Bronco asegura que sanción directa es ilegal

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, aseguró que el procedimiento que le iniciará el Congreso por el desvío de recursos para la recolección de firmar para su candidatura presidencial está fuera de la ley.

“Están metidos en una complicación. Ningún Poder puede ejercer nada fuera de la ley y el procedimiento no está establecido en la ley”, aseguró Rodríguez Calderón.

El mandatario detalló que la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debió de haber sido turnado hacia una autoridad con atribuciones.

“El Tribunal debió haberlo mandado a otra autoridad, pudo haber sido la Fiscalía Anticorrupción, o haberme demandado y yo ser sometido a la denuncia t tener derecho de la defensa”.

Por otro lado, “el Bronco” consideró ilegal estar sometido a dos proceso distintos por la misma acusación.

“Hay dos juicios: uno que se está siguiendo en la Fiscalía Anticorrupción, donde ya han sido citados la mayoría de los que se dice incumplieron con la ley, y este. Estamos siendo juzgados dos veces, y eso la Constitución no lo permite”, afirmó.

Rodríguez Calderón rechazó que vaya a discutir públicamente su estrategia de defensa, y esperará a ser notificado del procedimiento acordado por el Congreso para analizar su decisión.

Plantean crear comisión para definir sanción al ‘Bronco’

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El Congreso local de Nuevo León analiza crear una comisión especial para definir la sanción al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por desviar recursos públicos del estado para la recolección de firmas para su candidatura presidencial del 2018.

Los coordinadores de las bancadas de Morena y PVEM, Ramiro González e Ivonne Bustos, respectivamente, señalaron que, tras un análisis jurídico del asunto, también se contempla el inicio de un juicio político para sancionar al gobernador, por lo que se requeriría una comisión especial.

“Si tenemos que hacer un juicio político, la ley te marca que tendrías que crear una comisión jurisdiccional para emitir un dictamen. Eso algo que estamos analizando jurídicamente”, dijo González.

Por su parte, Bustos, dijo que la creación de la comisión no significa quitarle a la Comisión Anticorrupción, presidida por el diputado Arturo Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano.

“Revisando el proceso legal eso sería lo que procede. No es por quitarle a Anticorrupción el tema, pero de lo que hemos revisado, correspondería la creación de una comisión dictaminadora”, comentó la diputada del PVEM.

Hasta el momento los legisladores locales no han determinado si la sanción debe aplicarse de manera directa, para lo que se necesitan 22 votos, o si sería vía un juicio político, que requiere de 28 votos.

(Con información de Grupo Reforma)

Van con todo contra “el Bronco”; analizaran sanción a partir de hoy

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Los líderes de las bancadas en el Congreso local, del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente; de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos, aseguraron que una de sus prioridades es sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” por ser una orden de la autoridad judicial electoral y una exigencia de los ciudadanos.

De la Fuente dijo durante su discurso de arranque del periodo legislativo que responderán al llamado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y destacó que la campaña presidencial fue un “tremendo error” del Gobernador.

Por su parte, Colosio dijo que el Congreso debe dar muestra de que no permitirá la violación de las leyes, por lo que propondrán discutir la sanción al gobernador a partir de este lunes.

La coordinadora de la bancada del PVEM, Ivonne Bustos, dijo que los ciudadanos esperan que el Congreso sancione al Bronco y que así lo harán.

“La prioridad para la ciudadanía es el castigo al Gobernador y mañana nos vamos a reunir los coordinadores para poder ya estar viendo un programa de qué es lo que debemos hacer”, dijo la diputada.

Hasta el momento los legisladores locales no se han puesto de acuerdo en si la sanción debe aplicársele de manera directa, para lo que se requieren 22 votos, o vía un juicio político, que requiere de 28 votos.

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción, dijo que está en espera de que los coordinadores definan postura para poder convocar a los integrantes de esta y dar tramite al expediente.

La Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) revisarán los escenarios jurídicos sobre el caso.

