Piden 14 gobernadores a AMLO no politizar seguridad; Alianza Federalista da su apoyo a Chihuahua

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Después del retiro de las fuerzas federales de los mecanismos de coordinación en materia de seguridad en Chihuahua. 14 gobernadores demandaron al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con el acuerdo de no politizar el tema.

Los gobernadores de Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Nuevo León hicieron el llamado para que el tema de seguridad se saque de cualquier interés político, ya que con ellos se fortalece a la delincuencia organizada y se debilita a la sociedad.

Los 10 mandatarios agrupados en la Alianza Federalista se reunieron este miércoles en la Ciudad de México en donde manifestaron su respaldo al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, porque la seguridad, expresaron, debe constituir una prioridad para todos.

El día de ayer Corral Jurado dio a conocer que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, le notificó de un acuerdo del gabinete en el que se determinó que los responsables de las fuerzas federales en el estado sesionen a diario por su lado, en la zona militar, atendiendo los temas de su ámbito de competencia.

Ya por la noche del miércoles y en reunión con la Alianza Federalista, Corral acusó que la decisión fue unilateral y lo único que refleja la Federación es un talante autoritario con propósitos de venganza en contra de Chihuahua.

“Esto termina beneficiando a la delincuencia, pierde el pueblo. Llamamos al gobierno a corregir esta decisión, el pacto federal lo obliga a ello”, advirtió el panista.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que el gobierno federal no puede descoordinarse de la seguridad y menos unilateralmente.

“Hicieron bulla porque los gobernadores no íbamos a las sesiones de la mañana y hoy es claro que en un arranque, un berrinche, diciendo que ya no nos coordinamos”, señaló.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recordó que un acuerdo entre los gobernadores, la gobernadora y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que se tuvo con la Federación, fue no politizar el tema de la seguridad. 

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, expuso que los conflictos que se viven en las entidades son de ámbito federal y no se actúa en consecuencia desde la Federación.

“Nosotros tenemos cordura para convocar al diálogo con la Federación, se pueden resolver los conflictos si nos sentamos a dialogar”, expresó.

Cabe mencionar, que también la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respaldó a Corral. Consideraron inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación de seguridad.

“Absolutamente inadmisible que el gobierno federal rompa la coordinación en la mesa de seguridad en #Chihuahua. Demandamos el respeto a la soberanía estatal y respaldamos a nuestro compañero @Javier_Corral. Toda nuestra solidaridad con la sociedad chihuahuense”, publicó la cuenta de la GOAN en Twitter.

Pide AMLO no tomar casetas ni vías férreas

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El Presidente López Obrador hizo un llamado a no tomar casetas ni bloquear las vías férreas en el País, y pidió protestar por causas justas sin sacar dinero sin dejarse manipular por líderes corruptos. Esto luego de que el día de ayer, en por lo menos 10 estados del País se registraban pobladores pidiendo “cuotas” a los automovilistas o permitiendo el paso libre de los conductores. Así lo señaló también Grupo REFORMA, que publicó hoy que normalistas, organizaciones civiles, campesinos, prestadores de servicios y hasta cirqueros protagonizan con frecuencia la toma de casetas.

Al cuestionarle cómo evitar las tomas, este respondió: “Bueno, primero con este llamado, muchos saben que ya es otra la realidad, ya no hay complicidades, ¿qué hacen los funcionarios?, que no servidores públicos, se dedicaban a los negocios, ¿qué les iba importar si se tomaba una caseta y dejaban de ingresar recursos a la hacienda pública si a ellos les iba bien?

Señaló: “No cuidaban el patrimonio del pueblo, entonces eso ya se terminó, porque si a unos sí y a otros no se les pide que cumplan con la ley, entonces no va a haber Estado de Derecho“.

El titular del ejecutivo, pidió que haya diálogo ante el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de más bloqueos en vías férreas estratégicas para Michoacán, y llamó a evitar la manipulación.

Afirmó, en el mismo sentido que: “Es lo mismo, que todos despertemos bien, que haya diálogo, nosotros no vamos a reprimir y que no se dejen manipular, que sean causas justas por las que se proteste, ¿nosotros por qué protestábamos? porque nos hacían fraude o en defensa de la justicia, pero no protestar para sacar dinero. Negociar, le llamaban, líderes corruptos, líderes nylon“.

Con información de El Norte

Deja cinco muertos enfrentamiento entre supuestos miembros del Cártel Jalisco y Guardia Nacional en Michoacán.

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La Fiscalía General de Michoacán informó que  este sábado 18 de Julio ocurrió un enfrentamiento entre fuerzas federales y supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El enfrentamiento dejó un saldo de cinco presuntos delincuentes muertos y dos elementos de la Guardia Nacional heridos

Los hechos ocurrieron en la comunidad de La Bocanda del municipio de Aguililla, en donde funcionarios de la Fiscalía realizan las primeras investigaciones.

