Revelan cuenta millonaria que Alfredo del Mazo tenía escondida en Andorra

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El gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo ocultó en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

Así lo refiere una publicación del diario español El País, que da cuenta de que Del Mazo Maza abrió la cuenta como “representante” de la sociedad holandesa Abeodan Corporation, en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Sin embargo, en su declaración de bienes de enero de 2017, el mexiquense no mencionó la cuenta, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, ni una supuesta participación del 10% en una empresa de estacionamientos llamada PUMASA, S.A. de C.V.

Un acta confidencial de la BPA, fechada el 25 de mayo de 2012, asegura que Del Mazo tenía intención de transferir al pequeño principado europeo hasta 4.5 millones de euros y que 2.5 millones provendrían de recursos “depositados en Suiza” o, al menos, eso fue lo que mencionó.

No obstante, el dinero de la cuenta de Del Mazo en la BPA fue congelado por las autoridades de Andorra en el año 2015, toda vez que dicha institución bancaria fue intervenida por lavado de dinero, pues tenía antecedentes de abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.

En Andorra, se dio seguimiento a una investigación en contra del mandatario mexiquense por un presunto delito de lavado de dinero.

Las pesquisas duraron dos años. Y, según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Por lo cual, los fondos embargados han sido liberados.

Se presume que las autoridades andorranas pidieron apoyo de sus pares en México, pero no obtuvieron datos en contra del extitular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

La justicia mexicana, según El País, abrió en 2018 diligencias y emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap) misma que fue enviada a la justicia de Andorra a través de un fiscal mexicano.

Los datos recabados por la banca andorrana en la que Del Mazo aperturó la cuenta, señalan que las acciones de PUMASA fueron “por cesión” de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su “amigo y socio”.

Sin embargo, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de PUMASA, S.A. Solo aparece uno de los hermanos de este último.

La cuenta representada por Del Mazo en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez.

Todos estos personajes han sido investigados por lavado de dinero por la juez andorrana María Ángeles Moreno.

La magistrada ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018. Y la respuesta mexicana ha sido que “no hay lugar a la acción penal”.

Canòlic Mingorance, la juez que ha investigado la mayoría de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuraduría General de la República) para no responder a las peticiones de auxilio judicial.

Otros priistas que han tenido cuentas en la BPA fueron Oscar Javier Lara Aréchiga, exdiputado sinaloense, y Francisco Arroyo Vieyra, que entre 2012 y 2013 presidió la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados y que fue embajador de México en Uruguay hasta noviembre de 2018.

Cabe mencionar que Del Mazo Maza fue alcalde del municipio mexiquense de Huixquilucan entre 2009 y 2012.

También se desempeñó como director de Banobras entre 2012 y 2015, año en que abrió la cuenta en el pequeño país europeo.

Atisbos de justicia laboral

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En la mesa política, hay siempre una gran cantidad de platos calientes. En los últimos días, éstos han tenido que ver con el #MeToo, con las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera, con las (lamentables) ternas de la CRE y, con la reforma educativa, entre otros. Así, con la diversidad y multitud de temas que se presentan en la mesa, me parece pertinente traer al frente un tema que, si acaso, ha pasado como un ligero entremés, a pesar de la vital relevancia que representa. 

El pasado primero de abril, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, arrancó el Programa Piloto para incorporar a las Trabajadoras del Hogar al Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este programa, derivado de una sentencia de la SCJN que determina la incorporación obligatoria de las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social, tendrá una duración de 18 meses y se concentrará en nueve estados de la república, mismos que concentran el 59% del trabajo doméstico, entre los que se encuentran: el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. 

El arranque del programa viene a constituirse, sin duda, como un logro significativo de la actual administración. Su creación, no solo tiene relevancia legal, sino también simbólica, puesto que viene a abrir el camino para resarcir el daño que por años se ha infligido en uno de los sectores más discriminados de la sociedad. Los datos lo ponen de manifiesto, más de un tercio de las trabajadoras domésticas recibe menos de un salario mínimo por el trabajo laborado, y solo una de cada diez cuentan con algún tipo de prestación, aunque, en una sociedad que no concibe su labor como un empleo o un trabajo “real”, la cifra posiblemente no sorprenda. 

