Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada




Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? EL CONFLICTO ARMADO EN SU PRIMERA FASE

El 23 de junio de 2016 se firma en la Habana, Cuba, el cese al fuego entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

¿Estamos siendo testigos del fin de un conflicto armado interno de más de medio siglo de existencia (54 años para ser exactos)? Para entender el significado de dicho acuerdo, conviene recordar las raíces históricas del conflicto y hacer un repaso de las intentos (abortados y “exitosos”) para alcanzar la paz en Colombia.

Solo así podremos evaluar sus prospectos de éxito. Naturalmente, esta labor no se puede realizar en un corto artículo de opinión, por lo que dedicaré varias columnas al tema. Este mes muestro las particularidades históricas de la primera fase de este conflicto. Más adelante, revisaré los obstáculos a la paz, analizaré la historia de este proceso, y disertaré sobre sus probabilidades de “exito”.

Las particularidades del conflicto armado colombiano

Durante la Guerra Fría, se desarrolla en el “Tercer Mundo” lo que se identifica como “Guerras de Baja Intensidad”. Se trata de enfrentamientos militares entre grupos armados patrocinados por las superpotencias – los Estados Unidos (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) – y Estados soberanos, pero cuyos efectos se limitan a nivel local.

Para algunos, estas son guerras idealistas, sobre todo si se compara con la violencia étnica, la cual parece a primera vista irracional (los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda son dos claros ejemplos al respecto), y a la “narco-violencia”, alimentada supuestamente por la codicia y el egoísmo individual de criminales que buscan enriquecerse a toda costa.




En los “años dorados”, señala la versión romántica del guerrillero asociada al Che Guevara, se defendían ideales progresistas solidarios ligados entre otros a la justicia social.

En América Latina, la mayoría de esfuerzos revolucionarios fueron de “izquierda” (contra dictaduras “de derecha”), aunque también hubo esfuerzos contrarrevolucionarios, es decir de grupos armados apoyados por la derecha, que se levantaron contra gobiernos de izquierda ajenos a la definición convencional de democracia. Esta imagen es, por supuesto, reduccionista.

Se ignora, por ejemplo, que en la mayoría de los casos latinoamericanos, la URSS no tuvo un rol directo en el expansionismo revolucionario (la influencia de Fidel Castro es más significativa). Además, esta imagen desatiende factores internos como pobreza, injusticia, desigualdades, y represión, que han alimentado legítimamente reivindicaciones sociopolíticas en la región.

En fin, desconoce que movimientos revolucionarios de izquierda iniciaron guerras contra gobiernos de centro-izquierda elegidos democráticamente, como lo hizo Sendero Luminoso en el Perú. Es decir, cada actor armado en América Latina es particular, y en ese sentido, los actores armados colombianos no son la excepción.

Las FARC no fueron, al menos en sus inicios, una guerrilla ideológica con un universo conceptual claro y un proyecto alterno de sociedad. Al contrario, son el prototipo de la guerrilla campesina que nace como grupo de autodefensa, y cuyo ideario ideológico es definido por primera vez en los años 1970s.

Además, las FARC nunca recibieron grandes sumas de dinero de patronos externos, sino que desde un inicio financian su esfuerzo de guerra de manera interna, principalmente por medio de la extorsión, los secuestros, y el pago de peajes o cuotas. El conflicto en Colombia es entonces “diferente”, pues no obedeció a factores geopolíticos internacionales.

Además, el esfuerzo revolucionario nunca se hizo en contra de una dictadura, sino más bien contra el Frente Nacional, un régimen que si bien no era democrático en el sentido liberal del término, tampoco cuadraba con el autoritarismo tradicional latinoamericano. Y a partir de 1991, la lucha fue contra lo que muchos expertos coinciden en definir como una democracia representativa.

La transformación del conflicto armado colombiano a través del tiempo

La violencia política en Colombia solo se entiende si se enmarca en un contexto histórico que, para los efectos de este ensayo, ubicaré en el periodo conocido como “La Violencia”, una guerra civil entre los partidos Liberal y Conservador que se desata oficialmente en abril de 1948, con el homicidio del José Eliecer Gaitán (líder del Partido Liberal para las elecciones de 1949).

Asesinatos, agresiones, persecuciones, y otros, son parte de ese marco de violencia perpetrado por paramilitares, reclutados por los conservadores, para defender el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-50) ante la inestabilidad creada por “el Bogotazo” (turbas populares generadas por el asesinato de Gaitán).

