La violencia y el estado de excepción permanente

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En su obra de cuatro volúmenes Homo Sacer, Giorgio Agamben plantea la gran paradoja a la que llegaron las democracias constitucionales en el siglo XX: el sacrificio de la vida individual en aras de la continuidad política. 

Retomando el argumento del jurista Carl Schmitt -al estado de normalidad le subyace, en todo momento, el estado de excepción en potencia-, Agamben señala la sujeción de la vida humana por parte del poder. Asimismo, alude al término foucaultiano de biopolítica como el control de la vida biológica por parte de la vida política. 

Para Schmitt, existe una diferencia entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero es limitado y creado por el derecho, mientras que el segundo es ilimitado y extralegal, puesto que precede al derecho (Constitución). 

La formación del Estado es un acto político, es decir, nace a partir de la decisión originaria de un soberano para agrupar a un pueblo bajo un mismo orden normativo. Acto político que no se extingue una vez edificado el Estado, sino que se encuentra “aletargado y oculto” a lo largo de la vigencia de la Constitución. 

Por ello, una vez que la Constitución desaparece el poder político resurge y la voluntad de decisión se encuentra nuevamente activa. Por lo tanto, en periodos de excepcionalidad el poder político se impone nuevamente al derecho. 

El estado de excepción es un mecanismo jurídico integrado en muchas constituciones democráticas que busca la supervivencia del derecho a partir de la eliminación momentánea del derecho mismo. 

El estado de excepción se activa con el objetivo de preservar la vida política aunque ello implique el sacrificio de la vida individual. Ese fue el caso de Hitler, quien a partir del artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar legitimó el Holocausto. 

En el caso mexicano, el artículo 29º constitucional especifica que la suspensión de garantías implica el retiro momentáneo de ciertos derechos individuales por el surgimiento de algún fenómeno que atente contra la supervivencia del Estado. 

Empero, cabe resaltar que la decisión de Calderón, continuada por Peña Nieto, de enfrentar militarmente al crimen organizado no implica un estado de excepción en términos jurídicos. Ello porque no se cumplieron con los requisitos estipulados en el artículo 29º constitucional.

De esa manera, el estado de excepción no proviene de un dispositivo jurídico, sino de la voluntad política del Ejecutivo. Por lo cual, desde que Calderón dio comienzo a la guerra en el 2006, México ha vivido en un estado de excepción informal y permanente.

Con la militarización del país la violencia se ha disparado, así como el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos castrenses. El artículo 29º establece que no podrá violarse el derecho a la vida; sin embargo, como señalamos, la suspensión de garantías no se encuentra activa.

El combate contra el crimen organizado se gesta en un espectro extrajurídico en el cual reina la voluntad política del soberano, es decir, del Presidente, en tanto jefe máximo de las fuerzas armadas. 

Ahora, judicializar dicho combate no implica la solución del problema. Lo único que genera la Ley de Seguridad Interior es la legalidad del estado de excepción permanente. Si ya contábamos desde Calderón con el arraigo (dispositivo aberrante de nuestro sistema jurídico), ahora los cuerpos militares podrán hacer uso, en su facultad de vigilancia, de “cualquier método de recolección de información”, por ejemplo.

Por ello, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es reconfortante. En un nuevo acto de protagonismo, lo que Soussa Dos Santos llama el fenómeno de la judicialización de la política, la Corte no sólo encontró inconstitucional la Ley, sino que la declaró invalida. 

La militarización del país ha empeorado la situación de violencia en México. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto subestimaron la compleja estructura criminal y su imbricación en la sociedad. El combate frontal resultó ser un fracaso.

La próxima propuesta debe ser integral, construida sobre la base de la legalización de la mariguana, el fortalecimiento de las autoridades civiles y el robustecimiento de la procuración de justicia. 

Lamentablemente, el gobierno entrante no parece prever eso. El octavo punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador establece la creación de un cuerpo militarizado encargado de la seguridad pública: la Guardia Nacional. No parece que los militares vayan a regresar a sus cuarteles.

