Dimes y Diretes: “La realidad detrás del INE”

El día de ayer el Instituto Nacional Electoral aprobó modificaciones a las leyes que prohibían hasta ayer, la reproducción de anuncios de los gobiernos estatales en estados donde haya elecciones el próximo año. Para los que no lo sepan, el año que viene hay elecciones en dos estados que son clave para el PRI, Estado de México y Coahuila. La aprobación de esta ley por obvias razones hace que sospeche, y mucho.

 




Desde hace varios meses en el Estado de México en específico, el gobierno de Eruviel Ávila, ha estado entregando “apoyos” a gente de escasos recursos. Ahora, digo “apoyos” porque todos sabemos que en realidad son técnicas para ir comprando el voto en un Estado que es sinónimo de priismo.

Y es que no solamente el gobernador ha estado entregado estos apoyos, sino también la SEDESOL que preside Luis Enrique Mirando. Mientras tanto el INE se ha hecho de la vista gorda o tal vez son muy ignorantes de la situación.

También no podemos dejar afuera, que este año el Estado de México es el que más apoyos ha recibido de la Federación. Tampoco puedo olvidar que es adónde este año el Presidente ha asistido en más ocasiones para abrir, carreteras y obras públicas. Y menos olvidemos que hace tan sólo unos meses Eruviel presentó una de las carreteras diciendo que era “un regalo para los mexiquenses por parte del Presidente”.

 




Y es que cuenta por ahí estimados lectores y lectoras, que si el PRI pierde el Estado de México es casi, casi como decir que ya no hay cuervos en la Torre de Londres, o séase que perdiendo Edomex, se da casi por un hecho que el partido que ha gobernado por más de setenta años va en declive total y no hay fuerza humana que lo salve.

En pocas palabras, no dudemos que el PRI metió su manita de gato para que el próximo año electoral Eruviel pueda promocionar, los logros de su gobierno, sin limitación alguna.

Qué bueno, no era como que lo necesitaban, ¿verdad? Como les dijo Lorenzo Córdova no dice ni pío, sobre los “apoyos” que da gobierno estatal y federal en aquella entidad azotada por la violencia.

¡Ahí Se Leen!

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

Dimes y Diretes: “¿No qué muy limpios?”

Todos los años, en especial en los años electorales, los partidos se dan unos increíbles baños de pureza. Siempre dicen que ellos llevarán al país por el buen camino, también que están llenos de valores y principios, con los cuales van a contagiar al aparato político del país.

Este discurso se les acabo ayer, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que los partidos políticos de este país le deben 625 millones de pesos al IMSS, ISSSTE y al SAT.

Que incongruentes son los partidos políticos, en verdad. Mientras que muchos de sus militantes que llegan a puestos públicos le exigen y motivan a los ciudadanos a que paguen sus impuestos y sus obligaciones, ellos tienen el descaro de no pagar los suyos. Esto es lo que debe cada uno de los partidos: PRD 332 millones, PRI 73 millones, Verde Ecologista 52 millones, PT 45 millones, Movimiento Ciudadano 44 millones, PAN 37 millones y Nueva Alianza 9.5 millones de pesos.




Ahora la pregunta correcta es, ¿por qué los partidos no pagan estas deudas? Dudo mucho que sea por qué no tienen presupuesto, no claro que no, el detalle es que ellos saben que son intocables, ven difícil que el SAT en algún momento vaya a embargarles el changarro o en su caso hacerles una exhaustiva revisión.

En otras palabras, ciudadano, si quiere tener un negocio donde no tenga que pagar obligaciones fiscales, forme un partido político.

Lo más triste de la historia, es que los que nos llevamos la peor parte de todo esto, somos nosotros, los ciudadanos. Mientras los partidos le deben millones al IMSS y al ISSSTE, estos servicios de salud pública se están cayendo a pedazos.




No digo que los partidos sean los culpables absolutos de que esto esté sucediendo, pero ciertamente no suena bien que deban dinero a estas instituciones, mientras esta tanto el IMSS y el ISSSTE en quiebra.

