Ordena INAI a AMLO revelar motivos de la renuncia de Medina Mora

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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, dar a conocer las causas de la renuncia de Eduardo Medina Mora a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador tiene un plazo de 10 días para entregar dicha información.

La decisión del INAI es resultado de un recurso de revisión contra las respuestas del Senado y la Presidencia de la República, en el que manifestaron no conocer la carta de renuncia de Medina Mora.

Fue en el mes de octubre cuando el ministro de la corte renunció a su cargo, tras la renuncia la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que lo investigaba por presunto lavado de dinero.

AMLO asegura que El Chapo tenía representantes en el gobierno

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En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Joaquín “El Chapo” Guzmán tenía representantes en el gobierno.

“No es que Guzmán Loera estuviese en Palacio o en Los Pinos, pero tenía representantes en el gobierno, eso es gravísimo, pero el conservadurismo se sigue dando baños de pureza porque así son, van a misa y olvidan los mandamientos, van a la Iglesia, comulgan, confiesan para dejar en cero el marcador y el domingo vuelven a lo mismo”, indicó.

El Mandatario ironizó al indicar que “la única prueba” con la que cuenta para asegurar que  “El Chapo” tenía el mismo poder que el Presidente, es la aprehensión de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.

“Nada más esa prueba, nada más que el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha de Calderón, porque sí estuvo con Fox y con Salinas, viene desde antes, pero mano derecha de Calderón está acusado de proteger a una organización delictiva, ¡esa es la prueba!, falta que se lo demuestren, pero ahí está ese indicio, y que de la noche a la mañana se enriquecen, ¿quién pompó las casas y los departamentos? Como diría mi paisano Chico Ché,” dijo.

AMLO dijo que no le importa que lo critiquen por ser directo, ya que prefiere ser “tajante cuando digo que el 90 por ciento es honestidad y lo demás la experiencia”.

Indicó que a los conservadores “les mueve todo cuando lo digo, porque en su concepción la honestidad es secundaria”, y que el caso de García Luna es prueba de las consecuencias que deja para un país la falta de honestidad en sus funcionarios.

 

Con información de Grupo Milenio. 

 

Desea AMLO suerte a Andy Ruiz

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El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó “lo mejor” al boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. en su pelea del sábado en Diriyah, Arabia Saudita contra el británico Anthony Joshua.

“Andy Ruiz, tocayo, te deseo lo mejor mañana en Arabia Saudita en tu pelea por el título de peso completo; representas a una nación, a nuestro querido México”, comentó el Mandatario en un video que difundió en sus redes sociales.

Ruiz, de 30 años, derrotó por nocaut técnico a Joshua y arrebatarle las coronas AMB, OMB y FIB, en una pelea celebrada en Nueva York. Esta victoria fue una de las grandes sorpresas en la historia del boxeo, por lo que Ruiz se reunió con AMLO en Palacio Nacional después de su pelea para ser felicitado.

 

Con información de Chicago Tribune. 

 

Emma Coronel niega que se vaya a divorciar del “Chapo”

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Emma Coronel, esposa del reconocido narcotraficante y ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “el Chapo” Guzmán, aseguró que no se va a divorciar del capo ahora que pasara el resto de su vida en prisión, respondiendo “no será tan fácil que se deshaga de mi”.

En una instastory en su cuenta en la red social Instagram, uno de sus seguidores la cuestión sobre por este tema:

“Ahora que tu esposo esta en donde está, ¿te vas a divorciar de él?”, preguntó el usuario.

Ante esta pregunta Coronel respondió: “no se va a deshacer de mi tan fácil”, por lo que rechazó alguna intención para divorciarse del “Chapo”.

El pasado 17 de julio, un juez federal de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua a Guzmán Loera, luego de ser encontrado culpable de crimen organizado, uso de arma de fuego, conspiración para blanquear dinero, distribución de droga, entre otras.

¿Ambientalistas o políticos?

