenas de medicinas preclasificadas que se fabrican en India y algunos en China, mientras que en PIC/S participan naciones como Turquía, Sudáfrica, Argentina, Ucrania, Malasia, Indonesia, Tailandia y Corea del Sur.

(Con información de Grupo Reforma)

 

Revocación de mandato. Una realidad.

Comparte este artículo:

El día de hoy, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma Constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato para el Presidente de la República, Gobernadores y Jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

Para tal efecto, fueron reformados los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de nuestra Constitución.

Sobre el particular, se precisó que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.

Siendo oportuno aclarar, que no se trata de un medio para fincar una sanción que se ubique en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, sino, de un mecanismo de democracia participativa, que busca empoderar a la ciudadanía.

Ahora bien, el procedimiento para llevar a cabo referida revocación con el Presidente de la República deberá atender los lineamientos siguientes:

– Será convocado por el INE a petición de la ciudadanía.

– Los peticionarios, deberán ser mínimo el 3% de los inscritos en la lista nominal, que correspondan a por lo menos 17 Estados y a su vez, que representen el 3% de la lista nominal de cada uno de ellos.

– Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

– Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha del punto anterior, a través de los formatos, medios y lineamientos que expida el INE.

– Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con elecciones federales o locales.

Para la validez del proceso deberá haber por lo menos la participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal y únicamente procederá por mayoría absoluta.

– El INE tendrá a su cargo en forma directa la organización, desarrollo y cómputo de la votación.

– El resultado podrá ser impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

– En caso de impugnación la Sala Superior del Tribunal Electoral realizará el cómputo final del proceso y en su caso, emitirá la declaratoria respectiva.

– De darse la revocación asumirá provisionalmente la Presidencia quien ocupe la Presidencia del Congreso y dentro de los 30 días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo Constitucional.

Cabe mencionar, que aún esta pendiente la emisión de la Ley Reglamentaria en materia de revocación de mandato, misma que el Congreso de la Unión deberá expedir dentro de los 180 día siguientes.

Asimismo, los Congresos Locales, dentro de los 18 meses siguientes deberán realizar las adecuaciones pertinentes a su legislación interna, a efecto de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de Gobernadores.

Tratándose de revocación de mandato a Gobernadores, deberá solicitarlo por lo menos un número equivalente el 10% de la lista nominal, en la mitad más uno de los municipios de la Entidad.

Ahora, como se dijo anteriormente esta reforma empodera a la ciudadanía, fortalece la democracia participativa y materializa el derecho contenido del artículo 39 Constitucional que dispone que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno, en tanto establece una figura al alcance del elector, para que se determine si el representante popular es merecedor de la confianza ciudadana.

Finalmente, aunque queda pendiente figura análoga para revocación de ayuntamientos, considero que este mecanismo de participación ciudadana nos obliga como mexicanos no sólo a actuar con responsabilidad y acudir a las urnas en caso de suscitarse un procedimiento de revocación, sino también a convertirnos en verdaderos vigilantes del correcto ejercicio del poder público.