“El Bronco” se destapa para el 2024

Comparte este artículo:

Una entrevista sostenida entre Jaime Rodríguez Calderón (alias “el Bronco”) y El Heraldo reveló que el Bronco está planeando contender para la Presidencia de la República en el 2024, a pesar de haber protagonizado “una de las campañas más polémicas” el año pasado. Él menciona que podría tener más posibilidades bajo estas circunstancias diferentes, ya que “México está en ese marasmo, de esperar si Andrés Manuel (López Obrador) dará o no resultados”.

“Tome la decisión, con la responsabilidad, sabiendo que no tenía esa posibilidad de ganar, lo sabía, pero creo que tuvimos resultados exitosos, porque haber sacado ese número de votos era importante (dos millones 339 mil 431, que representaron 5.13 por ciento de los resultados), sin tener una estructura política en el país, utilizando simplemente la red digital. Nos dio un buen resultado y me atrevería de nuevo, claro que lo haría”.

Respecto al proceso iniciado en el Congreso de Nuevo León en contra suya, éste opina que no va a proceder debido a que el Poder Legislativo no es superior a él jerárquicamente, sino iguales, como establecería la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “De ahí que recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional, la cual suspendió las acciones mientras estudian a fondo el caso.”

 

(Con información de El Horizonte)

Van por la destitución del Bronco

Comparte este artículo:

La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado podría plantear esta misma semana la destitución del cargo y la inhabilitación por tres años como servidor público del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco y la inhabilitación por tres al Secretario de Gobierno, Manuel González, por el uso de funcionarios para recabar firmas en apoyo a la candidatura presidencial de Rodríguez en el 2018.

“La sanción consiste en: destitución del cargo de Gobernador del Estado de Nuevo León e inhabilitación como servidor público por tres años contados a partir del día hábil siguiente a la aprobación del presente dictamen”, se lee en el predictamen que se pondrá a consideración de los diputados de la Comisión y al que tuvo acceso el periódico El Norte.

Cabe mencionar que la sanción aplicaría una vez que se resuelva la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se cuestiona la facultad del Congreso para sancionar al gobernador.

“En lo específico de acuerdo con la resolución dentro del incidente de suspensión en la Controversia Constitucional 310/2019, emitida por los Ministros Eduardo Medina Mora y Juan Luis González Alcántara Carrancá, esta sanción no se ejecutará hasta en tanto se resuelva ese medio de control constitucional”.

Con este dictamen el Congreso daría cumplimiento a la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sancionar las infracciones electorales cometidas por el Gobernador y su Secretario de Gobierno.

(Con información de Grupo Reforma)

El debate de la objeción de conciencia en México

Comparte este artículo:

La objeción de conciencia se ha convertido en el centro de debate nacional, ello porque el Congreso Estatal de Nuevo León aprobó una modificación a su ley local en materia de salud, para incorporar dicha figura jurídica para los miembros del sistema de salud. El tema ocasionó un fuerte debate en redes sociales, programas de opinión, columnistas y mesas de café, teniendo como punto de partida una presunta intención ideológica detrás de la mencionada iniciativa, sin embargo, existe una serie de imprecisiones que se propagaron por el internet, ya que si bien, es un tema en el cual existe una discusión desde un aspecto filosófico o axiológicos en materia de derechos, pero es innegable que existe una obligación constitucional para legislar en la materia. En primer termino, debemos señalar que la objeción de conciencia es un mecanismo que “supone no solamente el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también de obrar de manera conforme a los imperativos de la misma”(Sanchís, Luis Prieto 2006)

El derecho de la objeción de conciencia tiene origen dentro de nuestra legislación nacional en la reforma que se dio en el Senado de la República y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, donde se incorporó esta figura jurídica en la Ley reglamentaria en la materia, y de igual manera en sus artículos transitorios se estipuló que las entidades federativas debían modificar sus legislaciones para armonizarlas con la modificación al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud. Con dicha modificación, se abrió la puerta a reglamentar la responsabilidad de hacer o no hacer, el respeto a la libertad de conciencia y pensamiento, así como los límites, en todo nuestro país. Antes que nada, debemos definir la objeción de conciencia, y  podemos definirla como el respeto del pensamiento o reflexión personal o moral cuando este contravenga una acción a la cual tiene que ejecutar. Podemos ver  que es una ponderación del ejercicio de la libertad personal e incluso religiosa sobre una acción que pudiera lesionar su sentir o forma de pensar y “en principio ejerce un derecho fundamental, por más que el juicio definitivo pueda desembocar en la negación o rechazo de la posición iusfundamental a la vista de la presencia  en el caso de otras razones más fuertes en favor de tal deber jurídico”(Sanchís, Luis Prieto 2006). 

