Peña dice que cumplió 97% de sus compromisos

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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que heredará a la siguiente administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador un México con fortalezas y con una plataforma de desarrollo para los próximos años.

Durante su mensaje como parte de su sexto informe de gobierno, el mandatario afirmó que entregará un país con finanzas públicas sanas, la inflación más baja, nuevos empleos, y mayor inversión extranjera, entre otros logros.

“A la siguiente Administración le entregaremos un país con importantes fortalezas: Estabilidad política, social y económica“, resaltó el mandatario en el patio central de Palacio Nacional.

Admitió que el pueblo mexicano voto el pasado 1 de julio de manera democrática, al tiempo que reiteró su felicitación al presidente electo y reconoció que ha tenido plena disposición para lograr una transición ordenada y eficiente.

“Con espíritu republicano, reitero mi felicitación al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México, por su triunfo electoral. Mi reconocimiento, asimismo, por el diálogo que hemos establecido en semanas recientes para tener una transición ordenada y eficiente“, enfatizó.

Acompañado de su esposa Angélica Rivera, y sus hijas, Paulina Peña y Sofía Castro, Peña Nieto enlistó sus logros y e hizo un balance de las cinco metas nacionales, haciendo énfasis en el tema de la seguridad en el que reconoció que no se cumplió el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos.

Indicó que al inició de su administración se tuvo éxito con la reducción de los índices de criminalidad; sin embargo, dijo que ante la falta de capacidad de las policías locales para combatir a las bandas delictivas, el problema se elevó en los últimos años.

Recordó que a pesar promover el modelo del Mando Único, el tema no ha prosperado en el Congreso de la Unión. Por ello, afirmó que para combatir la inseguridad se requerirá, de un esfuerzo sostenido por largo tiempo, firmemente apoyado con recursos públicos.
Su mensaje estuvo acompañado por cinco videos de siete minutos de duración cada uno, en los que daba cuenta de los avances durante su administración en materia de política social, educación, telecomunicaciones, economía, y transparencia, entre otros.
Al acto asistieron los presidentes del Senado, Martí Batres; de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar; gobernadores; líderes de partidos, como Claudia Ruiz Massieu, del PRI, Yeidckol Polevnsky de Morena; el cuerpo Diplomático; empresarios, representantes de medios de comunicación, de la Iglesia y sociedad civil, entre otros.

AMLO anuncia que su sueldo será de 108 mil pesos mensuales

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El virtual Presidente electoAndrés Manuel López Obrador, anunció que su salario como titular del Ejecutivo será de 108 mil pesos mensuales, que representa el 40 por ciento de lo que percibe actualmente Enrique Peña Nieto.

En conferencia, López Obrador dijo que, de acuerdo con la información que le dio el Secretario de Hacienda propuesto, Carlos Urzúa, el Presidente Peña Nieto, contabilizando todas las prestaciones de las que goza, recibe mensualmente 270 mil pesos.

Los 108 mil pesos que ganará a partir del 1 de diciembre, advirtió, serán el techo salarial universal para toda la administración pública y los poderes.

Esto significa, detalló, que ningún diputado, senador o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ganar más de esa cantidad.

La Constitución, dijo, ya establece que ningún servidor público podrá ganar más que el Presidente de la República, y señaló que su administración hará que este principio se cumpla.

La medida, adelantó, será incorporada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponderá a la Cámara de Diputados, cuya mayoría tiene Morena, aprobarla.

López Obrador reiteró que habrá una reducción de salario a todos los funcionarios que ganen más de un millón de pesos al año y aumentará las percepciones de los que menos ganen.

Reforma adelantó la semana pasada que el plan de austeridad y anticorrupción del morenista contempla 50 medidas, entre ellas la reducción de los salarios en el Gobierno federal.

