Llega al Senado iniciativa propuesta por AMLO para eliminar fuero

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El Senado recibió la primera iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, relativa al fuero del Ejecutivo Federal.

Zoé Robledosubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación,  hizo entrega a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Por la mañana, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para aumentar las causas por las que el presidente de la República puede ser objeto de desafuero, que incluye delitos electorales y corrupción.

La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 108 y 111 prevé que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.

Asimismo, propone que para proceder penalmente contra el presidente de la República únicamente habrá lugar al acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, y en este supuesto, dicha cámara resolverá con base a la legislación aplicable.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, argumenta que la Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer gobernante del país para que dé respuesta de su actuación y de su conducta.

“El fuero nació con la finalidad de proteger el funcionamiento de las instituciones no como un privilegio para los encargados de ellas”, expone Monreal Ávila en la propuesta.

Cabeza de Vaca ofrece disculpa pública a joven por chat sexual

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El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ismael García Cabeza de Vaca, ofreció una disculpa pública por “los términos misóginos” en que se referió a la imagen de una joven a través de un chat en su teléfono celular.

Antes de iniciar la sesión de este martes en el Senado de la República, el legislador reconoció que se equivocó al haberse referido en esos términos a la mujer, a quien le ofreció “una sincera y sentida disculpa” y dijo que de encontrarse personalmente con ella, se disculparía.

Indicó que no conoce a la joven, “pero he visto sus intervenciones en los medios de comunicación; le manifiesto todo mi respeto y admiración por su madurez e independencia”, y extendió sus disculpas a su grupo parlamentario y la Cámara de Senadores en su conjunto.

Tras agradecer a sus compañeras y compañeros senadores panistas, “los comentarios, consejos y reproches que me han hecho”, ofreció que en adelante, hará de su encomienda como senador, un ejemplo de respeto y defensa de los derechos de las mujeres y de todas las personas.

A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez, quien ya había sugerido impartir un taller en equidad de género para los senadores de su partido, reconoció que los comentarios misóginos de García Cabeza de Vaca son inaceptables.

En entrevista, la también panista consideró que el taller para los senadores de todos los partidos, es buen camino para resolver el tema de fondo, pues si bien la cultura machista ha permeado por años, “podemos empezar a erradicarlo”.

En su oportunidad y durante la conferencia de prensa donde se abordaron otros temas, además del asunto de García Cabeza de Vaca, el coordinador del grupo parlamentario, Damián Zepeda, salió en defensa de su compañero y dijo que “cuando uno se equivoca, debe reconocerlo y ofrecer disculpas” y eso fue lo que hizo su compañero.

Y aunque aceptó la posibilidad de que todos los senadores (hombres y mujeres) de su partido tomen el taller de equidad propuesto por Xóchitl Gálvez, descartó que de momento se aplique una sanción a su compañero de partido.

#KLEROTERION: “México necesita una Ley de Seguridad Interior”

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n la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017 se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones;  esta minuta se enviará a la Cámara de Senadores para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 34 artículos y 4 transitorios, esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.

Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las institciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo que condiciones institucionales, y en particular, terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuacion no tiene el respaldo jurídico adecuado, así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.

Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son:  amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Es claro que la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policias municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas, que el país necesita corporaciones policiales con equipo, adiestramiento, comunicaciones e infraestructuras modernas, y que se somete a una tensión mayor el Ejército y a la Marina Armada de México al ordenarle realizar misiones que deberían ejecutar los civiles.

Sin embargo, entonces cuál es la respuesta: sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país; el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente; las 32 policías estatales no podrían enfrentan por si mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aún así no es suficiente.

La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.  Se trata de dar certeza a la ciudadania sobre lo que hacen su Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, su personal es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y  aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego. Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinicón juridica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación debe regularse por el bien de todos.

Colectivo tiñe de rojo sangre fuentes de la CdMx en protesta por la Ley de Seguridad

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Al menos seis fuentes de la Ciudad de México fueron teñidas de rojo sangre como parte de las acciones que emprendió el Colectivo Seguridad Sin Guerra en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Se trata de las fuentes San Sebastián, Sátiro y Amor, Doríforo, Mercurio y Argos, y El Pescador, ubicadas en la colonia Roma, así como la fuente de Los Coyotes en Coyoacán.

