Piden 14 gobernadores a AMLO no politizar seguridad; Alianza Federalista da su apoyo a Chihuahua

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Después del retiro de las fuerzas federales de los mecanismos de coordinación en materia de seguridad en Chihuahua. 14 gobernadores demandaron al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con el acuerdo de no politizar el tema.

Los gobernadores de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León hicieron el llamado para que el tema de seguridad se saque de cualquier interés político, ya que con ellos se fortalece a la delincuencia organizada y se debilita a la sociedad.

Los 10 mandatarios agrupados en la Alianza Federalista se reunieron este miércoles en la Ciudad de México en donde manifestaron su respaldo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, porque la seguridad, expresaron, debe constituir una prioridad para todos.

El día de ayer Corral Jurado dio a conocer que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le notificó de un acuerdo del gabinete en el que se determinó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen a diario por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia.

Ya por la noche del miércoles y en reunión con la Alianza Federalista, Corral acusó que la decisión fue unilateral y lo único que refleja la Federación es un talante autoritario con propósitos de venganza en contra de Chihuahua.

“Esto termina beneficiando a la delincuencia, pierde el pueblo. Llamamos al gobierno a corregir esta decisión, el pacto federal lo obliga a ello”, advirtió el panista.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que el gobierno federal no puede descoordinarse de la seguridad y menos unilateralmente.

“Hicieron bulla porque los gobernadores no íbamos a las sesiones de la mañana y hoy es claro que en un arranque, un berrinche, diciendo que ya no nos coordinamos”, señaló.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recordó que un acuerdo entre los gobernadores, la gobernadora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que se tuvo con la Federación, fue no politizar el tema de la seguridad. 

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, expuso que los conflictos que se viven en las entidades son de ámbito federal y no se actúa en consecuencia desde la Federación.

“Nosotros tenemos cordura para convocar al diálogo con la Federación, se pueden resolver los conflictos si nos sentamos a dialogar”, expresó.

Cabe mencionar, que también la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldó a Corral. Consideraron inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación de seguridad.

“Absolutamente inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación en la mesa de seguridad en #Chihuahua. Demandamos el respeto a la soberanía estatal y respaldamos a nuestro compañero @Javier_Corral. Toda nuestra solidaridad con la sociedad chihuahuense”, publicó la cuenta de la GOAN en Twitter.

Protestarán en Monterrey por mal manejo de agua en Río Bravo

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Los agricultores del norte de Tamaulipas realizarán una caravana a Monterrey para protestar en el edificio de la delegación regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el mal manejo de las aguas del Río Bravo, informó Rubén Chapa, presidente de la Red Mayor de Canales del Distrito 025.

Nuestro distrito está sin agua para la agricultura en el próximo ciclo de riegos que empieza el próximo diciembre“, señaló.

Encabezados por presidentes de las nueve asociaciones de usuarios del Distrito 025, los agricultores de todo el norte del Estado se reunirán en el campo deportivo Las Liebres de Río Bravo, Tamaulipas, para partir en camionetas y autobuses a la Conagua-Monterrey este jueves, a las 12:00 horas.

Chapa explicó que al mediodía los funcionarios de la Conagua estarán en el edificio en reunión con motivo de una sesión del Organismo de Cuenca Río Bravo, que administra el agua mexicana del río.

Un alto porcentaje de los 15 mil usuarios del Distrito 025 confirmó su participación en el plantón que harán en la Conagua.

Las presas internacionales La Amistad y Falcón almacenan el agua del Distrito 025, cuya concesión es por mil 183 millones de metros cúbicos (mm3) anuales.

Pero a la fecha, la Amistad tiene solo 82 mm3 y la Falcón 132 mm3, que sumados apenas alcanza 214 mm3, cuando debería tener al menos 350 mm3 para garantizar el agua para consumo humano.