De este modo, el siguiente gran obstáculo que enfrentará este programa, será la transición cultural hacia la construcción de un colectivo imaginario en el que las trabajadoras domésticas sean reconocidas como tal, es decir, como trabajadoras, y se disocie su concepción discriminatoria de “sirvienta”. Esta concepción actual, más allá de presentarse como una fuente de humillación verbal y de perpetuación de ciudadanos de segunda categoría, en la práctica, es realmente consistente con un esquema de servidumbre, entendido éste como un esquema en el que existe un amo y un siervo. 

La perpetuación de este esquema de servidumbre ha sido posible no solo por el componente clasista y machista de nuestra sociedad – partiendo de la noción de que las labores del hogar son una obligación de las mujeres, mismas a quienes históricamente se ha remunerado en mucho menor medida que los hombres – sino por el marco jurídico que rige a este sector, y la falta de acción gubernamental. Combinados estos dos factores, hemos tenido un marco jurídico que permite que las trabajadoras laboren por hasta 12 horas diarias, y sin la existencia de un salario mínimo definido. A este respecto, destaca que la obligatoriedad de fijar dicho salario se estableció en la Ley Federal del Trabajo desde 1977, hoy, cuarenta años después todavía no existe. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ha decidido emprender su parte, y llevará a cabo el primer foro consultivo para fijar dicho salario, el próximo 25 de abril.  

A pesar de que el camino por recorrer es largo (legal y socialmente), el emprendimiento del programa piloto se presenta como una oportunidad de brindarle a este sector de la población la justicia laboral que por décadas se les ha negado, de dignificar su labor, y de contribuir a la reducción de la desigualdad. De este modo, en un país que se ha caracterizado por la inactividad y la indiferencia gubernamental, no permitamos que la falta del cambio recaiga ahora en la sociedad, y en nuestros erróneos y discriminatorios constructos sociales. 

*Link al sitio donde se describen los pasos para inscribir a las trabajadoras domésticas al régimen de seguridad social: http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar

Mujer cocina a su yerno y lo pone en tamales

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El pasado mes de febrero, vecinos de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, alertaron a autoridades municipales sobre actividades extrañas, tras percibir un olores fétidos provenientes de una vivienda de una mujer que se dedicaba a vender tamales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron al domicilio de la mujer ubicados en la calle Mariano Escobedo de la colonia Xalostoc, lugar en el que localizaron a una mujer en estado de ebriedad cocinado el cadáver de su yerno en tamales.

La mujer argumentó que no tenia dinero para invertir en su negocio de tamales por lo que decidió asesinar a su yerno.

De acuerdo a los vecinos, a diario había pleitos en el domicilio, además de siempre estar bebiendo alcohol.

La mujer discutía constantemente con el joven y ambos tenían problemas de alcoholismo. Por lo que tras su última riña los vecinos percibieron un fétido olor proveniente de la vivienda de la acusada.

Autoridades informaron que al momento de la detención, la mujer tenía restos de su yerno desherbados en una cacerola listos para meterlos en cada tamal.

#Kleroterion: “La ruta del dinero… y el Huachicol”

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Todos hemos escuchado en pasados días, meses y años, la problemática del huachicoleo en México, algunos estados han sobresalido de manera negativa más que otros en este delito, ya sea por contar con terminales de almacenamiento o simplemente porque su geografía técnicamente es abundante en ductos o áreas de transporte y traslado de este combustible.

Ahora bien, me parece de vital importancia hacer esta columna derivado de los hechos recientes donde colocan a mi estado, Nuevo León, como epicentro en el lavado de dinero con actividades relacionadas al delito de huachicol, con alrededor de 20 mil millones de pesos, de acuerdo a un informe de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera.

