UMA y la Joya del Pancismo

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El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a través del cual fueron modificados los artículos 26, apartado B y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución.

Dicha reforma, en su modificación al artículo 26, apartado B, Constitucional, crea una medida que se utilizaría como referencia económica para el cumplimiento de obligaciones.

En ese contexto se crea la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) como referente económico, desindexando al salario mínimo general vigente (SMGV) y, a partir del 28 de enero de 2017, toda referencia al SMGV cómo parámetro de medida, debía considerarse efectuados a la UMA.

Esto, pues el artículo TERCERO transitorio del decreto anteriormente señalado, estableció que todas las menciones al SMGV como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, apartado B y TERCERO transitorio de la Constitución, a partir del año 2017, el IMSS y el ISSSTE, comenzaron a utilizar la UMA a efecto de establecer los topes máximos en el cálculo para el pago de las pensiones.

Situación, que ocasionó que el poder adquisitivo y el monto de las pensiones fuera reduciéndose en perjuicio de los pensionados, toda vez que el valor de la UMA tenía menores aumentos en proporción a los realizados al SMGV.

No obstante, ambos Institutos de Seguridad Social, perdieron de vista que a la par de la reforma al artículo 26, apartado B, también se modificó el artículo 123, inciso A) fracción VI de la Constitución, estableciendo que el SMGV no podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, el SMGV, podía seguir utilizándose cómo índice, unidad, base, medida o referencia, siempre y cuando fuera acorde a su naturaleza.

En esa tesitura, tratándose de la determinación de la cuota diaria de pensión, es decir, de una prestación de naturaleza laboral, el parámetro utilizado para su cálculo no puede ser otro que el SMGV.

Por lo anterior, desde el año 2017, diversos grupos de pensionados, al ver reducidos montos en el pago de sus pensiones, comenzaron a demandar el correcto cálculo del mismo, atendiendo al valor del SMGV y no a la UMA.

En consecuencia, a finales de 2017 y principios del año 2018, fueron emitidos los primeros criterios respecto a la indebida aplicación de la UMA, para efecto de realizar el cálculo en el pago de las pensiones. 

Mismos criterios, que gracias al legítimo esfuerzo de grupos de pensionados que con determinación acudieron a Tribunales Competentes a ejercer sus derechos siguieron reiterándose, hasta que el 20 de septiembre de 2019, el décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito creó jurisprudencia.

Jurisprudencia, que únicamente es producto del esfuerzo y valía con la que los pensionados defendieron sus derechos en los Tribunales.

No obstante, recientemente circuló un video, en el que aparece el Senador Dr. Américo Villarreal Anaya, declarando que gracias a las gestiones de los Senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que establece que la pensión de retiro de los trabajadores debe ser calculada con base en el salario mínimo.

Estas declaraciones, además de constituir una verdadera joya al pancismo, son un acto demagógico que demerita la valía con la que los pensionados defendieron sus derechos.

Por mi parte, únicamente puedo felicitar a los pensionados por su Voluntad y Trabajo en este logro.

¿Sigma o hecho anunciado?

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad judicial y nuestro Tribunal Constitucional. Desde la concepción de Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu, cuando en 1748 publica su conocida obra “Del Espíritu de las leyes”, donde vislumbra y contempla la separación de poderes. Charles decía que “si no estuviera separado el poder, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos[…]”. En ese sentido, la SCJN ha tenido un largo, difícil y complejo recorrido para consolidarse lo que es en estos momentos. En días recientes, el Ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Corte, el cual hubiera concluido en el año 2030. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, de un lado están aquellos que gritan y aluden a una crisis dentro de la Corte; y por otro lado, aquellos que mencionan que el Ministro Medina Mora era un persona con un pasado denunciable y un presente aún peor, por lo cual no debe tomarnos por sorpresa este hecho. 

Podemos especular respecto al motivo del Ministro para renunciar a su cargo, sin embargo, ya que conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución, la renuncia de un ministro sólo es procedente por “causas graves” y debe enviarse al Presidente de la República para que, en su caso, acepte o niegue dicha renuncia. Sin embargo, el motivo de fondo que la opinión pública y la mayoría de los analistas atribuye a este hecho sin precedentes, es la columna de opinión escrita por Salvador García Soto y publicada en El Universal el 5 de mayo de este año. En dicha columna, el periodista hace publico un reporte de la National Crime Agency (Agencia Nacional del Delito) del Gobierno del Reino Unido, en donde detectan una actividad sospechosa respecto a “transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro Medina Mora, en el Banco HSBC del Reino Unido de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que fueron depositados en los últimos 2 años”. También, el periodista hace mención al Reporte emitido por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos el cual “documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años”:  

