¿Por qué la reforma en Baja California resulta inconstitucional?

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El debate público nacional se ha centrado últimamente en una cuestionable decisión tomada por un Congreso Local, mismo que ha encendido las alarmas al respeto a los límites del pacto federal y los controles constitucionales al poder político. El Diputado Víctor Manuel Morán, propuso al Congreso de Baja California, una reforma que amplía el mandato constitucional del gobernador electo, Jaime Bonilla, para transitar de una administración de 2 años a 5. Con el voto de 21 diputados a favor, dicha reforma ha sido avalada incluso por 3 ayuntamientos, a excepción de Tijuana y Mexicali. Si bien, existe la probabilidad de que el actual gobernador de la entidad, Francisco Vega, no promulgue dicha reforma, el Pleno del Congreso puede publicarla en el Diario Oficial Local como una contramedida ante la negativa del ejecutivo estatal. Independientemente de las aristas políticas de esta modificación, en medios de comunicación, distintos académicos y analistas han calificado a dicha reforma como inconstitucional, sin embargo, y haciendo a un lado la obviedad, favoreciendo de antemano el debate y análisis, existe una pregunta importante: ¿Por qué la reforma en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo tiene una naturaleza inconstitucional?

Si bien, la misma pregunta podría parecernos sobrada, es necesario encontrar los puntos jurídicos precisos para declarar que esta reforma efectivamente posee dicha categoría. La modificación no era nueva, el antecedente de esta situación se dio en el Tribunal Electoral de Baja California, el cual  ordenó la inaplicación del decreto No. 112 de la Constitución local, lo que traería como efecto la ampliación del mandato del gobernador a 5 años, sin embargo,  dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC2272019. Al ser cosa juzgada en el aspecto Judicial-Electoral, el debate pasó al Poder Legislativo, presentándose un proyecto de reforma. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, era el disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral, y ampliando el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal. Otro de los argumentos en la exposición de motivos de dicha iniciativa, recae en la facultad de los estados en legislar materia electoral; otro es el volumen de votos con el que fue electo, ya que “si la ciudadanía eligió un opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernar únicamente por 2 años”, y también, esgrimieron que 2 años no son suficientes para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de gobierno. Respecto al contexto del periodo corto, debemos recordar que las autoridades electorales, impulsaron una reforma para homologar y empatar los calendarios electorales y  lograr tener de esta manera, una elección constitucional y una intermedia como sucede en Estados Unidos, el cual sí garantiza un ahorro presupuestal. Es por ello, que la convocatoria electoral de Baja California tiene un origen de temporalidad de 2 años. En primer término, la medida es desproporcionada al supuesto beneficio, ya que la planteada economía, en visión del legislador proponente, tiene un mayor valor que la voluntad popular. Desde un punto de vista axiológico-político, ampliar de esta manera el mandado constitucional de un gobernador electo es modificar los términos y condiciones por los cuales se llevó a cabo la elección, ya que dicho electorado tenía un conocimiento previo de la duración del mandato por el cual los partidos políticos propusieron candidatos, y en ese sentido se está violentado la voluntad popular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, y como podemos ver, el Congreso de Baja California no respetó lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la SCJN.  El artículo 105 en su fracción II de la CPEUM, menciona que, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformas las leyes electorales locales, estas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones. Continuando con el tema de la prórroga, la SCJN en el 2007 estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso, y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.  

Como podemos apreciar, los argumentos sobran para categorizar esta reforma de inconstitucional, sin embargo, estamos a la expectativa de ver el actuar de los diferentes mecanismos constitucionales de control político. En efecto, uno de dichos controles republicanos del poder es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política. Este debe ser un ejemplo de lo dispuesto por Montesquieu de que “por disposición de las cosas, el poder detiene al poder”, y es en esa lógica, que las instituciones pertinentes deben accionarse contra esta medida. En días recientes, la SCJN desechó dos demandas de controversia constitucional en contra de la reforma aprobada por el Congreso Local, presentadas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, por “notoria y manifiesta improcedencia” debido a que la reforma no ha sido publicada aún en el Diario Oficial Local, por lo cual no es derecho positivo impugnable por el momento. 

Otro argumento que han presentado en medios de comunicación los defensores de dicha reforma, es que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California. Sin embargo, las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la CPEUM, y ello no vulnera el Pacto Federal, al contrario, estipulando limites se fortalece, y al violar dichos límites, se está vulnerando la máxima disposición normativa del país, ya que todos los poderes locales (ejecutivo, legislativo y judicial) también son regulados por la constitución federal. 

