Margarita Zavala afirma que le ‘sembraron’ las firmas falsas

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Margarita Zavala del Campo, candidata independiente a la Presidencia de la República, hoy aseguró que le sembraron 425 firmas falsas y que lo denunciará ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La esposa del ex mandatario mexicano Felipe Calderón Hinojosa señaló en conferencia de prensa, que los lugares de procedencia de las firmas ya los tienen identificados: Ecatepec y Tecámac, en el Estado de México, y Gustavo A. Madero y Aztcapozalco, en la Ciudad de México.

Asimismo, detectaron que las rúbricas fueron ingresadas el 21 de diciembre de 2017, entre las 12:00 y 15:00 horas, explicó la candidata presidencial.

Las firmas apócrifas ascienden a 425 casos, lo que representa el 0.02 por ciento del más de millón y medio de apoyos ciudadanos presentados por el equipo de Zavala ante el INE.

El INE informó que Margarita Zavala recabó un total de un millón 578 mil 774 firmas, de las cuales sólo pudo validar un millón 89 mil 512 en una dispersión geográfica de 21 entidades.

La aspirante independiente a la Presidencia de la República aclaró que las más de 700 mil firmas que le fueron descontadas no son falsas, “una cosa es que sean inválidas y otra que sean falsas”, afirmó.

Su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Fernanda Caso, señaló que los tres problemas más frecuentes en la recolección de las firmas fueron: Los errores en la aplicación del INE, errores humanos y que las fotocopias de las credenciales para votar eran ilegibles.

Durante la revisión de las firmas solicitadas por ley, el INE identificó tres irregularidades: Simulación de credenciales para votar; uso de fotocopias de la credencial al capturar las firmas por medio de la aplicación y manejo de documentos inválidos.

“Aspirantes podrán realizar su garantía de audiencia. Ahí podrán esclarecer dudas. Únicamente Margarita cumple con e

Define PRI lista de pluris en lo privado y oscurito

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Este domingo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), definió sus listas de pulrinominales para la Cámara de Diputados y el Senado, en una reunión donde a los consejeros del partido les fueron retirados sus teléfonos celulares y fueron trasladados de la Sede Nacional del tricolor a Toluca en el Edomex.

De acuerdo a lo trascendido en la prensa, la secretaría general del partido, Claudia Ruiz Massieu es la que encabeza la lista para el Senado, mientras que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, encabeza la lista para la Cámara de Diputados.

Otros de los notables en la lista, que fue presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) ayer mismo, están Vanessa Rubio, quien es la actual jefa de oficiante la campaña de José Antonio Meade, quien se encuentra en la lista para la Cámara alta. Mientras tanto, el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también figura para el Senado, al igual que el hijo del actual coordinador del PRI en ese palacio legislativo, Pablo Gamboa Miner.

Otro ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, que figura en las listas, es el que fungía hasta hace unos meses como Secretario de Desarrollo Económico, Luis Miranda.

Por otro lado, el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, aparece en la lista para el senado, mientras que el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, figura en la lista para San Lázaro.

En el caso de personajes priistas de Nuevo León, trascendió que el actual dirigente del partido a nivel estatal, Pedro Pablo Treviño y la senadora y ex candidata a la gubernatura del tricolor, Ivonne Álvarez, entraron a las listas de puláis para diputados federales.

Tal y como se menciona antes, la votación se dio en total secrecía, puesto que a los más de 100 integrantes de la Comisión, fueron trasladados en autobuses de la sede nacional a la sede del PRI en el Edomex, además se les retiraron sus teléfonos celulares.

El PRI quiere repetir lo de Edomex: hundir a Anaya, empatar a AMLO y después el fraude, dice Muñoz Ledo

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Las irregularidades en el proceso electoral de la sucesión presidencial ya iniciaron y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue al pie de la letra la fórmula que aplicó en el Estado de México, dijo el ex Diputado Constituyente Porfirio Muñoz Ledo.

El político acudió hoy en representación de un grupo de 30 académicos y organizaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar una serie de medidas que permitan blindar la elección del 1 de julio, dijo Muñoz Ledo.

Muñoz Ledo, Javier Quijano, el Embajador Jorge Eduardo Navarrete, José Agustín Pinchetti y Miguel Ángel Velázquez acudieron a una reunión de 40 minutos con Janine Otálora, Magistrada Presidenta del Tribunal para entregarle un documento con una serie de medidas que permitan “garantizar el voto de forma libre, razonada y auténtica” y evitar lo sucedido en el Estado de México y en Coahuila.

Entre la medidas que solicitan investigadores como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer Cossío, ex consejeros electorales como Eduardo Huchim May e íconos de la izquierda mexicana como Ifigenia Martínez y Hernández está el publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos, sancionar severamente las campañas negras, sin menoscabo a la libertad de expresión.

