“Mandaron a su mapache mayor”: Marko Cortés

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Esta mañana el candidato a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, dio una rueda de prensa a las afueras del Palacio Municipal, acompañado por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés. Los panistas, acusaron que el PRI busca robarse la elección y una de las pruebas fue el mandar a su “mapache mayor”, Rubén Moreira.

“Por eso mandaron a su mapache mayor, Rubén Moreira, para trata que, a costa de lo que sea, quedarse con el municipio. Sólo imagínense a lo peor del priismo nacional metido aquí en Monterrey; solo imaginen el robadero que habría en las arcas del Gobierno municipal”, dijo el albiazul.

Por otro lado, Cortés aseguró que el candidato del PAN tiene el respaldo del panismo nacional y aseguró que el PRI, ante la gran derrota que tuvo a nivel nacional, busca refugiarse en Monterrey.

“Vengo a refrendar el apoyo del panismo nacional a esta elección, vengo a advertirles a todos los regios que ante la gran derrota que tuvo el PRI a nivel nacional, ahora los priistas quieren refugiarse en Monterrey”.

Por su parte, Cantú, pidió a los ciudadanos de Monterrey, salir a votar el 23 de diciembre, con el fin de conseguir la justicia electoral.

Hoy en punto de las 00:00 horas, comenzaron las campañas para la elección extraordinaria de Monterrey.

Descalifica Cantú ‘pacto de civilidad’

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El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú, descalificó el pacto de civilidad que acordaron los demás candidatos a la alcaldía regia.

En un video subido a su cuenta de Twitter, Cantú, catalogó de “reunión de amigos” el desayuno donde pactaron los candidatos, además dijo que lo hicieron por el miedo que le tienen a él.

“Hace unos momentos el PRI invita a un desayuno a todos los candidatos para la Alcaldía de Monterrey, con el pretexto de acordar un pacto de civilidad. Tengo que decirlo, fuimos invitados al desayuno, pero no quisimos asistir por una razón muy clara, el PRI no tiene la calidad moral, ni la legitimidad para convocarlo”.

Por otro lado, dijo que está cansado del cinismo y terquedad del PRI, y los acuso de querer ganar a la malo lo que no pudo por las buenas.

“Esta reunión de amigos sólo refleja algo, el miedo que nos tienen. ¿Quién creen que pagó la cuenta?”, pregunta el panista.

Proyecto del TEPJF busca anular elección en Puebla

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El Magistrado José Luis Vargas propuso anular la elección para Gobernador de Puebla y por consecuencia revocar la constancia de mayoría a la panista Martha Erika Alonso, y pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) llamar a nuevas elecciones.

El Magistrado Vargas, hizo público el proyecto, con el fin dijo, de garantizar transparencia y legalidad.

De acuerdo al Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la elección se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales.

“Se afectó de manera grave el principio de certeza”, indicó Vargas en su ponencia, y argumentando que no se notificó a representantes de partidos el desarrollo de 50 diligencias de apertura de la bodega del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Vargas, señala que nunca se compartió a los institutos políticos información sobre la apertura de paquetes, además de que la bodega carecía de condiciones de seguridad, y tampoco hay un registro de cámaras de seguridad, con el que haya un registro de las instalaciones donde se resguardaron los paquetes.

“Sobre esa base, con independencia de que se tenga por acreditado el grado considerable de votación el pasado uno de julio; la certeza en la elección se ve gravemente afectada (…). Las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes impiden conocer de manera real si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana; por lo que, ante la falta de certeza, procede decretar la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla”, concluye el Magistrado.

Entre otras irregularidades que señala el proyecto, esta la acreditación del TEPJF de violencia en 59 casillas durante la jornada, en 51 hubo robo, quema o destrucción de boletas y en 8 la votación tuvo que ser suspendida.