Para poner fin a “La Violencia”, liberales y conservadores acuerdan en 1956 la creación del “Frente Nacional” (el cual entra en vigencia en 1958), un pacto que distribuye equitativamente los puestos administrativos estatales entre ambos partidos (Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial) y determina previamente los resultados electorales (alternancia entre los dos partidos tradicionales) durante 16 años (1958-76).

El acuerdo permitió poner fin al único gobierno que ha llegado al poder en Colombia por medio de Golpe de Estado en el siglo XX, el del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-57), respetando la despolitización de la policía por él iniciada y la desmovilización de algunas de las guerrillas liberales activadas durante “La Violencia”. Pero el pacto también generó resistencia.

En 1962, el gobierno de Guillermo León Valencia (1962-66) atacó una de las “Repúblicas Independientes” (que no reconocían la autoridad estatal), bajo control de una comunidad de campesinos que se habían negado a entregar las armas, y que se habían refugiado en esa zona para escapar del acoso de las autoridades. Este es el inicio de ataques destinados a “pacificar” el país y a extender el imperio de la ley del Estado colombiano en su territorio.

En 1964, estos grupos se reagruparon en el denominado “Bloque Sur”, y en 1966 se convirtieron en las FARC. Un origen igualmente contestatario ante el Frente Nacional tiene el Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla urbana que se levantó en 1974 ante el “fraude electoral” cometido en 1970 sobre el General Rojas Pinilla (candidato presidencial que perdió frente al del Frente Nacional).

Comunidades indígenas también se armaron en 1984 para defenderse de los ataques de militares, terratenientes, Gobierno, y otros grupos, creando el Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL). Orígenes más ideológicos tienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo fundado en enero de 1965 por sacerdotes armados (Teología de la Liberación) y estudiantes universitarios recién llegados de Cuba (adeptos al “foquismo” del Che), y el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla originalmente maoísta, fundada en julio de 1967, que en 1975 viró hacia la línea marxista-leninista. Pero estos modelos “socialistas” sirvieron, en el mejor de los casos, tan solo como marcos de referencia.

Sin el afán de adentrarnos en la minucia de las diferencias ideológicas de las guerrillas, deseo destacar que otros fenómenos de igual importancia para explicar la violencia en Colombia han quedado por fuera de este análisis, como lo son el financiamiento, por parte de las élites agrarias (con el entrenamiento del Ejército), de grupos de autodefensas (o paramilitares), y el surgimiento de una élite económica rural ligada al florecimiento del narcotráfico (que luego se reagrupó en los Carteles de Medellín y de Cali).

La conjunción de todos estos factores hacen que la década 1980 sea especialmente violenta en Colombia, con cinco grupos guerrilleros activos luchando contra el Estado (en esa época el país se gana la reputación de ser un “laboratorio guerrillero”), paramilitares atacando a las guerrillas, y dos carteles de droga luchando entre sí, contra el Estado, y contra las guerrillas.

El clímax de este cuadro se alcanzó a finales de la década, cuando cuatro aspirantes presidenciales, Jaime Pardo Leal (Partido Unión Patriótica), Bernardo Jaramillo Ossa (sustituto de Pardo Leal), Luis Carlos Galán (Partido Liberal), y Carlos Pizarro Leongómez (Alianza Democrática M-19) son asesinados.

Colombia está al borde del colapso, y probablemente en parte gracias a ello, se abre una oportunidad para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permite, entre otros, eliminar los rezagos del Frente Nacional.

Procesos de Paz de Colombia (primera parte)

Durante esta primera fase del conflicto armado (1962-90), se llevan a cabo dos procesos de paz. El primero, liderado por el Presidente Belisario Betancur (1982-86) es severamente criticado, pues se señala que consistió en un cese al fuego sin punto de llegada. Fue como detener el enfrentamiento armado en la teoría (lo cual además no sucedió en la práctica), sin discutir los términos de la paz.

El proceso, que se alarga por tres años, termina abruptamente en 1985, con la trágicamente recordada toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. El ejército contraataca y produce un baño de sangre en donde mueren 98 personas, entre ellos once magistrados.

El segundo proceso tuvo lugar durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-90), y produjo la desmovilización de tres movimientos guerrilleros. El M-19 firmó un acuerdo de paz el 26 de abril de 1990, el EPL lo hizo el 16 de mayo (una parte del grupo rehusó a desmovilizarse), y en mayo de 1991, se llega pacta con el MAQL.