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El Norte en su versión .com nos tuvo muy entretenidos este domingo, con una foto en la cual aparecen juntos auténticos y falsos ambientalistas, todos en defensa de la Sierra de Picachos, o será más bien en desafío contra el gobierno independiente del Bronco Rodríguez. Consta que me parece muy loable el motivo de la reunión que y soy un defensor de proteger esta reserva natural de las depredaciones futuras en nombre de la explotación de pedreras. 

Pero me parece que juntar tantos voceros inverosímiles acaba peligrando la defensa de una causa tan buena, poniendo en duda la autenticidad de los defensores. ¿Desde cuando el diputado “ejidatario” Paco Cienfuegos ha sido un ambientalista? ¿Este era su propósito cuando adquirió terrenos en Mina atendiendo la invitación de Rodrigo Medina?  ¿Será compatible defender la Sierra de Picachos y agredir la península de Yucatán con el seudo Tren Maya que destruirá miles de hectáreas de bosques dizque para transportar carga entre Chetumal y Campeche con el respaldo de los diputados de Morena? ¿Cuál carga? 

El principal común denominador de los políticos presentes era su protagonismo para la elección para gobernador de Nuevo León de 2021. Todo se vale. Pero los ambientalistas no deberían caer en las trampas de la política y menos en las trampas de los políticos. Hay apoyos que debilitan. Ser selectivo en sus amistades puede ser útil. 

Dicho esto, ojalá tengan éxito en la defensa de la Sierra de Picachos. Y si alguno de los políticos de la foto fuera contendiente para la gubernatura, esperaremos que no caiga víctima de las sirenas ( $$$) de las pedreras. Le recordaremos la foto del día 12 de mayo del 2019. 

PD. ¿Para qué seguir opinando sobre el asunto del Transporte Público en el área metropolitana de Monterrey si el Secretario de Gobierno no tuvo las agallas para presentarse al programa de Cambios para defender la propuesta de estatización del servicio? ¿Va en serio? ¿O es solamente una jugada para transferir el muertito al Congreso? El Congreso se va de vacaciones el miércoles, así que se lavará las manos. Y el Bronco seguirá echando culpas a otros sin asumir nunca la gubernatura que había ganado de forma tan espectacular y finalmente, tan inmerecida. Serán seis años perdidos para Nuevo León y para los nuevoleoneses. No para el Bronco y sus colaboradores que no saldrán con las manos vacías.

¿Algunos de los protagonistas “ambientalistas” de la foto del Norte tendrá una propuesta para solucionar el problema del Transporte Público que le tocará en caso de ganar la gubernatura? ¿Por qué no opinan al respecto? 

#ContraPortada: “Un Gobernador Escondido”

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Para nadie es novedad que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón ha sido totalmente ineficiente, un gobernador que generó altas expectativas y que poco a poco ha logrado derribarlas una por una. 

Pero si algo debíamos reconocerle es que siempre daba la cara, era entrón a los problemas y tenía respuestas a cada nuevo desafío que surgía. Hoy no le queda ni eso, tenemos un gobernador que está escondido en algún rancho de Nuevo León.

Los problemas de seguridad lograron devolver el pánico y la sensación de miedo en Nuevo León. El 2018 fue el año más violento con más de 800 ejecuciones, 96 feminicidios, violaciones y homicidios dolosos prácticamente a diario. Jamás ha salido el gobernador a dar la cara, a explicar el problema, a atender soluciones o al menos a intentar explicar su estrategia [¿existe una?] fallida.

Las contingencias ambientales han causado que Monterrey sea la ciudad más contaminada del país y se encuentre dentro del top a nivel continental. 14 años ignorando el tema y hoy, en plena crisis ambiental, el gobernador no ha detallado una sola acción para combatir los daños ambientales que causan más de 3 mil muertes al año, sí, más que los homicidios relacionados al crimen organizado. 

