El Contra-Informe: Los ciudadanos tenemos otros datos Presidente

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El pasado domingo 1 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en Palacio Nacional su Primer Informe de Gobierno; el tercero para su cuenta personal, es decir: el primero, el informe que dio con motivo de los primeros 100 días de gobierno; el segundo, realizado el 1 de julio del 2019 para de celebrar un año de la elección que le dio el triunfo y tercero, el que por mandato Constitucional obliga al Presidente de la República a enviar al Poder Legislativo el estado actual que guarda la Administración Pública Federal.

La realidad es que no importa el número del informe sino el contenido del mismo, pues realmente, si de informes hablamos, el Presidente informa diariamente vía su conferencia “mañanera”. En fin, esta columna esta lejos de ser un resumen del informe, que por cierto, en forma y fondo no hubo nada nuevo; sin embargo, es importante apuntar brevemente algunos datos que citó durante el mismo y que no son precisamente los mismos datos que “la oposición moralmente derrotada” -como los llamó en el informe-, la sociedad civil y muchos ciudadanos tenemos.

Es cierto que hay rasgos que presumen la construcción de un nuevo régimen, el problema es que aún no alcanzamos a ver hacía donde nos está llevando como país el nuevo gobierno. Tomando en cuenta que el Presidente ha sido caracterizado por llevar una política de simbolismos, una gran oportunidad para ilustrar esta “cuarta transformación” hubiese sido el cambio de formato que le dio a su informe. Hay que recordar, que desde el ex Presidente Vicente Fox, ningún Presidente ha rendido su informe en el Palacio Legislativo de San Lázaro (Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora AMLO), abriéndolo a discusión con los líderes de las distintas bancadas. 

Lo anterior es de lamentar, pues un Presidente que promueve en su discurso la libertad de expresión, el debate y la rendición de cuentas, y que incluso, la izquierda y Andrés Manuel criticaron en varias ocasiones el que los Presidentes no rindieran su informe frente a Diputados y Senadores, no acudiera al Congreso de la Unión, dejó un sabor antidemocrático de mucha opacidad.

En fin, entrando a los datos duros de dos temas fundamentales para el desarrollo del país como lo son la economía y la seguridad:

En el tema económico, vamos de mal en peor, en el primer año del gobierno antecesor, la economía creció 0.8%, comparándolo con el mismo periodo del actual gobierno, la economía estuvo a punto de entrar en una recesión, pues crecimos 0.0%. es decir, absolutamente nada. 

Los logros económicos en cuanto a la inversión extranjera directa (IED) fue algo que el Presidente no dejó de presumir, incluso argumentando que era la más alta en la historia del país para un primer trimestre, lo cual es totalmente falso; según datos de la Secretaría de Economía en 2013 la IED alcanzó su más alto histórico con 31,300 millones de dólares, comparada la cifra con la de este 2019 que es de 18,102 millones de dólares. Dato muy engañoso.

En cuanto a la generación de empleo, falso que vamos bien, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este año se crearon 306,014 empleos, sin embargo lo que no dijeron, fue que si lo comparamos con los primeros 6 meses del año pasado se crearon 530,789 empleos, es decir, 42% más que este año en el mismo periodo.

En materia de Seguridad -sin duda el flagelo más grande que tiene este país- estamos peor que nunca, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con más de 17,000 asesinatos, el primer semestre de 2019 fue el más violento en la historia de México; Siendo Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Morelos los estados con el nivel más alto de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Además, durante el primer semestre de este año, según el Semáforo Delictivo, delitos como la extorsión, violación, robo a negocio, feminicidios, violencia familiar, secuestros y evidentemente homicidios, registraron un aumento considerable. Por ejemplo, se incrementó un 35% el delito de extorsión y 9% los feminicidios. Siendo este último un tema de especial atención, pues no podemos permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia que se siga asesinando a mujeres en el país por el simple hecho de ser mujer. 

