1.7 mdd fue el costo de mantenimiento de el avión presidencial en EU: Banobras

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El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánches, informó que los costos de preservación del avión presidencial TP-01 en Estados Unidos superaron los 1.7 millones de dólares (poco más de 37 millones de pesos) asegurando que uno de los dos interesados en la aeronave ha entregado un adelanto de 1 millón de dólares.

El avión cuenta con más de mil 702 horas de vuelo. El presidente nos dio la instrucción de vender el avión en las mejores condiciones a través de las mejores prácticas que se hiciera en un proceso transparente y se observen las directrices en materia de normatividad austeridad y también del uso eficiente de los recursos públicos. Siempre se ha contado con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y un precio de venta que ningún caso sea menor al valor de mercado, es decir, no se malbarata el avión“, aseguró.

Al día de hoy informó que se encuentra en negociación con dos potenciales compradores, siendo que la semana pasada se concluyó su estancia en Estados Unidos y continuará en territorio nacional.

Respecto al adelanto de uno de los potenciales compradores: “Se recibió un depósito de un millón de dólares el lunes pasado, así mismo, la semana pasada recibimos una segunda oferta por otro interesado que se está analizando en este momento más adelante. Si se llegara a concretar esta firma de compraventa se tendrá que llevar  unas inspecciones acabo por parte de los compradores para posteriormente hacer un cierre de operación y poder proceder con la entrega“.

Con información de El Universal

Exhiben lujos del avión presidencial

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El personal del Ejército mexicano ha descrito este avión como “de nueva generación que cuenta con confort y avances tecnológicos suficientes como para volar 14 horas y media y que puede llegar a cualquier parte del continente”. Así se ha descrito el lujo del avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, el cual cuenta con una oficina para el Ejecutivo, baño de primera y hasta caminadora eléctrica.

Según cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el avión con placas TP01 cuenta con grandes amenidades, comodidas y avances en sistemas de seguridad y tecnología, con un alcance de 15 mil 262 kilómetros a una velocidad de 912 kilómetros por hora. Para dimensionar, el avión puede llegar a cualquier parte del continente americano así como del europeo volando directamente, parte del Medio Oeste, a la costa Este de Asia y a África.

Cuenta con una capacidad de 102 toneladas de combustible, 47 toneladas de carga y puede transportar hasta a 80 pasajeros. El consumo promedio del combustible es de 5 toneladas y media, 20% menor a las aeronaves similares, pero de generaciones previas.

Características

El avión cuenta con dos cocinetas, un área para el descanso de tripulación en caso de vuelos de larga duración, así como pantallas para ver el estatus del trayecto, ruta y altitud.

Asimismo, cuenta con un asiento designado para el Presidente, lugar que resalta por tener una cobertura verde y el escudo nacional en el respaldo. En sus pasillos también cuenta con pequeños estantes para colgar sacos, paraguas, calzado y demás prendas.

El dormitorio está equipado con un baño completo que puede usarse durante 30 minutos, así como un clóset y baúles para el almacenamiento de equipaje.  La aeronave es un Boeing 787-800, se construyó en Estados Unidos en 2010, y llegó a México en octubre de 2014.

Recorrido

Milenio realizó un recorrido abordo de la aeronave y compartió algunos detalles de esta aeronave adquirida en el 2012 durante el sexenio de Felipe Calderón y que regresó a México la semana pasada, se detalla que la aeronave cuenta con un área ejecutiva con teléfono satelital incluido, una cocineta, así como una zona de descanso que incluye pantallas con sistema de entretenimiento y asientos reclinables por completo.

Con información de Milenio

Involucrados en caso Lozoya deben declarar, si lo decide FGR: AMLO

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Esta mañana, luego de que se diera a conocer el titular de Reforma en donde se exhibe que Odebrecht pagó la campaña del entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los involucrados  en dicho caso deben declarar si así lo decide la Fiscalía General de la República (FGR).

En el mismo sentido, añadió que el caso no solo involucra al sexenio de Enrique Peña Nieto sino también al de Felipe Calderón.

En conferencia de prensa matutina, el presidente indicó que “Todos los involucrados tienen que comparecer si así lo decide la Fiscalía, aquí son dos cuando menos, dos sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética es lo de Odebrecht y eso viene del sexenio de Felipe Calderón, o sea, son procesos que se complementan“.

Obrador informó que a su llegada a México, Lozoya ha reconocido que legisladores de diferentes partidos sí recibieron “sobornos” para aprobar la reforma energética del Pacto por México.