El tema generó en su momento tal nivel de controversia, que desde el Congreso de la Unión se tomaron tribuna por diversos legisladores para solicitar que el Ministro aclare dichos señalamientos. Lo cierto, es que estamos ante un hecho sin precedentes desde la reforma de 1994 que crea a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. El único registro conocido fue en 1989 con el retiro voluntario del entonces Ministro Ernesto Díaz Infante por “motivos de salud”, sin embargo, estaba involucrado por la prensa en temas de corrupción.  

Si bien, el tema del Ministro y su desempeño como servidor público es en sí mismo un tema, los motivos de su renuncia otro y independencia del Poder Judicial de la Federación otro. El Presidente de la SCJN, el Ministro Arturo Zaldívar, tuiteó de manera inmediata a este hecho, que “la SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos todas y todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad”, y en ese sentido debemos dirigir la discusión. Es equívoco pensar que la renunciar de Medina Mora es una influencia del Ejecutivo para cooptar, secuestrar o influir el máximo tribunal, ya que el pasado y desarrollo profesional de este personaje eran una carga que restaba credibilidad a la Corte, y que renuncia alguien que nunca debió llegar. Y de igual manera, este hecho se da en un contexto judicial interno en el cual el actual Presidente Zaldívar, tiene una política frontal contra la corrupción y los conflicto al interior del Poder Judicial, y por ello existe una probabilidad que la presión de su dimisión viniera desde dentro de la institución y no de fuera. 

Es de celebrar que el origen del debate respecto a este hecho, es porque en México estamos entendiendo, comprendiendo y asimilando el importante e imperativo papel que la SCJN tiene en el desarrollo jurídico, institucional, constitucional y democrático en toda nuestra vida pública. Pero como escriben Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre en The Washington Post el 4 de octubre: “Se trata no sólo de la primera renuncia de este tipo en 25 años en México, sino también de la dimisión de un político poderoso que abre la puerta a una reconfiguración del tribunal constitucional mexicano”. El proceso de designación de Ministros de la Corte como está estipulado en el artículo 96 constitucional, en el cual establece que el Presidente enviará al Senado una terna de donde se designará a un candidato, como hemos sido testigos (incluso con el proceso para designar a Medina Mora), es un proceso jurídico y político para designar a los miembros de la Corte que no es lo suficientemente estricto, que permita la contradicción y un escrutinio profundo, que tenga como consecuencia que el candidato designado por el Senado sea el idóneo y se procure la independencia e imparcialidad de la SCJN. Es evidente que los ojos estarán centrados en el Senado y en la terna que envié el Presidente Lopez Obrador para llenar la vacante, y será una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. 

Marihuana sí, marihuana no… Delgado ya tiene ganador

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Legalizar o no el cannabis es un debate a nivel mundial del que México no es ajeno. Ya en el año 2000 Gilberto Rincón, durante su campaña para la presidencia por el Partido Democracia Social, hablaba de la reglamentación de tal droga, lo que causó amplia polémica. 

Sin embargo, no fue hasta hace 12 años cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que diversas figuras de la sociedad civil y la academia vieron con buenos ojos la opción de regularizar. Esto buscando alternativas para proteger a los eslabones más bajos de la cadena. 

En 2015 se dio un primer gran paso, o gran retroceso, según el cristal con que se mire. Josefina Ricaño, Juan Francisco Torres, Armando Santacruz y José Pablo Girault, a través de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) recibieron el primer amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el uso lúdico de la marihuana, el cuál permitía sembrarla, cultivarla, prepararla, poseerla y transportarla. 

Otro hito fue cuando Graciela “Grace” Elizalde, una niña de ocho años con Síndrome de Lennox-Gastaut, abrió ese mismo año el debate sobre el uso terapéutico del cannabis en México. En abril de 2017 la Cámara de Diputados autorizó el uso medicinal y científico de la marihuana y sus derivados en México al aprobar las reformas del Senado a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Tras el quinto amparo recreativo otorgado por la SCJN en 2018, se creó jurisprudencia, lo que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana para esta intención, lo que en fines prácticos significó que cualquiera podía pedir un amparo para su consumo y este le sería otorgado. 

