Bronco califica de “show” proceso de sanción

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El gobernador Jaime Rodríguez Calderón estaba citado para ir a comparecer por el tema de la sanción en su contra, sin embargo, calificó de totalmente un show ir al Congreso ante los diputados.

El gobernador argumentó que el Congreso no es la autoridad competente para ejercer alguna sanción en su contra y dicha situación fue explicada a través de un escrito que mandó con su representante legal.

Yo mandé a mi abogado a entregar mi dicho que es el mismo, es decir, no es el Congreso, sigo insistiendo, la autoridad que tenga que resolver un tema de ese tipo, creo que la Sala Regional del Tribunal se excedió en ese sentido“.

Así mismo, comentó que el Congreso no ha sancionado tampoco al senador Samuel García por el caso de presuntos actos anticipados de campaña, situación que así se lo ordenó también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los invitó a ponerse a legislar, ya que ejemplificó que tienen paradas iniciativas de ley importantes como la Ley de Movilidad.

Rodríguez Calderón concluyó que “Me parece una falta de respeto también que yo tenga esperando a alguien cuando me citas a las 10:00 y me escuchas hasta tres horas después, pero bueno, es un plan de ellos“.

Con información de Milenio

TEPJF confirma gubernatura por dos años en Baja California

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Luego de la llegada de este tema a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se determinó que la gubernatura no durará 5 años como lo había aprobado el Congreso Local de Baja California a petición del gobernador Jaime Bonilla Valdéz.

Respecto a las impugnaciones presentadas por el PRD al gobernador Bonilla, a través de un comunicado, el tribunal expresó que los magistrados consideraron infundadas las pruebas que consideraban a Bonilla inelegible por supuesto incumplimiento de los requisitos de nacionalidad y residencia.

“En relación con las impugnaciones de ese mismo partido sobre la nacionalidad y residencia de Bonilla Valdéz, la Sala Superior consideró infundada la demanda y decretó la declaración de validez de la mencionada elección y la constancia de mayoría por dos años.” Indicó el TEPJF.

A demás, los magistrados, titulares del TEPJF, confirmaron, aunque con votación dividida, la sentencia que desecha una impugnación que había promovido el mismo Bonilla Valdez para convertir la duración del cargo por el que fue electo de 2 a 5 años.

Este caso fue llevado por Movimiento Ciudadano a la Sala Superior, de acuerdo a las fuentes, el partido fue escalando en los responsables yendo primeramente con el Tribunal local y posteriormente la Sala Superior.

Solamente dos magistrados, Reyes y Madeline promovían que se analizara el caso de fondo, en aras del interés colectivo del sufragio. Sin embargo, el resto de los magistrados rechazaron esa posibilidad dejando en claro que el periodo de gobierno para Baja California es de 2 años de acuerdo al artículo 8vo transitorio de la Constitución local, el cual ayuda a establecer que el periodo será 2019-2021.

Con información de El Universal.

Exige Calderón sanción ejemplar contra el “Bronco”

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El día de ayer, el ex-presidente Felipe Calderón demandó al Congreso local atender la resolución de la Sala Regional de Trife. Esta consiste en sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, por el desvió de funcionarios con el propósito de recabar firmas en horario laboral para su campaña presidencial.

“Ojalá se conduzca todo este proceso conforme a derecho, ya sea para castigar si hubo comportamientos indebidos, como parece que están presentando evidencia, o para resolver este tema definitivamente”, dice Calderón.

A más tardar el 20 de diciembre, el Congreso local emplazado por la Sala Regional del Trife, sancionará por desvió de recursos a Jaime Rodríguez y a Manuel González, Secretario General del Gobierno quien era gobernador interino cuando Rodríguez realizaba su campaña presidencial.

“Ojalá eso también se reproduzca a nivel local, y no es que sea de un Gobierno a otro, sino que ya es hora de que en México se actúe conforme a derecho y quien viole la ley le vaya mal”, recalcó Calderón.

 

Con información de El Norte

AMLO se niega a intervenir en la remoción de Winckler de Fiscalía estatal

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En el Congreso de Veracruz, se ha removido este martes de manera temporal al fiscal Jorge Winckler, con la razón siendo que no logró cumplir con la revalidación de su certificación de confianza. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado a esto afirmando que esta fue una decisión del Congreso local, y que son respetuosos de los Poderes. Por esto mismo, él no planea influir en la destitución de funcionarios.

 

“Ha habido una confrontación y este fiscal que fue heredado desde la administración anterior, y esto, no solo se dio en Veracruz, sino en todos lados y es una práctica que viene desgraciadamente de lejos porque no hay en los estados autonomía de los poderes, pues en los estados el Poder Ejecutivo sigue siendo el poder de los poderes.”