Con información de Político MX

El monstruo de la corrupción

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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

La lección de Chumel

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A raíz de que Conapred invitó a Chumel Torres para participar en un foro sobre discriminación, las opiniones en redes sociales han girado en torno a varias preguntas: ¿Fue un error haber invitado a Chumel Torres a un foro validado por un organismo del Estado?¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en México ? ¿Debemos discutir con quienes discriminan o no dar foro para que se reproduzca el discurso de odio que predican? ¿Funciona Conapred o no? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con la Cuarta Transformación y las instituciones en nuestro país? 

Conapred ha funcionado en ciertas labores de investigación, en recopilaciones de diagnósticos, en sanciones y defensa de ciertos casos. Sus agendas han servido para visibilizar a la población afromexicana, la agenda LGBT -recordemos cuando se dio Seguro Social a parejas homosexuales a pesar de las resistencias durante el gobierno de Calderón- o el acompañamiento a demandas como el que las trabajadoras del hogar puedan acceder al Seguro Social: hoy el gobierno de la transformación ha echado a andar, por mandato de la Corte, el programa piloto para impulsar sus afiliaciones al IMSS.

Sin embargo, ha habido cuestionamientos sobre el éxito y el alcance de las campañas de reeducación y sensibilización en manos de Conapred, así como de su estrategia comunicativa para multiplicar los públicos y los perfiles a los que interpela con su agenda y su poca efectividad de darse a conocer con el fin de que más grupos vulnerados puedan ser acompañados por la institución estatal a lo largo de sus luchas democráticas.

Más allá de esto, lo sucedió a raíz del foro puso sobre la mesa un debate que se ha venido perfilando desde el inicio del sexenio: la idea de democracia con la que hemos sido criados durante años en México. Desde finales del siglo pasado a los mexicanos nos fue impuesto un mito que hemos mamado sin rechistar: el mito de que con el simple hecho de tener instituciones ipso facto nuestro país se convertiría en una nación democrática. Se beatificó tanto la figura de los organismos autónomos y descentralizados, que el revisarlos o cuestionarlos en la eficacia de sus objetivos hoy es visto por muchos como una afrenta a la democracia; esto imposibilita repensar cómo mejorarlas o qué alternativas no institucionales existen para impulsar agendas.

Bajo una pantalla de supuesta neutralidad, en varias ocasiones estas instituciones han sido utilizadas para defender ciertos intereses políticos del partido en el poder en turno: en su momento, figuras emblemáticas de CONAPRED cerraron filas para validar el fraude electoral de 2006 y pedir que no se realizara el conteo de voto por voto democrático que habría podido resolver la incertidumbre alrededor de la elección AMLO- Calderón; en el sexenio de EPN la cabeza de CONAPRED aseguró que no descartaba el uso de la fuerza pública para reprimir la protestas de la CNTE, esto durante el conflicto desatado por la (mal)llamada reforma educativa que no tomó en cuenta al profesorado.  

Quizá lo que más preocupa al obradorismo en este momento es que haya habido una multiplicación de órganos e instituciones que durante varios sexenios sirvieron como cuotas políticas para académicos e investigadores orgánicos y hoy se defienda a capa y espada en ciertos sectores para mantener esas estructuras de privilegio a partir del amiguismo.  

Quizá lo que resulta más triste de todo el mito sobre esta democracia simulada es que ha permeado a tal punto que hemos visto estos últimos días cómo compañeras feministas históricas y compañeros luchadores desde la sociedad civil -hablo particularmente de Martha Lamas, Mauricio Merino y Jaqueline L’Hoist-, toman posturas tibias en televisión con relación al papel violento que ha jugado la comedia de personajes como Chumel Torres en la perpetuación de la discriminación en México; esto con tal de cerrar filas con CONAPRED y minimizar el error del equipo encabezado por Mónica Macisse al realizar el foro. Decidieron así cerrar filas con un organismo antes que cerrar filas en contra del racismo y clasismo que tanto ha dañado nuestro país. Esta era su oportunidad para demostrar dónde estaban sus prioridades.

Hay que reconocer que Conapred ha tenido éxitos y carencias. Valdría la pena por lo tanto replantear hacia delante el mito de la democracia estática con el que hemos crecido y con la que hoy nos encontramos encerrados al final de un laberinto. Comencemos a apostar por una nueva definición donde las instituciones y organizaciones estén constantemente bajo el ojo crítico de todas las personas, sin importar su nivel de estudios o su nivel politización – lo cual es particularmente importante para instituciones que trabajan con población vulnerada y que por sus condiciones socioeconómicas posiblemente contará un un nivel bajo de estudios formales-. Sobre todo, no cerremos las puertas a formas distintas de impulsar nuestras causas y convicciones más allá de las instituciones: la lucha social ha logrado impulsar múltiples esfuerzos y poner en el debate temas fundamentales contra el racismo y el clasismo. Solo así se podrá transformar el país. 