Pero esta historia apenas está comenzando a escribirse. A principios de año, el presidente de la Comisión de Salud de las Cámara de Senadores, Miguel Ángel Navarro, y la senadora Jesusa Rodríguez señalaron que el Dictamen para Uso Lúdico de la Marihuana estaría listo a más tardar en el mes de octubre. Y bueno, parece que no se equivocaron. 

Puntual con la llegada del 1 de octubre, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, propuso permitir el autocultivo de hasta seis plantas de marihuana y la creación de Cannsalud, una empresa estatal para que el gobierno tenga la facultad exclusiva de su compra y venta en todo el país. 

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria contempla, además, la elaboración de la Ley General para el Control de Cannabis, modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. 

Hablemos ahora un poco de las actividades de Cannsalud. ¿De dónde viene la importancia de que el gobierno controle las actividades de compraventa de este producto? 

Sencillo, de que la apertura de un nuevo mercado lícito permite a México convertirse en una “potencia en producción de cannabis”, de acuerdo con las palabras de Delgado. 

El propósito fundamental de la empresa es abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos, registrando y sistematizando la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destino, entre otros. Igualmente, evitar que la comercialización de la marihuana sea acaparada por los “grandes intereses comerciales”. 

Claro está que la propuesta no puede entrar en vigor hasta que sea votada por la mayoría en senaduría y diputaciones, pero hay una importante diferencia en cuanto a ocasiones anteriores: la mayoría en ambas cámaras es de Morena y muchos de sus legisladores aseguran que puede ser un negocio lucrativo para las arcas públicas. 

Aún es incierto lo que sucederá durante las votaciones a final de este mes, lo que si podemos saber es que entre la población la idea de legalizar es cada vez más popular. Hasta hace un par de años, únicamente 13% apoyaba esta convicción. A noviembre de 2018, de acuerdo con la XVIII Encuesta de Percepción de Inseguridad Ciudadana, más de un 43% estaban a favor. ¿De qué lado estás tú? 

Yucatán, transgénicos y la Suprema Corte

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Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió una Controversia Constitucional (233/2016) que promovió el Gobierno de Enrique Peña Nieto al Decreto 418/2016 emitido por el Gobernador Rolando Zapata, en el cual decretó al Estado de Yucatán como una “zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”. Antes que nada, debemos entender que un Organismo Genéticamente Modificado o conocido por sus siglas como OGM, es como su nombre menciona, un “organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o recombinación natural” (Schaper Marianne y Parada Soledad, 2001, pág. 8) o desde un aspecto jurídico, como menciona la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados:  “cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna”. Podemos apreciar desde una primera revisión, que los OGM son parte del avance e impacto tecnológico en el desarrollo, sin embargo, existe un extenso y complejo debate en torno a este fenómeno moderno. Si bien, existen beneficios en su uso como el producir cultivos resistentes a plagas y virus así como una mejora alimenticia, desde el aspecto social, se ha visto una dinámica empresarial peligrosa en donde existen casos documentados en los cuales se han violado de manera sistemática los derechos humanos de los pueblos originarios en la adquisición de los terrenos para el uso de cultivo, así como “procesos de monopolización que llevan hacia una concentración de actividades agroempresariales en manos de pocas empresas transnacionales[…]”(Oswald Úrsula, 2001). 

Independientemente de la discusión de fondo, la SCJN en dicha determinación invalidó el Decreto haciendo un análisis desde la competencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nuestro máximo tribunal estableció que la regulación en la materia de alimentos de esta naturaleza, pertenece a la Federación, debido a que la ley reguladora de los OGMs, establece explícitamente a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural como la autoridad responsable y ente obligado para poder involucrarse en toda la operatividad en las actividades que involucren a estos organismos. En ese sentido, las entidades federativas no pueden legislar en la materia argumentado desde una perspectiva del sistema federal, la distribución de competencias y que “ni constitucional ni legalmente pueda sostenerse que el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán tiene facultades conferidas expresamente para declarar zonas libres de organismos genéticamente modificados”. Aunado a esto, la Controversia resuelta por la Corte exhorta a la autoridad federal “para que dé respuesta a las solicitudes presentadas por diversas comunidades del Estado de Yucatán en relación con el establecimiento de zonas libres de OGMs”. Cabe mencionar, que la Ministra Piña Hernández expuso un argumento sumamente importante, haciendo referencia a  que la protección del medio ambiente y la salubridad es una competencia concurrente, lo cual significa que existe la facultad de ser regulada tanto a nivel federal como local. 

