Campañas políticas y responsabilidad pública

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Las campañas para la Presidencia de la República y la serie de cargos públicos que se disputarán en el año 2018 se prevé que serán altamente competitivas debido entre otros factores a que la alternancia es factible, a la posible configuración de un Frente opositor y a las preferencias electorales que mantiene MORENA, pareciera que las condiciones están puestas para una gran contienda electoral donde serán los ciudadanos quienes definan al Partido, Coalición, y en su caso candidato independiente que habrá de gobernar nuestro país durante seis años, además de la integración del Congreso de la Unión, y de diferentes gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales que estarán en disputa en el proceso electoral y cuyos resultados se definirán través del sufragio,

El proceso electoral inició y con ello una serie de dinámicas políticas que ya presionan sobre las decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mismo caso, de las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal, y de los actores políticos locales; lo anterior es parte de la vida política en cualquier país democrático, sin embargo, lo sustancial radica en mantener la responsabilidad política en las decisiones que se tomen sin afectar el desempeño institucional del país y sin postergar las leyes necesarias que la ciudadanía requiere. Hay varios nombramientos importantes en materia de justicia pendientes que deben desahogarse, la aprobación del presupuesto 2018, así como leyes estratégicas relevantes como es el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Una responsabilidad mayor que tendrán los partidos políticos, los candidatos a los puestos de elección popular y en su caso los candidatos independientes será conducir los procesos electorales en un ámbito de civilidad y respeto anteponiendo el interés público, que en otros términos significa evitar polarizaciones, conflictos socio – políticos, y manifestaciones verbales que crispen la relación política. Ante los retos que nos tocan vivir como son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, necesitamos fundamentos claros y evidentes de estabilidad política, gobernabilidad democrática y unidad ante los grandes retos nacionales.

Es imperativo que las campañas se conduzcan en la ruta de los grandes intereses y objetivos nacionales. Más aún en tiempos donde algunas voces pretenden sembrar dudas en la población de algunos estados, de forma particular en Nuevo León, al señalar que mucho da y poco recibe de la federación, olvidándose que la equidad republicana radica en lograr equilibrios para que la ciudadanía de la nación única que es México pueda vivir mejor. No podemos ponerle precio al federalismo ni olvidar que lo que aportamos como estado, en el caso de Nuevo León, en nada se compara con la valiente actitud de nuestros hermanos de otros estados que arriesgan su vida por nuestra estabilidad y seguridad como activos del ejército mexicano. La nación es una, y a veces hay que recordárselo al oportunismo político que es un riesgo cuando existe una alta competencia electoral. México es una sola nación, diversa, plural y compleja, pero una sola.

Solo 12 de 128 senadores han hecho públicos sus bienes.

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Aunque el Senado de la República recibió a finales de agosto un reconocimiento de transparencia del INAI, los senadores no lo son tanto.

En la Cámara Alta, de los 128 legisladores enlistados, solo 12 han hecho pública su declaración patrimonial, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la pagina del Senado.

Ellos son: Daniel Ávila Ruiz (PAN); Martha Elena García Gómez (PAN); Francisco Salvador López Brito (PAN); Héctor Adrián Menchaca Medrano (PT); Dolores Padierna Luna (ex PRD y hoy sin partido); Zoé Alejandro Robledo Aburto (PRD); Laura Angélica Rojas Hernández (PAN); Ernesto Ruffo Appel (PAN); Layda Elena Sansores San Román (Morena); María Marcela Torres Peimbert (PAN); Héctor Yunes Landa (PAN) y Angélica de
la Peña Gómez (PRD).

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no establece la obligatoriedad de que los senadores hagan pública su declaración patrimonial. Cada uno de ellos debe decidir si abren esos datos a la sociedad.

Mientras que los Diputados.

En la Cámara de Diputados también hay opacidad.

El pasado 4 de mayo, concluyó el plazo que se otorgó en la Ley de Transparencia para que los sujetos obligados publicaran la información básica que debe estar tanto en sus páginas electrónicas como en la PNT.