En primer lugar, es importante señalar que en Nuevo León se cuenta con dos Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de PEMEX y la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, una de las más importantes de México, con una producción de 140 mil barriles diarios de petrolíferos, por lo que derivado del plan contra el huachicoleo del Gobierno Federal, se han mantenido vigiladas por parte de la SEDENA.

Por supuesto, al ser una refinería importante y un TAD, también son víctimas del tan mencionado huachicoleo y se han detectado casos de evasión fiscal de grupos gasolineros, por lo que el gobierno estatal y federal junto con varias dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la de Energía, Gobernación, entre otras, están trabajando de manera permanente para prevenirlo y en su caso, erradicarlo.

Para el Gobierno de Nuevo León, así como para el Ejecutivo Federal, es imperante erradicar por completo la estadística que nos tiene en un estado con operaciones relevantes ligadas al robo de combustible, ya que se coloca con casi la mitad del dinero investigado a nivel nacional relativo al huachicoleo, cabe mencionar, que el dinero fue vinculado a 8 estados, con datos oficiales e informados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.

Estoy convencido que después de todo, se debe de ir a fondo para poder presentar culpables y emitir las sanciones respectivas, ya sea a empresarios gasolineros, servidores públicos o cualquier persona que tenga injerencia en este delito, Nuevo León debe de trascender, como siempre lo ha hecho, por sus empresas, modernidad, trabajo, carácter y honestidad; por lo que no se debe permitir que se manche el nombre del estado con este delito.

Dentro de dicho reporte por parte del Ejecutivo, se menciona que se da seguimiento a tres personas que fueron las encargadas de hacer este tipo de movimientos ilícitos, ya que a vivas voces se demuestra que son la punta del iceberg, por lo que se conmina a la investigación directa y profunda; asimismo se informa que le sigue la CDMX con operaciones por 10 mil 757 millones de pesos, posteriormente Baja California con 5 mil 76 millones, siguiendo en la lista otros estados como EDOMEX, Michoacán, Jalisco, Puebla y Querétaro.

Por su parte y dentro del mismo informe, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó cómo fueron detectadas las anomalías en la indagación, diciendo que se empleó un modelo de investigación aplicado a operaciones con montos mayores a los 10 mil dólares, aportando que fueron detectados movimientos en efectivo de diversas gasolineras siendo diferentes al número de recursos con los que comúnmente laboran, por lo que ya fueron presentados casos de lavado ante la Fiscalía General de la República.

Ahora bien, se informó que un grupo delictivo proveniente de Tamaulipas se había instalado en el estado para lucrar con este delito, intentando apoderarse de todas las tomas clandestinas, pero fueron capturados por ministeriales en diversos operativos en tres municipios, específicamente en Apodaca, Guadalupe y Monterrey; asimismo se comunicó que se tenía como indicador que la ordeña creció un 8 por ciento entre 2017 y 2018, con un total de 223 tomas detectadas en 2018, afectando también a municipios como China, Los Aldamas, Santa Catarina y García.

Estas carpetas de investigación y detenciones nos dan muestra que se está avanzando en la erradicación de este delito, con todo el peso de la ley a quien resulte responsable, pues se sabe que hay muchos personajes involucrados como ex funcionarios, políticos y empresarios, relacionados directa o indirectamente en estos delitos. Por ejemplo, con concesiones de gasolineras y comercialización de huachicol, así como el lavado o blanqueamiento de dinero de estas actividades, siendo detectados depósitos internacionales, adquisición de vehículos, bienes, joyas, boletos de avión, obras de arte, etc., comprados con dinero ilícito.

