En México hay 60 ejecuciones por día: Semáforo Delictivo

Comparte este artículo:

La organización Semáforo Delictivo informó este martes que entre enero y junio de 2018, que el crimen organizado perpetró 11 mil 241 ejecuciones, siendo un promedio de 60 al día.

Santiago Roel, director de la organización no gubernamental, afirmó que la cifra representa un aumentó del 28% en comparación con el mismo periodo de 2017, que el número de ejecuciones sumó 8 mil 791.

Roel, destacó que el número representa un récord histórico para un periodo idéntico.

“No son buenas noticias, tendría que pasar algo extraordinario, que no lo vemos, par que esto se revierta en el año. No se trata de homicidios ordinarios uno de ejecuciones para defender territorios de venta de drogas. Son pleitos de mafias de las drogas por territorios”, dijo el directo de Semáforo Delictivo.

La entidad con el mayor número de ejecuciones durante el primer semestre fue Guanajuato, con mil 241 casos, le siguen Baja California, Guerrero, Michoacán y Veracruz.

“Con plata o plomo, las mafias se han adueñado de las ciudades de México y han colapsado el Estado de Derecho”, dijo el consultor.

Aunque no existe una cifra oficial pública sobre este tipo de ejecuciones, Semáforo Delictivo las contabiliza a través de una metodología propia de Lantia Consultores.

Roel añadió que los feminicidios aumentaron 15%, el narcomenudeo, 37%, el robo de vehículo 5% y la violación 3%.

(Con información de Grupo Reforma)

Lozoya le pone trabas a industria de fertilizantes: Reforma

Comparte este artículo:

Hoy en su primera plana el Periódico Reforma pública la manera en la que el ex Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, puso trabas a la industria de fertilizantes en México, además de afectar al erario público al adquirir la planta de chatarra de Agro Nitrogenados, en la que se ha gastado al menos 473 millones de dólares.

En el 2013 Pemex volvió a la producción de fertilizantes amoniaco-urea, esto durante la gestión de Lozoya, la petrolera mexicana clasificó como competidores a los demás productores y canceló la renta de una terminal a la empresa Proman, con lo que se puso en juego una inversión de 5 mil millones de dólares de la compañía alemana-suiza-

“Pese a que se tenían pláticas avanzadas, cuando ellos incursionaron en el mercado de los fertilizantes, a partir de ese momento, ya no tuvimos acceso.”, dijo Arturo Moya, representante de Proman par América Latina, y que señaló que en el 2011 entró en pláticas con Pemex por instalaciones en Topolobampo, Sinaloa.

“Hoy ya estaríamos construyendo la planta y estaríamos teniendo amoniaco para ofertar al País a finales del 2019, ahorrando así cientos, por no decir miles de millones de dólares en importaciones”, agregó Moya.

Inicialmente la paraestatal mexicana vio con agrado el proyecto, pero una vez que entro la administración de Enrique Peña Nieto, Pemex anunció la compra de la planta de chatarra de Pajaritos, Veracruz, misma que hoy sigue sin producir y la se sigue importando casi todo el producto.

(Con información de Grupos Reforma)

Fepade reporta 17 detenidos por delitos electorales

Comparte este artículo:

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que este domingo ha recibido un total de 324 denuncias y ha detenido a 17 sospechosos por supuestos ilícitos relacionados con los comicios.

Según un reporte actualizado por la dependencia a las 15:00 horas, en Puebla hay 127 denuncias; en la Ciudad de México, 51; en el Estado de México, 46; en Chiapas, 38; en Oaxaca, 29; y Veracruz, 25.

Indicó que desde el jueves, en que inició la veda electoral, y hasta esta tarde, se han presentado mil 106 denuncias por probables delitos electorales en todo el país, pero de ellas un total de 640 corresponden al fuero común, es decir, a Procuradurías estatales.

“La Fepade reitera a la ciudadanía que ante cualquier conducta que afecte de manera negativa el proceso electoral o en su caso los derechos políticos y electorales, presente su denuncia en cualquiera de las 32 procuradurías y fiscalías especializadas del país, en las delegaciones de la PGR, o por vía telefónica”, apuntó.

