Señalan que gobierno de AMLO compró estado en Sonora por 511 mdp

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En plena contingencia sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19, la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora informó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador concretó la compra del Estadio de Beisbol Héctor Espino, en la ciudad de Hermosillo, por 511 millones de pesos.

Este jueves, el titular de esa dependencia, Raúl Navarro Gallegos, detalló que Banobras hizo el pago y éste será utilizado para las pensiones del Isssteson, para seguridad pública y para infraestructura hospitalaria y materiales médicos que ayuden a enfrentar la crisis generada por la expansión del coronavirus.

Desde agosto de 2019, Andrés Manuel López Obrador dijo que buscaría comprar dos estadios en Hermosillo y Ciudad Obregón, Sonora, para su programa de formación de beisbolistas, escuelas y centros de educación física, y áreas comerciales en sus zonas aledañas.

Recientemente se realizó el pago, por parte de la Federación, correspondiente a la venta del estadio Héctor Espino, cuyos recursos en su mayoría están siendo invertidos en el sector salud, para preparar y mejorar las condiciones de atención por el virus”, informó en un comunicado el Gobierno sonorense.

El miércoles pasado, también la Secretaría de Desarrollo Territorial anunció que había concluido la construcción de un estadio de beisbol en San Luis Río Colorado, Sonora, donde se gastaron otros 58 millones de pesos.

El estadio Héctor Espino fue inaugurado el 04 de octubre de 1972, era casa de los Naranjeros y tiene una capacidad para 15 mil personas.

Cabe destacar que, según una estimación presentada este viernes por el diario Reforma, con el monto de la transacción podrían comprarse 472 mil trajes de protección médica contra el COVID-19.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Federalismo y COVID-19

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La complicada situación del Coronavirus en todo el país, ha forzado que el gobierno federal tome medidas a través del Consejo General de Salubridad. Este órgano está previsto en la Ley General de Salud, como la autoridad sanitaria que “define prioridades, la expedición de acuerdos y la formulación de opiniones al Poder Ejecutivo Federal, para fortalecer la rectoría y la articulación del Sistema Nacional de Salud” y todas sus disposiciones son obligatorias para las autoridades administrativas del país, en términos de los artículos 73 fracción XVI, Base 1a de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4to fracción III de la Ley General de Salud. Toda la estrategia nacional la ha dictado el Consejo a través de los Acuerdos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de marzo, ello para poder darle validez jurídica a todas las medidas institucionales de combate y mitigación del COVID-19. Desde mi perspectiva, el Gobierno Federal ha mantenido un control positivo de la situación desde el aspecto de salud, sin embargo, existen deficiencias y vacíos jurídicos que han dado pie a diversas acciones desde gobiernos estatales (y lamentablemente también municipales), en donde se atribuyen facultades que no tienen, realizando acciones preocupantes, vulnerando así la constitución y diversos derechos humanos. Este escenario genera un desorden institucional dejando en clara evidencia una nula coordinación entre la federación y las entidades federativas sobre la pandemia. 

Este actuar por parte de gobernadores, es parte de ese frágil federalismo en México, establecido en el artículo 40 constitucional. Para aquella persona ajena al término, federalismo  significa un “arreglo político institucional basado en la distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central o ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución” (Olamendi, 2000). De una manera sencilla, el federalismo nos permite un mayor control y orden sobre todo el ejercicio público, como decía Alexis de Tocqueville “el federalismo implica la unión de estados soberanos que, en conjunto, integren el gran cuerpo de la unión”. Ello ha implicado diversos retos en México, ya que presume un mayor control al ejercicio del poder, y un “arbitraje de la fuerza” (Vázquez Pando, 1996). En lo que llevamos de contingencia y medidas extraordinarias, el Consejo General de Salubridad ha actuado de manera eficiente desde una visión centralizada del fenómeno, sin embargo, ese ha sido su error constante. En el desarrollo de estos hechos, se ha obviado la participación de los gobierno estatales o su papel durante la emergencia, haciendo que ante este vacío de participación las entidades federativas reaccionen, en muchas ocasiones, violentando de manera flagrante la constitución. De lo anterior, tenemos a estados como Yucatán, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Coahuila, Baja California Sur  y Tamaulipas, entre otros, que han aprobado medidas que violan el derecho a libre tránsito, seguridad jurídica, libertad, a la salud, y atribuciones de índole federal, entre otros. También resulta sumamente peligroso el camino que diversos municipios están tomando, como cerrando municipios enteros como en el caso de Yucatán, e incluso impiden el acceso a personas no originarias de su comunidad. Los gobierno estatales y municipales, deben apegarse al art. 13 de la Ley General de Salud, el cual nos define las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y que de igual manera dicta que la autoridad máxima en estas situaciones es la Secretaría de Salud Federal. Todo este panorama delicado, podría generar un conflicto grave de gobernabilidad y falta de certeza en las políticas de emergencia, pudiendo contrarrestar todos los esfuerzos institucionales de mitigación del virus, vulnerando de manera sistemática derechos humanos. Una emergencia de esta naturaleza no debe dar entrada a vulneración de la constitución y los ordenamientos jurídicos, ya que al hacerlo, se abre una puerta muy peligrosa que terminaría por destruir un Estado de Derecho que sigue en constante construcción. 