El Magistrado Vargas, propone que se anule la elección a la gubernatura de Puebla, se le revoque la constancia de mayoría a la panista Erika Alonso, quienes también esposa del ex Gobernador de Puebla y ahora Senador, Rafael Moreno Valle, y que el INE en un plazo de 60 días a partir de la emisión de la sentencia.

Además, pide al INE que destituya a todos los consejeros del Instituto Electoral de Puebla y a la Fepade que habrá carpetas de investigaciones correspondientes.

 

#HojaDeRuta: “AMLO: 5 claves del arranque de su gobierno”

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López Obrador dice la verdad. Ante un clima de polarización creciente, tal aseveración es polémica instantánea. Hay que tomarla en un sentido literal: el hombre que será Presidente de México a partir del próximo sábado cree en lo que dice, y dice lo que cree. Así lo aseveró el Dr. Mauricio Merino, quien compartió una lúcida charla a periodistas y líderes de opinión y periodistas el pasado martes a convocatoria de Consejo Nuevo León.

Este factor aparece como una excepcionalidad: es un político que dice lo que piensa, es decir, en el que el doble discurso no es común. El juicio sobre sus posturas o propuestas es un segundo debate. También, dice Merino, aparece como uno de los líderes políticos más relevantes en la historia de México, característica que no deja de tener sus riesgos, pues su personalidad avasalla de tal forma que las discusiones pueden acabarse centrando más en lo que dijo o dejó de decir, que en el problema público en sí mismo.

El largo camino al primero de diciembre de 2018 está a punto de culminar (uno de casi dos décadas para el propio Andrés Manuel). Se habrá cerrado una etapa e inmediatamente dará comienzo otra en la historia nacional. A partir de ese momento, comenzará oficialmente la administración del Presidente López Obrador, y estará a merced de aquello que Benito Juárez llamó: el fallo tremendo de la historia.

Repasemos entonces 5 claves del arranque de su gobierno:

– La irrupción y fuerza de Morena está transformando el sistema de partidos. En la más reciente encuesta de Alejandro Moreno para El Financiero, realizada a días del inicio del nuevo gobierno, se registra una realidad contundente: Morena es el partido con mayor simpatía en México. 22% de los mexicanos declaró apoyar al partido de AMLO, por apenas un 9% al PRI, 6% al PAN y 2% al moribundo PRD. Para dimensionar, en 2016 apenas un 8% declaraba su simpatía por Morena, mientras que el PRI tenía un 27% y el PAN un 12%. Entre fines de los ochenta y durante los noventa, México transitó de un régimen de partido hegemónico a un régimen plural con tres partidos principales. El escenario actual parece dibujar un partido principal, acompañado de dos partidos de mediana simpatía cuyos bonos van a la baja y el resto de partidos pequeños. Los resultados de las elecciones venideras, en particular las intermedias de 2021, definirán la transformación del sistema de partidos. Un dato importante cierra el estudio de Alejandro Moreno: la verdadera mayoría, en términos de identificación, son los apartidistas: han pasado del 40% en 2016 al 57% a fines de 2018.

– La oposición se está reconfigurando, y podrían no ser los partidos. Ante el desprestigio y debilitamiento de los partidos tradicionales, la oposición al gobierno de AMLO podría venir de otros espacios. Un ejemplo evidente son los Gobernadores: Enrique Alfaro desde Jalisco ya pronunció un fuerte discurso contra los coordinadores estatales del nuevo gobierno, y Silvano Aureoles ha roto el pacto educativo desde Michoacán. Esto también, señaló Merino, es síntoma de un problema que viene: la tensión del federalismo y de la repartición de los recursos federales. Sectores de la Iniciativa Privada y grupos conservadores que sientan sus intereses afectados podrían ser otros polos de oposición. 

