Un Auditor que no audita

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Impulsado por un afán desmedido de ambición irracional, el Gobernador Rodríguez decidió hace un año abandonar las responsabilidades que había buscado dos años antes y aceptado después de una elección incontestada. 

La irracionalidad resultó compartida cuando el pleno de los diputados, expresión democrática de la representación popular, le otorgó al gobernante una licencia para abandonar sus responsabilidades y lanzarse en una aventura azarosa para perseguir objetivos diferentes de los que le fueron asignados por los electores.

La irracionalidad se transformo en corresponsabilidad cuando el gobernador con licencia violó leyes y reglamentos y obligó a sus subordinados o ex subordinados a dedicar el tiempo que le deben al gobierno a recabar firmas y a ser cómplices de su irresponsabilidad pública. 

Frente a esta falta de responsabilidad de los poderes electos del Estado, ¿que le queda a los ciudadanos, oportunamente clasificados cómo electores, cuando conviene, y luego relegados a la categoría de simples espectadores?  

Queda una institución trabajosamente  estructurada durante el sexenio de Natividad González Parás, brillantemente asumida por un hombre digno de todos los respectos, el C.P. Sergio Marenco (QEPD), la Auditoría Superior del Estado. A parte de  analizar y esclarecer las cuentas públicas, la ASE tiene cómo objetivo atender las llamadas de atención que llevan a su consideración para analizar y sancionar las desviaciones que le sean señaladas oportunamente y perseguirlas de oficio. Ya se le solicitó actuar. 

Desgraciadamente, el Auditor actual, el C.P. Jorge Galván González ha decidido nadar de muertito. Ni actúa, ni analiza, y menos sanciona, a menos que sus amos del Congreso le indiquen que hacer. Tenemos un Auditor que no audita. O bien porque no sabe, a pesar de disponer de un equipo de más de 200 expertos contadores y juristas, que le cuesta a los contribuyentes más de 200 millones de pesos al año, o bien porque no quiere, ya que lo sacaría de su tranquilidad y de su rutina operacional o bien porque sus amos del Congreso no se lo permiten. ¿Realmente necesita diez meses para integrar la carpeta del “cobijagate”? ¿O la consigna es esperar al informe del Gober para no hacer olas inoportunas? 

Frente a la inacción del Auditor General, los ciudadanos estamos desamparados. En la ilegalidad señalada oportunamente por el INE, confirmada por el Tribunal, la Contraloría del Estado que debería sancionar los funcionarios públicos denunciados está involucrada y está deshabilitada para actuar. Además, el Gobernador removió justo a tiempo, la entonces titular, sustituyéndola de manera irregular por un funcionario a modo que opera ciegamente a las ordenes del jefe (o socio).  

Nuevo León está gobernado por un gobernante denunciado y condenado por haber violado la Ley, y ninguna instancia establecida toma acción en esta situación. Hemos caído en la posición más lamentable de ausencia de Estado de Derecho: los gobernantes violan la Ley y no queda nadie para aplicársela. 

¿Estará la ciudadanía tan indefensa, la Sociedad Civil tan carente de capacidad de reacción que 5 millones de individuos tengan que vivir en una situación de agresión abierta por parte de sus seudo autoridades? ¿No habrá algún abogado para sugerir una solución? ¿O la única solución es  ir debajo de las ventanas del despacho del Gobernador para exigirle su renuncia? 

Un Auditor que no audita, un Congreso cómplice y mudo, un Contralor maniatado y ocupado en taparle sus fechorías al Gobernador, este es el panorama actual del otrora Estado ejemplar de Nuevo León. ¿Qué podrá informar en su informe?

INE avala pérdida de registro del PES y Panal

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La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó esta mañana la pérdida del registro del Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido Encuentro Social (PES) por no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral en algunas de las tres elecciones federales.

El INE le dió un plazo de 72 horas a ambos partidos para que presenten sus alegatos o elementos que los partidos consideren pertinentes.

De acuerdo al cómputo final de las elecciones del 2018, el PES alcanzó 2.7% de los votos en la elección presidencial, 2.43% en senadores de mayoría y representación proporcional, y 2.51% y 2.50% en diputados de mayoría y representación proporcional, respectivamente.

Por otro lado, el Panal obtuvo 1.02% en la elección presidencial, 2.41% y 2.40% en senadores de mayoría y representación proporcional, y 2.88% y 2.57% en diputados de mayoría y representación proporcional.

