La lucha por la paridad de género

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Este año se cumplen 65 años desde que las mujeres ejercieron el derecho a votar en México por primera vez. Si bien fue un paso importante en México, fuimos de las últimas naciones latinoamericanas en lograrlo. Desde entonces los avances en equidad de derechos para las mujeres en el resto del ámbito público ha dado mucho que desear. 

Uno de los ejemplos más claros lo acabamos de vivir con lo sucedido en el Congreso de Nuevo León esta semana. Después de que varios colectivos presionamos por casi mes y medio a l@s diputad@s para que aprobaran una Paridad Total en diversas leyes, el mandato constitucional no se cumplió. 

El asunto de la paridad cobra relevancia por la desigualdad y discriminación que día a día viven las mujeres en los sectores público y privado. El objetivo de la reforma, que ya está aprobada a nivel federal y era cuestión de homologar con la legislación estatal, era asegurar piso parejo y acceso a las mujeres a puestos de relevancia en el Poder Judicial, la Comisión Estatal Electoral, así como otras instituciones. También buscaba proteger con mayor amplitud a las mujeres en temas de violencia de género en el ambiente político y electoral. Todo esto quedó a medias. 

Hay quienes defienden a l@s diputad@s diciendo que se logró un primer avance y que después habrá una segunda vuelta de las reformas, pero lo importante era aprobarlas previo al 9 de julio para que pudieran aplicar en las elecciones del 2021. Dicho de otra manera los partidos en Nuevo León, principalmente el PAN y PRI, vuelven a proteger sus intereses sobre los de la ciudadanía con miras a una elección. 

Lo sucedido es muy similar a lo vivido en 2017, cuando los partidos viendo la aproximación de la elección del 2018 pasaron al vapor reformas electorales y constitucionales para proteger sus intereses. En ese momento se inventaron listas de plurinominales y golpearon un sistema democrático probado y funcional en Nuevo León, el de los mejores perdedores. Es así como posicionaron a sus alfiles en esta lista de dos a fin de asegurar que sus liderazgos estuvieran en el Congreso, independientemente de si la ciudadanía los votó o no. O mejor dicho a pesar de que la ciudadanía no los votara. 

Seguimos sin entender los beneficios sociales, económicos y políticos de promover la inclusión y apertura de las estructuras gubernamentales a toda la ciudadanía. Casos de éxito sobran en donde la perspectiva de las líderes han logrado cambiar el enfoque del ejecutivo para atender a los más necesitados. Nueva Zelanda, Finlandia, Escocia, Alemania, son sólo algunas de las naciones que se han visto ampliamente beneficiadas por contar con mujeres que han roto los paradigmas de la política tradicional y han impulsado a sus países a un bienestar social real. También vemos liderazgos jóvenes en el ámbito legislativo de diversos países. Mujeres que han hecho de las reuniones de comisiones y audiencias públicas, eventos previamente ignorados, momentos en los que parece haber una mayor rendición de cuentas y una verdadera voz de la ciudadanía.

En estos países encontramos que argumentos económicos sobran, las mujeres han logrado impulsar a las empresas con mayores rendimientos, han logrado impulsar el desarrollo de sus países y un crecimiento económico sostenido y no inflacionario, han logrado proteger a las minorías discriminadas y asegurar un piso parejo en el mercado para su desarrollo. Todas estas políticas públicas han sido enfocadas en la sociedad y no en los intereses de unos cuantos. Eso es lo que tenemos que romper. 

Si bien vemos que a nivel internacional se están cerrando las brechas de género y en México se han logrado avances importantes con la aprobación de derechos progresivos de las mujeres y legislación de paridad para asegurar una representación política, aún hay mucho camino por recorrer. Urge apretar el paso, si seguimos votando por los mismos partidos seguiremos teniendo la misma lentitud en reformas trascendentes para que “se hagan en dos vueltas”, la misma discriminación donde la paridad es una “lucha de mujeres” y la misma desigualdad de oportunidades y espacios de representación que se disfraza de “meritocracia”.  Si queremos un mejor Congreso hay que votar por es@s candidat@s que no están con los mismos de siempre y que van a impulsar la construcción de un piso parejo para tod@s. 