“Toda conducta que pretenda coaccionar, condicionar o comprometer el voto libre de las personas debe ser denunciada ante las autoridades; del mismo modo, todo acto contra la organización del proceso electoral, sus materiales o que obstaculice de forma deliberada la votación de la ciudadanía“.

Agregó que también es importante que la población denuncie otro tipo de conductas delictivas ante las autoridades ministeriales que, sin ser delitos electorales, sí afectan el Estado de Derecho, la vida o el patrimonio de las personas.

Fepade registra 74 denuncias y 6 detenidos

Comparte este artículo:

Esta tarde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que desde el jueves que inició la veda electoral se han registrado 460 denuncias, pero durante la jornada electoral de hoy, solamente 74 denuncias y se han detenido un total de 6 personas en todo el País.

El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo que la mayor incidencia de delitos la concentran cuatro estados y las conductas más denunciadas son el robo de credenciales y la compra de votos.

“Del día de hoy llevamos aproximadamente 74 denuncias, los delitos son la compra del voto, retiro de credencial, han encontrado algunas personas con credenciales y algunos actos de violencia. Los estados que tienen la mayor incidencia son Estado de México, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. A la fecha tenemos seis detenciones, también se han hecho detenciones por parte de las fiscalías locales”, dijo Díaz.

Al funcionario se le cuestiono sobre si los detenidos tenían afiliación con algún partido político, a lo que aclaró que los delitos electorales lo hacen personas y no directamente quienes están vinculados a partidos políticos.

“Desde el jueves a la fecha, del operativo que nosotros montamos, hemos recibido 460 denuncias; comparándolo con elecciones pasadas, estamos un poco menos de la media algunos incidentes si son diferentes a los otros. Hemos visto cosas que ustedes han señalado sobre robo de papelera electoral, algunos temas de violencia, pero hay que decirlo, que estamos muy bien coordinados con las autoridades federales, las secretarías estatales, y hemos atendido las denuncias que se han presentado”, respondió el titular de la Fepade.

En cierre, AMLO promete erradicar la corrupción

Comparte este artículo:

El candidato a la Presidencia de México por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, prometió erradicar la corrupción durante su cierre de campaña en el Estadio Azteca, en el evento que fue denominado el “AMLOFEST”.

En el evento, López Obrador estuvo acompañado por el candidato a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García, candidato a la gubernatura de Veracruz, Carlos Lomelí de Jalisco, Miguel Barbosa, por Puebla y Claudia Sheinbaum, que va par ala jefatura de la Ciudad de México y que abrió el cierre de campaña. Además, el morenista, fue acompañado por su esposa Beatriz Müeller, sus hijo mediano Andrés Manuel López Beltrán y la dirigente de Morena, Yeidckol Polenvsky.

Durante su discurso que duró una hora, AMLO, se comprometió como ya lo hiciera durante la campaña a erradicar la corrupción, además de quitar los privilegios en el gobierno.

“Nadie gozará de impunidad. Y esto me incluye a mí, a familiares, colaboradores, y a los amigos. Se acabará el influentismo”, subrayó.

Cabe mencionar que el tres veces candidato hizo su cierre de campaña en el mismo lugar donde Felipe Calderón hizo el suyo en el 2006 y Enrique Peña Nieto en el 2012.

 

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción de Nuevo León

Comparte este artículo:

El Sistema Anticorrupción delineado en la Constitución Política es estructuralmente complejo: Un entramado de órganos que deben estar coordinados entre sí para prevenir, combatir y castigar la corrupción en México. De los tres modelos de instituciones anticorrupción posibles, es decir, a) el de múltiples objetivos pero con facultades para hacer cumplir la ley, b) el exclusivamente con facultades de cumplimiento de la ley y c) el que cuenta con facultades de políticas preventivas y de coordinación, en nuestro país creamos un cuarto modelo: el modelo de la muñeca rusa.

En efecto, el Sistema Anticorrupción contempla la difícil coordinación de órganos y poderes encargados de la investigación y sanción penal y administrativa, de la fiscalización y auditoría, del acceso a la información, y de la creación, implementación y evaluación de políticas públicas de prevención. En Nuevo León contamos ya con algunas de las nuevas piezas de la matruska anticorrupción: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En breve, tendremos en operación un muy importante órgano del Sistema: el Comité de Participación Ciudadana (CPC Nuevo León). La designación de las personas que integren el CPC Nuevo León completará la creación del Comité Coordinador del Sistema. Sin embargo, aún faltará un órgano más, me refiero a la Secretaría Ejecutiva del Sistema.

