Banco Azteca negó permiso a Margara para confinarse; murió 2 meses después por COVID-19

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Margara, quien trabajaba como cajera en una sucursal de Banco Azteca en Guadalajara, Jalisco, pidió permiso para estar en cuarentena por miedo a contagiarse de COVID-19 y enfermar a sus hijos, sin embargo, el gerente le negó el permiso y dos meses después, la mujer murió a causa del coronavirus.

La escritora Sabina Berman escribió la historia de la mujer en su columna del domingo en el periódico El Universal, luego de que el empresario y dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, llamó “malagradecida” a una empleada que le reclamó por haberla despedido durante la emergencia sanitaria.

Berman asegura que después de renunciar a TV Azteca por no estar de acuerdo con la visión “heroica” de la empresa, recibió a través de Twitter muchas historias de injusticias por parte de empresas de Salinas Pliego, entre ellas la de Margara.

Un pariente de la mujer, dice Berman, le contó que cuando empezó la pandemia pidió al genérenle de la sucursal en la que trabajaba que le diera permiso de confinarse por miedo a contagiarse de COVID-19, ya que vivía con sus hijos menores de edad.

El gerente la amenazó con que si faltaba a laborar, se le iba a acusar por abandono de trabajo, por lo que tuvo otra alternativa que ir y encargarle sus hijos a su mamá y su hermano mientras trabajaba.

Dos meses después, cuenta Berman, la madre de Margara enfermó de COVID-19, y dos semanas después, la joven, de 36 años, también se contagió. Ambas tuvieron que ser hospitalizadas en una clínica del IMSS

Primero, murió la madre e la joven, después Margara.

Aunque el hermano de la víctima y su esposa también resultaron enfermos, se recuperaron, y ahora se tienen que hacer cargo de los niños, quienes se quedaron huérfanos, aseguró la escritora.

Según el testimonio al que pude acceder Berman, en la misma sucursal hubo más fallecimiento por personas que enfermaron con el nuevo coronavirus.

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.

Titular de la CNDH denuncia amenazas de muerte en su contra

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció este jueves haber sido víctima de amenazas de muerte contra ella y su familia a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, lo cual atribuyó a su labor al frente del organismo defensor.

Piedra Ibarra informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por estos hechos suscitados el pasado 8 de junio.

“El domingo 8 de junio fue víctima de un ataque cibernético, una serie de amenazas vía mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Las amanezcas eran de varias personas de diversos estados del país y fueron más de cien números telefónicos registrados y documentados, que no solo me amenazaban a mí, sino que involucraban a mi familia”, dijo la activista en conferencia de prensa.

Por otro lado, consideró que las amenazas tiene que ver con su labor en la CNDH y el cambió a una defensora del pueblo, lo que “destapó una campaña mediática donde decían que yo solamente quería atender a los pobres, solo que es falso, ya que es un concepto que engloba a todo al decir defensora del pueblo”.

También señaló que las amenazas surgen a raíz de la investigación que realiza la Comisión por la muerte del joven Giovanni López, quien fue asesinado por la policía el pasado 4 de junio en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

“Las amenazas no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer, de poder solucionar cosas, de poder impedir, de poder impedir que en este país no se sigan violentando los derechos humanos”, agregó.

Gobernadores mandan un pliego de peticiones a AMLO

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Gobernadores de ocho entidades enviaron un pliego de peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre la peticiones se encuentra un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas, un plan de largo alcance contra la crisis económica, activar un seguro de desempleo, y la suspensión de proyectos y programas federales.

Por otro lado, los Gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Durango y Guanajuato demandaron también que la Federación analice la posibilidad de contraer deuda para impulsar la reactivación económica del país y se revise la implementación de un ingreso básico universal.

Se reitera también el planteamiento de revisar el Pacto Fiscal y el sistema de tributación.

Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dio lectura a un nuevo oficio que enviarán a López Obrador buscando una reunión.

“Es el momento de unirnos y coordinarnos ampliamente para enfrentar la crisis”.

La transformación debe incluir a la policía

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Además de la terrible corrupción que buscó encubrir durante casi un mes el caso del joven asesinado por policías; donde un gobierno estatal y municipal aún hoy se echan la bolita para no asumir responsabilidades; además de la represión por parte de la policía estatal de Jalisco a las protestas, la desaparición forzada de un grupo de jóvenes y su posterior conducción al penal de Puerta Grande sin una carpeta abierta o sin tener una abogada, los sucesos acontecidos a partir del caso del joven Giovanni, detenido, torturado y asesinado por policías en Jalisco por el simple hecho de no llevar un cubrebocas, pone al descubierto el problema de la brutalidad policiaca que hemos tenido durante muchos años en este país. Ahora desafortunadamente a este caso se suma el del pequeño Alexander de 16 años quien fuera confundido en Oaxaca con narcotraficantes y asesinado de un balazo por un policía.

