AMLO asegura que habrá diálogo con gobernadores, no pelea

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Esta mañana, el presidente de la República aseguró que no habrá confrontación con los gobernadores para la operación del semáforo con el que se pretende regular la reapertura económica del País, tomando en cuenta los riesgos sanitarios.

En conferencia de prensa, fue cuestionado sobre las exigencias de los Ejecutivos estatales, quienes han demandado a la Secretaría de Gobernación que se permita que los semáforos puedan operar desde los estados.

En respuesta, el presidente, ofreció diálogo y se dijo abierto a construir un consenso sobre ese mecanismo, que entrará en vigor a partir de junio.

Ante la pregunta de cómo resolvería esta situación respondió: “Pues con diálogo, no peleándonos, buscando los acuerdos y también no obligando a nadie. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho“.

Esta reacción sucede luego de que ayer, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el semáforo de reactivación es uno, y es federal. “La respuesta es tajante: El semáforo es federal. Tenemos, yo creo, que tener una coordinación federal“, advirtió.

Sin embargo, los Gobiernos de estados como Jalisco y Nuevo León adelantaron que no habrá subordinación a los criterios de la Federación. Y otros como Guanajuato ha puesto en marcha su propio semáforo para graduar la reapertura económica de la entidad.

Por su parte, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que (los estados Gobernados por el PAN) quedaron de enviar sus observaciones sobre el mecanismo entre hoy y mañana a la Segob, con la finalidad de que sus planteamientos sean tomados en cuenta.

El Presidente confirmó que será mañana jueves cuando se realice una nueva evaluación sobre la reapertura, incluida la posibilidad de un regreso a clases regional. Y anunció que la decisión final será anunciada este viernes.

Con información de El Norte

 

Advierte López-Gatell que en Nuevo León y Jalisco apenas va a empezar la epidemia del COVID-19

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El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que Nuevo León y Jalisco apenas van a empezar epidemias de COVID-19.

En su conferencia diaria de seguimiento de la pandemia en México, López-Gatell expuso que la realidad de la pandemia es diferente por municipios y entidades, por lo que las medidas de restricción de movilidad no pueden mantenerse de manera homogénea y permanente.

“Tenemos estado, por ejemplo Nuevo León y Jalisco, que apenas van a empezar con sus epidemias y no pueden mantener un nivel extremadamente intenso de restricción de la movilidad de forma permanente”, señaló el subsecretario de Salud.

El funcionario indicó que estas entidades podrían salir de la pandemia en junio, julio o agosto, sin embargo, en el caso de Monterrey, habrá un desfase mayor.

“Nuevo León y Jalisco eventualmente van a tener una epidemia y por lo tanto las salidas de esas epidemias van a estar en junio, julio y agosto. Puede haber un desfase tan grande, puede ser que una zona metropolitana se vaya hasta finales de septiembre con transmisión; este puede ser el caso de Monterrey”.

Por otro lado, explicó que la decisión de algunas entidades de no abrir los llamados municipios de la esperanza este 18 de mayo es una decisión respetada, con base en la cautela y los criterios de cada entidad.

Las incongruencias del COVID-19

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Mientras los “Servidores de la Nación” trabajan de puerta en puerta, de llamada en llamada telefónica, para colocar en dos días 200 mil créditos a la palabra en las zonas urbanas del Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla, las autoridades de diferentes instancias de los tres niveles de gobierno, siguen alegremente con declaraciones contradictorias que no ayudan a entender cual es la verdadera situación de la pandemia en México. 

Mientras la Secretaría de Salud y Asistencia Pública, estima que había 104 mil 562 casos positivos de Covid-19 en el País, hasta la semana 15 de la epidemia, es decir, del 5 al 11 de abril, (¿quien sabe porque hasta hoy sueltan una información vieja de 3 semanas?), la sub secretaria de la misma dependencia, la que está en manos del mago de las proyecciones, reporta que al día 3 de mayo, ayer, había 23,471 contagiados, de los cuales ya fallecieron 2,154. 

El índice de mortalidad resulta bastante distinto según los números de contagiados. Lastima que el número reportado por la SSA resulta de extrapolación estadística y no de pruebas reales aplicadas para detectar los casos de contagio. Pruebas que fueron frenadas por la incapacidad de conseguir los reactivos necesarios, y cuando se había logrado conseguirlos, la autoridad federal la detuvo. ¿Porqué? 