 

Sin embargo, Winckler dice que esta destitución temporal es “arbitrariedad y delito federal”. La Fiscalía General de Estado de Veracruz lanzó un comunicado diciendo lo siguiente:

“Es a todas luces ilegal, violatoria de la Constitución Política del Estado de Veracruz, viola una Suspensión Definitiva vigente, que prohíbe destituir al fiscal general a través de mecanismos no contemplados en la Ley al momento de su designación. Además de una arbitrariedad, constituye un delito federal.”

 

(Con información de Político.mx)

¿Por qué la reforma en Baja California resulta inconstitucional?

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El debate público nacional se ha centrado últimamente en una cuestionable decisión tomada por un Congreso Local, mismo que ha encendido las alarmas al respeto a los límites del pacto federal y los controles constitucionales al poder político. El Diputado Víctor Manuel Morán, propuso al Congreso de Baja California, una reforma que amplía el mandato constitucional del gobernador electo, Jaime Bonilla, para transitar de una administración de 2 años a 5. Con el voto de 21 diputados a favor, dicha reforma ha sido avalada incluso por 3 ayuntamientos, a excepción de Tijuana y Mexicali. Si bien, existe la probabilidad de que el actual gobernador de la entidad, Francisco Vega, no promulgue dicha reforma, el Pleno del Congreso puede publicarla en el Diario Oficial Local como una contramedida ante la negativa del ejecutivo estatal. Independientemente de las aristas políticas de esta modificación, en medios de comunicación, distintos académicos y analistas han calificado a dicha reforma como inconstitucional, sin embargo, y haciendo a un lado la obviedad, favoreciendo de antemano el debate y análisis, existe una pregunta importante: ¿Por qué la reforma en Baja California para ampliar el mandato del gobernador electo tiene una naturaleza inconstitucional?

Si bien, la misma pregunta podría parecernos sobrada, es necesario encontrar los puntos jurídicos precisos para declarar que esta reforma efectivamente posee dicha categoría. La modificación no era nueva, el antecedente de esta situación se dio en el Tribunal Electoral de Baja California, el cual  ordenó la inaplicación del decreto No. 112 de la Constitución local, lo que traería como efecto la ampliación del mandato del gobernador a 5 años, sin embargo,  dicha sentencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución SUP_JRC2272019. Al ser cosa juzgada en el aspecto Judicial-Electoral, el debate pasó al Poder Legislativo, presentándose un proyecto de reforma. El argumento por el cual fue propuesta la iniciativa, era el disminuir los elevados costos que tiene el organizar y llevar a cabo un proceso electoral, y ampliando el mandato del gobernador a 5 años, generaría una economía al ahorrar dicho gasto que tendría que efectuarse al término del periodo de 2 años para elegir al nuevo ejecutivo estatal. Otro de los argumentos en la exposición de motivos de dicha iniciativa, recae en la facultad de los estados en legislar materia electoral; otro es el volumen de votos con el que fue electo, ya que “si la ciudadanía eligió un opción de manera tan contundente, se ha de entender que no fue para que gobernar únicamente por 2 años”, y también, esgrimieron que 2 años no son suficientes para llevar a cabo y ejecutar un proyecto de gobierno. Respecto al contexto del periodo corto, debemos recordar que las autoridades electorales, impulsaron una reforma para homologar y empatar los calendarios electorales y  lograr tener de esta manera, una elección constitucional y una intermedia como sucede en Estados Unidos, el cual sí garantiza un ahorro presupuestal. Es por ello, que la convocatoria electoral de Baja California tiene un origen de temporalidad de 2 años. En primer término, la medida es desproporcionada al supuesto beneficio, ya que la planteada economía, en visión del legislador proponente, tiene un mayor valor que la voluntad popular. Desde un punto de vista axiológico-político, ampliar de esta manera el mandado constitucional de un gobernador electo es modificar los términos y condiciones por los cuales se llevó a cabo la elección, ya que dicho electorado tenía un conocimiento previo de la duración del mandato por el cual los partidos políticos propusieron candidatos, y en ese sentido se está violentado la voluntad popular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha establecido que “para el caso de que los Estados decidan extender o acortar los mandatos de los gobernadores locales, deben hacerlo como una previsión a futuro, a fin de que el electorado esté plenamente informado y tenga conocimiento cierto del periodo que va a desempeñar el funcionario que elija de modo que se respete su voluntad, y como podemos ver, el Congreso de Baja California no respetó lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la SCJN.  El artículo 105 en su fracción II de la CPEUM, menciona que, si bien las legislaturas locales poseen la facultad de reformas las leyes electorales locales, estas deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones. Continuando con el tema de la prórroga, la SCJN en el 2007 estableció que la ampliación de mandato es inconstitucional cuando los funcionarios de elección popular se encuentren en ese momento en curso, y tengan la intención de ejercer más allá del periodo para el cual han sido electos.  

