Encuentran a Empresario Sampetrino Sin Vida Tras Secuestro

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Santiago David Cantú, empresario Sampetrino, fue encontrado sin vida, después de tres semanas tras su secuestro en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

 

Las Fiscalía General de Nuevo León, no ha revelado los detalles de su muerte, así como el lugar donde fue encontrado el cuero ni cuánto tiempo ha pasado tras su asesinato.

 

Sin embargo, familiares del empresario Cantú revelaron, que fueron ellos quienes encontraron sus restos. Los pocos detalles que sí fueron revelados, fue que 4 días después de haber recibido parte del rescate, la víctima fue encontrada sin vida.

 

Fue un caso que las autoridades nuevoleoneses decidieron manejar con extrema delicadeza, ya que su tenían el objetivo de extraerlo con vida.

 

No se descartan las opciones de que detrás de este crimen, queda como sospechosos aquellos pertenecientes al crimen organizado. Puesto que ha 24 horas después de su desaparición la familia del empresario recibe una llamada que demandaba 2 millones de dólares como cuota de rescate.

 

Sin embargo, no se ha comentado si la suma dinero fue exacta a la de su rescate o se disminuyó la cantidad.

 

Con informacion de “El Porvenir”

#Kleroterion: “¡Gobierno Incluyente!”

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Siempre que un gobierno se preocupa por todas y todos sus ciudadanos y trabaja con equidad, está demostrando la empatía natural que se debe tener y no sólo por ser político o gobernante, sino por el simple hecho de que todos somos iguales.

Por lo que se expresa que para ser un buen funcionario, primero que nada, se debe tener una visión plena de inclusión, equidad y justicia, ya que con esto podemos entender de manera clara lo que los demás sentimos, como dicen, “ponerse en los zapatos de todos”, siendo éste, el cimiento principal de la confianza y la reciprocidad.

Debemos entender que para que exista la conciencia no es necesario que nosotros o alguien cercano sufra o padezca una discapacidad, debe ser un sentido natural que todas y todos debemos entender y apoyar de manera constante; hoy en día ha quedado demostrado que las personas con discapacidad enfrentan y salen adelante sin pensar en que los apoyen o no, el que físicamente necesiten ayuda de ninguna manera significa que no sean personas capaces en todos los sentidos, demostrando que muchas veces la verdadera discapacidad la encuentran en la propia sociedad y en su gobierno, es por esto, que hoy más que nunca el gobierno en sus tres niveles, tienen la obligación de contratar en sus filas laborales un porcentaje mínimo de personas con discapacidad y es precisamente en lo que mi estado Nuevo León, se ha comprometido, proponiendo y realizando todo lo concerniente para que se tenga un sistema de inclusión y equitativo; por lo que revisaremos todos los edificios públicos velando porque se cumpla el porcentaje establecido de trabajadores con discapacidad, además de que cuenten con infraestructura adecuada para el buen desempeño de sus funciones, ya que estamos seguros que las personas con discapacidad merecen todo nuestro reconocimiento y deben ser admiradas por su esfuerzo, capacidad, profesionalismo, experiencia y estudios, como cualquier otra persona y nunca por su condición física.

Por lo anterior, concluyo diciendo que es un verdadero orgullo ser partícipe de estas actuaciones de la mano con los legisladores del Congreso de Nuevo León, ya que sin su voto esta iniciativa no hubiera sido posible, así como de los integrantes del Consejo para las Personas con Discapacidad y del DIF Nuevo León, por lo que nuestro estado se compromete a promover y cumplir la inclusión con al menos el 2 porciento de empleados con alguna discapacidad en un periodo de un año al Gobierno Estatal, incluso inferior a los 3 años que propone como meta dicha iniciativa, lo que sin duda demuestra que unidos podemos ser un Gobierno incluyente y de oportunidades para todas y todos…

Se destapa Bernardo González para la gubernatura de NL

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El ex funcionario estatal publicó un video en Facebook en el cual revela sus intenciones de contender por la posición de gobernador de Nuevo León. Entre los puestos que ha tomado Bernardo están: Procurador general de justicia, secretario de seguridad pública del estado y alcalde interino de Monterrey.

En el video se muestra al ex presidente concejal haciendo un juego de palabras en el cual cambia “Bernardo go” a “go Bernardo”.