Todo esto que sucede es abrumante, y sin embargo no es sorpresa para nadie. Entre 2006 y 2014 hubo ante la CNDH 11 mil quejas -atención que fueron solo las denunciadas dentro de un delito que se reporta poco por miedo a denunciar a la autoridad- por tortura y maltrato policial. De acuerdo con Amnistía Internacional, 7 de cada 10 mujeres detenidas en México han sido torturadas o han sufrido violencia sexual. No es de a gratis que las torturas policiales mexicanas sean famosas: el “tehuacanazo”, la “chicharra” y el “buzo”. Definitivamente en México tenemos un problema con la policía, y más que con la policía con la autoridad, ya que la policía no es sino otro eslabón mal preparado de una cadena de elementos de autoridad que han sido corrompidos y descuidados al menos durante cuarenta años.

El error de lo acontecido en Jalisco está en tres partes: 1) en la narrativa del autoritarismo, en la mano dura del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que desplegó a la policía para hacer acatar el confinamiento y criminalizó tajantemente a quienes salieran de sus casas. 2) No habría ocurrido la brutalidad policiaca de no ser que tenemos una policía mal preparada al momento de realizar sus tareas, y es que el tener una paración técnica no implica que tengan una preparación humanitaria basada en el respeto a los Derechos humanos. 3) El último gran error es el de no entender que este país la justicia es accesible de manera diferenciada de acuerdo a temas de género, de color de piel y por supuesto del estrato socioeconómico del que venimos. Hay que reconocer los patrones de abuso policial e impunidad para entender desde dónde atenderla: en la práctica el acceso a la justicia en nuestro país es un tema de privilegios. 

Cualquier reforma a las policías municipales y estatales, así como a encargados de procuración de justicia debe necesariamente tomar en cuenta una sensibilización en temas de género, una conciencia de la discriminación que hay en México vinculada a un tema de raza y, por supuesto también, a la opresión y la violencia que se ven sometidas las y los mexicanos de los estratos económicos más pobres. Solo así, prestando especial atención a quienes han sido más vulnerados, podemos partir de un principio de justicia igualitaria para evitar que más  -jóvenes, morenos y de clase baja- sean asesinados a sangre fría por autoridades que simplemente saben que pueden hacerlo.

 

Camila Martínez Gutiérrez. 

Estudiante de Comunicación Política en la UNAM. Consejera Editorial en Regeneración. Feminista. Obradorista.

“No es tiempo de separatistas”, dice Cuitláhuac García

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El gobernador de Veracruz, Cuitáhuac García Jiménez, dijo esta mañana de lunes que no es momento para la separación en grupos, ya que todos los estados tienen sus fortalezas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Convoco a mis colegas a que reflexionemos por el interés federal“, asegurando que no coincide con la visión de algunos mandatarios estatales que están en contra de la estrategia federal contra la nueva cepa de coronavirus.

En días anteriores, García Jiménez había calificado la acción de los gobernadores como “golpista“, pero luego rectificó para llamarlo separatista.

Pensamos que no son momentos de hacer grupos. Al contrario, es momento de unir esfuerzos de los estados, sinceramente me parece hasta una intención como golpista, perdón pero lo veo de esa manera. Separatista sería mejor palabra“, detalló el titular del ejecutivo en Veracruz.

Todo esto sucede luego de que el viernes 5 de junio, gobernadores de ocho estados se unieron para plantear su propio plan de acción contra el nuevo coronavirus.  Los mandatarios de Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco anunciaron su plan contra el COVID-19, y acordaron entregar una carta para pedir una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de El Financiero

Jóvenes, los que más sufren económicamente por la pandemia

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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

La Organización Internacional del Trabajo advierte que de no fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que los efectos del virus acompañen a las sociedades durante décadas. 

De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes en el mundo no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres.

Un análisis de El Universal muestra que entre marzo y abril de 2020, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375 mil 714 plazas, cifra que representa 55% de los 685 mil 840 puestos eliminados en el periodo. 

Siete de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y tres eran mujeres. 

Este golpe se da en un escenario laboral que de por sí ya era adverso para la juventud, pues la precarización del trabajo es un fenómeno que no ha dejado de agudizarse: la ausencia de seguridad social, la eliminación de esquemas de antigüedad y la desaparición de la relación laboral con plataformas digitales son ejemplos.

Las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron: Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, 15 mil 174.

En el caso de Nuevo León, hasta abril pasado había 526 mil 23 trabajadores registrados en el IMSS menores de 30 años de edad, quienes representan un 33 por ciento del total de los trabajadores formales.

