INE descarta asumir elecciones extraordinarias en Monterrey

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El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova reveló que el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, envió una carta en la que le solicitó atraer toda la organización de la elección extraordinaria de Monterrey, pero, dijo, que no es posible jurídicamente porque el proceso está en marcha.

Además, explicó que la ley no contempla la posibilidad de que el Mandatario estatal pueda realizar esa solicitud, pues no está en sus atribuciones.

En tanto, la oficina de la presidencia del INE trabaja junto con la dirección jurídica para contestar la carta que Rodríguez Calderón envió ayer al consejero presidente, en la que solicita que el órgano electoral asuma la organización total de la elección, lo que significaría también asumir el cien por ciento de los costos.

Además, el presidente del INE recordó que el organismo electoral a su cargo ya aprobó la erogación de recursos, que esperan le sean resarcidos, para hacerse cargo de las tareas que le corresponden en esa elección extraordinaria.

El lunes pasado, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó erogar 14.7 millones de pesos para tareas vinculadas a la elección extraordinaria de Monterrey del próximo 16 de diciembre, relacionadas con impresión de listas nominales, capacitación de funcionarios de casilla y diversos asuntos de organización electoral.

Córdova explicó que el Ayuntamiento de Monterrey es una elección que implica un despliegue más grande, incluso, que el que tuvo el Instituto cuando asumió por órdenes del Tribunal Electoral, la elección extraordinaria de Gobernador en Colima.

Hay que recordar que “El Bronco” se ha negado a aprobar recursos por 44.7 millones de pesos al Consejo Electoral del Estado.

Se cancela Aeropuerto en Texcoco

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Después de un exhausto proceso de consulta popular de 4 días y 40 horas en total (espero entiendan mi sarcasmo) ayer por la mañana Andrés Manuel anunció que se cancela el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Ha sido un tema muy polémico en los últimos meses en México, y considero que los métodos utilizados, para el fortalecimiento de la democracia en nuestra sociedad, no han sido los adecuados ni con la legitimidad idónea para tomar decisiones tan transcendentales para el desarrollo de nuestro país.

La construcción del NAICM comenzó por la evidente saturación que el AICM sufre actualmente; al ganar AMLO la Presidencia de la República, comienzan los cuestionamientos de los costos tan elevados y se hace la propuesta de cancelar la construcción en Texcoco, y proponen como solución construir en Santa Lucía, mejorar el AICM y reactivar el aeropuerto de Toluca.

Si el problema eran los costos elevados y la falta de documentos públicos sobre contratos y/o convenios modificatorios, ¿Por qué no exigir esto? Exigir transparencia, renegociar, buscar alternativas ¿por qué aferrarse a cancelar un proyecto que lleva casi 39% de avance en construcción y casi el 35% en avance financiero?

Esto nos vuelve a dejar claro que uno de los problemas más grandes que hay en nuestro país, es la falta de seguimiento a los proyectos implementados a través de las administraciones en los diferentes niveles de gobierno.

Más que una decisión con fundamentos, lo veo como un capricho y un miedo a afrontar costos políticos, López Obrador se ha escudado mucho en la “decisión del pueblo” y está evadiendo tomar la responsabilidad que como presidente electo de México le corresponde. No soy experta en el tema, sin embargo, conozco el aeropuerto de la CDMX y el de Toluca y la distancia entre éstos, es amplia. Son grandes los obstáculos que existen entre la propuesta Red Aeroportuaria, la distancia entre las pistas que se construirían en Santa Lucía, el AICM y el aeropuerto de Toluca es extensa, el tráfico y las casetas hacen que la conectividad entre esta red sea sumamente complicada.

Estoy a favor de la participación ciudadana, no obstante, esta consulta ciudadana, no tiene validez legal.

Les dejo los siguientes datos y ustedes realicen su análisis sobre si la consulta tiene una representación real y es válido tomar este resultado como definitivo para una decisión tan importante para el país.

-El requisito para poder emitir el voto en la consulta era contar con credencial del INE, de acuerdo con cifras de esta institución casi 90 millones de mexicanos cuentan con esta identificación, y solo acudieron a votar un poco más de 1 millón es decir poco más del 1%, y si consideramos que hubo personas que votaron hasta 5 veces, el porcentaje de participación es aún menor.