Este video tiene una duración total de 5 segundos y fue publicado el sábado.

Cabe la pena recalcar que el candidato acumula denuncias penales por causa de delitos de abuso de confianza, fraude y privación ilegal a la libertad.

En el expediente que se tiene acerca de Bernardo se reveló que contaba con información falsa y un detrimento por 165 millones de pesos.

Estas acusaciones se dieron a conocer en el 2007, y aunque han pasado 12 años, es importante mantenerlos en mente.

(Con información del Milenio)

 

#Kleroterion: “¡Evaluando el Gobierno!”

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Un factor importante para cualquier sistema de gobierno es lo que mandata la Constitución Política en su artículo 134, que en pocas palabras es evaluar en qué se gasta y cómo el dinero público en las entidades federativas, Municipios y las Alcaldías en la Ciudad de México, es decir, “la evaluación de los resultados del gasto público”, lo que significa hacer el diagnostico para saber si vamos por buen camino, utilizando los recursos de manera transparente y eficaz.

Dicha evaluación nos ayuda a detectar las actuaciones de nuestros servidores públicos, y en su caso, tener los elementos para fincar responsabilidades, ya que al evaluar el gasto público, por ende, se evalúan las políticas públicas realizadas.

Ahora bien, en el caso de mi estado, Nuevo León, existen diversas instancias que son las encargadas de custodiar y evaluar la eficacia en la utilización del gasto público, como la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública y el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, recordando que la CEAPE, entre sus facultades, es la encargada de coordinar la elaboración del PND, así como del Informe de Gobierno; de la mano del CONL, realizan una evaluación anual de la implementación del Plan Estratégico para Nuevo León 2015-2030, lo que los convierte en una parte estratégica para el desarrollo y bienestar del estado y de todas y todos lo neoloneses.

Derivado de esta responsabilidad y comprometidos con la evaluación, se llevaron a cabo diversos espacios de análisis y discusión en torno al monitoreo y evaluación de políticas públicas, en el marco de la Semana de la Evaluación 2019; por su parte, el Gobierno del Estado a través de la CEAPE, convocó al panel “La Evaluación como Herramienta del Desarrollo”, donde se pudieron adquirir conclusiones entre las que destacaron que la evaluación es para mejorar, que es un proceso de aprendizaje, la evaluación no sólo son números, por lo que los datos duros nos dicen una cosa pero la percepción de la gente es otra; la evaluación es imprescindible aunque se tengan recursos escasos, debe ser de calidad, además, mientras más evaluación, tendremos más efectos y soluciones; debe ser legítima, lo que sin duda da confianza en nuestras instituciones.

Concluyo diciendo que la evaluación es una parte fundamental de cualquier administración, ya que gracias a esto, las y los ciudadanos podemos entender en qué se utiliza el dinero público y nos ayuda a poder evaluar de manera personal a nuestros servidores públicos y poder tomar las decisiones adecuadas, por lo que no sólo se evalúa el gasto, sino también al servidor.

¡Son Unos Genios! PRI En Contra de la Contaminación… Quitando Fumarolas de Escudo

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Legisladores del PRI y el PT, plantan manera “revolucionaria” de hacer conciencia para la contaminación en Nuevo León. Impulsan iniciativa para cambiar el escudo del estado, quitando las fumarolas humeantes de fundidora en su cuadrante inferior derecho para promover na imagen ecologica.

Dicha propuesta fue hecha por el legislador priista, Jorge de León, acompañado de la diputada del PT, Guadalupe Rodríguez.

Buscan aumentar la conciencia ecológica del estado, quitando dichas fumarolas. De tal manera el gobierno, refleja una imagen “verde” para el resto del estado.

Comenta el diputado que,

“Es una iniciativa muy sencilla, pero muy significativa, que tiene que ver con un cambio en el escudo de nuestro estado. La idea es eliminar las fumarolas, que representan contaminación y daño al medio ambiente”

Con información de Milenio. 

Bronco vetador… Echa para atrás 7 leyes

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, envió al Congreso local un paquete de siete vetos.

La Diputación Permanente dio entrada a los oficios enviados por el poder Ejecutivo Estatal en los que remite observaciones a los decretos que contienen las nuevas leyes de Cambio climático, la Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, y a tres reformas al Código Penal, una de ellas para establecer delitos ambientales.