Como puede apreciarse de este breve recuento, por ahora hemos estado centrados en completar la fase estructural del sistema (integración de órganos y nombramiento de servidores públicos), sin embargo, no hemos debatido respecto a algo de vital importancia para la definición de las políticas públicas anticorrupción: Las implicaciones negativas que tiene la corrupción en el disfrute de los derechos humanos.

Este enfoque toma especial importancia en Nuevo León dado que, como mencioné anteriormente, estamos a pocos días de que se integre uno de los órganos más importantes del sistema, el CPC de Nuevo León. Desde mi perspectiva, las personas que integren este órgano, no sólo deberán abordar la política anticorrupción en nuestra entidad desde una perspectiva punitiva, sino, sobre todo, desde una de índole preventiva. Para esto deben incorporar en el núcleo de su actuación el enfoque de derechos humanos.

¿Por qué debe el CPC de Nuevo León adoptar como una de sus dimensiones de análisis este enfoque?

Primero, porque existe suficiente material doctrinal que sustenta las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute los derechos humanos. En efecto, la corrupción tiene las siguientes consecuencias: a) consecuencias negativas individuales, como cuando se da acceso discriminatorio a un servicio público; b) consecuencias negativas colectivas, por ejemplo, cuando se excluye a personas pobres del acceso a bienes y servicios prestados por la administración pública; y c) consecuencias negativas generales, porque la corrupción reduce los recursos disponibles para la progresiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la primera dimensión, consecuencias negativas individuales, es de resaltarse que “en 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares.” Un ejemplo de la segunda dimensión, consecuencias negativas colectivas, y con una afectación al derecho a la salud de personas en situación de vulnerabilidad, es el trágico caso de niños en Veracruz a quienes se les administraba agua destilada en lugar de recibir sus quimioterapias para el cáncer que padecían. La tercera dimensión, consecuencias negativas generales, puede fácilmente apreciarse racionalizando todo lo que podría haberse hecho para el desarrollo del país de no haberse capturado fondos públicos para beneficio privado.

Segundo, porque México es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y, por ende, está obligado a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar eficaz y eficientemente la corrupción. 

Desde esta perspectiva, las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y el deber de los Estados antes señalado, ha sido reconocido recientemente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En este caso, la Corte Interamericana concluyó que la debilidad institucional de los órganos de control y una norma flexible e inadecuada facilitó la formación de redes y estructuras de delincuencia y corrupción que propiciaron ilegales adopciones internacionales de niñas y niños guatemaltecos, con lo cual se violaron los derechos a la vida familiar y a la protección de la familia, derechos del niño, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas en ese caso. Esto reafirma las consecuencias negativas que tiene la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos.

Sin duda, las políticas anticorrupción y la protección de los derechos humanos deben ir de la mano, tal como ha sostenido el panel de expertos que convocó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para discutir este tema.

Sostengo que la política anticorrupción en Nuevo León debe incorporar este enfoque porque, como ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2013: La corrupción mata; la corrupción impide el desarrollo; la corrupción golpea primero y con más fuerza a los pobres; la corrupción fomenta la impunidad y debilita el estado de derecho.

El enfoque de derechos humanos en la política anticorrupción, por ende, debe contemplar al menos los siguientes aspectos: i) la relación entre corrupción y discriminación; ii) la vinculación entre corrupción y pobreza; iii) la inclusión de grupos vulnerables en el monitoreo de servicios y bienes que más les afectan; iv) una metodología de análisis de adquisiciones públicas centrada en los resultados y el contenido, más que en el procedimiento; v) la coordinación con las autoridades competentes para establecer la relación entre corrupción política y vulneración de derechos humanos; vi) el análisis de cómo es que la corrupción afecta tanto la calidad de los servicios como la forma en que se distribuyen, especialmente con las categorías de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, y adaptabilidad; vi) la incorporación de la perspectiva de género. Para todo lo cual, se debe identificar el marco de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano.

