La movilidad en Monterrey: entre contaminación y tarifazos

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Desde hace algunos días se había anunciado que los regiomontanos se iban a encontrar con una sorpresa regresando de Semana Santa: el transporte público sería sujeto (nuevamente) a aumentos en sus tarifas. Pues el día de ayer anunció Manuel González, el secretario General de Gobierno, que el llamado Santo Tarifazo no se producirá, sino que durante la semana de Pascua se revisará. Más que suponer un tipo de alivio, realmente alarga la agonía. 

Desde finales de 2018 ya se había anunciado que los aumentos también se registrarían en materia vehicular, con rubros que sufrieron un incremento de hasta el 90% y con un pago de refrendo que asciende a los $3092 para vehículos en una franja de diez años (2009-2019). Si comparamos este último dato con los costos del año 2015 -año en que El Bronco recibió la gubernatura- el refrendo tenía tres costos según el vehículo: aquellos con cuatro años o menos pagaban $1401, los de entre cinco y nueve años pagaban $686 y los de diez o más años, una cuota de $379. Es decir, en algunos casos, los incrementos han sido de hasta el 451% en un lapso de cuatro años. A lo anterior hay que sumarle que la línea 3 del metro no entrará en funciones sino hasta octubre de 2020, a pesar de que las obras iniciaron en 2013.

Y es que, si con los aumentos de inicio de año a los automóviles se pretendía fomentar el uso del transporte público, el Santo Tarifazo es todo lo contrario. Pagar $15 por viaje en camión -para llegar a $18 en 2021- no es la manera correcta de incentivar el uso del transporte pues, aunque permite a los usuarios hacer recorridos largos, el transbordo sigue teniendo penalización. A esto hay que agregar la poca capacitación que se ofrece a los choferes y las condiciones en las que se encuentran la mayoría de las unidades y el ya evidente problema que tenemos en la ciudad: el tráfico, lo que se traduce directamente a contaminación.

Entonces, ¿cuál es la solución? Depende del problema a atacar. Resolver los aumentos por sí solos es muy complicado, pues el gobierno tendría que otorgar subsidios, lo que descompensa en otras áreas y provoca problemas en otros rubros. No nos dejaron de otra: habría que esperar a que saliera un nuevo presupuesto para revertir los aumentos, pero este tipo de ajustes rara vez se producen. Este pronóstico suena nada alentador.

Por otro lado, si lo que de verdad se quiere resolver es el tema de la contaminación (hay que recordar que es una de las justificaciones del alza en materia vehicular), entonces aumentar los impuestos en este rubro sí tendría lugar, pero la estrategia se cumple sólo si se acompaña de bajadas en los precios y reinversión al transporte público. Igualmente, se requiere una medida que ponga fuera de circulación los vehículos altamente contaminantes, pues su constante uso perjudica en ambos sentidos: más tráfico y más contaminación.

Aparte de esto, debe haber una transición entre vehículo particular y el transporte público. Mejoras al sector del taxi podrían ser una solución, pues una de las principales razones por las que los neoleoneses no utilizan el transporte público es la rapidez y la comodidad. En este sentido, la próxima uberización del taxi es podría ser un buen comienzo, pues reequilibra la balanza entre los servicios de transportación y favorece a la competitividad.

Visto de esta manera, queda claro que el Santo Tarifazo no resuelve ni uno ni otro problema, sino todo lo contrario: perjudica a la gran mayoría de la población y sigue hipotecando nuestro futuro. Ojalá y después de la semana de Pascua, ya con un poquito de claridad y descansados, Manuel González y compañía, ahora sí, diseñan una estrategia centrada en el uso eficiente de los recursos y pensando en la gente.

#HojaDeRuta: “Entre redes y realidades”

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“Las redes”: esas nuevas deidades etéreas de la opinión pública. Ante cada nueva polémica, desde espacios informativos y de opinión suele preguntarse: ¿qué dicen las redes? Como si fueran oráculos dando sus designios. 

