“El Bronco” se destapa para el 2024

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Una entrevista sostenida entre Jaime Rodríguez Calderón (alias “el Bronco”) y El Heraldo reveló que el Bronco está planeando contender para la Presidencia de la República en el 2024, a pesar de haber protagonizado “una de las campañas más polémicas” el año pasado. Él menciona que podría tener más posibilidades bajo estas circunstancias diferentes, ya que “México está en ese marasmo, de esperar si Andrés Manuel (López Obrador) dará o no resultados”.

“Tome la decisión, con la responsabilidad, sabiendo que no tenía esa posibilidad de ganar, lo sabía, pero creo que tuvimos resultados exitosos, porque haber sacado ese número de votos era importante (dos millones 339 mil 431, que representaron 5.13 por ciento de los resultados), sin tener una estructura política en el país, utilizando simplemente la red digital. Nos dio un buen resultado y me atrevería de nuevo, claro que lo haría”.

Respecto al proceso iniciado en el Congreso de Nuevo León en contra suya, éste opina que no va a proceder debido a que el Poder Legislativo no es superior a él jerárquicamente, sino iguales, como establecería la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “De ahí que recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional, la cual suspendió las acciones mientras estudian a fondo el caso.”

 

(Con información de El Horizonte)

Batean impugnación del PAN en contra de elección de Piedra Ibarra

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó las quejas de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en torno al procedimiento de elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, esto al considerar que son actos ajenos al tema electoral y que se trató de acciones parlamentarias que nada tienen que ver con la materia que trata el Tribunal.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que los legisladores deben tener un mecanismo de acceso a al justicia para que el mismo órgano revise sus procedimiento de designaciones públicas, lo cuál sería “fundamental para la legitimidad de las decisión del Senado”.

En el mismo sentido, el magistrado José Luis Vargas, compartió el desechamiento, porque consideró que el acto controvertido es parlamentario y existen dilemas en los que muchas ocasiones el sistema tienen puntos finales y este en particular es parte de una soberanía que es del Senado.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora, dijo que sería necesario un pronunciamiento para interpretar las inconformidades a luz de derechos protegidos en las leyes y la Constitución.

Sanción a la abstención

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El 24 de octubre de 2019, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de obligación del voto.

Misma, que fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

En la referida iniciativa, esencialmente se propuso reformar los artículos 128, 447 numeral 1 y 456 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de combatir el abstencionismo electoral.

Lo anterior, considerando como nueva causal de infracción la no emisión del voto sin que exista causa justificada y, sancionando al infractor impidiéndole realizar gestiones o trámites ante los entes públicos federales, estatales o municipales durante el lapso que fije la autoridad electoral.

Siendo oportuno precisar, que no se pretende sancionar a quien libremente acude a las urnas y decide anular su voto pues no lo convencen las propuestas de los candidatos, sino por el contrario, únicamente se sancionará a aquellos que sin causa justificada se abstienen de cumplir con su obligación como ciudadanos de la República de acudir a las urnas en las elecciones.

Sobre el particular, considero que esta reforma es necesaria, pero sobre todo congruente con el texto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM). 

Necesaria, puesto que tal y como lo señaló la Senadora Nadia Navarro Acevedo el abstencionismo electoral golpea fuertemente la democracia, siendo imperativo adoptar medidas para su disminución, sin contar el elevado costo financiero que esta práctica representa para el Estado Mexicano.

Máxime, que según se advierte del “estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las Elecciones Federales de 2009, 2012 y 2015“, en México el promedio de participación ciudadana (contando elecciones intermedias y presidenciales) desde 1991 a 2015 es del 57.58%, es decir, existe un preocupante 42.42% de abstencionismo electoral.

Situación anterior, que evidencia la necesidad del Estado Mexicano, por una reforma como la que hoy nos ocupa.

Por su parte, la reforma es congruente con el texto de nuestra CPEUM, pues si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 35 de la CPEUM votar en las elecciones populares es un derecho de la ciudadanía, lo cierto es que el alcance del referido derecho debe interpretarse como la facultad que tiene el ciudadano mexicano para ejercer su voto libremente en las urnas y no así, como la facultad del ciudadano mexicano para decidir sí acude a ejercer el derecho o no.

