TEPJF obligará al Congreso sancionar al ‘Bronco’

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá y votará hoy un proyecto que busca obligar al Congreso local de Nuevo León a definir una sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” por presuntamente desviar recursos públicos para recabar firmas para su candidatura presidencial.

Cabe recordar que el legislativo local concluyó el 18 de diciembre su periodo de sesiones sin castigar a Rodríguez Calderón, esto pese a que el TEPJF ordenó emitir una sanción en ese plazo.

Los legisladores locales argumentaron en ese momento, que no podían sancionar al mandatario estatal hasta que se resuelva la controversia constitucional que “el Bronco” promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que le otorgó una suspensión confirmada en enero, con el fin de que no se ejecute el castigo.

Tras la negativa del Congreso local, el senador Samuel García, promovió un procedimiento de incumplimiento de sentencia por desacato.

De acuerdo a fuentes cercanas al TEPJF, el proyecto del magistrado José Luis Vargas plantea dar la razón al senador de Movimiento Ciudadano y obligar al Congreso a definir una sanción, aunque el castigo no se podría cumplir hasta que la Corte resuelva la controversia.

Por otro lado, las mismas fuentes mencionaron que seis de los siete magistrados de la Sala Superior se pronunciaron ayer de forma dividida en una reunión privada, por lo que no existe hasta el momento consenso para la aprobación de dicho proyecto.

Para que un proyecto sea aprobado, se necesita el voto de cuatro de los siete magistrados.

Ya lo juzgó la sociedad

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Como es público, después de una persecución que duró poco más de un año, en la ciudad de Málaga, España, el 12 de febrero del actual fue detenido Emilio Lozoya Austin, quien fue Director general de PEMEX durante el periodo 2012 a 2016.

Detención, que fue celebrada por algunos Servidores Públicos como por ejemplo Irma Eréndira Sandoval (Secretaria de la Función Pública), varios medios de comunicación, ciertos columnistas y parte de la sociedad que le atribuye responsabilidad y no dudan sobre su “lógica” culpabilidad.

Lo anterior, por la publicidad y el contexto que las autoridades y “comunicadores” han realizado sobre las acusaciones que se le han imputado a Emilio Lozoya Austin.

Sin embargo, independientemente de su probable responsabilidad, lo anterior podría involucrar una indeseada violación a un derecho fundamental, a saber, la presunción de inocencia.

Esto, pues el principio de trato esencialmente consiste en que todo inculpado de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

No obstante, debe decirse que la naturaleza y alcance de la presunción de inocencia no es limitativo al desarrollo del procedimiento, sino que esta regla también debe ser aplicada de manera extraprocesal.

Me explico, la presunción de inocencia implica también el derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no partícipe en hechos de carácter delictivo y en consecuencia, que no se apliquen consecuencias anudadas a hechos de esta naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas.

Lo anterior, pues tal y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo, pues frente a estas acciones, se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se desplaza a la acusación pública realizada por la autoridad.

En esa tesitura, es que en el caso de Emilio Lozoya Austin puede existir una violación a su derecho fundamental de presunción de inocencia, pues se insiste, los señalamientos públicos influyeron tanto en la sociedad que pocos dudan sobre su culpabilidad.

Ante este escenario, lo cierto es que el verdadero juicio fue celebrado antes de la aparición de un juzgador e incluso antes de su extradición, pues hoy la realidad es que a Lozoya Austin y a su familia ya los juzgó la sociedad.

Finalmente, todo linchamiento mediático que no tiene más que la perversa intención de difamar resulta contraproducente a la sociedad mexicana.

Segob indica que consejeros del INE deben ser apartidistas

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Los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) deben ser personas sumamente honorables, apartidistas, conocedoras de la materia electoral, trabajadoras y con muchas capacidades, expresa Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella opinó, tras haber asistido al Foro de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales, que los nuevos consejeros electorales deberán poder decidir sobre una situación determinada, y que “lo único más importante es cómo argumentan, cómo motivan y cómo fundamentan”.

