Monreal: Un reformador

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Como es público, el Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado Ricardo Monreal, señaló que tenía preparada una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mejor conocida como: “iniciativa para regular las redes sociales”.

La misma, fue objeto de todo tipo de comentarios, buenos, malos y alguno que otro disparate, destacando dentro de esta última categoría las observaciones que consideran que la iniciativa atenta contra la libertad de expresión y principios elementales de la democracia.

Esto, pues al contrario, la reforma propuesta por el Senador Monreal busca establecer las bases y principios generales de protección a la libertad de expresión en las redes sociales, así como dar al Instituto Federal de Telecomunicaciones las atribuciones necesarias para que pueda garantizar el ejercicio de este derecho humano en el ámbito del ciberespacio, y establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de las cuentas.

Sobre el particular, el derecho a la libre expresión reconocido en los artículos 6º de nuestra Constitución y 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, comprende tanto la prerrogativa de expresar el pensamiento propio, como el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, resultando válido recurrir a cierta dosis de exageración, provocación y ser un tanto desmedido en las declaraciones.

Cabe mencionar que la libre expresión no puede estar sujeta a previa censura, sino únicamente a responsabilidades ulteriores, pues al igual que todo derecho el mismo no es absoluto y válidamente puede restringirse para asegurar: 1) el respeto a los derechos o reputación de los demás, 2) la protección de la seguridad nacional, orden público, salud, o moral, 3) no se realice propaganda a favor de la guerra, 4) ni haya apología al odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupos de personas.

No obstante, para que resulte válida cualquier restricción a la libertad de expresión, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable: que la misma se encuentre prevista en la Ley, tenga un fin legítimo, sea necesaria y proporcional; situación que constituye una garantía adicional en favor de los gobernados, pues ninguna persona, ni autoridad, salvo el legislador puede restringir este derecho humano.

Situación anterior, que se corrobora pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su “Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión” dispone que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho y que el mismo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la Ley.

De ahí, la importancia de la iniciativa propuesta por el Senador Monreal pues se insiste, una de las garantías que implica el ejercicio de la libertad de expresión es que la misma únicamente puede restringirse a través de hipótesis fijadas por el legislador y no, por otras autoridades o particulares. 

Luego, si en las distintas redes sociales, se dan la eliminación y suspensión de cuentas a usuarios por que sus expresiones vulneran los términos y condiciones de estas, resulta inconcuso que dichas limitantes constituyen atropellos a su derecho de expresarse, pues prácticamente son censurados por un particular, sin que su conducta encuadre en hipótesis previamente establecidas por el legislador y cuya realización tenga como consecuencia una restricción a este derecho.

Ante este escenario, considero atinada la propuesta del reformador Monreal, pues a efecto de otorgar seguridad jurídica y cumplir con una de las garantías que implica el derecho humano de libertad de expresión, es imperativo que sea a través de una Ley y no, por medio de términos y condiciones fijados de manera unilateral, que se señalen los supuestos a través de los cuales una red social puede restringir este derecho eliminando o suspendiendo las cuentas de los usuarios.

#Kleroterion: “Falso que se reducirán las pensiones”

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El lunes amanecimos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre tribunales federales que establece que los trabajadores de la llamada “generación de transición”, los que cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que decidan pensionarse con la ley de 1973, tendrán un tope de 10 salarios mínimos en su pensión y no de 25, que es lo que concede la ley de 1997 a quienes se pensionen con esa ley.

Esta tesis de la Suprema Corte generó una serie de noticias falsas en redes sociales, principalmente acusando al poder ejecutivo de promover una reducción en las pensiones de los trabajadores. Increíblemente muchas personas la empezaron a compartir sin investigar la VERDAD del tema. Esto es falso. Te explico por qué:

1. La división de poderes: El Presidente no le da órdenes al Poder Judicial, éste es autónomo.

2. El Presidente NO pidió a los ministros de la corte la reducción de pensiones. De hecho 9 de los 11 ministros fueron asignados por los presidentes anteriores, así que en todo caso tienen compromiso con ellos.

3. El director del IMSS Zoé Robledo ya aclaró que la controversia de tesis que emitió la SCJN sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

4. Los 25 salarios mínimos siguen vigentes para quienes se pensionen con la ley de 1997, pero esa misma ley establece que recibirán esa pensión hasta que se termine lo que tienen ahorrado en su Afore.