Las Fuerzas federales incursionaron en la región de Tierra Caliente de Michoacán, pero fueron recibidos a balazos por un grupo delictivo.

Integrantes de la Guardia Nacional respondieron la agresión con fusiles automáticos, generándose un intercambio de disparos.

En el lugar de los hechos, quedaron sin vida los cinco presuntos integrantes del CJNG.

Mientras tanto, los dos efectivos de la Guardia fueron trasladados en un helicóptero a un hospital de la región para recibir atención médica urgente.

 

(Con Información de El Financiero) 

 

Por COVID-19 se perdieron 1 millón 113 mil empleos formales en México

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La pandemia del COVID-19 dejó un saldo de un millón 113 mil 677 empleos formales perdidos al primer semestre del 2020, como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento social y el paro de actividades económicas.

Este domingo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) piblicó el domingo su reporte mensual de empleo, en el cual informa, que en junio de 2020, mes en el que se inició la “Nueva Normalidad”, se perdieron 83 mil 311 puestos de trabajo.

Cabe señalar que el dato de junio de 2020 representa una desaceleración en la pérdida de pelos respecto de los meses previos que estuvieron enmarcados en la Jornada Nacional de Sana Distancia, se trata de la cantidad más baja para un mismo mes desde junio de 2001.

“Como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, en junio se registra una disminución mensual de 83,311 puestos, equivalente a una tasa mensual de -0.4%”, indicó la dependencia.

De acuerdo con los datos del IMSS, entre marzo y mayo se perdieron un millón 30 mil 366 puestos de trabajo, por lo que, si a ese acumulado se suman los puestos de trabajo perdidos en junio, el saldo del COVID-19 al cierre del primer semestre de 2020 asciende a un millón 113 mil 677 empleos formales.

Por otro lado, al observar la evolución del empleo para el primer semestre, lo que resulta es que entre enero y junio de 2020 se han perdido 921 mil 583 puestos de trabajo netos, esto porque si bien de marzo a junio hubo caída en el empleo, durante los meses de enero y febrero sí hubo creación de plazas laborales.

En la casa anual de decrecimiento del empleo se ubicó en -4.3% en junio de 2020, la variación más baja para cualquier mes desde que existen los registros del IMSS, es decir, 1997.

Cabe recordar que, en junio de 2009, cuando sucedió la recesión global y el virus de influencia AH1N1, el empleo reportó un decrecimiento de -4.2% a tasa anual, es decir, una variación similar a la observada en junio de este año.

En cuanto sectores, el que presentan un crecimiento anual en junio de puestos de trabajo fueron agropecuario, con 3.5%; servicios sociales y comunales, con 2.3% y electricidad, con 0.1%, en contraste, la industria de la construcción registró una caída de 11.6%, servicios para empresas cayó 8.1%. y la industria extractiva disminuyó 6.5%.

Por entidad federativa, Tabasco, Michoacán y Baja California registran una ligera variación anual positiva durante junio con 1.4, 0.1 y 0.1 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, estados turísticos como Quintana Roo registraron un desplome del empleo formal de 22.9% en junio a tasa anual; seguido por Baja California Sur, con 11.7% y Guerrero con 7.2%.

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.

Atacantes de García Harfuch fueron contratados hace 3 semanas

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La Fiscalía de la Ciudad de México informó que los atacantes del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron contratados hace 3 semanas y se confirmaron en 4 células de 7 miembros cada una.

El vocero de la dependencia detalló que hay 12 detenidos, los cuales son de la CDMX, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, Michoacán y un colombiano.

Los atacantes revelaron que el día de ayer a las 22:00 horas fueron trasladados a diferentes lugares encapuchados para recoger armamento y los llevaron a 3 puntos en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, lugares donde interceptarían la camioneta del funcionario capitalino.

Gobernadores mandan un pliego de peticiones a AMLO

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Gobernadores de ocho entidades enviaron un pliego de peticiones al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre la peticiones se encuentra un programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas, un plan de largo alcance contra la crisis económica, activar un seguro de desempleo, y la suspensión de proyectos y programas federales.

Por otro lado, los Gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Durango y Guanajuato demandaron también que la Federación analice la posibilidad de contraer deuda para impulsar la reactivación económica del país y se revise la implementación de un ingreso básico universal.

Se reitera también el planteamiento de revisar el Pacto Fiscal y el sistema de tributación.

Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dio lectura a un nuevo oficio que enviarán a López Obrador buscando una reunión.

“Es el momento de unirnos y coordinarnos ampliamente para enfrentar la crisis”.