Se aprobó, con participación de los exguerrilleros desmovilizados, la nueva constitución política, que entró en vigencia en 1991. Pero el ELN y las FARC-EP no participaron en ese proceso. Conversaciones adicionales entre estos dos grupos y el Gobierno de César Gaviria (1990-94), tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México) en 1991 y 1992. El ELN se fragmentó y un acuerdo de paz con un sector del mismo, la denominada “Corriente Renovación Socialista” es alcanzado el 9 de abril de 1994.

Dos son los elementos que deseo rescatar aquí. Por un lado, las FARC-EP y el ELN, las guerrillas más antiguas de Colombia, han siempre sido reacias a negociar. De ahí el valor del acuerdo recientemente alcanzado en la Habana. Por el otro, el conflicto armado colombiano entra a inicios de los años 1990 en una segunda fase.

Los paramilitares crecerán y fundarán las “Autodefensas Unidas de Colombia”; las FARC-EP entran en un nuevo proceso de expansión vinculado a su incursión en la economía del narcotráfico (eso es lo que la “historia oficial” reza), y el ELN, junto a los rezagos del EPL, continúan en actividad.

Se trata de un contexto de “paz fragmentada”, es decir de un marco en donde se logró el tan ansiado cese al fuego definitivo con tres guerrillas menores, pero en donde los dos grupos revolucionarios históricamente más importantes de Colombia, el ELN, y las FARC-EP, se levantaron más fuerte que nunca. A este nuevo marco es al que le dedicaré mi atención en la próxima entrega de esta columna.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Julio 2016)

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¿Elecciones 2016?: En busca de los culpables

Tal vez, para este día ya leíste mil “análisis” sobre las elecciones del pasado domingo. Algunos quedaron con buen sabor de boca en sus ciudades o estados. Otros están decepcionados al no haber ganado “su favorito”.

La lectura que se puede hacer es tan simple y complicada como eso. Nos dimos cuenta que el género ya no es un impedimento para ser candidato y ser electo. Ahora pesan otras cosas como la experiencia, la personalidad, el partido al que pertenecen y hasta sus antecesores. ¿Acusaciones de crimen organizado? Creo que pocos se dieron por enterados o tuvieron más interés en otras cosas. Durante el período de campañas, escuché a militantes partidistas decir “nuestro candidato va por ciudades grandes, el otro candidato va en las rancherías”. Y bueno, me queda claro que un voto vale lo mismo en una ciudad que en un rancho, pero ¿lo sabrán los asesores?

Algunos les echan la culpa a los partidos políticos, sin embargo no considero que sea responsabilidad total de ellos. Habría que preguntar que hicieron (o no) los gobernadores de cada entidad que se perdió o ganó. Ser autocríticos, objetivos y determinar los desaciertos que llevaron a perder gubernaturas, municipios y distritos locales. Reconocer los aciertos de aquellos candidatos que llevaron una contienda limpia y de arduo trabajo, que les fue reconocida en las urnas.

Incluso hay quien piensa que la culpa la tiene Enrique Peña Nieto por presentar la iniciativa sobre el matrimonio igualitario en período electoral. Podría ser un factor, pero no creo que esto haya provocado la derrota del PRI. Hay que pensar que esta elección (al igual que la del 2015) no fue por los mejores candidatos o más preparados, sino un voto de castigo para los malos gobernantes. Por más bueno, preparado, inteligente e íntegro, si los gobernantes no cumplen sus promesas o hacen algo por sus estados, difícilmente vemos que la gente votará por ese partido –otra vez-. El hartazgo ya se manifiesta en las urnas.

Hay que pensar que esta elección (al igual que la del 2015) no fue por los mejores candidatos o más preparados, sino un voto de castigo para los malos gobernantes. Por más bueno, preparado, inteligente e íntegro, si los gobernantes no cumplen sus promesas o hacen algo por sus estados, difícilmente vemos que la gente votará por ese partido…

Manlio Fabio Beltrones, Presidente Nacional del PRI, se limitó a decir en sus redes sociales “El PRI asume con responsabilidad el mensaje de la ciudadanía al partido y a sus gobiernos. Hay cosas que reflexionar y cambiar”. Mientras que Ricardo Anaya (Presidente Nacional del PAN) y Agustín Basave (Presidente Nacional del PRD) coincidieron en que “las alianzas fueron todo un éxito” y que buscan que sean alianzas de gobierno, a pesar de tener ideologías partidistas totalmente diferentes.