“Para la agricultura de nuestro distrito la Conagua no está garantizando una gota, están mal administrando el recurso de la cuenca“, señaló Treviño.

El experto en hidrometría acusó a la Conagua de ceder a la presión social de la gente de Chihuahua y no hacer respetar el Tratado Internacional de Aguas por dejar el agua en la presa La Boquilla, que no les pertenece a los de Chihuahua.

Vamos a Monterrey para exponer a la opinión pública la verdad, con cifras oficiales y con la ley en la mano, la Conagua nos está dejando sin agua por no saber administrarla”, apuntó.

(Con información de El Norte)

Alista Alianza Federalista acciones legales respecto al Paquete Económico 2021

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El día de ayer, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que  los gobernadores de la Alianza Federalista están analizando qué acciones se van a llevar a cabo, respecto a la distribución de los recursos del Paquete Económico 2021, ya que consideran que desfavorece en muchos rubros a los estados altamente productivos y competitivos, que generan riqueza, empleo y desarrollo al país.

El funcionario, declaró: “Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista, ya hicimos un equipo técnico que va estar analizando, no solamente las acciones que llevaremos a cabo con este paquete fiscal, no solamente lo vamos a señalar, sino que vamos ver la posibilidad de llevar a cabo algunas acciones legales al respecto“.

En el mismo sentido, el gobernador precisó que en el caso de Tamaulipas el Proyecto de Presupuesto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 refleja una disminución de 736 millones de pesos en participaciones federales que impactará negativamente en proyectos de construcción de vialidades, seguridad pública, empleo e inversión al campo, entre otros rubros para esta entidad. Esto representaría el cuarto año consecutivo con reducción de recursos para el estado, desde el 2017 a la fecha ha dejado de percibir más de 3,800 millones de pesos.

Aseguró que la propuesta del Proyecto de Presupuesto de Egresos se puede modificar, aunque eso depende de la voluntad política de los diputados federales, por ello se reunirá con los legisladores para pedirles que busquen más recursos para la entidad. Con el objetivo, dice, para que lleguen más recursos para obras de infraestructura y para el campo, para agricultura y ganadería. 

Con información de El Economista

 

Anuncia Cabeza del Vaca salida de la Conago

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunció su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), como también lo ha hecho su homólogo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, al criticar que las reuniones solo buscar ser comparsas y quedar bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no hay respuesta a los temas que plantean, uno de ellos, impulsar un nuevo pacto fiscal.

García Cabeza de Vaca, anticipó que también el próximo lunes los integrantes de la Alianza Federalista, de la cual es parte, se reunirán en Chihuahua para votar por la salida o seguir dentro de la Conago.

“Porque lo hemos platicado en los chats, es precisamente cuál va a ser nuestra posición en mantenernos o no, algo que ya perdió su esencia, que es la Conago, que debe de ser un órgano que nos permite ser más allá que un contrapeso, tener opción y diálogo abierto, pero con el propósito de impulsar el federalismo. Entonces, si eso ya se perdió y lo único que va a servir es para que unos cuantos gobernadores, vayan de comparsas y quedar bien con el presidente en turno, pues cuál es el espíritu de la Conago. No hablo a nombre de ningún. gobernador, yo en lo personal considero que ya es un despropósito el ser parte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, toda vez que ya perdió su esencia federalista”, dijo el García Cabeza de Vaca en conferencia de prensa.

Por otro lado, el mandatario tamaulipeco enfatizó que ya no ve una razón sólida para pretender a dicha conferencia.

“Yo en lo persona te digo, que ya no veo razón de ser, por eso ya estoy contestando, de no ser parte ya de una organización que ya perdió el espíritu federalista de contrapeso al diálogo claro, franco, que debe tenerse con el Ejecutivo federal”, agregó.

El panista señaló que una vez que se concrete su salida de la Conago, de la cual no reveló una fecha, buscará consensos con los miembros de la Alianza Federalista y de la Asamblea de Gobernadores del Acción Nacional (GOAN) para las entidades en materia económica, turística, de salud y de crecimiento, así como de inversiones y principalmente por la emergencia del COVID-19.