Cuatro meses después, la información sigue sin aparecer en los espacios digitales de la Cámara.

Al respecto, la unidad de transparencia de la Cámara de Diputados dijo que seguían trabajando con la recopilación de los datos y la generación de las versiones públicas, pero no dio fecha de cuándo se cumpliría con esa obligación.

 

OSC presentan al Senado su propuesta para la Fiscalía General.

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Organizaciones ciudadanas agrupadas en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás presentaron ante el Senado su propuesta para guiar el proceso de construcción de una Fiscalía General autónoma e independiente, con un fiscal que esté “desvinculado del poder político”.

Ernesto Cordero, presidente de la Cámara Alta, recibió la propuesta ciudadana de reforma al artículo 102 de la Constitución Política, de manos de Ana Dulce Aguilar García, Ana Lorena Delgadillo, Eduardo Bohórquez, Gustavo de Hoyos, Haydeé Pérez Garrido, Mario de la Garza y Marco Fernández.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que concuerdan con la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, para que sea suprimido el llamado “pase automático”, y se impida que el actual procurador, Raúl Cervantes, sea nombrado en automático fiscal General.

Sin embargo, también señalaron que la iniciativa del mandatario es insuficiente, y plantearon más candados para asegurar la independencia de la institución.

En su propuesta de “dictamen ciudadano”, en el apartado de requisitos de eligibilidad, las organizaciones plantean que quien busque ser fiscal general cumpla con dos puntos:

1.- No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

2.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

El tema del fiscal General ha provocado tensión en el Congreso, con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazando la propuesta del PRI para renovar la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, reclamando que no se aplique el “pase automático”, y sea elegido Cervantes.

¡Eliminemos el senado!

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¿Se imaginan en México un poder legislativo unicameral? Justo eso es lo que vengo a presentarles. La propuesta de los Diputados Federales de Nueva Alianza para eliminar la Cámara de Senadores.

En los últimos meses, se ha generado un consenso a nivel nacional buscando disminuir el aparato burocrático legislativo. Y compartimos. En la actualidad, el entorno socioeconómico y político nos obliga a presentar un poder legislativo moderno, acorde a los retos de la gobernanza en el siglo XXI.

Sin embargo, los partidos políticos mayoritarios han aprovechado esta coyuntura para explotar sus fines políticos. Ellos quieren reducir a los diputados de representación proporcional bajo el argumento de que necesitamos ahorrar dinero.

En Nueva Alianza nos oponemos totalmente a la iniciativa que busca eliminar plurinominales. La razón es muy sencilla. La representación proporcional es un esfuerzo de décadas. Esfuerzo de importantes líderes que buscaron generar espacios de representación para las fuerzas políticas minoritarias. ¿Se imaginan un Congreso donde no hay debate? ¿Un Congreso donde los ciudadanos no puedan expresar sus ideas? Quieren acabar con victorias ciudadanas como las reformas electorales de 1963 y 1977.

También, la reducción de diputados de representación proporcional beneficia a los partidos dominantes. A menos plurinominales, mayor es la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta. Es decir, si un partido político logra obtener el 51% de los escaños, mejor nos olvidamos de los contrapesos y las discusiones.

Reducir plurinominales representa una propuesta meramente electoral y muy poco benéfica para los mexicanos.

Por lo anterior, en Nueva Alianza proponemos una alternativa que tendría un verdadero impacto en las finanzas nacionales. Una alternativa que generaría importantes ahorros y que no reduce la representación política. En Nueva Alianza proponemos la eliminación del Senado.

La propuesta es sencilla. Buscamos implementar un modelo legislativo unicameral, compuesto por 500 congresistas de mayoría relativa y representación proporcional. Así, buscamos generar un importante ahorro en las finanzas públicas, terminar con la duplicidad de funciones, generar más y mejores consensos políticos en pro de los ciudadanos, eliminar intereses sesgados y recuperar la confianza y la legitimidad que ha perdido el legislador. Imagínense… un modelo unicameral terminaría con la parálisis legislativa, haciendo más agiles las discusiones políticas.