Por último, nosotros financiamos a los partidos políticos cada año, para que estos puedan mantenerse y puedan cumplir con sus obligaciones. Si no lo están haciendo, ¿cuál es el punto que sigan recibiendo una tajada de nuestro dinero? Mejor que se financien solos, y si no cumplen, entonces que los cierren, tal y como le sucedería a cualquier negocio que debe millones.

¡Ahí Se Leen!

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La Evolución de la Democracia en México




Firma la petición: https://goo.gl/2mzoxG

Hace ya más de un mes escribí un artículo de opinión que tuvo mucho éxito que se titula, “¿Quieres democracia? ¡Paga por ella!” donde abordo el tema del presupuesto que se le otorga a los partidos políticos en México, cada año.

En la columna también hablo de un debate que sostuve con un estadounidense que le parecía que nuestro sistema como más viable que el de su país, el cual consta de campañas de recolección de fondos y donaciones.

En esa columna mucha gente me hizo saber que la idea de cambiar la forma en la cual los partidos políticos se financian. También hubo quienes propusieron que hiciera una petición donde pudieran firmar que están a favor de que se hagan estos cambios en la estructura política electoral de nuestro país.

Nunca he sido “fan” de las peticiones en línea, ya que considero que muchas veces no llegan a ningún lado y logran poco. ¿Pero de qué otra forma podría llevar mi propuesta a otro nivel? Por lo tanto, he dejado mis juicios a un lado y decidí armar una petición y ver cuantos mexicanos les interesa que se cambie la forma en la que le regalamos nuestro dinero a los partidos políticos, muchos de ellos, negocios familiares.




La propuesta va más allá de solamente cambiar ese aspecto que me desagrada de la democracia en México y he decidido incluir otras ideas a la propuesta que detalló a continuación:

• El Instituto Nacional Electoral ya no destina dinero de su presupuesto anual a partidos políticos y queda solamente como institución que regula las elecciones estatales y federales.

• Evitar que existan candidatos únicos en los procesos electorales internos, es decir adiós al “dedazo”.

• Crear mecanismos eficientes de transparencia, esto con el fin de transparentar de donde vienen y en que se usan los recursos que reciben los partidos políticos. El fin de esto es combatir el debate de que sin financiamiento público, los partidos recibirán donaciones de procedencias dudosas, algo que ya sucede en realidad.

• Comité independiente que se encargue de la organización y formato para debates. El día de hoy los debates no aportan mucho, tenemos que cambiar esto ya que es la única manera en la que se puede lograr un voto consciente.

• Antes de ser candidatos, todos deben de presentar su 3de3 y curriculum, mismos que serán públicos.

Estoy seguro que esta es la única manera en la cual nuestra democracia puede evolucionar y no eliminaríamos partidos políticos que son parásitos del sistema como el Partido del Trabajo de Anaya, Partido Verde Ecologista de México de los González y muchos otros que nacen cada 3 años.

También lograríamos que el voto en México sea más consciente, mejor pensado y los candidatos de mejor calidad, que estoy seguro que hay muchos ahí afuera.

Dejo el hipervínculo a la petición y si en verdad creen que las cosas pueden cambiar en nuestro país fírmenla: https://goo.gl/2mzoxG

Estaré al pendiente de sus comentarios y/o sugerencias y los iré actualizando conforme vayamos incrementando el número de firmas.

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CNTE: Enemigo Público

El miércoles pasado hubo otra marcha de maestros en el centro de Monterrey. Cerca de las 18:00 las calles aledañas a la macroplaza fueron cerradas y cientos de policías fueron desplegados para mantener el orden público. Naturalmente el caos vial se acrecentó en cuestión de minutos y el enojo de los automovilistas hizo lo propio.

Al escuchar sobre estas movilizaciones apurado salí de la oficina (ubicada en el centro) para asistir a mis clases de maestría y por unos cuantos minutos estuve cerca de quedar atrapado entre las calles del centro y en consecuencia faltar a clases.

Afortunadamente lo logré. Pero qué ironía que por culpa de los bloqueos y manifestaciones de los “maestros” no iba a poder llegar a la universidad, ¿no?