Como podemos apreciar, los argumentos sobran para categorizar esta reforma de inconstitucional, sin embargo, estamos a la expectativa de ver el actuar de los diferentes mecanismos constitucionales de control político. En efecto, uno de dichos controles republicanos del poder es la temporalidad del ejercicio, que permite alternancia y pluralidad política. Este debe ser un ejemplo de lo dispuesto por Montesquieu de que “por disposición de las cosas, el poder detiene al poder”, y es en esa lógica, que las instituciones pertinentes deben accionarse contra esta medida. En días recientes, la SCJN desechó dos demandas de controversia constitucional en contra de la reforma aprobada por el Congreso Local, presentadas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, por “notoria y manifiesta improcedencia” debido a que la reforma no ha sido publicada aún en el Diario Oficial Local, por lo cual no es derecho positivo impugnable por el momento. 

Otro argumento que han presentado en medios de comunicación los defensores de dicha reforma, es que debe respetarse la autonomía y voluntad de Baja California. Sin embargo, las autoridades locales deben estar conscientes de que la autonomía de las entidades federativas está limitada por la CPEUM, y ello no vulnera el Pacto Federal, al contrario, estipulando limites se fortalece, y al violar dichos límites, se está vulnerando la máxima disposición normativa del país, ya que todos los poderes locales (ejecutivo, legislativo y judicial) también son regulados por la constitución federal. 

Levitsky y Ziblatt mencionan que las instituciones por sí solas no bastan para defender la constitución, y que debe hacerse mediante normas democráticas que se ven reflejadas en el equilibrio de poderes y mecanismos de control del sistema de Madison. Lo que sucede en Baja California y su desenlace, sin duda se convertirá en un precedente importante para evaluar la fortaleza de los balances instituciones y la debida defensa de la constitución.

Propone Muñoz Ledo desaparecer poderes en Baja California

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El diputado federal y presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, consideró como una opción viable desaparecer los poderes en Baja California, esto después de que el Congreso Local aprobará una modificación a la Constitución local y extender el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Muñoz Ledo confirmó que se esta explorando esa ruta, independientemente de que se interpongan otros recursos legales como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.

“Ahí vamos, hay otra solución, que es la desaparición de Poderes, la estamos estudiando, pero hay que hacerlo”, dijo el legislador morenista.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que la desaparición de Poderes esta contemplada en la fracción V del artículo 76 de la Constitución y es una facultad del Senado.

Detalló, que en caso de proceder, Bonilla quedaría inhabilitado para ejercer el cargo de gobernador.

Únete Pueblo prepara amparo contra alzas del ICV

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Para evitar pagar el incremento en derechos vehiculares, la organización Únete Pueblo puso a disposición de los conductores un amparo que presentarán de manera colectiva en juzgados en materia administrativa.

Rocío Montalvo señaló que el documento estará disponible a partir de hoy en el plantón que mantienen afuera del Palacio de Gobierno.

Aseguro que dos personas ya obtuvieron el viernes una suspensión provisional en esta demanda generada por en abogado Juan Manuel Cardona Monreal.

“Toda aquella persona que se quiera amparar al respecto, no es para pagar, es para pagar sin el aumento que se hizo, aquí vamos a estar en el plantón, recabando la informando”.

Los contribuyentes interesados deberán proporcionar copia de su licencia y tarjeta de conducir, de la tarjeta de circulación y de una identificación oficial.

El proceso no tendrá costo para los contribuyentes.

“Como ya se obtuvieron suspensiones provisionales en dos casos, creemos que tenemos posibilidades serias en la resolución definitiva que emita el juez“, añadió Jorge Espinoza.

Para este año, el Congreso local aprobó incrementos de hasta el 40% en derechos vehiculares como el refrendo, la licencia de conducir, reposición de placas y de tarjeta de circulación.

PAN planteará ampliar legítima defensa

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La bancada del PAN en el Congreso local presentó su propuesta de agenda mínima para el periodo que inicia el 1 de febrero y en ella destacan reformas al Código Penal para contemplar la legítima defensa cuando se trate de proteger negocios o vehículos particulares.

Carlos de la Fuente, coordinador de la fracción, dijo que actualmente la legítima defensa se contempla sólo para casos en los que haya un ingreso violento a un domicilio particular que ponga en riesgo la integridad o el patrimonio de quienes se encuentren en él.

“Se avanzó con la legítima defensa en la pasada Legislatura, pero hoy vamos a ampliar para los autos y los negocios… que tengas la facilidad de portar un arma de fuego, como hoy lo tiene establecido la Constitución en su artículo 10“, expresó.

“Lo que buscaremos es poderlo ampliar a nivel estatal a que pueda ser también para defenderse tu patrimonio, tu negocio o tu automóvil, es un tema que va a fortalecer más al ciudadano… siempre y cuando sea un arma de fuego permitida por la Ley federal“.