Concluyo diciendo que estoy convencido que no debemos permitir que Nuevo León sea manchado o etiquetado por el delito de huachicol y blanqueamiento de dinero, sabemos muy bien que esos grupos de delincuencia intelectual y material no comparten el sentir y esfuerzo de un Neolonés, no son Nuevo León,  no son sus municipios, no son sus ciudadanos; por lo que hago votos para que se continúen las investigaciones y pesquisas necesarias para llegar al fondo de este delito, que sin duda, no frenará el trabajo honrado y fuerte de los neoloneses, sus empresas, crecimiento y sobre todo su respeto por las instituciones y el gobierno, no son más que un puñado de ladrones que ven a nuestro estado como un botín millonario con este delito, por lo que conmino a las autoridades como ciudadano orgulloso de su estado, a que se aplique todo el peso de la ley a los infractores y que continúe esta gran labor para la eliminación de este delito.

Asimismo, se aplaude el apoyo del Gobierno Federal al Ejecutivo Estatal para buscar, en colaboración, la lucha frontal contra la corrupción y el delito de robo de combustibles, así como invertir en la refinería de Cadereyta con una inversión estimada de 5 mil millones de pesos y los trabajos de la presa Libertad, para que dote de suministro de agua potable a esta planta, previstos en la pasada reunión con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

¡Vamos Nuevo León!

#Kleroterion: ¿Cuál es el Problema entonces?

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Increíble pero cierto, además de tratar de mitigar el pago de la gasolina cara y en la expectativa de que no suba el precio, o en su caso, de que baje, nos encontramos con otro problema muy grave, el desabasto. En estos días hemos visto en varios estados como Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, EDOMEX, entre otros, que se han quedado sin dicho combustible, por lo que sin duda, nos hace pensar una infinidad de teorías o explicaciones.

Llama la atención que dentro de las regiones del país que sufren escasez, está el estado de Puebla, lo que me arroja dos opciones, la primera, es un problema de logística en la distribución de gasolina en los ductos y la segunda, una jugada maestra para acabar con el huachicoleo, ya que este estado ha sido puntero de tal delito, por lo que al reducirse la gasolina, de alguna manera se obliga a las gasolineras a justificar si tenían inventarios falsos o no, para quedarse con este desabasto, mostrando y detectando si había gasolineras que vendían producto robado, no habría pipas qué robar y en estricto sentido las tomas clandestinas estarían secas.

¿Será entonces que el robo de combustible y la escasez, son figuras separadas o estratégicas?, me parece que es un buen factor de análisis, sin embargo, los ciudadanos son los que al final de todo seguimos pagando las consecuencias. Ahora bien, el desabasto también conlleva actos ilícitos, ya que en varios de estos estados, al surgir desabasto, los huachicoleros la venden a costos lógicamente altos, lo que sin duda, conlleva un impacto al sector automovilístico y de transporte, ya sea particular o privado.

Es muy importante esperar para ver qué efectos tendrá este desabasto, si es realmente una estrategia mediática para combatir el robo de combustible, o como dije anteriormente, un error de logística o técnico, convencidos de que en cualquiera de los casos, al final, somos los que pagamos, pero con la visión firme que al erradicar el huachicoleo, se contribuye para una mejor estructura de abasto y distribución de combustible, así como una mejora económica que se verá reflejada en el país.

Estoy consciente que un problema lleva al otro, si existe, como hasta ahora, un robo incuantificable de combustible, en algún momento debería existir escasez, pero imaginemos a qué grado de robo debemos llegar para que exista desabasto en un estado, por lo que entonces el huachicoleo se vuelve un delito de seguridad nacional, donde los grupos delictivos están coludidos con autoridades y trabajadores del sector.

Debemos tener en cuenta que en la mayoría de los estados que se tiene desabasto, son estados con problemas de robo de combustibles, por lo que es momento para reiniciar la estrategia de seguridad para el combate de este delito, así como los actores que lo influyen, se debe aprovechar este desabasto para transparentar la distribución, traslado y venta legal de gasolina, revisar los registros, ductos, áreas, etc., así como realizar un censo de manera adecuada a las gasolineras en sus inventarios, asimismo, que todos y cada uno de los gobernadores, alcaldes y funcionarios, unifiquen sus esfuerzos para abatir este grave delito.