En el aspecto jurídico, hay que enfatizar que este mecanismo es un derecho humano que se ha visto en diversos ámbitos como el militar, empresarial o de la  administración pública. Ello también trae a colación dos derechos, el derecho del acceso a la salud previsto en el artículo 4 constitucional y el derecho a la libertad ideológica, pensamiento o creencia, señalado en el artículo 24 de nuestra carta magna, y es dentro de este derecho donde podríamos ubicar a la objeción de conciencia como derecho protegido por la constitución. Independiente de los titulares tendenciosos y la polarización social respecto a este tema, la objeción de conciencia atiende a procurar al personal del sistema de salud y puede ser encontrado en todas las democracias con estado de derecho, y debería ser visto como una medida mediadora ante diferentes visiones o cosmovisiones sociales, y una herramienta fundamental en la preservación de la diversidad de pensamiento y creencia. También, es imperativo  aclarar que al momento de plasmar la objeción de conciencia se debe tener en claro que no se objeta a la persona y sus características físicas o personales, ya que ello claramente recae en una discriminación, contrario a lo estipulado en el articulo primero constitucional y violatorio de derechos humanos,  precisando que debe objetarse la acción que contravenga el pensamiento del objetor.  

Nuestro máximo órgano de impartición de justicia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en temas de a través de garantías de protección  y abstención el Estado se asegura de que los creyentes puedan efectivamente ejercer su libertad religiosa”(AR 1049/2017). En el ámbito internacional, encontramos este derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, en el cual establece que “toda persona tiene derecho a la libertad  de pensamiento, conciencia y religión”; lo anterior también lo podemos vislumbrar en el artículo 18  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 9no y el 10o de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De igual manera, es innegable la existencia del conflicto ante este derecho, ya que podría ejercerse cómo medida que limitaría el acceso a ciertos servicios, pero debemos vislumbrar que no todo derecho es absoluto. Si vemos los antecedentes en México, la objeción de conciencia se introduce federalmente, en una serie reformas realizadas por la Secretaría de Salud a la Norma Oficial Mexicana 046, con la cual se reconoce el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras para la práctica de abortos en el caso de violación, sobre lo anterior es importante precisar, que en diversas entidades no permiten y penalizan dicho acto,  como es el caso de  Nuevo León, por lo cual no se presenta la iniciativa en un ámbito  prohibicionista de la interrupción del embarazo, ya que no es la intención del legislador. De la misma manera, encontramos que, en la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, aprobada en el 2011, en su artículo 42 se reconoce el mismo derecho de objeción para el personal de salud que quiera abstenerse a intervenir en la atención de pacientes terminales. Tenemos que ver que dicha reforma en también contempla limitantes, como son cuando esté en riesgo la vida del paciente o el caso de una urgencia médica. Podemos ver que debe garantizarse el derecho de acceso a la salud en todo momento,  y en ese sentido, al ejercer dicha objeción se debe realizar de manera previa y procurar de proveer al paciente de otro personal  de salud que garantice la atención,  también enfatizar el hecho  que no  debe objetarse con relación al sujeto (paciente) sino al acto; si logramos dilucidar  esto, podemos ver la objeción de conciencia como una medida extraordinaria y un derecho  y no desde un plano ideológico que abone a una polarización innecesaria. 

reneramirezbenites@gmail.com 

Bibliografía 

Amparo en Revisión 1049/2017.  Oposición a que se realice a su menor hija una transfusión sanguínea  por  pertenecer a  la comunidad cristiana  “Testigos  de Jehova”, posible colisión de  derechos a salud de un menor de edad y el derecho a libertad  religiosa de sus padres. Ministro Ponente: Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Primera Sala de la  Suprema Corte de  Justicia de la Nación. 15 de agosto de 2018 

ONU. Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. 2012. La objeción de conciencia al servicio militar. Nueva York  y Ginebra. Naciones Unidas

Sanchís, Luis Prieto. 2006. “Libertad y objeción de conciencia”. Revista Persona y Derecho 54. (2006): 259-273. 