Por último, criticó que el último encuentro de los Gobernadores con López Obrador, el pasado 19 de agosto en San Luis Potosí, dejó un mal sabor de boca en los asistentes.

Acusa García Cabeza de Vaca a subsecretario de Gobernación de reunirse con criminales; advierte judicialización de la política

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El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca reprochó esta tarde al Gobierno federal que se esté judicializando la política.

En San Luis Potosí, previo a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el tamaulipeco cuestionó que se filtrara a los medios una supuesta investigación que las autoridades federales siguen en su contra, la cual él mismo desconoce y advirtió que recurrirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se la den a conocer.

De acuerdo con García Cabeza de Vaca, el Gobierno federal pide un trato que no da, pues considera que por un lado da la mano como Estado y, por el otro, suelta la bofetada como partido.

No obstante, advirtió que no permitirá que lo utilicen para posicionarse en las encuestas electorales.

No voy a permitir que construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mi no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena”, dijo frente a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez, en relación a la denuncia que hizo el contendiente a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, en su contra.

Además, en corto, presumió los avances que en materia de seguridad ha tenido la entidad que gobierna a partir de que él llegó a la Administración estatal.

Dijo que cuando asumió el cargo de Gobernador, Tamaulipas ocupaba uno de los tres primeros lugares en materia de inseguridad a nivel nacional y hoy, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, está en el lugar 21.

Y a propósito de esto, señaló que quien sí se ha reunido con delincuentes, es el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, quien participó en un evento con la columna armada Pedro J. Méndez, al lado de criminales que cuentan incluso con órdenes de aprehensión.

Lo anterior, subrayó, pese a las advertencias que al respecto le hizo el Gobierno estatal.

García Cabeza de Vaca, hizo un llamado al Gobierno federal a que en lugar de participar en acusaciones sin fundamento se pongan a trabajar en la gobernabilidad del país.

Esta semana, círculo en medios que supuestamente la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR inició una carpeta de investigación por presuntas operaciones con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico en contra del Gobernador de Tamaulipas sin que hasta el momento haya un posicionamiento oficial al respecto.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Gobernadores exigen renuncia de López-Gatell

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La Alianza Federalista, conformada por gobernadores de oposición, exigió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por considerar fallida su estrategia contra la pandemia de COVID-19.

La exigencia fue firmada en una carta por los Gobernadores Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; José Peralta, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Cabe mencionar que aunque forma parte de la Alianza, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, no aparece entre los firmantes de la carta.

“Con todo, se ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, a través de un semáforo que ha asfixiado a las economías locales porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios. Hoy México está en el peor de los escenarios. Los Gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al Gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando”, se lee en la carta.

Los mandatarios indicaron que la emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad.

“Que el señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente que nos muestra el indolente número de muertes en México”, agregaron.

Indica AMLO que será Protección Civil quien decida ayuda a Nuevo León

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que será el Consejo de Protección Civil quien revisará la petición y evaluará el envío de recursos al estado de Nuevo León, esto después de que el gobernador de dicha entidad, Jaime Rodríguez Calderón, solicitara ayuda financiera del gobierno federal para atender a los damnificados que dejó el paso de la tormenta tropical “Hanna”.

“Esta funcionando el Fonden. Ayer recibí un escrito del Gobernador de Nuevo León pidiendo apoyos para damnificados y para las obras y tiene un procedimiento lo de la decisión de apoyar, lo tiene que revisar un consejo de Protección Civil, hay un procedimiento y sigue funcionando, desde el principio”, dijo López Obrador en #LaMañanera.

Por otro lado, el mandatario dijo que la próxima semana realizará una gira por los estados Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

La petición de “el Bronco” se dio luego de que nueve alcaldes del Área Metropolitana de Monterrey llamaron al presidente a apoyarlos debido a los daños que dejó la tormenta.

