Jueces federales en vario estado del país ha empezado a ordenar que se vacuna contra el COVID-19 a menores de 18 años, por considerar que su derecho a la salud tiene preeminencia sobre las reglas de la Política Nacional de Vacunación (PNV).

Ocho de quince jueces que han recibido 47 amparos de padres de familia han concedido suspensiones en las últimas dos semanas, mientras que otro más la negó para los mayores de 12 años sin problemas de salud, pero la otorgó a uno que padece una anomalía cardiaca.

En total, quince suspensiones han sido concedidas en la Ciudad de México, Naucalpan, Nezahualcóyotl, San Luis Potosí y Querétaro, mientras que 31 han sido negadas en las dos primeras ciudades, Puebla y Monterrey.

“En la política pública en materia de salud contenida en la PNV no se advierte que hubiere justificado el motivo de exclusión a los menores de 18 años, se les debe proteger de igual manera por ser considerados que están en riesgo de contraer el virus de COVID-19”, señaló el juez Francisco Javier Rebolledo, al ordenar el 18 de agosto que se vacune a dos niños.

Por su parte, la jueza de San Luis Potosí, Laura Coria, que ordenó vacunar a una niña, destacó, como varios de sus colegas, que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el 24 de junio el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer/BioNTech para el grupo de 12 a 17 años.

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de San Luis Potosí respondió a la jueza que la Secretaría de Salud federal, que ha impugnado las suspensiones ante tribunales colegiados, solo autoriza esta vacuna para segundas dosis de menores que recibieron la primera en Estados Unidos, pero este lunes, Coria reiteró su orden de valorar a la menor quejosa, y de ser el caso, aplicarle la primera dosis.

La valoración médica previa para determinar si los menores pueden recibir la vacuna es un matiz de todas las suspensiones, y algunos jueces han reflejado, en sus sentencias, la dificultad de oponerse a los planes de la Secretaría de Salud.

El Juzgado Noveno de Distrito de Nezahualcóyotl ha concedido siete suspensiones en las que ordena la vacuna porque los menores “corren mayor peligro de contagiarse” con el regreso a clases presenciales el 30 de agosto, pero al mismo tiempo, aclara que no pretende alterar la calendarización de la PNV, dada la escasez de vacunas. México ha recibido 27.8 millones de dosis de Pfizer, 29,6% de todas las recibidas.

El juez Quinto en Materia Administrativa en la CDMX, Juan Carlos Guzmán, ha negado doce suspensiones, pero el 20 de agosto ordenó vacunar a un niño que padece la anomalía de Ebstein, un padecimiento cardíaco, criterio similar al de un juez de Querétaro que en julio ordenó inmunizar a una adolescentes con síndrome de Cri du Chat.

Cabe mencionar, que en uno de los amparos, los padres quejosos incluyeron como acto reclamado las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador del 27 de julio, cuando dijo que México no será rehén de las farmacéuticas, y solo comprarán vacunas parónimos si lo dicen los científicos y organismos internacionales.

(Con información de Grupo Reforma)