Se les menciona con toda naturalidad, como si no fueran una masa amorfa, un mar cambiante donde lo mismo pueden encontrarse ideas valiosas que rabia pura, grandes piezas periodísticas que noticias falsas.

Cierto, mediante softwares especializados ya se pueden medir tendencias y “sentimientos”, tomando variables como los temas más repetidos o las palabras más mencionadas. Por ejemplo, la agencia digital Etnoscopía realizó un mapeo de identificación ideológica en México, tomando datos de Facebook Insights y encuestas digitales. Este mapa de tendencias ideológicas considera 5 categorías: extrema izquierda, izquierda, centro, derecha y extrema derecha. 

Algunos resultados parecen lógicos, por ejemplo, la zona del bajío es la más identificada con la derecha, mientras que entidades como Guerrero y Oaxaca lo hacen por la izquierda. Sin embargo, sorprende que entidades como Coahuila y Nuevo León se clasifiquen como centro, lo que sugeriría una disposición a tomar posturas progresistas en ciertos temas.

De acuerdo a la Asociación de Internet MX, en su último estudio de hábitos de los usuarios, el año pasado el 67% de los mexicanos mayores de 6 años eran usuarios de Internet. Si bien esta cifra no deja de subir año con año, es preciso reconocer que una tercera parte de la población aún no está en la red. Este mismo estudio señala que la principal actividad de los usuarios mexicanos es acceder a redes sociales, siendo Facebook la de mayor penetración, cubriendo prácticamente la totalidad de los usuarios (98%).

¿Esto implica que lo que se dice en las redes es un reflejo real del pulso social? No necesariamente. Para empezar, porque no todos están ahí, y segundo, porque de los que están, no todos tienen el mismo nivel de politización ni activismo digital. El New York Times, dentro de la sección The Upshot realizó un análisis que refuerza este punto, titulado: “El electorado demócrata en Twitter no es el electorado demócrata real”.

Los datos marcan un contraste notable. Por ejemplo, el 39% de los demócratas en redes sociales se identifican como activistas progresistas, pero en el electorado abierto, esta cantidad baja a 22%, es decir, sí existe una porción importante de simpatizantes que están empujando la agenda del partido a la izquierda, pero en términos reales es una menor proporción de lo que las redes y la percepción mediática sugieren.

Un dato complementario es aquellos demócratas que se identifican como personas moderadas: en redes son apenas el 13%, pero en la vida real esta cifra casi se duplica, para llegar a 24%. Es decir, al menos 1 de cada 4 votantes demócratas se considera a sí mismo como una persona moderada políticamente.

El análisis sugiere que si bien el movimiento hacia la izquierda que el partido ha experimentado es real, pero que el ánimo y fervor que existe en las redes sociales no coincide con el electorado demócrata en la vida real. Esto debiera generar una reflexión interesante en nuestro contexto: ¿qué tan real es la polarización entre fifís y chairos? ¿Qué tanto del electorado en realidad es moderado? ¿Qué proporción realmente está desinteresada de la política y no se expresa (por tanto, no registra) en redes sociales? 

En general, la lección es la cautela y el análisis frío de la información, pues la realidad política y comunicacional se transforma, pero esto no implica cambios radicales o totales en el electorado como un todo, que si bien puede irse transformando, no necesariamente lo hace en la medida y tono que las redes parecen reflejar.

#Kleroterion: “¡La presa está libre!”

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Dentro de los principales proyectos de infraestructura que puede tener cualquier estado, son sin duda los relativos al tema del agua. Desde su acumulación, distribución, traslado y su destino final, ya sea público o privado. Por lo que cada año, se demuestra la capacidad de los servidores públicos, para poder solicitar, negociar y obtener los recursos necesarios para concretar o iniciar proyectos estructurales que beneficiarán a sus estados, por consiguiente a los ciudadanos, asegurándoles este vital líquido.

Tal es el caso de mi estado Nuevo León, que después de tres años de arduo trabajo se logró que la Comisión Nacional del Agua firmara el convenio de asignación de aguas nacionales y el título de concesión para la “Presa Libertad”.