Asegura Protección Civil que ya pasó lo peor de Hanna

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El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que en las próximas horas habrá lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz debido al paso de la depresión tropical Hanna.

David León Romero, titular de Protección Civil, informó la mañana de este lunes que ya pasó lo peor de afectaciones en cuestión de lluvias y vientos en el país.

“Afortunadamente, en este momento, en cuestión de precipitación y vientos, ya pasó lo peor de Hanna. Sin embargo los escurrimientos en las cuencas van a continuar”, indicó.

La dependencia indicó también que se presentarán lluvias muy fuertes en Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Se espera que este sistema se degrade a una baja presión remanente durante las próximas horas.

El paso de Hanna por el norte del país, dejó al menos cuatro personas desaparecidas, daños en infraestructura e inundaciones,  informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

También se confirmó que cuatro personas “se encuentran en calidad de desaparecidas”, una en Topo Chico, en Nuevo León, y tres en Reynosa, Tamaulipas.

El funcionario confirmó que “se trabaja en su localización”.

Reynosa es una de las ciudades más afectadas por el fenómeno meteorológico con 21 colonias inundadas, incluido un hospital materno, además de registrarse cortes de energía eléctrica y falta de bombeo de agua potable.

En Matamoros las autoridades reportaron una colonia afectada por inundación; en Río Bravo y Ordaz se informó de árboles caídos. “Hay una vivienda afectada y una estructura colapsada en Camargo”, indicaron las autoridades.

En Nuevo León se recibieron 27 reportes de cortocircuitos, 14 caídas de postes y muros, 20 árboles caídos o por caer, tres reportes de inundación, 27 de accidentes viales y dos cierres de carretera, uno parcial y otro total.

Hanna azotó como huracán, el primero de la temporada atlántica, y como tormenta tropical al sur de Texas y el noreste de México con fuertes vientos y lluvias que provocaron inundaciones.

(Fuente: López-Dóriga Digital)

La Marina implicada en desaparición de 27 personas: CNDH

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La Marina fue implicada en la desaparición de 27 personas en 2018 y se le pidió indemnizar a las familias de las víctimas, informó el martes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La entidad dijo en una nota que investigó la desaparición en Tamaulipas de 27 personas “detenidas arbitrariamente y desaparecidas (…) por elementos de la Marina”, de las cuales 12 fueron encontradas muertas, y  “logró acreditar” su probable responsabilidad.

La Comisión dijo que solicitó a la Marina “la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos que incluya una compensación por la desaparición forzada”.

La Marina respondió en cuenta de Twitter que aceptó la petición.

Del grupo de personas desaparecidas, entre marzo y mayo de 2018, “12 fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y ‘entierros clandestinos’, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León”, añadió la CNDH.

La CNDH pidió también a la fiscalía federal que continúe con la búsqueda de “forma exhaustiva” de las 15 personas aún sin localizar e investigue a los marinos señalados por los familiares de las víctimas.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo se congratuló por la recomendación de la CNDH.

Autoridades del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) “habían negado que la Marina hubiese participado en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, dijo a la AFP Ramos.

Añadió que las víctimas pertenecen a “distintos estratos sociales, hay una ama de casa, un panadero, un menor de 16 años (…) y pudiera pensarse que se los llevaron para obtener información de inteligencia”.

Tamaulipas, con costas en el golfo de México y fronterizo con Estados Unidos, es una de las regiones más violentas del país por ser una de las rutas para el trasiego de drogas.

El gobierno de México tiene registro de 73.201 personas desaparecidas, la mayoría tras una ofensiva militar antidrogas desplegada en 2006.

Desde el inicio de dicha estrategia se han registrado más de 290.000 asesinatos, según cifras oficiales pero sin detallar su vinculación con la criminalidad.

(Fuente: AFP)

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.