Además solicitaron instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que se alimente de forma permanente por datos aportados por la población, es decir un Sistema Integral de Fiscalización preciso.

El documento entregado a la Magistrada pide flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero, verificar de manera permanente a los OPLE e investigar el eventual conflicto de interés por los vínculos de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI-Verde-Panal y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. De comprobarse ese conflicto, destituir al titular.

Los firmantes advierten que si sus peticiones fueran desoídas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos”, finaliza.

Una Película Llamada Política

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En las últimas semanas han estado llamando la atención la postulación de varios actores, cantantes y personajes de la farándula a distintos cargos de elección popular por varios partidos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Por mencionar algunos ejemplos; por Morena el actor Sergio Mayer compite por una diputación federal en la Ciudad de México, Adolfo Ríos exfutbolista busca la alcaldía de Querétaro y Cuauhtémoc Blanco la gubernatura de Morelos quien además va arriba en prácticamente todas las encuestas con diferencias por encima de los 10 puntos porcentuales. El PRI tiene al actor Eduardo Capetillo compitiendo por la alcaldía de Ocoyoacac en el Estado de México, el PT al actor Ariel López Padilla compitiendo por la gubernatura de Morelos, Nueva Alianza con “La Guereja” buscando una diputación federal en Morelos y el PRD con la cantante Roció Banquells que busca una diputación local en la Ciudad de México.

El fenómeno no es difícil de entender, al final del día existe un hartazgo tan grande hacía los partidos y la política en general que ha creado una gran área de oportunidad para candidatos que se vendan como externos, ciudadanos o no políticos, como les quieran llamar. La ventaja de los actores, futbolistas y demás personajes de esta índole es que no tienen que gastar en darse a conocer porque ya son conocidos y en ciertas ocasiones ante la falta de credibilidad en la oferta política de los otros partidos a la gente no se le hace tan descabellado pensar que uno de estos personajes los gobierne o represente.

El artículo 1ero de la constitución dice claramente que en nuestro país está prohibido cualquier tipo de discriminación y el artículo 35 habla del derecho de los ciudadanos a votar y ser votados indistintamente de su profesión (aunque hay cargos que no son de elección popular en la administración pública que por naturaleza exigen cierto título profesional o experiencia). No defiendo la legitimidad o validez social de estas postulaciones pero a nadie se le puede negar su derecho a participar en una elección si cumple con los requisitos que pide la ley.

El problema recae en que hay partidos y fuerzas políticas que ofrecen y buscan hacer estas postulaciones con el pragmatismo político de llegar al poder por llegar al poder, sin una visión de estado, sin una plataforma real para buscar gobernar al nivel de los retos del siglo XXI o representar a una sociedad en constante cambio como lo es la nuestra. Este fenómeno no es nuevo, ya han habido candidatos como el Pato Zambrano que buscó la alcaldía de Monterrey o Carmen Salinas e Irma Serrano que fueron plurinominales en ambas cámaras por sus respectivos partidos. Por el otro lado también hay ejemplos buenos de actores que se han convertido en políticos exitosos como Ronald Reagan o Arnold Schwarzenegger, inclusive Clint Eastwood fue bien calificado como alcalde de Carmel, California.

Pero el problema más que de los partidos es de nosotros los ciudadanos, mientras la gente siga demostrando que vota de manera irracional, con el hígado entonces le seguirá dando incentivos a los partidos para que postulen a este tipo de personajes tengan o no una verdadera vocación de servir (porque los hay). No está bien satanizar las candidaturas de quienes tienen un historial de estar en la farándula y se quieren adentrar al servicio público pero es importante analizar caso por caso para ver los origines, motivos de si verdaderamente tiene intenciones de aportar o solo es una herramienta de un grupo para acceder al poder.

Jueza le regresa la patria potestad a padre violó a su hija de seis años

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Una jueza del Estado de México decidió regresar la patria potestad de una menor de 6 años a su padre, a pesar de que especialistas del Instituto Nacional de Pediatría (INP) determinaron que la niña había sido víctima de abuso sexual y de que ésta lo identificó como su agresor.

El pasado 15 de febrero la jueza determinó que la menor “no había sido violada” por su padre, César Alan Cabrera, sin considerar el diagnóstico médico, de acuerdo con la madre de la víctima. “Se trata de un caso de impunidad y corrupción, donde el único protegido ha sido el presunto violador”, señaló en entrevista, tras exigir justicia a las autoridades mexiquenses.

De acuerdo con la versión de la madre de la niña, todo inició en 2013 cuando se separó de César. “Yo me mudé a la Ciudad de México y él se la llevaba cada dos semanas a su casa en Nezahualcóyotl, fue entonces cuando la niña comenzó con problemas de estreñimiento y a sangrar, por lo que la llevé al doctor”, relató.