Soberanes Fernández, José Luis. 1998. “La  Objeción  de conciencia ante la justicia constitucional  en México”. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. (1998): 137-151. 

Admiten cuatro recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Bonilla

Comparte este artículo:

Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la “Ley Bonilla”, una legislación que consiste en ampliar el próximo periodo de Jaime Bonilla, Gobernador de Baja California, de dos a cinco años. Sin embargo, no se negó su suspensión.

Los cuatro recursos fueron promovidos por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

“Se tienen por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, comunicó la Suprema Corte. 

“No da lugar a decretar la suspensión solicitada en los escritos de las acciones de inconstitucionalidad pues la admisión del presente medio de control constitucional no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”, agregó.

La admisión de las acciones se dió por parte del Ministro Fernando Franco, quien estableció un plazo de seis días naturales al Congreso de Baja California y al Ejecutivo estatal para contestar la demanda. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fijó diez días para que le entregue su opinión sobre el caso.

 

Con información de Expansión Política. 

UMA y la Joya del Pancismo

Comparte este artículo:

El 27 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, a través del cual fueron modificados los artículos 26, apartado B y 123, inciso A), fracción VI de la Constitución.

Dicha reforma, en su modificación al artículo 26, apartado B, Constitucional, crea una medida que se utilizaría como referencia económica para el cumplimiento de obligaciones.

En ese contexto se crea la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) como referente económico, desindexando al salario mínimo general vigente (SMGV) y, a partir del 28 de enero de 2017, toda referencia al SMGV cómo parámetro de medida, debía considerarse efectuados a la UMA.

Esto, pues el artículo TERCERO transitorio del decreto anteriormente señalado, estableció que todas las menciones al SMGV como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previsto en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA.

Derivado de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, apartado B y TERCERO transitorio de la Constitución, a partir del año 2017, el IMSS y el ISSSTE, comenzaron a utilizar la UMA a efecto de establecer los topes máximos en el cálculo para el pago de las pensiones.

Situación, que ocasionó que el poder adquisitivo y el monto de las pensiones fuera reduciéndose en perjuicio de los pensionados, toda vez que el valor de la UMA tenía menores aumentos en proporción a los realizados al SMGV.

No obstante, ambos Institutos de Seguridad Social, perdieron de vista que a la par de la reforma al artículo 26, apartado B, también se modificó el artículo 123, inciso A) fracción VI de la Constitución, estableciendo que el SMGV no podría ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Es decir, el SMGV, podía seguir utilizándose cómo índice, unidad, base, medida o referencia, siempre y cuando fuera acorde a su naturaleza.

En esa tesitura, tratándose de la determinación de la cuota diaria de pensión, es decir, de una prestación de naturaleza laboral, el parámetro utilizado para su cálculo no puede ser otro que el SMGV.

Por lo anterior, desde el año 2017, diversos grupos de pensionados, al ver reducidos montos en el pago de sus pensiones, comenzaron a demandar el correcto cálculo del mismo, atendiendo al valor del SMGV y no a la UMA.

En consecuencia, a finales de 2017 y principios del año 2018, fueron emitidos los primeros criterios respecto a la indebida aplicación de la UMA, para efecto de realizar el cálculo en el pago de las pensiones. 

Mismos criterios, que gracias al legítimo esfuerzo de grupos de pensionados que con determinación acudieron a Tribunales Competentes a ejercer sus derechos siguieron reiterándose, hasta que el 20 de septiembre de 2019, el décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito creó jurisprudencia.

Jurisprudencia, que únicamente es producto del esfuerzo y valía con la que los pensionados defendieron sus derechos en los Tribunales.

No obstante, recientemente circuló un video, en el que aparece el Senador Dr. Américo Villarreal Anaya, declarando que gracias a las gestiones de los Senadores de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la jurisprudencia que establece que la pensión de retiro de los trabajadores debe ser calculada con base en el salario mínimo.

Estas declaraciones, además de constituir una verdadera joya al pancismo, son un acto demagógico que demerita la valía con la que los pensionados defendieron sus derechos.