Para más información escucha el episodio de “La lucha por la paridad de género” de Kristian con K en Spotify

https://open.spotify.com/episode/6bosAK6mgDadS8ZRdF8GLc

Asegura Ildefonso Guajardo que pinta bien en encuestas a la gubernatura de Nuevo León

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El exsecretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, aseguró en una entrevista para “La Silla Rota”, que tiene posibilidades en las próximas elecciones para gobernador en el estado de Nuevo León.

“Me veo con tanto chance porque soy el único de los aspirantes que dio tienen ni tina, ni pintura, ni brocha, no tengo cargo público, ni soy diputado, ni alcalde, y sin embargo pinto bastante bien en las encuentras”, dijo Guajardo.

“No soy puntero, los más reconocidos traen niveles de reconocimiento de 90 por ciento. Entenderán ustedes que mi reconocimiento está mucho en sectores informados, mi reconocimiento en el estado lo hemos, en este momento, dejado en alrededor de un 53, 55 por ciento, pero la diferencia es que algunos punteros traen negativos muy altos por haber logrado esos reconocimientos por ser muy controvertidos en sus posicionamientos”, indicó en una plática con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

Por otro lado, señaló que cuenta con experiencia para hacer frente al reto económico que se avecina para Nuevo León y México.

“Me respalda una experiencia como secretario de Economía, haber generado inversión extranjera, haber traído empleos, hay una experiencia de por medio, una prueba de que el nuevo reto que vamos a enfrentar en México y en Nuevo León fundamentalmente va a ser un reto económico para el cual me he preparado como servidor público 40 años”.

Por último llamó a elegir en las próximas elecciones perfiles que puedan dar soluciones a este reto económico.

“No podemos darnos el lujo de equivocarnos y destinar al estado a seis años de mediocridad”, afirmó en la entrevista con dicho medio.

Aumentan 37% las donaciones de plasma.

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Manuel de la O, titular de la Secretaría de Salud estatal, señaló que existe un incremento del 37 por ciento en las donaciones de plasma para tratar a pacientes con coronavirus en estado de salud grave.

De la O, informó que de una semana a otra han aumentado las donaciones de plasma y los pacientes beneficiados.

Explicó que se tenía un registro con 161 donaciones y hoy reportan 221, es decir, 60 más en una semana, que representa un alza del 37 por ciento.

Además, en el caso de los pacientes beneficiados con el plasma el incremento fue mayor, pasando de 167 a 233, un alza del 40 por ciento.

“Ocupamos que más gente done plasma”, dijo De la O, “no duele”.

Aurora Lee, directora del Centro Estatal de Transfusión, afirmó que aunque se han elevado las donaciones, también se han incrementado los pacientes contagiados, por lo que urgió a que los recuperados de Covid en la entidad acudan a donar su plasma.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes pacientes recuperados con plasma, quienes pidieron a la comunidad que ya se ha curado del virus hacer donaciones.

 

 

 

(Con Información de El Norte)

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.

Marko Cortés augura un buen 2021 para el Acción Nacional en Nuevo León

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El dirigente nacional el Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, auguró un buen 2021 para el partido en Nuevo Leon, cuyo reto es alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados y obtener triunfos en la entidad.

Durante una plática virtual con militantes albiazules, Cortés indicó que la marca PAN está en primer lugar a nivel estatal y que el objetivo es la selección de un candidato que logre unidad y aumente la “marca”.

“Nuevo León pinta bien, la gente allá en Nuevo León nos reconocer como buenos gobiernos, valora nuestro trabajo. Nos valoran como la mejor opción”, dijo el dirigente panista.

Al ser cuestionado sobre la expectativa de ganar la gubernatura en el 2021, aseguró que tienen el objetivo de salir triunfadores en el 2021.

“Tengo la expectativa de ganar. En el orden de Estados que podemos ganar en la elección 2021 está Querétaro en primer lugar, luego tenemos, digamos que un empate de posibilidades, a Nuevo León y Chihuahua”.

El ex Senador también dijo que el objetivo es lograr la mayoría en la Cámara de Diputados para convertirse en un contrapeso del Poder Ejecutivo.