-El horario de las casillas fue de 8am a 6pm, ¿y la gente que está trabajando en ese horario? ¿cómo podían participar?

-Las casillas se ubicaron en 538 municipios, tan solo en Oaxaca hay 570, y según información del INEGI en México tenemos 2457 municipios…. ¿Dónde está la representatividad de los mexicanos?

-Y además solo 4 días….

No se puede obedecer el mandato de los ciudadanos, en temas tan trascendentales para el país. No es una decisión racional, ni democrática, ni eficaz, mucho menos inteligente. No se puede presumir que somos ejemplo a nivel mundial en temas de participación ciudadana, no Andrés Manuel, las cosas hechas “al aventón” no es ser ejemplo a nivel mundial.

Con todo el respeto a Andrés Manuel, lo invito a que asuma la responsabilidad de ser el presidente Electo de México, que tome las cosas con seriedad, y no con consultas populares que son una burla. 

Lo felicito por su entusiasmo en fortalecer la democracia, en querer crear el hábito de trabajar con mecanismos de participación ciudadana, en empoderar al ciudadano, sin embargo, decisiones de esta magnitud no se dejan en manos de programas pilotos ni del 1% de la población, donde la gran mayoría no tiene conocimientos técnicos sobre estas 2 opciones, no son usuarios constantes de los aeropuertos, y además muchos de sus seguidores, fueron a votar solo por “novedad”.

México necesita un presidente que nos inspire credibilidad, estabilidad, certidumbre, autoridad moral y política para dar continuidad a proyectos implementados por administraciones anteriores, esto no es de caprichos.

Consulta de NAIM sin base legal: INE

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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE)Lorenzo Córdova, afirmó que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no tiene base legal, por lo que no emitirá ninguna postura sobre su validez.

Además, dijo, el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no ha tenido ningún acercamiento formal o informal con el INE para pedir una opinión sobre la organización de la consulta, la cual se llevará a cabo entre los días 25 y 28 de octubre.

“Como presidente del Instituto Nacional Electoral no me voy a pronunciar respecto de ningún mecanismo que no esté contemplado en la ley y que corresponda a este Instituto, lo demás pues son ejercicios sobre los que yo no expreso ningún tipo de opinión”, mencionó en entrevista con medios.

“No me voy a pronunciar sobre ningún mecanismo en el que no esté involucrado el INE y sobre el que no tenga una base legal sobre el que yo pueda emitir algún tipo de opinión”.

De acuerdo con el equipo de transición, para la consulta se prevé la instalación de mil 73 mesas de votación en 538 municipios, así como la emisión de al menos 500 mil boletas.

Además, para participar en el ejercicio, los ciudadanos deberán presentar su credencial de elector del INE como único documento oficial válido, la cual será recibida y registrada, a través de una aplicación, por voluntarios en las mesas, quienes garantizarán la no duplicidad en la emisión del voto.

Al respecto, Córdova dijo esperar que el equipo organizador de la consulta tome las previsiones necesarias para evitar una vulneración a los datos personales de la ciudadanía.

“Yo supongo que quien está organizando esto está contemplando todo lo que está previsto en la protección de datos personales, supongo, pero como no tengo idea no me voy a pronunciar”, aseveró.

“No me voy a pronunciar sobre algo que a nosotros no nos han, con lo que para con el INE no ha habido ningún tipo de contacto ni formal ni informal”.

El consejero presidente reiteró que el INE no le dará ningún seguimiento a la consulta, aunque no descartó revisar quejas en materia de fiscalización, como una que presentó este miércoles el PRD, en las que se pida analizar posibles desvíos de recursos de Morena para realizar el ejercicio.

“El Instituto Nacional Electoral va a cumplir sus atribuciones de ley; entre sus atribuciones no está darle seguimiento a nada que no esté contemplado en la ley“, dijo.

Consulta sobre NAIM es ilegal de origen.- PRD

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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que la consulta que el próximo Gobierno aplicará sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es de carácter “inconstitucional e ilegal”.