Es alrededor de este tema, el de mayor trascendencia para nuestro país, que la sociedad civil debe agruparse y presionar al nuevo gobierno. No existe otro problema más importante y urgente que el de la violencia. Se deben sumar esfuerzos para acabar con la guerra. Frente a este problema, el aeropuerto y la reacción de los mercados son nimiedades. 

Declara la SCJN inconstitucional la Ley de Seguridad Interior

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, esto a casi un año que fue promulgada por el gobierno federal.

El ministro Fernando Franco González, aseveró que el tema de seguridad interior es una facultad del Presidente de la República, quien deberá motivar sus decisiones y apegarse a la Constitución, así como a los tratados internacionales.

“El Congreso de la Unión no tiene competencia para emitir la Ley de Seguridad Interior; no obstante, debo precisar que la disposición por el Presidente de la República de las fuerzas armadas permanentes como los señala la Constitución, es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos, por lo que deberá estar debidamente fundados y motivados su acto, ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal, los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas en que se encuentra involucrados México, las cuales este tribunal pleno ha reconocido que nos son obligatorias”, dijo el ministro en la la sesión de este jueves.

Por su parte el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, se pronunció a favor de impulsar una nueva ley, ya que en una legislación desarticulada podría generar un mal mayor y destacó que no debe normalizarse el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

“Una ley desarticulada podría generar un mal mayor no deseado a la participación de las fuerzas armadas, de tal forma que debería emitirse una nueva norma, completa, integral, estructurada, que sea congruente y que dé certeza jurídica. En ese sentido me inclinare por pronunciarme por la invalidez de esta norma”, sugirió el Ministro Presidente de la SCJN.

Mientras tanto, Jorge Pardo Rebolledo, afirmó que no comparte la visión de quienes aseguran que dicha legislación busca regular aspectos en materia de seguridad pública o empedrar a las fuerzas armadas.

“Una legislación que me parece que es necesaria, que nuestro contexto y realidad social exige y que también me parece indispensable para salvaguardar, en primer lugar los derechos humanos de todos los que vivimos en este país, como también darle un marco regulatorio a las propias fuerzas armadas para que sepan cuáles son los límites y cuáles son los lineamientos que deben seguir cuando intervengan en este tipo de acción. Concluyó diciendo que la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, ni menos empoderando a las fuerzas armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles”.

La Ley de Seguridad Interior quedo invalidada por mayoría de nueve votos.

Peña dice que cumplió 97% de sus compromisos

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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que heredará a la siguiente administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador un México con fortalezas y con una plataforma de desarrollo para los próximos años.

Durante su mensaje como parte de su sexto informe de gobierno, el mandatario afirmó que entregará un país con finanzas públicas sanas, la inflación más baja, nuevos empleos, y mayor inversión extranjera, entre otros logros.

“A la siguiente Administración le entregaremos un país con importantes fortalezas: Estabilidad política, social y económica“, resaltó el mandatario en el patio central de Palacio Nacional.

Admitió que el pueblo mexicano voto el pasado 1 de julio de manera democrática, al tiempo que reiteró su felicitación al presidente electo y reconoció que ha tenido plena disposición para lograr una transición ordenada y eficiente.

“Con espíritu republicano, reitero mi felicitación al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México, por su triunfo electoral. Mi reconocimiento, asimismo, por el diálogo que hemos establecido en semanas recientes para tener una transición ordenada y eficiente“, enfatizó.

Acompañado de su esposa Angélica Rivera, y sus hijas, Paulina Peña y Sofía Castro, Peña Nieto enlistó sus logros y e hizo un balance de las cinco metas nacionales, haciendo énfasis en el tema de la seguridad en el que reconoció que no se cumplió el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos.

Indicó que al inició de su administración se tuvo éxito con la reducción de los índices de criminalidad; sin embargo, dijo que ante la falta de capacidad de las policías locales para combatir a las bandas delictivas, el problema se elevó en los últimos años.