Te explico OTRA VEZ qué fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio que emitió desde el 2010 y que ratificó en días pasados. Los trabajadores de la “generación de transición” al pensionarse tienen las siguientes opciones:

1.- Si el trabajador decide acogerse al régimen de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

2.- Si el trabajador opta por el régimen de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

No obstante, la tesis emitida por la SCJN no es de aplicación obligatoria, es decir, no es una jurisprudencia de aplicación general, sino que aplica sólo para los trabajadores que demanden al IMSS al estar inconformes con el cálculo de su pensión.

No te dejes llevar por las noticias falsas. Hay quienes buscan seguir dañando al país desinformando a la población. Si tienes alguna duda escríbeme a mi WhatsApp: 8118001357 y con gusto resuelvo tus dudas para que juntos combatamos las mentiras y la falsa información.

Da Suprema Corte de Justicia revés a política eléctrica de Rocío Nahle

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este miércoles elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Al resolver la Controversia Constitucional 89/2020, la SCJN señalo que invada las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una “ventaja indebida” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Segunda Sala de la Corte invalidó 22 disposiciones de la Política que propuso la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Cabe mencionar que la única ministra que votó en contra fue la presidenta de Sala, Yasmín Esquivel Bossa, quien llegó a la Suprema Corte propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La controversia constitucional fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la política, la cual fue publicada el 15 de mayo del año pasado, En su impugnación, la Cofece estimó que este acuerdo busca favorecer a la CFE en detrimento de los productores privados De Fuentes renovables.

Por otro lado, dice que el Acuerdo afecta el mandato constitucional de la Cofece e invade su esfera competencial. El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar y en ella menciona que el Acuerdo impugnado obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece, porque anula la libre competencia económica y concurrencia en el mercado de generación de energía, así como la sustentabilidad en la generación y suministro.

Además, advierte que la Política de Confiabilidad distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia necesarios en los eslabones de generación y suministro de energía.

“Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que justifique tal distinción”, se advierte en el proyecto.

De acuerdo al proyecto, el Acuerdo de la Secretaría de Energía impugnado cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia lo que afectará a los consumidores de contar con tarifas eléctricas más accesibles.

En cuanto a la facultad dada en la Cenace para emitir dictámenes de viabilidad de interconexión, la SCJN dijo que “esto ocasiona que el Cenace, con base en criterios que estableció la propia Sever, determine si una solicitud merece ser estudiada o no, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas generales aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía.

En busca de la Dictadura Perfecta

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La semana pasada hubo mucha controversia en el gremio jurista. Se planteó una posible reforma a nuestro Sistema Penal en México, misma reforma que contenía muchas leyes retrogradas a nuestro Sistema Penal actual.

Esta reforma, es una prueba más de que la cuarta transformación quiere controlar los tres poderes de gobierno, imponiéndose sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el Consejo de la Judicatura y sobre la autonomía de los Congresos Locales.

Dentro de la propuesta, se busca crear un Tribunal Especializado en materia de Responsabilidades Penales, con la finalidad de que los integrantes del Poder Judicial Federal puedan ser juzgados en caso de que incurran en delitos relacionados con su responsabilidad. 

Este tribunal especializado estaría conformado por Jueces y Magistrados, que serían designados por el mismísimo Senado, de igual forma, el Senado tendría la facultad de observar, vigilar y controlar las intenciones de investigación que el Tribunal Especializado realice, sustituyendo la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal.

En la misma propuesta, se busca la creación de un Código Nacional Penal, con la finalidad de que el Congreso de La Unión sustituya la facultad de establecer y tipificar delitos a los Congresos Locales.

Actualmente los Congresos Locales tienen autonomía para establecer y tipificar delitos, por ejemplo, cada Congreso Local tiene la facultad de definir como conducta delictiva o no delictiva la interrupción voluntaria del embarazo; de proceder la iniciativa, esa facultad que tienen los Congresos Locales quedaría únicamente en manos del Congreso de la Unión.

Éstas sólo son unas de las pocas propuestas de reforma que se plantean para la modificación del Sistema Penal en el año 2020. Es increíble el descaro del Gobierno Federal de querer controlar todo, así mismo es lamentable que teniendo actualmente un Sistema Penal garantista, regresemos a un Sistema Penal con muchas fallas y violaciones a los derechos humanos, sin olvidar todo el gasto que se ha hecho para implementar el Sistema Penal actual.

Una vez más, bienvenidos a la cuarta transformación. 

SCJN desecha recurso; diputado locales de Nuevo León se salvan de destitución

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el recurso de inejecución de sentencia en el que se solicitaba destituir a los 42 diputados locales del Congreso de Nuevo León por haber desacatado en forma reiterada la orden de una juez de ratificar en su cargo al magistrado Ángel Mario García.