Sin duda alguna, el tono con el cual la SCJN resolvió el asunto tuvo un efecto de no entrarle a un estudio de fondo del tema y resolver respecto a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes que envuelven a dichos organismos, pudiendo ser una oportunidad perdida para delimitar las acciones estatales en estos temas. Podríamos especular en el porqué, pero es claro que desde nuestra trinchera local debemos apostar a escuchar y atender las demandas de las personas afectadas por cualquier practica que involucre los OGMs sin introducirnos a un falso debate político o ideológico. Como dijo la activista Greta Thunberg: “quizás los políticos no tienen la suficiente madurez para entenderlo”

Suprema Corte, Cannabis y Salud

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La cannabis sativa es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas biológicas, psicológicas, médicas y antropológicas, sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente (Ex Secretario de Salud y Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias) “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia” y es en ese sentido de eliminar estigmas, donde debemos ubicar el análisis y discusión en favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta los diferentes productos como la marihuana. 

Lo anterior viene a colación y a manera de introducción, ya que la semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el Amparo en Revisión 57/2019 la cual es una sentencia que va a situarse como de las más relevantes en los últimos años y marca un episodio importante respecto al uso medicinal de la marihuana en México. El caso se trata de una familia, cuyo hijo necesitaba urgentemente un tratamiento médico basado en dicha planta ya que posee a un diagnóstico de epilepsia, sin embargo, en el Congreso Federal el 20 de junio de 2017, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que permite que productos derivados de la marihuana, puedan ser usado con fines médicos, pero el Legislativo fue omiso al vencer el plazo de 180 días para emitir una legislación que facilite y permita las modificaciones hechas a la LGS. La sentencia en innovadora en muchos sentidos, ya que encuentra que la omisión de las autoridades en emitir legislación secundaria de la materia, atenta contra el derecho a la salud, y como el caso en el que se centra en un menor, de igual manera encuentra una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En dicha sentencia, la Corte sostiene que “el Estado tiene la obligación de asegurar el más alto nivel posible de salud de las personas” y además “destaca que el interés superior de la niñez (en este caso), no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, también implica la asignación de recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral, pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho se encontraría limitado”. Ello resulta interesante, al observar que nuestro máximo tribunal ahora tiene una labor más cercana y concreta a la hora de establecer directrices y principios en temas de políticas públicas específicas. 

Como podemos observar, esta sentencia tiene el mismo ánimo que las emitidas desde noviembre del 2015, en donde la Primera Sala de la SCJN, determinó que el uso recreativo de la marihuana “encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional” (Zaldívar Arturo, 2015). Es claro que estamos viendo un tema sumamente imperativo para nuestro sistema de salud y los tratamientos alternativos de diversas patologías, y como tema pendiente, la sentencia no es clara respecto a la generación y distribución de la marihuana, por lo cual todavía tenemos mucho que analizar, en palabras de Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”, y en ese tenor, las autoridades políticas y jurídicas deben entender los nuevos fenómenos en materia de salud. 

Congresos Locales y Federalismo

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Recientemente en las entidades federativas, sus poderes locales han realizado modificaciones que ponen en duda el respeto al federalismo. Si bien, existe un diferente tipo de federalismo al comparado con décadas anteriores, las entidades federativas continúan sin entender la dinámica con el Pacto Federal y nuestro máximo ordenamiento jurídico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Charles de Secondar, Barón de Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” propone el modelo actual de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a fin de un autocontrol del poder y evitar la tiranía. Por ello, en nuestro país los constituyentes del siglo XIX conjugaron ideas del modelo francés, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Con ello, los constituyentes deseaban establecer controles constitucionales al poder político y entendían que el Legislativo sería un ambiente de confrontación para la limitación del Ejecutivo. Sin embargo, tres episodios recientes nos demuestran lo frágil de este balance y el regreso a viejas prácticas para evadir el federalismo, el cual también es contrapeso. El crítico y comentado suceso en Baja California, donde el Poder Legislativo reformó la constitución para ampliar el mandado del gobernador electo de 2 a 5 años. En otro episodio, se promulgó en Tabasco la llamada “Ley Garrote”, que vulnera y pone en peligro inminente el ejercicio de libertad de expresión, y por último, Yucatán, al no aprobar el dictamen que reformaría la Constitución Local que permitiría el matrimonio igualitario, a pesar de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Como podemos apreciar en estos casos, los Congresos Locales han vulnerado lo estipulado en la Constitución Federal bajo un argumento en común: respeto a la soberanía de las entidades federativas. Sin embargo, y con el mayor respeto, en los estados necesitan clases para entender soberanía y federalismo. Ningún legislador, gobernador o magistrado en su sentido particular o colegiado, es superior a lo estipulado en la Constitución Federal, y tanto es así, que la misma Carta Magna es la que impone las condiciones, características, formas y procesos de conducirse de todos los poderes, en cualquier tipo de expresión. A esto, no me refiero que los estados no tengan una naturaleza de soberanos y autónomos, al contrario, también existe actualmente una vulneración a ello por parte de la nueva administración, ejemplo es la materia de salud con el proyecto de federalizar el sistema de salud pública. La soberanía de las entidades se fortalece con el respeto al Pacto Federal, y el entender que somos un país unido bajo una misma expresión constitucional, y que nadie puede reformar o modificar leyes al antojo propio o imaginación inconstitucional, y que al estipular límites se fortalece la dinámica estados-federación. Levitsky y Ziblatt en su obra “How Democracy Dies”, mencionan que las instituciones por si solas no bastan para defender y hacer valer la constitución y debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Sin duda, no entienden que no entienden.