Además vetó reformas a la Ley de Víctimas del Estado y a la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que establecía el Premio Estatal al Emprendedor.

“Escrito presentado por Jaime Rodríguez, Gobernador del Estado, y Manuel González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite las observaciones al Decreto 133 por el que se expide la Ley de Cambio Climático del Estado”, dijo la diputada panista Claudia Caballero, al dar lectura a los asuntos en cartera.

El mandatario estatal vetó el contenido de diversas reformas al Código Penal contenidos en los decretos 135 por el que se reforma el Artículo 271 Bis 2 del Código Penal; el 136 que adiciona el capítulo de “Delitos contra el Medio Ambiente”; el 141 que modifica diversos artículos de ese ordenamiento. También se vetó el Decreto 138 que contiene reformas al Artículo 46 de la Ley de Víctimas del Estado; el 134 por el que modifica artículos de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para el Estado.

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, cuestionó que el Ejecutivo estatal haya vetado modificaciones legales a favor del medio ambienten, justo el día en que se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente.

De la Fuente agregó que el Gobierno no hace ni deja hacer y que bloquea todos los avances que logra el Congreso local.

(Con información de Grupo Reforma)

#Kleroterion: “¡Búsquedas Dolorosas!”

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Una de la problemáticas que hoy en día cercenan a nuestra sociedad, es sin duda, la desaparición de personas.

En cualquiera de los escenarios posibles de este lamentable hecho, se vuelve una nebulosa no sólo social, sino también una problemática en derechos humanos.

Las cifras son alarmantes y desgraciadamente cada vez más crecientes, a estas alturas, existen denuncias por más de 40 mil personas desaparecidas de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda; además, las autoridades cuentan con el registro por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar.

Es urgente realizar políticas públicas necesarias y útiles para poder enfrentarlo y brindar el derecho legítimo que tiene cualquier persona, el saber dónde están sus familiares, ya que aparte de tener que padecer las efectos de la delincuencia y la violencia en nuestro país, es inhumano tener el gran dolor de no saber el paradero de sus seres queridos.

Por lo anterior y entendiendo la gravedad de este asunto, el Gobierno de Nuevo León se convirtió en el primer y único estado en el país que firma un convenio con la Secretaría de Gobernación para la búsqueda de personas desaparecidas, donde se otorgará un subsidio de 11 millones por parte de la federación y 11 millones más que pondría el Ejecutivo Estatal.

Un total de 22 millones de pesos son los que se destinarán para la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado, con la finalidad de que las asociaciones o colectivos de familiares, puedan seguir con la lucha para encontrar a sus familiares.

Por lo que queda de manifiesto la buena voluntad política de trabajar en colaboración por parte del Gobierno Federal y el estado de Nuevo León, comprometiéndose con las familias neoloneses que desde hace mucho tiempo han padecido estas desapariciones.

Es imperante buscar una reconciliación con todas y todos los mexicanos, ya que desde hace mucho tiempo existe una deuda por parte de todas las instituciones, gobiernos y sexenios, con las familias de México en el tema de la violencia, por lo que estas actuaciones brindan un paso firme y humanista en la justicia de nuestro país, empezando con nuestro estado, con la finalidad de terminar o disminuir estas “búsquedas dolorosas”, por lo que Nuevo León, tiende la mano a las familias de desaparecidos…

La 3 de 3 para particulares en Nuevo León

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El 15 de mayo el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó, finalmente, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León (LRANL). Una obligación legislativa que deriva directamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). El legislativo estatal tardó ocho meses en cumplir su deber de adecuar o expedir la LRANL. No es este, sin embargo, lo que llama la atención; no, lo que en estos días ha ocupado el debate es la “innovación” que incorporaron los legisladores locales: La 3 de 3 para los particulares que tengan algún vínculo jurídico contractual con autoridades públicas.

Organizaciones integradas en la Coalición Anticorrupción han solicitado al Ejecutivo del Estado que utilice su facultad de formular observaciones al decreto del Congreso, es decir, que vete esta innovación. Lo hacen sustentándose en los argumentos que el Ejecutivo Federal formuló como observaciones al decreto de la LGRA en junio de 2016 y que eventualmente sirvieron para que no se incluyera en dicha ley una disposición semejante a la que aprobó el Congreso Local. 

