La muerte de la Democracia

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La destrucción de las instituciones democráticas de México sigue su avance implacable. ¿Qué habrá sucedido en el INE entre jueves, cuando la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, integrada por cinco consejeros, aprobó por unanimidad darle el registro al nuevo partido “México Libre” de Margarita Zavala y el viernes, cuando en la sesión del Pleno integrada por 11 consejeros, 7 votaron en contra y solamente 4 a favor? 

Los motivos alegados parecen mezquinos cuando se sabe cómo se mueve el dinero en los partidos políticos. ¿Cuáles fueron los motivos de la consejera Adriana Favela para votar a favor el jueves y en contra el viernes? Ella misma declaraba: Necesitamos gente que tengamos credibilidad, que tengamos profesionalismo y tengamos conocimiento en materia electoral. (…) Necesitamos gente que llegue y se inmiscuya en los trabajos porque aquí no hay ningún tipo de plazo para que uno se pueda adaptar, sino que llegando se tiene que empezar a trabajar y tomar decisiones. Por eso, lo ideal es que sean personas que conozcan la materia”, antes de la elección de los nuevos y más recientes consejeros. ¿Cuál credibilidad, si no dio ninguna explicación a su cambio de postura? 

Peor que la dudosa actitud de la consejera resultó el video que, en una forma por demás incomprensible, permitió publicar la Presidencia de la República exhibiendo las divagaciones del presidente en una tarde de ocio en su propiedad de Tabasco, debajo de un árbol cómo si fuera San Luis, rindiendo justicia en el siglo XIII. Se le olvidó su investidura presidencial y habló cómo jefe de pandilla electoral, en un espectáculo indigno de lo que debe representar en cada momento. ¡Qué descaro! ¡Qué vulgaridad! Da vergüenza tener que reconocer que este personaje es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Tan bajo habrá caído el país?  

Después del derrumbe del INE, se puede temer lo peor para las elecciones del 2021. ¿Será AMLO el garante de las elecciones cómo lo afirmó en su momento? ¿O todavía quedará el último reducto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dar alguna razón a los procesos democráticos?

 La Justicia constituye la última defensa antes de la dictadura, no la que describía Vargas Llosa, sino la de Fidel Castro y de los regímenes totalitarios que asolaron la Unión Soviética y Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Una dictadura en la cual el voto no sirve para nada. La muerte de la democracia.

No, no es broma, un senador de Morena propone eliminar el INE

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El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, propuso en sus redes sociales desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) tras el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador por ordenar bajar un spot del Segundo Informe Presidencial.

El senador aseguró que el presidente tiene facultades para así hacerlo y crear, en su lugar, el Instituto Electoral del Pueblo (IEP). Además, pidió la destitución del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Hay que quitar a Córdova o nombrar el Instituto Electoral del Pueblo, el IEP. López Obrador tiene facultades para desaparecer al INE y crear otro”, publicó Salgado Macedonio.

Cabe recordar que en #LaMañanera del miércoles, López Obrador anticipó que interpondrá una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a la decisión del INE de retirar su spot en el que menciona al papa Francisco.

Determina TEPJF que #LaMañanera seguirán transmitiéndose en Hidalgo y Coahuila

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó sin efectos el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se prohibía la transmisión de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados de Hidalgo y Coahuila debido al proceso electoral que se avecina.

En la sesión virtual de la sala superior de este miércoles, la mayoría de los magistrados consideraron que los asuntos que le fueron formulados al Instituto no incluían el tema de la transmisión de las conferencias del Presidente López Obrador, por lo que ordenaron al Consejo General modificar dicho acuerdo.

“A pesar de que ninguna de las solicitudes que fueron formuladas a la autoridad electoral contenía referencia alguna o sometían a su consideración el que se determinara si las conferencias matutinas podían considerarse como una de las excepciones constitucionales a la propaganda gubernamental, el Consejo General emitió un pronunciamiento por cuanto a su regularidad constitucional”, expuso el TEPJF.

El Tribunal concluyó que, al haberse pronunciado sobre un tema que no fue sometido a su consideración, el acuerdo del INE carece de sustento normativo.

Por lo que ahora el INE deberá sesionar dentro del plazo máximo de 48 horas después de recibir notificación de la resolución, para realizar los trámites necesarios y que, de nueva cuenta, se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo con la modificación ordenada.