Lorenzo Córdova, el presidente del INE, dijo que la ley no permite interpretaciones y si un partido no alcanzó el 3% de la votación válida emitida pierde su registro como partido político nacional y la declaratorio la hace la Junta del INE.

Pero recordó, que usualmente la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pide a la Junta General Ejecutiva que de un periodo de alegatos a los partidos, valorarlos, volver a reunirse y una vez confirmado el dictamen, y que sea el Consejo General el que lo apruebe finalmente.

“El INE acatará lo que dice el TEPJF y seguirá ese procedimiento”, dijo el Consejero Presidente.

Cordova, agregó que al momento que el PES ni el Panal alcanzaron el 3% de la votación válida emitida, se activa lo previsto en los artículos 94 de la Ley de Partidos Políticos, y 44 y 48 de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales (Legipe).

(Con información de Grupo Reforma)

Prioridades legislativas

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Enrique Peña Nieto está dejando un legado que obliga a colocar el combate a la corrupción como tema principal de cualquier agenda legislativa, en nombre de la decencia nacional. El combate a la corrupción significa cero impunidad; nada de comprensión hacía los desalmados que se llenaron los bolsillos a costas de los causantes y del tesoro público, con la bendición de un presidente que cerró los ojos sobre todo, con tal de que otros no los abrieran sobre sus crímenes. 

Nada de tolerancia hacía quienes construyeron mansiones insultantes y sacaron cientos de millones de dólares fraudulentos del país. Estamos cerrando un ciclo de los peores seis años del México post revolucionario, que dejarán huellas profundas y una escuela de amoralidad sin precedente. 

Pero muy cerca del tema de la corrupción, debe venir el tema electoral. Las leyes electorales actuales, tanto a nivel federal como a nivel estatal, dejan las preferencias de los electores en un segundo plano, para atribuir a una supuesta justicia electoral un rol exageradamente importante para definir la conformación de las Cámaras. Falta menos de una semana para que los integrantes de las Cámaras tomen posesión y todavía los tribunales hacen y deshacen a su antojo y de acuerdo a quienes les dan recomendaciones, para quitar uno acá, agregar otro ahí y cobrar tantas afrentas cómo sembrar venganzas futuras; venganzas que se pagarán a precio de sangre y afrentas que justificarán una vida legislativa que los ciudadanos nunca entenderán. 

Necesitamos mejores presidentes que Enrique Peña Nieto para consolidar una democracia que no alcanza a imponerse, ni con calzador marca INE, calzador costosísimo y que ni siquiera permite distinguir la izquierda de la derecha, pero que sí sabe distinguir una camiseta con marca comercial de una camiseta con logotipo de algún partido político. Habrá muchas cosas que legislar, desde la reforestación hasta la integración de patronatos de museos  inútiles y costosos, pero mientras no seamos capaces de diseñar un modelo electoral simple y transparente, la corrupción y sus consecuencias seguirán asolando el país. 

Mientras prevalezca la impunidad y los compadrazgos políticos de dudoso sustento y de cuestionable contribución al bien común. 

TEPJF confirma senadurías de Samuel García, Indira Kempis y Víctor Fuentes

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó esta tarde las impugnaciones impuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y que iban en contra de la resolución del Consejo General del INE, por lo que confirmo las senadurías de Samuel García, Indira Kempis y Víctor Fuentes.

En sesión privada, la Sala Superior declaró como infundado los incidentes de inejecución de sentencia promovidos por el PRI y PVEM en contra del fallo del INE.

“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve el incidente de cumplimiento de sentencia al rubro identificado y lo declara infundado toda vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización e los teñimos previstos en la ejecutoria”, se le en la resolución del TEPJF.

El pasado jueves el INE acató una sentencia de la Sala Superior que le ordenaba contabilizar el uso de marcas a los gastos de campaña de los candidato de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, por lo que resolvió el sumar 196 mil pesos a García y 149 mil pesos a Fuentes por el aprovechamiento de las marcas, aún así se determinó que no rebasaron el tope de gastos.

Aunque todavía falta la Sala Regional del TEPJF en resolver el juicio de inconformidad presentados por los mismos partidos en contra del acuerdo del INE, esta será declarada como improcedente en virtud de que dio por cumplimentada la sentencia.