Por mi parte, únicamente puedo felicitar a los pensionados por su Voluntad y Trabajo en este logro.

¿Sigma o hecho anunciado?

Comparte este artículo:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la máxima autoridad judicial y nuestro Tribunal Constitucional. Desde la concepción de Charles Louis de Sécondat, Barón de Montesquieu, cuando en 1748 publica su conocida obra “Del Espíritu de las leyes”, donde vislumbra y contempla la separación de poderes. Charles decía que “si no estuviera separado el poder, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos[…]”. En ese sentido, la SCJN ha tenido un largo, difícil y complejo recorrido para consolidarse lo que es en estos momentos. En días recientes, el Ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo en la Corte, el cual hubiera concluido en el año 2030. Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, de un lado están aquellos que gritan y aluden a una crisis dentro de la Corte; y por otro lado, aquellos que mencionan que el Ministro Medina Mora era un persona con un pasado denunciable y un presente aún peor, por lo cual no debe tomarnos por sorpresa este hecho. 

Podemos especular respecto al motivo del Ministro para renunciar a su cargo, sin embargo, ya que conforme a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución, la renuncia de un ministro sólo es procedente por “causas graves” y debe enviarse al Presidente de la República para que, en su caso, acepte o niegue dicha renuncia. Sin embargo, el motivo de fondo que la opinión pública y la mayoría de los analistas atribuye a este hecho sin precedentes, es la columna de opinión escrita por Salvador García Soto y publicada en El Universal el 5 de mayo de este año. En dicha columna, el periodista hace publico un reporte de la National Crime Agency (Agencia Nacional del Delito) del Gobierno del Reino Unido, en donde detectan una actividad sospechosa respecto a “transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro Medina Mora, en el Banco HSBC del Reino Unido de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que fueron depositados en los últimos 2 años”. También, el periodista hace mención al Reporte emitido por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos el cual “documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años”:  

El tema generó en su momento tal nivel de controversia, que desde el Congreso de la Unión se tomaron tribuna por diversos legisladores para solicitar que el Ministro aclare dichos señalamientos. Lo cierto, es que estamos ante un hecho sin precedentes desde la reforma de 1994 que crea a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. El único registro conocido fue en 1989 con el retiro voluntario del entonces Ministro Ernesto Díaz Infante por “motivos de salud”, sin embargo, estaba involucrado por la prensa en temas de corrupción.  

Si bien, el tema del Ministro y su desempeño como servidor público es en sí mismo un tema, los motivos de su renuncia otro y independencia del Poder Judicial de la Federación otro. El Presidente de la SCJN, el Ministro Arturo Zaldívar, tuiteó de manera inmediata a este hecho, que “la SCJN ha sido y seguirá siendo independiente y defensora de los derechos humanos todas y todos. Poder equilibrador que controla la constitucionalidad”, y en ese sentido debemos dirigir la discusión. Es equívoco pensar que la renunciar de Medina Mora es una influencia del Ejecutivo para cooptar, secuestrar o influir el máximo tribunal, ya que el pasado y desarrollo profesional de este personaje eran una carga que restaba credibilidad a la Corte, y que renuncia alguien que nunca debió llegar. Y de igual manera, este hecho se da en un contexto judicial interno en el cual el actual Presidente Zaldívar, tiene una política frontal contra la corrupción y los conflicto al interior del Poder Judicial, y por ello existe una probabilidad que la presión de su dimisión viniera desde dentro de la institución y no de fuera. 

Es de celebrar que el origen del debate respecto a este hecho, es porque en México estamos entendiendo, comprendiendo y asimilando el importante e imperativo papel que la SCJN tiene en el desarrollo jurídico, institucional, constitucional y democrático en toda nuestra vida pública. Pero como escriben Javier Martín Reyes y Jesús Garza Onofre en The Washington Post el 4 de octubre: “Se trata no sólo de la primera renuncia de este tipo en 25 años en México, sino también de la dimisión de un político poderoso que abre la puerta a una reconfiguración del tribunal constitucional mexicano”. El proceso de designación de Ministros de la Corte como está estipulado en el artículo 96 constitucional, en el cual establece que el Presidente enviará al Senado una terna de donde se designará a un candidato, como hemos sido testigos (incluso con el proceso para designar a Medina Mora), es un proceso jurídico y político para designar a los miembros de la Corte que no es lo suficientemente estricto, que permita la contradicción y un escrutinio profundo, que tenga como consecuencia que el candidato designado por el Senado sea el idóneo y se procure la independencia e imparcialidad de la SCJN. Es evidente que los ojos estarán centrados en el Senado y en la terna que envié el Presidente Lopez Obrador para llenar la vacante, y será una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar. 