Es tiempo de usar la fuerza pública sin inhibiciones ni remordimientos. Cuando el diálogo no es suficiente, cuando no se entienden razones, cuando el inconforme adopta una actitud violenta y salvaje para expresar o defender sus ideas, el siguiente paso para poder garantizar el bien general de la población es la fuerza pública. Estas personas deben ser tratadas como los criminales que son.

No podemos seguir permitiendo que gente como ésta violente nuestro entorno. Para los pseudo activistas que su argumento contra lo anterior será que “el gobierno opresor violenta nuestro derecho de manifestarnos, el ejército reprime al pueblo con violencia” y un largo etcétera de posiciones sofistas, deben saber que los enfrentamientos entre Gobierno y CNTE no se han dado por el simple hecho de ser maestros, como muchos ilusos argumentan.

Las pugnas se dan porque estos “educadores” han violentado, incendiado, bloqueado, golpeado. Su derecho de manifestarse acaba cuando transgreden el derecho de la educación, del circular sin bloqueos, del disfrutar un país sin violencia.

La fuerza pública actúa y actuará cuando los “manifestantes” dan razones para hacerlo. Cuando se trata de plantones con violencia y la afectación de miles de personas ajenas al problema, por supuesto que el ejército y la policía tendrán que actuar con violencia. El hecho de ser ciudadano no te exime del cumplimiento de la ley.

¿Dónde está el derecho de los niños de asistir a la escuela? ¿Dónde quedan los padres de familia que quieren educación de calidad para sus hijos? ¿Por qué tenemos que soportar bloqueos y violencia que afectan nuestra vida diaria? ¿Qué pasa con los miles de personas que no pueden llegar al aeropuerto, al hospital o a su oficina por culpa de los manifestantes?

El pasado conflicto en Oaxaca dejó pérdidas de $150 millones de pesos (mdp) para el sector hotelero y $28 mdp para el restaurantero, de acuerdo al Gobierno de Oaxaca. Conforme a la Asociación Guatemalteca de Exportadores, los bloqueos carreteros que impiden la llegada de productos de países centroamericanos a Oaxaca y otros estados del sur han generado pérdidas de $10 millones de dólares (mdd).

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la CDMX reportó la afectación a 2,833 comercios y pérdidas de $35 mdp diarios. En Michoacán el Consejo Económico y Social de ese estado cuantifica en $680 mdp la merma durante el primer semestre de este año. ¿Por qué nuestra economía tiene que soportar esto?

Además, en los últimos tres años de inconformidades de la CNTE los estragos han sido numerosos bloqueos al aeropuerto de la CDMX, en detrimento de las miles de personas que viajan por placer o negocios; un plantón de cinco meses en el zócalo capitalino, afectando el turismo y el comercio de esa zona; incendio a las oficinas del PRI en Chilpancingo y una del INE en Oaxaca, amenazando vidas y pérdidas de infraestructura.

El diálogo terminó. Se debe tratar a quien atente contra la nación con todo el peso de la ley y la fuerza del Estado mexicano.

Si es necesario recurrir a la violencia para asegurar la seguridad y derecho de los millones de ciudadanos afectados por estos haraganes así tendrá que ser. CNTE, su teatro se ha terminado, nuestra policía y ejército debe acabar con quien siga alentando estas actitudes retrógradas. Gobierno Federal, es tiempo de utilizar sin pudor alguno la competencia de la fuerza pública.

El avance y transformación de México está en el aula de clases para las futuras generaciones, no en los pretextos para no impartir la educación.

http://expansion.mx/empresas/2016/07/07/bloqueos-en-oaxaca-provocan-perdidas-millonarias-a-exportadores-centroamericanos

http://expansion.mx/economia/2016/07/05/las-protestas-de-la-cnte-han-dejado-perdidas-de-680-mdp-en-morelia

http://expansion.mx/nacional/2016/07/06/maestros-contrarios-a-la-reforma-educativa-protestaran-en-la-cdmx

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La Decepción Naranja

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Movimiento Ciudadano parecía ser el partido político que México necesitaba, de inicio los autodenominados Diputados Ciudadanos a nivel federal, renunciaron a Gastos Médicos, Bonos Legislativos, Gastos de Celular, Autos y Gasolina, entre otros gastos superfluos.