En suma, para el diseño de políticas públicas de prevención en el Sistema Anticorrupción de nuestro país y de nuestro estado es imprescindible un enfoque de derechos humanos. Los órganos del Sistema Anticorrupción en Nuevo León, en ese sentido, deben dar ejemplo al colocar en el centro de las políticas anticorrupción a las personas y el disfrute de sus derechos humanos. Solo esperemos que la complejidad de operación de la muñeca rusa no sea un obstáculo para incorporar este enfoque en la prevención, combate y sanción de la corrupción en nuestro estado.

2 mil 805 boletas son robadas en Veracruz

Comparte este artículo:

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes, informó esta mañana que 2 mil 805 boletas fueron robadas en Coatzacoalcos, Veracruz, presuntamente por un grupo armado.

“Por lo que hace al INE, vamos a identificar cuáles fueron los folios de las boletas que fueron sustraídas para ordenar inmediatamente su reimpresión y reponerlas exactamente como son y se va a recomendar que para las nuevas los representantes de los partidos políticos pongas su rúbricas en ellas”, dijo el delegado.

De acuerdo a las autoridades electorales del estado, mil 683 boletas eran de la elección federal, mientras que mil 122 papeletas de los comicios locales, pero confiaron que todo quedará reimpreso a la brevedad posible.

Además informaron en conferencia de prensa que interpondrán las denuncias correspondientes ante la Fepade y que solicitaron un reforzamiento de vigilancia al Gobierno del Estado.

Representantes de Morena y del PAN denunciaron que un sujeto armado que era acompañado por otras personas también con armas arribó aproximadamente a las 9 horas al dominio donde se instalaría esa casilla y robó las boletas.

(Con información de Grupo Reforma)

Anaya asegura que PRI y Gobierno Federal le tienen miedo

Comparte este artículo:

El candidato a la Presidencia por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, aseguró que el PRI y el Gobierno Federal tienen miedo de que el llegue a la Presidencia, y que con toda razón, debido a que una vez que el gané se investigara la corrupción en el gobierno Enrique Peña Nieto.

Durante su discurso de cierre de campana en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, Anaya, aseguró que durante esta campaña el “régimen priista utiliza de manera ilegal y facciosa a las instituciones como nunca había ocurrido en la democracia reciente de nuestro país”.

“Saben porque nos ataca el régimen de Peña Nieto por que nos tienen miedo, y nos tienen miedo con toda razón, porque cuando sea presidente de México habrá una fiscalía que investigará al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción de este sexenio, no quedará impune lo ocurrido en Ayotzinapa”, manifestó el panista ante miles de personas que se dieron cita en el cierre de campaña.

Anaya, también destacó que las coaliciones electorales han permitido que se acabe con la impunidad como ocurrió en Veracruz y Quintana Roo, donde los ex gobernadores priistas están actualmente tras las rejas.

Junto al presidenciable, la candidata a la Jefatura de la CDMX, Alejandra Barrales, también hizo su cierre de campaña.

Detienen al ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel N

Comparte este artículo:

Luis Ángel N, ex fiscal de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, fue detenido este domingo en la Ciudad de México tras contar con una orden de aprehensión por desaparición forzada.

“A través de un operativo de inteligencia implementado por la Fiscalía General del Estado en la Ciudad de México, policías ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión del ex Procurador General de Justicia y ex Fiscal General del Estado Luis Ángel N, como consecuencia del mandamiento judicial obtenido en su contra por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el pasado 11 de mayo del año en curso.”, indica un comunicado emitido por la Fiscalía General de Veracruz.

El pasado 28 de mayo, a petición de las autoridades mexicanas, la Secretaría General de Interpol emitió una ficha roja para que Luis Ángel N fuera buscado en más de 190 países.

La orden de aprehensión en contra de Luis Ángel N fue girada el 11 de mayo. El caso por el que se le acusa es la localización, en 2016, de 19 cuerpos en La Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, de los cuales, la Fiscalía solo reportó seis y desapareció a los 13 restantes.

El delito que le imputan al ex funcionario es su probable intervención “en la desaparición forzada de personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión se eludieran de la acción de la justicia“.