Marihuana sí, marihuana no… Delgado ya tiene ganador

Comparte este artículo:

Legalizar o no el cannabis es un debate a nivel mundial del que México no es ajeno. Ya en el año 2000 Gilberto Rincón, durante su campaña para la presidencia por el Partido Democracia Social, hablaba de la reglamentación de tal droga, lo que causó amplia polémica. 

Sin embargo, no fue hasta hace 12 años cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que diversas figuras de la sociedad civil y la academia vieron con buenos ojos la opción de regularizar. Esto buscando alternativas para proteger a los eslabones más bajos de la cadena. 

En 2015 se dio un primer gran paso, o gran retroceso, según el cristal con que se mire. Josefina Ricaño, Juan Francisco Torres, Armando Santacruz y José Pablo Girault, a través de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) recibieron el primer amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el uso lúdico de la marihuana, el cuál permitía sembrarla, cultivarla, prepararla, poseerla y transportarla. 

Otro hito fue cuando Graciela “Grace” Elizalde, una niña de ocho años con Síndrome de Lennox-Gastaut, abrió ese mismo año el debate sobre el uso terapéutico del cannabis en México. En abril de 2017 la Cámara de Diputados autorizó el uso medicinal y científico de la marihuana y sus derivados en México al aprobar las reformas del Senado a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.

Tras el quinto amparo recreativo otorgado por la SCJN en 2018, se creó jurisprudencia, lo que declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de marihuana para esta intención, lo que en fines prácticos significó que cualquiera podía pedir un amparo para su consumo y este le sería otorgado. 

Pero esta historia apenas está comenzando a escribirse. A principios de año, el presidente de la Comisión de Salud de las Cámara de Senadores, Miguel Ángel Navarro, y la senadora Jesusa Rodríguez señalaron que el Dictamen para Uso Lúdico de la Marihuana estaría listo a más tardar en el mes de octubre. Y bueno, parece que no se equivocaron. 

Puntual con la llegada del 1 de octubre, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, propuso permitir el autocultivo de hasta seis plantas de marihuana y la creación de Cannsalud, una empresa estatal para que el gobierno tenga la facultad exclusiva de su compra y venta en todo el país. 

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria contempla, además, la elaboración de la Ley General para el Control de Cannabis, modificaciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. 

Hablemos ahora un poco de las actividades de Cannsalud. ¿De dónde viene la importancia de que el gobierno controle las actividades de compraventa de este producto? 

Sencillo, de que la apertura de un nuevo mercado lícito permite a México convertirse en una “potencia en producción de cannabis”, de acuerdo con las palabras de Delgado. 

El propósito fundamental de la empresa es abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos, registrando y sistematizando la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destino, entre otros. Igualmente, evitar que la comercialización de la marihuana sea acaparada por los “grandes intereses comerciales”. 

Claro está que la propuesta no puede entrar en vigor hasta que sea votada por la mayoría en senaduría y diputaciones, pero hay una importante diferencia en cuanto a ocasiones anteriores: la mayoría en ambas cámaras es de Morena y muchos de sus legisladores aseguran que puede ser un negocio lucrativo para las arcas públicas. 

Aún es incierto lo que sucederá durante las votaciones a final de este mes, lo que si podemos saber es que entre la población la idea de legalizar es cada vez más popular. Hasta hace un par de años, únicamente 13% apoyaba esta convicción. A noviembre de 2018, de acuerdo con la XVIII Encuesta de Percepción de Inseguridad Ciudadana, más de un 43% estaban a favor. ¿De qué lado estás tú? 