Ayer, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Tras ser avalada, el Senado de la República deberá aprobarla. De ser así, el Ejecutivo federal tendría más atribuciones legales para disponer, a discreción y sin controles legislativos, de la totalidad de la fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de las instituciones de seguridad pública para preservar el orden y prevenir “el surgimiento de amenazas”.

El riesgo, señalan analistas consultados, es la violación de derechos humanos a partir de una estrategia autoritaria.

A su vez el colectivo lanzó un llamado e invitación a la ciudadanía para que el próximo martes 12 de diciembre acudan a la Cámara de Senadores para protestar y presionar a los Senadores para que no aprueben dicha legislación.

Otra forma de ejercer presión es por medio de redes sociales o bien, ingresar a la plataforma de Seguridad sin guerra, en donde los ciudadanos se pueden sumar y enviar desde ahí un mail a los Senadores pidiendo no aprobar la ley.

Con la aprobación de Ley de Seguridad Interior, las autoridades estatales y el Presidente de la República podrán solicitar la intervención del Gobierno federal para contener cualquier “grave peligro a la integridad colectiva”, a partir de la emisión de una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior“. Esto significa que, en todo caso en que haya una circunstancia de crisis en las que las fuerzas de seguridad pública no se den abasto, las fuerzas armadas podrán interceder.

 

Campañas políticas y responsabilidad pública

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Las campañas para la Presidencia de la República y la serie de cargos públicos que se disputarán en el año 2018 se prevé que serán altamente competitivas debido entre otros factores a que la alternancia es factible, a la posible configuración de un Frente opositor y a las preferencias electorales que mantiene MORENA, pareciera que las condiciones están puestas para una gran contienda electoral donde serán los ciudadanos quienes definan al Partido, Coalición, y en su caso candidato independiente que habrá de gobernar nuestro país durante seis años, además de la integración del Congreso de la Unión, y de diferentes gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales que estarán en disputa en el proceso electoral y cuyos resultados se definirán través del sufragio,

El proceso electoral inició y con ello una serie de dinámicas políticas que ya presionan sobre las decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mismo caso, de las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal, y de los actores políticos locales; lo anterior es parte de la vida política en cualquier país democrático, sin embargo, lo sustancial radica en mantener la responsabilidad política en las decisiones que se tomen sin afectar el desempeño institucional del país y sin postergar las leyes necesarias que la ciudadanía requiere. Hay varios nombramientos importantes en materia de justicia pendientes que deben desahogarse, la aprobación del presupuesto 2018, así como leyes estratégicas relevantes como es el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Una responsabilidad mayor que tendrán los partidos políticos, los candidatos a los puestos de elección popular y en su caso los candidatos independientes será conducir los procesos electorales en un ámbito de civilidad y respeto anteponiendo el interés público, que en otros términos significa evitar polarizaciones, conflictos socio – políticos, y manifestaciones verbales que crispen la relación política. Ante los retos que nos tocan vivir como son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, necesitamos fundamentos claros y evidentes de estabilidad política, gobernabilidad democrática y unidad ante los grandes retos nacionales.

Es imperativo que las campañas se conduzcan en la ruta de los grandes intereses y objetivos nacionales. Más aún en tiempos donde algunas voces pretenden sembrar dudas en la población de algunos estados, de forma particular en Nuevo León, al señalar que mucho da y poco recibe de la federación, olvidándose que la equidad republicana radica en lograr equilibrios para que la ciudadanía de la nación única que es México pueda vivir mejor. No podemos ponerle precio al federalismo ni olvidar que lo que aportamos como estado, en el caso de Nuevo León, en nada se compara con la valiente actitud de nuestros hermanos de otros estados que arriesgan su vida por nuestra estabilidad y seguridad como activos del ejército mexicano. La nación es una, y a veces hay que recordárselo al oportunismo político que es un riesgo cuando existe una alta competencia electoral. México es una sola nación, diversa, plural y compleja, pero una sola.

Solo 12 de 128 senadores han hecho públicos sus bienes.

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Aunque el Senado de la República recibió a finales de agosto un reconocimiento de transparencia del INAI, los senadores no lo son tanto.

En la Cámara Alta, de los 128 legisladores enlistados, solo 12 han hecho pública su declaración patrimonial, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la pagina del Senado.