La Fiscalía General del estado de Veracruz asegura tener datos que acreditan que el ex funcionario ordenó, durante su gestión, al personal bajo su mando ocultar y alterar el hallazgo de los 13 cuerpos, localizados en la barranca de La Aurora, en Emiliano Zapata, Veracruz.

Con relación al caso de desaparición forzada al cual se vincula a Luis Ángel N se encuentran detenidos al menos 20 policías que trabajaron bajos su gestión y durante la administración de Javier Duarte. Además de la ex directora de Investigaciones Ministeriales, María del Rosario N; el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo N, y el ex director de la fuerza Civil, Roberto N.

Otros dos funcionarios que se encuentran detenidos por su presunta participación en el mismo caso son el ex director general de Servicios Periciales, Gilberto N, y la ex delegada regional de la  Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota N.

Luis Ángel N fue el último procurador que trabajó para la administración de Javier Duarte quien lo eligió también como titular de la Fiscalía. Sin embargo el ahora detenido renunció a su puesto cuando el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, asumió el poder.

 

Ya son 110 los políticos asesinados en estas elecciones

Comparte este artículo:

Estas elecciones marcarán un precedente en México, no sólo por la importancia política que tendrán con los más de 3 mil 400 cargos públicos a elegir (entre ellos presidente y Congreso), sino por la sangre que se ha derramado en nombre del poder.

Resulta que hasta el viernes 31 de mayo, el número de políticos y candidatos asesinados en México, desde que inició el proceso electoral, tenía una cifra de 105 muertos, sin embargo, sólo en 48 horas se sumaron cinco asesinatos más. Con esto el número de políticos asciende a 110 con 25 días aún por delante hasta las elecciones.

En las últimas horas, las autoridades de Puebla confirmaron el asesinato de Juana Iris Maldonado, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputada por el distrito 2 en Huauchinango. Durante el ataque a la candidata también falleció Érika Cázares, regidora de Salud del municipio de Juan Galindo.

Por su parte en Oaxaca, se dio a conocer que Pamela Terán Pineda, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a segundo concejal y regidora con licencia en Juchitán de Zaragoza, fue privada de la vida junto con su chofer.

Las autoridades oaxaqueñas no descartan que la razón del ataque sea la venganza, pues la candidata era hermana de Juan Terán, líder de una célula criminal en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Otro de los asesinatos este fin de semana se dio en Quintana Roo, donde fue hallado muerto Miguel Loo Calvo, representante del distrito 4 por el PRI. En este caso el funcionario había sido secuestrado y unas horas después del plagio, se encontró su cuerpo dentro de una camioneta que estaba frente a la unidad habitacional del Infonavit en la región 103.

Aunque pareciera que hay un «asesino de políticos» suelto por ahí, la realidad es que la forma en la que murieron los funcionarios públicos es distinta en cada caso. Armas de fuego, calcinados o incluso cuerpos que fueron encontrados desmembrados, como el caso del regidor de Jolalpan, Puebla, Jaime Rodríguez, se han presentado a lo largo y ancho de todo México.

Aunque los asesinatos de políticos se han llevado a cabo en casi todo el país, la realidad es que el mayor número de casos se ha registrado en Guerrero, donde a poco más de seis meses de iniciar el proceso suman 22 muertes. Le sigue Oaxaca con 17 muertes, Puebla con 11, Veracruz con 8, Estado de México con 7 y Chihuahua con 5.

Todos los colores e ideologías se han visto afectadas por la violencia, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el que ha sido más afectado con 33 asesinatos.

Por su parte, los integrantes del PRD suman 18 muertes; 13 contra políticos del Partido Acción Nacional (PAN), 8 de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y 6 de Movimiento Ciudadano (MC).

El más reciente informe de la Unidad de Análisis en Riesgos de seguridad de Etellekt Consultores reveló que desde el inicio de la campaña política en México se han registrado 180 agresiones globales, de ellas el 72 por ciento ha sido contra candidatos y precandidatos de oposición, mientras que 112 aspirantes permanecen bajo amenazas y actos de intimidación.

El informe indica que la violencia se expande a nivel municipal abarcando un total 252 municipios de México. Estos datos convierten a este proceso electoral en el más violento en la historia del país.