Los jóvenes con educación universitaria son el segmento más afectado por el desempleo que ha generado el COVID. Esto podría tener un efecto político adverso para AMLO y Morena, dado que el segmento que más ha crecido en desaprobación hacia el presidente son las personas con educación universitaria.

Desde antes del Covid, México se ha caracterizado por ser un país donde las y los jóvenes se desempeñan en condiciones laborales precarias. De acuerdo a la organización YouthBuild International en México, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social.

Precisamente por el poco alentador panorama, resulta urgente diseñar políticas públicas y mecanismos para evitar que esta generación y las siguientes caigan -o se mantengan- en ciclos de pobreza y baja movilidad social. Entre las recomendaciones de la OIT están establecer mecanismos de ayuda financiera y fiscal a gran escala para trabajadores y empresas.

Destape

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En sus burdas maniobras para desestabilizar al estado de Jalisco, Morena y AMLO acaban de propulsar la candidatura presidencial de Enrique Alfaro para el sexenio 2024-2030, y probablemente como uno de los líderes políticos en las campañas electorales del 2021. 

El destape prematuro se anticipó como consecuencia de las manifestaciones violentas organizadas por reventadores profesionales de Morena, los mismos que al día siguiente exhibieron su furia y su imbecilidad en Polanco. El  presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, remató el día de ayer con una serie de datos dignos de la Secretaría de Hacienda, en un intento para desvirtuar los reclamos sobre el Pacto Fiscal Federal que encabeza el propio gobernador de Jalisco. En otras palabras, AMLO y los estrategas electorales de Morena le tienen miedo a Enrique Alfaro, sobre el cual no tienen carpetas ni expediente en la UIF. 

Políticamente, el emecista tiene la capacidad de reunir una gran coalición con alto nivel de convocatoria en el norte del país y con una fuerte llamada  para el ala conservador de Morena, aquellos que fueron engañados por los extremistas comunistas quienes últimamente tienen la atención de AMLO y le dictan las medidas de gobierno que acabarán de hundir a México a nivel de Venezuela. 

La parte negativa de la ecuación es el factor violencia que en su desesperación los líderes porristas de Morena introdujeron en un debate que hasta ahora era relativamente pacífico. Si nos referimos al modelo venezolano, esta variante en el juego político era de esperar. Son tácticas comunes de quienes carecen de argumentos equilibrados. Sus argumentos son de odio y de agresión. 

Después de estos episodios tapatíos y observando la nula reacción a la convocatoria en Monterrey, será interesante analizar las reacciones de las supuestas pre-pre candidatas de Morena para la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz y Tatiana. ¿Estarían dispuestas a que sus campañas se vean ensuciadas con los porros de Morena? ¿Estarían listas para firmar un pacto con un diablo que no dominarán y que las puede manipular en terrenos desconocidos para ellas?

Es hora de hablar de la policías en México

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La muerte de Giovanni López en manos de cuerpos policiacos en Ixtlahuacán, Jalisco, nos hace revivir un tema que diversos gobiernos han preferido ignorar y no resolver, dejando que crezca y crezca y siga creciendo, generando víctimas: la situación de las policías locales. Independientemente de los tintes políticos del caso, no debemos perder de vista que gran parte del problema y el origen del mismo, es la situación generalizada de las policías locales en México. La agenda pendiente para mejorar la eficacia y situación de las corporaciones policiacas, se debe a una falta de visión integral sobre seguridad pública.

Debemos entender, que las policías locales son ese primer contacto de la ciudadanía con los aparatos del Estado, desde esa perspectiva, podemos afirmar que ellos son los que conocen las dinámicas comunitarias de la violencia, su posición en una comunidad puede tener un impacto positivo para el mejor desarrollo de una comunidad, ya que “este conocimiento es indispensable para atender conductas antisociales y promover una convivencia pacífica entre los vecinos, con un uso mínimo de la fuerza” (López, 2019). Esta perspectiva de primer contacto ciudadano, facilitador de soluciones comunes y su conocimiento de la situación local, nos hace ver lo imperativo de las reformas y políticas públicas en materia de seguridad pública tengan como base estos puntos partida.

Sin embargo, la población tiene un nivel de satisfacción muy bajo de las policías, la segunda peor calificada, conforme a la ENCIG 2019 del INEGI, esto se debe en gran medida a esos comportamientos y acciones sistemáticas y muy arraigadas en muchas instituciones policiacas a nivel local. Si vemos que, conforme a los artículos 41 fracción V, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se prevé el Certificado Único Policial (CUP), el cual es el aval de capacitación y conocimiento básico en sus tareas, sin embargo, de acuerdo con una investigación de Animal Político, sólo el 27.5% de las policías locales y municipales cuentan con un CUP, lo que se traduce en 1 de cada 4, en términos generales, ninguna entidad federativa cuenta con el 100% de sus cuerpos policiacos certificados. Esto nos muestra una parte del problema, el cual es la falta de capacitación y educación completa, y entender que el ejercicio de la seguridad pública debe ser considerada desde una profesionalización, ya que en la concepción tradicional sólo es considerada como una labor más que ignora su importancia y relevancia social.