Lo anterior, puesto que a la par del derecho de la ciudadanía para votar en las elecciones populares, subsiste la obligación contenida en la fracción III, del artículo 36 de la CPEUM, que expresamente establece que son obligaciones del ciudadano de la república votar en las elecciones y en las consultas populares.

Esto, pues tal y como lo señaló, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus “Apuntes de Derecho Electoral” atendiendo a que la norma tiene que permitir el cumplimiento de lo ordenado, y la omisión de lo prohibido, encuentra significado el aserto de que todo mundo tiene el derecho de cumplir con sus obligaciones.

No es óbice, que lo anterior aparentemente resulte una contradicción, pues desde una perspectiva lógico-jurídica, votar se trata de una obligación que se traduce en la función pública de integrar los órganos de elección popular y que funda, a su vez, el derecho del ejercicio obligatorio de votar.

En este orden de ideas, siguiendo con la lógica-jurídica de que a todo incumplimiento de una obligación debe corresponder una sanción, es que resulta congruente la reforma que hoy se comenta.

Finalmente, espero que nuestros legisladores logren advertir la necesidad y congruencia de la reforma propuesta y, sea aprobada a la brevedad con las modificaciones técnicas correspondientes.

Bronco asegura que sanción directa es ilegal

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, aseguró que el procedimiento que le iniciará el Congreso por el desvío de recursos para la recolección de firmar para su candidatura presidencial está fuera de la ley.

“Están metidos en una complicación. Ningún Poder puede ejercer nada fuera de la ley y el procedimiento no está establecido en la ley”, aseguró Rodríguez Calderón.

El mandatario detalló que la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debió de haber sido turnado hacia una autoridad con atribuciones.

“El Tribunal debió haberlo mandado a otra autoridad, pudo haber sido la Fiscalía Anticorrupción, o haberme demandado y yo ser sometido a la denuncia t tener derecho de la defensa”.

Por otro lado, “el Bronco” consideró ilegal estar sometido a dos proceso distintos por la misma acusación.

“Hay dos juicios: uno que se está siguiendo en la Fiscalía Anticorrupción, donde ya han sido citados la mayoría de los que se dice incumplieron con la ley, y este. Estamos siendo juzgados dos veces, y eso la Constitución no lo permite”, afirmó.

Rodríguez Calderón rechazó que vaya a discutir públicamente su estrategia de defensa, y esperará a ser notificado del procedimiento acordado por el Congreso para analizar su decisión.

Plantean crear comisión para definir sanción al ‘Bronco’

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El Congreso local de Nuevo León analiza crear una comisión especial para definir la sanción al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por desviar recursos públicos del estado para la recolección de firmas para su candidatura presidencial del 2018.

Los coordinadores de las bancadas de Morena y PVEM, Ramiro González e Ivonne Bustos, respectivamente, señalaron que, tras un análisis jurídico del asunto, también se contempla el inicio de un juicio político para sancionar al gobernador, por lo que se requeriría una comisión especial.

“Si tenemos que hacer un juicio político, la ley te marca que tendrías que crear una comisión jurisdiccional para emitir un dictamen. Eso algo que estamos analizando jurídicamente”, dijo González.

Por su parte, Bustos, dijo que la creación de la comisión no significa quitarle a la Comisión Anticorrupción, presidida por el diputado Arturo Bonifacio de la Garza, de Movimiento Ciudadano.

“Revisando el proceso legal eso sería lo que procede. No es por quitarle a Anticorrupción el tema, pero de lo que hemos revisado, correspondería la creación de una comisión dictaminadora”, comentó la diputada del PVEM.

Hasta el momento los legisladores locales no han determinado si la sanción debe aplicarse de manera directa, para lo que se necesitan 22 votos, o si sería vía un juicio político, que requiere de 28 votos.

(Con información de Grupo Reforma)

Van con todo contra “el Bronco”; analizaran sanción a partir de hoy

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Los líderes de las bancadas en el Congreso local, del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente; de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos, aseguraron que una de sus prioridades es sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” por ser una orden de la autoridad judicial electoral y una exigencia de los ciudadanos.

De la Fuente dijo durante su discurso de arranque del periodo legislativo que responderán al llamado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y destacó que la campaña presidencial fue un “tremendo error” del Gobernador.

Por su parte, Colosio dijo que el Congreso debe dar muestra de que no permitirá la violación de las leyes, por lo que propondrán discutir la sanción al gobernador a partir de este lunes.