Al haber recordado que perteneció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 25 años, la funcionaria expresó que los controles se dan entre los integrantes de cuerpos colegiados, “porque es la argumentación sólida lo que te da la validez, autonomía e independencia de tus criterios”.

(Con informacón de Excélsior)

Campesinos de Guerrero cambian cultivos de amapola por mariguana

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Naturismo Guerrerense se lee en las etiquetas de unos pequeños frascos y goteros. Son pomadas y aceites de cannabidiol (CBD), compuesto de la marihuana no psicotrópico con potencial medicinal y terapéutico.

Arturo López Torres muestra su nueva apuesta en pequeños tarros. El promotor de los productos hechos a base de cannabis es también desde hace cuatro años un activista a favor de la legalización de la amapola con fines medicinales.

Él junto a Crescencio Pacheco -quien junto a su familia están en calidad de desplazados-, elaboraron la primera propuesta en 2016, para hacer legal lo que fue el cultivo que les daba de comer a de decenas de campesinos en municipios de la Sierra: la amapola.

López Torres saca del recipiente de plástico sus productos y asegura que son una verdadera medicina alternativa.

“Para desórdenes neurológicos y psiquiátricos, pero también para alimenticios y digestivos o dolores de inflamación. Entran un sin número de enfermedades que son a las que se pueda ayudar y calmar (…)”, explica sobre los efectos curativos del CBD.

A cuatro años de distancia de las primeras conferencias que dio en varios lugares, uno de ellos donde vivió durante más de 30 años, Filo de Caballos, Leonardo Bravo, sigue con el mismo discurso: la legalización de las drogas, es avalar una forma de vida que han criminalizado decenas de años. Plantas como la marihuana y la amapola, sí tienen un poder de cambiar vidas, tanto de campesinos como de usuarios.

Enseguida sustrae de una carpeta unos volantes con más información sobre las ‘aplicaciones medicinales de los cannabinoides’.

Los productos se prescriben para disminuir la rigidez o la tensión muscular que provoca la esclerosis múltiple, una enfermedad progresiva del sistema nervioso. En una especie de tabla nutricional, organizada por colores, están clasificadas las enfermedades que se pueden combatir con esta sustancia. Son las mismas que mencionó el promotor.

Mujeres elaboran los aceites

La propuesta medicinal a base de cannabis es elaborada por mujeres. Las pomadas y aceites las producen 10 mujeres constituidas en Amapolas -Asociación de mujeres productoras de opio en Latinoamérica para la salud S. de R.L. -, con el propósito de impulsar un movimiento que defienda las propiedades medicinales de la marihuana y la amapola.

En esos propósitos incluyen comercializar el cannabidiol próximamente. Esto podrá ocurrir a partir de abril.

El Senado tiene hasta ese mes, cuando también cierra su actual periodo de sesiones, para concluir el debate sobre el cannabis. Es él último plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacerlo, pues, ha considerado inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

En 2017 quedó avalado su uso medicinal, pero la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) todavía no lo regulariza, según lo que han documentado algunos medios de comunicación sobre el tema.

Estas mujeres comenzaron a hacer la pomada y el aceite con la asesoría de profesionales en Química. Según López Torres buscaron ese asesoramiento para extraer el CBD de la planta. Lo hacen en un espacio rentado en Guerrero, del que se reservarán detalles.

El promotor ofrece algunos datos del cultivo que hacen de marihuana, el paso que antecede la elaboración de CBD en pomada y aceite. De eso se encargan jóvenes que siembran en controlados espacios cannabis sativa.

Dice que comienzan a alinearse al esquema que contempla la propuesta de legalización total de la marihuana. Tratan de ajustarse a los espacios que autorizarán para cultivo. Lo que conoce hasta ahora es que cada persona podrá cultivar cuatro o seis plantas de marihuana con la regulación de una instancia de gobierno que deberán definan.