Hoy el transporte público del Estado vive una severa crisis, los empresarios paralizaron el servicio y tienen sometidas a las autoridades que no ven otra solución más que aumentar las tarifas del transporte urbano. La estira y afloja ha sido desgastante y tiene al menos 8 meses de disputa, todo el golpeteo se lo ha llevado Manuel González, el secretario de gobierno quien ha enfrentado las exigencias de los transportistas.

Sumado a los meses en que se aventuró creyendo que podría ser presidente de México en una campaña que jamás levantó y que lo llevó a perder la totalidad de las casillas electorales del Estado, absolutamente ninguna de ellas lo dio ganador en Nuevo León.

Pareciera que el gobierno independiente vive sus últimos segundos, un gobernador totalmente desacreditado que ya va de salida. Pero no, le quedan aún poco más de dos años de una de las gestiones más grises de las últimas décadas.

¿Dónde está el gobernador? Una pregunta que quizá ni su familia pueda contestar. No, hoy en Nuevo León no tenemos gobernador.

#HojaDeRuta: “7 conclusiones de la elección en Nuevo León”

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La semana pasada abordamos 5 lecciones que dejó la elección presidencial. Esta ocasión la dedicaremos a analizar los efectos que dejó en el panorama sociopolítico de Nuevo León el reciente proceso electoral.

Nuevo León tiene invertidas sus elecciones respecto a lo nacional, es decir, cuando hay elecciones generales en el país y se elige presidente, a nivel local realmente son intermedias, pues tocan justo a la mitad del mandato de quien ostente la gubernatura. Por tanto, en 2021 la entidad vivirá una elección general al cambiar de gobernador, que coincidirá con la elección de medio término de la presidencia de AMLO.

Lo anterior es fundamental, ya que los resultados de esta elección delinean el estado de las fuerzas políticas con miras a la gubernatura que se disputará en 2021. Tomando esto en cuenta, ofrecemos las 7 conclusiones de la elección de 2018 en Nuevo León:

  • El efecto AMLO también fue evidente en el estado. Si bien Nuevo León fue el segundo “peor” estado para López Obrador en margen de triunfo -Guanajuato fue el único que perdió-, la realidad es que el virtual presidente electo subió en alrededor de 70% su votación con respecto a lo obtenido en 2012 en la entidad. La coalición que postuló a AMLO emergió como segunda fuerza en el congreso local, la pregunta es si seguirá unida. Juntos Haremos Historia consiguió la impresionante cantidad de 15 escaños, lo que le dará un enorme poder de negociación, siempre y cuando logre consolidarse como bancada. Existe el escenario de que PT y PES decidan jugar solos o incluso negociar con otras bancadas, sumando a esto el riesgo de divisiones al interior del propio Morena, que aún no ha terminado de madurar en su vida orgánica como partido local y tiene dentro de sí diversos grupos
  • El PAN queda como la fuerza política más fortalecida para enfrentar la elección de 2021. En primera instancia, recuperó Monterrey y Guadalupe, los dos municipios más poblados de la zona metropolitana, y mantuvo San Nicolás y Santa Catarina, aunque perdió San Pedro. Además será la primera fuerza en el congreso local con 16 escaños, apenas uno más que la coalición que encabeza Morena. Nuevo León se mantiene como uno de los estados donde el blanquiazul, a pesar de su guerra intestina, es competitivo, siendo parte del corredor Occidente-Bajío-Noreste que sigue mostrando preferencia por el voto conservador.
  • El PRI local sufrió las consecuencias del rechazo existente tanto hacia la marca como hacia la administración de EPN. Recibió duros golpes en todos los frentes: perdió los dos municipios metropolitanos más poblados; pasó de 15 diputados locales a 6; obtuvo un solo triunfo por mayoría a diputación federal y pasó de tener 3 escaños por Nuevo León en el Senado a ninguno. Tanto a nivel nacional como local, le espera una cirugía mayor de reconstrucción de reputación y estrategia política, pues resulta evidente que la fuerza territorial palidece ante el desprestigio de la institución
  • El Gobierno del Estado iniciará la segunda mitad del mandato aislado políticamente. El grupo político ligado al gobernador Jaime Rodríguez se encuentra debilitado en varios frentes: pagará el costo político de la decisión de contender por la presidencia; no tendrá un solo diputado(a) local para impulsar su agenda; no tendrá un solo diputado(a) federal para bajar recursos, tampoco senadores. Esto significa una notable anomalía a nivel nacional: es el único ejecutivo estatal que no tiene representación legislativa. Además, el gobernador se ha mantenido agresivo hacia AMLO tras la elección, desairando la primera reunión de la CONAGO con el virtual presidente electo y criticando algunas de sus medidas. Ninguna candidatura afín al grupo político del gobernador logró ganar municipios metropolitanos, manteniendo solo García. Lo anterior marca claramente un camino de negociación con alguna de las fuerzas políticas del congreso, o más precisamente, con algunas figuras de esas fuerzas políticas, mientras enfrenta problemáticas como el aumento de la inseguridad y la debilidad financiera de la entidad
  • El triunfo de Miguel Treviño en San Pedro puede significar el inicio de una nueva fuerza política. Este resultado, junto con la victoria de Samuel García al Senado, se convirtió en la novedad de la elección. El triunfo de Treviño resulta simbólico por lo que significa San Pedro a nivel local y nacional, además de ser una amalgama de panistas tradicionales desplazados con diversos liderazgos y organizaciones ciudadanas. El proyecto que se construya en San Pedro podría ser el génesis no solo de ciertas innovaciones en la gestión pública, sino en una fuerza política independiente distinta a la del gobierno estatal
  • La relación del gobierno estatal con la nueva administración federal tendrá un elemento clave en la figura de Judith Díaz, quien ya fue anunciada como “coordinadora” estatal, una suerte de súper-delegada que probablemente se convertirá en el enlace con las secretarías federales y los diputados federales, en particular para el presupuesto de egresos
  • Ya comienzan a perfilarse algunos posibles tiradores por la gubernatura en 2021: Por el PAN, Víctor Fuentes, Felipe de Jesús Cantú y Víctor Pérez. Por Morena, Judith Díaz y Tatiana Clouthier. Por el PRI, Clara Luz Flores, Pedro Pablo Treviño e Ildefoso Guajardo. Por MC, Samuel García. Por el grupo independiente del gobierno estatal, no hay un perfil claro todavía.

Los primeros desafíos de la Sala Anticorrupción en Nuevo León

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El pasado 1º de mayo, después de un proceso que involucró la cooperación del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción y del H. Congreso del Estado, inició su encargo como Magistrado el Licenciado Mario Treviño Martínez; posteriormente, el 15 de junio, se declaró formalmente el inicio de funciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (Acuerdo 2/2018 de la Sala Superior), la Sala Anticorrupción.

Esta Sala Especializada es producto de la reforma constitucional en materia anticorrupción del 2015 que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, configuró diversos órganos en la materia y determinó la obligatoriedad de replicar el modelo en las entidades federativas. Una de las partes importantes de la reforma consistió en distinguir las responsabilidades administrativas de los servidores públicos en dos tipos, las graves y las no graves. Para resolver las primeras, la reforma reconfiguró la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, en lo que nos interesa, ordenó a las entidades federativas que instituyeran Salas Especializadas en Responsabilidades Administrativas con competencia para establecer “las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves” (art. 116, fracción V de la CPEUM). 

Para cumplir con estas bases constitucionales, el H. Congreso del Estado reformó la Constitución Local, expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y modificó la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León. En suma, parecería que la escena está puesta para que inicie a funcionar la Sala Anticorrupción.