Anaya afirmó que “sirvieron para ganar, pero también para mejorar las condiciones de la gente, en donde ahora habrá un gobierno democrático”. Ciertamente, sin esta alianza PAN-PRD difícilmente le hubieran ganado las gubernaturas al PRI, especialmente en estados como Veracruz o Tamaulipas.

Los independientes pasaron de largo. Únicamente 10 de los 308 registrados lograron algún cargo de elección popular. En la Asamblea Constituyente (Ciudad de México), es posible que Ismael Figueroa Flores (Bombero de profesión) alcance un escaño, dos candidatos a alcaldías en Chihuahua, otros dos en Tamaulipas y Tlaxcala, y uno en Hidalgo, Aguascalientes y Oaxaca. Pero a nivel nacional, donde había candidatos sin partido, no lograron el posicionamiento que Jaime Rodríguez “El Bronco” logró hace apenas un año. Esto nos deja un panorama difícil para aquellos que busquen la candidatura presidencial por esta vía.

Pero a nivel nacional, donde había candidatos sin partido, no lograron el posicionamiento que Jaime Rodríguez “El Bronco” logró hace apenas un año. Esto nos deja un panorama difícil para aquellos que busquen la candidatura presidencial por esta vía.

Más complicado si el único gobernador independiente no cumple con lo que prometió, como mencionan en un video de Las Noticias de Televisa Monterrey (Aquí el link: <ahref=”https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1130442357014518/”>https://www.facebook.com/lasnoticiastelevisamty/videos/1130442357014518/ ) Algo “curioso”, por decirlo así, fue que en cuatro estados donde habrá transición, los candidatos prometieron en campaña investigar gestiones anteriores, acabar con los malos gobiernos y combatir la narcopolítica. Motivos para culpar a los futuros exgobernadores ya se encontrarán, pero esta estrategia les funcionó a los próximos gobernadores de Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas. Pero ¿cumplirán?

A Jaime Rodríguez le funcionó está estrategia de enfrentarse a su antecesor (y algunos miembros de su gabinete) para subir algunos puntos en su popularidad, porque en los últimos meses hemos visto que su posicionamiento, aceptación y legitimidad no ha sido la mejor, desde que era candidato. Esperamos que no sea un circo mediático, como el que tenemos en el Congreso del Estado.

Esta elección estuvo llena de sorpresas, impugnaciones y abstencionismo. Hay una ciudadanía más despierta, más exigente y crítica, pero todavía estamos en pañales. Falta mucho por hacer, pero como leí por ahí “tenemos la democracia que nos merecemos” y por algo se empieza.

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Intimidades Públicas: “Hasta pronto PRI, carta a los gobernantes”

El pasado 5 de junio 12 estados de la república celebraron elecciones para elegir al que sería su próximo Gobernador. Los ciudadanos de Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo y Puebla salieron a votar en esta importante elección que serviría como antesala de los comicios Presidenciales del 2018.

Los resultados son públicos, si bien el PREP no es considerado como un resultado oficial, en la mayoría de los casos existen ventajas suficientemente amplias para definir a un candidato ganador.

El PAN logró obtener la victoria en 7 estados, algunos de ellos donde nunca había existido la alternancia como es el caso de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Mientras que el PRI logró la victoria en 5 de ellos, rescatando los estados de Sinaloa y Oaxaca que eran gobernados por el PAN-PRD.

El común denominador es el siguiente: existió la alternancia en los estados en los que el hartazgo de la ciudadanía era suficiente. En este sentido, pareciera que la victoria no es cuestión del perfil del candidato de uno u otro partido político, sino más bien un voto de castigo por el mal gobierno que imperó en muchos de éstos estados.

El común denominador es el siguiente: existió la alternancia en los estados en los que el hartazgo de la ciudadanía era suficiente. En este sentido, pareciera que la victoria no es cuestión del perfil del candidato de uno u otro partido político, sino más bien un voto de castigo por el mal gobierno que imperó en muchos de éstos estados.

El PRI fue el principal perjudicado por esto. La premisa de la democracia es clara: gobernar desgasta; pero desgasta más cuando gobiernas mal. Y eso fue lo que sucedió.

No hay forma de ocultar lo que se hizo mal por parte de los gobernantes en algunos estados como Veracruz, Chihuahua o incluso Quintana Roo. Tan es así, que la ciudadanía hizo lo propio y en forma de desprecio, emitió su voto hacia otra opción electoral con la esperanza de encontrar una forma de llevar mejor las cosas.