En Nuevo León los diputados que conformaban esa bancada hicieron lo propio, al menos ante la prensa porque en la vida real: siguen cobrando el Seguro de Gastos Médicos Mayores, el Bono Legislativo lo transformaron en nómina para usarlo de forma discrecional o en donativos a una AC presidida por el hermano de la Diputada Landa.

Así mismo, de gastos superfluos existen facturas por más de 45 mil pesos en Gasolina, compras de equipo de cómputo y audio exagerado, así como recibos de “apoyo a voluntarios” que incluso aparecen en nómina del Congreso como el caso de Rosa Elizabeth Benítez Rivera, eso sumado al escándalo de los pagos a una empresa fantasma denominada SOLARHIC por la cual fueron cesados su coordinador de asesores y su coordinadora administrativa.

El partido naranja sólo parecía ser diferente, pero a nivel estatal siguen sin transparentar el uso de los casi 2 millones de pesos mensuales para mantener un partido sin militancia y con no más de 5 empleados en sus oficinas centrales y que decir de la venta del padrón electoral en AMAZON por la cual aún esperan sanción por parte del INE.

Hoy existen dos demandas de juicio político al Diputado Samuel García, la primera propuesta por INCIDE y la segunda por el CONACI misma que está siendo evaluada por la comisión anticorrupción del congreso local. Aunque el diputado favorito de Facebook acusa a complots y persecuciones, el tema es el doble discurso que refleja a el partido a nivel nacional mismo que lo hizo perder el registro en 9 de 12 estados en las pasadas elecciones, el tema es que la última esperanza de la ciudadanía se encuentra aniquilada porque robar un peso de nuestros impuestos aunque sea poquito es robarle a la gente que pagamos y cumplimos para tener un buen gobierno.

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El origen del gasto electoral

El fin de semana pasado culminamos un proceso electoral en el que más de 30 millones de ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar en elecciones para elegir a 12 gobernadores, 966 alcaldes y los representantes de 13 congresos estatales. Además, nuestro país vivió un momento histórico al elegir a los integrantes de la asamblea que habrá de diseñar la Constitución de la Ciudad de México. Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Si bien, las elecciones son una muestra de la democracia de México, éstas no dejan de representar un costo para nuestro país.

Según el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos, en México es posible recibir recursos económicos por dos fuentes: el financiamiento público que es aquel otorgado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento privado que son las aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Con la fiscalización se monitorea el origen del dinero utilizado por los partidos políticos y candidatos, el cual debe provenir de fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano.

No obstante, durante las campañas políticas se mueven grandes cantidades de dinero en efectivo, las cuales no están permitidas por la ley porque es difícil llevar un control de quién otorga el apoyo y para qué es utilizado. Además, los partidos o candidatos que reciben el recurso económico pueden estar incentivados a otorgar beneficios una vez que resulten electos. La cifra oficial del gasto que se realiza en los procesos electorales puede discrepar de la real.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010. El gasto en las elecciones se ha incrementado de forma importante en los últimos años, principalmente derivado de la reforma político-electoral. Permitir la participación de candidatos independientes, fomentar el voto en comunidades alejadas y llevar una mayor fiscalización de los recursos implica un gasto adicional para la nación. Incentivar la democracia en el país cuesta.

Se estima que tan solo en el presupuesto de los institutos electorales estatales y en los gastos ordinarios de los partidos políticos se han gastado más de 8,500 millones en 2016, más del doble que en el 2010.

Como toda inversión, se espera que el gasto durante las campañas electorales brinde un beneficio. Como país esperamos que el financiamiento público a los partidos políticos nos permita fomentar la democracia y tener a los gobernantes que queremos. Pero el financiamiento privado puede ser visto de la misma forma, por lo que surge la interrogante de qué es lo que se espera recibir con el apoyo brindado por particulares en época electoral.