En dicha firma, se pactó la cesión de derechos para construir el embalse en los límites de los municipios de Montemorelos y Linares, con una extensión de 2 mil 292 hectáreas, además de establecer el uso de 50 millones de metros cúbicos de agua del Río Cabezones por un lapso de 30 años.

Con este gran proyecto se garantizarán mil seiscientos litros por segundo para el abasto de más de 700 mil habitantes de la zona metropolitana y está prevista concluirla en 2021, al tiempo que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón termine su mandato.

Estamos convencidos que con este título de concesión, en primer lugar, se garantiza que el agua se utilice de manera exclusiva para la población, atendiendo la instrucción que dio el Presidente de la República a sus funcionarios de Conagua, “el derecho humano al agua tiene prioridad sobre las demás actividades”, y en segundo lugar, con esta acción se refleja la buena voluntad del Ejecutivo Federal con el Gobierno de Nuevo León.

Cabe recordar que el propio Gobernador le ofreció al Presidente Obrador, a nombre de los neoloneses una colaboración absoluta, siempre y cuando sea mutua la corresponsabilidad, por lo que con esta firma queda demostrada tal reciprocidad.

Ahora bien, ¿qué significa o por qué un proyecto de esta magnitud?

Para Monterrey el agua es un tema imprescindible por su demografía y geografía, es así que debemos tener en cuenta que las presas y sus ensambles, permiten entre muchas cosas más, poder tener reservas de agua, lo que proporcionará certeza al estado en momentos de escasez de agua acrecentando los recursos hídricos renovables, además de que con una estructura de este tamaño es posible generar energía hidroeléctrica, que será de gran utilidad para diversos municipios como a la capital, se brindará protección en la medida de las posibilidades de grandes precipitaciones, nos ayudará a distribuir su consumo humano, así como para el industrial, que es una parte importante en la capital, tendrá un gran uso agrícola regulando y garantizando el riego, asimismo nos ayudará para el turismo y esparcimiento, fomentar la piscicultura y la navegación, en temas de protección civil, con la presa podemos tener protección de márgenes y contención de aluviones, además de hacer habitables llanuras que antes no lo eran, es así que una presa, para cualquier comunidad es de incuantificable valor.

Por otro lado, la manera en que se llevará a cabo el proyecto será de forma multianual hasta el 2021, es decir, en cada año habrá recursos etiquetados para desarrollar las obras, haciéndose por partes iguales entre el estado y la federación; por lo que después de la firma y los trabajos técnicos, así como los estudios de la tierra y de impacto ambiental, los trabajos para la presa, comenzarán en el segundo semestre del año en curso.

Cabe recordar, que durante la pasada administración federal no se lograba nada, el trabajo que el estado realizaba para conseguir los recursos necesarios era constante y totalmente justificado, sin embargo, durante ese sexenio el trato Nuevo León-Presidencia fue muy tortuoso, nos fueron quitando presupuesto en la mayoría de los rubros, por ejemplo en salud, infraestructura, en apoyos para gasto corriente, o para la misma presa nunca nos dieron el apoyo necesario, entre otros temas más, por lo que fue directo el castigo hacia el estado por haber votado por un gobierno independiente y hasta la fecha, son notorias las acciones de la pasada presidencia de la República y no lo digo yo, ahí están los números que son irrefutables, es entonces que con el nuevo gobierno, sin lugar a dudas, ha tenido que ver para que estos proyectos avancen, ya que es notoria la nueva disposición o actitud de no estrangular a los gobiernos independientes, por lo que solo nos esperar a mayo para que lleguen los recursos para comenzar esta gran obra.

Debo mencionar, que estas negociaciones implicaron más de tres años de trabajo, que aunque como se mencionó, en el sexenio pasado nos tenían castigados de una manera vil y me atrevo a decir inmadura y poco profesional, realizamos todas reuniones, explicaciones, proyectos y análisis de viabilidad adecuados, para poder exponer la necesidad de una proyecto de este calado y los beneficios que todo el estado obtendría, dichas negociaciones se avivaron previas a la nueva administración federal, así como desde la LXIII Legislatura del Congreso Federal, dentro del análisis y solicitudes del PEF correspondiente, cerrando con el entrante sexenio, que sin duda fue un gran aliado para poder cerrar dichos acuerdos.