– Su agenda inicial está clara. Los proyectos que AMLO y su equipo han puesto a consulta, a pesar de los cuestionamientos metodológicos, marcan con claridad buena parte de su agenda prioritaria: la cancelación del aeropuerto de Texcoco; la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán; de la Refinería Dos Bocas en Tabasco; del Tren del Istmo de Tehuantepec y la renovación portuaria de Salina Cruz y Coatzacoalcos; además de ampliar la cobertura de Internet gratuito son los temas de infraestructura. En política social están el aumento a la pensión de adultos mayores, la siembra de un millón de árboles maderables y frutables (que será en sí misma un programa de empleo) y las becas a jóvenes sin trabajo ni estudio, así como a jóvenes de bachillerato. En seguridad, se consultará en marzo la conformación de la guardia nacional. 

– Habrá un enfoque progresista impulsado desde la SEGOB. Aunado a lo anterior, el nuevo Presidente parece haber dado cancha abierta a la Ministra Olga Sánchez Cordero para encabezar transformaciones profundas que están ligadas al objetivo de pacificación y justicia transicional, como lo son la legalización de la mariguana y probablemente de la Amapola. También, el proceso de justicia transicional que tendrá que comenzar con una Ley de Amnistía. De esta manera, la SEGOB se quedará como brazo político y operador del proceso de paz, perdiendo todas las facultades de seguridad, que serán trasladadas a la nueva Secretaría de Seguridad Pública y a las Fuerzas Armadas. No debe descartarse que la Ministra también promueva en el corto plazo el avance de los derechos de las mujeres en temas como la interrupción legal del embarazo.

– La concepción del Estado está dando un giro. En lo político, López Obrador tiene claro que el poder político debe regresar al Estado y no depender de poderes fácticos o de los mercados. En lo social, se plantea la ampliación de un Estado de Bienestar con temas como las pensiones a adultos mayores, la creación de infraestructura, los programas de empleo y las becas a jóvenes sin oportunidades de estudio ni trabajo. El nuevo Presidente parece querer recuperar terreno y marcarlo para dejar claro aquello que es del ámbito público. 

Llegamos así al umbral de un nuevo sexenio, donde la consecución de la paz, la erradicación de la pobreza y la lucha contra la corrupción serán los grandes retos a vencer. Comenzamos.

Felipe de Jesús Cantú se registra para elección extraordinaria

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Felipe de Jesús Cantú, se registró como candidato a la elección extraordinaria de Monterrey por el Partido Acción Nacional (PAN).

Cantú, fue acompañado por el dirigente nacional del albiazul, Marko Cortés, además de los dirigentes estatales panistas de los 32 estados de la República.

Cortés dijo que todo el panismo de México va a defender el voto de los regiomontano.

“Tenemos la oportunidad de que se ratifique la decisión de los regios. Más que sólo ganar la elección en una segunda ocasión, venimos a defender el voto, Acción Nacional entero estará ciudadano el voto de los regios”, dijo el panista.

Además, el presidente del PAN, pidió a las autoridades electorales investigar cualquier uso de recursos públicos para beneficiar a los candidatos.

Por su parte, Cantú, pidió a las autoridades municipales, estatales y municipales, no intervenir en el proceso para beneficiar a algún candidato.

“Así como exigimos que nadie meta mano en el proceso, así nos declaramos listos para empezar en cuanto la autoridad electoral dé el banderazo de inicio, la campaña electoral para garantizar que haya la participación que requiere esta elección de Monterrey”.

Al ser cuestionado sobre el apoyo de observadores el día de la elección, el candidato panista dijo que ya se tienen cubiertas el 100% de las casillas.

Felipe de Jesús Cantú, es el primero en registrarse como candidato ante la Comisión Estatal Electoral (CEE).

Las sentencias de Monterrey y la falta de certeza en las reglas

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A la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey contribuyó la administración electoral. Pero también abonó a ella un sistema de justicia electoral cuyo diseño cada vez sirve menos para generar certeza sobre las reglas de una elección. Este quiebre institucional se evidencia aún más en el contexto de la elección extraordinaria más grande que jamás se haya organizado en México.

Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado y por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los resultados de Monterrey generaron “falta de certeza por parte de las autoridades de la cadena impugnativa” (SUP-REC-1638/2018 y acumulados, p. 22).