Por su parte, es primordial explicar un poco lo que implica el huachicoleo, para 2004 el número de tomas clandestinas pasó a 102, ya en 2016, eran 6159 y en 2018 se registran 11240 tomas, por lo que es notoria la tendencia de crecimiento en 14 años, por lo que PEMEX tuvo derramas inimaginables de combustible, lo que implica pérdidas económicas y aproximadamente el robo de combustible produce al año pérdidas por 15 y 20 mil millones de pesos, esto con información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que nos damos cuenta cómo este delito influye  de manera directa en las finanzas públicas del país, por su afectación directa en los ingresos tributarios, así como en materia de infraestructura y por supuesto ecológica, sin mencionar los demás delitos que esto propicia y el impacto que conllevan en la sociedad.

Es momento de que la SHCP, PEMEX, FGR, Estados, Municipios, Congreso, etc., trabajen de manera conjunta en una estrategia integral para erradicar de manera eficaz este grave delito, con acciones concretas, por ejemplo, en PEMEX se implementaron sistemas para medir la presión en sus ductos y así poder detectar el robo de combustible, pero esto no ha sido suficiente, por lo que debe hacerse un trabajo conjunto para poder tener resultados.

Por un lado, es importante crear cambios legislativos para proporcionar un marco jurídico más estricto para el combate del huachicoleo y por otro, una buena estrategia de seguridad en los estados más afectados.

Concluyo diciendo que el desabasto de gasolina tiene una gran cola que se ha venido arrastrando durante muchos años, debemos analizar si lo que sucede ahora es muestra de una estrategia maestra para erradicar el delito o simplemente es un error logístico, pero me parece que la infraestructura petrolera a estas alturas, no debe o no tendría por qué tener errores de esa magnitud, sin embargo, esto sería en el mundo ideal, pero si el problema entonces fuera técnico, me parece buen momento para pensar que hasta de esos errores se puede obtener un beneficio o un análisis, ya que sin gasolina por muy estructurada que esté la delincuencia organizada, no hay manera de ejercer este delito. Es el momento de analizar estrategias, cambios y legislaciones, pensar más allá de lo que significa el desabasto, que tal vez podría ser desabasto estratégico, no lo sé, hay mucho qué pensar, pero si esto pasa inadvertido, no se ve más allá de un simple desabasto técnico, no se toman cartas en el asunto, no se desprenden conclusiones beneficias para la nación, no se analizan los pros y contras, podría decir que no sé ¿cuál es el problema entonces?…

Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

#Kleroterion: “Lo que tendría que ser…”

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El periodo de Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, está a la vuelta de la esquina, por lo que en este momento se encuentra en un estudio muy preciso cómo debe repartirse el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, dicha asignación se realiza para los Ramos Administrativos, Ramos Generales, Entidades Productivas del Estado, Entidades de Control Directo, Ramo 32, Ramo 40 y Ramos Autónomos.

Sin embargo, respecto a los ramos generales, es importante saber qué tan justa es la designación de recursos y/o presupuesto a los estados, en el entendido lógico de que mientras mejor recaudación se tenga a través de las entidades federativas, respecto a la Ley de Ingresos del ejercicio anterior, dependería de la mejor designación de presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal, es por esto, que me referiré específicamente a mi estado, Nuevo León.

Como primera aportación podemos decir que Nuevo León, es de los estados que durante muchos años ha tenido mayor participación respecto a la recaudación de impuestos (IEPS, IVA e ISR) en materia federal, por debajo de la CDMX y el EDOMEX, reportando más de 200 mil millones de pesos, sin embargo, de esta gran recaudación que el estado consigue, se reintegran aproximadamente 66 mil millones, por lo que es notoria la inequidad de asignaciones presupuestales, ya que recibe menos del 30 porciento de lo aportado. 