Por lo anterior, concluyo diciendo que el proyecto de la presa “Libertad”, es sin duda, una muestra del trabajo arduo, de trabajo constante, de negociaciones certeras y oportunas, de responsabilidad sustentable, de una gestión de recursos, que inminentemente sin ellos, hoy no podría haberse consolidado esta gran acción, por lo que hoy podemos decir con mucho orgullo que ¡La presa está libre!

Tardaría año y medio cambio de gasolina en Nuevo León

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Tras la primera reunión con los grupos de trabajo en la Comisión Reguladora de Energía para cambiar la norma oficial y enviar gasolina de mejor calidad al área metropolitana de Monterrey, el Estado y legisladores federales señalaron que el proceso para que se concrete el cambio tardaría alrededor de un año y medio.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital; el Diputado federal por el PAN, Hernán Salinas, y los Senadores Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano, y Victor Fuentes, del PAN, manifestaron su preocupación por la tardanza por el proceso y señalaron que buscarán acelerarlo.
“Vemos con preocupación los tiempos tan largos que se manejan con este tema”, manifestó Vital al salir de la reunión.
Mientras que Kempis manifestó su molestia porque el proceso tardaría alrededor de un año y medio, Salinas detalló que esto se debe a que las mesas de trabajo para la elaboración del anteproyecto concluirían hasta diciembre, por lo que el plazo legal -de 225 días- que establece la Ley de Metrología y Nacionalización, empezaría a contar hasta enero del 2020.
“Salimos preocupados, realmente hay que decirlo tal cual. Los tiempos, porque se manejo la posibilidad de que estas mesas de trabajo concluyeran hasta diciembre”, dijo Salinas, al calificar como inadmisible la tardanza ante la situación apremiante en el área metropolitana.
¿Y por qué nos preocupa?, porque esto significa que tendríamos un anteproyecto para ahora si iniciar los plazos  que señala la Ley de Metrología hasta enero del 2020, lo que significaría que el cambio de la NOM se estaría concluyendo hasta por allá de septiembre, octubre del 2020“.
Salinas adelantó que pedirán una reunión con el comisionado Guillermo Zúñiga, que preside el Comité, para buscar que se corten los tiempos, e invocar el Articulo 51 de dicha ley para abreviarlo ante situaciones de emergencia, para abreviar los plazos.
Fuentes dijo que pedirán también al presidente de la CRE acelerar los plazos y agotar el recurso de la declaración  de contingencia ambiental  para reducir los tiempos y explorar la importación de gasolina de mejor calidad de Estados Unidos.

Morena confía ganar la Gubernatura en Nuevo León

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El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas, aseguró que que si su partido suma liderazgos a nivel local tiene amplias posibilidades de ganar la Gubernatura en el 2021.

Durante una rueda de prensa, Rojas, exhortó a los militantes locales, a que se dejen de lado los conflictos internos y se concentren en la próxima contienda electoral.

“En el 2021 hay condiciones para que Morena gane la Gubernatura en Nuevo León. También que ganen alcaldías, diputaciones locales y federales. Hay que sumar liderazgos en Nuevo León para poder ganar en todo el Estado”, dijo el también senador suplente.

Rojas también demandó a su partido a que abra el registro de padrón de militantes e impulse una contienda interna abierta para elegir al nuevo líder nacional.

Atisbos de justicia laboral

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En la mesa política, hay siempre una gran cantidad de platos calientes. En los últimos días, éstos han tenido que ver con el #MeToo, con las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera, con las (lamentables) ternas de la CRE y, con la reforma educativa, entre otros. Así, con la diversidad y multitud de temas que se presentan en la mesa, me parece pertinente traer al frente un tema que, si acaso, ha pasado como un ligero entremés, a pesar de la vital relevancia que representa. 