Por voz de su presidente, Manuel Granados, el partido del sol azteca consideró que el ejercicio tiene un vicio de origen, en tanto que no lo convocará, como lo marca la Constitución, el Congreso de la Unión.

“Esta consulta es ilegal de origen porque la convoca un ciudadano, aunque sea el Presidente electo; porque la organizará un partido político, Morena; porque el cómputo lo realizará una asociación civil, y porque sólo se convoca a una parte de la ciudadanía, la que habita en 538 municipios”, argumentó el dirigente.

Granados explicó que, para promover una consulta, la convocatoria la debe formular el Congreso de la Unión, mientras que la petición debe provenir del Presidente de la República en funciones.

La organización, el desarrollo, la vigilancia, el cómputo y la publicación de los resultados de la consulta deben ser manejados por el INE.

“Nada de la Constitución, nada de la Ley Federal de Consulta Popular, se está respetando. Por eso afirmamos que la consulta sobre el nuevo aeropuerto es inconstitucional e ilegal”, aseguró el presidente del sol azteca.

Detectan venta de datos del padrón electoral en Internet

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Autoridades federales detectaron que en un sitio de internet se vendían datos de la Lista Nominal de Electores del 2015.

En un comunicado, se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron un cateo, en el que ubicaron la clave para tener acceso a “la nube donde se encontraba a la venta la base de datos”.

Además aseguraron tres computadoras, un celular y un disco duro. No se precisó en qué sitio fue llevado a cabo este cateo.

“Posteriormente se verificaron las características y fecha de la base de datos, los cuales coinciden con los de la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 2015. Además fue posible confirmar la existencia de marcas de identificación que permitirán conocer el origen de la copia que se ofertaba”.
No se precisó cuál fue el origen de la copia de la Lista Nominal de Electores.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia por estos hechos, el pasado 3 de octubre.

Los datos de la copia de la Lista Nominal de Electores, aseguraron las autoridades federales, “ya no se ofertan en el sitio de ventas por internet y están en curso las averiguaciones penales y administrativas correspondientes”.

El INE señaló que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados, ya que se trató de una copia del Listado Nominal que no fue extraída ilegalmente.

Desde 2013, apuntó el Instituto, “se incluyeron huellas o marcas distintivas para poder identificar cada una de las copias que han sido entregadas, lo cual permite detectar con total certeza a quién se le entregó cada una de ellas”.

Un Auditor que no audita

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Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. 

La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores.

La irracionalidad se transformo en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. 

Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿que le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores?  

Queda una institución trabajosamente  estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respectos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de  analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene cómo objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. 

Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen que hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? 

Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las ordenes del jefe (o socio).  

Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. 

¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es  ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? 

Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, este es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe?

INE oficializa perdida de registro del PES y PANAL

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Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la declaratoria de pérdida de registro de los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) por no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales de julio pasado.

“Son las y los ciudadanos, a través del sufragio, los que deciden qué partidos se quedan y qué partidos se salen de nuestro sistema político, fueron las y los ciudadanos y nadie más que ellos quienes el 1 de julio decidieron qué partidos debían permanecer en la competencia y cuáles salir de la misma”, expresó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE.

En sesión extraordinaria, confío que los ciudadanos que no lograron conformar una opción política al menos para tres por ciento del electorado “sigan involucrándose en la vida pública, que pugnen por ejercer sus derechos políticos en organizaciones partidarias existentes o bien en el proceso de conformación de otras”.

Córdova recordó que el derecho de asociación previsto en la Constitución en materia política no se restringe a la figura de los partidos, sino que “es indispensable que se recree a través de los distintos mecanismos de participación legalmente previstos en el reforzamiento de nuestra democracia”.

En ese sentido, anticipó que en las próximas semanas el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dará a conocer los lineamientos que permitirán a la ciudadanía conformar nuevos partidos políticos para competir en los próximos procesos electorales federales.

A su vez, el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón, indicó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “a defender nuestro derecho a la asociación política de más de 700 mil ciudadanos y ciudadanas que se identifican con el color y las causas turquesas”.