No obstante, la sentencia de nulidad de la Sala Superior del TEPJF del pasado 30 de octubre también sumó elementos de incertidumbre.

Subrayo el cambio de sentido en unas cuantas horas. El proyecto del Magistrado Felipe Fuentes proponía revocar la sentencia de la Sala Regional y regresar el triunfo a Adrián de la Garza (Reforma, 30 de octubre de 2018). Este proyecto no alcanzó la mayoría y se construyó uno nuevo proponiendo la nulidad de toda la elección de Monterrey. Surgen las preguntas siguientes: ¿Puede un Magistrado cambiar completamente el sentido de su proyecto de sentencia antes de la discusión en sesión pública? ¿Son los tribunales constitucionales órganos cuasi parlamentarios que deben buscar en primer lugar obtener mayorías, antes que el convencimiento de sus pares, de los justiciables y de la sociedad por medio de la expresión de razones jurídicas para sustentar su proyecto? Si un tribunal constitucional desea construir certeza, estas preguntas deben ser respondidas en sentido negativo.

Me enfoco ahora en el fondo. La Sala Superior repite constantemente que hubo irregularidades en cuanto a los paquetes electorales y su cómputo en 186 casillas. La Sala concluye que con ello se afectó el principio de certeza y autenticidad de toda la elección. Más preguntas: Dentro de un universo de 1,606 casillas instaladas, ¿irregularidades en 186 casillas son suficientemente graves desde el punto de vista cuantitativo? Sin duda no, porque esa cantidad de casillas representa el 11.58 por ciento del total de las casillas instaladas. Por otra parte, si a la Sala Superior le preocupaba el principio de certeza, ¿por qué no señala específicamente en su razonamiento cuáles fueron las casillas respecto de las cuales se acreditaron irregularidades en los paquetes electorales y el cómputo?

Esta sentencia, desafortunadamente, no es la única que ha abonado a la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey. En efecto, una vez que la Comisión Estatal Electoral fijó el día para la jornada electoral extraordinaria y determinó que según la Ley Electoral los partidos políticos y coaliciones no podían cambiar de candidaturas, MORENA impugnó este acuerdo directamente ante la Sala Superior, saltándose (per saltum) las instancias del Tribunal Local y de la Sala Regional. La razón de fondo de MORENA para inconformarse es que deseaban (aún desean) postular una candidatura a la Alcaldía diferente a la que presentó la coalición en la elección ordinaria. Sin embargo, la Sala Superior consideró que el asunto debía ser analizado primero en el Tribunal Local y posteriormente en la Sala Regional. Una decisión más de la Sala Superior que abonó a la falta de certeza, porque aún ahora no existe certeza sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Electoral que prohíbe cambiar de candidaturas en una elección extraordinaria.

Efectivamente, primero el Tribunal Local (JI-320/2018 y su acumulado), y posteriormente la Sala Regional Monterrey (SM-JRC-381/2018), dotaron de mayores dosis de incertidumbre a la elección. La primera sentencia permitió nuevas coaliciones e incluso nuevas candidaturas; la segunda, por su parte, confirmó la posibilidad de nuevas coaliciones, aunque con las mismas candidaturas. Demasiadas interpretaciones sobre un artículo muy claro: “Los partidos políticos no podrán cambiar de candidato o candidatos….” (Art. 16 de la Ley Electoral de Nuevo León). Norma que ya ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Acción de Inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99).