El pasado primero de abril, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, arrancó el Programa Piloto para incorporar a las Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este programa, derivado de una sentencia de la SCJN que determina la incorporación obligatoria de las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social, tendrá una duración de 18 meses y se concentrará en nueve estados de la república, mismos que concentran el 59% del trabajo doméstico, entre los que se encuentran: el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. 

El arranque del programa viene a constituirse, sin duda, como un logro significativo de la actual administración. Su creación, no solo tiene relevancia legal, sino también simbólica, puesto que viene a abrir el camino para resarcir el daño que por años se ha infligido en uno de los sectores más discriminados de la sociedad. Los datos lo ponen de manifiesto, más de un tercio de las trabajadoras domésticas recibe menos de un salario mínimo por el trabajo laborado, y solo una de cada diez cuentan con algún tipo de prestación, aunque, en una sociedad que no concibe su labor como un empleo o un trabajo “real”, la cifra posiblemente no sorprenda. 

De este modo, el siguiente gran obstáculo que enfrentará este programa, será la transición cultural hacia la construcción de un colectivo imaginario en el que las trabajadoras domésticas sean reconocidas como tal, es decir, como trabajadoras, y se disocie su concepción discriminatoria de “sirvienta”. Esta concepción actual, más allá de presentarse como una fuente de humillación verbal y de perpetuación de ciudadanos de segunda categoría, en la práctica, es realmente consistente con un esquema de servidumbre, entendido éste como un esquema en el que existe un amo y un siervo. 

La perpetuación de este esquema de servidumbre ha sido posible no solo por el componente clasista y machista de nuestra sociedad – partiendo de la noción de que las labores del hogar son una obligación de las mujeres, mismas a quienes históricamente se ha remunerado en mucho menor medida que los hombres – sino por el marco jurídico que rige a este sector, y la falta de acción gubernamental. Combinados estos dos factores, hemos tenido un marco jurídico que permite que las trabajadoras laboren por hasta 12 horas diarias, y sin la existencia de un salario mínimo definido. A este respecto, destaca que la obligatoriedad de fijar dicho salario se estableció en la Ley Federal del Trabajo desde 1977, hoy, cuarenta años después todavía no existe. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha decidido emprender su parte, y llevará a cabo el primer foro consultivo para fijar dicho salario, el próximo 25 de abril.  

A pesar de que el camino por recorrer es largo (legal y socialmente), el emprendimiento del programa piloto se presenta como una oportunidad de brindarle a este sector de la población la justicia laboral que por décadas se les ha negado, de dignificar su labor, y de contribuir a la reducción de la desigualdad. De este modo, en un país que se ha caracterizado por la inactividad y la indiferencia gubernamental, no permitamos que la falta del cambio recaiga ahora en la sociedad, y en nuestros erróneos y discriminatorios constructos sociales. 

*Link al sitio donde se describen los pasos para inscribir a las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social: http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar

#EspacioPúblico: “Peatones seguros en una ciudad de autos”

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Desde hace cerca de seis años, la organización a la que represento se ha dedicado al tema de movilidad peatonal. En un inicio se enfocó al tema más recurrente que encuentra un peatón en la ciudad: autos estacionados sobre el espacio público dedicado al peatón. Pero pronto nos dimos cuenta que el problema era mayor.

Con el tiempo hemos expandiendo nuestra participación hasta formar parte de consejos consultivos ciudadanos, como miembros de la plataforma de evaluación “Alcalde, ¿Cómo Vamos?, sugerir reformas a reglamentos municipales, apoyar en proyectos distritales y académicos y hoy aquí participando en este foro exponiendo nuestra perspectiva de cómo se vive hoy esta ciudad y poder ayudar en el proceso de este proyecto de ley.

Ser peatón en una ciudad como Monterrey es un reto que muchos realizan cada día, pero que también es una situación que muchos se niegan a ver. Una ciudad que por años ha dado preferencia a todo aquello relacionado con el automóvil privado difícilmente voltea a ver las necesidades de peatones , no entiende que la infraestructura es para cualquier usuario de la calle, que la ciudad mueve personas y no está hecha únicamente ( aunque así lo parezca) para trasladar autos.