No hay forma de ocultar lo que se hizo mal por parte de los gobernantes en algunos estados como Veracruz, Chihuahua o incluso Quintana Roo. Tan es así, que la ciudadanía hizo lo propio y en forma de desprecio, emitió su voto hacia otra opción electoral con la esperanza de encontrar una forma de llevar mejor las cosas.

El mensaje por parte de la ciudadanía es claro: a quien gobierne mal, se le acabó la oportunidad. Esa es la realidad del siglo XXI, y aunque existan quienes no quieran aceptarlo, no se puede gobernar en este siglo como si aún fuera un partido hegemónico donde la pluralidad era ficticia.

Los partidos políticos tienen que repensar sus estrategias y formas de hacer política.

Sin duda, la pasada jornada electoral es una carta abierta a los políticos, y particularmente en esta ocasión a los priístas: si gobiernan bien se quedan, y si lo hacen mal, se van.

Espero y tomen nota al respecto.
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Qué hacer con los árbitros de las elecciones locales

El próximo 5 de junio habrá elecciones en 13 estados: Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Con excepción de Baja California, en todos ellos se renovará la Gubernatura del Estado. Además, en la Ciudad de México los capitalinos seleccionarán a una parte de las personas que redactarán la primera Constitución de la CDMX.

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales: Secretarías Ejecutivas removidas (Veracruz y Durango); elecciones locales atraídas por el INE (Durango); denuncias de intervención de los Gobernadores en turno en las decisiones de las y los Consejeros Electorales de los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLEs); inacción para sancionar, en suma, árbitros electorales sin confianza y sin legitimidad.

También es de mencionarse el caso de Chiapas, en donde la totalidad de sus 7 Consejeras y Consejeros fueron removidos de sus cargos por actuar fuera de la Ley (SUP-RAP-118/2016). De hecho, el próximo 31 de mayo concluirá el concurso para la designación de nuevos integrantes del Consejo General en el OPLE de Chiapas (también se designa en esa fecha a un nuevo Consejero de la CEE, aunque la vacante se deriva de la renuncia de una de sus integrantes, actual Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León).

Sin considerar las elecciones constituyentes en la CDMX, las cuales fueron encomendadas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en el resto de los estados ha sido una constante el cuestionamiento de los árbitros electorales…

Recordemos que en la reforma constitucional de 2014, se expresó como razón para la construcción del nuevo modelo de la administración electoral en México que existía control por parte de los Gobernadores en los Institutos Electorales de los Estados. En este sentido, se aprobó otorgar la rectoría de ciertos procedimientos al nuevo INE (fiscalización, integración de casillas, capacitación, ubicación de casillas, Servicio Profesional Electoral Nacional…).

Una actividad esencial que se atribuyó al INE fue la de nombrar y, en su caso, remover, a las Consejeras y Consejeros en los OPLEs. Esta facultad correspondía antaño a los Congresos Locales en donde, se argumentaba, los Ejecutivos Locales operaban libremente para designar a personas afines a sus proyectos políticos. Ahora, con dos procesos de designación de Consejeros de los OPLEs bajo la conducción del INE (2014 y 2015), tal parece que los problemas siguen siendo los mismos.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción (aunque haya personas que así lo propongan: Consejero Electoral Roberto Ruiz y Magistrado Electoral Flavio Guzmán). La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

En ese sentido, lo primero que debe hacerse es reconocer que, igual que el INE, los OPLEs cuentan con una estructura de doble naturaleza: Una de corte profesional y de carrera. Y otra con una dimensión política. Para los servidores públicos de base profesional ya comienza a operar el Sistema Profesional Electoral Nacional. Para la segunda, aún con los procedimientos implementados por el INE, no se logra generar confianza.

¿Qué hacer, entonces, con los árbitros de las elecciones locales, con los OPLEs? Evidentemente, para quien escribe desde un estado de la Federación, desaparecerlos no es opción … La solución debe pasar por su fortalecimiento, no por su eliminación.

Por tanto, una segunda decisión que debe tomarse es asumir la profesionalización completa de quienes deseen ser Consejeras y Consejeros. Esto implica al menos dos decisiones normativas importantes: Por una parte, que la designación recaiga en la mejor opción posible, de acuerdo a parámetros objetivos; y, por la otra, la oportunidad de reelección hasta por un período más de Consejeras y Consejeros, con lo cual pueda garantizarse una trayectoria profesional medianamente estable.

En suma, la clave respecto a lo que se debe hacer con los árbitros electorales en los estados reside en aquello que hemos hecho en el IFE-INE desde 1989-90: La profesionalización y el espíritu de cuerpo que responda a la Constitución, a la Ley y a una ética pública de carácter democrático. En ese sentido, dejemos en el Consejo General del INE la dimensión política de las elecciones y en los OPLEs el aspecto técnico y operativo, bajo estándares profesionales y objetivos.