Si analizamos el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) desarrollado por la organización Causa en Común, que genera indicadores como la carrera policial, certificación, profesionalización, seguridad social y régimen disciplinario, la organización concluye que “ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales para cumplir plenamente con los requisitos mínimo de ley y las corporaciones policiales en el país subsisten precariamente, no se desarrollan“. Esto es de preocuparnos, ya que no se están tomando las medidas adecuadas para que las policías tengan una  formación adecuada. Del INDEPOL 2018 se puede señalar que  en 14 entidades, durante 2015, 2016, y 2017 no sesionó en ninguna ocasión la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, el cual es el órgano encargado de las directrices para formar verdaderos profesionales en las instituciones de seguridad pública.  Así como es importante tomar la carrera policial como una verdadera profesión pública, se debe tener en cuenta que existe una mala educación sobre prácticas apegadas a  los  más altos estándares de derechos humanos, y esto se ve reflejado en el alto índice de quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos ante Comisiones locales en la materia. Esto resulta muy importante para obtener buenos resultados, ya que al estar en contacto directo con situaciones no de alto impacto, responder de manera proporcional apegado a prácticas adecuadas en atención ciudad y tener protocolos bien establecidos para la atención de crímenes de alto impacto, abonan a reducir violaciones graves a los derechos humanos y romper con el actual ciclo de abuso de la fuerza. A esto debemos señalar las condiciones adversas con las cuales deben desempeñar sus labores, con salarios ínfimos y con pocas o nulas prestaciones, las cuales tampoco generan un incentivo para profesionalizar o incentivar a los cuerpos policiacos a mejores estándares o prácticas.

Otra dimensión del problema son los recursos públicos para las corporaciones policiacas, ya que  el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que se transfiere a las entidades federativas el cual pare el 2020 son 7, 436, 542, 144.00 millones de pesos, y vemos que existe una mala aplicación e inversión de dichos recursos, un fenómeno preocupante en los estados es el subejercicio de dicho fondo, ya que la gran mayoría tiene un subejercicio debido a dos grandes factores, primero al “incumplimiento de metas y objetivos del fondo y el segundo, como resultado de la incapacidad o la imposibilidad de ejercer el total del recurso “. La suma de estos factores, nos deja que ver gran parte del problema es que la situación dentro de dichas instituciones no permite grandes avances. Lo que sucedió en el caso de Giovanni no debe volver a ocurrir, y para ello debemos tomarnos el papel de las policías locales enserio. Desafortunadamente, “el diseño institucional que regula la función policial en México las coloca prácticamente como meras espectadoras de los problemas de seguridad”. Es por ello que es urgente una reforma integral al sistema nacional de seguridad pública que impacte a nivel local. Las dinámicas locales tienen una tendencia a ser más efectivas y exitosas, y ese ha sido la reforma pendiente. En ningún momento considero que se pueda (y deba) justificar el actuar de los policías que mataron a Giovanni, sin embargo, la situación deja al descubierto que debemos cambiar la estructura y políticas públicas para evitar a más víctimas en manos de policías. Mejores controles internos, rendición de cuentas y transparencia sobre los programas internos y políticas institucionales son puntos que también se debe exigir a los gobiernos locales. Como lamentablemente señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés): “durante más de dos décadas, sucesivos, gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abusos y corrupción”.  

reneramirezbenitez@gmail.com 

Twitter: Renesito_ 

SUMAN 117,103 CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19; HAY 13 MIL 699 DEFUNCIONES

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Se reportó por la Secretaría de Salud 188 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman 13 mil 699; en México hay 117 mil 103 casos acumulados, 3 mil 484 más que ayer. Además, registraron mil 175 defunciones sopechosas, que ya están en espera de resultados de laboratorios.

Explicó José Luis Alomía, director de Epidemiología que hay 19 mil 629 casos activos de coronavirus, que son los que manifestaron síntomas en los últimos 14 días, por lo que representan la epidemia activa en el País, .

Las entidades con más casos activos son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Tabasco.

La incidencia de la epidemia activa a nivel nacional es de 15.4 confirmados por cada 100 mil habitantes.

Alomía destacó el caso de Yucatán, en el que la incidencia ha bajado en los últimos días, pero advirtió que si no se continúan con las medidas de prevención y sana distancia, se podría registrar un alza en los números.

Hasta el corte de este domingo, la Ssa reportó que hay 45 mil 317 casos sospechosos acumulados.

 

 

 

(Con información de El Norte)