Si bien es cierto que la violencia y descomposición institucional es heredada por gobiernos anteriores, ese argumento deja de ser válido a partir de ahora, pues a un año de tomar protesta, no se ve clara cual es la estrategia integral de seguridad del nuevo gobierno. Ojo, si se está pensando que la Guardia Nacional va a contener la inseguridad del país están cometiendo un grave error. 

Sin embargo, en el país que el Presidente observa: en México por fin se logró la separación del poder político y el poder económico, ya vivimos en un auténtico Estado de Derecho, el poder Ejecutivo ya no interviene en los otros poderes ni se entromete en las decisiones de órganos autónomos y se desterró la corrupción y la impunidad. Si es así Presidente, efectivamente, los ciudadanos tenemos otros datos.

En fin, este fue un informe de mucho discurso y pocos datos, y muchos de ellos, falsos, engañosos o inexactos; pero nada de qué sorprendernos, pues los informes de gobierno hace mucho que dejaron de ser lo que deberían ser: un autentico acto de rendición de cuentas.

Reforma Educativa es declarada constitucional

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Este miércoles, el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma educativa.

Al comenzar la sesión, el presidente de la Comisión Permanente, Martí Batres Guadarrama, dio cuenta de los Congresos locales que aprobaron en menos de una semana las reformas a los artículos tercero, 31 y 73 de la Constitución estos son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango y Guerrero.

Así como, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Puebla, Quintana Roo y la Ciudad de México.

“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión declara aprobado el decreto con el que se reforman disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, aprobado el 09 de mayo de 2019. Se remite al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación”, señaló el legislador morenista.

“Manifiesto mi reconocimiento por la reforma aprobada, representa un paso significativo de los trabajos del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Expreso mi respeto y reconocimiento a la postura de los grupos parlamentarios  y su desempeño responsable, que permite alcanzar un avance en la educación en México”, añadió.

En cuanto se publique el decreto en el Diario Oficial, entrarán en vigor todas las disposiciones de la ley.

Lo anterior, pese a que la inconformidad prevalece en sectores del magisterio encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que incluso este miércoles marcharon en la Ciudad de México, de San Cosme al Zócalo capitalino, para expresar su rechazo a las modificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Hay 222 fosas clandestinas con 237 cuerpos en México

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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo hay un registro de 22 fosas clandestinas en 81 sitios en todo el país, donde se han encontrado 237 cuerpos.

Encinas dijo que nunca ha existido un registro de fosas, por lo que una de sus prioridades es contar con uno y para comenzar hicieron un conteo con base en registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones como Artículo 19 y Datacívica, y de investigaciones  periodísticas como “El país de las 2 mil fosas” de Quinto Elemento Lab.

“En nuestro país siempre se ocultó o minimizó la información, incluso se envió al marasmo de los datos estadísticos donde los casos de desaparición forzada o por particulares se mezclaban con los datos de homicidios cometidos todos los días a pesar de que la mayor parte de los restos encontrados en las fosas clandestinas se habían cometido con muchos años de anterioridad”, dijo el funcionario en su conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El subsecretario detalló que Colima y Tabasco son los estados con más sitios con fosas con 11, le sigue Sonora y Zacatecas con 1o, y Guerrero y Jalisco con ocho. Mientras que Veracruz es donde más han localizado fosas con 76, abajo esta Sonora con 35, Sinaloa con 23, Guerrero con 20 y Colima con 12.

Encinas mencionó que el personalmente asiste a donde se encuentran las fosas para hacer un acompañamiento a las autoridades y a los familiares.

Por último explico cuatro puntos de acción para que se llevarán a cabo para atender esta problemática.

  1. Conformar un Registro Nacional de Fosas con información de la Subsecretaria, de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR), de los estados, colectivos y fuentes verificables.
  2. El CNB presentará cada 15 días un informe con el número de sitios, fosas y cuerpos.
  3. Fortalecer el Servicio Médico Forense (Semefos), anfiteatros y laboratorios de genética.
  4. Realizar planes regionales de búsqueda en los que participarán colectivos de búsqueda, servicios periciales de la FGR, la División Científica de la Policía Federal (PF), la Cruz Roja, la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el equipo argentino de Antropología Forense.