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¿Quieres democracia? ¡Paga por ella!




Cuando me encontraba en Suiza en el verano del 2012 tuve un debate muy interesante con un estadounidense sobre la forma en la cual cada uno de nuestros países financiaba las elecciones presidenciales (recordemos que en aquel año Estados Unidos y México tuvieron elecciones a la Presidencia). ¿Por qué el debate? Te explico a continuación.

En México todos sabemos que cada año cierta cantidad de dinero del erario público se destina al Instituto Nacional Electoral (INE). Después de asignar el presupuesto, el INE se encarga de repartirlo entre los partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votos que hayan obtenido a nivel nacional en los comicios de un año anterior. A diferencia de nuestro país, en la Unión Americana, las cosas se manejan de una manera muy diferente, debido a que tú como ciudadano y votante decides si quieres o no aportar dinero en las campañas de recolección de fondos de los partidos políticos y si se da el caso también a los candidatos que se estén postulando a diferentes cargos públicos.

A diferencia de nuestro país, en la Unión Americana, las cosas se manejan de una manera muy diferente, debido a que tú como ciudadano y votante decides si quieres o no aportar dinero en las campañas de recolección de fondos de los partidos políticos y si se da el caso también a los candidatos que se estén postulando a diferentes cargos públicos.

Con esta explicación y el debate que tuve en ese verano del 2012, llegué a la conclusión que en México parece que hay un sistema de que si queremos democracia, debemos pagar por ella. En las elecciones de hace un año el INE dio un total de 5.199 mmdp a los partidos políticos, ya sea para sus campañas electorales, para actividades específicas y para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes. De hecho el presupuesto asignado en ese año ha sido el mayor desde 1997, esto según información del INE.




Para las campañas que terminan ya este próximo 5 de junio se asignaron 3.953 mmdp y de igual manera son para gastos de campaña, y sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Realmente viendo este tipo de cifras quedé asustado, pero de igual manera me doy cuenta de cuanto se gasta por año para mantener el sistema democrático en el que vivimos y que muchos dudan que funcione correctamente, opinión que en lo personal no comparto.

Lo que sí creo es que es exagerada la cantidad de dinero que se va a los partidos políticos, y aunque viene siendo cierto que muchos sí hacen campañas de recolección de fondos y reciben en muchas ocasiones donativos, estos no son representativos a comparación de la cantidad que reciben de nuestros impuestos.

Por esto mismo se ha manejado ya en varias ocasiones que tener un partido político es absolutamente todo un negocio y muy redituable. No por nada vemos que en cada periodo de elecciones que nacen nuevos partidos políticos, que en muchas ocasiones carecen de ideología e incluso estructura. En el caso de Nuevo León el año pasado tuvimos el Partido Cruzada Ciudadana que tenían como candidato a la gubernatura a Luis Farías. La familia Farías lleva décadas viviendo del erario público teniendo un partido político – Cruzada Ciudadana – y no dudemos que para el 2018 resurja y nuevamente reciba una parte del pastel y con eso viven.

Ahora si vamos a ejemplos a nivel nacional, podemos hablar del famoso Partido Verde Ecologista de México, que desde su registro en 1986 ha pertenecido a una sola familia, la Familia González. También nos encontramos con ejemplos como Andrés Manuel López Obrador, que aclarando no tengo nada en contra de esta figura política, resulta imposible no cuestionar de donde ha podido sostener sus recorridos por toda la República Mexicana, siendo la respuesta muy obvia, con el presupuesto que se le asigna a los partidos políticos que ha pertenecido y al que actualmente dirige. De igual manera otros negocios disfrazados de partidos políticos son el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) el cual fue fundado por la controvertida Maestra Elba Esther Gordillo.

De igual manera otros negocios disfrazados de partidos políticos son el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) el cual fue fundado por la controvertida Maestra Elba Esther Gordillo.