Esta mañana, el Presidente López Obrador  anunció que presentaría una queja ante el TEPJF por la prohibición de transmitir sus conferencias de prensa, pero Morena interpuso la queja desde el 28 de agosto y en atención a ella se dio esta resolución.

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez celebró la medida y tuiteó:

El @TEPJF_informa corrigió al @INEMexico: las conferencias matutinas del pdte. @lopezobrador_ pueden ser transmitidas en Hidalgo y Coahuila. Las mañaneras son un ejercicio de información, transparencia y rendición de cuentas del ejecutivo federal”.

(Fuente: El Mañanero Diario)

SCJN aval juicio político contra “el Bronco” por la vía federal

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles que, para ser sancionado, Jaime Rodríguez Calderón puede ser sometido a juicio político federal por usar recursos públicos para impulsar su candidatura independiente a la Presidencia en el 2018, esto dos años después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local de Nuevo León sancionar a “el Bronco” por el caso de las “broncofirmas”.

La vía planteada por la SCJN que podría llegar a una eventual destitución o inhabilitación llevará mesas o años de proceso y acuerdos legislativos en el Congreso federal, mientras que el mandatario deja su puesto en octubre del próximo año.

Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte invalidado el procedimiento creador por el Congreso local para cumplir la orden de sancionar a “el Bronco”, dictada por el TEPJF.

Además, la Corte determinó que la sanción debe ser la prevista en el sistema de responsabilidades políticas de la Constitución federal y la debe atender el Congreso federal.

“De conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Federal, el tipo de juicio de responsabilidad y sanción que debe ser aplicable en el presente caso es el juicio político, a nivel federal. El procedimiento de responsabilidades en contra del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León debió de haber comenzado por la acusación respectiva de la Cámara de Diputados y, posteriormente, por la resolución declarativa de la Cámara de Senadores. Ausentes estos elementos, el Congreso local no estaba en condiciones para emitir el Acuerdo que contiene las reglas procesales para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado”, se lee en la sentencia.

Los ministros determinaron que el caso es federal, debido a que Rodríguez incurrió en irregularidades cuando aspiraba a una candidatura federal. Además, se descartó que sean aplicables responsabilidades administrativas o penales.

De acuerdo con el Artículo 110 de la Constitución federal, los gobernadores pueden ser sometidos a juicio político por violaciones graves, y en el caso de “el Bronco”, así fue determinado en la sentencia inapelable del TEPJF.

El proceso es el siguiente, el juicio político inicia en la Cámara de Diputados como “instructora del proceso, mientras que el Senado es el jurado que determina la existencia de la responsabilidad política, y para aprobarse se requiere dos terceras partes de los votos.

En el caso de Gobernadores, el Senado sólo hace una declaración que se notifica al Congreso estatal, para que éste determine la sanción, que solo puede ser destitución o inhabilitación.

Cabe mencionar que el último juicio político que se realizó en México fue hace 94 años contra un Gobernador de Jalisco. Adicionalmente, entre el 2003 y el 2017 el Congreso federal acumuló 356 denuncias de juicio político y ninguno avanzó.

(Con información de Grupo Reforma)

Perfila SCJN, nuevamente, salvar a “el Bronco”

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila, nuevamente, un proyecto que salvaría al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y al secretario de Gobierno, Manuel González, del procedimiento de sanción que se les inició en el Congreso de Nuevo León por el caso de las “broncofirmas”.

De acuerdo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, las reglas procesales del Congreso local para castigar a los funcionarios deben ser declaradas inválidas por no ajustarse a los procedimientos constitucionales.

“Por ellos resulta una intromisión indebida del Congreso local en el funcionamiento del Poder Ejecutivo”, se señala en la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo que está programada para su votación este miércoles.

Para ser aprobada, la propuesta debe recibir tres votos a favor de los cinco ministros.

De acuerdo a una fuente consultada por este medio, las ministras Margarita Ríos-Farjat y Norma Piña creen que el asunto debe sobreseerse por su naturaleza electoral, mientras que los ministros González Alcántara y Ortíz Mena dicen que deben declararse inconstitucionales los actos del Congreso para sancionar al Gobernador; el voto decisivo lo tendría el Ministro Pardo Rebolledo, mismo que en diversos precedentes ha establecido que la SCJN no debe conocer asuntos que tengan que ver directa o indirectamente con la materia electoral, además de que la SCJN no puede contrariar las órdenes del Tribunal Electoral al ser sus resoluciones cosa juzgada, mucho menos variar, modificar o interpretar las mismas.