Las  razones del Ejecutivo Federal en ese entonces fueron en síntesis las siguientes: a).- La reforma constitucional de 2015 sólo se refirió a los servidores públicos como obligados a presentar su 3 de 3; b).- El legislador ordinario no tiene permitido ampliar a el catálogo de los sujetos obligados a presentar la 3 de 3; c).- La disposición extensiva viola los derechos humanos de los particulares a la privacidad, a la intimidad, a la seguridad, etc. (https://consejocivico.org.mx/noticias/wp-content/uploads/2019/05/acuse-oficio-gobernador-coalicion-anticorrupcion-3de3-24-de-mayo-2019.pdf). 

Adicionalmente, la COPARMEX Nuevo León afirma que la 3 de 3 para particulares “ahuyentará a IP”. También se sostuvo que si el Gobernador no veta la LRANL, “se desalentará la proveeduría de empresas al Estado.” (El Norte, 30 de mayo de 2019).

Primero un aspecto sobre el alcance de las facultades de un legislador local frente a una ley general, como es la LGRA. El Congreso de Nuevo León, como cualquier otro legislativo estatal, tiene la libertad de configuración normativa dentro de los contornos que la ley general respectiva le permita. Por ejemplo, cuando se adecuó la Constitución Local y la Ley de Justicia Administrativa para incluir la Magistratura Anticorrupción, el Congreso Local estaba obligado a establecer una magistratura especializada en responsabilidades administrativas graves, pero podía hacerlo a través de una sala colegiada o una sala unitaria, como es el esquema de justicia administrativa en nuestro estado. Esto ha sido definido claramente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque si no fuera así, “las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal…” (Jurisprudencia P./J. 5/2010).

Queda claro entonces que no cualquier supuesto diferente que se establezca en una ley local frente a una ley general es por sí mismo incorrecto, siempre que se respete el marco general delimitado por el legislador de la Unión. Y, además, igualmente importante, si se trata de alguna restricción a derechos, esa restricción debe ser razonable y acorde a las normas constitucionales. Por lo que el debate debe centrarse, más bien, como lo ha puesto en evidencia la Coalición Anticorrupción, en discutir si la obligación de los particulares de presentar declaraciones patrimoniales y de intereses, y de constancia de entrega de la declaración fiscal, es constitucional o restringe de manera injustificada derechos de los particulares.

También sería importante que debatiéramos si en la prevención, combate y sanción de la corrupción la medida es idónea para ello, o si, por el contrario, se cuenta con suficientes instrumentos dirigidos a servidores públicos y con procedimientos idóneos en las relaciones contractuales entre particulares y los entes públicos que nos permitan disminuir los niveles de corrupción en el estado. En esta parte del diálogo público deberíamos poner la visión en hacer posible que operen al cien por ciento los formatos de declaraciones de los servidores públicos, porque, como señalé en una colaboración anterior (http://altavz.com/2019/03/31/los-pendientes-del-sistema-nacional-anticorrupcion/), un gran pendiente del Sistema Nacional Anticorrupción es la ejecución completa de los formatos y la interoperabilidad de todos los sistemas. 

En este sentido, debe remarcarse que si bien las manifestaciones de no conflictos de intereses son una buena práctica recomendada por organismos internacionales en las compras gubernamentales (https://www.oecd.org/gov/ethics/OCDE-Recomendacion-sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf.), estos documentos se refieren a manifestaciones que en algunos casos son únicamente voluntarias y, en segundo lugar, las declaraciones sobre conflictos de intereses colocan el foco de atención no en  los particulares, sino en los servidores públicos que toman decisiones públicas, las cuales deben ser neutrales e imparciales en aras del interés público. Por lo que la “innovación” del legislador de Nuevo León más que una medida eficaz para combatir la corrupción, podría constituir una restricción injustificada para la actividad económica de las personas que deseen contratar o vincularse jurídicamente con entes gubernamentales en la entidad. 