Recordó que a pesar promover el modelo del Mando Único, el tema no ha prosperado en el Congreso de la Unión. Por ello, afirmó que para combatir la inseguridad se requerirá, de un esfuerzo sostenido por largo tiempo, firmemente apoyado con recursos públicos.
Su mensaje estuvo acompañado por cinco videos de siete minutos de duración cada uno, en los que daba cuenta de los avances durante su administración en materia de política social, educación, telecomunicaciones, economía, y transparencia, entre otros.
Al acto asistieron los presidentes del Senado, Martí Batres; de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar; gobernadores; líderes de partidos, como Claudia Ruiz Massieu, del PRI, Yeidckol Polevnsky de Morena; el cuerpo Diplomático; empresarios, representantes de medios de comunicación, de la Iglesia y sociedad civil, entre otros.

AMLO anuncia que su sueldo será de 108 mil pesos mensuales

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El virtual Presidente electoAndrés Manuel López Obrador, anunció que su salario como titular del Ejecutivo será de 108 mil pesos mensuales, que representa el 40 por ciento de lo que percibe actualmente Enrique Peña Nieto.

En conferencia, López Obrador dijo que, de acuerdo con la información que le dio el Secretario de Hacienda propuesto, Carlos Urzúa, el Presidente Peña Nieto, contabilizando todas las prestaciones de las que goza, recibe mensualmente 270 mil pesos.

Los 108 mil pesos que ganará a partir del 1 de diciembre, advirtió, serán el techo salarial universal para toda la administración pública y los poderes.

Esto significa, detalló, que ningún diputado, senador o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ganar más de esa cantidad.

La Constitución, dijo, ya establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, y señaló que su administración hará que este principio se cumpla.

La medida, adelantó, será incorporada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponderá a la Cámara de Diputados, cuya mayoría tiene Morena, aprobarla.

López Obrador reiteró que habrá una reducción de salario a todos los funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y aumentará las percepciones de los que menos ganen.

Reforma adelantó la semana pasada que el plan de austeridad y anticorrupción del morenista contempla 50 medidas, entre ellas la reducción de los salarios en el Gobierno federal.

Reubicán a juez de caso César Duarte y Alejandro Gutiérrez

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El Consejo de la Judicatura Federal reubicó al juez federal que ha mantenido una disputa con el gobierno de Chihuahua por la competencia para conocer del caso de Alejandro Gutiérrez, por el desvío de recursos públicos destinados a la entidad para campañas electorales del PRI. Durante la sesión del Pleno del CJF, se acordó que el juez federalGerardo Moreno García, quien hasta ayer fungía como administrador del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, será trasladado y reubicado en otro centro del estado de Chiapas.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un revés al gobierno de Chihuahua al desechar el recurso que interpuso contra la orden de que los casos de los ex duartistas debían ser del conocimiento del juez Moreno García.

El CJF confirmó que el juez ya dejó de conocer los casos que tiene para preparar su traslado como parte de la rotación regular que hace el Poder Judicial de la Federación de sus jueces y magistrados. En consecuencia, ya no conoce ni del asunto de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRIEnrique Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y del ex director de Administración de dicha dependenciaGerardo Villegas Madriles.

Los tres priistas están señalados por el desvío de 250 millones de pesos de recursos destinados al estado de Chihuahua para beneficiar campañas electorales del tricolor durante la administración del ex gobernador de la entidad, César Duarte, cuyo caso también era del conocimiento del juez Moreno García. Otro asunto que el juez federal dejará de conocer es el de la Procuraduría General de la República contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y lavado de dinero; y de su contadorJavier Nava Soria.

Aprueba Senado la llamada “Ley Chayote”

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Esta mañana el Senado de la República aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención la Ley de Publicidad Oficial, mejor conocida como “Ley Chayote”.

La ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, modifica el artículo de la Constitución, y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

Esta modificación estipula que debe de haber transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, esto de acuerdo a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio el 30 de abril como fecha limite para emitir una legislación en el tema.

El panista Héctor Larios criticó la aprobación de la controversial ley, diciendo que lo único que se lograba es que se institucionalice el gasto de dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo que consideró como inconcebible en países desarrollados.