Mientras el Dr. López Gatell anuncia el pico de contagiados para el 6 de mayo, aquí en Nuevo León, el secretario de salud, Dr. Manuel de la O, lo pronostica para final del mes de mayo. ¿3 semanas de diferencia sobre qué bases? Y obviamente, pide que el confinamiento se extienda hasta esta fecha. ¿Habrá medido las consecuencias económicas de tal recomendación? 

A nivel nacional, se incluyeron en las actividades esenciales la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el tren maya. Para esta obras, no se detiene la actividad. Imitando el ganso mayor, el alcalde de San Pedro Garza García, el independiente Miguel Treviño, está a punto de ordenar la reanudación de las obras públicas municipales, básicamente la terminación de los parques públicos. 

¿Será que los albañiles y contratistas de la obra privada en el municipio no comen o no tienen también necesidad apremiante de regularizar su actividad y sus ingresos? Y, el secretario de salud de manifestar su rechazo, sin poder impedir la decisión del alcalde. 

El Covid-19 está exhibiendo una muestra de las incongruencias de la administración pública. Incongruencias que no disminuirán el número de fatalidades de este difícil episodio histórico que vive el país, junto con el resto del planeta. 

Se han registrado 21 agresiones contra personal médico

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La jefa de División de Programas de Enfermería, Fabiana Zepeda, informó que en México se han registrado 21 agresiones a personal de enfermería en 12 entidades del país.

“Duele hablar de esto. Tenemos familia y estamos dejando muchas cosas”, dijo Zepeda en la conferencia de prensa de seguimiento de la epidemia del COVID-19 en México.

Las agresiones, detalló, se han dado en la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Puebla, Morelos, Coahuila, Guerrero, Quintana Roo y Durango.

Por su parte, la CONAPRED llamó a la población a evitar actos de estigmatización, discriminatorios o de violencia contra el personal de salud y las instalaciones hospitalarias que la población necesitan para superar la emergencia sanitaria.

La jefa de enfermeras lamentó los actos de violencia en contra de sus colegas.

Decretan aislamiento social obligatorio en Jalisco y Michoacán

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Jalisco y Michoacán implementaron a partir de este lunes aislamiento social obligatorio para contener la propagación de coronavirus en sus respectivas poblaciones.

En Jalisco, la medida fue dada a conocer por el Gobernador de la entidad Enrique Alfaro, en un mensaje difundido este fin de semana a través de sus cuentas en redes sociales.

En ese estado, los ciudadanos sólo podrán salir a la calle para lo estrictamente necesario, mientras que la población considerada de riesgo, como personas de la tercera edad, con hipertensión, diabetes o con síntomas de enfermedades respiratorias no podrán salir de casa.

Deberán continuar con las medidas de sana distancia y ahora el uso de cubrebocas en espacios públicos también será obligatorio.

De acuerdo con el Mandatario, solo podrán funcionar las actividades consideradas como esenciales, además de que no se permitirán reuniones, eventos o congregaciones de más de 50 personas.

“Queda prohibido el uso de espacios públicos como unidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales y comunitarios”, señaló el Gobernador.

Alfaro indicó que las autoridades municipales serán las responsables de hacer cumplir las medidas y de imponer las sanciones correspondientes.

Mientras tanto, en Michoacan, el Gobernador Silvano Aureoles informó también que las calles serán vigiladas por las autoridades y solo podrán circulan en ellas quienes tengan que desempeñar actividades esenciales, o tengan que adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, ir a hospitales o establecimientos sanitarios, trasladarse para asistir a  adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas con discapacidad, y quienes tengan que ir a bancos, seguros u otros motivos justificados. 

El Mandatario michoacano añadió que los que salgan a la calle deben acatar las medidas de salud decretadas por la autoridad, como la utilización de cubrebocas, desinfectado de manos y distanciamiento sociales.

A quienes no cumplan con la medida se les aplicarán sanciones que pueden ir desde una multa hasta el aislamiento obligatorio en uno de los diez centros de que se han instalado en todo el territorio michoacano.

La sanción también incluye realizar trabajo social comunitario, llevar apoyo alimentario a grupos vulnerables, elaborar cubrebocas y limpieza en hospitales y centros de salud.