El sobreseimiento fue propuesto por la ministra ponente, Yasmín Esquivel Mossa, y aprobado por unanimidad de votos.

“Incidente de inejecución de sentencia 88/2020 cuya propuesta es, primero, se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia, y, segundo, queda sin efecto la resolución del Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto”, leyó la secretaria de la ponencia.

Cabe recordar que el Congreso local incumplió hasta ocho veces, durante tres años, la ratificación del magistrado García ordenada por un juez, que cumplieron hasta el 24 de agosto pasado.

En el 2017, el Poder Legislativo decidió no ratificar a García argumentando que había tenido un mal desempeño.

Alianza Federalista recurrirá a SCJN por fideicomisos

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 La Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores, anunció que recurrirá a la Corte para tratar de evitar la desaparición de más de 100 fideicomisos federales, por considerar que representa un “agandalle” de recursos del Gobierno federal.

En conferencia conjunta, tras sostener una reunión privada en Aguascalientes, el bloque afirmó que la extinción de dichos fideicomisos traería como consecuencia un uso discrecional de casi 70 mil millones de pesos y la posibilidad de que se utilicen con fines político-electorales.

Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, informó que los 10 mandatarios estatales interpondrán una controversia constitucional ante la Corte en contra de la concentración de recursos que, una vez eliminados los fideicomisos, se convertirían en “producto” excedente.

Alfaro aclaró que en esta etapa la Alianza Federalista no está combatiendo la extinción de los fideicomisos como tal, porque aún no se concreta legalmente, aunque adelantó que “eso tendrá que venir después“.

Aseguró que esta acción jurídica no es para que los gobernadores opositores tengan más recursos para gastar en sus estados, ya que no los ejercen los gobiernos locales, sino para evitar que se afecten sectores y agendas vitales.

Javier Corral, de Chihuahua, detalló que lo que la Alianza va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se extinguen los fideicomisos, donde se produce el “agandalle” de los recursos.

De así quererlo, abundó Corral, el Gobierno federal pudo haber reestructurado, corregido, reorganizado y transparentado los fideicomisos, pero fue por su eliminación para tener ese dinero y usarlo de manera discrecional.

El Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, anunció amparos masivos de los usuarios afectados de dichos fideicomisos, mientras que Silvano Aureoles, de Michoacán, llamó a las instituciones financieras a que no se presten a este “juego” del Gobierno.

Los estados cuyos gobernadores conforman la Alianza Federalista pedirán al Gobierno federal la compra de millones de vacunas antiinfluenza más, a fin de dar cobertura universal en el País, anunció el Mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

 

 

(Con información de El Norte)

Recibe Suprema Corte de Justicia de la Nación petición de destitución del Congreso de Nuevo León

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la petición de destitución de los diputados del Congreso de Nuevo León y se le asignó el número de expediente 88/2020.

La petición de destitución del Congreso local es por el desacato de una orden judicial y se espera que los próximos días el caso sea turnado a un ministro.

El pasado 14 de agosto el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en entidad propuso por unanimidad a la Corte la destitución del Congreso del Estado por incumplir, hasta ocho ocasiones, la ratificación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Mario García.

Este órgano había declarado fundado un incidente de inejecución de la sentencia.

En aquella sesión el magistrado ponente Manuel Sánchez advertía del incumplimiento de los diputados a la sentencia del Juez de Distrito, quien había ordenado la ratificación de García.

Luego remitieron a la SCJN el caso, que será la instancia encargada de determinar la destitución del cargo de los legisladores locales.

(Con información de Grupo Reforma)

Senado aprueba, en lo general y particular, dictamen sobre consulta popular para enjuiciar a expresidentes

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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviara al Senado de la República el oficio sobre el aval de una consulta popular para enjuiciar a ‘actores políticos’ y que este fuera turnado a la Comisión de Gobernación, inició en el Pleno la discusión de la trascendencia nacional del ejercicio.

El dictamen por el que se expide la consulta popular fue aprobado en lo general con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

En lo particular, el dictamen fue aprobado con 64 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

“Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara procedente y de trascendencia nacional la petición de consulta popular presentada por el presidente de la República”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Acto seguido, Ramírez Aguilar informó que el dictamen se turnaría a la Cámara de Diputados.

Al grito de “¡sí se pudo, sí se pudo!” y aplausos, legisladores de Morena celebraron la aprobación del dictamen.