Por su parte, Martha Tagle, dijo que lo aprobado no tenía contenía el espíritu la orden de la Corte y de la Constitución.

“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, viola la libertad de expresión, de prensa y de información. La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, dijo la legisladora.

La Ley de Comunicación Oficial fue aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados el 10 de abril. La llamada “Ley Chayote” ha sido objetivo de criticas por parte de ONGs, entre ellas Artículo 19, ya que aseguran que ponen en peligro la libertad de prensa y de expresión.

Diputados avalan desaparición de fuero

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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al presidente, y lo turnó al Senado de la República para su análisis,

Se detalla que se aprobó en lo general por 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se logró la mayoría calificada que requiere esta modificación por ser constitucional.

La reforma establece que el presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria, agrega Forbes.

La reforma aplicará para el presidente, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales, secretarios de despacho de dependencias federales, el fiscal general de la República, los consejeros electorales del INE, gobernadores, diputados locales, magistrados estatales, alcaldes, regidores, síndicos y concejales de todo el País.

El fuero evitaba que servidores públicos de alto rango pudieran ser procesados judicialmente por la comisión de algún delito durante el periodo de su encargo, como una garantía para la gobernabilidad del País.

De acuerdo con el artículo 111 constitucional, los funcionarios protegidos por esta figura sólo pueden ser llevados ante la justicia civil mediante un proceso de “desafuero”, mientras que al presidente de la República únicamente el Senado puede destituirle de su cargo y bajo circunstancias específicas como “traición a la patria”.

Se requieren policías capacitados, para revisiones sin orden judicial: Alto al Secuestro

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Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, expresó su preocupación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) misma que declaro como constitucional la facultad que se le otorgó a las policías de realizar revisiones a personas y vehículos sin una orden judicial.

Por esto, Miranda de Wallace, dijo que para poder implementar tal política, se debe de tener elementos preparados que puedan sustentar los términos jurídicos para justificar esas revisiones,

Por otro lado, la activista dio a conocer que de enero de 2016 a diciembre de 2017 se detuvieron a 3 mil 85 presuntos secuestradores, de los cuales 92 eran policías o ex policías, siendo el Edomex, Chiapas y Guanajuato, las entidades con mayor número de elementos policiacos detenidos.

De Wallace, dio a conocer que en el mes de febrero, el secuestro registro un aumento del 9.9% con respecto a enero, puesto que hubo 122 casos. Las entidades con el mayor número de incidencias fueron el Edomex con 27, Veractuz con 21 y Tamaulipas con 15.

A pesar de las criticas, Peña promulga la Ley de Seguridad Interior

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Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que promulgará la controversial Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Peña Nieto, argumentó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará y tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del la ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, pero no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente dijo que aunque la Corte es la que tomará una resolución definitiva, eso no significaba que la federación dejará de intervenir en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.

Pelea en tribunales y veto a Peña, son las reacciones de los partidos a la Ley de Seguridad Interior

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Luego de que diputados y senadores aprobaran la Ley de Seguridad Interior, que regula el uso de las Fuerzas Armadas en México, los partidos políticos que se opusieron a la iniciativa anunciaron que darán la batalla en tribunales con acciones de inconstitucionalidad e incluso exigen al presidente Peña Nieto que vete el proyecto.

Por un lado, dos partidos de la alianza de Por México al Frente,  Movimiento Ciudadano y PRD, dicen que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley.

El secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, dijo que la ley aprobada  “es una ley regresiva del estado de derecho mexicano” por lo cual su partido está en total desacuerdo y presentará “junto con otros partidos” la acción de inconstitucionalidad.

Responsabilizó también al PRI, al Verde y a Nueva Alianza de no escuchar las voces de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

Por otro lado, el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que el Congreso no haya generado un debate más amplio para la discusión de la ley y aseguró que su aprobación “rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar  tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional“.

Incluso hizo una invitación al presidente Peña Nieto para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, contra la iniciativa.