Reubicán a juez de caso César Duarte y Alejandro Gutiérrez

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El Consejo de la Judicatura Federal reubicó al juez federal que ha mantenido una disputa con el gobierno de Chihuahua por la competencia para conocer del caso de Alejandro Gutiérrez, por el desvío de recursos públicos destinados a la entidad para campañas electorales del PRI. Durante la sesión del Pleno del CJF, se acordó que el juez federalGerardo Moreno García, quien hasta ayer fungía como administrador del Centro de Justicia Penal federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, será trasladado y reubicado en otro centro del estado de Chiapas.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un revés al gobierno de Chihuahua al desechar el recurso que interpuso contra la orden de que los casos de los ex duartistas debían ser del conocimiento del juez Moreno García.

El CJF confirmó que el juez ya dejó de conocer los casos que tiene para preparar su traslado como parte de la rotación regular que hace el Poder Judicial de la Federación de sus jueces y magistrados. En consecuencia, ya no conoce ni del asunto de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRIEnrique Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y del ex director de Administración de dicha dependenciaGerardo Villegas Madriles.

Los tres priistas están señalados por el desvío de 250 millones de pesos de recursos destinados al estado de Chihuahua para beneficiar campañas electorales del tricolor durante la administración del ex gobernador de la entidad, César Duarte, cuyo caso también era del conocimiento del juez Moreno García. Otro asunto que el juez federal dejará de conocer es el de la Procuraduría General de la República contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y lavado de dinero; y de su contadorJavier Nava Soria.

Aprueba Senado la llamada “Ley Chayote”

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Esta mañana el Senado de la República aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención la Ley de Publicidad Oficial, mejor conocida como “Ley Chayote”.

La ley que busca regular la publicidad oficial que los entes públicos otorgan a medios de comunicación, modifica el artículo de la Constitución, y entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2019.

Esta modificación estipula que debe de haber transparencia en los contratos, topes claros al gasto de comunicación social y una distribución lógica y equitativa del dinero, esto de acuerdo a la orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio el 30 de abril como fecha limite para emitir una legislación en el tema.

El panista Héctor Larios criticó la aprobación de la controversial ley, diciendo que lo único que se lograba es que se institucionalice el gasto de dinero de los contribuyentes en promover acciones de Gobierno, algo que consideró como inconcebible en países desarrollados.

Por su parte, Martha Tagle, dijo que lo aprobado no tenía contenía el espíritu la orden de la Corte y de la Constitución.

“¿Cuáles son los efectos de la omisión legislativa en materia de libertad de expresión? No se refiere al tiempo, escuchen bien, la omisión es no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del 134 de la Constitución, viola la libertad de expresión, de prensa y de información. La ausencia de dicho marco normativo permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial y genera censura a los medios de comunicación y periodistas críticos”, dijo la legisladora.

La Ley de Comunicación Oficial fue aprobada anteriormente en la Cámara de Diputados el 10 de abril. La llamada “Ley Chayote” ha sido objetivo de criticas por parte de ONGs, entre ellas Artículo 19, ya que aseguran que ponen en peligro la libertad de prensa y de expresión.

Diputados avalan desaparición de fuero

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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al presidente, y lo turnó al Senado de la República para su análisis,

Se detalla que se aprobó en lo general por 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se logró la mayoría calificada que requiere esta modificación por ser constitucional.

La reforma establece que el presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria, agrega Forbes.

La reforma aplicará para el presidente, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales, secretarios de despacho de dependencias federales, el fiscal general de la República, los consejeros electorales del INE, gobernadores, diputados locales, magistrados estatales, alcaldes, regidores, síndicos y concejales de todo el País.

El fuero evitaba que servidores públicos de alto rango pudieran ser procesados judicialmente por la comisión de algún delito durante el periodo de su encargo, como una garantía para la gobernabilidad del País.

De acuerdo con el artículo 111 constitucional, los funcionarios protegidos por esta figura sólo pueden ser llevados ante la justicia civil mediante un proceso de “desafuero”, mientras que al presidente de la República únicamente el Senado puede destituirle de su cargo y bajo circunstancias específicas como “traición a la patria”.

Se requieren policías capacitados, para revisiones sin orden judicial: Alto al Secuestro

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Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, expresó su preocupación por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) misma que declaro como constitucional la facultad que se le otorgó a las policías de realizar revisiones a personas y vehículos sin una orden judicial.