En esta ciudad se aplauden los proyectos que privilegien la velocidad, el flujo continuo de autos y pone en duda la efectividad de proyectos que favorezcan a peatones y ciclistas y con mayor razón si eso implica quitar carriles, cajones de estacionamiento o incluir semáforos.

Peatones a diario caminan por banquetas en malas o muy malas condiciones, cruzan calles sin pasos peatonales claramente marcados, esperan el transporte público en lugares riesgos y en ocasiones bajan del transporte en segunda o hasta tercera fila de una avenida para después esquivar autos que invaden banquetas, espacios para personas con discapacidad, esquinas y rampas.

Ayer me quedé tarde leyendo el documento de la Ley General de seguridad vial con el que hoy estamos trabajando. Lo considero valioso por ser una ley enfocada a salvar vidas, quisiera compartir algunas de las experiencia que hemos tenido en estos años y que de alguna manera, espero, sean vistas para enriquecer el proyecto.

Algunas cifras nos ayudan a visualizarlas las condiciones de seguridad para el peatón. Siendo concretos, de acuerda a la última encuesta “Así vamos 2018”, realizada por la plataforma “Alcalde, ¿Cómo vamos?”, en la ciudad de Monterrey alrededor del 85% de los encuestados consideró que las banquetas se encuentran dañadas y con obstáculos y solo un 35 % percibe cruces peatonales adecuados para los traslados a pie.

De acuerdo al Informe sobre la Seguridad vial 2017, la gran mayoría de los hechos de tránsito que involucran fallecidos en el estado, más del 90 %, se dan en el área metropolitana de Monterrey. Pero el caso específico de la ciudad de Monterrey es alarmante ya que cerca del 56% de las personas fallecidas en hechos de tránsito fueron Peatones. Y por otro lado la mayor parte de los egresos hospitalarios son generados por ocupantes de medios motorizados, especulando un poco, los peatones ni siquiera llegan al hospital.

La seguridad para el peatón, en la actualidad, es una carrera de obstáculos muchas veces ocultos, en la que muchos participan para llegar a sus casas, trabajos o escuelas y algunos no llegan a la meta.

La seguridad vial es un tema prioritario si queremos que esta ciudad cambie en su estilo de vida y realmente se vean acciones acordes a la jerarquía de movilidad que hoy ya está por escrito en manuales y reglamentos pero poco llevada a la práctica.

Un tema que veo de gran importancia en la ley es la parte de la gestión de infraestructura, en específico la municipal. Muchos de los temas que la ley marca ya se tratan en reglamentos locales o se manejan en los discursos de ejecución de obras.

Calles completas, accesibilidad, jerarquía de movilidad, ciclovías, escala humana no es algo nuevo.

Pero que se conozcan los temas no quiere decir que se ejecuten correctamente.

La falta de estándares de calidad al ejecutar obras públicas, falta de empatía con los usuarios, presión por finalizar una obra y recursos limitados que siguen siendo aplicados con prioridad al enfoque automovilista da como resultado obras que en lugar de favorecer la seguridad la pueden dejar peor.

Una rampa de accesibilidad mal aplicada, falta de señalética en calles, incorrecta aplicación de colores en los cruces de una ciclovía, la mala ubicación de una parada de transporte o la falta de mantenimiento físico y la impunidad en el cumplimiento del reglamento de tránsito en una calle peatonal son algunos ejemplos de lo que al realizarse inadecuadamente, en lugar de ayudar a salvar vidas las pueden poner en riesgo. Estas cosas suceden, lo hemos visto en muchas ocasiones, siempre buscamos la forma de hacer las observaciones a quienes las realizan, sin embargo al señalar las fallas es común escuchar justificaciones como: “es con lo que contamos”, “lo sabemos pero no teníamos material”, “había que salir en los tiempos marcados” ó “Ya después se corregirá” (cosa que rara vez sucede) .