A su vez, Hugo Erick Flores, representante suplente de Encuentro Social y también presidente nacional de este partido, consideró que “estamos siendo víctimas de una injusticia, porque nuestros votos no fueron correctamente contados”, por lo que también acudirán al Tribunal Electoral federal.

En respuesta a las declaraciones de Hugo Erick Flores respecto a que supuestamente hubo un error de cómputo, Córdova Vianello dijo que Encuentro Social tuvo la oportunidad marcada por la ley de registrar representantes ante las mesas directivas de casilla para vigilar que lo que se asienta en las actas y el mismo proceso de votos ocurra conforme a la ley.

No obstante, dijo, no tuvo presencia en todas las mesas de casillas, pero sí en las 300 sesiones de cómputo distrital, donde se hace la asignación de aquellos votos donde el ciudadano optó por dos o más partidos coaligados.

“Ese era el momento en donde sus representantes pudieron y debieron haber hecho un argumento en el sentido de un eventual cómputo equivocado”, puntualizó el titular del INE.

INE avala pérdida de registro del PES y Panal

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La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó esta mañana la pérdida del registro del Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Encuentro Social (PES) por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral en algunas de las tres elecciones federales.

El INE le dió un plazo de 72 horas a ambos partidos para que presenten sus alegatos o elementos que los partidos consideren pertinentes.

De acuerdo al cómputo final de las elecciones del 2018, el PES alcanzó 2.7% de los votos en la elección presidencial, 2.43% en senadores de mayoría y representación proporcional, y 2.51% y 2.50% en diputados de mayoría y representación proporcional, respectivamente.

Por otro lado, el Panal obtuvo 1.02% en la elección presidencial, 2.41% y 2.40% en senadores de mayoría y representación proporcional, y 2.88% y 2.57% en diputados de mayoría y representación proporcional.

Lorenzo Córdova, el presidente del INE, dijo que la ley no permite interpretaciones y si un partido no alcanzó el 3% de la votación válida emitida pierde su registro como partido político nacional y la declaratorio la hace la Junta del INE.

Pero recordó, que usualmente la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pide a la Junta General Ejecutiva que de un periodo de alegatos a los partidos, valorarlos, volver a reunirse y una vez confirmado el dictamen, y que sea el Consejo General el que lo apruebe finalmente.

“El INE acatará lo que dice el TEPJF y seguirá ese procedimiento”, dijo el Consejero Presidente.

Cordova, agregó que al momento que el PES ni el Panal alcanzaron el 3% de la votación válida emitida, se activa lo previsto en los artículos 94 de la Ley de Partidos Políticos, y 44 y 48 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (Legipe).

(Con información de Grupo Reforma)

Prioridades legislativas

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Enrique Peña Nieto está dejando un legado que obliga a colocar el combate a la corrupción como tema principal de cualquier agenda legislativa, en nombre de la decencia nacional. El combate a la corrupción significa cero impunidad; nada de comprensión hacía los desalmados que se llenaron los bolsillos a costas de los causantes y del tesoro público, con la bendición de un presidente que cerró los ojos sobre todo, con tal de que otros no los abrieran sobre sus crímenes. 

Nada de tolerancia hacía quienes construyeron mansiones insultantes y sacaron cientos de millones de dólares fraudulentos del país. Estamos cerrando un ciclo de los peores seis años del México post revolucionario, que dejarán huellas profundas y una escuela de amoralidad sin precedente. 

Pero muy cerca del tema de la corrupción, debe venir el tema electoral. Las leyes electorales actuales, tanto a nivel federal como a nivel estatal, dejan las preferencias de los electores en un segundo plano, para atribuir a una supuesta justicia electoral un rol exageradamente importante para definir la conformación de las Cámaras. Falta menos de una semana para que los integrantes de las Cámaras tomen posesión y todavía los tribunales hacen y deshacen a su antojo y de acuerdo a quienes les dan recomendaciones, para quitar uno acá, agregar otro ahí y cobrar tantas afrentas cómo sembrar venganzas futuras; venganzas que se pagarán a precio de sangre y afrentas que justificarán una vida legislativa que los ciudadanos nunca entenderán. 