La coordinadora de la bancada del PVEM, Ivonne Bustos, dijo que los ciudadanos esperan que el Congreso sancione al Bronco y que así lo harán.

“La prioridad para la ciudadanía es el castigo al Gobernador y mañana nos vamos a reunir los coordinadores para poder ya estar viendo un programa de qué es lo que debemos hacer”, dijo la diputada.

Hasta el momento los legisladores locales no se han puesto de acuerdo en si la sanción debe aplicársele de manera directa, para lo que se requieren 22 votos, o vía un juicio político, que requiere de 28 votos.

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción, dijo que está en espera de que los coordinadores definan postura para poder convocar a los integrantes de esta y dar tramite al expediente.

La Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) revisarán los escenarios jurídicos sobre el caso.

(Con información de Grupo Reforma)

“El Bronco” pidió $100 millones de pesos para “relanzar” su imagen

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El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “el Bronco”, solicitó 100 millones de pesos para relanzar su imagen personal en radio y televisión, esto con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno.

De acuerdo a información revelada por el periódico El Norte, el gastos sería absorbido por otras dependencias, con el fin de “maquillar” las cifras de gasto en comunicación social.

“Nos enteramos que el área de Comunicación Social pidió 100 millones de pesos por orden del Gobernador para una campaña de spots en televisión y radio por el Cuarto Informe”, dijo un informante al medio citado.

Otras fuentes de los organismos descentralizados explicaron que Rodríguez Calderón busca promover lo que considera sus logros, sin embargo, no quiere que se refleje en el gasto total en publicidad para este año, ya que no fue considerada en el Presupuesto 2019.

“Pero no quieren que se refleje como gasto del Gobierno estatal, en el área de Comunicación social, y los quieren pasar a varios organismos, que tendrían que aportar cada uno entre 8 y 10 millones de pesos, que serían justificados como gastos propios en esas áreas“, declaró un informante.

“El Bronco”, actualmente enfrenta una posible destitución del cargo, esto debido a una orden por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que solicita al Congreso de Nuevo León imponer una sanción contra el mandatario, esto debido a que uso recursos públicos para juntar las firmas necesarias para ser candidato presidencial en el 2018.

Preve Samuel García destitución del ‘Bronco’ para septiembre – octubre

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El senador Samuel García aseguró que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, sería destituido entre septiembre y octubre de este año, esto debido a que incurrió en delitos electorales y debe responder a la justicia.

El senador de Movimiento Ciudadano (MC), afirmo que existe consenso entre las diversas fracciones parlamentarias del Congreso de Nuevo León, para analizar y aprobar una reforma al artículo 106 de la Constitución local y retirar la inmunidad al “Bronco” para ser juzgado.

“Lo menos que se pudiera con esto es una destitución, por eso el PAN, Morena y el PRI se sumaron al ‘sí se destituye’. Estoy convencido que en octubre a más tardar lo tenemos que quitar”, aseguró el legislador federal.

García recordó que en el 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el entonces candidato independiente destiño recursos públicos y humanos del estado de Nuevo León para su campaña presidencial.

“Como estoy seguro que Jaime va a ser destituido, porque la sentencia es muy clara, pues básicamente una vez que es destituido, pierde el fuero constitucional y ya puede ser llevado a juicio, Inclusive hoy acudí a la Fiscalía Anticorrupción a presentar pruebas”, dijo el legislador en entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula.

Al ser cuestionado sobre el “vacío legal” en que entraría Nuevo León en caso de que Rodríguez Calderón sea destituido, el senador dijo que esto podría no pasar, y destacó que debido a que “El Bronco” no pertenece a ningún partido, soy salida abre las puertas a que un académico, empresario o ciudadano comprometido, asuma el gobierno del estado para lo que resta del sexenio.

El “Senatore” descartó estar interesado en ocupar la vacante.

Este miércoles, García, acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a entregar un escrito sobre el caso y una copia de la sentencia del TEPJF donde se confirma la culpabilidad del gobernador.

#DimesyDiretes: “¿Juicio Político al Gobernador?”

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En recientes fechas hemos visto que se ha desatado una polémica porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Congreso del Estado, sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario General de Gobierno Manuel González Flores, por haber incurrido en violaciones a la Ley Electoral al permitir que funcionarios del Gobierno del Estado en horarios y días laborales recolectaran firmas de apoyo a la candidatura presidencial del Gobernador de Nuevo León en el preámbulo del proceso electoral del año 2018.