(Con información de Grupo Reforma)

“El Bronco” pidió $100 millones de pesos para “relanzar” su imagen

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, solicitó 100 millones de pesos para relanzar su imagen personal en radio y televisión, esto con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

De acuerdo a información revelada por el periódico El Norte, el gastos sería absorbido por otras dependencias, con el fin de “maquillar” las cifras de gasto en comunicación social.

“Nos enteramos que el área de Comunicación Social pidió 100 millones de pesos por orden del Gobernador para una campaña de spots en televisión y radio por el Cuarto Informe”, dijo un informante al medio citado.

Otras fuentes de los organismos descentralizados explicaron que Rodríguez Calderón busca promover lo que considera sus logros, sin embargo, no quiere que se refleje en el gasto total en publicidad para este año, ya que no fue considerada en el Presupuesto 2019.

“Pero no quieren que se refleje como gasto del Gobierno estatal, en el área de Comunicación social, y los quieren pasar a varios organismos, que tendrían que aportar cada uno entre 8 y 10 millones de pesos, que serían justificados como gastos propios en esas áreas“, declaró un informante.

“El Bronco”, actualmente enfrenta una posible destitución del cargo, esto debido a una orden por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que solicita al Congreso de Nuevo León imponer una sanción contra el mandatario, esto debido a que uso recursos públicos para juntar las firmas necesarias para ser candidato presidencial en el 2018.

Preve Samuel García destitución del ‘Bronco’ para septiembre – octubre

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El senador Samuel García aseguró que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, sería destituido entre septiembre y octubre de este año, esto debido a que incurrió en delitos electorales y debe responder a la justicia.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), afirmo que existe consenso entre las diversas fracciones parlamentarias del Congreso de Nuevo León, para analizar y aprobar una reforma al artículo 106 de la Constitución local y retirar la inmunidad al “Bronco” para ser juzgado.

“Lo menos que se pudiera con esto es una destitución, por eso el PAN, Morena y el PRI se sumaron al ‘sí se destituye’. Estoy convencido que en octubre a más tardar lo tenemos que quitar”, aseguró el legislador federal.

García recordó que en el 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el entonces candidato independiente destiño recursos públicos y humanos del estado de Nuevo León para su campaña presidencial.

“Como estoy seguro que Jaime va a ser destituido, porque la sentencia es muy clara, pues básicamente una vez que es destituido, pierde el fuero constitucional y ya puede ser llevado a juicio, Inclusive hoy acudí a la Fiscalía Anticorrupción a presentar pruebas”, dijo el legislador en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula.

Al ser cuestionado sobre el “vacío legal” en que entraría Nuevo León en caso de que Rodríguez Calderón sea destituido, el senador dijo que esto podría no pasar, y destacó que debido a que “El Bronco” no pertenece a ningún partido, soy salida abre las puertas a que un académico, empresario o ciudadano comprometido, asuma el gobierno del estado para lo que resta del sexenio.

El “Senatore” descartó estar interesado en ocupar la vacante.

Este miércoles, García, acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a entregar un escrito sobre el caso y una copia de la sentencia del TEPJF donde se confirma la culpabilidad del gobernador.

#DimesyDiretes: “¿Juicio Político al Gobernador?”

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En recientes fechas hemos visto que se ha desatado una polémica porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Congreso del Estado, sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario General de Gobierno Manuel González Flores, por haber incurrido en violaciones a la Ley Electoral al permitir que funcionarios del Gobierno del Estado en horarios y días laborales recolectaran firmas de apoyo a la candidatura presidencial del Gobernador de Nuevo León en el preámbulo del proceso electoral del año 2018.

Al Gobernador se le imputa el usar esas firmas con un fin electoral siendo que éstas provienen de un acto ilícito como lo es el ejercicio indebido de funciones de los servidores públicos estatales que recolectaron estas firmas, y al Secretario General de Gobierno, en ese entonces Gobernador interino se le imputa haber permitido dichos actos al ser el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el período en que se cometió el ilícito.