Es importante mencionar que tenemos muchos antecedentes respecto a esta inequidad, por ejemplo, en 2014 recibió aportaciones federales por 3,752.1 pesos per cápita, mientras que el promedio nacional era de 4,946.1, por lo de desde ese año era necesario fortalecer esta práctica, para que se permita mejorar la gestión de recursos, con el Congreso de la Unión y por supuesto, con la Administración Pública Federal y sobre todo tener una relación de estricta vigilancia  dentro del Sistema Nacional de Coordinación, para solicitar esquemas de asignación mas equitativos, reconociendo de manera efectiva la gran contribución que realiza el estado, lo que implica una gran aportación para el desarrollo del país.

Se entiende muy bien el procedimiento para la negociación del paquete económico, por lo que la Administración Pública Estatal, se presiona de manera constante, ya que los recursos que proporciona son necesarios y vitales para poder operar de manera eficaz en las diversas necesidades de la Nación, por lo que Nuevo León se vuelve una entidad económicamente relevante en el contexto nacional, otro ejemplo más, es que tan solo de 2003 a 2016, ha contribuido con el 10.2 por ciento del PIB manufacturero, asimismo en este mismo año, aporto 7.2 por ciento del PIB nacional. 

Otro factores que debemos reconocer de nuestro Estado y que hace que nuestra aportación a la Federación sea muy fuerte, es sin duda el empleo, ya que la entidad genera empleos de buena calidad y bien remunerados, cabe mencionar que el 60 por ciento de los empleos en el estado tiene acceso a la salud. Ahora bien, respecto al ingreso por hogar, el ciudadano neolonés, tiene el mayor a nivel nacional, su ingreso mensual es de 29 mil 217 pesos, cuando el nacional es de 15 mil 507, por otra parte el desarrollo económico de la entidad, es impulsado por la actividad exportadora y la atracción de inversión extranjera, incrementado un 2.6 por ciento en flujos de inversión extranjera directa, así como tener el 17 por ciento de las exportaciones fronterizas, ocupando el 4to. lugar a nivel nacional, por sólo mencionar algunas.

Derivado de lo anterior, estamos convencidos que ha existido una inequidad para nuestra estado, respecto a la designación de recurso federales, si hacemos un promedio y/o balance resulta que por cada peso que Nuevo León aporta a la Federación, se reintegran en promedio de 29 a 33 centavos, si comparamos otros estados fronterizos como Baja California o Chihuahua reciben en promedio, 76 y 97 centavos respectivamente y tenemos otros ejemplos que para el estado son totalmente desfasados como el de Chiapas, que por cada peso recaudado, recibe 9.73 pesos, o el de Guerrero, que recibe 14.67 pesos; por supuesto en ningún momento se soslaya el esfuerzo o las aportaciones de todos los estados, me refiero específicamente a lo asignado para los respectivos ejercicios fiscales.

En mi opinión, veo reflejada una discriminación mayor en esta administración, por ejemplo en 2015, se recibieron por concepto de infraestructura,  9 mil 69 millones, en 2016, 3 mil 7 millones, en 2017, mil 975 millones, así como 2 mil 621 millones en el corriente, sabiendo  que nuestro estado genera casi el 10 por ciento del los recursos que el país recauda, otro ejemplo fue respecto a las asignaciones presupuestales para programas y proyectos de inversión federal durante este sexenio, donde se designaron 37,053,609,60 pesos, la más baja en comparación con otros estados que aportan de manera significativa a la Federación, como CDMX, EDOMEX y Jalisco, cuando al cierre del segundo trimestre de 2018, los ingresos totales del estado ascendieron a 54 mil 560 millones de pesos, un incremento de 3.3 por ciento, además de tener un ahorro y austeridad de 5,750 mdp, así como en 2016, de acuerdo al IMCO, fuimos el tercer estado con el menor gasto público en comunicación social, después de Colima y Tlaxcala.