Las autoridades federales, y en especifico, el Consejo General de Salubridad, debe construir un protocolo o lineamientos básicos que deben seguir los gobierno estatales y municipales, es urgente una política integral en donde se oriente e de linea a las figuras locales dentro de la ecuación contra el COVID-19. Es claro que el punto más débil de las políticas sanitarias de emergencia, son justamente las entidades federativas, que parafraseando a M. Cejudo y Gómez Álvarez, “los gobiernos (locales) han actuado en las últimas semanas sin entenderse como parte de una estrategia integral, sino como respuestas específicas a diversos estímulos: la presión ciudadana o mediática, la oportunidad política y, en algunos casos, la falta de conocimiento científico”. En ningún momento se trata de una centralización absoluta, sino de un respeto de esferas de actuación constitucional y administrativa, entender la dinámica de reparto de tareas. Ahora más que nunca, necesitamos medidas homologadas y una coordinación entre la administración pública federal y  las estatales. La precisión de las políticas públicas y la respuesta eficaz son pilares fundamentales dentro del combate al virus, sin embargo, la federación debe evitar a toda costa un vacío de autoridad debido a la falta de claridad de las medidas en las esferas estatales, y las “autoridades tienen a su disposición un cúmulo de herramientas con márgenes de flexibilidad”(Tortolero, 2020) que permiten un respeto a nuestro orden jurídico nacional. No podemos argumentar que una situación compleja como la actual, sea motivo para iniciar una serie de acciones sin fundamento jurídico básico, al contrario, podemos utilizar al COVID-19 como una oportunidad de mejorar, afinar y reconstruir un federalismo endeble y difuso en situaciones de emergencia. Estos son tiempos de dejar las popularidades políticas a un lado, y tener el cuidado de la salud como un máximo institucional con total apego a los cánones constitucionales. Como bien dijo el Dr. Hugo López Gatell: “De lograr una disminución en los casos del virus, no será un logro del Gobierno de México, será un logro del pueblo mexicano”. 

AMLO decreta pensión vitalicia para víctimas de Guardería ABC

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El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el cual se garantiza la pensión vitalicia a los niños y padres de familia víctimas del incidente ocurrido en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

“Se reconoce con carácter extraordinario en favor de los niños y niñas que resultaron lesionados de forma permanente o que inhalaron humo y tóxicos; de las madres de los infantes fallecidos, de las madres de los niños y niñas lesionados de forma permanente o de aquellos que inhalaron humo o tóxicos”, se lee en el decreto presidencial.

De acuerdo al escrito firmado, las medidas que se otorgaron a partir del 20 de julio de 2010 no eran suficiente para apoyar a los afectados.

La pensión incluye becas hasta el nivel superior y pago de consumo de energía eléctrica.

En caso de los padres de familia beneficiados mueran, el apoyo pasará a los hijos que los sobrevivan. El decreto servirá a 24 menores de edad que resultaron con quemaduras, 81 niños con problemas internos por la inhalación de humos y 14 profesoras.

El director del IMSS, Zoé Robledo, indicó que el decreto ampara a 180 personas, entre niños afectados, maestras, trabajadoras y padres de familia.