Agregó que puede ser un tema polémico, pero se analizará en mesas de trabajo y los términos de la reforma se irán perfeccionando con base a ello antes de dictaminarse.

De la Fuente añadió que la base del trabajo legislativo en el próximo periodo serán acciones en materia de anticorrupción, transporte público, desarrollo urbano y movilidad, desarrollo sustentable y medio ambiente, seguridad y justicia, desarrollo social y combate a la pobreza.

“Trabajaremos para terminar, para cerrar el ciclo del Sistema Estatal Anticorrupción con la Ley de Responsabilidades y la de Fiscalización“, añadió, “y también traemos el desarrollo urbano, transporte público y movilidad, que esperamos concretar la nueva Ley de Transporte y Movilidad y también vamos a trabajar fuertemente en la regularización del transporte privado Uber“.

En materia de desarrollo urbano, indicó, están considerando la aprobación de la Ley de Estacionamientos, que contempla la ampliación del tiempo en el uso gratuito de cajones de plazas y centros comerciales y obliga a los centros comerciales a contar con un seguro por robo y daños.

Además, dijo, promoverán el cuidado de la calidad del aire, la reforestación de los espacios públicos y privados, el reciclaje y una Ley de Cambio Climático.

“‘El Bronco’ nada más ha sido ‘bronco’ para mentarle la madre a la ciudadanía”: Colosio

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El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local, Luis Donaldo Colosio Riojas, aseguró que Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco”, sólo ha sido bronco para “mentarle la madre a la ciudadanía” y no para combatir la inseguridad.

Colosio dijo, que la inseguridad está fuera de control y que el Ejecutivo estatal no ha tomado acciones en beneficio de los ciudadanos y que tampoco es sensible a las demandas, sino al contrario arrogante.

“Es lamentable la cantidad de homicidios, tenemos ya una situación que está por completo fuera de control, las corporaciones de seguridad de nuestros estados desde hace tiempo han estado completamente rebasadas, nos urge un cambio de estrategia y nos urge, sobre todo, más apoyo de la federación, hoy más que nunca, para poder recuperar la seguridad en nuestro estado”, dijo el diputado local.

Además, aseguró que la grandeza y fuerza que tenía Fuerza Civil se ha visto mermada, por mala administración de sus cabezas.

Colosio fue cuestionado sobre si entonces “el Bronco” no había sido bronco para combatir la inseguridad en el Estado, a lo que el coordinador de la bancada de MC contestó, que solo ha sido bronco para “mentarle la madre a la ciudadanía”.

Por último, señaló que la Administración que encabeza Rodríguez Calderón es sumamente ineficaz, irrespetuosa, arrogante y muy distante a lo que estuvo predicando, “que iba a ser un gobierno ciudadano, cercano a la gente en dos se iban a privilegiar las necesidades de la gente y esto no solo no ésta dándose, sino que vemos que en su manera de tratar con la gente muchas veces se desespera y es grosero y eso es inaceptable. La gente está cansada de la arrogancia en el servicio público”.

(Con información de Grupos Reforma)

Aprueban alza del 40% en refrendo

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El Congreso local aprobó este martes, por mayoría, la Ley de Hacienda del Estado para el 2019 en la que se establece un incremento del 40 por ciento en el importe del refrendo sólo aplicable a vehículos del 2009 y hasta el 2019.

Ramiro González, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que la mitad de la recaudación se destinará para los proyectos ambientales. que serían 200 millones de pesos, y la otra mitad para la operación de hospitales.

Nuevo León tiene un padrón de 1 millón 796 mil vehículos en personas físicas y en personas morales es de 320 mil 801 vehículos, con el aumento se espera recaudar un monto de 122 millones de pesos. Es decir, para los de reciente modelo el impacto será de alrededor de 800 pesos.

“La recaudación de Control Vehicular irá la mitad para medio ambiente, para la contaminación de suelo y la tierra y la otra mitad se irá para la operación de hospitales.

“En consenso con el ejecutivo tendremos que consensar y direccionar esos recursos a la previsión social, esto mediante un transitorio donde se especificó específicamente los programas que serán beneficiados”, concluyó González.

También se aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos Municipales, donde se contempla el incremento del 100 por ciento en las licencias de venta y alcohol.

Al respecto, la diputada panista Myrna Grimaldo dijo que el aumento a la licencia de venta de alcohol se dará solo en los municipios metropolitanos.

“También vienen aumentos para los referendos de las licencias de venta de alcohol del 100 por ciento y quien quiera una licencia nueva, también sería del 100 por ciento, en donde se estima se recauden cerca de 200 millones de pesos”, dijo Grimaldo.

Con la aprobación de estos dos dictámenes de leyes en el pleno se podrán generar recursos para los programas sociales que se pretenden realizar en todo el Estado.