Samuel García, senador electo de Movimiento Ciudadano, dijo que al momento que el INE cumplió con la sentencia, el asunto de las marcas quedaba finiquitado.

“Y con eso, pues podemos ya mañana tranquilamente a las 11 de la mañana tomar protesta como Senadores de mayoría, Senadores de Nuevo León, mi compañera de fórmula Indira Kempis y su servidor”, dijo en una transmisión en vivo.

La sentencia que reconfiguró el Congreso del Estado

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Todo sistema electoral busca fundamentalmente “traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos” (Proyecto ACE). Las familias de sistemas electorales, según Colomer (2001), se clasifican en tres tipos: i) sistemas mayoritarios (reglas de un solo ganador); ii) sistemas proporcionales (reglas de múltiples ganadores), y iii) sistemas mixtos. El sistema electoral para integrar el Congreso del Estado de Nuevo León es mixto: 26 diputaciones electas por mayoría relativa (MR) y 16 diputaciones electas por el principio de representación proporcional (RP).

La aplicación de las reglas jurídicas sirvieron de fundamento para que la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinara que para la Legislatura 2018-2021 el Congreso se integraría de la siguiente forma: el PAN con 16 curules (12 de MR y 4 de RP); el PRI, 6  (2 de MR y 4 de RP); el PT, 4 (3 de MR y 1 de RP); el PVEM, 1 (solo RP); MC, 3 (1 de MR y 2 de RP); PNA, 1 (solo RP); MORENA, 8 (5 de MR y 3 de RP); y PES, 3 (solo de MR). (Acuerdo CEE/CG/2017/2018). 

El total de escaños que correspondieron al PRI fue producto de que este partido se encontraba sub representado. En efecto, en el artículo 116, fracción II de la Constitución General se establece que “en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.” Para la CEE, el PRI estaría sub representado con 5.6850 diputaciones, por ende, el cálculo final para este partido fue de 6 curules: 2 de MR y 4 de RP.

En contra del acuerdo se presentaron 11 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), por diversas causas. Una de las que el TEE les dio la razón a los inconformes, fue que la CEE debió estimar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en la entidad como un partido político, para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, incluidas las fórmulas sobre los límites de la sobre y sub representación política. (JI-257/2018 y acumulados). Para ello, el Tribunal estimó aplicable una tesis relevante de 2007 en la cual se establece que los límites de sobrerrepresentación les aplican a las coaliciones como si se trataran de un partido (Tesis XXIII/2007). Un razonamiento esencialmente igual fue utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y con ello se le restaron a MORENA 10 escaños del Congreso de ese estado. (JDCL/434/2028 y acumulados). Incluso, el TEE afirmó en la sentencia que la CEE obró de forma incorrecta porque cuando los partidos coaligados (MORENA, PT y PES)  registraron sus listas plurinominales, debió habérseles advertido que debían presentar una sola lista por la coalición para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional (p. 15). 

Como consecuencia de este criterio del TEE, la nueva distribución se modificó toda vez que para el Tribunal al PRI le correspondían dos diputaciones más de representación proporcional para compensar la sub representación en la que aún se encontraba y, por ende, dichos escaños se tomaron de la Coalición Juntos Haremos Historia, uno de MORENA y otro más del PT. Los demás partidos quedaron exactamente igual que en el acuerdo original de la CEE.

El criterio utilizado por el TEE en su sentencia del 10 de agosto reconfiguró la integración del Congreso del Estado. No obstante, desde mi perspectiva, se trata de una reconfiguración cuya vida será efímera. Enseguida mis razones.

En primer lugar, considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) para efectos de la distribución de escaños y la verificación de límites constitucionales,  desatiende el espíritu de la reforma de 2008 conforme a la cual, las candidaturas que compiten en coalición aparecen en las boletas tantas veces como partidos estén coaligados. Desde este sentido, las labores de escrutinio y cómputo en casilla deben contemplar las distintas formas de combinación de las coaliciones, porque a nivel de casilla lo que importa es saber cuántos votos obtuvo cada candidatura (art. 426 del Reglamento de Elecciones), sin embargo, la distribución de los votos entre los partidos coaligados para efectos de los cómputos y la distribución de escaños, debe realizarse “igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación” (arts. 311.1.c] de la LGIPE y 81 BIS 7 de la Ley Electoral del Estado). Estas normas se crearon para que los partidos coaligados no se otorgaran votos entre sí de forma artificial a través del convenio de coalición, y su fuerza electoral fuese solo el producto de los votos emitidos por los electores, en las diversas combinaciones de votación para cada coalición. En efecto, tal fue la intención del legislador en 2008, según puede corroborarse en la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

La Iniciativa propone que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. (DOF del 14 de enero de 2008).