Para evitar casos como los antes mencionados, lo que propongo es alejarnos de un sistema que se ha vuelto un negocio para unos pocos y ver hacia el sistema que tienen países como los Estados Unidos. Eso sí, el debate siempre ha estado en que si vamos a un sistema de donaciones y recaudación de fondos es muy probable que ciertos grupos de poder apoyen a partidos y candidatos a cambio de favores. Aunque viene siendo cierto que es una debilidad de ese sistema, no lo hace más diferente que el que tenemos actualmente, pues repito que los partidos políticos son negocios incluso en ocasiones familiares y que poco reditúan en la vida política de nuestro país.

Es hora de despertar y ver alternativas en el manejo de la democracia en nuestro país, el sistema bajo el que nos regimos actualmente lleva muchas décadas y tiende a quedar obsoleto, necesitamos mecanismos que hagan que la voz del ciudadano no se escuche solamente el día de las elecciones sino muchos meses e incluso años antes de emitir el voto. Solamente con un sistema de recaudación de fondos y donaciones podemos combatir la invasión de partidos políticos e incluso mejorar el tipo de candidatos a puestos públicos que tenemos hoy en día.

¿Tú qué opinas?

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Tamaulipas: El secuestro del diablo

Este fin de semana nos hemos enterado del secuestro de Alan Pulido, futbolista mexicano y también de las múltiples acusaciones de vínculos con el narco tanto del candidato del PRI como el candidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas.

Estimado lector, ¿usted cree que la situación cambiará con el PRI, PAN, PRD o Morena? Nadie tiene idea de lo que pasa, nadie sabe que sucede ni nadie sabe cómo resolverlo.

Tamaulipas, un hermoso estado lleno de gente trabajadora, excelentes músicos norteños, tierra de petroleros y extensas tierras de cultivo está secuestrado por las garras de la corrupción, el nepotismo y el crimen organizado el cual controla cada centímetro del estado.

Tamaulipas, un hermoso estado lleno de gente trabajadora, excelentes músicos norteños, tierra de petroleros y extensas tierras de cultivo está secuestrado por las garras de la corrupción, el nepotismo y el crimen organizado el cual controla cada centímetro del estado.

¿Más soldados, más armas? Ya quedó claro que si el Estado pone 2 fusiles, el narco pone 3, si el Estado pone 1 retén, el narco pone 2, la ley de ojo por ojo y diente por diente.

El Estado mexicano está totalmente rebasado en este estado y no se vislumbra un cambio pronto. Tamaulipas es un muerto que respira artificialmente, que vive en una simulación de poderes, de evasión de la realidad y crisis permanente.

Desde Tampico a Díaz Ordaz, desde San Fernando a Matamoros, los tamaulipecos están siendo ultrajados desde hace años donde el crimen es regla y ley. Son víctimas, como cada uno de los mexicanos, de la narcoguerra que vivimos, de la era de terror en la que entramos desde a principios de los 2000s.

Desde Tampico a Díaz Ordaz, desde San Fernando a Matamoros, los tamaulipecos están siendo ultrajados desde hace años donde el crimen es regla y ley.

Alan Pulido no tiene la culpa de ser famoso, el Estado puso todos los recursos al servicio de la búsqueda y localización del joven a diferencia de cualquier tipo que pasa por la misma situación. Usted y yo lo sabemos, el peso de la prensa es atroz. Sin embargo, quizás esto sea la llamada de alerta que necesitaba el estado de Tamaulipas para pasar de la indignación a la acción.

No sé si Cabeza de Vaca o Baltazar Hinojosa sean narcos, se nota que los partidos no y el INE menos, los tamaulipecos ya van perdieron 3-0 sin jugar, ya perdieron desde hace tiempo, ¿Quién carajos irá a votar? , ¿A quién le interesa votar? ¿Para qué? El demonio llamado Cártel de los Zetas tiene el estado en un puño… Tamaulipas, su rehén.

P.D Felicidades Egidio Torre, gobernador que ganó por lástima, por este logro de la liberación de Pulido. Gracias…

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Qué hacer con los árbitros de las elecciones locales

El próximo 5 de junio habrá elecciones en 13 estados: Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Con excepción de Baja California, en todos ellos se renovará la Gubernatura del Estado. Además, en la Ciudad de México los capitalinos seleccionarán a una parte de las personas que redactarán la primera Constitución de la CDMX.

