Avanza reforma para revocación de mandato

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La Cámara de Diputados se alista para poner a debate y votación el dictamen para que el presidente de la República pueda someterse a una consulta de revocación de mandato y las consultas populares sean anuales con resultados vinculatorios.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle informó que Morena pretende subir este jueves al pleno el dictamen de reformas constitucionales que fue avalado por sus legisladores y aliados en noviembre pasado en una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en donde los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano abandonaron los trabajos.

De ser aprobado el dictamen, el Ejecutivo federal podría estar en las boletas electorales en las elecciones de 2021.

El dictamen establece que la consulta o consultas populares se realizarán una vez al año el primer domingo de julio y será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto que el proceso de revocación de mandato se realizará el mismo día de la jornada electoral (en 2021), en la que sólo se elijan diputados federales y podrá ser solicitada ante alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión durante el primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura.

La revocación del mandato sería vinculante cuando hubiera mayoría absoluta de los votos depositados en la urna y siempre y cuando concurran a esa votación al menos 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El INE sería el organizador de ese ejercicio en términos de sus facultades tanto para la verificación, en el caso de solicitud de los ciudadanos, requisitos de firmas y después para la organización y desarrollo de la votación y cómputos respectivos.

Sería la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que emitiría la declaración de validez del proceso de revocación de mandato y su resultado final, señalando que en caso de que la definición de la votación sea con carácter revocatorio, el presidente de la República cesará sus funciones al día siguiente y se aplicaría el Artículo 84 de la Constitución.

Se establecería también el procedimiento y las causales de nulidad de la revocación del mandato, y que las leyes desarrollen lo conducente al procedimiento de revocación de mandato.

El dictamen indica que el cargo de presidente puede ser revocado en los términos establecidos en la Carta Magna.

Subraya que el Ejecutivo federal podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad de su mandato, a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato.

En caso de destitución del presidente, y una vez comunicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera oficial el resultado al Congreso, si se encontrase en sesiones, cuando menos las dos terceras partes del total de sus integrantes, se constituirá en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un presidente interino, de acuerdo con la ley del Congreso.

El Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes dicho nombramiento, y la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo, en un plazo no mayor a seis meses ni menor de tres.

¡Buscan revivir al PES!

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Tal y como lo leyó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) busca revivir al Partido Encuentro Social (PES), esto de acuerdo a un proyecto que circula al interior del órgano electoral, elaborado por el Magistrado Felipe de la Mata.

De acuerdo al magistrado, aunque el PES no alcanzó el 3% de la votación en los comicios del 1 de julio del 2018, sí alcanzó ese porcentaje en su representación en las Cámaras de Diputados y Senadores.

“Aun cuando el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 Diputados federales y ocho Senadores, lo que en primer caso representa 11.2 por ciento del total de Diputados, y en el segundo el 6.25 por ciento del total de Senadores. En contraste, con el porcentaje de representación del PT (5.6 por ciento), MC (5.6 por ciento), PRD (4 por ciento). De ahí que lo lógico es que, si los partidos con menor representación conservaron su registro en la Cámara de Diputado, el PES lo conserve también”, se lee en el proyecto del magistrado.

Impugna Felipe elección Regia ante la Sala Superior del TEPJF

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El ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe de Jesús Cantú, impugnó ayer la elección extraordinaria a la alcaldía de Monterrey ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), esto a tan solo unas horas de que el nuevo alcalde tome protesta.

El jueves pasado la Sala Regional del TEPJF ratificó la victoria del priista Adrián de la Garza, por lo que los panistas recurrieron a esta última instancia en la materia, que resolverá en definitiva.

La defensa de Cantú aseguró que con los recursos presentados por el ex candidato y por el partido buscan repetir los resultados de la elección en favor del panista, al señalar que hay casillas con vicios que pueden ser anuladas. Además, se insiste en el rebase de tope de gastos de campaña por parte del Alcalde electo, con lo que afirman se puede anular la elección.

Por otro lado, se pide que se resigne un regidor mas y la inelegibilidad del regidor electo priista Francisco Salazar, por tener su residencia en el municipio de San Pedro.

Tanto el Tribunal Electoral del Estado (TEE) y la Sala Regional han desechado los recursos presentados por el PAN y han confirmado el resultado de la elección del 23 de diciembre. La Sala Superior tiene hasta el día de mañana para resolver las impugnaciones presentadas por el PAN.

La rebelión de los autónomos

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Los órganos constitucionales autónomos están en rebeldía. La rebelión se ha manifestado en contra de actos y omisiones relacionados con el núcleo de aquello que les permite funcionar de forma autónoma e independiente: los presupuestos.

En efecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó el pasado 23 de enero que presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados, por considerar que “la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.” (https://centralelectoral.ine.mx/2019/01/23/presenta-ine-ante-scjn-controversia-constitucional-presupuesto-egresos-la-federacion-2019/). El INE ha expresado que la organización de los comicios en los estados pueden ponerse en riesgo y, además, que incluso se afectan condiciones generales de trabajo de servidoras y servidores del Instituto. En suma, que esta reducción injustificada y sin expresión de razones jurídicas y fácticas, “viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal.”

En ese mismo sentido, la SCJN ya tiene en su conocimiento la controversia constitucional 5/2019 que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)  en contra de la Cámara de Diputados porque, desde su perspectiva, este órgano legislativo fue omiso en cumplir con su deber constitucional de “realizar el examen y discusión exhaustiva (…) para justificar debidamente la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019.” (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2019-01-15/MP_ContConst-5-2019.pdf). Al decir de este órgano constitucional, el recorte de 280 millones en su presupuesto para este año “vulnera la función regulatoria (…) prevista en el artículo 28 de la Constitución.” (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-interpondra-controversia-constitucional-20190110-0056.html). 

En el orden local, la Fiscalía General del Estado anunció igualmente que utilizaría el mecanismo de la controversia constitucional ante la SCJN para combatir el recorte de su presupuesto del orden de 33 por ciento respecto del que proyectó para el ejercicio 2019. Esto lo harán porque, como sostuvo su titular: “este mecanismo de defensa garantiza su autonomía e independencia contra cualquier otro órgano o poder del estado, eso para garantizar la procuración de justicia.” (https://www.reporteindigo.com/reporte/fiscalia-a-la-scjn-por-recorte-funcionarios-siguen-con-megasueldos-presupuesto/). En este caso, las autoridades demandadas serían el Poder Ejecutivo del Estado y el H. Congreso del Estado.

Otro órgano constitucional autónomo del estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral (CEE), recién ha perdido la primera batalla de su lucha por garantizar su autonomía, independencia y cumplimiento de sus programas esenciales para 2019. En efecto, el pasado 25 de enero el TEENL resolvió el recurso de apelación 001/2019 por medio del cual la CEE había combatido, por una parte, el ajuste o recorte que realizó el Ejecutivo respecto del proyecto de presupuesto que le envió el órgano electoral únicamente para su inclusión en el general que debía hacerse llegar al Legislativo; y por la otra, la omisión del Congreso del Estado de pronunciarse de forma fundada y motivada sobre el referido proyecto original de la CEE. (file:///Users/admin/Desktop/RA-001_Desetimatoria%20vs%20ajuste%20presupuesto%20CEE.pdf). En el caso de este órgano constitucional autónomo, el recorte fue del orden de 157 millones de pesos.

Más allá de la racionalidad y de la eficiencia en los presupuestos, estos casos permitirán justipreciar si la doctrina constitucional de los órganos autónomos en México tiene futuro o deberíamos dar la vuelta de hoja hacia la subordinación de los entes públicos frente a los Ejecutivos y los Legislativos.

En principio, porque, tal como señala la teoría constitucional, los órganos constitucionales autónomos tienen las notas características de ser a) necesarios, b) indefectibles, c) expresión de la separación coordinada de poderes y de su equilibrio y d) órganos en paridad de rango respecto de los demás órganos constitucionales, particularmente porque tienen coparticipación en la soberanía y no existe dependencia jerárquica entre ellos (Rodríguez-Zapata). En este sentido, la SCJN ha dicho que estos órganos deben, además, “contar con autonomía e independencia funcional y financiera.” (Tesis P./J. 12/2008). 

La esencialidad de estos órganos y su función dentro de los estados democráticos constitucionales de derecho, hace muy fácil prever que puedan entrar cotidianamente en conflicto con los Poderes clásicos, particularmente con los Ejecutivos y los Legislativos. Esto es así, porque el régimen democrático espera de estos órganos un “deber de ingratitud” (Rosanvallon), esto es, que una vez integrados, tomen decisiones difíciles, incómodas e, incluso, contrarias a los intereses de los referidos poderes. 

En este sentido, una pulsión natural de los poderes respecto a los autónomos es intentar incidir en sus decisiones, sea por la interferencia extra jurídica en las designaciones de sus titulares, sea por la injerencia ilegítima en el control sobre sus presupuestos. Es en esta segunda dimensión en donde se observa la rebelión de los autónomos. 