La sentencia del TEE parece olvidar esta razón y por ello, incorrectamente, considera a la Coalición JHH como un solo partido, cuando la distribución y la sobre y sub representación debe observarse para cada partido coaligado.

En esta misma línea argumentativa, la tesis que usa el TEE para fundar su criterio es, primero que nada, solo un criterio orientador, dado que no constituye jurisprudencia; y en segundo término, su creación como tesis relevante es, precisamente, anterior a la reforma de 2008 que antes señalé, por lo que resultaba inaplicable para la reconfiguración del Congreso.

En segundo lugar, si el TEE hubiese investigado, así fuera de forma superficial, el comportamiento del INE en el acuerdo de distribución y asignación de curules de representación proporcional de la elección de 2015, habría corroborado que la distribución de curules y, por ende, la verificación de la sobrerrepresentación, se realiza por cada partido político, y no considerando a cada coalición como un partido político. De hecho, apenas hace un par de días, el Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente para 2018 y en ningún momento considera a la Coalición JHH como un solo partido político (INE/CG1181/2018); en efecto, en el acuerdo se determina que el PT, no la Coalición JHH, se encontró en sobrerrepresentación (p. 36). Por qué el Tribunal toma un criterio sin sustento en los precedentes del órgano regulador de las elecciones en el país es una incógnita. Lo que me parece claro es que su razonamiento podrá ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En efecto, y este sería mi tercer argumento, recientemente, la Sala Toluca del TEPJF modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México a que hice mención líneas arriba. En su sentencia, la Sala Toluca determinó que MORENA, PT y PES tenían razón en sus agravios porque para efectos de representación proporcional no conforman una unidad y, por ende, los límites de sobrerrepresentación están referidos “a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos que conformaron la coalición.” (ST-JRC-135/2018 y acumulados). Muy probablemente este podrá ser un criterio que utilice la Sala Regional Monterrey y, por tanto, la reconfiguración del Congreso ordenada por el TEE tendrá una muy breve duración.

Por último, no logro explicarme cómo es que un juzgador puede dejar de observar la voluntad expresa del legislador. Como se sabe, en 2017 se aprobó una reforma electoral que, entre otras cosas, introdujo al sistema electoral de Nuevo León la figura de las listas plurinominales. Una de las novedades fue que, además de las candidaturas de mayoría relativa, “cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera simultánea.”  Esta fue la voluntad expresa del legislador: que cada partido político, no cada coalición, registrara las candidaturas plurinominales. El TEE desconoce con su sentencia la voluntad expresa del legislador y, además, obvia el modelo que para la elección de diputaciones federales plurinominales determina la Legislación General: “La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional…” (art. 238.4 LGIPE). De hecho, no solo desconoce la voluntad del legislador, también deja de ser congruente con sus propias sentencias, como la que dictó el 28 de febrero de este año, en el expediente JI-15/2018, en donde, para resolver el problema planteado por el PAN en el sentido de si los partidos estaban obligados a registrar las dos fórmulas plurinominales, el TEE en ningún momento razona en su sentencia que esta obligación corresponde tanto a partidos como a coaliciones.

En síntesis, la sentencia del TEE que reconfiguró el Congreso del Estado tendrá efectos efímeros, porque para la distribución y asignación de diputaciones de representación proporcional, y para la verificación de límites constitucionales como la sobrerrepresentación, no se debe tomar a las coaliciones como un solo partido político.

Perdería Agustín Basave diputación federal pluri

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El anteproyecto de asignación de Diputaciones plurinominales que será votado el día de hoy por el Instituto Nacional Electoral (INE), prevé no darle una diputación federal pluri al abogado y ex candidato de Movimiento Ciudadano (MC) por una curul federal, Agustín Basave Alanís.

Se espera que el INE apruebe el anteproyecto, y aunque Basave, unto con Pedro Vázquez, del PT, se perfilaban para tener curules plurinominales, esas posibilidades se habrían esfumado tras el reparto en base a la votación final después de impugnaciones y la aplicación de criterios como la sobrerrepresentación.