En lo específico, el Ministro Pardo Rebolledo aunque no se ha decantado en su sentido del voto, se prevé que aplique sus precedentes en diversos asuntos parecidos y muy recientes, donde ha decidido sobreseer los expedientes porque se tratan de cuestiones electorales y de cosas ya juzgadas; por lo que ante su voto por el sobreseimiento, el Congreso del Estado tendría la vía libre y sin ningún impedimento jurídico para sancionar al Gobernador y al Secretario de Gobierno.

El 15 de julio, González retiró su proyecto, por no contar con apoyo suficiente, mismo que también daba la razón al mandatario de Nuevo León.

En el proyecto se planteaba una ruta alterna que pasaba por el Congreso Federal y un posible juicio político a nivel local.

En esta ocasión se propone que el Congreso local regularice el proceso para cumplir la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de castigar el uso de recursos públicos para recabar firmas para la campaña presidencial de Rodríguez Calderón.

Solicitan suspensión y multa para “el Bronco” por “broncofirmas”

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El ex consejero del INE, Marco Antonio Baños, indicó que el Congreso local de Nuevo León debe ejercer su soberanía u , dejando a un lado intereses políticos, sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón con una multa ejemplar y su separación temporal del cargo.

Baños, quien participó en la investigación del Instituto Nacional Electoral sobre el uso de recursos públicos para obtener las firmas de apoyo que requería Rodríguez para su candidatura presidencial en el 2018, dijo que la gravedad de las faltas está acreditada y no pueden darle un castigo “light”.

Por otro lado, lamentó que el Congreso esté a punto de cumplir dos años sin concretar un castigo para el gobernador y el Secretario General de Gobierno, Manuel González, como lo ordenó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además, estimó que la multa debe ser mucho mayor a los 317 mil 022 pesos que se plantearon en el dictamen que se voto el pasado viernes en el Congreso.

“Me parece ridículo que se considere una amonestación pública y una multa apenitas por arriba de los 300 mil pesos, porque si el castigo es una multa, pues esta debe ser ejemplar. Y para ellos debe definirse con exactitud cuántas fueron las horas que estos 572 servidores públicos dedicaron a recabar las firmas del Bronco… y eso debería ser lo que tendría que regresar, más un porcentaje que, en mi opinión, debería de ser de un 50 por ciento más. También se tiene que revisar la posibilidad de una suspensión en el ejercicio del cargo, a lo mejor no una destitución, pero sí una suspensión para que cumpla una sanción, no soy partidario de la destitución, pero sí debe proceder la suspensión”, señaló.

“Más allá de propósitos políticos tiene que establecerse una sanción ejemplar, porque una multa de 300 mil pesos no lo es, muerto de la risa lo vuelve a hacer. Si el Bronco se separó del cargo con una licencia para ir con una candidatura, también se le puede separar para sancionarlo, sin que sea por lo que resta de su gestión, para que no se entienda como una destitución. Sé que están pendientes recursos en la Suprema Corte, pero en ejercicio de su soberanía, el Congreso local debe tomar una decisión ya”.

Cabe recordar que el pasado viernes, luego de incumplir en dos ocasiones con plazos establecidos por el TEPJF para que se castigue a los dos funcionarios por desvío de recursos, el Congreso intentó hacerlo llevando al Pleno una propuesta para amonestarlos públicamente y multarlos con 90 días de su salario a cada uno, dictamen que no fue aprobado, y el expediente regresó a la Comisión Anticorrupción para que se elabore otra propuesta.

Invalida la SCJN la #LeyBonilla; la declara inconstitucional

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la #LeyBonilla, misma que buscaba ampliar el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Por unanimidad los 11 ministros se manifestaron a favor del proyecto promovido por Fernando Franco González Salas, el cual declaraba la mencionada ley como inconstitucional.

Al fijar su posicionamiento, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, apoyó el proyecto, pues consideró que se configura “un gran fraude” a la Constitución y acusó al Congreso de Baja California de alterar los resultados de un proceso electoral concluido.