Ellos son: Daniel Ávila Ruiz (PAN); Martha Elena García Gómez (PAN); Francisco Salvador López Brito (PAN); Héctor Adrián Menchaca Medrano (PT); Dolores Padierna Luna (ex PRD y hoy sin partido); Zoé Alejandro Robledo Aburto (PRD); Laura Angélica Rojas Hernández (PAN); Ernesto Ruffo Appel (PAN); Layda Elena Sansores San Román (Morena); María Marcela Torres Peimbert (PAN); Héctor Yunes Landa (PAN) y Angélica de
la Peña Gómez (PRD).

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no establece la obligatoriedad de que los senadores hagan pública su declaración patrimonial. Cada uno de ellos debe decidir si abren esos datos a la sociedad.

Mientras que los Diputados.

En la Cámara de Diputados también hay opacidad.

El pasado 4 de mayo, concluyó el plazo que se otorgó en la Ley de Transparencia para que los sujetos obligados publicaran la información básica que debe estar tanto en sus páginas electrónicas como en la PNT.

Cuatro meses después, la información sigue sin aparecer en los espacios digitales de la Cámara.

Al respecto, la unidad de transparencia de la Cámara de Diputados dijo que seguían trabajando con la recopilación de los datos y la generación de las versiones públicas, pero no dio fecha de cuándo se cumpliría con esa obligación.

 

OSC presentan al Senado su propuesta para la Fiscalía General.

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Organizaciones ciudadanas agrupadas en los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás presentaron ante el Senado su propuesta para guiar el proceso de construcción de una Fiscalía General autónoma e independiente, con un fiscal que esté “desvinculado del poder político”.

Ernesto Cordero, presidente de la Cámara Alta, recibió la propuesta ciudadana de reforma al artículo 102 de la Constitución Política, de manos de Ana Dulce Aguilar García, Ana Lorena Delgadillo, Eduardo Bohórquez, Gustavo de Hoyos, Haydeé Pérez Garrido, Mario de la Garza y Marco Fernández.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que concuerdan con la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, para que sea suprimido el llamado “pase automático”, y se impida que el actual procurador, Raúl Cervantes, sea nombrado en automático fiscal General.

Sin embargo, también señalaron que la iniciativa del mandatario es insuficiente, y plantearon más candados para asegurar la independencia de la institución.

En su propuesta de “dictamen ciudadano”, en el apartado de requisitos de eligibilidad, las organizaciones plantean que quien busque ser fiscal general cumpla con dos puntos:

1.- No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

2.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

El tema del fiscal General ha provocado tensión en el Congreso, con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano rechazando la propuesta del PRI para renovar la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, reclamando que no se aplique el “pase automático”, y sea elegido Cervantes.

¡Eliminemos el senado!

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¿Se imaginan en México un poder legislativo unicameral? Justo eso es lo que vengo a presentarles. La propuesta de los Diputados Federales de Nueva Alianza para eliminar la Cámara de Senadores.

En los últimos meses, se ha generado un consenso a nivel nacional buscando disminuir el aparato burocrático legislativo. Y compartimos. En la actualidad, el entorno socioeconómico y político nos obliga a presentar un poder legislativo moderno, acorde a los retos de la gobernanza en el siglo XXI.

Sin embargo, los partidos políticos mayoritarios han aprovechado esta coyuntura para explotar sus fines políticos. Ellos quieren reducir a los diputados de representación proporcional bajo el argumento de que necesitamos ahorrar dinero.

En Nueva Alianza nos oponemos totalmente a la iniciativa que busca eliminar plurinominales. La razón es muy sencilla. La representación proporcional es un esfuerzo de décadas. Esfuerzo de importantes líderes que buscaron generar espacios de representación para las fuerzas políticas minoritarias. ¿Se imaginan un Congreso donde no hay debate? ¿Un Congreso donde los ciudadanos no puedan expresar sus ideas? Quieren acabar con victorias ciudadanas como las reformas electorales de 1963 y 1977.

También, la reducción de diputados de representación proporcional beneficia a los partidos dominantes. A menos plurinominales, mayor es la posibilidad de alcanzar una mayoría absoluta. Es decir, si un partido político logra obtener el 51% de los escaños, mejor nos olvidamos de los contrapesos y las discusiones.

Reducir plurinominales representa una propuesta meramente electoral y muy poco benéfica para los mexicanos.

Por lo anterior, en Nueva Alianza proponemos una alternativa que tendría un verdadero impacto en las finanzas nacionales. Una alternativa que generaría importantes ahorros y que no reduce la representación política. En Nueva Alianza proponemos la eliminación del Senado.