Por otro lado, los que estarían recibiendo una diputación plurinominal serían los panistas Raúl Gracia, Víctor Pérez e Isabel Guerra, por el PRI, Ivonne Álvarez y Pedro Pablo Treviño, por Morena, si dirigente estatal, Edelmiro Santos y por MC la ex dirigente, Pilar Lozano.

En total Nuevo León tendría 19 diputados federales, do menos que en la actual Legislatura.

En Nuevo León, la Justicia Electoral asesinó la Democracia

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Manuel Bartlett se ha de quedar estupefacto. Ahora ¡se puede tumbar una elección sin que se caiga el sistema! ¡Cuantos progresos hizo el sistema electoral en treinta años! 

Basta de un par de jueces corruptibles, y de unos cuantos millones de pesos para voltear las situaciones más comprometidas. La mecánica es muy simple: decretas que las elecciones fueron irregulares, y eliminas del conteo final todas las casillas contrarias a tu objetivo, hasta llegar a un resultado matemático satisfactorio, aún que sea con mil votos de diferencia. ¡Genial! Solamente faltaba imaginarlo, disponer de recursos suficientes para las exigencias de los jueces (escogidos a modo hace varios años, nunca sabes cuando te va servir este trique viejo que tenías guardado), y ya está realizado el truco. 

Con estas decisiones anunciadas (sin la menor vergüenza) el viernes 17 de agosto  a mediodía, se obtendrán varios resultados. Uno ya visible, zipizapes electorales bochornosos, dignos de cualquier república bananera (la expresión circula libremente desde el sábado pasado). 

El otro que supongo que veremos en esta semana: la renuncia colectiva y masiva de todos los integrantes de la Comisión Estatal Electoral cuya razón de  ser desapareció. Para qué mantener a costos de cientos de millones de pesos un órgano que puede ser favorablemente sustituido por dos individuos que a pesar del alto valor de los sobornos que requieren, le salen bastante más económico al estado que siete individuos con alto sueldo, numerosos sobresueldos, abundantes prestaciones y ética bastante floja, para no decir que suelta. Además, los sobornos, los pagan los partidos políticos, no el erario público. (Aún si sabemos que los recursos de los partidos políticos salen del erario gracias a empresas fantasmas y universidades condescendientes). (Este resultado, eminentemente deseable, está en veremos, ya que lo que debería ocurrir por dignidad, no ocurrirá, justamente porque la dignidad es un concepto desconocido en estas instancias). 

El otro resultado que observaremos dentro de tres años es que nos podremos ahorrar el costo de la elecciones. Por un lado quién querrá ir a votar sabiendo que existen altas probabilidades que su voto sea descartado por dos individuos al que les habrán regalado el título de “juez”. Por otro lado, el nuevo estado omnipotente muy sabio, considerará que se recortarán muchos gastos al suprimir el INE y los múltiples CEE por unos cuantos jueces bien aleccionados. 

RIP la democracia, RIP la voluntad popular. Los jueces saben mejor. Que desaparezca la democracia, que aparezca la justicia popular y electoral. Ya era tiempo. Pobre México. Pobre Nuevo León. Pobre PRI, pobre PAN. Serán responsables de los tiempos descompuestos que se avecinan. Y los jueces también. Pero a los jueces, los pusieron el PRI y el PAN. A nombre de una falsa democracia.  

La “consulta” del NAICM

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El tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha estado presente desde el año pasado, y aunque durante campaña López Obrador tenía la idea de cancelar por completo la obra, ahora ha decidido que el destino del aeropuerto se someterá a una consulta popular.

Javier Jiménez Espriú, próximo Secretario de Comunicaciones y Transportes, presentó dos opciones para el NAICM: continuar con la construcción en Texcoco o construir dos pistas y un aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Jiménez Espriú ya presentó algunas de las ventajas y desventajas de cada opción, y en la página oficial del presidente electo se puede encontrar un dictamen técnico con más de 200 documentos de análisis, pero sinceramente no creo que alguien se tome la molestia de leer todo eso. 