Levitsky y Ziblatt mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender la constitución, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances instituciones y la debida defensa de la constitución.

Congresos Locales y Federalismo

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Recientemente en las entidades federativas, sus poderes locales han realizado modificaciones que ponen en duda el respeto al federalismo. Si bien, existe un diferente tipo de federalismo al comparado con décadas anteriores, las entidades federativas continúan sin entender la dinámica con el Pacto Federal y nuestro máximo ordenamiento jurídico: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Charles de Secondar, Barón de Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes” propone el modelo actual de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a fin de un autocontrol del poder y evitar la tiranía. Por ello, en nuestro país los constituyentes del siglo XIX conjugaron ideas del modelo francés, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Con ello, los constituyentes deseaban establecer controles constitucionales al poder político y entendían que el Legislativo sería un ambiente de confrontación para la limitación del Ejecutivo. Sin embargo, tres episodios recientes nos demuestran lo frágil de este balance y el regreso a viejas prácticas para evadir el federalismo, el cual también es contrapeso. El crítico y comentado suceso en Baja California, donde el Poder Legislativo reformó la constitución para ampliar el mandado del gobernador electo de 2 a 5 años. En otro episodio, se promulgó en Tabasco la llamada “Ley Garrote”, que vulnera y pone en peligro inminente el ejercicio de libertad de expresión, y por último, Yucatán, al no aprobar el dictamen que reformaría la Constitución Local que permitiría el matrimonio igualitario, a pesar de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Como podemos apreciar en estos casos, los Congresos Locales han vulnerado lo estipulado en la Constitución Federal bajo un argumento en común: respeto a la soberanía de las entidades federativas. Sin embargo, y con el mayor respeto, en los estados necesitan clases para entender soberanía y federalismo. Ningún legislador, gobernador o magistrado en su sentido particular o colegiado, es superior a lo estipulado en la Constitución Federal, y tanto es así, que la misma Carta Magna es la que impone las condiciones, características, formas y procesos de conducirse de todos los poderes, en cualquier tipo de expresión. A esto, no me refiero que los estados no tengan una naturaleza de soberanos y autónomos, al contrario, también existe actualmente una vulneración a ello por parte de la nueva administración, ejemplo es la materia de salud con el proyecto de federalizar el sistema de salud pública. La soberanía de las entidades se fortalece con el respeto al Pacto Federal, y el entender que somos un país unido bajo una misma expresión constitucional, y que nadie puede reformar o modificar leyes al antojo propio o imaginación inconstitucional, y que al estipular límites se fortalece la dinámica estados-federación. Levitsky y Ziblatt en su obra “How Democracy Dies”, mencionan que las instituciones por si solas no bastan para defender y hacer valer la constitución y debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Sin duda, no entienden que no entienden.

¡Peligros a la vista!

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Morena es una amenaza para el estado de derecho, o lo poco que queda de él. Un estado de derecho ya debilitado por sexenios de dudoso respeto al orden constitucional y por violaciones continuas a las leyes para no mencionar el desprecio permanente a la ética y a la moral pública. 

Lo ocurrido en días recientes en Baja California y en el Congreso federal son atropellos groseros a las leyes y al sentido común republicano. Preocupa igual dichos atropellos que los silencios del presidente de la República, al cual no le parece disgustar lo que sucede sin que intervenga a pesar de su incontinencia verbal, repetida diariamente en Palacio Nacional a las siete de la mañana. 

Dignos de respeto son los gritos de alarma de la todavía diputada morenista Tatiana Clouthier. Pero no serán suficientes si no logra reunir consensos legislativos más consistentes que unos cuantos votos en abstención que pasan desapercibidos frente al tsunami de aprobaciones de lo ilegal por un rebaño ciego y obediente, además de ignorante e inculto. 

En Baja California, se desvirtuó el voto popular, en el Congreso federal, se hacen leyes que ponen en peligro el derecho de propiedad privada por concepto de discrepancias políticas. Parece que regresamos a los tiempos del Terror en la Francia de fines del siglo XVIII, cuando una Asamblea Nacional jacobina disponía de vidas y de bienes de forma rabiosa. 

¿Alguien todavía le creerá al discurso “democrático” de un presidente al cual bastó de 8 meses para desvirtuar totalmente el bono popular recibido en las urnas hace un año? 