Muchos han considerado como opción el abandonar el Pacto Federal, pero estoy convencido que la solución es simplemente la asignación justa de recursos, por lo que una propuesta viable es modificar la Ley de Coordinación Fiscal para que el reparto sea más justo, la ventaja es que en estos meses se está vislumbrando un cambio benéfico para el estado, ya que se tiene la oportunidad de que el Gobierno entrante nos ayude, pues el propio presidente electo y los futuros secretarios nos han demostrado apertura y equidad en muchos aspectos, como en la designación de recursos, así como de los diputados federales, coincidiendo que el estado debe y tiene la necesidad de recibir más recursos.

Concluyo diciendo que no se piden porcentajes irracionales, ni cifras incoherentes, lo anterior es para poder seguir aportando al crecimiento y prosperidad de la Nación, sabiendo que Nuevo León tiene como una de sus banderas principales el desarrollo y la prosperidad, es así que simplemente se solicita lo que tendría que ser…

Red de Huachicoleros es desmantelada en Puebla y Edomex

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Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó sobre el desmantelamiento de una red de robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) en Puebla y el Estado de México, con un saldo de 23 “huachicoleros” detenidos y 7 tomas clandestinas clausuradas.

Lira Salas, dio a conocer que en un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) se catearon entre el 6 y 9 de julio domicilios ubicados en los municipios de San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan, Puebla y en Texcoco, Estado de México.

A los 23 detenidos se les aseguraron 139 mil 998 hitos de hidrocarburo, 7 inmuebles, 91 vehículos, mil 279 gramos de metanfetamina, 300 gramos de psicotrópico Clobenzorex, 32 equipos de comunicación, 4 armas de fuego, 180 cartuchos, una computadora, 999 mil 700 pesos y una motobomba.

“Las investigaciones permitieron conocer que los detenidos probablemente forman parte de una red criminal vinculada a distintas organizaciones delictivas generadoras de violencia en el territorio nacional que operan con hidrocarburo robado de ductos de Petróleos Mexicanos”, dijo el titular de la SEIDO.

La subprocuraduría presentó a los 23 detenidos ante jueces de control de Puebla y el Edomex, acusándolos de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburo, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los jueces calificaron de legal la detención y vincularon a proceso a 9 personas por los delitos señalados y se otorgaron cuatro meses para la conclusión de la investigación complementaria, mientras ellos serán internados en un penal en Nezahualcóyotl.

Los 14 detenidos restantes, siguen esperando la definición de su situación jurídica en la audiencia de vinculación a proceso.

(Con información de Grupo Reforma)

Huachicoleros: Un problema económico y de seguridad

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Esta semana cayeron 4 huachicoleros con 2,500 litros de gasolina en el estado de Hidalgo. En las últimos meses cada vez es más recurrente escuchar de noticias sobre accidentes, cateos y desabasto ocasionado por los famosos huachicoleros, cuyo robo se ha extendido de estaciones a oleoductos e inclusive trenes que transportan el vital líquido. El problema del robo de combustible más que un tema económico es un tema de seguridad nacional, toda la economía opera de manera directa o indirecta con el uso de combustibles, todas las industrias, productos, servicios y medios de transporte dependen de estas fuentes de energía. 

Siempre ha existido el robo de combustible pero este ha ido evolucionando al grado de perforar oleoductos e inclusive descarrilar trenes con pipas provenientes de Estados Unidos. El primer robo de combustible de este tipo se registró en el 2000 donde se registraron 15 extracciones según datos de PEMEX, en 2017 la cifra superó los 7,000 casos, el 40% del combustible que llega a la Ciudad de México y se distribuye al país pasa por el llamado triángulo rojo que abarca 6 municipios de Minatitlan a México, donde ocurre la mayoría de los atracos sobre todo en Veracruz y Puebla. Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz y Estado de México son estados que también presentan graves problemas de robo de combustible. 

Se calcula que el robo diario asciende a 27,000 barriles lo cual en ciertas zonas ha llegado en casos extremos a ocasionar desabastos generando pérdidas de entre 15 y 20 mil mdp según SHCP lo cual tiene que ser absorbido por PEMEX gracias a la reforma energética. Organizaciones delictivas provenientes del narcotráfico se han involucrado en este negocio para diversificar sus ingresos, aumentando aún más la violencia, al generarse enfrentamientos con el ejército y fuerzas de los distintos estados de la república.