Por otro lado, hay dudas en cómo se va a llevar a cabo este ejercicio. López Obrador dijo que se realizará a finales de octubre, pero según el artículo 8 de la Ley Federal de Consulta Popular, éstas solo se pueden realizar cuando se celebren elecciones federales, es decir, hasta el 2021. También según esta ley, solo el Presidente de la República, el 33% de cualquier Cámara del Congreso o el 2% del padrón electoral pueden solicitar la consulta; AMLO es el presidente electo pero para ese entonces aún no habrá tomado protesta de su cargo, y no hay señales que se estén organizando las Cámaras o ciudadanos para solicitar que se haga la consulta. Entonces, ¿no va a ser organizado oficialmente por el INE?, ¿cómo va a estar formulada dado que solo se pueden poner preguntas que respondan ‘sí’ o ‘no’?, ¿la consulta es para todos los mexicanos o sólo los habitantes de la Ciudad de México? o en pocas palabras, ¿estamos hablando de una consulta o más bien de una encuesta?

Tener la decisión del NAICM crea una gran responsabilidad en nosotros para poder emitir un voto; pero también la opinión pública y medios de comunicación tienen que cumplir con un rol de difusión imparcial. Para mí esta consulta está muy por fuera de las manos de los ciudadanos, pero si se va a hacer se tiene un poco más de 2 meses para que mínimo se publique cada aspecto positivo y negativo de las opciones en mesas redondas, paneles con expertos, ruedas de prensa, etc. de manera accesible y entendible; y también para que se especifiquen los métodos y organización para realizar esta dicha consulta.

¡Por Jerseys! PRI y Morena buscan anular elección de Senaduría de Nuevo León

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Esta madrugada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), puso en peligro de anulación la elección de Senaduría de Nuevo León, en la cual resulto ganador el diputado local y dirigente de Movimiento Ciudadano en dicho estado, Samuel García Sepúlveda y la activista Indira Kempis.

En una sesión que duro hasta las 3:18 horas de la madrugada, el TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) calcular si Samuel García y el segundo lugar, el panista Víctor Fuentes, pasaron su tope de campaña debido a que posiblemente se beneficiaron indebidamente de marcas comerciales que portaban en los jersey del equipo de fútbol Tigres y de la Selección Mexicana.

El dictamen del magistrado Reyes Rodríguez estableció que tanto García como Fuentes incurrieron en un aprovechamiento de marcas que debe ser contabilizado por el INE. Por lo que propuso que se le ordene al INE que se pronuncie en un plazo no mayor a cinco días, emita una nueva resolución en matizar de fiscalización y determine el impacto en stop de gastos.

El proyecto fue votado a favor por la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, los magistrados Mónica Soto, Indalfer Infante y Felipe de la Mata, mientras que votaron en contra José Luis Vargas y Felipe Fuentes.

Vargas dijo que el proyecto era un litigio estratégico para anular la elección, además argumento que el uso de marcas que aparecen en las camisetas no puede ser considerado como aportaciones de entre prohibidos, ya que no hubo una intención de aportar de las empresas. También acusó a su compadre Infante de haber cambiado su sentido del voto en el elevador al salín de plenos.

Samuel García, calificó a los argumentos como ridículos, exagerados y frívolos, y acusó al PRI y Morena de querer anular la elección por un tema “bastante frívolo de fiscalización”.

(Con información de Grupo Reforma)

“El Bronco” tiene 45 días para pagar 20 mdp

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El ex candidato a la Presidencia de México por la vía independiente y Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, tiene un plazo de 45 días para liquidar más de 20 millones de pesos que debe a proveedores y representantes de casilla, establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“El Bronco” debe de cumplir con el plazo establecido, ya que si incumple, el organismo electoral contabilizará el adeudo como financiamiento ilícito y Rodríguez estará sujeto a sanciones que pueden ir desde multas hasta procedimientos penales.

Rodríguez Calderón le debe principalmente a cinco proveedores: Rack Star, Expographics, Bmdi, Industrial Equipment Comercial Sales e Industrial Zaravi, lo que suma casi un total de 18 millones de pesos. Además le debe 2.2 millones de pesos a representantes de casilla.

El Gobernador de Nuevo León argumentó que el ya pactó con los proveedores para pagarles antes del 30 de diciembre, pero el INE ordenó hacer en máximo 45 días, es decir que la fecha limite es el 20 de septiembre.

Debido a que “el Bronco” no entregó documentación sobre los adeudos a representantes de casilla, el INE decidió sumar esa falta a otras irregularidades e impuso anoche una multa adicional de 396 mil 310 pesos.

Además, el máximo órgano electoral incidido una nueva indagatoria contra el mandatario nuevoleónes por posible esquema de simulación y triangulación de recursos.