(Fuente: López-Dóriga Digital)

La(s) materia(s) de la consulta popular

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la materia de la consulta popular planteada por López Obrador para enjuiciar a ex Presidentes de México. Esta es una decisión de enorme relevancia para la democracia mexicana. Para lograr la aprobación, en la Corte se construyó una mayoría de Ministras y Ministros que no señaló claramente cuál era la materia de la consulta que consideraba constitucional y, en razón de esta indeterminación, la mayoría reformuló una pregunta muy compleja que requerirá de un instructivo para que el electorado pueda comprender su verdadero alcance.

Primero lo positivo del debate en el Pleno de la SCJN. Para la mayoría de las y los Ministros, la función del máximo tribunal constitucional en esta parte del procedimiento debe ser garantista del derecho humano de participación política. Coincido en que esta debe ser la aproximación, porque solamente así se logra potenciar la participación política de las y los mexicanos. Algo semejante expresé en este mismo espacio en junio de 2019, cuando el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León dejó pasar una oportunidad histórica y prefirió analizar restrictivamente las peticiones de consulta popular estatales formuladas en ese momento. En aquel entonces me pregunté si el Tribunal tenía claro que las normas de las consultas populares garantizaban el derecho humano de participación política y, por ende, debían ser interpretadas de la forma más favorable a las personas. La mayoría de las y los Ministros ahora han definido correctamente que las consultas populares se refieren al derecho humano de participación política. Esto debe ser reconocido.

En una sociedad democrática, las inconsistencias lógicas de los tribunales también deben ser puntualizadas, tal vez aún más que los aciertos. En este caso, considero que la Corte tuvo dos errores: Por un lado, no fijar con claridad cuál es la materia de la consulta popular peticionada por el Presidente de la República; y por el otro, como consecuencia de la falta de claridad en la materia, redactar la pregunta de la consulta popular en términos tan abstractos que hace que prácticamente todo y nada quepa en la materia de lo que se consultará.

Del artículo 26 de Ley Federal de Consulta Popular se desprende sin lugar a duda que el procedimiento que corresponde a la Corte consiste en lo siguiente: 

Primero, resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

Segundo, revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta;  que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; que emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible y que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. En esta misma fase, y de ser el caso, la Corte deberá realizar modificaciones a la pregunta para que ésta sea congruente con la materia de la consulta y que cumpla con los criterios que demanda la Ley.

Tercero, notificar a la Cámara de origen la resolución que emita, dentro de las 24 horas siguientes.

Como puede observarse, el primer paso lógico-jurídico del papel de la SCJN consiste en analizar la constitucionalidad de la materia de la consulta popular. Justo esta fue la primera operación que realizó la Corte en 2014 en los cuatro expedientes de revisión de constitucionalidad que se presentaron en ese año y los cuales fueron declarados inconstitucionales. 

Es cierto que la Suprema Corte de Justicia, como todo tribunal constitucional, debe realizar el encuadramiento de la materia que someterá al parámetro de regularidad constitucional respectivo y, en este caso, como sostuvo la mayoría, debe realizar esa definición de alineamiento desde la posición que sea más favorecedora del derecho humano de participación política. Para lograr fijar la materia de una consulta, el alto tribunal está obligado a considerar de forma completa lo presentado por el peticionario. Esta tarea no era nada sencilla para la Corte, dada la narrativa compleja y deliberadamente abstracta que caracteriza al Presidente de la República, no obstante, en su escrito de petición de consulta López Obrador plantea en diversas ocasiones expresiones que relacionadas con el juicio penal de los ex Presidentes, y fue en ese sentido que su pregunta incluía las palabras “investigación, sanción y presuntos delitos”.

Una vez consolidada la labor de encuadramiento sobre la materia de una consulta popular, el análisis de constitucionalidad debe centrarse en las materias que no pueden ser consultables, por ejemplo la restricción de los derechos humanos y sus garantías. Es este el núcleo de la labor constitucional de la Corte y de ahí lo esencial de que fije con claridad cuál es el objeto de una consulta popular. Como sostengo, dado que la SCJN no logró establecer con claridad cuál era la materia sobre la cual debía realizar su control de constitucionalidad, dentro del marco de análisis a favor de la participación política, era natural que ninguna de las materias no consultables se actualizara en este caso y que en cualquier caso la mayoría de la Corte concluyera su constitucionalidad. 

La perspectiva garantizadora de la participación política, sin embargo, también requiere que la Corte, responsablemente, y dentro de los parámetros planteados por el poder peticionario, establezca una sola materia de consulta, porque de lo contrario no será posible un debate público y democrático sobre el objeto de la consulta, porque todos tendremos una interpretación distinta sobre lo que “realmente” versa la consulta.