La sentencia del TEE, además, deja de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Electoral que le planteó MORENA, con lo cual abona a la incertidumbre que todo tribunal debe evitar. Sin embargo, la sentencia de la Sala Regional Monterrey deriva consecuencias jurídicas que resultan aún más ambiguas. En efecto, esta sentencia confirma el derecho a crear nuevas coaliciones, pero obliga a que postulen las mismas candidaturas que en la elección ordinaria, salvo que exista renuncia, fallecimiento o inhabilitación. Pensemos en la nueva coalición PRI-PVEM: Si Adalberto Madero no renuncia a su cargo, ¿quién encabezará la planilla? Pero pensemos en el problema inicial, esto es, la coalición de MORENA-PES-PT. Para ellos, la sentencia de Sala Monterrey implica un efecto negativo: Si constituyen una nueva coalición MORENA y PES, debe ser con las mismas candidaturas de la elección ordinaria, esto es, con el candidato a la Alcaldía cuyo origen partidario es del PT, “Pato” Zambrano; pero si MORENA y PES no desean a este candidato, entonces se quedan fuera de la contienda porque individualmente no pueden postular nuevas candidaturas, esto es, están obligados a ir en coalición y con una candidatura que no desean.

Esta incertidumbre y confusión podría haberse evitado si la Sala Superior hubiese admitido el juicio per saltum que le planteó originalmente MORENA (actualmente hay tres recursos de reconsideración esperando ser resueltos por la Sala Superior faltando menos de un mes para la elección).

En fin, para cuando finalmente tome posesión la planilla ganadora lo único que nos quedará cierto es que en una elección extraordinaria la falta de certeza no es solo responsabilidad de las autoridades administrativas. También los tribunales contribuyen a ella con: i) la judicialización excesiva; ii) la atomización de las instancias jurisdiccionales, pero sobre todo iii) la inflación interpretativa de las normas. 

¡Qué paradoja!: quienes adujeron que en la elección ordinaria hubo falta de certeza son quienes ahora la fomentan. Los Tribunales deben crear condiciones de certeza en cuanto a las reglas del juego, no fomentar la incertidumbre.

PAN piden aclarar si ‘Safiro’ benefició a Adrián De la Garza

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El PAN nacional exigió al PRI aclarar si el dinero que se transfirió de recursos públicos de al menos siete estados a Monterrey, mediante empresas fantasmas, fue utilizado en la campaña del aspirante a la alcaldía regiomontanaAdrián de la Garza, en la contienda ordinaria de julio.

En rueda de prensa a la que acudieron diputados, senadores, alcaldes y gobernadores para apoyar al panista, Felipe de Jesús Cantú, el dirigente nacional, Marko Cortés, pidió que se realizará una investigación del caso y sea sancionado si es que hubo algún beneficio para De la Garza.

“Exigimos que se aclaré si el candidato del PRI, recibió recursos para su campaña de julio pasado y de ser así que se le sancione”, señalo brevemente al ser cuestionado del tema.

De acuerdo a documentos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hubo transferencias por mas de 133 millones de pesos a cuatro empresas “fantasmas” usadas en “Safiro” por entidades gobernadas por el PRI.

Éstas, a su vez, habrían redirigido los recursos a una compañía con base operación en la Colonia Real de Cumbres, en Monterrey, donde fue ubicada una casa modesta.

Cortés no respondió si el partido actuará legalmente contra los señalamientos.

“Exigimos una investigación y se aclara de manera inmediata”, reiteró.

 

 

‘Gobers’ del PAN rechazan plan de seguridad y superdelegados de AMLO

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12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), calificó como inaceptable que, en materia de seguridad, el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pretenda supeditar a las autoridades locales a través de coordinadores estatales.

En un desplegado, los gobernadores señalaron que la condición esencial del funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria.

Por otro lado, los mandatarios estatales se manifestaron a favor de “construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades”.

Sin embargo, aseguraron que colaboraran con el futuro gobierno, pero aclararon que “la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.

“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”, se lee en la misiva.

Agregaron que la colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales.

“Por eso nos sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de los llamados ‘Coordinadores Estatales’ del Gobierno Federal, y colocar a los gobernadores y fiscales de los estados como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobierno estatales”.

En su opinión, para combatir la inseguridad es necesarioatender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado, así como fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.