Yucatán, transgénicos y la Suprema Corte

Comparte este artículo:

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió una Controversia Constitucional (233/2016) que promovió el Gobierno de Enrique Peña Nieto al Decreto 418/2016 emitido por el Gobernador Rolando Zapata, en el cual decretó al Estado de Yucatán como una “zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”. Antes que nada, debemos entender que un Organismo Genéticamente Modificado o conocido por sus siglas como OGM, es como su nombre menciona, un “organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o recombinación natural” (Schaper Marianne y Parada Soledad, 2001, pág. 8) o desde un aspecto jurídico, como menciona la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados:  “cualquier organismo vivo, con excepción de los seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna”. Podemos apreciar desde una primera revisión, que los OGM son parte del avance e impacto tecnológico en el desarrollo, sin embargo, existe un extenso y complejo debate en torno a este fenómeno moderno. Si bien, existen beneficios en su uso como el producir cultivos resistentes a plagas y virus así como una mejora alimenticia, desde el aspecto social, se ha visto una dinámica empresarial peligrosa en donde existen casos documentados en los cuales se han violado de manera sistemática los derechos humanos de los pueblos originarios en la adquisición de los terrenos para el uso de cultivo, así como “procesos de monopolización que llevan hacia una concentración de actividades agroempresariales en manos de pocas empresas transnacionales[…]”(Oswald Úrsula, 2001). 

Independientemente de la discusión de fondo, la SCJN en dicha determinación invalidó el Decreto haciendo un análisis desde la competencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, nuestro máximo tribunal estableció que la regulación en la materia de alimentos de esta naturaleza, pertenece a la Federación, debido a que la ley reguladora de los OGMs, establece explícitamente a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural como la autoridad responsable y ente obligado para poder involucrarse en toda la operatividad en las actividades que involucren a estos organismos. En ese sentido, las entidades federativas no pueden legislar en la materia argumentado desde una perspectiva del sistema federal, la distribución de competencias y que “ni constitucional ni legalmente pueda sostenerse que el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán tiene facultades conferidas expresamente para declarar zonas libres de organismos genéticamente modificados”. Aunado a esto, la Controversia resuelta por la Corte exhorta a la autoridad federal “para que dé respuesta a las solicitudes presentadas por diversas comunidades del Estado de Yucatán en relación con el establecimiento de zonas libres de OGMs”. Cabe mencionar, que la Ministra Piña Hernández expuso un argumento sumamente importante, haciendo referencia a  que la protección del medio ambiente y la salubridad es una competencia concurrente, lo cual significa que existe la facultad de ser regulada tanto a nivel federal como local. 

Sin duda alguna, el tono con el cual la SCJN resolvió el asunto tuvo un efecto de no entrarle a un estudio de fondo del tema y resolver respecto a la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientes que envuelven a dichos organismos, pudiendo ser una oportunidad perdida para delimitar las acciones estatales en estos temas. Podríamos especular en el porqué, pero es claro que desde nuestra trinchera local debemos apostar a escuchar y atender las demandas de las personas afectadas por cualquier practica que involucre los OGMs sin introducirnos a un falso debate político o ideológico. Como dijo la activista Greta Thunberg: “quizás los políticos no tienen la suficiente madurez para entenderlo”

Suprema Corte, Cannabis y Salud

Comparte este artículo:

La cannabis sativa es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas biológicas, psicológicas, médicas y antropológicas, sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente (Ex Secretario de Salud y Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias) “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia” y es en ese sentido de eliminar estigmas, donde debemos ubicar el análisis y discusión en favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta los diferentes productos como la marihuana. 