AMLO descarta entregar concesiones por litio

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno no tiene pensado entregar concesiones para la explotación de litio en México; además, descartó tener datos de si se dio a una empresa china.

El mandatario argumentó que la estrategia del gobierno es “esperar… por lo pronto no estamos entregando concesiones, estamos revisando el uso que se le está dando a las concesiones que se otorgaron, porque fue excesivo lo de la entrega de concesiones sobre todo para la minería. Se llegaron a entregar 90 millones de hectáreas de concesión, el 40 por ciento del territorio nacional, un exceso“. En el mismo sentido pidió a la Secretaría de Economía informar sobre los términos de la explotación.

Agregó que: “Estamos revisando todo esto y muchos están devolviendo las concesiones porque también se condonaban los pocos impuestos (…) como no hay condonación de impuestos, pues ya esa especulación ya no se puede llevar a cabo“.

La noticia surgió luego de que esta mañana El Grupo REFORMA publicara que la canadiense Bacanora Minerals Ltd y Ganfeng Lithium Ltd, de origen chino, desarrollan lo que será la primera mina de litio en el País, proyecto donde invierten en su primera fase 420 millones de dólares y el cual comenzará a producir en 2022.

Un proyecto similar se realiza en Bacadéhuachi, Sonora; donde las compañías conformaron el consorcio Sonora Lithium, del cual 77.5 por ciento pertenece a Bacarona Minerals, que cotiza en Toronto y Londres, y 22.5 por ciento de Ganfeng Lithium Ltd.

Con información de El Norte

AMLO Plantea en Bavispe Plan de Desarrollo y Monumento.

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El presidente, López Obrador se dirigió a Bavispe, en las montañas de Sonora, para reunirse con la familia Langford-LeBarón, en donde anunció que va a poner en marcha un plan de desarrollo para la zona, esto ante las advertencias de las familias mormonas de dejar la comunidad.

El mandatario también señaló que se levantará un monumento en el lugar donde el tiroteo acabó con la vida de las nueve personas. 

“Lo primero será la justicia” para que este caso se convierta en un ejemplo de que “quien comete un delito es castigado”, declaró el presidente.

“También habrá un reconocimiento especial para los que acudieron en los primeros momentos al rescate de las víctimas, tanto familiares como, por ejemplo, el doctor de Bavispe. Hay que exaltar la verdadera solidaridad“, añadió el presidente.

La fiscalía general informó recientemente de que hay siete detenidos por este caso. “Se está avanzando, habrá justicia”, ha dicho el mandatario y agradeció a varias secretarías su ayuda para “llegar a la verdad y castigar a los responsables”. 

 

(Con información de Reforma)

Familia LeBarón exige justicia en zona de masacre

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Miembros de la familia LeBarón acudieron al lugar donde fue atacada la camioneta en la cual viajaban Rhonita Miller y sus hijos.

Adrián LeBarón, padre de Rhonita, levantó cenizas del lugar y pidió con lágrimas justicia por la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019.

“Yo le ofrezco a mi hija, las cenizas donde fue asesinada mi hija que se vayan al aire, que se vayan a todo México, para que reclame todo mexicano esta masacre, aquí acribillaron a mi hija, acribillaron a dos de mis nietos con al menos 15 sicarios o no sé cómo se llama, pero duele mucho y en nombre de esta masacre México que acompañe a reclamar”, dijo.

“Que pongamos en jaque, si es posible en jaque mate, a nuestras autoridades que nos han fallado”.

Adrián y Julián LeBarón llamaron a una movilización para exigir justicia, la cual será el próximo 23 de enero de Cuernavaca a la Ciudad de México. Criticaron la estrategia de seguridad del Gobierno federal, como el hecho de que las autoridades de Chihuahua y Sonora no hayan acudido a la zona del ataque con celeridad.

Ninguno de los dos fueron a la reunión privada que sostuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con familiares de las víctimas de la masacre de hace dos meses.

 

Con información de Grupo Reforma.

 

Confirma AMLO investigación a Manlio Fabio Beltrones

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se investiga al exdirigente del PRI, Malio Fabio Beltrones, esto luego de que el grupo REFORMA revelara que este mismo había tramitado un amparo contra cualquier orden de aprehensión. Así mismo, indicó que está relacionado con indagatoria a ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

En conferencia de prensa mañanera comentó que “Es la solicitud de un amparo que tiene él, desde luego, derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso si así lo decide la autoridad competente“.