Por esto, Miranda de Wallace, dijo que para poder implementar tal política, se debe de tener elementos preparados que puedan sustentar los términos jurídicos para justificar esas revisiones,

Por otro lado, la activista dio a conocer que de enero de 2016 a diciembre de 2017 se detuvieron a 3 mil 85 presuntos secuestradores, de los cuales 92 eran policías o ex policías, siendo el Edomex, Chiapas y Guanajuato, las entidades con mayor número de elementos policiacos detenidos.

De Wallace, dio a conocer que en el mes de febrero, el secuestro registro un aumento del 9.9% con respecto a enero, puesto que hubo 122 casos. Las entidades con el mayor número de incidencias fueron el Edomex con 27, Veractuz con 21 y Tamaulipas con 15.

A pesar de las criticas, Peña promulga la Ley de Seguridad Interior

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Esta tarde el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que promulgará la controversial Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Peña Nieto, argumentó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determinará y tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad del la ley.

“Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país, pero no emitiré declaratoria de protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, dijo el mandatario.

Por último, el presidente dijo que aunque la Corte es la que tomará una resolución definitiva, eso no significaba que la federación dejará de intervenir en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.

Pelea en tribunales y veto a Peña, son las reacciones de los partidos a la Ley de Seguridad Interior

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Luego de que diputados y senadores aprobaran la Ley de Seguridad Interior, que regula el uso de las Fuerzas Armadas en México, los partidos políticos que se opusieron a la iniciativa anunciaron que darán la batalla en tribunales con acciones de inconstitucionalidad e incluso exigen al presidente Peña Nieto que vete el proyecto.

Por un lado, dos partidos de la alianza de Por México al Frente,  Movimiento Ciudadano y PRD, dicen que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley.

El secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, dijo que la ley aprobada  “es una ley regresiva del estado de derecho mexicano” por lo cual su partido está en total desacuerdo y presentará “junto con otros partidos” la acción de inconstitucionalidad.

Responsabilizó también al PRI, al Verde y a Nueva Alianza de no escuchar las voces de la sociedad civil y organizaciones internacionales.

Por otro lado, el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que el Congreso no haya generado un debate más amplio para la discusión de la ley y aseguró que su aprobación “rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar  tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional“.

Incluso hizo una invitación al presidente Peña Nieto para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, contra la iniciativa.

Defendiendo al plurinominal

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Como expresara el politólogo italiano Giovanni Sartori, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de las libertades y derechos de las minorías; esta definición viene al caso para analizar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 26 de octubre de 2017 que validó las reformas a ley electoral del estado de Nuevo León, que entre otras cosas, amplían el espectro para la distribución de diputaciones plurinominales: los partidos locales podrán inscribir una lista de candidatos plurinominales al Congreso Local, por ello, ahora van representación partidos y ciudadanos, que de lo contrario, difícilmente podrían entrar al Poder Legislativo, con ello, se dará lugar a las minorías de que habla Sartori para que más sectores o grupos de la población estén representados.

Esto es positivo porque posibilita a personas con perfiles profesionales elevados tener derecho (derecho político a ser votado) a obtener un cargo de elección popular, ya que, si sólo existieran diputaciones uninominales, es decir aquellas por las que se vota de forma directa, podría ocurrir que no ganasen los perfiles mejor preparados sino los que desarrollan una campaña más atractiva, los que tengan mejor presencia ante medios, o los más “populares”, o en su caso sólo los operadores políticos que de manera sistemática traban sus zonas de influencia.

Los diputados plurinominales son un mecanismo para representar a la sociedad, que tienen las credenciales profesionales que los avalan y nutren el debate democrático, mismo caso de otros grupos como los pueblos indígenas o las personas que viven con algún tipo de discapacidad, los expertos que trabajan por causas como los derechos de las mujeres en determinados ámbitos, o en juristas de amplia trayectoria que saben en forma y contenido reformar y escribir leyes.