Aureoles detalló que ante la emergencia, su Administración entregará apoyo alimentario para quienes han visto mermados sus ingresos.

“Se entregará apoyo alimentarios dignos y suficientes para quienes lo necesiten. La entrega se hará por las instituciones de seguridad en el estado, bajo de la Policía de Michoacán”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Corral se une a gobernadores que quieren renegociar el Pacto Fiscal

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El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, convocó a sus homólogos de Nuevo León (Independiente), Coahuila (PRI), Tamaulipas (PAN) y Jalisco (MC) a trabajar políticamente para cambiar la coordinación fiscal en el 2021 a partir de una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados.

En entrevista, el gobernador panista dijo que ante la crisis sanitaria, se ha dejado al descubierto la inequidad de la fórmula de distribución de recursos federales, como lo han denunciado los cuatro Gobernadores; no obstante, advirtió que no es momento de buscar un cambio sino de atender la crisis sanitaria y económica.

Corral comentó que: “Les propondría que nos organicemos para impulsar un reacomodo de fuerzas en la Cámara de Diputados que nos permita contar con una mayoría distinta, que no esté al servicio del Presidente, sino de la Nación, y que con esa nueva mayoría busquemos la reforma fiscal necesaria“.

Durante este mes de abril, este grupo de Gobernadores ha planteado públicamente la inequidad de la fórmula de distribución fiscal, dado que los mayores productores de riqueza no reciben una compensación equivalente.

Con información de Reforma

#ElNidoDelGavilán: “El Circo de Alfaro y Cia”

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En los últimos días, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se ha enfrascado en dimes y diretes con diversas autoridades. Hace 2 semanas comentábamos del ridículo del Gobernador con “las pruebas” que “nunca llegaron” porque el “proveedor ya no contestó el teléfono”. Ahora se ha enfrascado en discusiones estériles con el subsecretario López-Gatell, con diversos funcionarios y políticos y ahora critica el famoso “Pacto Fiscal”. 

Primeramente, él tanto como su colega Bronco no entendieron que hacer pruebas por hacerlas no tenía/tiene pies ni cabeza, no conocen a profundidad los tipos de pruebas y no son epidemiólogos como para querer clases de ello. Ahora, tampoco, entienden el Pacto Fiscal al que el señor Alfaro llamó “un abuso de la Federación”. Acusó que se financia a estados con desarrollo limitado o históricamente rezagados a costa de “nosotros los ricos”.

Olvidan que el Pacto Fiscal es una manera de redistribuir el ingreso y de promover el desarrollo en las entidades. Sí, el Pacto no es perfecto y se han priorizado determinados proyectos o favorecido determinados estados, eso es de siempre. Sin embargo, lo que no dice el señor Alfaro es que su dependencia en recursos federales en parte es por la incapacidad de cobrar eficientemente impuestos estatales. A partir de 2012, numerosos estados dejaron de cobrar la tenencia, un impuesto progresivo que impacta a los consumidores de mayores ingresos, pero que por medida populachera y electorera se quitó. Si no pueden cobrar impuestos como el refrendo vehicular, no quiero saber cuánto le costará crear su propio SAT.

Un discurso habitual es el cálculo de que a “los estados ricos” les dan menos de lo que aportan, lo cual en parte es cierto, pero graciosamente omite el financiamiento federal en IMSS, ISSSTE, escuelas públicas, entre otras cosas. Ahora, empoderados por los grupos empresariales que -sistemáticamente- han omitido el pago de impuestos buscan generar un golpeteo político al Presidente a modo de venganza política.

Alfaro y los que le han seguido quieren avivar un debate de aplausómetro para concentrar los recursos para sí y mantener la opacidad de los estados. Donde la historia nos dice que desde que se descentralizaron recursos para salud y educación con Fox y Zedillo, respectivamente, se desviaron fondos y tuvimos una década de gobernadores en la cárcel.

Alfaro y los gobernadores que le han hecho comparsa buscan una supuesta enemistad política con AMLO para ganar reflectores y posiciones para 2021. Estamos en una pandemia, en una guerra, la mezquindad política no conoce límites.

Lo dicho, dicho está.