SCJN autoriza que Fiscalía de Chihuahua investigue a EPN

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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó la suspensión que impedía a la Fiscalía General de Chihuahua investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete.

Los ministros determinaron que el mexiquense  podrá ser investigado por las autoridades estatales y, en su caso, proceder judicialmente en su contra, siempre y cuando no se trate de delitos del orden federal ni los que hubiera cometido en el desempeño de sus funciones.

Lo anterior, luego de un proceso en el que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusara a la Administración federal, a cargo de Peña Nieto, de permitir la liberación del exconsejero del PRI, Alejandro Gutiérrez, involucrado en desvío de recursos destinados por la Federación a esa entidad.

Razón por la cual, el entonces mandatario federal e integrantes de su gabinete presentaron una controversia constitucional ante la SCJN en contra de las acusaciones del gobierno de Corral Jurado.

El ministro Eduardo Medina Mora terminó otorgando a Peña y sus allegados una suspensión que congeló cualquier indagatoria contra ellos.

Hoy, sin embargo, por unanimidad, la Sala avaló el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez Potisek.

La controversia que promovió Peña es la primera en su tipo que admite en el máximo tribunal de justicia del país.

En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones, así como órdenes de aprehensión.

El ministro Medina Mora señaló en su resolución, que siguiendo los precedentes de la Corte en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, y se debe determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

En 2018, el panista Javier Corral lanzó una advertencia respecto a que llevaría a Peña Nieto a la cárcel una vez que terminara su mandato, el titular del Ejecutivo federal presentó la controversia antes de terminar su mandato para protegerse de cualquier acto futuro.

Cabe mencionar que el actual consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, no ha desistido de esta controversia, lo que indicaría que el actual Gobierno está interesado en que la Corte se pronuncie sobre el tema.

La resolución de la controversia podría tomar aún varios meses, pues Chihuahua pidió hace unos días que se declare impedido a Medina Mora para seguir llevando el caso, luego de que fuera captado en pleno banquete de la boda de la hija de un abogado de Gutiérrez Gutiérrez.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Convoca AMLO a acto por la dignidad de México en Tijuana

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El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a un acto por la dignidad de México y a favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, el próximo sábado a las 17 horas en Tijuana.

López Obrador detalló que invitará a Gobernadores, legisladores federales y locales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial, dirigentes obreros y empresarios, y líderes religiosos.

“Vamos a llevar a cabo, y estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores de todas las clases sociales y culturas, para un acto de unidad de defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El acto, se realizará a las 17 horas y el lugar se dará a conocer en las próximas horas.

Por otro lado, el político tabasqueño dijo que tiene confianza en que se logre un acuerdo en las pláticas de la delegación mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, con el Vicepresidente Mike Pence y funcionarios estadounidenses por los aranceles anunciados por su homólogo, Donald Trump, a productos nacionales.

“Se esta dialogando. Hoy a las 10 continúan las pláticas y espero que se llegue a un acuerdo, tengo confianza en que se llegue a un acuerdo para que no se apliquen estas medidas unilaterales a partir del lunes próximo como lo ha expresado el Presidente Donald Trump”.

Corte desechará impugnaciones contra ley salarial

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En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tres de los ministros se han pronunciado por desechar las impugnaciones contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionario deberá ganar más que el presidente de la República.

Se trata del ministro presidente Arturo Zaldívar, así como de las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña quienes este lunes rechazaron el proyecto que propone la invalidez de la legislación que fue presentado por Alberto Pérez Dayán.