 

Predicar con el ejemplo: Las designaciones anticorrupción

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“Predicar con el ejemplo”, “el buen juez por su casa empieza”, “candil de la calle…, obscuridad de su casa”, son expresiones cuyo significado se relaciona con ciertas situaciones decisionales relevantes, en las cuales las personas decisoras tienen un deber mayor que otras porque la decisión por sí misma es un ejemplo para más personas o para otras situaciones. 

Así, por ejemplo, en la vida cotidiana se exige de padres y madres que las decisiones que tomen sean ejemplares para sus hijas e hijos. En la vida pública, por su parte, se espera que los juzgadores sean justos no solamente en sus sentencias, sino incluso en su actuar dentro del tribunal o juzgado que dirigen. Las designaciones anticorrupción caen, sin duda, en este supuesto de mayor exigencia que cualquier otra designación. 

Recientemente, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han puesto el parámetro de exigencia mayor respecto de designaciones de magistraturas anticorrupción en al menos dos aspectos: Primero, por lo que hace a un nivel de justificación elevado en cuanto a los méritos y las capacidades de las personas designadas y, segundo, en cuanto a la necesidad de convocatorias públicas para justificar precisamente dichas calidades.

El primer criterio se deriva de la sentencia dictada en el Amparo en Revisión 311/2018 (Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito). Este asunto deriva del amparo estratégico que presentaron las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y en el cual el Juez Octavo de Distrito del Primer Circuito Judicial del país les concedió la razón en el sentido de que las designaciones debían justificarse en cuanto a su idoneidad por parte del Ejecutivo y la Cámara de Senadores estaba obligada a motivar de forma reforzada la ratificación de dichos nombramientos (Amparo Indirecto 589/2018).

El 4 de abril el Tribunal Colegiado antes señalado confirmó la obligación de que las designaciones y ratificaciones de las Magistraturas Anticorrupción del Tribual Federal de Justicia Administrativa están sometidas a un deber mayor de las autoridades que participan en dicho proceso, por la naturaleza del sistema anticorrupción (71). En este mismo sentido, para este tipo de designaciones no es suficiente con enunciar datos curriculares y experiencia personal como prueba de idoneidad (89); esto es, no se trata de una obligación meramente formal, sino que debe justificarse suficientemente que las personas propuestas son las idóneas para el puesto. Pero no en términos genéricos, sino incluso, señala el Tribunal Colegiado, en razón de los atributos de idoneidad de servidores públicos especializados (85). En suma, la designación y ratificación debe contar con una motivación reforzada, porque se trata de una decisión que involucra derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos (99), como son las designaciones en el SNA.

El segundo criterio deriva de la sentencia que se dictó el pasado 26 de marzo por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito del país en el Amparo en Revisión 35/2019. Este asunto también se relaciona con designaciones de magistraturas administrativas, pero del estado de Colima, y también dentro del Sistema Local Anticorrupción. En esencia, el quejoso en este asunto se inconformó porque la designación llevada a cabo por el Ejecutivo y el Congreso de dicho estado se fundó en normas que no contemplaban la expedición de una convocatoria para ser designado para dichos cargos, con lo cual se violentaba su derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad y la independencia judicial de dicho tribunal.

El referido órgano judicial de circuito le dio la razón al quejoso. En efecto, en la sentencia se confirma que “las disposiciones impugnadas al no prever la participación de la sociedad en igualdad de circunstancias, por no contemplar que se emita una convocatoria en el proceso de selección de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa llevado a cabo por las autoridades responsables, es inconstitucional e inconvencional, pues transgreden el derecho del quejoso a participar, en igualdad de condiciones, para acceder al cargo de Magistrado…” (120). Debe señalarse que en este caso las normas aplicadas para las designaciones impugnadas no contemplaban expresamente la obligación de la expedición de una convocatoria, es por ello que tanto las reglas como el acto de nombramiento son contrarios a la Constitución porque no se respeta plenamente el derecho a la igualdad de todas las personas que hubieren deseado concursar para el cargo.