Sin esta figura, que en su momento se consideró progresista y abonó para bien a nuestra democracia, se darían escenarios en los que un partido podría tener el control del congreso sin haber obtenido la mayoría de la votación. Por ejemplo, sin los plurinominales el PRI, que en la elección federal del 2015 obtuvo apenas el 29.18% de la votación emitida, tendría 160 diputados federales de los 300 que integrarían la Cámara, dándose el caso de que una minoría mandaría sobre la mayoría. Algo que la correlación de fuerzas de un congreso con plurinominales impide en este momento.

El que escribe estas líneas, diputado plurinominal federal y que entre otras cosas, tiene preparación en la abogacía y se ha desempeñado en el Congreso de la Unión, obtuvo diversos reconocimientos, como el Borde Score al ser considerado el legislador mejor rankeado obteniendo una puntuación de 100, y Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional donde impulsó exposiciones, foros y Congresos sobre la Seguridad Nacional y el fomento al amor y respeto a los Lábaros Patrios sólo por mencionar algunas de las acciones realizadas.

Cuestionar a los diputados plurinominales porque no hacen campaña o porque no  han dedicado su vida de tiempo completo a la política rompe un principio sustancial de la democracia representativa; porque en democracia hasta el que pierde una elección habría de quedar representado. El partido que no se vio beneficiado con una votación mayoritaria tiene derecho a que su voz tenga eco en el Poder Legislativo, por ello la definición de Sartori es pertinente: sí con el voto de la mayoría pero respetando a las minorías, así se debe vivir en democracia. 

Pretender establecer un sistema donde el que gane, gana todo, y que pierde, pierda todo, constituye una regresión a los Congresos absolutos, donde se diluiría la representación de diversos colectivos; debe considerarse que puede ocurrir que sólo los cuadros con mayores capacidades de llevar votos a los urnas dominen -como de hecho ya lo hacen- los partidos políticos, sin que exista una franja para sus cuadros mejor preparados o bien actores políticos o de la sociedad civil que representan minorías que sólo a través de este mecanismo encontrarán una posición en el Congreso de la Unión o en los 32 Congresos Locales. 

La SCJN aprueba diputados plurinominales en Nuevo León

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su visto bueno a la nueva Ley Electoral de Nuevo León, por lo que tendrá validez en las elecciones del 2018.

El ministro Ramón Cossío presentó ante el pleno la petición de inconstitucionalidad que promovieron por separado los partidos PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PT, así como la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Luego de la discusión, con seis votos en contra y dos a favor, fue desechado el proyecto, ya que se requerían ocho votos a favor para invalidar la ley.

Esta reforma fue aprobada en el Congreso Local el 29 de junio, generando la inconformidad de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el Gobierno del Estado.

En la sesión se ausentaron los magistrados Luis María Aguilar, presidente, Tomás Medina Mora y Alberto Pérez, por lo que Cossío, quien fungió como presidente, solicitó al pleno se retornara el tema.

La ministra Margarita Luna votó en contra basándose en el precedente 13/2001, en el cual la Suprema Corte estableció que “la obligatoriedad de las normas ocurre en dos momentos, uno al publicarse en el periódico oficial y otro en que la propia ley lo disponga. Por ese solo hecho adquiere obligatoriedad por imperio constitucional”.

Aunque Luna se dijo en desacuerdo con ese criterio e invitó a cambiarlo, consideró que se debía seguir el precedente para dar certeza jurídica al proceso electoral.

Además encontró extemporánea la acción de inconstitucionalidad, ya que dijo esta fue promovida cuando el pleno se encontraba en receso.

Luego de realizada la votación, el ministro Fernando Franco indicó que “el pleno esta desintegrado y faltan tres ministros que podrían definir una mayoría que me parece que por la importancia del asunto valdría la pena esperar”.

Sin embargo su petición igualmente fue desechada y se definió que el año electoral empezará, para Nuevo León, en Noviembre próximo como establece la ley vigente.

En esta resolución sólo se definió la ley en lo general, queda pendiente definir la validez de los diputados plurinominales, los límites de los candidatos independientes, el proceso de reelección y la paridad horizontal.