EPN benefició a empresa ligada a su familia con 12 mil mdp en contratos

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Una de las empresas fundadas por la familia del expresidente Ernique Peña Nieto llamada Plasti-Estéril S.A. de C.V. en la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada por contratos otorgados al gigante Baxter International Inc., por más de 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos durante su propio sexenio.

A través de la filial Baxter, S.A. de C.V., la farmacéutica ha sido favorecida por más de dos décadas con contratos de diversas dependencias a nivel federal y estatal del sector Salud.

El negocio familiar de plástico estéril, utilizado como material médico, fue fundado en Atlacomulco, Estado de México. En el registro del mismo, se le asignó el folio mercantil 104 y los fundadores son el expresidente Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano mayor Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

A la fecha, Plasti-Estéril, cuenta con 52 movimientos registrales ante el Registro Público de Comercio del Estado de México y en ninguno manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones a otras personas. 

La empresa tiene sede en la planta industrial del municipio de Atlacomulco, compartiendo dirección con Baxter, S.A de C.V. El objetivo social primordial es la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica.

El periódico El Universal tuvo acceso a los registros de esta empresa siendo que les fue posible relacionar las dos sociedades mercantiles a través del cotejo de contratos de la plataforma Compranet, donde se obtuvieron los montos adjudicados a la farmacéutica. 

A partir de estos datos se dedujo que Baxter obtuvo decenas de contratos cada año , son sumas que llegan a más de mil millones de pesos en el mismo tiempo, esto entre los años de 2013 y 2018. En 2015, año de elecciones federales y estatales, la cantidad se multiplicó hasta por más de cinco veces.

En 2014 esta empresa obtuvo el Premio Nacional de Calidad en 2014 en la categoría de Salud, siendo el exmandatario en otorgar el galardón, esta es la “máxima distinción organizacional de México que entrega el presidente de la República a empresas e instituciones que son ejemplos de excelencia.

De acuerdo a registros del Instituto Mexicano de le Propiedad Industrial (IMPI), en octubre del 2011, luego de que EPN concluyera su gestión como gobernador, su empresa cedió los derechos de marca, tanto de la denominación como del diseño a la estadounidense Baxter International, Inc.

Con información de El Universal

AMLO descarta que haya investigación en contra de EPN

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Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno investigue al exmandatario Enrique Peña Nieto, como se dijo en medios nacionales e internacionales.

No existe ninguna investigación del Ejecutivo. Puede que haya denuncias de los ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia“, así lo comentó López Obrador en su tradicional conferencia de prensa matutina.

Esto luego de que hace un par de días se diera a conocer la noticia de que el Gobierno de México presuntamente habría ordenado rastrear todos las cuentas y movimientos financieros que realizaron Peña Nieto y sus familiares más cercanos, durante su sexenio.

El Universal habría tenido acceso a un oficio en el que supuestamente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto, también habría solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revisión de las cuentas bancarias de la ex primera dama Angélica Rivera; y los hijos del exmandatario.

Con información de PolíticoMX

AMLO asegura que no conoce que haya denuncia contra EPN

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Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su tradicional conferencia de prensa matutina, dijo no tener información y desconocer si hay una investigación en contra del exmandatario, Enrique Peña Nieto, esto luego de la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El día de ayer, el medio estadounidense The Wall Street Journal habría dado a conocer que un alto funcionario reveló que el gobierno federal supuestamente está indagando a Peña Nieto por corrupción.

No tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, no hay una investigación que yo sepa contra el expresidente Peña“, comentó, aunque, en el mismo sentido, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la facultad de abrir la investigación siendo que es autónoma, por lo que no tiene que reportarle nada a él.

López Obrador dijo que sólo acusaría a Peña Nieto si el pueblo lo pide, “nosotros hemos dicho que solo presentíamos denuncia contra expresidentes si los ciudadanos no los piden porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante“.

Finalmente, Obrador criticó hoy que la Constitución establece que los presidentes solo pueden ser juzgados por el delito de traición a la patria, por lo que esto les da impunidad constitucional.

Por lo que comentó que envió una iniciativa a los legisladores para que los presidentes puedan ser juzgados por cualquier delito como un ciudadano común.

No se puede juzgar a los presidentes de México más que por los delitos de traición a la patria, no se les puede juzgar por corrupción; en este caso los presidentes tienen impunidad constitucional“, sentenció.