Advierto, sin embargo, al menos tres desafíos con los que deberá enfrentarse la referida Sala: i) la transferencia de asuntos a la Sala Anticorrupción que no caen estrictamente dentro de su ámbito de competencia; ii) la complejidad técnica jurídica de decidir cuál ley de responsabilidades aplicará para los casos nuevos que conozca: la anterior a la reforma anticorrupción o la ley general, toda vez que el Congreso aún no adecua la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y iii) eventualmente, cuál será la decisión que se seguirá respecto de los 570 servidores públicos del Gobierno del Estado que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cometieron alguna irregularidad que amerita la sanción a través de la vía administrativa local. 

i).- Competencia vía acuerdo general

Recientemente, se publicó que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León reasignó a la Sala Anticorrupción de dicho órgano jurisdiccional todos los asuntos que sobre responsabilidades de los servidores públicos ingresaron durante  2016, 2017 y 2018 (El Norte, 23 de julio de 2018). Desde una perspectiva de eficiencia y especialización esto parece una buena idea, sin embargo, desde el punto de vista del derecho, la decisión plantea problemas jurídicos de competencia.

Esto es, la reforma constitucional de 2015 únicamente otorgó competencia a las Salas Anticorrupción para resolver vía sentencia las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves o que constituyan hechos de corrupción, cuyos expedientes les sean remitidos por la autoridades substanciadoras; pero no tienen competencia constitucional para conocer las revisiones jurisdiccionales que conforme a las leyes de responsabilidades anteriores son del conocimiento de los Tribunales de Justicia Administrativa hasta que ya se ha impuesto una sanción a los servidores públicos. Aun en el supuesto de que se quisiera justificar esta competencia con la reforma que tuvo la Ley de Justicia Administrativa este año (Periódico Oficial del Estado, 19 de enero de 2018), esto solamente sería posible respecto de los casos que se turnasen a la Sala Anticorrupción con posterioridad al 20 de enero, fecha en que entró en vigor esta reforma, pero no con relación a asuntos de 2016 y 2017 como se pretende justificar vía un Acuerdo General de la Sala Superior (3/2018).

ii).- Cuál ley aplicar

Uno de los principales problemas en el derecho es la selección de las normas que servirán para resolver un conflicto. La Sala Anticorrupción deberá enfrentar el desafío de decidir, para casos nuevos que le sean turnados, si los juzgará conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas o según la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, la cual, a la fecha, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional general de 2015 y local de 2017. Es cierto que este dilema se presentará en primer lugar en las autoridades de control interno que, conociendo de oficio o por denuncia, de presuntas irregularidades de servidores públicos, deberán ceñirse a una ley específica, a conductas calificadas como ilícitos administrativos por dicha ley específica y dentro de un procedimiento en particular. En todo caso, lo que deseo resaltar es que, cuando dichos casos lleguen eventualmente a su conocimiento, deberá resolver también si las decisiones tomadas por las autoridades investigadoras y substanciadoras fueron correctas; además, deberá tener en cuenta que entre los modelos de responsabilidades de los servidores públicos existen diferencias substanciales.

La magnitud de este problema fue reconocida por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando, vía una demanda de amparo, pretendieron obtener una sentencia en la cual se declarara que los Congresos de los Estados debían abrogar sus leyes de responsabilidades administrativas y solamente debían ceñirse a aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/Amparo-CPC-LERA-Versio%CC%81n-Pu%CC%81blica-PDF.pdf). Recientemente, un Juez de Distrito con residencia en la Ciudad de México falló en contra del CPC Nacional, y concluyó que:

es válido considerar que el cumplimiento de la obligación de adecuar la normativa local de conformidad con lo previsto en el decreto referido puede llevarse a cabo de diversas maneras, pues armonizar la legislación local con la general puede implicar adicionar, modificar o derogar disposiciones específicas de la legislación existente de la materia con el fin de ajustarlas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; hacer adecuaciones a otras normativas con el fin de implementar lo establecido en la última normativa mencionada; entre otras, lo que se efectúa atendiendo a las circunstancias específicas de cada entidad federativa. (Amparo Indirecto 1152/2017).