Una forma de evidenciar el impacto regulatorio negativo de la norma es, por ejemplo, la causa motivadora de la declaración. Para los servidores públicos, es claro que la obligación de presentar sus declaraciones tiene como causa generadora el ingresar a la función pública, el que se llegue al mes de mayo por lo que hace a cambios en su patrimonio e intereses, y a la conclusión del encargo respectivo. Sin embargo, para los particulares, en el artículo 33 de la nueva ley aún no publicada se contempla como causa generadora por lo que hace a la inicial, la firma del contrato correspondiente; la de modificación también es el arribo del mes de mayo (asumiendo que el contrato aún esté vigente); y la de conclusión, aunque no se diga expresamente, se entendería que su causa es la terminación del contrato respectivo. Lo absurdo es que constitucionalmente los servidores públicos solo pueden tener un cargo, empleo o función, pero los particulares pueden tener contratos firmados simultáneamente con distintos entes: Con el Gobierno del Estado, con algún municipio y, por qué no, con un ente autónomo o Poder. ¿Significa esto que los particulares deberán presentar tantas declaraciones iniciales como contratos firmen con distintas autoridades públicas?

En resumen, en la expedición de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León el Congreso del Estado llega tarde (10 meses después) y con ocurrencias que lejos de combatir eficazmente la corrupción, en realidad constituyen barreras a la actividad económica. Aunque hasta ahora ha declarado que no ejercerá su veto en contra del decreto, esperemos que el Ejecutivo del Estado escuche a la sociedad, particularmente a todas las organizaciones y personas que se han destacado por su lucha en contra de la corrupción en el estado.

Preocupaciones

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Preocupante que se siga hablando de una nueva Ley de Movilidad para el área metropolitana de Monterrey sin tener claro en que consiste el área metropolitana de Monterrey, cuales son sus límites físicos, sus leyes básicas y cómo logrará la síntesis entre los conceptos de autonomía municipal y de eficiencia metropolitana. 

Preocupante que el Gobernador y su Secretario de Gobierno opinen sobre el tema de una Ley en la cual están involucrados con conflictos de interés que les resta cualquier objetividad. Preocupante que no se priorice la constitución de una Autoridad Autónoma cuyo único objetivo sea la eficiencia,  la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios. 

Preocupante que los usuarios del servicio público de transporte acepten tantas vejaciones, tantos maltratos por parte de unos empresarios y de un gobierno que se disputan la incompetencia y el desprecio de sus clientes. Preocupante la dificultad, para no hablar de incapacidad, de la Sociedad Civil, empresarios y ONG’s para imponer el concepto de autonomía de la autoridad de control, para quitarle a los políticos la administración de un sistema vital para el área metropolitana, y que desvirtúan para beneficiar sus propios intereses políticos, que no son los de los usuarios del transporte público. 

En este tema, se juega la modernidad de Monterrey. Una sociedad que supo elevarse a un liderazgo indiscutible en la segunda mitad del siglo XX, no deja de hundirse en incoherencias, ausencia total de solidaridad y egoísmos acumulados, desde que inició el siglo XXI cómo la mejor ciudad para vivir en América Latina y ha caído al séptimo nivel en México en 2018. Hasta ahora, los políticos no han mostrado capacidad creativa para ofrecer soluciones capaces de resolver el entuerto. 

¿Habrá una formación política capaz de ofrecer soluciones cómo su bandera electoral para el año 2021? ¿O asistiremos al ultimo capítulo de “grandeza y decadencia de Monterrey”? Todo esto es un reflejo de la carencia de calidad de quienes nos gobiernan. No se puede pretender al mismo tiempo modernizar el estado y andar de saltarín en el escenario nacional. Necesitamos un gobernador con visión de futuro, no un cacique de Galeana y menos de Pablillo.   

San Pedro comienza detención de vehículos contaminantes

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El municipio de San Pedro inició esta mañana con la instalación de filtros para la detección de vehículos ostensiblemente contaminantes, en diferentes puntos del municipio.

El secretario de Seguridad Pública de San Pedro, Gerardo Escamilla Vargas, informó que hasta las 10:30 de la mañana de este lunes, los agentes habían multado y mandado al corralón a dos vehículos.

“Estamos realizando un operativo para la remisión de vehículos contaminantes, establece la remisión a la grúa a aquellos vehículos que generen evidente contaminación a nuestro medio ambiente”, dijo Escamilla en rueda de prensa.

El funcionario municipal dijo que los operativos serán itinerantes y permanentes y se estarían colocando en diferentes puntos del municipio.

La multa es de 10 a 20 salarios mínimos. Escamilla detalló que aunque por el momento sólo será de vista por los oficiales, se tiene contemplado adquirir equipo de medición de contaminantes.