Semanas después las pruebas psicológicas demostraron que la niña sufría de abusos sexuales constantes.
En 2016 inició el proceso en contra de César Alan Cabrera por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija. El caso fue remitido al Estado de México bajo el argumento de que ahí se había cometido el delito.
Sin embargo, entre marzo de 2016 y agosto de 2017 la Juez Segundo Familiar de Nezahualcóyotl, Blanca Colmenares Sánchez, tomó el caso y  desde entonces “ha tratado de desacreditar las pruebas en su contra y quiso revictimizar a mi hija. Incluso solicitó un nuevo peritaje y al ver que la niña dijo lo mismo y acusó a su padre, argumentó que era inducida por nosotros para dar esa versión”.
Tras asegurar que el padre de la niña era beneficiado por la jueza, la familia de la menor interpuso una denuncia en 2017 ante la Procuraduría General de la República, instancia que al investigar el caso giró una orden de aprehensión en contra de Cabrera, misma que no ha sido ejecutada.

En la última audiencia, realizada el pasado 15 de febrero, la jueza declaró a Cabrera inocente, además de dictaminar que la niña no fue violada y regresarle al presunto responsable la patria protestad de la pequeña. También recomendó que la niña sea enviada al DIF de Nezahualcóyotl cada quince días con el fin de que reciba ayuda psicológica y “borre la mala imagen que tiene ahora de su padre”.

La familia de la menor tratará el próximo viernes 2 marzo de revertir tal decisión y hacer valer la orden de aprehensión emitida por la PGR.

Ramo 23, el “cajón de gastos” del gobierno, que aumenta en elecciones y se usa para “castigar”

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El Ramo 23 es “un cajón de gastos, el único que no está regulado por la ley. Ha venido operando desde 2009 tres programas discrecionales, con base en los cuales Hacienda entrega recursos… con criterios no documentados”, señaló Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En la dispersión de recursos identificaron “un sesgo político“, pues “estos gastos aumentan en momentos electorales”. Por ejemplo, en 2011 los estados que más recibieron dinero eran gobernados por el PAN; en los próximos meses de este año, son los estados priistas los que recibirán más recursos.

Retomó el caso de Chihuahua, donde “el gobernador Javier Corral nos permitió ver de manera muy viva cómo se sufre, cómo suceden y cómo se utilizan estos convenios”.

Otro caso es el Estado de México, que aunque históricamente ha recibido más recursos que ninguno, en 2017 “no lo toca el recorte” que a otras entidades sí (como a Chihuahua) y esto coincide con la elección de gobernador; en 2011, con un gobierno federal del PAN, “le fue muy mal” al estado posiblemente porque no había una simpatía política.

En su estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, México Evalúa expuso: “México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública. Todo esto repercute negativamente en la calidad del gasto. Se observa que algunos conceptos y rubros de gasto que podrían clasificarse como “no prioritarios” han aumentado consistentemente, y recurrentemente gastan más de lo que el Congreso les aprobó.

Las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades; tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

El estudio apunta que “más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

Los sobreejercicios con la “caja negra” son una constante: “La Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. Es decir, el Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso

Italia frena la extradición de Tomás Yarrington a México

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El Tribunal Supremo italiano rechazó este lunes el recurso presentado por los abogados de Tomás Yarrington sobre su extradición a Estados Unidos, pero aceptó el recurso contra su extradición a México.

Luca Marafioti, uno de los defensores del ex gobernador de Tamauliapas, confirmó este lunes a la agencia EFE la decisión del tribunal, y explicó que la demanda de extradición a México de Yarrington deberá ser ahora estudiada de nuevo por el Tribunal de Apelación de Florencia.

El italiano se mostró “satisfecho” por el fallo del Tribunal con sede en Roma y dijo que espera a la publicación de las motivaciones por parte de los magistrados para conocer “qué es lo que va a tener que examinar el Tribunal de Apelación de Florencia“.

Finalmente, admitió que hasta que el Tribunal de Apelación de Florencia se pronuncie de nuevo se “necesitará tiempo”.

Durante el fin de semana, se dio a conocer que Yarrington enfrenta una tercera orden de aprehensión en México.

El juez séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México libró la orden de aprehensión por presuntamente lavar 12.7 millones de pesos y 450,000 dólares en la compra de tres inmuebles en México y Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del diario Reforma publicado en domingo.

Yarrington fue detenido el 9 de abril de 2017 al salir de un restaurante en Florencia y luego de haber vivido bajo identidad falsa por un tiempo no precisado en la región de Calabria, sede originaria de la Ndrangheta, la mafia italiana que actualmente controla el tráfico de cocaína.

Desde su arresto, el ex gobernador ha estado recluido en la cárcel florentina de Sollicciano.