Es decir, el Juez de Distrito determinó que las legislaturas de los estados tienen libertad para adecuar, dentro de la plataforma mínima de la Ley General y según su propia realidad social, sus leyes locales. En este caso, el Congreso de Nuevo León ya adecuó lo relativo al órgano, y lo pertinente al procedimiento que seguirá según la Ley General, pero no está del todo claro respecto a las conductas ilícitas; quiero decir, no es del todo evidente qué conductas son las consideradas como irregulares, sobre todo si tomamos en cuenta que la Ley de Responsabilidades anterior aún está vigente, esto es, coexisten dos leyes con modelos substancialmente diferentes: la Ley General acorde al sistema anticorrupción y la ley que responde a la lógica previa a la reforma constitucional.

iii).- Los 570 

Finalmente, la Sala Anticorrupción deberá enfrentarse al que muy probablemente será el primer gran caso de su mandato constitucional: El caso de los 570 servidores públicos que según el Tribunal Electoral recabaron firmas de apoyo a la candidatura presidencial de Jaime Rodríguez durante el tiempo de sus jornadas laborales, con lo que incurrieron en conductas ilícitas de índole administrativa que deben ser sancionadas de acuerdo a las leyes del estado de Nuevo León.

En efecto, como se recordará, el pasado 21 de junio la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que 572 servidoras y servidores públicos, entre los que se encuentran personas que fungen o fungían como titulares de Secretarías de Estado, “…faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República (en contravención al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano)” (SRE-PSC-153/2018); el fallo fue comunicado a los superiores jerárquicos de los servidores públicos involucrados. Posteriormente, el 30 de junio, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó en esencia dicha resolución, absolviendo únicamente a dos personas, por lo que la cifra final de servidores públicos que incumplieron con el principio de neutralidad e imparcialidad contemplado en el artículo 134 de la Constitución es de 570 personas (SUP-REP- 204/2018 y acumulados).

Este caso, sin duda, será de alto impacto en nuestro estado, no solo por el número elevado de servidores involucrados, sino porque, tal vez como ningún otro, puede evidenciar, casi de forma didáctica, cómo es que el “abuso del poder para beneficio privado” (https://www.transparency.org/declaration/en), por regla general, se da en contextos de redes y no de forma individual y aislada.

Qué decisiones tome el titular de la Sala Anticorrupción a los desafíos antes descritos sin duda delinearán el alcance jurídico de sus facultades pero, tal vez más importante aún, permitirán confirmar o refutar si esta vía -las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos- será un camino eficiente en el combate a la corrupción e impunidad en nuestra entidad.

“Necesitamos a una gente como Bartlett” en la CFE: AMLO

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El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, defendió el nombramiento de Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque, subrayó, es una de las personas que desde hace más de 15 años ha defendido la industria eléctrica, incluso cuando era senador del PRI.

“Estamos tomando las decisiones que consideramos más convenientes para los mexicanos”, precisó el tabasqueño en un mensaje que dio esta tarde en su casa de transición en la colonia Roma, y señaló que en las críticas contra la designación de Bartlett no se está tomando en cuenta su “actitud positiva”.

“Él, desde hace 15 años, está defendido la industria eléctrica y hay constancia de lo que les estoy diciendo, desde que era senador del PRI, cuando empezaban con las privatizaciones (…) nada más que olvidan cosas. Cuando hay encono siempre se destacan cosas malas y no se cuenta la actitud positiva que tienen los funcionarios políticos”, puntualizó.

Los representantes de los medios de comunicación cuestionaron a López Obrador sobre el desacuerdo manifestado por Tatiana Clouthier, su ex coordinadora de campaña, por el nombramiento del ex secretario de Gobernación al frente de la CFE.