El argumento es que, según los ministros, 15 de los 17 artículos que conforman dicha ley fueron recientemente reformados en abril pasado para adicionar algunas definiciones, principios, corregir ortografía y otros errores y omisiones, por lo cual consideran que el máximo tribunal no debe analizar la constitucionalidad de la ley que ha sido reformada casi totalmente.

“En conclusión y en mi opinión, el decreto publicado el 12 de abril modifica el sistema normativo previsto en el decreto impugnado, al grado de que han cesado los efectos jurídicos del decreto impugnado en estas acciones y, en consecuencia, votaré por el sobreseimiento total de este asunto y, en caso de no alcanzarse la mayoría simple para lograr este objetivo, con estos argumentos votaré contra todo el proyecto en su integridad”, señaló Zaldívar Lelo de Larrea.

“En virtud de que votaré por el sobreseimiento de esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada, por la totalidad de las normas el decreto impugnado, porque constituye un sistema normativo cuyos efectos han cesado debido a una reforma posterior-criterio que he reiterado desde hace tres años- ahora, incluidas las normas penales, por las razones que he dicho, para preservar la coherencia de mi votación, no me voy a pronunciar sobre el fondo en relación a la constitucionalidad o no del decreto mencionado”, dijo por su parte Norma Piña.

La votación de Zaldívar no tiene precedentes, pues, por primera vez desde que asumió la presidencia de la SCJN en enero pasado, el ministro adelantó el sentido de su voto y añadió que debe decretarse el sobreseimiento del caso en su totalidad.

La postura fue acompañada por las ministras Esquivel Mossa y Piña Hernández, quienes además adelantaron que votarán en contra de todo el proyecto y por sobreseer las impugnaciones presentadas por senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para invalidar la ley.

Si mañana que continúe la difusión otro de los ministros se pronuncia en el mismo sentido que sus tres compañeros, sería imposible alcanzar la votación calificada de ocho, necesaria para invalidar la Ley Federal de Remuneraciones.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Ordenan la captura de Mario Marín “El Gober Precioso” y Kamel Nacif

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Una magistrada federal ordenó la aprehensión el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, mejor conocido como “el Gober Precioso” y del empresario textilero Kamel Nacif, esto por la presunta comisión del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho en el 2005.

La titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, María Elena Suárez Préstamo, instruyó sus capturas, así como las de Hugo Adolfo Karam Beltrán, en ese entonces jefe de la Policía Judicial de Puebla, y Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales.

De acuerdo a fuentes consultadas por el periódico Reforma, ya se confirmaron las órdenes de aprehensión e informaron que la Policía Federal Ministerial ya se encuentra tras el rastro del ex Mandatario poblano y los otros implicados.

Por otro lado, detallaron que el delito de tortura, es de naturaleza grave, por lo tanto los prófugos no podrán suspender la aprehensión con un amparo y tampoco tendrán derecho a al libertad provisional, en caso de ser detenidos y procesados.

El pasado 27 de noviembre, el Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, negó las órdenes de aprehensión de Marín, Nacif, Karam y Sánchez, dentro de la causa penal 26/2018.

Sin embargo, sí ordenó la captura de Alejandro Rocha Laureano, agente de la Policía de Puebla, quien fue detenido el 4 de diciembre en la capital de dicha entidad. Rocha fue uno de los aprehensiones de Chaco en 2005 y también uno de los responsables de trasladar a la periodista desde Cancún a Puebla por tierras, trayecto en el que se habrían cometido parte de las torturas psicológicas y amenazas de violación sexual.

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la negativa de aprehensiones contra Marín y los otros tres sospechosos y el pasado jueves consiguió que la magistrada María Elena Suárez revocara ese fallo e instruyera las capturas, dentro de la apelación 4/2019.

Cabe recordar que Lydia Cacho fue detenida en el 2005 en base a una orden de captura que derivó de una denuncia del empresario Kamel Nacif, “El Rey de la Mezclilla”, por delitos de difamación y calumnia, derivado de la publicación del libro “Los demonios del Edén”, donde se refieren fiestas donde pervertían a menores de edad.

Tiempo después de la detención, se difundieron públicamente conversaciones telefónica entre Marín y Nacif, en las que celebran el “escarmiento” que habían dado a Cacho.

La conversaciones fueron declaradas como ilegales en noviembre de 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al haber sido obtenidas sin orden judicial de por medio.

(Con información de Grupo Reforma)