Me gustaría hacer énfasis en la cuestión del ahorro. La situación económica, política y social de nuestro país nos obliga a atarnos el cinturón. Tenemos que tomar, obligadamente, medidas de austeridad.

La propuesta de Nueva Alianza generará un ahorro anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos, superando el presupuesto de importantes secretarías de Estado como la de Energía, Trabajo y Turismo.

Dicho ahorro podría ser destinado para la creación y el mejoramiento de nuestras escuelas. Para la ejecución de programas sociales integrales. Para mejores hospitales y más espacios públicos.

¿Qué les parece la propuesta? ¿Les agrada?

Los invito a revisar la propuesta en extenso, segura de que les llamará la atención.

Agradezco el espacio a Altavoz MX y a ustedes, amigos que se dan el tiempo de leer los interesantes espacios de los editorialistas.

Por aquí nos estaremos leyendo.

Facebook: MirnaSaldivarPaz

Correo: diputadamirnasaldivar@gmail.com

Representación indígena en el congreso

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Como consecuencia del legado que actualmente se conserva de la cultura prehispánica, se puede concebir como uno de los pilares de la sociedad mexicana la pluralidad en sus diversas manifestaciones, como lo son las tradiciones, lenguas, valores y una diversidad de ideologías de cada pueblo originario. Es esa conservación de la pluralidad la que contribuye a legitimar cualquier sistema democrático, así como legitimar el compromiso que cualquier nación haya hecho, mediante acuerdos internacionales y reformas a la constitución propia, respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos, como es el caso de México.

A lo anterior se entiende “conservación de la pluralidad” como un compromiso progresivo en cuanto a la defensa, promoción, y aceptación de las variadas características pertenecientes a todo grupo étnico que integra un país. Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso?

Asimismo, hoy en día es observable como la población originaria, a pesar de poseer autonomía en cuanto al modo de administrar variadas regiones, no cuentan con una mínima representación en el ámbito democrático correspondiente a los poderes de la unión. Al contar con un ínfimo número de legisladores, la comunidad nativa pierde de manera considerable la posibilidad de ver reflejados sus intereses en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, lo cual genera que no sean tomados en cuenta de la misma forma, a como podrían serlo si tuvieran un número decente de personas de su propia comunidad fungiendo como sus portavoces y velando por ellos, junto a los demás legisladores. Son por estos motivos, que se entiende como totalmente necesario el reformar preceptos constitucionales, los cuales garanticen la inclusión de los habitantes de pueblos indígenas en el congreso; considero que, luego de haber perdido sus territorios, así como parte de sus culturas, lo menos que se puede hacer es brindar (al menos mientras el panorama social progresa) un espacio a aquellos herederos de las culturas prehispánicas dentro del poder legislativo.

Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

Por otra parte, en cuanto al sustento basado en antecedentes, si ya existen reformas vinculadas a solventar el problema de la desigualdad de género en el reparto de candidaturas de los partidos políticos, las cuales han resultado fructíferas en mejorar esa distribución, ¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso? En otras palabras, es indispensable comprometerse a la elaboración de reformas que garanticen la inclusión de los ciudadanos de los pueblos originarios en el ámbito legislativo.

Puntualizando, la inclusión de las personas procedentes de comunidades indígenas, solo podrá ser garantizada mediante una serie de reformas a la Ley Suprema de México, las cuales promuevan y a su vez, exijan a los partidos políticos a cumplir con su objetivo principal de integrar al pueblo a la democracia; lo que, solo podrá ser cumplido de forma auténtica una vez que se tome en cuenta la particularidad presente en lo expuesto con anterioridad y se proceda a sumar propuestas que confronten tal problemática. Solo mediante el uso de mecanismos que se encuentren sustentados en la carta magna, es como se podrá progresar en nuestra estructura social, y al mismo tiempo, se podrá legitimar de forma óptima nuestro estado de derecho, que tan quebrado se encuentra hoy en día.

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