“Ahorita (cultivamos) en plantas y camuflajeado. Hay que poner malla ciclónica, hay que poner malla con sombra, porque son seis plantas, no nos podemos ir más allá. La ley es la ley y ellos no se fijan que lo estamos haciendo con fines médicos, ellos van a pensar en un momento dado que esas plantas las están haciendo para venderla como marihuana para fumársela”, cuenta.

La cannabis sativa, de acuerdo los datos públicos sobre la planta, tiene una carga mayor de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia psicoactiva de la marihuana, lo que implica un procedimiento más tardado para las mujeres productoras, porque deben separarlo del CBD, el compuesto que les interesa comercializar.

En sus planes, López Torres prevé una cooperativa con esos jóvenes, quienes se encargarían de cultivar el cannabis de manera orgánica. La cooperativa es una figura que les da la oportunidad de ampliar el espacio de cultivo, para una producción suficiente.

Sembrarán sólo cáñamo ruderalis, una especie que tiene un periodo de floración más corto y un contenido alto en CBD.

Con el cultivo del cannabis ruderalis no sólo garantiza la comercialización del CBD, abren una brecha de oportunidad para el cáñamo o fibra de la de planta, el cual tiene distintos usos industriales, como el textil.

Los detalles que comparte Arturo López Torres sobre los planes de comercializar cannabidiol ocurrió en un espacio de su última visita a Guerrero. Desde hace un tiempo su permanencia en el estado es itinerante.

Él no está en una condición de desplazo como familias de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, que tuvieron que dejar sus casas el 11 de noviembre de 2018, luego de que civiles armados se apoderaran de ellas como hasta ahora. Las familias no han podido regresar y recuperar sus tierras y casas.

Cada vez sube menos al pueblo donde llegó hace más de 30 años, Filo de Caballos, comunidad del municipio de Leonardo Bravo, localizada en la Sierra. En 2010 fue autoridad de la comunidad, pero desde que llegó es gestor de proyectos para los campesinos, ha sido su actividad principal.

Desde esa comunidad impulsó el movimiento por la legalización de la amapola. Primero, su argumento se sostenía en que los militares debían respetar los cultivos de amapola de los campesinos de la Sierra de Guerrero, porque eran una de las pocas opciones en la región para sobrevivir.

Los habitantes de la región destaparon esa demanda después del 28 de abril de 2016, cuando bajaron de distintas comunidades y bloquearon la autopista del Sol en la parte norte de Chilpancingo, con el reclamo a las autoridades de que reactivaran la economía en la Sierra. Esa protesta les costó que policías los desalojaran con violencia, de acuerdo con lo documentado por periodistas en distintos medios de comunicación.

A partir de entonces, los habitantes de pueblos serranos, como Filo de Caballos, comenzaron a hablar de sus plantaciones de amapola y de las agotadas opciones de una región donde, hay mucha riqueza natural -agua abundante, espeso bosque y un clima frío -, pero sin los espacios y la infraestructura (carretera, escolar, sanitaria…) para que les favorece más allá de sembrar amapola y sacar la goma de opio que suben a comprarles.

En ese año López Torres declaró a reporteros sobre que la Sierra es un territorio con mil 280 comunidades y 50 mil habitantes dedicados a sembrar amapola.

Después, se involucró junto a otros habitantes de pueblos cercanos a Filo de Caballos, en un movimiento por la legalización de la amapola. Guerrero, es una de los estados del país que más producía amapola, sobre todo en la Sierra, según los informes institucionales.

En agosto de 2018, los habitantes de la región organizaron en Filo de Caballos el Foro Regional de la Sierra de Guerrero, y debatieron sobre la legalización de la amapola con fines medicinales, con la sugerencia puntual de ser consultados. Ahí estuvo López Torres.

En ese año hubo sobresalto en la región. En noviembre, casi en una sola tanda, se salieron de sus casas unas mil 600 personas, según los números que ellos mismos manejaron. Se desplazaron a Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde varias familias permanecen, otras buscan refugio en Estados Unidos.