Como puede apreciarse, designaciones tan importantes como las magistraturas del SNA deben contar con una motivación reforzada para justificar la prueba de idoneidad, de méritos y capacidades de las personas designadas y ratificadas. Y por lo que hace a los nombramientos correspondientes a las magistraturas de los SLA, éstos deben ser consecuencia de una convocatoria pública en donde se respete y garantice la igualdad de oportunidades de todas las personas interesadas en participar. En otras palabras, es en las designaciones anticorrupción en donde debemos esperar parámetros de designación con mayores niveles de transparencia, de pruebas de idoneidad especializada y de decisiones regladas. Esto, por la importancia constitucional de las designaciones y, además, porque tales nombramientos deben ser la guía para todo el sistema y, así, evitar los riesgos de captura de tales cargos.

Es en este último sentido que, como señalé en mi colaboración anterior, en Nuevo León está pendiente la resolución de un juicio de amparo al efecto de que se resuelva, por un lado, la obligatoriedad de la emisión de una convocatoria pública para la propuesta y designación de la persona más idónea para la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL) y, por la otra, que sí existe un real conflicto de interés cuando un integrante del Comité de Selección es designado como Secretario Técnico con el voto de aquellos a los que él mismo nombró como miembros del Comité de Participación Ciudadana.

En suma, esperamos que en las designaciones anticorrupción en Nuevo León, y en todo el país, se predique con el ejemplo.

No hubo homicidios en 15 estados ayer, informa AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de ayer no hubo homicidios en 15 estado de la República, esto de acuerdo a los datos recopilados por su gabinete de Seguridad.

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro,San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no registraron ningún homicidio, aseguró López Obrador.

De acuerdo con el reporte diario que recibe el gobierno de fiscalías estatales y dependencias sobre incidencia delictiva, ayer hubo 62 asesinatos.

Chihuahua y el Estado de México fueron las entidades con más delitos, 10 y 9, respectivamente. Le siguen Guerrero con cinco; Baja California, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tamaulipas con cuatro; Puebla con tres; Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas con dos; y Coahuila uno.

“Nosotros estamos desde las 6 de la mañana, ya se hace pública (la lista de incidencias), va por estado, pero todos los días esta es nuestra preocupación”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño aseguró que el plan para combatir la inseguridad esta funcionando y espera que con la Guardia Nacional haya mejores resultados.

Gobernadores quieren Guardia Nacional con mando civil

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Con la presencia de gobernadores, senadores y diputados iniciaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro las audiencias públicas para discutir y enriquecer el dictamen de la Guardia Nacional.

Seis gobernadores se pronunciaron a favor de la Guardia Nacional pero con ciertas condiciones: que sea temporal, con un mando civil y sin facultades para investigar delitos.

Mientras que el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, pidió no perder el tiempo en el debate por ideologías, prejuicios y temores.

“No podemos tener un falso debate, una simulación o una simplificación de términos. Hay que analizar lo que está ocurriendo en nuestro país y la respuesta que vamos a dar”, expresó y en ese sentido sostuvo que es responsabilidad de todos terminar con la estrategia de guerra, para dar inicio a la construcción de la paz.

Delgado Carrillo agregó que hay una propuesta que ha hecho el presidente de la República para, desde la Constitución, diseñar una institución que sea capaz de enfrentar la ola de inseguridad.

Los legisladores convocaron a audiencias públicas entre el 8 y 12 de enero en la Cámara de Diputados, para escuchar las opiniones de especialistas y ciudadanos, previo a la discusión del dictamen con el que se crearía la Guardia Nacional.

En la primera audiencia pública participaron los gobernadores de Campeche, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Colima y Zacatecas. Estos fueron sus posicionamientos:

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Gobernador de Campeche y Presidente de la CONAGO

Dijo que es “bienvenida la Guardia Nacional” siempre y cuando se respete el federalismo, las soberanía estatales y que prive el trabajo conjunto y respeto a los derechos humanos.