La SCJN ha definido criterios en el sentido de que la división de poderes acepta grados de afectación: intromisión, dependencia y subordinación. (Tesis P.J. /80/2004). También, respecto de poderes judiciales locales, este máximo tribunal ha sostenido que “la limitación de su autonomía en la gestión presupuestal implica violación al principio de división de poderes.” (Tesis P.J./ 83/2004). Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que “la autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales electorales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función.” (Tesis XV/2017). En suma, la SCJN ha sostenido que los órganos constitucionales autónomos deben gozar de garantías institucionales para la “protección constitucional a su autonomía y (…) sus características orgánicas y funcionales esenciales.” (Tesis 2ª. CLXV1/2017 [10ª]).

El INE, el IFT, la Fiscalía General del Estado y la CEE, han iniciado lo que ahora se ve solo como un atisbo de rebelión, pero que, sin duda, con la participación de otro poder, el Judicial, permitirá equilibrar el ejercicio del poder en México y, sobre todo, hará posible justipreciar el valor o la irrelevancia de los órganos constitucionales autónomos: Si no defienden la importancia de sus presupuestos, ¿qué podemos esperar sobre el ejercicio independiente y autónomo de sus funciones?

Ratifica Sala Regional del TEPJF victoria de Adrián de la Garza en Monterrey

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La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó este jueves la victoria del priista Adrián de la Garza en la elección extraordinaria a la alcaldía de Monterrey del pasado 23 de diciembre. 

El magistrado Yairsinio García estuvo a cargo de presentar el proyecto, en el que se propuso desechar los recursos presentados por el candidato del PAN, Felipe De Jesús Cantú, al considerar que eran infundados y sin sustento.

El proyecto obtuvo el respaldo de los Magistrados Jorge Emilio Sánchez-Cordero y Claudia Valle Aguilasocho, ratificando así la resolución del 11 de enero del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Las impugnaciones rechazadas por la Sala Regional acusaban violación de la cadena de custodia, coacción al voto vía la Tarjeta Regia, una conformación ilegal de las casillas, el rebase de topes de campaña, y errores y dolo en el cómputo.

“Este conjunto de indicios que están refiriendo como fundamentes de la causa de nulidad, no tienen la convicción suficiente como para determinar que existió lo que la ley requiere para fincar una causa de nulidad”, argumentó el Magistrado García.

Gilberto Gómez, representante legal del PAN, calificó la resolución como una burla y aseguró que impugnarán el fallo ante la Sala Superior, al considerar que existen suficientes elementos para lograr un resultado a favor de Cantú.

Por su parte, el representante del PRI, Juan José Aguilar Garnica, dijo que el PAN no tiene los sustentos suficientes para obtener un resultado favorable en la Sala Superior.

El PAN tiene ahora tres días para promover un recurso ante la Sala Superior del TEPJF, mismo que tendrá que resolver antes del 31 de enero, fecha en la que toma protesta el nuevo Alcalde.

(Con información de Grupo Reforma)

¡Renuncia magistrada que no anuló elección de Puebla!

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La Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, renunció a su cargo.

A través de un comunicado, la controversial magistrada del TEPJF y que fuera presidente del órgano judicial por 2 años, anunció su renuncia.

“La vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación debe saber adaptarse a los cambios. Por ello, asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de Presidenta del Tribunal Electoral”, se lee en la misiva publicada en sus redes sociales.

En el comunicado, Otálora hace referencia a la crisis que el TEPJF sufrió con el caso de la elección de Puebla, donde se definió el futuro político del gobierno del estado antes del accidente que sufrieron Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle.

“La reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. Esta crisis fue resuelta en su momento por el propio Pleno”.

La renuncia de la Magistrada se da un poco más de un mes después de que su colega el magistrado, José Luis Vargas Valdez, diera a conocer que presentaría una denuncia en contra de Otálora por el caso Puebla, al considerar que la expresidente del TEPJF cometió diversas irregularidades cuando se discutió el proyecto de anulación de elecciones locales en Puebla.

Cabe mencionar que aunque Janine renunció a la Presidencia del TEPJF, seguirá siendo Magistrada en el órgano judicial electoral.

Morena acusa complicidad de TEPJF con Moreno Valle

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El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusó que los cuatro magistrados que votaron en contra de anular la elección a Gobernador de Puebla no resistieron las presiones políticas y la capacidad corruptora del ex Mandatario estatal panista Rafael Moreno Valle.

En un desplegado, el partido aseveró que la justicia electoral en el País ha muerto, por lo que este caso no debe quedar impune y se debe investigar quiénes fueron los operadores de la maniobra de presión política que evito la nulidad de los comicios.