La razón de su desplazamiento fue que se instaló un grupo armado en sus pueblos y en sus casas. Algunas familias se quedaron en la Sierra y viven en ese contexto. La amapola dejó de ser una opción rentable, por el aumento de violencia en sus comunidades y por la baja del precio de la goma de opio, extraída de la flor. La gente comenzó a buscar opciones para ganarse el sustento.

Desde entonces, los que se salieron siguen sin volver.

Al explicar las funciones de los cannabinoides, el ex comisario menciona que la legalización de la amapola pinta para demorar mucho más, y después de ese análisis es que se enfocaron al proceso de la marihuana.

La planta también se cultiva de manera abundante en Guerrero y casi siempre se le ha enunciado sólo como una droga. Sus propiedades medicinales son un tema que tiene poco reconocimiento, aunque del opioide se elaboran tratamientos para enfermos de cáncer, entre otros potentes medicamentos.

López Torres tiene una interpretación más profunda de la marihuana. La relaciona a un camino de solución. Cree que su legalización es parte de la solución al problema de violencia en México. “Por causa de esta planta, que satanizaron hace muchos años, son los problemas que hay en el país. Si se legaliza, considero, va a bajar mucho el índice delictivo. De violencia, de todo”. También la evalúa como la gran opción medicinal.

En esta segunda evaluación que hace sobre la marihuana, es donde sostiene, junto a mujeres emprendedoras, la producción de pomadas y aceite. Lo conciben en este momento más que un proyecto, porque ya toma forma de comercio.

Naturismo Guerrerense, la frase que da personalidad a los productos, dice el ex comisario, es una marca registrada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Se han amparado ante la negativa de la Cofepris de darle el visto bueno a sus productos. Esperan que tan pronto la Comisión lo tenga regularizado.

Tienen casi todo listo para comercializar el CBD, sólo esperan la legalización definitiva de la marihuana en abril.

Para Arturo López es estratégico comenzar el negocio desde ahora, ante el proyecto de legalización total de cannabis en México, para correr menos riesgos de que los dejen fuera. “Si no nos ponemos listos vamos a quedarnos, como siempre, al último”.

El promotor sabe que el mercado de la marihuana legal en el mundo es millonario. Prevés un interés repentino en México de países europeos, además de Estados Unidos y Canadá, por lo atinado de su clima y suelo para producir cannabis.

“Son gente que trae mucho dinero, muchos recursos para venir y posicionarse del mercado, y como siempre, dejarnos a nosotros, los más pequeños o a los agricultores, en el suelo, sin nada, y ellos llevarse la mayor parte de ingresos de esta planta”, avizora.

El 7 de febrero, hace cuatro días, el diario español El País publicó una noticia con el cabezal: ‘Canadá quiere el negocio de la marihuana legal en México’. Es una información que da cuenta como cabilderos de grandes empresarios recorren los pasillos del Senado para “quedarse con una tajada de un negocio multimillonario”.

En la nota citan lo que un empresario canadiense, dedicado al negocio del cannabis, Erick Factor, fundador de MYM Nutraceuticals, dijo a legisladores: “Su localización en el mundo es perfecta, sus costos laborales son perfectos, su clima es perfecto (…) Dejen que las empresas privadas expandan sus negocios, que hagan lo que saben hacer”.

Arturo López sabe de lo que dice.

(Fuente: Animal Político)

#Kleroterion: “Falso que se reducirán las pensiones”

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El lunes amanecimos con la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis entre tribunales federales que establece que los trabajadores de la llamada “generación de transición”, los que cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que decidan pensionarse con la ley de 1973, tendrán un tope de 10 salarios mínimos en su pensión y no de 25, que es lo que concede la ley de 1997 a quienes se pensionen con esa ley.

Esta tesis de la Suprema Corte generó una serie de noticias falsas en redes sociales, principalmente acusando al poder ejecutivo de promover una reducción en las pensiones de los trabajadores. Increíblemente muchas personas la empezaron a compartir sin investigar la VERDAD del tema. Esto es falso. Te explico por qué:

1. La división de poderes: El Presidente no le da órdenes al Poder Judicial, éste es autónomo.

2. El Presidente NO pidió a los ministros de la corte la reducción de pensiones. De hecho 9 de los 11 ministros fueron asignados por los presidentes anteriores, así que en todo caso tienen compromiso con ellos.

