La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno de México investigar el uso excesivo de la fuerza por parte de policías de Jalisco durante la manifestación por agua contaminada en Guadalajara.
Gina Romero, relatora especial de la ONU, calificó de “preocupante” el presunto uso de gases lacrimógenos, balas de goma y otros medios de dispersión contra manifestantes, así como supuestas detenciones arbitrarias.
“El Gobierno debe investigar de forma pronta e independiente todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de derechos humanos, y abstenerse de discursos estigmatizadores contra quienes ejercen sus libertades fundamentales”, señaló en X.
El domingo 11 de octubre, miles de habitantes del área conurbada de Guadalajara tomaron las calles en protesta por el agua contaminada que llega a su casas, una manifestación que inició pacífica pero que terminó con detenciones y decenas de personas heridas.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, denunció que “un grupo de choque” compuesto por al menos 400 personas ocasionó disturbios e incitó a la violencia en las inmediaciones de Casa Jalisco.
No obstante, reconoció “graves errores y deficiencias” en el operativo policial implementado que, adelantó, deberán ser investigados y sancionados.
Añadió que ya se identificó a los agentes que actuaron con violencia.
“A las personas nunca se les debió echar agua ni gas, ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, dijo.
Un total de 39 personas fueron detenidas tras los actos de violencia, 32 de las cuales fueron liberadas en días posteriores.
Las 7 personas restantes, todas hombres, fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande al ser señalados de lesiones dolosas contra policías, así como por desobediencia o resistencia de particulares.
Colectivos, abogados y familiares aseguran que ninguno de los trasladados a Puente Grande cometieron los delitos que se les imputan y que sus detenciones fueron violentas como se muestra en múltiples videos que presentaron como prueba.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que lleva parte de la defensa legal de los detenidos, exigió a la Fiscalía de Jalisco respetar “el debido proceso y el derecho a una defensa adecuada”.
(Fuente: EFE)