“Con esta sentencia, la justicia electoral en nuestro país ha muerto. Cuatro magistrados, incluida su presidenta, no resistieron las presiones políticas y la capacidad corruptora de Rafael Moreno Valle“, expuso Morena.

“Los cuatro integrantes de la Sala Superior que convalidaron el fraude son parte del antiguo régimen. Por decisión de la mayoría de la población, México ya cambió, estamos construyendo la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. Vamos a seguir trabajando e impulsando el cambio para que en todo el país exista una verdadera democracia”.

En el texto, Morena insistió en que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue antidemocrática y convalida el fraude electoral más grande que se ha hecho en Puebla, ya que, como expuso el proyecto de sentencia del Magistrado José Luis Vargas, el cual proponía revocar el triunfo de la panista Martha Érika Alonso, demostró que no fueron unos comicios limpios.

Los cuatro Magistrados que votaron en contra de anular la elección poblana fueron Indalfer Infante, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y la Magistrada presidenta, Janine Otálora.

Las sentencias de Monterrey y la falta de certeza en las reglas

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A la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey contribuyó la administración electoral. Pero también abonó a ella un sistema de justicia electoral cuyo diseño cada vez sirve menos para generar certeza sobre las reglas de una elección. Este quiebre institucional se evidencia aún más en el contexto de la elección extraordinaria más grande que jamás se haya organizado en México.

Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado y por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los resultados de Monterrey generaron “falta de certeza por parte de las autoridades de la cadena impugnativa” (SUP-REC-1638/2018 y acumulados, p. 22).

No obstante, la sentencia de nulidad de la Sala Superior del TEPJF del pasado 30 de octubre también sumó elementos de incertidumbre.

Subrayo el cambio de sentido en unas cuantas horas. El proyecto del Magistrado Felipe Fuentes proponía revocar la sentencia de la Sala Regional y regresar el triunfo a Adrián de la Garza (Reforma, 30 de octubre de 2018). Este proyecto no alcanzó la mayoría y se construyó uno nuevo proponiendo la nulidad de toda la elección de Monterrey. Surgen las preguntas siguientes: ¿Puede un Magistrado cambiar completamente el sentido de su proyecto de sentencia antes de la discusión en sesión pública? ¿Son los tribunales constitucionales órganos cuasi parlamentarios que deben buscar en primer lugar obtener mayorías, antes que el convencimiento de sus pares, de los justiciables y de la sociedad por medio de la expresión de razones jurídicas para sustentar su proyecto? Si un tribunal constitucional desea construir certeza, estas preguntas deben ser respondidas en sentido negativo.

Me enfoco ahora en el fondo. La Sala Superior repite constantemente que hubo irregularidades en cuanto a los paquetes electorales y su cómputo en 186 casillas. La Sala concluye que con ello se afectó el principio de certeza y autenticidad de toda la elección. Más preguntas: Dentro de un universo de 1,606 casillas instaladas, ¿irregularidades en 186 casillas son suficientemente graves desde el punto de vista cuantitativo? Sin duda no, porque esa cantidad de casillas representa el 11.58 por ciento del total de las casillas instaladas. Por otra parte, si a la Sala Superior le preocupaba el principio de certeza, ¿por qué no señala específicamente en su razonamiento cuáles fueron las casillas respecto de las cuales se acreditaron irregularidades en los paquetes electorales y el cómputo?

Esta sentencia, desafortunadamente, no es la única que ha abonado a la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey. En efecto, una vez que la Comisión Estatal Electoral fijó el día para la jornada electoral extraordinaria y determinó que según la Ley Electoral los partidos políticos y coaliciones no podían cambiar de candidaturas, MORENA impugnó este acuerdo directamente ante la Sala Superior, saltándose (per saltum) las instancias del Tribunal Local y de la Sala Regional. La razón de fondo de MORENA para inconformarse es que deseaban (aún desean) postular una candidatura a la Alcaldía diferente a la que presentó la coalición en la elección ordinaria. Sin embargo, la Sala Superior consideró que el asunto debía ser analizado primero en el Tribunal Local y posteriormente en la Sala Regional. Una decisión más de la Sala Superior que abonó a la falta de certeza, porque aún ahora no existe certeza sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Electoral que prohíbe cambiar de candidaturas en una elección extraordinaria.