Necesitamos mejores presidentes que Enrique Peña Nieto para consolidar una democracia que no alcanza a imponerse, ni con calzador marca INE, calzador costosísimo y que ni siquiera permite distinguir la izquierda de la derecha, pero que sí sabe distinguir una camiseta con marca comercial de una camiseta con logotipo de algún partido político. Habrá muchas cosas que legislar, desde la reforestación hasta la integración de patronatos de museos  inútiles y costosos, pero mientras no seamos capaces de diseñar un modelo electoral simple y transparente, la corrupción y sus consecuencias seguirán asolando el país. 

Mientras prevalezca la impunidad y los compadrazgos políticos de dudoso sustento y de cuestionable contribución al bien común. 

La sentencia que reconfiguró el Congreso del Estado

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Todo sistema electoral busca fundamentalmente “traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos” (Proyecto ACE). Las familias de sistemas electorales, según Colomer (2001), se clasifican en tres tipos: i) sistemas mayoritarios (reglas de un solo ganador); ii) sistemas proporcionales (reglas de múltiples ganadores), y iii) sistemas mixtos. El sistema electoral para integrar el Congreso del Estado de Nuevo León es mixto: 26 diputaciones electas por mayoría relativa (MR) y 16 diputaciones electas por el principio de representación proporcional (RP).

La aplicación de las reglas jurídicas sirvieron de fundamento para que la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinara que para la Legislatura 2018-2021 el Congreso se integraría de la siguiente forma: el PAN con 16 curules (12 de MR y 4 de RP); el PRI, 6  (2 de MR y 4 de RP); el PT, 4 (3 de MR y 1 de RP); el PVEM, 1 (solo RP); MC, 3 (1 de MR y 2 de RP); PNA, 1 (solo RP); MORENA, 8 (5 de MR y 3 de RP); y PES, 3 (solo de MR). (Acuerdo CEE/CG/2017/2018). 

El total de escaños que correspondieron al PRI fue producto de que este partido se encontraba sub representado. En efecto, en el artículo 116, fracción II de la Constitución General se establece que “en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.” Para la CEE, el PRI estaría sub representado con 5.6850 diputaciones, por ende, el cálculo final para este partido fue de 6 curules: 2 de MR y 4 de RP.

En contra del acuerdo se presentaron 11 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), por diversas causas. Una de las que el TEE les dio la razón a los inconformes, fue que la CEE debió estimar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en la entidad como un partido político, para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, incluidas las fórmulas sobre los límites de la sobre y sub representación política. (JI-257/2018 y acumulados). Para ello, el Tribunal estimó aplicable una tesis relevante de 2007 en la cual se establece que los límites de sobrerrepresentación les aplican a las coaliciones como si se trataran de un partido (Tesis XXIII/2007). Un razonamiento esencialmente igual fue utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y con ello se le restaron a MORENA 10 escaños del Congreso de ese estado. (JDCL/434/2028 y acumulados). Incluso, el TEE afirmó en la sentencia que la CEE obró de forma incorrecta porque cuando los partidos coaligados (MORENA, PT y PES)  registraron sus listas plurinominales, debió habérseles advertido que debían presentar una sola lista por la coalición para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional (p. 15). 

Como consecuencia de este criterio del TEE, la nueva distribución se modificó toda vez que para el Tribunal al PRI le correspondían dos diputaciones más de representación proporcional para compensar la sub representación en la que aún se encontraba y, por ende, dichos escaños se tomaron de la Coalición Juntos Haremos Historia, uno de MORENA y otro más del PT. Los demás partidos quedaron exactamente igual que en el acuerdo original de la CEE.

El criterio utilizado por el TEE en su sentencia del 10 de agosto reconfiguró la integración del Congreso del Estado. No obstante, desde mi perspectiva, se trata de una reconfiguración cuya vida será efímera. Enseguida mis razones.