“Establecer políticas de largo plazo e invertir recursos en el reclutamiento, profesionalización y dignificación salarial y gremial para las policías federal y locales, bajo un diseño institucional que precise los tramos de responsabilidad y los mecanismos de colaboración, auxilio y sustitución subsidiaria”, abundó.

Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el esfuerzo del Estado mexicano en esta materia se oriente a objetivos claros, transparentes, medibles y evaluables.

Aunque reconocieron la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y dijeron estar de acuerdo con que continúen con esa labor, consideraron que sólo deben participar “en circunstancias especialmente apremiantes que pongan en riesgo la soberanía e independencia nacional, la continuidad del orden constitucional, la integridad del pacto federal, la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.

“La función de las fuerzas armadas no es la de primeros respondientes, sino el último recurso del Estado para preservarse. Los primeros respondientes somos quienes fuimos votados por los ciudadanos para velar por su tranquilidad. No podemos pedir mas a las fuerzas armadas de manera indeterminada, si de la mano no trazamos una ruta de mejora de las policías civiles federales y, especialmente, estatales y municipales”, subrayaron.

El desplegado fue firmado por los siguientes mandatarios estatales:

C.P. Martín Orozco Sandoval
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes

Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California

Mtro. Carlos Mendoza Davis
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

Lic. Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

Dr. José Rosas Aispuro Torres
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango

Mtro. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato

Lic. Antonio Echevarría García
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit

Dr. José Antonio Gali Fayad
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla

MVZ. Francisco Domínguez Servién
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Querétaro

C.P. Carlos Joaquín González
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas

Lic. Mauricio Vila Dosal
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán

(Con información de Aristegui Noticias)

Elección extraordinaria de Monterrey podría ser en enero

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Los líderes de las bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, en el Congreso Local, no descartaron este jueves que la elección extraordinaria de Monterrey sea hasta enero, esto debido a la cantidad de impugnaciones que siguen promoviendo candidatos y partidos políticos.

Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción panista, aseguró que podría posponerse la elección.

“Claro que es una posibilidad, nada más que ahí hay un problema porque la Sala Superior determinó que era en un plazo de 60 días. Tendría la Sala Superior que volver a emitir otra fecha para la elección. Una de las pláticas fue en el sentido qué pasaría su ya con todo esto, ya no nos da ni siquiera para hacerla el 30 de diciembre: pues, que tendría que ser la Sala Superior la que defina la nueva fecha”, dijo De la Fuente, tras sostener una reunión con el Secretario de Gobierno, Manuel González.

Por su parte, Ramiro González, de Morena, afirmó que es una posibilidad real el cambio de fecha para enero.

“Algo que platicamos vagamente y de manera informal, es la posibilidad, la posibilidad, de que, de acuerdo con los escenarios, es que la elección sea para vuelta de año. Legalmente sí se puede. Legalmente es factible porque depende de las resoluciones y depende de los términos. Se mete addendum y, pues, dependiente de eso, los órganos electorales tienen que ir sorteando esto y viendo plazos”, dijo el morenista.

Hasta el momento, Morena ha impugnado la sentencia de la Sala Regional del TEPJF, que no le permite ir a los comicios con un candidato diferente, mientras que el ex candidato Adalberto Madero, impugnó la alianza del PRI con el Partido Verde.

#HojaDeRuta: “Oponerse con razón”

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Era bien sabido que vendrían reformas a la ley orgánica previas al inicio del nuevo gobierno federal. Es lógico que una nueva administración busque cambiar la arquitectura institucional del aparato federal para que este se adecúe al plan de gobierno que se ejecutará. De hecho esto suele suceder cada sexenio.

Si bien es natural que la oposición polemice con la naturaleza de estos cambios, no deja de sorprender el encuadre político que se ha buscado darle en este caso: el de prevenir una dictadura. 

Los legisladores de Acción Nacional tomaron la tribuna previo a la aprobación de estas reformas, sosteniendo una manta que rezaba “No a la Dictadura Obradorista”, acompañada de una imagen del presidente electo con uniforme militar y una bandera venezolana de fondo, obviamente referenciando al ex mandatario de ese país, Hugo Chávez.