Si no tomamos ese paso adicional, seguramente en 2017 y 2018 sabremos de más cuestionamientos de los árbitros electorales, de más remociones de Consejeras y Consejeros en los estados, de más elecciones atraídas por el INE o, tal vez…, estaremos discutiendo la creación del Instituto Central Electoral (ICE).

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Cada día es peor México?

Todos los días México nos tiene algo que contar, y hoy no fue la excepción…

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) presento el día de hoy 25 de Mayo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, cuyo objetivo es medir la percepción sobre las situaciones de corrupción en México, las estimaciones sobre el grado de interacción de la población con las autoridades gubernamentales a través de medios electrónicos, estimaciones sobre el número de actos de corrupción que sufrieron las víctimas en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades, entre otros puntos. Dicha encuesta arrojo que la delincuencia, la inseguridad y la corrupción, fueron los temas que más preocuparon a los mexicanos durante el 2015.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) presento el día de hoy 25 de Mayo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015…Dicha encuesta arrojo que la delincuencia, la inseguridad y la corrupción, fueron los temas que más preocuparon a los mexicanos durante el 2015.

Para la realización de esta encuesta, se tomó un periodo de referencia de enero a diciembre del 2015, en donde la población de estudio fue hacia la población de 18 años y a ciudades con un mayor a 100,000 habitantes. El tamaño de muestra nacional fue de 38,000 viviendas, y la cobertura geográfica fue a nivel nacional en los 32 estados de la república mexicana.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) posiciona al Estado de México como uno de los 10 estados con más actos de corrupción con 62,160 actos por cada 100,000 habitantes, seguido por Sinaloa con 58,232 actos, Chihuahua con 36,472 actos, Sonora con 33,256 actos, Baja California Sur con 31,604 actos, Morelos con 29,740 actos, Michoacán con 29,144 actos, Querétaro con 28,905 actos, Tlaxcala con 28,771 actos y Puebla con 28,269 actos.

También posicionan a Colima con menos actos de corrupción con 9,230 actos, Nayarit con 9,779 actos y Tamaulipas con 10,441 actos. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) ubicó en primer lugar los temas de inseguridad y delincuencia con 66.4% como uno de los temas que más preocupaban a los mexicanos en 2015, seguido por la corrupción con un 50.9%. A comparación de la misma encuesta realizada en el año 2013, en donde el 42.9% de los encuestados percibía la corrupción como ‘frecuente’, se observa un incremento de 10 puntos con un 52.4% en percepción a la corrupción como ‘frecuente’ en el gobierno federal.

Para la realización de esta encuesta, se tomó un periodo de referencia de enero a diciembre del 2015, en donde la población de estudio fue hacia la población de 18 años y a ciudades con un mayor a 100,000 habitantes. El tamaño de muestra nacional fue de 38,000 viviendas, y la cobertura geográfica fue a nivel nacional en los 32 estados de la república mexicana.

Los servicios públicos básicos como calles y avenidas, policía y alumbrado público, obtuvieron un nivel de satisfacción de 20.7%, 25.3% y 33%. En educación pública obligatoria, el 61% de la población manifestó estar satisfecho con el servicio de educación pública obligatoria durante 2015. Mientras que en el IMSS la satisfacción fue de 38.8%, y en el trasporte público masivo automotor fue de 28.9%.

Cabe señalar que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) también mide la satisfacción de los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y avenidas, carreteras y caminos sin cuota), como de servicios de baja demanda (educación pública obligatoria; educación pública universitaria; servicios de salud, del IMSS, ISSSTE, gobiernos estatales y seguro popular; energía eléctrica; transporte público masivo automotor; autobús de transito rápido; metro o tren ligero y autopistas con caseta de cuota).

Por último, como dije al principio de esta nota, México nos da una noticia nueva cada día, sea buena o mala. Sin embargo, los datos que arrojo esta encuesta a mi parecer son importantes y delicados, principalmente porque cada día la población mexicana percibe la corrupción como un acto común que se deba aceptar, de igual manera, es importante esta encuesta porque nos da un reflejo de cómo la población mexicana percibe ciertos temas, ya sea educación, servicios públicos, gobierno, etc. Necesitamos cambiar nuestra manera de ser y de actuar para poder transformar realmente México y poder así progresar como sociedad, pero principalmente como país.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”