Este me parece el reto más importante de esta ley. Que al llegar a la gestión de infraestructura por parte de los municipios se cuente con los candados necesarios para que estándares de calidad se cumplan y se logren los objetivos de generar infraestructura segura a los usuarios del espacio público y de no ser cumplidos , se ejerzan sanciones.

Y lo anterior no lo cerraría únicamente al trabajo de obra pública municipal. Hay también un reto importante para los departamentos de Desarrollo Urbano con la construcción privada, que olvida integrar a sus proyectos el espacio público marcando diferencias entre lo que está al interior de un predio, cómo si los usuarios de la obra jamás usaran el exterior, especialmente en zonas preexistentes, en las que se promueven proyectos que generen mayor número de peatones cómo son los proyectos para El Centro de Monterrey.

Así es esta ciudad, así la hemos construido y en nosotros está también cambiarla. No será sencillo pero lo que vale la pena rara vez es fácil.

Hoy somos un estado, y en específico “Un área metropolitana”, con un alto número de hechos viales en los que se pierden vidas a pesar de contar con infraestructura, reglamentos y programas de prevención. 

Mi conclusión es que no hay ley que por sí sola salve vidas. Para que se salven vidas se requiere de una ley clara y precisa y ésta lleva buen camino, procesos auditables que ayuden a que la ejecución de la ley no pierda en el camino el espíritu para el cual fue hecha, reglamentos en los que quepa la certeza que sus usuarios han entendido y serán verdaderamente cumplidos y de ser necesario se sancione debidamente, pero sobretodo se necesita de ciudadanas y ciudadanos conscientes que al seguir reglas de convivencia en las calles se convierten en agentes de seguridad . Las vidas no se salvan por escrito, se salvan con actos.

Texto Presentado por Eduardo Quintanilla, representante de la Organización La banqueta se respeta en el Foro Regional de la Ley General de Seguridad Vial realizado en Monterrey el 4 de Marzo de 2019.

No hubo homicidios en 15 estados ayer, informa AMLO

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de ayer no hubo homicidios en 15 estado de la República, esto de acuerdo a los datos recopilados por su gabinete de Seguridad.

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro,San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no registraron ningún homicidio, aseguró López Obrador.

De acuerdo con el reporte diario que recibe el gobierno de fiscalías estatales y dependencias sobre incidencia delictiva, ayer hubo 62 asesinatos.

Chihuahua y el Estado de México fueron las entidades con más delitos, 10 y 9, respectivamente. Le siguen Guerrero con cinco; Baja California, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tamaulipas con cuatro; Puebla con tres; Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas con dos; y Coahuila uno.

“Nosotros estamos desde las 6 de la mañana, ya se hace pública (la lista de incidencias), va por estado, pero todos los días esta es nuestra preocupación”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño aseguró que el plan para combatir la inseguridad esta funcionando y espera que con la Guardia Nacional haya mejores resultados.

#ContraPortada: “Es ‘el Bronco’ el Peor Gobernador del País”

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Una encuesta nacional reciente ha colocado -por segunda ocasión- al gobernador de Nuevo León como el peor evaluado del país. Lo hace en una época donde el Estado padece un gobierno ausente, sin resultados tangibles y donde la crisis permea en muchas áreas de la vida cotidiana del nuevoleonés.

¿De qué tamaño es el mensaje de ésta encuesta? Te lo explico:

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca [47.8%] que comanda un Estado atrapado desde hace varios años por el narcotráfico y en donde incluso autoridades de otros gobiernos han recomendado no visitar varias de sus ciudades por el peligro que esto conlleva, lo supera con una aprobación cinco veces mayor a la que tiene en estos momentos Rodríguez Calderón. 

Incluso, el polémico futbolista y ahora gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco [12.8%] ésta un 3.3%  por encima del mandatario nuevoleonés en la aprobación de su gobierno aún en los pocos meses que ha estado al frente y pese a contar con un gabinete que no goza de experiencia y capacidad.