El futuro presidente de México expresó su respeto a la opinión de la ex panista y de los mexicanos que se pronunciaron en contra (por el papel que Bartlett jugó en las elecciones de 1988, cuando protagonizó el polémico episodio de la “caída del sistema”), pero dijo que no coincidía con ese punto de vista.

“Necesitábamos a una gente como Bartlett. Lo digo de manera respetuosa. Nosotros estamos actuando por un mandato que recibimos y que tiene que ver con acabar con la corrupción en el país. Los ciudadanos nos pidieron que se llevara a cabo un cambio verdadero y yo hice el compromiso de acabar con la corrupción y lo voy a cumplir”, recalcó.

López Obrador también mencionó que la CFE es una de las entidades del estado donde se registran los mayores casos de corrupción, junto con Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En el “periodo neoliberal”, añadió, se cerraron “de manera deliberada” las plantas de la CFE para comprar la energía eléctrica a empresas extranjeras a precios “elevadísimos”. “Todo eso se va a corregir y necesitábamos a una gente como Bartlett“, insistió.

Con esas decisiones, abundó, buscará que los conservadores no sigan saqueando a México.

“Entiendo que hay medidas que nos les gustan, los voy a respetar siempre, pero tenemos la obligación de acabar con la corrupción”, lanzó.

Finalizó: “Sí es importante el debate, sí es importante tratar estos casos y ojalá y nos comprendan. Vamos nosotros a continuar actuando de conformidad con el mandato que tenemos: acabar con la corrupción y los privilegios”.

Javier Corral arremete contra Meade

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El gobernador Javier Corral señaló que José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, es corresponsable por la corrupción política durante la Administración del ex gobernador César Duarte.

“A quien le dio muchos recursos fue a Duarte, eso sí. Nada más que nunca se reflejaron ni en inversión ni en crecimiento económico, ni en infraestructura”, señaló.

Cuestionado sobre a dónde fueron esos recursos, enfatizó que a la corrupción política.

“Lo que Meade (exsecretario de Hacienda y Crédito Público) debería estar preocupado es por el uso que Duarte le dio a los miles de millones que Meade le dio a Duarte en el último año de su Administración“.

Así respondió este viernes el mandatario panista luego de las declaraciones del precandidato ayer en Chihuahua sobre que el Estado se encuentra de cabeza.

“Sí tiene razón, nos lo dejaron de cabeza, un Gobierno inepto de su propio partido y de su amigo”, comentó Corral en entrevista con medios locales, luego de anunciar cambios en su Gabinete.

“Aquí su verdadero amigo, César Duarte, dejó al Estado no sólo de cabeza, lo dejó en bancarrota y en condiciones de latrocinio. Y lo estamos componiendo, lo estamos arreglando”.

Cuestionado respecto a que el abanderado de la coalición Todos por México expuso que Chihuahua salió adelante por el apoyo de la Federación, aseveró que Meade se muestra como un ignorante, no sólo de la historia, sino de lo que representa el trabajo de la gente.

“Que un precandidato presidencial hable de esta manera sobre lo que es el esfuerzo colectivo de los chihuahuenses y sus sectores, niega todo el currículum ese de maestrías y doctorados”, reviró.

“Ya lo negó de alguna manera con lo de ‘resolvido’, pero ahora confirma su profunda ignorancia sobre lo que realmente pasa en Chihuahua con esa declaración”.

Meade, añadió, resultó más priista que Manlio Fabio Beltrones.

“Es muy ignorante. Estoy cada vez más asombrado de lo desencanchado que anda Meade“, expresó.

En un mitin realizado el jueves por la tarde en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, el aspirante presidencial del PRI criticó las condiciones actuales de Chihuahua.

“Los números que estamos viendo en Chihuahua no nos gustan, no nos gusta lo que está pasando en seguridad y no nos gusta lo que está pasando en empleo”, aseveró.

“Estamos en Chihuahua de cabeza, pero ¿qué vamos a hacer en julio? Lo vamos a enderezar”.