Ante esta situación hay políticos que buscan subirse a la noticia y sacar provecho de dicha situación y han gritado a los cuatro vientos que exigen a destitución del Gobernador de Nuevo León, sin embargo no se han ponderado aspectos jurídicos relevantes.

Los hechos motivo de ésta controversia son un presunto delito contemplado por el artículo 11 fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero dicho delito fue cometido por las personas que recabaron las firmas.

Al no haber en éste momento delito comprobado en sentencia judicial que condene a Jaime Rodríguez o Manuel González, ellos gozan de una presunción de inocencia que es un derecho constitucional, consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución; además de que no puede proceder el congreso a la Declaración de Procedencia prevista por la Constitución del Estado puesto que el procedimiento indica en el artículo 112 de la Constitución Local que en caso de que existiera causa penal, tanto el Gobernador como el Secretario General de Gobierno pudieran seguir en su encargo al tiempo en que enfrentan la acusación.

Para el caso de Juicio Político, que sí contempla la destitución del cargo, de conformidad la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Nuevo León, que era la Ley vigente al momento de que se cometieron éstos actos. Sin embargo para proceder a la destitución, la infracción a dicha Ley tiene que ser calificada como grave, y la gravedad la refiere la ley en razón del daño patrimonial, reiteración de la falta y circunstancias similares, no que un senador o cualquier otro político haga una acusación y sentencia pública de manera unilateral.

Si queremos un Estado de Derecho si deben ser sancionados el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno por las faltas antes mencionadas, pero deben ser sancionados en proporción a la falta cometida, no con base en el prejuicio o en el escándalo que quiera generar algún político para sacar provecho de ésta situación.

Avanza reforma para revocación de mandato

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La Cámara de Diputados se alista para poner a debate y votación el dictamen para que el presidente de la República pueda someterse a una consulta de revocación de mandato y las consultas populares sean anuales con resultados vinculatorios.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle informó que Morena pretende subir este jueves al pleno el dictamen de reformas constitucionales que fue avalado por sus legisladores y aliados en noviembre pasado en una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en donde los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano abandonaron los trabajos.

De ser aprobado el dictamen, el Ejecutivo federal podría estar en las boletas electorales en las elecciones de 2021.

El dictamen establece que la consulta o consultas populares se realizarán una vez al año el primer domingo de julio y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto que el proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral (en 2021), en la que sólo se elijan diputados federales y podrá ser solicitada ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.

La revocación del mandato sería vinculante cuando hubiera mayoría absoluta de los votos depositados en la urna y siempre y cuando concurran a esa votación al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El INE sería el organizador de ese ejercicio en términos de sus facultades tanto para la verificación, en el caso de solicitud de los ciudadanos, requisitos de firmas y después para la organización y desarrollo de la votación y cómputos respectivos.

Sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que emitiría la declaración de validez del proceso de revocación de mandato y su resultado final, señalando que en caso de que la definición de la votación sea con carácter revocatorio, el presidente de la República cesará sus funciones al día siguiente y se aplicaría el Artículo 84 de la Constitución.

Se establecería también el procedimiento y las causales de nulidad de la revocación del mandato, y que las leyes desarrollen lo conducente al procedimiento de revocación de mandato.

El dictamen indica que el cargo de presidente puede ser revocado en los términos establecidos en la Carta Magna.

Subraya que el Ejecutivo federal podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad de su mandato, a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

En caso de destitución del presidente, y una vez comunicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera oficial el resultado al Congreso, si se encontrase en sesiones, cuando menos las dos terceras partes del total de sus integrantes, se constituirá en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino, de acuerdo con la ley del Congreso.

El Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes dicho nombramiento, y la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, en un plazo no mayor a seis meses ni menor de tres.

¡Buscan revivir al PES!

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Tal y como lo leyó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca revivir al Partido Encuentro Social (PES), esto de acuerdo a un proyecto que circula al interior del órgano electoral, elaborado por el Magistrado Felipe de la Mata.