Reiteró su gratitud a las Fuerzas Armadas. “Su nacionalismo está fuera de toda duda y mucho le agradecemos lo que han hecho por nuestro país. Por ello consideramos que la Guardia no debe ser una institución clonada de las fuerzas Armadas ni militarizar al país. hay que profesionalizar policías pero es una labor que llevará años”.

Silvano Aureoles. Gobernador de Michoacán

El michoacano agradeció el apoyo de las Fuerzas Armadas pero rechazó que éstas se encarguen de la seguridad pública.

Aunque dijo que es necesario un marco legal de actuación. “Es falso que el problema de seguridad pública se va a resolver sólo con el Ejército y la Marina y las calles”.

Se pronunció por fortalecer a las policías civiles de manera paralela a las tareas que realice la Guardia Nacional, la cual debe “transitoria” y debe estar regulada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Es muy riesgoso dejarla exclusivamente a la Guardia bajo un régimen militar“.

Gobernador de Guerrero. Héctor Antonio Astudillo Flores

“La Guardia Nacional no va a resolver el problema de la inseguridad pero algo tenemos que hacer. Sería una responsabilidad dejar las cosas como están” dijo Astudillo.

Gobernador de Querétaro. Francisco Domínguez.

Señaló que la Guardia Nacional debe respetar la soberanía de los estados y aseguró que no todos los policías del país son corruptos.

Dijo estar a favor de que se privilegie la coordinación institucional y recalcó que la Guardia Nacional debe tener mando civil.

Gobernador de Colima. José Ignacio Peralta.

El mandatario dijo que está de acuerdo en que se ha debilitado la respuesta del Estado ante la actividad delictiva y que la inseguridad pública es un fenómeno multifactorial.

Por ello consideró que la Guardia Nacional puede ser una respuesta adecuada frente a los poderes criminales, no obstante dijo que es necesario que se cree un Sistema Nacional de Prevención del delito, así como dar mayores recursos para la seguridad a los estados.

“Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas las cosas estarían peor en mi estado. Por ello les agradezco. Propongo que la permanencia de la Guardia sea evaluada periódicamente. La situación es de emergencia”, concluyó.

Gobernador de Zacatecas. Alejandro Tello Cristerna.

Se pronunció a favor de la Guardia Nacional pero con mando civil.

Señaló que no se puede olvidar el desarrollo de las policías municipales y que la Guardia no debe ser permanente, además de que se debe aplicar control de confianza a sus elementos.

También rechaza que este nuevo cuerpo de seguridad tenga facultades de investigación pues eso corresponde a las fiscalías autónomas.

Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

INE descarta asumir elecciones extraordinarias en Monterrey

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El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova reveló que el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, envió una carta en la que le solicitó atraer toda la organización de la elección extraordinaria de Monterrey, pero, dijo, que no es posible jurídicamente porque el proceso está en marcha.

Además, explicó que la ley no contempla la posibilidad de que el Mandatario estatal pueda realizar esa solicitud, pues no está en sus atribuciones.

En tanto, la oficina de la presidencia del INE trabaja junto con la dirección jurídica para contestar la carta que Rodríguez Calderón envió ayer al consejero presidente, en la que solicita que el órgano electoral asuma la organización total de la elección, lo que significaría también asumir el cien por ciento de los costos.

Además, el presidente del INE recordó que el organismo electoral a su cargo ya aprobó la erogación de recursos, que esperan le sean resarcidos, para hacerse cargo de las tareas que le corresponden en esa elección extraordinaria.

El lunes pasado, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó erogar 14.7 millones de pesos para tareas vinculadas a la elección extraordinaria de Monterrey del próximo 16 de diciembre, relacionadas con impresión de listas nominales, capacitación de funcionarios de casilla y diversos asuntos de organización electoral.