Desde mi perspectiva, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estableció con claridad cuál era la materia que aprobaron como constitucional.

Según la versión taquigráfica de la sesión, para la y los Ministros que consideraron inconstitucional la materia de la consulta trataba sobre la investigación y la sanción penal a ex Presidentes de México (1988-2018). La minoría estuvo conformada por el Ministro Aguilar Morales (quien preparó el proyecto original), la Ministra Piña Hernández y el Ministro Franco González. Aunque el Ministro Pardo Rebolledo al final votó en este grupo, en un momento del debate consideró estimar constitucional la materia si ésta se definía como una amnistía a ex Presidentes que debería ser aprobada por el Congreso.

El problema principal se generó con la indeterminación de las otras 5 interpretaciones sobre lo que verdaderamente constituía el objeto de la consulta: 

El Ministro Presidente Zaldívar Lelo de Larrea consideró que se trataba de un tema de “diseño y rumbo de la política criminal”. El Ministro Ortiz Mena, expresó que se trataba de una “facultad del Ejecutivo Federal para destinar recursos humanos y materiales en el sentido de recabar y allegarse los elementos necesarios para analizar la actuación de ex Presidentes”. La Ministra Ríos Farjat argumentó que en realidad era “un cauce democrático a una demanda social orientada el esclarecimiento y la justicia”. La Ministra Esquivel Mossa y el Ministro Pérez Dayán defendieron que el objeto estaba relacionado con “responsabilidades administrativas de los servidores públicos en contra de actos de ex Presidentes, así como a la participación ciudadana en el combate a la corrupción”. Para el Ministro González Alcántara, el objeto de la consulta era “el esclarecimiento de la verdad”.

Como puede apreciarse, la mayoría votó como constitucional no una, sino cinco materias de la consulta popular.

Una vez fijada la materia de una consulta y su constitucionalidad, el análisis y la eventual reformulación de la pregunta debe ser un consecuencia natural y objetiva de la materia declarada constitucional; esto último es una obligación para las personas integrantes del Pleno de la Corte, no es facultativo. Sólo así se entiende que la legislación imponga el deber de que la pregunta “derive directamente de la materia de la consulta”.

La pregunta quedó redactada así: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Algunas dudas: ¿Cómo responderemos a una pregunta que incluye al mismo tiempo el sí y el no? ¿Qué significa esclarecimiento? ¿A qué decisiones políticas se refieren? ¿Hasta qué años pasados se refiere la pregunta? ¿Actores políticos son solo ex Presidentes o también otros sujetos como ex titulares de Gubernaturas, de Ayuntamientos, de Poderes legislativos y judiciales, ex dirigentes de partidos políticos?

En suma, las materias de esta consulta popular que la Corte declaró constitucionales, así, en plural, condujeron a una pregunta indeterminada y equívoca. Si bien aún falta la aprobación por parte de la mayoría de las Cámaras, muy seguramente en agosto del 2021 acudiremos a las urnas para pronunciarnos sobre al menos cinco materias de la consulta y lo haremos con una pregunta abierta y abstracta. Justo todo lo contrario de lo que necesitamos para ser una sociedad más informada, más participativa, y, por qué no, más unida. 

Advierte el Financial Times que AMLO está por convertirse en un ‘líder autoritario’

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El periódico británico Financial Times advirtió este domingo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría en viñas de convertirse en una nueva figura del autoritarismo en América Latina.

“Cuando un presidente exige ‘lealtad ciega’ de los funcionarios, deberían sobrar las alarmas. cuando pide el voto popular para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el organismo electoral independiente y avergüenza públicamente a quien lo critican, hay buenas razones para sentir miedo”, señaló el diario en su editorial: “Lopez Obrador se vuelve el nuevo líder autoritario de América Latina”.

Sobre la resolución sobre la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, el medio sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Mexico había cedido a la voluntad del mandatario, a quien calificó de “populista”.

Consideró que el fallo se produjo en detrimento del principio de proceder con base en evidencias.

“Su único cambio de los ministros fue reformular la pregunta en la boleta, haciéndola más vaga y eliminando los nombre de los antiguos líderes”, subrayó.

Además, el medio señaló que López Obrador fue elegido de manera abrumadora en 2018 con el mandato de materializar una “transformación radical” en la arena política de la nación latinoamericana, no bajo la premisa de “desmantelar instituciones”.

Por último, el diario advirtió de los constantes señalamientos de López Obrador en contra de los medios de comunicación, a los cuales ha estigmatizado con el discurso de que están “al servicio de los regímenes autoritarios y corruptos”.