De acuerdo al magistrado, aunque el PES no alcanzó el 3% de la votación en los comicios del 1 de julio del 2018, sí alcanzó ese porcentaje en su representación en las Cámaras de Diputados y Senadores.

“Aun cuando el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 Diputados federales y ocho Senadores, lo que en primer caso representa 11.2 por ciento del total de Diputados, y en el segundo el 6.25 por ciento del total de Senadores. En contraste, con el porcentaje de representación del PT (5.6 por ciento), MC (5.6 por ciento), PRD (4 por ciento). De ahí que lo lógico es que, si los partidos con menor representación conservaron su registro en la Cámara de Diputado, el PES lo conserve también”, se lee en el proyecto del magistrado.

Impugna Felipe elección Regia ante la Sala Superior del TEPJF

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El ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe de Jesús Cantú, impugnó ayer la elección extraordinaria a la alcaldía de Monterrey ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esto a tan solo unas horas de que el nuevo alcalde tome protesta.

El jueves pasado la Sala Regional del TEPJF ratificó la victoria del priista Adrián de la Garza, por lo que los panistas recurrieron a esta última instancia en la materia, que resolverá en definitiva.

La defensa de Cantú aseguró que con los recursos presentados por el ex candidato y por el partido buscan repetir los resultados de la elección en favor del panista, al señalar que hay casillas con vicios que pueden ser anuladas. Además, se insiste en el rebase de tope de gastos de campaña por parte del Alcalde electo, con lo que afirman se puede anular la elección.

Por otro lado, se pide que se resigne un regidor mas y la inelegibilidad del regidor electo priista Francisco Salazar, por tener su residencia en el municipio de San Pedro.

Tanto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y la Sala Regional han desechado los recursos presentados por el PAN y han confirmado el resultado de la elección del 23 de diciembre. La Sala Superior tiene hasta el día de mañana para resolver las impugnaciones presentadas por el PAN.

La rebelión de los autónomos

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Los órganos constitucionales autónomos están en rebeldía. La rebelión se ha manifestado en contra de actos y omisiones relacionados con el núcleo de aquello que les permite funcionar de forma autónoma e independiente: los presupuestos.

En efecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó el pasado 23 de enero que presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados, por considerar que “la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.” (https://centralelectoral.ine.mx/2019/01/23/presenta-ine-ante-scjn-controversia-constitucional-presupuesto-egresos-la-federacion-2019/). El INE ha expresado que la organización de los comicios en los estados pueden ponerse en riesgo y, además, que incluso se afectan condiciones generales de trabajo de servidoras y servidores del Instituto. En suma, que esta reducción injustificada y sin expresión de razones jurídicas y fácticas, “viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal.”

En ese mismo sentido, la SCJN ya tiene en su conocimiento la controversia constitucional 5/2019 que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)  en contra de la Cámara de Diputados porque, desde su perspectiva, este órgano legislativo fue omiso en cumplir con su deber constitucional de “realizar el examen y discusión exhaustiva (…) para justificar debidamente la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019.” (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2019-01-15/MP_ContConst-5-2019.pdf). Al decir de este órgano constitucional, el recorte de 280 millones en su presupuesto para este año “vulnera la función regulatoria (…) prevista en el artículo 28 de la Constitución.” (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-interpondra-controversia-constitucional-20190110-0056.html). 

En el orden local, la Fiscalía General del Estado anunció igualmente que utilizaría el mecanismo de la controversia constitucional ante la SCJN para combatir el recorte de su presupuesto del orden de 33 por ciento respecto del que proyectó para el ejercicio 2019. Esto lo harán porque, como sostuvo su titular: “este mecanismo de defensa garantiza su autonomía e independencia contra cualquier otro órgano o poder del estado, eso para garantizar la procuración de justicia.” (https://www.reporteindigo.com/reporte/fiscalia-a-la-scjn-por-recorte-funcionarios-siguen-con-megasueldos-presupuesto/). En este caso, las autoridades demandadas serían el Poder Ejecutivo del Estado y el H. Congreso del Estado.