Al Gobernador se le imputa el usar esas firmas con un fin electoral siendo que éstas provienen de un acto ilícito como lo es el ejercicio indebido de funciones de los servidores públicos estatales que recolectaron estas firmas, y al Secretario General de Gobierno, en ese entonces Gobernador interino se le imputa haber permitido dichos actos al ser el titular del Poder Ejecutivo del Estado en el período en que se cometió el ilícito.

Ante esta situación hay políticos que buscan subirse a la noticia y sacar provecho de dicha situación y han gritado a los cuatro vientos que exigen a destitución del Gobernador de Nuevo León, sin embargo no se han ponderado aspectos jurídicos relevantes.

Los hechos motivo de ésta controversia son un presunto delito contemplado por el artículo 11 fracción IV de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, pero dicho delito fue cometido por las personas que recabaron las firmas.

Al no haber en éste momento delito comprobado en sentencia judicial que condene a Jaime Rodríguez o Manuel González, ellos gozan de una presunción de inocencia que es un derecho constitucional, consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución; además de que no puede proceder el congreso a la Declaración de Procedencia prevista por la Constitución del Estado puesto que el procedimiento indica en el artículo 112 de la Constitución Local que en caso de que existiera causa penal, tanto el Gobernador como el Secretario General de Gobierno pudieran seguir en su encargo al tiempo en que enfrentan la acusación.

Para el caso de Juicio Político, que sí contempla la destitución del cargo, de conformidad la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de Nuevo León, que era la Ley vigente al momento de que se cometieron éstos actos. Sin embargo para proceder a la destitución, la infracción a dicha Ley tiene que ser calificada como grave, y la gravedad la refiere la ley en razón del daño patrimonial, reiteración de la falta y circunstancias similares, no que un senador o cualquier otro político haga una acusación y sentencia pública de manera unilateral.

Si queremos un Estado de Derecho si deben ser sancionados el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno por las faltas antes mencionadas, pero deben ser sancionados en proporción a la falta cometida, no con base en el prejuicio o en el escándalo que quiera generar algún político para sacar provecho de ésta situación.

Avanza reforma para revocación de mandato

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La Cámara de Diputados se alista para poner a debate y votación el dictamen para que el presidente de la República pueda someterse a una consulta de revocación de mandato y las consultas populares sean anuales con resultados vinculatorios.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle informó que Morena pretende subir este jueves al pleno el dictamen de reformas constitucionales que fue avalado por sus legisladores y aliados en noviembre pasado en una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en donde los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano abandonaron los trabajos.

De ser aprobado el dictamen, el Ejecutivo federal podría estar en las boletas electorales en las elecciones de 2021.

El dictamen establece que la consulta o consultas populares se realizarán una vez al año el primer domingo de julio y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto que el proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral (en 2021), en la que sólo se elijan diputados federales y podrá ser solicitada ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.

La revocación del mandato sería vinculante cuando hubiera mayoría absoluta de los votos depositados en la urna y siempre y cuando concurran a esa votación al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El INE sería el organizador de ese ejercicio en términos de sus facultades tanto para la verificación, en el caso de solicitud de los ciudadanos, requisitos de firmas y después para la organización y desarrollo de la votación y cómputos respectivos.

Sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que emitiría la declaración de validez del proceso de revocación de mandato y su resultado final, señalando que en caso de que la definición de la votación sea con carácter revocatorio, el presidente de la República cesará sus funciones al día siguiente y se aplicaría el Artículo 84 de la Constitución.

Se establecería también el procedimiento y las causales de nulidad de la revocación del mandato, y que las leyes desarrollen lo conducente al procedimiento de revocación de mandato.

El dictamen indica que el cargo de presidente puede ser revocado en los términos establecidos en la Carta Magna.

Subraya que el Ejecutivo federal podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad de su mandato, a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

En caso de destitución del presidente, y una vez comunicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera oficial el resultado al Congreso, si se encontrase en sesiones, cuando menos las dos terceras partes del total de sus integrantes, se constituirá en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino, de acuerdo con la ley del Congreso.

El Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes dicho nombramiento, y la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, en un plazo no mayor a seis meses ni menor de tres.