En cuanto a la principal debilidad del PAN, dijo que es que la ciudadanía lo ve como una institución lejana y elitista. Como fortaleza, afirmó, es que la ciudadanía considera el manejo económica de las administraciones panistas.

Un militante panista lo cuestionó sobre la posibilidad de alianzas con tropas partidos, a lo que Cortés contestó que, en aquellos espacios donde puedan ganar solos, así será, y donde no, tendrán que buscar alianzas, puesto que el objetivo es ganar.

Advierte Caintra que la economía de Nuevo León se podría contraer 11.2%

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La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) dio a conocer que los indicadores económicos de Mexico muestra una afectación histórica para el aparato productivo nacional y destacó que Nuevo León podría enfrentar una contracción del 11.2%.

La Caintra indicó que la contracción se debe a la relación cercana que se tiene con los Estados Unidos.

Por otro lado, recalcó que el futuro es aún incierto y las expectativas están sujetas a cambios contantes, por lo que estos pronósticos pueden cambiar conforme la situación mundial y en el país se modifique.

“Debido a la relación cercana con Estados Unidos, Nuevo León podría enfrentar una contracción de 11.2 por ciento”, señala el comunicado emitido por le organismo empresarial.

La dependencia indicó que se realizaron modificaciones a los pronósticos para la economía nacional, por lo que se estima que el año cerrará con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de México de -8.96%, con la consecuente pérdida de un millón de empleos.

“De marzo a mayo, en todo el país se han perdido más de un millón de empleo; de igual forma, las exportaciones al mes de mayo retrocedieron en un 56 por ciento”.

Detallan que la actividad económica en general muestra una caída del 20% a través de la medición que se realiza con el Indicador de la Actividad Económica (IGAE).

Además, la Caintra indica que el panorama no es alentador para los siguientes meses, especialmente para las Pequeñas y Medianas empresas (PyMEs), que son las más afectadas en al pandemia.

Gobernar en tiempos de pandemia

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La actitud de los gobernantes frente a la pandemia dice mucho sobre su carácter y sus capacidades. Existen los autoritarios y amenazantes, al estilo del gobernador del estado de Nuevo León. Amenaza multa por andar en la calle fuera de los horarios del “toque de queda”, pero no específica el monto de las mismas. 

Deja abierta la puerta a todos los abusos de parte de los encargados de aplicar la medida. ¿Son legales o no, tales multas? ¿Las tiene que ratificar el Congreso en una ley especial o tiene él las facultades de definir el monto? De la misma manera, amenaza arresto de 36 horas. ¿Es legal arrestar alguien por el simple hecho de andar fuera de su casa a ciertos horarios? ¿Tiene facultades el gobernador para ordenar esto por decreto, o ni siquiera por decreto, por simple afirmación? 

Cuando aplicaron medidas de esta naturaleza en España y en Francia, desde un inicio, se conocía el monto de la multa que cualquier policía tenía autoridad suficiente para aplicar, ya que estaba sustentada en una medida con valor legal. La multa en Francia era de 35 euros (casi 1,000 pesos). 

Hay gobernantes capaces de informar con firmeza, sin usar tono amenazante pero que no deja lugar a dudas sobre la intención detrás de las medidas. En el caso de Miguel Treviño, alcalde de San Pedro Garza García, la firmeza sustituye la amenaza, particularmente cuando esta no tiene soporte legal. No se puede pretender limitar la libertad de transito, pero se puede disuadir de transitar, no se puede prohibir un paseo, pero se vale dificultar su acceso y dar instrucciones a los vigilantes de convencer a los paseantes que no es el momento de estar ahí. 

Hay también gobernantes que por no entender los motivos de las restricciones requeridas, desvían la plática y sacan sus propios datos para justificar lo bien que administraron la crisis, ya que los muertos por millones de habitantes son menos que en otros países con los cuales se igualan el número de muertos. ¿Le hará alguna gracia a los parientes y amigos de los difuntos que la estadística presidencial intente disimular el drama humano que viven? 