Otro órgano constitucional autónomo del estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral (CEE), recién ha perdido la primera batalla de su lucha por garantizar su autonomía, independencia y cumplimiento de sus programas esenciales para 2019. En efecto, el pasado 25 de enero el TEENL resolvió el recurso de apelación 001/2019 por medio del cual la CEE había combatido, por una parte, el ajuste o recorte que realizó el Ejecutivo respecto del proyecto de presupuesto que le envió el órgano electoral únicamente para su inclusión en el general que debía hacerse llegar al Legislativo; y por la otra, la omisión del Congreso del Estado de pronunciarse de forma fundada y motivada sobre el referido proyecto original de la CEE. (file:///Users/admin/Desktop/RA-001_Desetimatoria%20vs%20ajuste%20presupuesto%20CEE.pdf). En el caso de este órgano constitucional autónomo, el recorte fue del orden de 157 millones de pesos.

Más allá de la racionalidad y de la eficiencia en los presupuestos, estos casos permitirán justipreciar si la doctrina constitucional de los órganos autónomos en México tiene futuro o deberíamos dar la vuelta de hoja hacia la subordinación de los entes públicos frente a los Ejecutivos y los Legislativos.

En principio, porque, tal como señala la teoría constitucional, los órganos constitucionales autónomos tienen las notas características de ser a) necesarios, b) indefectibles, c) expresión de la separación coordinada de poderes y de su equilibrio y d) órganos en paridad de rango respecto de los demás órganos constitucionales, particularmente porque tienen coparticipación en la soberanía y no existe dependencia jerárquica entre ellos (Rodríguez-Zapata). En este sentido, la SCJN ha dicho que estos órganos deben, además, “contar con autonomía e independencia funcional y financiera.” (Tesis P./J. 12/2008). 

La esencialidad de estos órganos y su función dentro de los estados democráticos constitucionales de derecho, hace muy fácil prever que puedan entrar cotidianamente en conflicto con los Poderes clásicos, particularmente con los Ejecutivos y los Legislativos. Esto es así, porque el régimen democrático espera de estos órganos un “deber de ingratitud” (Rosanvallon), esto es, que una vez integrados, tomen decisiones difíciles, incómodas e, incluso, contrarias a los intereses de los referidos poderes. 

En este sentido, una pulsión natural de los poderes respecto a los autónomos es intentar incidir en sus decisiones, sea por la interferencia extra jurídica en las designaciones de sus titulares, sea por la injerencia ilegítima en el control sobre sus presupuestos. Es en esta segunda dimensión en donde se observa la rebelión de los autónomos. 

La SCJN ha definido criterios en el sentido de que la división de poderes acepta grados de afectación: intromisión, dependencia y subordinación. (Tesis P.J. /80/2004). También, respecto de poderes judiciales locales, este máximo tribunal ha sostenido que “la limitación de su autonomía en la gestión presupuestal implica violación al principio de división de poderes.” (Tesis P.J./ 83/2004). Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que “la autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales electorales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función.” (Tesis XV/2017). En suma, la SCJN ha sostenido que los órganos constitucionales autónomos deben gozar de garantías institucionales para la “protección constitucional a su autonomía y (…) sus características orgánicas y funcionales esenciales.” (Tesis 2ª. CLXV1/2017 [10ª]).

El INE, el IFT, la Fiscalía General del Estado y la CEE, han iniciado lo que ahora se ve solo como un atisbo de rebelión, pero que, sin duda, con la participación de otro poder, el Judicial, permitirá equilibrar el ejercicio del poder en México y, sobre todo, hará posible justipreciar el valor o la irrelevancia de los órganos constitucionales autónomos: Si no defienden la importancia de sus presupuestos, ¿qué podemos esperar sobre el ejercicio independiente y autónomo de sus funciones?