“No es tiempo de separatistas”, dice Cuitláhuac García

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El gobernador de Veracruz, Cuitáhuac García Jiménez, dijo esta mañana de lunes que no es momento para la separación en grupos, ya que todos los estados tienen sus fortalezas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Convoco a mis colegas a que reflexionemos por el interés federal“, asegurando que no coincide con la visión de algunos mandatarios estatales que están en contra de la estrategia federal contra la nueva cepa de coronavirus.

En días anteriores, García Jiménez había calificado la acción de los gobernadores como “golpista“, pero luego rectificó para llamarlo separatista.

Pensamos que no son momentos de hacer grupos. Al contrario, es momento de unir esfuerzos de los estados, sinceramente me parece hasta una intención como golpista, perdón pero lo veo de esa manera. Separatista sería mejor palabra“, detalló el titular del ejecutivo en Veracruz.

Todo esto sucede luego de que el viernes 5 de junio, gobernadores de ocho estados se unieron para plantear su propio plan de acción contra el nuevo coronavirus.  Los mandatarios de Coahuila, Colima, Durango, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Jalisco anunciaron su plan contra el COVID-19, y acordaron entregar una carta para pedir una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de El Financiero

Le piden a AMLO no distraer con bloque ‘imaginario’

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La Coparmex, los gobernadores del PAN y el perredista Silvano Aureoles pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador no distraer con un “bloque imaginario” y atender la pandemia de COVID-19 que afecta al país.

Cabe recordar que esta mañana el mandatario mostró un documento con la supuesta estrategia para derrocar a Morena en 2021 y quitarlo a él de la Presidencia en el 2022, todo esto confirmado por un Bloque Opositor Amplio (BOA), presuntamente integrado por partidos políticos, gobernadores, sociedad civil y periodistas.

En su cuenta de Twitter la Coparmex aseguró que no tiene conocimiento ni participa en dicho bloque, por lo que pidió a AMLO no usar el tiempo del gobierno federal en “frivolidades”.

“La Coparmex no tiene conocimiento, participa o respalda el imaginario Bloque Opositor Amplio BOA dado a conocer por el Presidente @lopezobrador_. Deploramos la frivolidad en la utilización del tiempo y espacio del @GobiernoMX para presentar panfletos, provocar rumores y polarizar”, señala.

Por su parte el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió seriedad al titular del Ejecutivo y que se concentre en la pandemia del COVID-19.

Al mismo llamado se unió el panista y gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ironizó con la presentación.

“En la Torre… Ya nos descubrió @JesusRCuevas !!!! Por lo pronto el Presidente @lopezobrador_ no podrá negar que vamos a tener un jingle muy sonoro y pegajoso. #EslaBoa… EslaBoa!”.

Por otro lado, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional pidió concentrar los esfuerzos en atender la emergencia y dejar de lado otros distractores.

“En @GOAN_MX estamos atendiendo los dos temas centrales que agobian a las y los mexicanos: Salud de las familias, ingreso de los hogares. Pensar en otros temas en este momento no es responsable ni serio. Urgimos a atender la aflicción de la gente”, escribieron los mandatarios panistas.

El ex presidente Felipe Calderón dijo desconocer el documento, pero alertó sobre los efectos del mismo.

“No conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista, pero, si fuera el caso: 1) que la oposición se organice es su derecho; 2) que el Gobierno la espíe es un delito”, publicó en su cuenta de Twitter.

Surge brote de COVID-19 en reunión de Gobernadores.

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Después de casi dos semanas en que fue celebrada la reunión de siete Gobernadores en el municipio de Parras de la Fuente, para evaluar medidas para hacer frente al coronavirus, se dió a conocer que el día de ayer se presentaron al menos 20 contagios por COVID-19 entre el personal de medios de comunicación de Nuevo León y Coahuila que cubrieron el evento. 

Entre los contagiados, fuentes señalaron a seis periodistas de cinco medios de comunicación con base en Nuevo León.

El resto de los contagios estaría en el grupo coahuilense RCG, que maneja televisión, radio y anuncios panorámicos, la noche de ayer informó que 14 de sus trabajadores dieron positivo en pruebas de coronavirus y otros 47 tuvieron resultado negativo.

Informantes oficiales señalaron que el origen de estos brotes se deriva de que un funcionario del área de Comunicación Social coahuilense, que enfermó de coronavirus, estuvo en la Reunión Interestatal por el Covid-19 el pasado 22 de mayo.

En el encuentro estuvieron los Gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Coahuila, Miguel Riquelme; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Durango, José Rosas Aispuro; de Colima, Ignacio Peralta, y de Jalisco, Enrique Alfaro.

 

 

(Con Información de El Norte)