Con información de Noticieros Televisa

¡No te preocupes Peña!

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La nota del diario estadounidense “The Wall Street Journal” está sacudiendo intensamente el panorama político mexicano y puso a temblar a más de uno del circulo cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto. Señalan, que un funcionario federal de la actual administración y cercano al Presidente López Obrador filtró que el ex Presidente Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y como parte del expediente de investigación en curso del ex director de Pemex en ese sexenio Emilio Lozoya Austin, detenido en Málaga, España, apenas la semana pasada. 

Aunque la posibilidad de juzgar a un ex Presidente suena muy popular ante un ambiente social polarizado y la solo idea se “saborea” ante el escrutinio público, hay que tener paciencia, pues el proceso judicial apenas va comenzando y tiene muchas etapas. Primero, hay que esperar a que de inicio el largo y complejo proceso de extradición que ha caracterizado históricamente a España, y una vez en México, habrá que ver por cuáles delitos se le puede juzgar según lo que dictamine el Juez de aquel país europeo, pues no sería sorpresa para nadie, que ya instalado en una prisión mexicana no se arme bien el expediente en su contra y derive en su eventual liberación.

Este caso tiene múltiples derrames (Odebrecht, Anitrogenadados, despilfarro y excesos operados con las arcas de Pemex, el cobro por reuniones con el, etcétera) y en algún momento, va a derivar en lo político, y aunque el ex Presidente Peña Nieto no ha sido acusado formalmente en ninguna Corte, ni Emilio ha declarado en su contra, AMLO ya le mandó un mensaje vía su conferencia “mañanera”, mismo que podemos interpretar como el que hace unos años el ex titular del Ejecutivo le expresó en su momento a Rosario Robles: No te preocupes Peña“; pues señaló de forma muy precisa, que “no le conviene al país perseguir, juzgar y encarcelar a un ex Presidente”; sin embargo, le funciona muy bien como distractor el poner sobre la mesa la idea de someter a consulta popular -como lo hacía Poncio Pilato en la plaza pública de la antigua Roma- si los ex Presidentes, por lo menos de Salinas de Gortari a la fecha, deban ser juzgados o no (misma que por cierto, expresó que el votaría en contra en la consulta). Sí, como si la aplicación de la justicia fuera selectiva y el Presidente tuviera la facultad de decidir a quien si y a quien no se le aplica la Ley. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan?. Esperemos que la fuerza de los hechos lo pueda hacer modificar la postura por el bien de nuestra incipiente democracia.

La historia que comenzó a finales de 2016 y que se materializa en mayo de 2019 cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilita a Lozoya, tiene un elemento clave si en verdad existe voluntad política: la ruta del dinero, tarea que le corresponde a la UIF, es decir, a Santiago Nieto, que cabe recordar, fue el funcionario que separaron de su cargo como Fiscal Electoral en ese sexenio precisamente por indagar muy a fondo este tipo de casos de corrupción y lastimar fibras muy sensibles con el argumento de que el dinero terminaba finalmente en campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. ¿Habrá venganza política? No lo se, pero a Santiago voluntad política le debe sobrar; habrá que esperar a ver que línea le da el Presidente, pues si la obsesión de hacer historia se impone, que mejor que por primera vez en la historia, un ex Presidente de la República enfrente cargos de corrupción ante la justicia mexicana.

El debate enriquece la mente, se vale discrepar.

FGR investiga a Peña Nieto, dice el Wall Street Journal

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El diario estadounidense The Wall Street Journal informó esta tarde que el ex Presidente Enrique Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

La indagatoria, según refiere la publicación, es parte del proceso que se lleva en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien el pasado 12 de febrero fue detenido en Málaga, España, a petición de las autoridades mexicanas por los delitos de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos.

El señalamiento se desprende de una declaración hecha por una fuente de alto nivel en la Administración federal.

La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht alcanza el más alto nivel”, cita el texto publicado el día de hoy, la extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que en conjunto con las investigaciones en curso definirán si el ex Presidente será acusado en el futuro”, añade.

Emilio Lozoya estuvo prófugo de la justicia desde mayo de 2019 después de que la FGR lo acusara de haber recibido sobornos de la firma brasileña Odebrecht y participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes propiedad de Altos Hornos de México.

Su abogado Javier Coello Trejo, señaló que, sobre sus decisiones como funcionario, su cliente “no se mandaba solo”, en referencia a que Peña Nieto, como Jefe del Ejecutivo, tuvo que estar al tanto.

Este mismo miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que en total han congelado 14 cuentas de personas físicas y morales relacionadas con Lozoya Austin.

(Fuente: El Mañanero Diario)