3. El director del IMSS Zoé Robledo ya aclaró que la controversia de tesis que emitió la SCJN sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

4. Los 25 salarios mínimos siguen vigentes para quienes se pensionen con la ley de 1997, pero esa misma ley establece que recibirán esa pensión hasta que se termine lo que tienen ahorrado en su Afore.

Te explico OTRA VEZ qué fue lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio que emitió desde el 2010 y que ratificó en días pasados. Los trabajadores de la “generación de transición” al pensionarse tienen las siguientes opciones:

1.- Si el trabajador decide acogerse al régimen de 1973, el tope aplicable es el de 10 veces el salario mínimo a su pensión que obtiene de manera vitalicia.

2.- Si el trabajador opta por el régimen de 1997, actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 veces el salario mínimo a su pensión, hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore.

No obstante, la tesis emitida por la SCJN no es de aplicación obligatoria, es decir, no es una jurisprudencia de aplicación general, sino que aplica sólo para los trabajadores que demanden al IMSS al estar inconformes con el cálculo de su pensión.

No te dejes llevar por las noticias falsas. Hay quienes buscan seguir dañando al país desinformando a la población. Si tienes alguna duda escríbeme a mi WhatsApp: 8118001357 y con gusto resuelvo tus dudas para que juntos combatamos las mentiras y la falsa información.

En busca de la Dictadura Perfecta

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La semana pasada hubo mucha controversia en el gremio jurista. Se planteó una posible reforma a nuestro Sistema Penal en México, misma reforma que contenía muchas leyes retrogradas a nuestro Sistema Penal actual.

Esta reforma, es una prueba más de que la cuarta transformación quiere controlar los tres poderes de gobierno, imponiéndose sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el Consejo de la Judicatura y sobre la autonomía de los Congresos Locales.

Dentro de la propuesta, se busca crear un Tribunal Especializado en materia de Responsabilidades Penales, con la finalidad de que los integrantes del Poder Judicial Federal puedan ser juzgados en caso de que incurran en delitos relacionados con su responsabilidad. 

Este tribunal especializado estaría conformado por Jueces y Magistrados, que serían designados por el mismísimo Senado, de igual forma, el Senado tendría la facultad de observar, vigilar y controlar las intenciones de investigación que el Tribunal Especializado realice, sustituyendo la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal.

En la misma propuesta, se busca la creación de un Código Nacional Penal, con la finalidad de que el Congreso de La Unión sustituya la facultad de establecer y tipificar delitos a los Congresos Locales.

Actualmente los Congresos Locales tienen autonomía para establecer y tipificar delitos, por ejemplo, cada Congreso Local tiene la facultad de definir como conducta delictiva o no delictiva la interrupción voluntaria del embarazo; de proceder la iniciativa, esa facultad que tienen los Congresos Locales quedaría únicamente en manos del Congreso de la Unión.

Éstas sólo son unas de las pocas propuestas de reforma que se plantean para la modificación del Sistema Penal en el año 2020. Es increíble el descaro del Gobierno Federal de querer controlar todo, así mismo es lamentable que teniendo actualmente un Sistema Penal garantista, regresemos a un Sistema Penal con muchas fallas y violaciones a los derechos humanos, sin olvidar todo el gasto que se ha hecho para implementar el Sistema Penal actual.

Una vez más, bienvenidos a la cuarta transformación. 

SCJN confirma prohibición para sancionar al Bronco

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión provisional, otorgada por el exministro Eduardo Medina Mora, que prohibe al Congreso de Nuevo León sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, por el presunto uso de recursos públicos con fines electorales.

Durante la sesión de la Segunda Sala de la SCJN, el proyecto del ministro Alberto Pérez Cayán fue aprobado por unanimidad para confirmar la suspensión provisional otorgada el pasado mes de octubre de 2019.