La Sociedad Civil debe reaccionar con energía para no permitir las descalificaciones continuas de instituciones cómo el Coneval, que junto con los desfiguros legislativos reflejan una degradación acelerada de la vida política mexicana. 

Sin hablar del seudo gobernador de Nuevo León que tiene más de un año violando la Constitución estatal al no ratificar el Contralor del Estado y que ahora demuestra su prepotencia de déspota al esconder las evidencias de su nepotismo vergonzoso. 

AMLO acusa al PAN de hipócritas por extensión de mandato en BC

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El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de hipocresía, pues sostuvo que fue la bancada de ese partido la que avaló la reforma de extensión de mandato en Baja California y ahora están en contra.

“Independientemente de la ampliación del plazo para el cumplimiento de la función del nuevo Gobernador, debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el PAN, entonces ahora en un doble discurso con una doble moral, como suele suceder a veces, porque el conservadurismo no incluye solo al PAN, tiene como doctrina la hipocresía”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

“Se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión, porque si hubiese sido la organización que nos apoya, a la que pertenecemos, pues entonces sí imagínense”, agregó el mandatario.

El político tabasqueño dijo que le quieren echar la culpa por avalar que el Gobierno de Jaime Bonilla pase de 2 a 5 años, pero aseguró que él no tuvo nada que ver.

“Ahora quienes votaron por esta medida están en contra, lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto porque buscan echarme la culpa de todo, ya les dije, no tuve nada que ver. Ya no son tiempos de antes, ya no son esos tiempos donde esas decisiones se tomaban desde arriba”.

Valida Congreso de BC extensión de mandato de Jaime Bonilla

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En sesión extraordinaria a puerta cerrada y en sede alterna, el Congreso de Baja California validó formalmente la reforma que amplía la gubernatura en el estado de dos a cinco años.

La sesión extraordinaria se llevo a cabo en el Palacio Municipal de Rosarito, ante las protestas en la sede de Mexicali, en la sesión se rechazó por “improcedente” la solicitud emitida por la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión para dejar sin efecto la reforma aprobada el pasado 8 de julio.

Con la modificación, el gobernador electo del estado, Jaime Bonilla, tomará posesión el próximo 1 de noviembre, y concluirá el 31 de octubre de 2024. Mientras que la siguiente administración finalizará en 2030.

Frente al recinto alterno, ciudadanos se manifestaron contra los legisladores con gritos de “vendidos” y “traidores”. Horas antes, también clausuraron de forma simbólica la sede en la capital de Baja California, en protesta por la ampliación del periodo a la gubernatura.

Algunos de los diputados locales se consideraron víctimas de posibles actos de delincuencia, por apoyar la reforma.

Por ejemplo, la diputada Mónica Hernández Álvarez, que renunció al PAN este martes y quién está en proceso de explosión en el partido, se dijo en situación vulnerable debido a que se difundió que recibido dinero por votar a favor de la llamad a”Ley Bonilla”.

Hernández dijo que a pesar de que voto a favor de la reforma de ampliación de mandato, rechazó la manera en que se realizó la convocatoria a la sesión extraordinaria.

“Nada de lo que hice ha sido ilegal, todo lo he hecho por la gente” dijo la legisladora local.

Por su parte, Alfa Peñaloza, que también está en proceso de expulsión del PAN, dijo que algunos ciudadanos le han arrojado agua y monedas en señal de protesta.

Este mismo 23 de julio, seis de los siete diputados del PAN que votaron por aplicar el mandato de la gubernatura de Jaime Bonilla renunciaron a su partido.

Presentan recurso de inconstitucionalidad contra “Ley Bonilla”

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Ya han pasado diez días desde que el Congreso de Baja California haya aprobado extender el periodo de gubernatura del próximo gobernador morenista, Jaime Bonilla, de 2 años a 5 años. La secretaria de GobernaciónOlga Sánchez Cordero, siendo ministra en retiro, opinó que esto era inconstitucional y dijo lo siguiente:

 

“En mi opinión, pero ya no como secretaria de Gobernación, en mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte en relación con esta reforma.”

 

“No estamos acostumbrados a respetar el Estado de derecho y yo lo estoy respetando a cabalidad, porque un Congreso local de un estado de la República expide una reforma constitucional prácticamente en forma unánime, en ejercicio de las atribuciones que tiene. Si esta reforma es o no constitucional, o es inconstitucional, ya se han acercado a mí varios partidos políticos para informarme que van a interponer los recursos de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.”