Son muchas las demandas que hoy tiene molestos a los ciudadanos de Nuevo León, propuestas de campaña que están lejos de cumplirse y un gobernador que pasó de la cercanía al ausentismo en tan solo unos años.

El ineficiente plan [si es que existe] contra la contaminación que hoy respiramos todos los días y que han causado más de 1, 200 muertes se han convertido en uno de los clavos más grandes del ataúd al que está sometido el gobernador.

Una crisis de inseguridad que se percibe en las calles y que es imposible ocultar convirtiendo al 2018 como el año más violento de los últimos 6 años, superando los 800 homicidios dolosos y ocupando en diversos momentos el #1 lugar en feminicidios a nivel nacional con más de 90 por año. Además de la poca confianza que los ciudadanos tienen en Fuerza Civil y en las policías municipales, en quienes ven un enemigo más y no un protector de su patrimonio y calidad de vida.

El pésimo servicio del transporte público y el inevitable aumento de sus tarifas, además del reciente incremento a los impuestos vehiculares.

Se suman a una fallida campaña presidencial en la que siempre estuvo lejos de ser presidente y, además, acabó por enterrar la figura independiente que él encabezaba y que resultó en las derrotas electorales de destacados independientes en el país como Pedro Kumamoto y Manuel Clouthier. 

Para nadie es sorpresa que ésta encuesta nacional lo nombre por segunda ocasión como el gobernador peor evaluado del país, se lo ha ganado a pulso ya sea por falta de capacidad o por una débil voluntad política.

Dicen que prometer no empobrece a los políticos, pero en el caso de “El Bronco” fueron sus propias promesas las que terminaron por cavar su tumba.

La raza paga, la raza manda…

Igualdad para todas

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Todos los días conocemos casos de violencia contra la mujer y pareciera que cada vez aumenta y se normaliza en nuestra sociedad, sin embargo, es este un problema que nos involucra a todos y que debemos de dejar de la hipocresía y simulación para actuar de forma contundente.

El que hoy en día en 2019 todavía sigamos discutiendo este tema, y en el que observamos claramente que el Estado mexicano y las instituciones no han sido capaces de garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres, es verdaderamente desconcertante. Urge la implementación de políticas públicas en todos los niveles de gobierno para garantizar que las mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades que los hombres, y más aún, que se les garantice su libre traslado y desarrollo con completa seguridad. 

Estos temas nos obligan a analizar las políticas públicas y acciones que se están implementando en nuestra comunidad las autoridades, podemos observar a un Instituto Estatal de las Mujeres que se queda muy corto a las demandas y necesidades que la ciudadanía requiere. Las mujeres de Nuevo León deben contar con un instituto que realmente atienda y resuelva sus problemáticas, cercano a la comunidad y que construya de la mano con la gente. Por otro lado, en el municipio de Guadalupe que cuenta con alerta de género y teniendo a una mujer como alcaldesa, se limitan a lanzar una aplicación para celular, que costó miles de pesos, llamada “Mujer Segura”, a la cual claramente no todos los ciudadanos tienen acceso a estas herramientas móviles, y lejos de realizar políticas públicas para evitar que se sigan suscitando actos de violencia contra la mujer, la reacción del gobierno municipal es lanzar esta aplicación.

Ante la mediocre reacción de las autoridades e instancias correspondientes de atender esta problemática, la ciudadanía organizada debemos cuestionar ampliamente las acciones que se están implementando por parte de las diferentes dependencias del Gobierno del Estado y los municipios para prevenir la violencia de género, porque es un hecho que existe personal, dependencias y programas que son pagados con el dinero de los ciudadanos y que claramente no está dando resultados de raíz. Debemos poner a las instituciones al servicio de la ciudadanía. 

Como sociedad debemos entender que este es un problema real y que nos afecta a todos, y en el momento en que exijamos a las autoridades que hagan su trabajo en este tema, pero también en el momento en que pongamos de nuestra parte para cambiar esta lamentable realidad cultural en nuestro país y estado, vamos a vivir en una mejor sociedad donde se garantice la igualdad de oportunidades a todas y todos.