En primer lugar, considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) para efectos de la distribución de escaños y la verificación de límites constitucionales,  desatiende el espíritu de la reforma de 2008 conforme a la cual, las candidaturas que compiten en coalición aparecen en las boletas tantas veces como partidos estén coaligados. Desde este sentido, las labores de escrutinio y cómputo en casilla deben contemplar las distintas formas de combinación de las coaliciones, porque a nivel de casilla lo que importa es saber cuántos votos obtuvo cada candidatura (art. 426 del Reglamento de Elecciones), sin embargo, la distribución de los votos entre los partidos coaligados para efectos de los cómputos y la distribución de escaños, debe realizarse “igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación” (arts. 311.1.c] de la LGIPE y 81 BIS 7 de la Ley Electoral del Estado). Estas normas se crearon para que los partidos coaligados no se otorgaran votos entre sí de forma artificial a través del convenio de coalición, y su fuerza electoral fuese solo el producto de los votos emitidos por los electores, en las diversas combinaciones de votación para cada coalición. En efecto, tal fue la intención del legislador en 2008, según puede corroborarse en la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

La Iniciativa propone que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. (DOF del 14 de enero de 2008).

La sentencia del TEE parece olvidar esta razón y por ello, incorrectamente, considera a la Coalición JHH como un solo partido, cuando la distribución y la sobre y sub representación debe observarse para cada partido coaligado.

En esta misma línea argumentativa, la tesis que usa el TEE para fundar su criterio es, primero que nada, solo un criterio orientador, dado que no constituye jurisprudencia; y en segundo término, su creación como tesis relevante es, precisamente, anterior a la reforma de 2008 que antes señalé, por lo que resultaba inaplicable para la reconfiguración del Congreso.

En segundo lugar, si el TEE hubiese investigado, así fuera de forma superficial, el comportamiento del INE en el acuerdo de distribución y asignación de curules de representación proporcional de la elección de 2015, habría corroborado que la distribución de curules y, por ende, la verificación de la sobrerrepresentación, se realiza por cada partido político, y no considerando a cada coalición como un partido político. De hecho, apenas hace un par de días, el Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente para 2018 y en ningún momento considera a la Coalición JHH como un solo partido político (INE/CG1181/2018); en efecto, en el acuerdo se determina que el PT, no la Coalición JHH, se encontró en sobrerrepresentación (p. 36). Por qué el Tribunal toma un criterio sin sustento en los precedentes del órgano regulador de las elecciones en el país es una incógnita. Lo que me parece claro es que su razonamiento podrá ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En efecto, y este sería mi tercer argumento, recientemente, la Sala Toluca del TEPJF modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México a que hice mención líneas arriba. En su sentencia, la Sala Toluca determinó que MORENA, PT y PES tenían razón en sus agravios porque para efectos de representación proporcional no conforman una unidad y, por ende, los límites de sobrerrepresentación están referidos “a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos que conformaron la coalición.” (ST-JRC-135/2018 y acumulados). Muy probablemente este podrá ser un criterio que utilice la Sala Regional Monterrey y, por tanto, la reconfiguración del Congreso ordenada por el TEE tendrá una muy breve duración.

Por último, no logro explicarme cómo es que un juzgador puede dejar de observar la voluntad expresa del legislador. Como se sabe, en 2017 se aprobó una reforma electoral que, entre otras cosas, introdujo al sistema electoral de Nuevo León la figura de las listas plurinominales. Una de las novedades fue que, además de las candidaturas de mayoría relativa, “cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera simultánea.”  Esta fue la voluntad expresa del legislador: que cada partido político, no cada coalición, registrara las candidaturas plurinominales. El TEE desconoce con su sentencia la voluntad expresa del legislador y, además, obvia el modelo que para la elección de diputaciones federales plurinominales determina la Legislación General: “La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional…” (art. 238.4 LGIPE). De hecho, no solo desconoce la voluntad del legislador, también deja de ser congruente con sus propias sentencias, como la que dictó el 28 de febrero de este año, en el expediente JI-15/2018, en donde, para resolver el problema planteado por el PAN en el sentido de si los partidos estaban obligados a registrar las dos fórmulas plurinominales, el TEE en ningún momento razona en su sentencia que esta obligación corresponde tanto a partidos como a coaliciones.

En síntesis, la sentencia del TEE que reconfiguró el Congreso del Estado tendrá efectos efímeros, porque para la distribución y asignación de diputaciones de representación proporcional, y para la verificación de límites constitucionales como la sobrerrepresentación, no se debe tomar a las coaliciones como un solo partido político.