Lo anterior viene a colación y a manera de introducción, ya que la semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió el Amparo en Revisión 57/2019 la cual es una sentencia que va a situarse como de las más relevantes en los últimos años y marca un episodio importante respecto al uso medicinal de la marihuana en México. El caso se trata de una familia, cuyo hijo necesitaba urgentemente un tratamiento médico basado en dicha planta ya que posee a un diagnóstico de epilepsia, sin embargo, en el Congreso Federal el 20 de junio de 2017, entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud (LGS) que permite que productos derivados de la marihuana, puedan ser usado con fines médicos, pero el Legislativo fue omiso al vencer el plazo de 180 días para emitir una legislación que facilite y permita las modificaciones hechas a la LGS. La sentencia en innovadora en muchos sentidos, ya que encuentra que la omisión de las autoridades en emitir legislación secundaria de la materia, atenta contra el derecho a la salud, y como el caso en el que se centra en un menor, de igual manera encuentra una violación a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En dicha sentencia, la Corte sostiene que “el Estado tiene la obligación de asegurar el más alto nivel posible de salud de las personas” y además “destaca que el interés superior de la niñez (en este caso), no se limita a escucharlo en su calidad de paciente y brindar la atención médica que requiera, también implica la asignación de recursos suficientes y la creación de políticas públicas para otorgar servicios médicos de la mejor calidad para su bienestar y desarrollo integral, pues de no existir esas medidas, el ejercicio del derecho se encontraría limitado”. Ello resulta interesante, al observar que nuestro máximo tribunal ahora tiene una labor más cercana y concreta a la hora de establecer directrices y principios en temas de políticas públicas específicas. 

Como podemos observar, esta sentencia tiene el mismo ánimo que las emitidas desde noviembre del 2015, en donde la Primera Sala de la SCJN, determinó que el uso recreativo de la marihuana “encuentra cobertura en el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que su prohibición absoluta es inconstitucional” (Zaldívar Arturo, 2015). Es claro que estamos viendo un tema sumamente imperativo para nuestro sistema de salud y los tratamientos alternativos de diversas patologías, y como tema pendiente, la sentencia no es clara respecto a la generación y distribución de la marihuana, por lo cual todavía tenemos mucho que analizar, en palabras de Schopenhauer “la salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada”, y en ese tenor, las autoridades políticas y jurídicas deben entender los nuevos fenómenos en materia de salud. 

Congresos Locales y Federalismo

Comparte este artículo:

Recientemente en las entidades federativas, sus poderes locales han realizado modificaciones que ponen en duda el respeto al federalismo. Si bien, existe un diferente tipo de federalismo al comparado con décadas anteriores, las entidades federativas continúan sin entender la dinámica con el Pacto Federal y nuestro máximo ordenamiento jurídico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Charles de Secondar, Barón de Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” propone el modelo actual de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a fin de un autocontrol del poder y evitar la tiranía. Por ello, en nuestro país los constituyentes del siglo XIX conjugaron ideas del modelo francés, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Con ello, los constituyentes deseaban establecer controles constitucionales al poder político y entendían que el Legislativo sería un ambiente de confrontación para la limitación del Ejecutivo. Sin embargo, tres episodios recientes nos demuestran lo frágil de este balance y el regreso a viejas prácticas para evadir el federalismo, el cual también es contrapeso. El crítico y comentado suceso en Baja California, donde el Poder Legislativo reformó la constitución para ampliar el mandado del gobernador electo de 2 a 5 años. En otro episodio, se promulgó en Tabasco la llamada “Ley Garrote”, que vulnera y pone en peligro inminente el ejercicio de libertad de expresión, y por último, Yucatán, al no aprobar el dictamen que reformaría la Constitución Local que permitiría el matrimonio igualitario, a pesar de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Como podemos apreciar en estos casos, los Congresos Locales han vulnerado lo estipulado en la Constitución Federal bajo un argumento en común: respeto a la soberanía de las entidades federativas. Sin embargo, y con el mayor respeto, en los estados necesitan clases para entender soberanía y federalismo. Ningún legislador, gobernador o magistrado en su sentido particular o colegiado, es superior a lo estipulado en la Constitución Federal, y tanto es así, que la misma Carta Magna es la que impone las condiciones, características, formas y procesos de conducirse de todos los poderes, en cualquier tipo de expresión. A esto, no me refiero que los estados no tengan una naturaleza de soberanos y autónomos, al contrario, también existe actualmente una vulneración a ello por parte de la nueva administración, ejemplo es la materia de salud con el proyecto de federalizar el sistema de salud pública. La soberanía de las entidades se fortalece con el respeto al Pacto Federal, y el entender que somos un país unido bajo una misma expresión constitucional, y que nadie puede reformar o modificar leyes al antojo propio o imaginación inconstitucional, y que al estipular límites se fortalece la dinámica estados-federación. Levitsky y Ziblatt en su obra “How Democracy Dies”, mencionan que las instituciones por si solas no bastan para defender y hacer valer la constitución y debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Sin duda, no entienden que no entienden.