Diputado morenista en la CDMX propone reforma para no pagar rentas

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El diputado morenista, Raúl Eduardo Bonifaz presentó una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para permitir que no se paguen rentas de casas habitación en casos de fuerza mayor.

Lo anterior, se refiere a catástrofes naturales como terremotos, temblores, tempestades, incendios, pestes o pandemias.

El legislador chiapaneco argumenta que hay en estos momentos poco más de 5 millones de viviendas arrendadas, lo que representa el 15 por ciento de todo el parque habitacional del país.

De acuerdo al Inegi, las entidades con mayor número de domicilios con estas características, son Quintana Roo, Jalisco y la Ciudad de México.

Bonifaz Moedano, quien es suplente de Zoé Robledo, actual director del IMSS, expresó que dichas cifras reflejan la importancia de tener la posibilidad de resarcimiento ante situaciones como la pandemia de COVID-19.

En la reforma legal se considera ajustar el contrato por el impedimento del pago establecido en el mismo, durante la recuperación o declaración del caso fortuito o fuerza mayor.

Una vez levantada la contingencia de la situación imprevista, se regularizaría el pago específico en el contrato, a no ser que las partes dispongan lo contrario.

Aunque la intención del diputado es que se valore a la brevedad su propuesta, lo cierto es que en estos momentos no hay sesiones en el pleno para poderla aprobar, debido a la contingencia sanitaria.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Van más de 346 mil despidos en México por COVID-19, informa la Secretaría del Trabajo

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Desde que inició la emergencia sanitaria, en México se han perdido 346 mil 878 empleos.

Así lo informó esta mañana la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien aseguró que las empresas más grandes han sido las que más han despedido personal.

A partir del 13 de marzo comenzamos a ubicar una caída en el empleo formal, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va del 01 al 06 de abril que es el corte que tenemos al día de hoy, es decir, entre el 13 de marzo y el 06 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo”, señaló la funcionaria en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Alcalde Luján detalló que 56 por ciento de los despidos se concentra en seis entidades: Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.

Y subrayó que la mayor pérdida de empleos ocurrió en empresas que tienen de 50 a más de mil empleados.

Las microempresas, de 1 a 5 trabajadores, han resistido y han mostrado más solidaridad a sus trabajadores, dando de baja una parte muy mínima (…) aquellas empresas que tienen mayor capacidad de resistencia son las que ante esta emergencia han separado trabajadores”, explicó.

Y añadió: No todas, son algunas, pero si se registra este tamaño empresas donde mayor separación ha habido de los trabajadores”.

Alcalde Luján insistió en que no existe fundamento para poder correr, despedir o dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia sanitaria.

Por lo cual, hizo un llamado a las empresas a reconsiderar, porque consideramos que es un momento fundamental de solidaridad ante esta contingencia”.

En ese contexto, y luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) promoviera un acuerdo entre privados para rescatar la economía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su titular Carlos Salazar que mejor le ayude a cobrar a contribuyentes que deben hasta 50 mil millones de pesos al SAT.

“No podemos hacer eso (condonar), no podemos diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública, si nos pagan, tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes”, dijo el Presidente, quien afirmó que son 15 grandes contribuyentes los que deben 50 mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos, según las cuentas del SAT.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Federalismo y COVID-19

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La complicada situación del Coronavirus en todo el país, ha forzado que el gobierno federal tome medidas a través del Consejo General de Salubridad. Este órgano está previsto en la Ley General de Salud, como la autoridad sanitaria que “define prioridades, la expedición de acuerdos y la formulación de opiniones al Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema Nacional de Salud” y todas sus disposiciones son obligatorias para las autoridades administrativas del país, en términos de los artículos 73 fracción XVI, Base 1a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4to fracción III de la Ley General de Salud. Toda la estrategia nacional la ha dictado el Consejo a través de los Acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de marzo, ello para poder darle validez jurídica a todas las medidas institucionales de combate y mitigación del COVID-19. Desde mi perspectiva, el Gobierno Federal ha mantenido un control positivo de la situación desde el aspecto de salud, sin embargo, existen deficiencias y vacíos jurídicos que han dado pie a diversas acciones desde gobiernos estatales (y lamentablemente también municipales), en donde se atribuyen facultades que no tienen, realizando acciones preocupantes, vulnerando así la constitución y diversos derechos humanos. Este escenario genera un desorden institucional dejando en clara evidencia una nula coordinación entre la federación y las entidades federativas sobre la pandemia. 