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales: Secretarías Ejecutivas removidas (Veracruz y Durango); elecciones locales atraídas por el INE (Durango); denuncias de intervención de los Gobernadores en turno en las decisiones de las y los Consejeros Electorales de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs); inacción para sancionar, en suma, árbitros electorales sin confianza y sin legitimidad.

También es de mencionarse el caso de Chiapas, en donde la totalidad de sus 7 Consejeras y Consejeros fueron removidos de sus cargos por actuar fuera de la Ley (SUP-RAP-118/2016). De hecho, el próximo 31 de mayo concluirá el concurso para la designación de nuevos integrantes del Consejo General en el OPLE de Chiapas (también se designa en esa fecha a un nuevo Consejero de la CEE, aunque la vacante se deriva de la renuncia de una de sus integrantes, actual Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León).

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales…

Recordemos que en la reforma constitucional de 2014, se expresó como razón para la construcción del nuevo modelo de la administración electoral en México que existía control por parte de los Gobernadores en los Institutos Electorales de los Estados. En este sentido, se aprobó otorgar la rectoría de ciertos procedimientos al nuevo INE (fiscalización, integración de casillas, capacitación, ubicación de casillas, Servicio Profesional Electoral Nacional…).

Una actividad esencial que se atribuyó al INE fue la de nombrar y, en su caso, remover, a las Consejeras y Consejeros en los OPLEs. Esta facultad correspondía antaño a los Congresos Locales en donde, se argumentaba, los Ejecutivos Locales operaban libremente para designar a personas afines a sus proyectos políticos. Ahora, con dos procesos de designación de Consejeros de los OPLEs bajo la conducción del INE (2014 y 2015), tal parece que los problemas siguen siendo los mismos.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción (aunque haya personas que así lo propongan: Consejero Electoral Roberto Ruiz y Magistrado Electoral Flavio Guzmán). La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

En ese sentido, lo primero que debe hacerse es reconocer que, igual que el INE, los OPLEs cuentan con una estructura de doble naturaleza: Una de corte profesional y de carrera. Y otra con una dimensión política. Para los servidores públicos de base profesional ya comienza a operar el Sistema Profesional Electoral Nacional. Para la segunda, aún con los procedimientos implementados por el INE, no se logra generar confianza.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción … La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

Por tanto, una segunda decisión que debe tomarse es asumir la profesionalización completa de quienes deseen ser Consejeras y Consejeros. Esto implica al menos dos decisiones normativas importantes: Por una parte, que la designación recaiga en la mejor opción posible, de acuerdo a parámetros objetivos; y, por la otra, la oportunidad de reelección hasta por un período más de Consejeras y Consejeros, con lo cual pueda garantizarse una trayectoria profesional medianamente estable.

En suma, la clave respecto a lo que se debe hacer con los árbitros electorales en los estados reside en aquello que hemos hecho en el IFE-INE desde 1989-90: La profesionalización y el espíritu de cuerpo que responda a la Constitución, a la Ley y a una ética pública de carácter democrático. En ese sentido, dejemos en el Consejo General del INE la dimensión política de las elecciones y en los OPLEs el aspecto técnico y operativo, bajo estándares profesionales y objetivos.

Si no tomamos ese paso adicional, seguramente en 2017 y 2018 sabremos de más cuestionamientos de los árbitros electorales, de más remociones de Consejeras y Consejeros en los estados, de más elecciones atraídas por el INE o, tal vez…, estaremos discutiendo la creación del Instituto Central Electoral (ICE).

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CEE y Ley de Participación Ciudadana

El 13 de mayo de 2016 será recordado como un día fundamental en la historia de la participación ciudadana en el estado: Después de más de 10 años de gestiones de organizaciones ciudadanas, y a casi 4 años de la reforma constitucional en la cual se reconoció el derecho de participación a través de consultas populares, en Nuevo León se publicó la Ley de Participación Ciudadana.