El problema viene a incrementarse en un momento crítico para PEMEX ya que actualmente tiene la menor producción de barriles de crudo desde 1990 y se importa más de 2/3 de la gasolina que consumimos al tener una producción mínima en muchas refinerías. El precio del barril del petróleo se va recuperando, pero el alto IEPS genera altos costos del líquido afectando la competencia de las empresas mexicanas y además PEMEX tiene que enfrentar sus grandes pasivos laborales y deudas adquiridas en dólares, el cuál no deja de subir de valor por el fortalecimiento de la economía norteamericana, su reforma fiscal, la renegociación del TLCAN y la incertidumbre por las elecciones. 

El problema de los huachicoleros no se resuelve solo con más dinero, el problema es estructural y debe de abordarse no como un gasto de la empresa sino como un tema de seguridad nacional. Ayer El Norte publicó que PEMEX invirtió 42% más en el primer trimestre de 2018 en comparación a 2017 pero las tomas clandestinas aumentaron en 36%. El problema radica en la forma en que enfrentamos el problema, debe haber mayor coordinación entre autoridades de los 3 niveles y pensar en esquemas que usan otros países donde las empresas privadas de seguridad de oleoductos representan un negocio multimillonario y tienen niveles de robo mucho menores que en México aún en países conflictivos como Iraq y Turquía. 

Nuevos Empleos, Solución o Estancamiento

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Esta semana salieron a relucir datos que ubican a Nuevo León como el estado que más empleos ha generado en lo que va del 2018 con 32,232 nuevas plazas formales, seguido por el Estado de México y la Ciudad de México. 73.1% de estas nuevas plazas son permanentes y el resto temporales, hay distintas metas, el gobierno estatal busca que se generen 73 mil empleos anuales mientras que la CAINTRA apunta a 60 mil y como referencia el IMSS el año pasado reportó 66 mil. El problema es que según estudios la mayoría de estos nuevos empleos son empleos de baja remuneración, la mayoría en la industria manufacturera o en grandes comercios de cadenas trasnacionales o nacionales que compiten con los comercios locales.

Es innegable decir que la generación de empleos es esencial para el desarrollo económico y el bienestar social de cualquier economía, sobre todo la de un país como México, el cual está viviendo el bono demográfico más grande en su historia, pero cuando la generación de empleos se limita solo al sector de la manufactura y de los grandes comercios entonces puede mermar la disponibilidad de mano de obra y de mercado para el desarrollo de industrias locales que pudiesen estar generando beneficios en la economía de la región.

La importancia de esto radica en que según analistas en los últimos años el crecimiento estable que ha tenido nuestro país y los bajos niveles de inflación (a excepción del año pasado por el gasolinazo) se ha debido en gran parte a la fortaleza del mercado interno, a que los mexicanos seguimos gastando y consumiendo, pero este consumo podría generar beneficios aún mayores si fuera hecho en empresas que operen con insumos locales, ya que llevarían valor a toda su cadena de producción y distribución.

México es de los países de la OCDE con una mejor tasa de desempleo al ubicarse solo en 3.3% a finales de 2017, pero somos un país con un grave problema de informalidad que también nos afecta el calculo de la desocupación real. Según el INEGI la tasa de informalidad laboral alcanza el 57% nacional, siendo Guerrero el estado más informal y Nuevo León el estado con mayor formalidad laboral, donde además, mayor porcentaje de la población radica en el sector privado.

México ha tenido en este sexenio una producción récord de empleos con más de 2 millones 200 mil empleos formados, 4 veces más que lo que reportó Calderón en el mismo período y 60% más de lo que reporto Zedillo en el mismo lapso. El reto es ver como se generan los incentivos para que la gente pase a la formalidad, se estimule a los negocios locales y se busque diversificar tanto el mercado interno como externo para no depender tanto de EUA.