Efectivamente, primero el Tribunal Local (JI-320/2018 y su acumulado), y posteriormente la Sala Regional Monterrey (SM-JRC-381/2018), dotaron de mayores dosis de incertidumbre a la elección. La primera sentencia permitió nuevas coaliciones e incluso nuevas candidaturas; la segunda, por su parte, confirmó la posibilidad de nuevas coaliciones, aunque con las mismas candidaturas. Demasiadas interpretaciones sobre un artículo muy claro: “Los partidos políticos no podrán cambiar de candidato o candidatos….” (Art. 16 de la Ley Electoral de Nuevo León). Norma que ya ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Acción de Inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99).

La sentencia del TEE, además, deja de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Electoral que le planteó MORENA, con lo cual abona a la incertidumbre que todo tribunal debe evitar. Sin embargo, la sentencia de la Sala Regional Monterrey deriva consecuencias jurídicas que resultan aún más ambiguas. En efecto, esta sentencia confirma el derecho a crear nuevas coaliciones, pero obliga a que postulen las mismas candidaturas que en la elección ordinaria, salvo que exista renuncia, fallecimiento o inhabilitación. Pensemos en la nueva coalición PRI-PVEM: Si Adalberto Madero no renuncia a su cargo, ¿quién encabezará la planilla? Pero pensemos en el problema inicial, esto es, la coalición de MORENA-PES-PT. Para ellos, la sentencia de Sala Monterrey implica un efecto negativo: Si constituyen una nueva coalición MORENA y PES, debe ser con las mismas candidaturas de la elección ordinaria, esto es, con el candidato a la Alcaldía cuyo origen partidario es del PT, “Pato” Zambrano; pero si MORENA y PES no desean a este candidato, entonces se quedan fuera de la contienda porque individualmente no pueden postular nuevas candidaturas, esto es, están obligados a ir en coalición y con una candidatura que no desean.

Esta incertidumbre y confusión podría haberse evitado si la Sala Superior hubiese admitido el juicio per saltum que le planteó originalmente MORENA (actualmente hay tres recursos de reconsideración esperando ser resueltos por la Sala Superior faltando menos de un mes para la elección).

En fin, para cuando finalmente tome posesión la planilla ganadora lo único que nos quedará cierto es que en una elección extraordinaria la falta de certeza no es solo responsabilidad de las autoridades administrativas. También los tribunales contribuyen a ella con: i) la judicialización excesiva; ii) la atomización de las instancias jurisdiccionales, pero sobre todo iii) la inflación interpretativa de las normas. 

¡Qué paradoja!: quienes adujeron que en la elección ordinaria hubo falta de certeza son quienes ahora la fomentan. Los Tribunales deben crear condiciones de certeza en cuanto a las reglas del juego, no fomentar la incertidumbre.

Multan a Ricardo Anaya por “calumniar” a Riobóo

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El ex candidato Presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue sancionado con una multa de 16 mil pesos por calumniar durante el tercer debate Presidencial y un acto proselitista a José María Riobóo.

En su sesión de este miércoles, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el exabanderado presidencial “generó intencionalmente la idea de que el empresario Riobóo era corrupto”, al señalar que fue el contratista favorito de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, al darle contratos.

El TEPJF consideró inoperantes los agravios de Anaya al hacer inferencias sobre licitaciones sin concursos que se traducen en imputaciones por hechos de corrupción, por lo que consideraron que el panista debe de pagar una multa de 16 mil pesos para subsanar las afectaciones provocadas al empresario.

Los magistrados, salvo Felipe de la Mata, coincidieron en que partidos y candidatos están obligados a ser cautelosos al referirse a particulares y evitar expresiones que atenten contra la honorabilidad o reputación de una persona.

La magistrada presidente Janine M. Otálora señalo que las expresiones utilizadas en el debate intentaron generar una imagen imprecisa de un particular, ya que le imputaba la participación en el delito de corrupción y hubo afectación a la honra de este ciudadano.

Descarta PAN NL desistir de demanda de San Pedro

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El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Iván Medrano, descartó que  vayan a desistir de la demanda presentada en la elección del municipio de San Pedro, tal y como lo había solicitado el alcalde electo de ese municipio, Miguel Treviño.

“Yo creo que no podemos adelantarnos tampoco a una decisión que no ha sido tomada por la Sala Regional. Esperaríamos en su momento que se tome la decisión para como partido también tomar un posicionamiento”, dijo Medrano al ser cuestionado sobre el asunto.

El día de ayer Treviño pidió al PAN desistirse de la demanda presentada por el equipo jurídico de la ex candidata panista Rebeca Clouthier, esto con el fin de evitar que se vote en la Sala Regional.

Cabe recordar que el proyecto que podría discutir hoy mismo en la noche o mañana la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estipula anular la elección sampetrino por supuesto actos anticipados de campaña de Treviño y rebase en el tope de gastos.