Más aún, debe permanecer en nuestra memoria esta fecha tomando en cuenta que para septiembre de 2014, Nuevo León era uno de los tres estados que aún no contaba con una legislación de participación ciudadana (http://www.nexos.com.mx/?p=22324). Festejemos, además, que la legislación no solamente reconoce como instrumento de participación ciudadana a las consultas populares (plebiscito o referéndum), sino que da un paso más e incorpora la revocación de mandato.

Después de más de 10 años de gestiones de organizaciones ciudadanas, y a casi 4 años de la reforma constitucional en la cual se reconoció el derecho de participación a través de consultas populares, en Nuevo León se publicó la Ley de Participación Ciudadana.

Por ahora no me centraré en las bondades o en los laberintos técnico jurídicos de estas dos figuras. Me ocuparé, más bien, del impacto que la expedición de la Ley de Participación Ciudadana tendrá en la Comisión Estatal Electoral. Un primer apunte es respecto de la denominación del organismo. El nombre de Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE) es anterior aún a la reforma electoral fundacional de 1996, esto es, pertenece a una época en que las elecciones no arrojaban resultados confiables, y en la cual el término mismo de participación ciudadana se antojaba inviable en el estado.

Adicionalmente, puede afirmarse que prácticamente no hay un solo Organismo Público Local Electoral en el país en cuya denominación aparezca la palabra “Comisión”; toda proporción guardada, esto sería equiparable a que actualmente el Instituto Nacional Electoral (INE), aún se llamara Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

El cambio en la denominación de la CEE se deriva obligadamente de sus nuevas facultades. Ahora no solo organiza elecciones en cooperación con el INE; también es ya el responsable de la “organización, desarrollo y cómputo (…), del referéndum o plebiscito; garantizará la equitativa e imparcial difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía. Asimismo, declarará los efectos del referéndum o plebiscito de conformidad con lo señalado en la convocatoria y la Ley” (art. 34). En el mismo sentido, la CEE “llevará a cabo la consulta popular para la revocación de mandato y posterior a ello, emitirá la declaración de validez de la consulta de revocación de mandato, para lo cual emitirá el resultado y los efectos de la misma” (art. 68).

En suma, el nombre de la CEE debe cambiar. Debe aprovecharse que conforme al Artículo Primero Transitorio del decreto de reforma aún hay tiempo para proponer esta modificación en la Ley Electoral. En segundo lugar, en donde el impacto de la Ley debería tener mayor impacto es, justamente, en la dimensión de fomento y de garatía de la participación ciudadana en la entidad. Un par de ejemplos.

En suma, el nombre de la CEE debe cambiar. Debe aprovecharse que conforme al Artículo Primero Transitorio del decreto de reforma aún hay tiempo para proponer esta modificación en la Ley Electoral.

Según el numeral 22 de la Ley, la jornada de consulta popular deberá realizarse “preferentemente” en la misma fecha que la jornada electoral correspondiente. Parece ser que el legislador da una directriz a fin de que “se prefiera” que las jornadas electoral y de consulta popular sean cada tres años en el mismo día, sin embargo, probablemente esto dependerá de la fecha de la solicitud y de la trascendencia del tema, obra o instrumento normativo consultado. En todo caso, disposiciones como la anterior decantarán las decisiones de política pública que en el tema de la participación ciudadana deberá tomar la CEE.

Un ejemplo más, ¿no debería el organismo electoral consultar a las ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León los nuevos reglamentos que expide? Piénsese por ejemplo en la siguiente norma: “El Presidente de la Comisión Estatal Electoral instruirá se verifiquen las firmas de conformidad con el reglamento correspondiente y certificará la documentación adjunta” (art. 27). ¿Podría la institución encargada de organizar las consultas populares no consultar a su vez, bien que sea por mecanismos electrónicos, las normas que reglamentan una parte de la participación ciudadana?

En síntesis, la Ley de Participación Ciudadana obliga, por una parte, a renombrar a la CEE y, por la otra, compromete a la Institución a fomentar y garantizar la participación ciudadana.

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