La suspensión también prohibe al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionar al “Bronco”.

Cabe mencionar que la suspensión otorgada ayer no paraliza por completo el procedimiento para sancionar al mandatario neoleónes, pero sí impide que el Congreso dicte la resolución final.

Hasta marzo definirán sanción contra “el Bronco”

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El proceso de sanción al Gobernador Jaime Rodríguez seguirá detenido al menos hasta el mes de marzo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina si es el Pleno o la Sala quien daba resolver sobre la suspensión que se le dio con relación a la controversia constitucional que éste interpuso, dijo hoy Juan Carlos Ruiz.

El secretario de acuerdos del ministro González Alcántara Carrancá nos pudo compartir hoy el estado procesal de esta controversia y nos dice que se está en el mes donde se está reuniendo el informe requerido a todas las autoridades demandadas el caso y a final de enero concluye el plazo para ello, con lo que se cerraría la instrucción“, expresó.

Con ello se tendrá un plazo de máximo 30 días para determinar, el ministro ponente, de acuerdo a la naturaleza de los informes, si se puede resolver en la Sala o por el Pleno de la Corte y eso se definiría a principios de marzo… lo primero es determinar por qué vía se resuelve y definido eso, la Sala o el Pleno, según se determine, definirán el fondo del caso.

Ruiz agregó que también se reunió con la presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte, y ésta le informó que ese órgano tiene al Congreso local como en vías de cumplimiento de la sentencia en la que se ordenó sancionar al Gobernador por las “broncofirmas”.

Así no es verdad que haya siquiera considerado el sancionarnos por no cumplir, el tribunal no está preparándose para sancionar porque considera que estamos en proceso de hacerlo y que la suspensión que hay por parte de la Corte nos aplica a ambos.

“Nos dice que no ha pasado por sus escritorios de trabajo el llamar la atención o sancionar al Congreso de Nuevo León”.

 

 

(Con información de El Norte)

Tendrá Medina Mora pensión de 800 mil pesos

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El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, tendrá una pensión de más de 860 mil pesos cada año por vida, además de otros beneficios entre los que destacan: seguro de gastos médicos mayores, vehículos blindados para su transporte personal, y servicios de escolta.

De acuerdo a información revelada por el periódico Milenio, el Pleno de la Suprema Corte tuvo que interpretar el capítulo VIII del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder de la Justicia de la Federación (PJF) para explicar cómo Medina Mora recibirá su pensión, pues la renuncia de un ministro a su puesto no tiene precedentes.

“Al retirarse del cargo, los ministros tendrán derecho a un haber de retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al cien por ciento durante los dos primeros años y al 80 por ciento durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponda a los ministros en activo”, se indica.

Media Mora renunció a su cargo como ministro de la SCJN debido a que es investigado por las autoridades federales por unas supuestas transferencias bancarias millonarias en el Reino Unido.

Congreso difiere de forma indefinida sanción por ‘broncofirmas’

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El Congreso local de Nuevo León acordó este lunes diferir de forma indefinida la votación para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y el secretario de Gobierno, Manuel González.

Con los votos del PAN, Morena y PT se logro aprobar con mayoría la, en la Comisión Anticorrupción y luego en el Pleno el apalazar la decisión sobre el desvío de recursos para recabar firmas a favor de la campaña presidencial del “Bronco”.

Cabe mencionar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fijó el 20 de diciembre, es decir el último día del periodo ordinario, para que el Congreso sancionara a Rodríguez, pero ayer los diputados consideraron que no debían hacerlo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia presentada por “el Bronco”.

De acuerdo a fuentes consultadas, será hasta finales de febrero o inicio de marzo del 2020 cuando esto suceda.

Cabe señalar que el dictamen que circuló en la Comisión Anticorrupción, presidida por Arturo Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano, ni siquiera se votó.

El Congreso notificará al TEPJF que estaban en “imposibilidad jurídica” para cumplir su orden, esto con el fin de no caer en desacato.