 

“Yo creo que lo conveniente y lo política y jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tienen al alcance a través de las instituciones de los estados y a través de los poderes públicos. Creo que tenemos que avanzar en construir un Estado de Derecho, empezando por lo que yo estoy en este momento haciendo, es decir, respetando a todas las instancias y a los poderes públicos.”

 

(Con información de Proceso.mx)

Bonilla pide a legisladores federales respetar soberanía de BC

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Después de que las fuerzas políticas del Congreso de la Unión se unieran en un acuerdo con el fin de impedir la ampliación del periodo de gobernanza en Baja California, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdéz exigió a legisladores federales respeto total a la soberanía de mi estado. El ex-candidato de Morena dijo lo siguiente al respecto:

 

” (…) el Congreso del estado es la máxima autoridad del estado. Vale más que lo entiendan en el centro. (…) Siempre han hecho lo que han querido hacer con nosotros, ¡ya basta! No los necesitamos.”

 

Añadiéndole a eso lo siguiente:

 

“Baja California es un estado rico, que se dejen de llevar nuestra riqueza. Nos imponen impuestos, nos cancelaron la zona libre, nos implementan aranceles. No más abusos.”

 

El ex-senador dijo que el único presidente que ha logrado conocer y entender al estado de Baja California es el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Bonilla fue electo el 2 de julio para gobernar desde el 1 de noviembre del 2o19 hasta el 30 de octubre del 2021, pero éste se beneficia con una reforma hecha por el Congreso estatal en la cual se declara que se aprobó el que Bonilla gobierne 5 años en vez de 2.

 

(Con información de El Heraldo de México)

Pide el Congreso de la Unión dejar sin efecto extensión de mandato en BC

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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se manifestó para que quede sin efecto la ampliación de la gubernatura de Baja California, que aprobó la semana pasada el Congreso local.

Diputados de Morena y la mayoría de los del Partido Acción Nacional (PAN) avalaron la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del estado, el pasado 8 de julio.

Con el cambio, se amplía de 2 a 5 años el mandato del próximo gobernador, con lo que lo que Jaime Bonilla gobernaría hasta el 2024 y no hasta el 2021 como se estipuló en las pasadas elecciones.

Por lo tanto, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente aprobó un exhorto en el que indica que dicho acto vulnera el principio de no aplicación retroactiva de la ley, trasgrede el principio de certeza electoral, y violenta el principio de no reelección.

En el texto aprobado por el Pleno de la Permanente, se indica que existen diversas posiciones coincidentes que demuestran que esa reforma viola los principios constitucionales de certeza jurídica, definitividad de los actos electorales, así como de contravenir el pacto federal.

Noroña responsabiliza al PAN por extensión de mandato en BC

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Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo (PT), ha acusado al PAN por la anterior legislatura de Baja California, en donde se extendió el mandato a Jaime Bonilla de un periodo de 2 años a 5 años, diciendo que es por culpa de una “mayoría panista”.  Usando Twitter, éste pidió una disculpa “(…) a la actual legislatura, misma que entrará próximamente en funciones y a la que había responsabilizado de dicha extensión.”

 

(Con información de Capital México)

“Clausuran” simbólicamente el Congreso de Baja California por ampliación de gubernatura

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De manera simbólica, activistas clausuraron la Cámara de Diputados de Baja California.

Lo anterior, en rechazo a la ampliación de dos a cinco años del periodo de la gubernatura del morenista Jaime Bonilla.

Los inconformes sellaron las puertas del recinto legislativo ubicado en Mexicali, con carteles con la leyenda “alta traición”.

Además, instalaron signos de pesos en las entradas al edificio, en referencia a los sobornos que supuestamente recibieron los diputados para avalar la reforma.

Los activistas también colgaron carteles con los nombres de los 21 diputados que aprobaron la reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112, que modificó la Constitución para que la gubernatura fuera de cinco años y no de dos, como se había aprobado en el 2014, para que las elecciones fueran concurrentes.

Mientras tanto, en la ciudad de Tijuana, ciudadanos presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el mismo motivo, argumentando que sus derechos están siendo violentados por la aprobación que hizo la actual Legislatura.

El Congreso local se encuentra en receso legislativo y se tiene contemplada una sesión ordinaria el próximo 25 de julio.

No obstante, los manifestantes aseguraron que no permitirán el acceso al recinto y adelantaron que presentarán un pliego petitorio a la siguiente legislatura. 

(Fuente: El Mañanero Diario)