Sobre la eventualidad de que el ex gobernador haya sido protegido por esa organización criminal, el procurador italiano antimafia, Federico Cafiero de Raho, solamente dijo a la agencia Notimex que “hay investigaciones en curso”.

Yarrington fue gobernador de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional entre 1999 a 2004, y está acusado de facilitar a las organizaciones del Golfo y de los Zetas el transporte de drogas hacia Estados Unidos.

México ha accedido a priorizar la extradición de Yarrington a Estados Unidos, tal y como acordaron el pasado 19 de abril el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, y el entonces procurador general mexicano, Raúl Cervantes.

BC, Guerrero y Edomex encabezan lista de estados más violentos

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Durante el mes de enero se abrieron 2 mil 156 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, cifra que marca un récord de este tipo de violencia en el primer mes desde que se tiene registro, revelaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Anteriormente el año 2017 era en el que más carpetas se habían reportado: mil 929, es decir 11.7 por ciento menos.

Los estados que sumaron más asesinatos fueron Baja California, con 211; Guerrero, con 204; Estado de México, con 191; Guanajuato, con 172, Chihuahua, con 124; Veracruz, con 118; Jalisco, con 114; Michoacán, con 103; Sinaloa, con 76, y Tamaulipas, con 72.

La mayoría de los asesinatos fueron cometidos con arma de fuego (mil 497), seguidos de los cometidos con arma blanca (220).

Respecto a la tasa de homicidios por cada 100 mi habitantes, Colima se colocó en el primer lugar del listado con 7.37 casos por cada cien mil habitantes, luego Baja California con 5.81, Guerrero con un registro de 5.63 casos, Baja California Sur con 4.20 homicidios por cien mil habitantes, y Chihuahua con 3.25 homicidios.

En los comicios de julio estarán en juego el futuro de mil 596 alcaldes, al menos nueve gubernaturas, los 500 puestos de los Diputados federales, 128 Senadores y la Presidencia de la República.

Más de 30 políticos locales han sido asesinados en lo que va del actual proceso electoral. La lista incluye a regidores, aspirantes a alcaldías, líderes partidistas locales, ex alcaldes, ediles electos y también en funciones de todos los partidos.

El pasado 10 de enero, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong, fue sustituido por Alfonso Navarrete Prida.

El relevo se dio a poco menos de un año de que acabe el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien mantuvo a Osorio Chong al frente de la estrategia de seguridad interior, pese a los resultados que dejó en violencia: 25 mil 339 carpetas abiertas por homicidio doloso en 2017, cifra no vista en las últimas dos décadas.

López Obrador se pone en “huelga de opiniones y entrevistas”

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El precandidato de la coalición de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), Andrés Manuel López Obrador, se declaró en “huelga de opiniones y entrevistas” porque el Instituto Nacional Electoral (INE) “no ha puesto orden” y ha permitido que los candidatos de la “mafia en el poder” continúen en campaña.

En su visita a la capital de Oaxaca para asistir a la Reunión Estatal de Evaluación y Organización de Morena, acusó al órgano electoral de permitir que los precandidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya sigan dando declaraciones a la prensa como si aún continuaran en actividades proselitistas, cuando está prohibido por la Ley Electoral.

“El INE no pone orden. Los precandidatos de la mafia en el poder están hable y hable, entonces parece como si estuviéramos en campaña. Por eso no quiero hablar”, declaró para posteriormente responder a las preguntas de la prensa únicamente con movimientos de sus manos y de cabeza.

López Obrador exigió al instituto esta mañana, durante un acto político en el Estado de Méxicovigilar que no haya campaña ni a favor ni en contra de ninguno de los precandidatos a la presidencia de la república.

Hasta ahora, según ha declarado, el órgano electoral ha sido omiso ante los actos proselitistas de Meade y Anaya a través de entrevistas en diversos medios de comunicación.

El pasado domingo concluyó la etapa de precampañas y se entró a un período de intercampañas, en el que los aspirantes tienen prohibido realizar actos proselitistas.

Ex secretario de Finanzas de Quintana Roo es vinculado a proceso

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El ex secretario de Finanzas del actual gobierno estatal de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto por decisión del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

Al ser el delito calificado como no grave, el ex aspirante a una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática llevará su proceso en libertad, pero como medida cautelar se les impuso una garantía económica por cuatro millones de pesos, la prohibición de salir del país, por lo que se le retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar una vez al mes.

Vergara Fernández habría recibido en el 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970 pesos, mismo que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con el uso de dos esquemas de defraudación. El primero por la adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, que soportan operaciones inexistentes. El segundo esquema, fue la acreditación por concepto de subsidio al empleo, pero sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.

El ex funcionario estatal, no pudo tampoco acreditar información real sobre la prestación de servicio alguno en favor de las empresas, con lo cual se justificara la transmisión de recursos hechas por las compañías.