Este actuar por parte de gobernadores, es parte de ese frágil federalismo en México, establecido en el artículo 40 constitucional. Para aquella persona ajena al término, federalismo  significa un “arreglo político institucional basado en la distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central o ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución” (Olamendi, 2000). De una manera sencilla, el federalismo nos permite un mayor control y orden sobre todo el ejercicio público, como decía Alexis de Tocqueville “el federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjunto, integren el gran cuerpo de la unión”. Ello ha implicado diversos retos en México, ya que presume un mayor control al ejercicio del poder, y un “arbitraje de la fuerza” (Vázquez Pando, 1996). En lo que llevamos de contingencia y medidas extraordinarias, el Consejo General de Salubridad ha actuado de manera eficiente desde una visión centralizada del fenómeno, sin embargo, ese ha sido su error constante. En el desarrollo de estos hechos, se ha obviado la participación de los gobierno estatales o su papel durante la emergencia, haciendo que ante este vacío de participación las entidades federativas reaccionen, en muchas ocasiones, violentando de manera flagrante la constitución. De lo anterior, tenemos a estados como Yucatán, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur  y Tamaulipas, entre otros, que han aprobado medidas que violan el derecho a libre tránsito, seguridad jurídica, libertad, a la salud, y atribuciones de índole federal, entre otros. También resulta sumamente peligroso el camino que diversos municipios están tomando, como cerrando municipios enteros como en el caso de Yucatán, e incluso impiden el acceso a personas no originarias de su comunidad. Los gobierno estatales y municipales, deben apegarse al art. 13 de la Ley General de Salud, el cual nos define las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y que de igual manera dicta que la autoridad máxima en estas situaciones es la Secretaría de Salud Federal. Todo este panorama delicado, podría generar un conflicto grave de gobernabilidad y falta de certeza en las políticas de emergencia, pudiendo contrarrestar todos los esfuerzos institucionales de mitigación del virus, vulnerando de manera sistemática derechos humanos. Una emergencia de esta naturaleza no debe dar entrada a vulneración de la constitución y los ordenamientos jurídicos, ya que al hacerlo, se abre una puerta muy peligrosa que terminaría por destruir un Estado de Derecho que sigue en constante construcción. 

Las autoridades federales, y en especifico, el Consejo General de Salubridad, debe construir un protocolo o lineamientos básicos que deben seguir los gobierno estatales y municipales, es urgente una política integral en donde se oriente e de linea a las figuras locales dentro de la ecuación contra el COVID-19. Es claro que el punto más débil de las políticas sanitarias de emergencia, son justamente las entidades federativas, que parafraseando a M. Cejudo y Gómez Álvarez, “los gobiernos (locales) han actuado en las últimas semanas sin entenderse como parte de una estrategia integral, sino como respuestas específicas a diversos estímulos: la presión ciudadana o mediática, la oportunidad política y, en algunos casos, la falta de conocimiento científico”. En ningún momento se trata de una centralización absoluta, sino de un respeto de esferas de actuación constitucional y administrativa, entender la dinámica de reparto de tareas. Ahora más que nunca, necesitamos medidas homologadas y una coordinación entre la administración pública federal y  las estatales. La precisión de las políticas públicas y la respuesta eficaz son pilares fundamentales dentro del combate al virus, sin embargo, la federación debe evitar a toda costa un vacío de autoridad debido a la falta de claridad de las medidas en las esferas estatales, y las “autoridades tienen a su disposición un cúmulo de herramientas con márgenes de flexibilidad”(Tortolero, 2020) que permiten un respeto a nuestro orden jurídico nacional. No podemos argumentar que una situación compleja como la actual, sea motivo para iniciar una serie de acciones sin fundamento jurídico básico, al contrario, podemos utilizar al COVID-19 como una oportunidad de mejorar, afinar y reconstruir un federalismo endeble y difuso en situaciones de emergencia. Estos son tiempos de dejar las popularidades políticas a un lado, y tener el cuidado de la salud como un máximo institucional con total apego a los cánones constitucionales. Como bien dijo el Dr. Hugo López Gatell: “De lograr una disminución en los casos del virus, no será un logro del Gobierno de México, será un logro del pueblo mexicano”.