Desgraciadamente, parece que falta bastante para que el fenómeno epidémico atenúe su fuerza mortal, ya que la afirmación mentirosa que ya domaron el virus no está en absoluto sostenida por la acumulación de datos proporcionados por el mismo gobierno, que se traducen en curvas siempre ascendente y no planas o descendentes como para generar esperanza que el regreso a la normalidad es más que un discurso, sino una realidad por llegar. 

Obviamente, los gobernantes no están preparados para tales situaciones. Sin embargo, su actitud frente a estas crisis dice mucho sobre su capacidad de gobernar y de cosechar apoyos de la población. 

Hay más de mil hospitalizaciones por COVID-19 en Nuevo León

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El número de hospitalizados por COVID-19 en Nuevo León llegó a mil 119 personas, por lo que directores de hospitales privados llamaron a la población a apegarse a las recomendaciones de las autoridades de salud.

Los directores de hospitales privados del Sistema TecSalud, Doctors Hospital y Ángeles, acompañaron al secretario de Salud estatal, Manuel de la O, a la hora de ofrecer la rueda de prensa vespertina y aprovecharon la oportunidad para refrendar su llamado.

Edmundo Mesta, del Hospital Ángeles, aclaró que su institución no atiende pacientes enfermos de COVID-19, sin embargo, dijo que en el momento que el Estado lo requiera comenzarán a dar este servicio.

“Vamos a enfrentar una crisis de magnitud tremenda si esto sigue así. Todo mundo culpa al gobierno federal, al estatal, a Salud, pero ¿qué haces tú? ¿usas cubrebocas? ¿te cubres los ojos? Cuídate y cuida a los que están a ti alrededor. Nosotros estamos viendo los efectos de que tú no te cuides”, señaló Mesta.

Por su parte, el directivo Doctor’s Hospital, Marco Antonio Ponce, reveló que ante el incremento de hospitalizaciones van a habilitar otras áreas del nosocomio para atender más pacientes.

De la O informó que en cuanto a la actualización de casos, que de las personas hospitalizadas 671 tienen confirmada la enfermedad y 448 presentan síntomas, pero siguen bajo estudios médicos.

Este domingo se reportaron cifras superiores a los 700 casos, llegando a 735 incidentes, con lo que la cifra alcanzó los 14 mil 489 enfermos.

Adicionalmente se reportaron 16 nuevas defunciones, 12 de las cuales corresponden a hombres y 4 a mujeres.

Un hombre de 39 años de edad sin antecedente de enfermedad fue la más joven de las víctimas mientras que el mayor fue un hombre de 78 años con hipertensión arterial y enfermedad cardiaca. Los fallecimientos llegaron a 472 desde que se declaró la pandemia.

Ante los números, el titular de Salud estatal dijo que no se puede decir que se salió de la pandemia.

“No podemos decir que aplanamos la curva, que ya no estamos teniendo nuevos casos, que ya tenemos el control, no, hoy podemos decir que existe una gran preocupación en todo el sector salud porque el sistema hospitalario, los hospitales se nos están llenando”.

Reitera el Bronco: No hay toque de queda

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reiteró que no hay un toque de queda en el Estado.

Sin embargo, informó las nuevas medidas que se impondrán en el Nuevo León para reducir la movilidad y evitar contagios, detalló que si las cosas siguen como hasta el momento (con aumentos significativos de contagios y decesos), tendrá que tomar la decisión e implementarlo.

No hay toque de queda, pero si las cosas siguen tendré que tomar la decisión de toque de queda”, mencionó Rodríguez.

Entre las medidas que serán tomadas se informó que a partir de mañana viernes 3 de junio, los comercios, servicios y mercados ambulantes con actividades no esenciales, suspenderán sus actividades de 22:00 a 5:00 horas, así como los sábados y domingos.

Los restaurantes operarán de lunes a viernes hasta las 22:00 horas y los sábados y domingos solo podrán ofrecer servicio a domicilio.

Bronco agregó que después de las 22:00 horas, las personas podrán justificar su presencia en la vía pública si se trasladaran para la compra de alimentos, medicamentos, ir a centros laborales esenciales, entre otros.

Puntualizó que la medida será de manera temporal y que dentro de una semana se analizará la situación.

Vamos a probarnos por una semana, es una medida temporal”, dijo.

 

 

(Con información de ABC noticias)