Como táctica, la comparación de AMLO con Chávez dio excelentes dividendos al PAN, pues desde 2006 buscó hacer un símil entre ambos personajes bajo un discurso del miedo, en aquella infame campaña del “Peligro para México”, a pesar de que las supuestas similitudes no resistían el escrutinio. 

En el proceso electoral de 2018 se buscó nuevamente generar una liga similar, que no funcionó ante un electorado lleno de hartazgo y enojo hacia las opciones tradicionales y las agudas problemáticas del país, desde la corrupción hasta la violencia.

Como cualquier tema público, la creación de la figura de los delegados federales y cualquier otra decisión que tome la administración de AMLO -y cualquier otra, para ese propósito- es debatible. Sin embargo, afirmar que estas reformas están llevando al país hacia una dictadura es un exceso que carece de responsabilidad institucional hacia la República.

Para dimensionar los cambios que están ocurriendo, por ejemplo, con la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habrá que recordar que en 2012, al entrar la administración del Presidente Peña Nieto, también se hicieron reformas a la Ley Orgánica que desaparecieron la Secretaría de Seguridad Pública y crearon la Comisión Nacional de Seguridad dentro de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia quedó como responsable tanto de la política interior como del aparato de seguridad no militar del Estado Mexicano, es decir, reunió en un solo ente la operación política y la seguridad pública.

En aquél momento se criticó de diversos sectores la maniobra, pero no se habló de una dictadura. Cabe también traer a la memoria pública el exposé que publicó el New York Times en junio de 2017, cuando dio a conocer que el Estado Mexicano, a través del software Pegasus (en el que habría gastado alrededor de 80 millones de dólares), estaba espiando a activistas de Derechos Humanos y periodistas, cuando se suponía que esa herramienta solo debería ser utilizada para investigar a criminales y terroristas. Esa sí que era una práctica propia de una dictadura: espiar a quienes un régimen considera enemigos políticos.

La oposición tiene derecho de ejercer crítica y presión política como mejor le parezca, dentro del marco de la ley, pero también de un marco ético: el de no desinformar ni tergiversar la realidad, pues vivimos una época donde los hechos comprobables son cada vez más frágiles, mientras se fortalecen percepciones políticas basadas en la desinformación y la discordia.

Una dictadura implica la desaparición de garantías, censura a la prensa, represión ante la disidencia, la utilización del aparato estatal para amedrentar e incluso asesinar. Significa la destrucción de las instituciones democráticas y el imperio de la ley. 

La tragedia es que, aunque no de forma generalizada, estas atrocidades han venido ocurriendo durante los últimos años en México: se violan Derechos Humanos; se asesinan periodistas; se espía a activistas; se realizan ejecuciones extrajudiciales; se cometen actos de corrupción y fraude de forma sistemática; se pisotea la ley.

Personajes como Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas y el mismo Trump significan una regresión hacia fantasmas del pasado que creímos expiados en el siglo XX, pero retornan de las sombras de donde se escondían. Hoy México tiene el reto compartido desde el nuevo gobierno federal, las autoridades a todos los niveles, la oposición, la prensa y la sociedad en su conjunto, de conducir la vida democrática dentro de la institucionalidad.

Más valdría concentrarse en fortalecer nuestra frágil democracia para evitar la polarización, que andar azuzando y sembrando la sedición sin fundamentos. Puede estarse de acuerdo o no con la agenda del Presidente electo, pero no existe ningún elemento objetivo para afirmar que se está avanzando hacia un régimen totalitario.

Vivimos un momento complejo, donde las polarizaciones pueden agudizarse y mutar en extremismos. Lo mejor que puede hacer la oposición es precisamente serlo, de manera crítica, responsable y con la dureza que considere necesaria, pero dentro de un marco democrático, es decir, con hechos y dentro de la ley.

gilberto@altiusconsultores.com