La propuesta es sencilla. Buscamos implementar un modelo legislativo unicameral, compuesto por 500 congresistas de mayoría relativa y representación proporcional. Así, buscamos generar un importante ahorro en las finanzas públicas, terminar con la duplicidad de funciones, generar más y mejores consensos políticos en pro de los ciudadanos, eliminar intereses sesgados y recuperar la confianza y la legitimidad que ha perdido el legislador. Imagínense… un modelo unicameral terminaría con la parálisis legislativa, haciendo más agiles las discusiones políticas.

Me gustaría hacer énfasis en la cuestión del ahorro. La situación económica, política y social de nuestro país nos obliga a atarnos el cinturón. Tenemos que tomar, obligadamente, medidas de austeridad.

La propuesta de Nueva Alianza generará un ahorro anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos, superando el presupuesto de importantes secretarías de Estado como la de Energía, Trabajo y Turismo.

Dicho ahorro podría ser destinado para la creación y el mejoramiento de nuestras escuelas. Para la ejecución de programas sociales integrales. Para mejores hospitales y más espacios públicos.

¿Qué les parece la propuesta? ¿Les agrada?

Los invito a revisar la propuesta en extenso, segura de que les llamará la atención.

Agradezco el espacio a Altavoz MX y a ustedes, amigos que se dan el tiempo de leer los interesantes espacios de los editorialistas.

Por aquí nos estaremos leyendo.

Facebook: MirnaSaldivarPaz

Correo: diputadamirnasaldivar@gmail.com

Representación indígena en el congreso

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Como consecuencia del legado que actualmente se conserva de la cultura prehispánica, se puede concebir como uno de los pilares de la sociedad mexicana la pluralidad en sus diversas manifestaciones, como lo son las tradiciones, lenguas, valores y una diversidad de ideologías de cada pueblo originario. Es esa conservación de la pluralidad la que contribuye a legitimar cualquier sistema democrático, así como legitimar el compromiso que cualquier nación haya hecho, mediante acuerdos internacionales y reformas a la constitución propia, respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos, como es el caso de México.

A lo anterior se entiende “conservación de la pluralidad” como un compromiso progresivo en cuanto a la defensa, promoción, y aceptación de las variadas características pertenecientes a todo grupo étnico que integra un país. Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso?

Asimismo, hoy en día es observable como la población originaria, a pesar de poseer autonomía en cuanto al modo de administrar variadas regiones, no cuentan con una mínima representación en el ámbito democrático correspondiente a los poderes de la unión. Al contar con un ínfimo número de legisladores, la comunidad nativa pierde de manera considerable la posibilidad de ver reflejados sus intereses en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, lo cual genera que no sean tomados en cuenta de la misma forma, a como podrían serlo si tuvieran un número decente de personas de su propia comunidad fungiendo como sus portavoces y velando por ellos, junto a los demás legisladores. Son por estos motivos, que se entiende como totalmente necesario el reformar preceptos constitucionales, los cuales garanticen la inclusión de los habitantes de pueblos indígenas en el congreso; considero que, luego de haber perdido sus territorios, así como parte de sus culturas, lo menos que se puede hacer es brindar (al menos mientras el panorama social progresa) un espacio a aquellos herederos de las culturas prehispánicas dentro del poder legislativo.

Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

Por otra parte, en cuanto al sustento basado en antecedentes, si ya existen reformas vinculadas a solventar el problema de la desigualdad de género en el reparto de candidaturas de los partidos políticos, las cuales han resultado fructíferas en mejorar esa distribución, ¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso? En otras palabras, es indispensable comprometerse a la elaboración de reformas que garanticen la inclusión de los ciudadanos de los pueblos originarios en el ámbito legislativo.

Puntualizando, la inclusión de las personas procedentes de comunidades indígenas, solo podrá ser garantizada mediante una serie de reformas a la Ley Suprema de México, las cuales promuevan y a su vez, exijan a los partidos políticos a cumplir con su objetivo principal de integrar al pueblo a la democracia; lo que, solo podrá ser cumplido de forma auténtica una vez que se tome en cuenta la particularidad presente en lo expuesto con anterioridad y se proceda a sumar propuestas que confronten tal problemática. Solo mediante el uso de mecanismos que se encuentren sustentados en la carta magna, es como se podrá progresar en nuestra estructura social, y al mismo tiempo, se podrá legitimar de forma óptima nuestro estado de derecho, que tan quebrado se encuentra hoy en día.

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