“Voy a posicionarme sobre la totalidad del proyecto porque si bien coincido con todas y cada una de las violaciones constitucionales que en él se identifica, me parece que vistas en su conjunto configuran un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. Bajo la apariencia de que se estaba actuando en uno de su facultar legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su organización política y electoral el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador elector por dos años ejercería el cargo por cinco”, declaró Zaldívar.

Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez, Yasmín Esquivel Mossa y Norma Lucía Piña Hernández apoyaron el proyecto de González Salas, pues consideraron que la Ley Bonilla viola la Constitución.

Cabe recordar que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de Baja California, así como también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que se demanda la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución del Estado y que fue aprobada mediante un decreto.

El pasado 30 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) envió una opinión jurídica a la SCJN, donde por unanimidad, consideraron inconstitucional la reforma que amplía de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla.

Ratifica TEPJF que hubo promoción personalizada de AMLO en cartas de apoyo del IMSS

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que hubo una promoción personalizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las cartas de entrega de apoyos a microempresas familiares que hizo el IMSS, tal y como resolvió el INE la semana pasada.

La denuncia fue interpuesta por el PAN, PRI y PRD ante el INE, el cual ordenó la suspensión de las dos versiones de carta presentadas por el IMSS pues tenían la firma del Mandatario y hacían alusión a que era él quien estaba detrás del apoyo.

En su lugar ordenó la Comisión, las cartas y documentos de este programa deben ser sustituidos por “comunicaciones que se ajusten al marco constitucional”.

El asunto llegó al Tribunal Electoral, luego de que el IMSS acusara que el INE hizo una “indebida valoración de pruebas” y que se extralimitó en sus funciones para conocer e imponer las medidas cautelares.

En la sesión virtual que realizaron este miércoles los ministros de la Sala Superior del TEPJF, se confirmaron las medidas cautelares impuestas al IMSS, por lo que este deberá suspender la difusión de los documentos con “promoción personalizada” entregados a los beneficiarios.

“Luego de hacer un análisis exhaustivo del caso, las y los magistrados de la Sala Superior desestimaron los señalamientos del IMSS y ratificaron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al emitir las medidas cautelares”, concluyó el Tribunal.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Manuel González presenta queja ante la SCJN por sanción

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El secretario de Gobierno, Manuel González, presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que el Congreso fue emplazado a aplicarle una sanción antes del 24 de abril por el caso de las “broncofirmas”.

“El día de ayer presentamos un recurso de queja en la Suprema Corta de Justicia, en la sal del Ministro que está llevando a fondo este asunto, porque consideramos que esta resolución del TEPJF es violatoria de la suspensión”, declaró González.

Por otro lado, reiteró en que las dos suspensiones otorgadas por al SCJN, y dos más por el Tribunal de Justicia Administrativo del Estado, protegen tanto al Gobernador como a él, por lo que consideró un error de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exigir a los diputados locales una sanción.

“No consideramos que sea lo correcto y utilizaremos todos los medios para impugnar y mantener el estatus de suspensión ante una sanción hasta que no resuelva el máximo órgano del País sobre esta condición. Hoy por hoy, las suspensiones abarcan al Gobernador y a su servidor, porque yo estoy en este caso no como Secretario General de Gobierno, sino porque fui Gobernador interino.”, dijo el funcionario.

TEPJF pide sancionar al Bronco

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La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso local que sancione al Gobernador Jaime Rodríguez y al Secretario General de Gobierno, Manuel González, por el desvío de recursos para la obtención de las “broncofirmas”.

Señala que el Congreso incumplió durante dos periodos ordinarios la instrucción de sanciones a ambos funcionarios por el uso indebido de recursos públicos para la recolección de firmas que permitieron a Rodríguez contender por la Presidencia de México.

Ahora, demanda a los Diputados analizar la falta y aplicar sanciones dentro del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre y concluye el 20 de diciembre.

La resolución se emitió el 25 de julio dentro de un incidente de incumplimiento de sentencia que promovió el ahora Senador Samuel García.

El Congreso del Estado de Nuevo León no ha cumplido la sentencia dictada en el SRE-PSC-153/2018“, establece el primer punto de la resolución.

Se vincula a la Comisión Anticorrupción y a quien la presida, al Pleno, así como a la o el presidente del Congreso del Estado para que cumplan con la sentencia del 21 de junio de 2018 en los términos en que se precisa en esta resolución”.

 

 

(Con información de El Norte)