Añadió también que “Es por el asunto de Chihuahua, lo que viene de investigación contra Duarte, lo que viene de ese tema, eso es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica () creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, las personas“.

Es por ello que el ex senador y ex dirigente nacional del PRI ha pedido ya un amparo y protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en su contra a solicitud de las fiscalías General de la República (FGR) y la Estatal de Chihuahua.

Beltrones, quien también fue Gobernador de Sonora, ha sido señalado como responsable por testigos protegidos en las investigaciones por los desvíos de 250 millones de pesos que el Gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del ex Gobernador César Duarte, y que luego fueron abonados al PRI para financiar campañas electorales en 2016. Estas transferencias se habrían hecho con el aval del entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Con información de Reforma

“No nos dieron atole con el dedo”, dice Adrián LeBarón tras reunión con AMLO

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El activista Adrián LeBarón afirmó que se siente contento porque no les dieron atole con el dedo, esto después de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

“Estamos contentos porque no nos dieron atole con el dedo, estamos contento pero no podemos expresar (lo que nos informaron), está peligroso para nosotros mismos”, declaró LeBarón con respecto a los avances de las investigaciones por la masacre de nuevo de sus familiares en Bavispe, Sonora.

Por otro lado, señaló que estarán en contacto constante con López Obrador y que regresarán a la Ciudad de México dentro de un mes.

“Vamos a estar en comunicación con él y también vamos a estar atendiendo desde nuestro rancho el caso. Nos vamos a reunir con él dentro de un mes”, detalló.

“AMLO es mi empleado y el de todos los mexicanos”: Julián LeBarón

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El activista Julián LeBarón envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador previo a su reunión el próximo 2 de diciembre, quien dijo tiene la obligación de cumplir su mandato porque es su empleado y el de todos los mexicanos.

LeBarón aseguró que la ciudadanía tiene la obligación de declararle la guerra al crimen y exigir la renuncia de las autoridades ineficaces frente a la violencia.

En cuanto al caso de la masacre de su familia a principios de noviembre, el activista afirmó que a casi un mes del asesinato de 9 integrantes de su comunidad, no hay forma en que las autoridades desconociesen el domicilio y lugares de esparcimiento de los responsables que residen en las mismas zonas.

Por otro lado, pidió a la ciudadanía a no ser cómplice del crimen organizado, al afirma que no denunciarles, vuelve a quienes conocen los ilícitos, en cierta forma cómplices permitiendo a los miembros del crimen organizado obrar con la omisión de las autoridades.

En ese sentido, Julián LeBarón expresó su inconformidad con todos los niveles gubernamentales incluido el del presidente López Obrador, así como con los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich, y de Chihuahua, Javier Corral, puesto que el ataque se perpetró en una zona limítrofe de ambas entidades.

Además, cuestionó que al crimen organizado se le permite operar armamento, pero se le niegue a los ciudadanos para su defensa, por lo que su intención en la reunión con el presidente de México será que le brinde respuestas sobre la masacre Bavispe, Sonora.

 

Pide la Familia LeBarón a EU que designe a cárteles de droga mexicanos como terroristas

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La familia LeBarón pidió al gobierno de Estados Unidos designar a los cárteles de droga de México como organizaciones terroristas extranjeras, esto tras la masacre de algunos miembros de su comunicad en los límites de Sonora y Chihuahua a principios de este mes.

“Sus actos desenfrenados de violencia y asesinatos han invadido nuestras fronteras y creado una crisis internacional”, se lee en la petición difundida por una página de la Casa Blanca.

Por otro lado, menciona que los cárteles controlan el flujo de opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína, fentanilo ultra mortal y todas las demás drogas ilegales que se introducen de contrabando a los Estados Unidos desde México.

“No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir el crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!”, se lee en la petición.

Por último señalan que cada año hay aproximadamente 35% más asesinatos en México cometidos por los cárteles de drogas.

La petición de la familia LeBarón requiere 99 mil 999 firmas para el 24 de diciembre para poder obtener una respuesta de la Casa Blanca.