Córdova explicó que el Ayuntamiento de Monterrey es una elección que implica un despliegue más grande, incluso, que el que tuvo el Instituto cuando asumió por órdenes del Tribunal Electoral, la elección extraordinaria de Gobernador en Colima.

Hay que recordar que “El Bronco” se ha negado a aprobar recursos por 44.7 millones de pesos al Consejo Electoral del Estado.

Aumentan durante el mes de septiembre los homicidios dolosos

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La violencia en México no cede. Luego de que en agosto se registrara un ligero descenso en los homicidios, en septiembre la cifra volvió a elevarse y con ello el número de personas asesinadas ya es de más de 25 mil en lo que va del año. Se trata de un incremento de más el 85 por ciento en los asesinatos en México, en un lapso de tres años.

Las estadísticas actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que septiembre dejó un saldo de dos mil 894 víctimas de homicidio, a los que se suman 71 mujeres víctimas de feminicidio. El total es de 2 mil 965 personas asesinadas.

El saldo de septiembre refleja un ligero repunte respecto a agosto, en donde el balance fue de 2 mil 933 personas que perdieron la vida violentamente. Esto pese a que septiembre tuvo incluso un día menos respecto al mes anterior.

En el caso específico de las carpetas de investigación abiertas por el delito de homicidio doloso (sin contar feminicidios), septiembre de 2018 es el segundo mes con la cifra más alta de incidencia delictiva de la historia: en total dos mil 542 carpetas iniciadas. Solo superado por julio de este mismo año que registró 2 mil 604.

El balance oficial de víctimas de feminicidio y homicidio en lo que va de 2018, transcurridos nueve meses del año, asciende a 25 mil 394 personas. Estos números confirman un incremento en la violencia que no ha podido frenarse en la segunda parte del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Los datos oficiales son claros. En 2015 la cifra de asesinatos de enero a septiembre era de 13 mil 700 víctimas; para 2016 crecía 17 mil 40, y en 2017 (año que ya era récord en violencia) el balance hasta septiembre era de 21 mil 460 víctimas.

Esto es un incremento superior al 85 por ciento de homicidios y feminicidios en tres años, y un alza del 18 por ciento tan solo en comparación con 2017 que, hasta ahora, había sido el año más violento de las últimas dos décadas.

En promedio, este año son asesinadas en México cuatro personas cada hora, o lo que es lo mismo, más de 94 hombres y mujeres que pierden la vida de forma violenta todos los días.

Los estados con la mayor tasa de homicidios dolosos en lo que va del año son Colima, con 58.84 casos por cada cien mil habitantes; Baja California con una tasa de 56.67 casos; Guerrero con 46.70; Chihuahua con 37.39, y Guanajuato con 32.49.

En el caso de feminicidios los estados con mayor incidencia de enero a septiembre de este año son Guerrero, con una tasa de 2.30 víctimas por cada cien mil mujeres; Nuevo León con una tasa de 2.18; Zacatecas con 2.17; Sinaloa con 2.13, y Chihuahua con una tasa de 2.11 casos por cada cien mil mujeres.

Al menos 25 millones de personas fueron víctimas de algún delito en 2017: INEGI

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Al menos 25.4 millones de personas de 18 años o mayores fueron víctimas de algún delito, principalmente robo o asalto en la vía pública o en el transporte público durante el 2017.

Lo anterior representa una tasa de 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, que se dio a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por lo que hubo un incremento en números absolutos de 1.2 millones de víctimas, con respecto al 2016, donde 24.2 millones de personas dijeron que habían sufrido algún delito.

Los delitos que más se presentaron fueron el robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión, el fraude, robo total o parcial de vehículo, amenazas verbales y robo a casa habitación.

La mayor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes la encabezaron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Colima.

A pesar de todo, solamente el 7 por ciento de los delitos se denunciaron ante el Ministerio Público, por lo que la cifra negra alcanza un 93% a nivel nacional.

El costo total que provoca la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 299.6 mil millones de pesos, lo cual representa el 1.65 por ciento del PIB; y equivale a un promedio de 7 mil 147 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.