Se aprueban cargos contra Trump

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Este viernes por la mañana, el Comité Judicial perteneciente a la Cámara de Representantes aprobó dos cargos para el juicio político al Presidente estadounidense Donald Trump, con lo que se prosigue a pasar al pleno de la Cámara. Dichas acusaciones se aprobaron con 24 votos a favor y 17 en contra.

Debido a enfrentamientos bipartidistas y a que se extendió la sesión del día jueves por más de 14 horas, la votación se pospuso para el día viernes.

El primer cargo cusa al presidente Trump de abuso de poder presidencial al solicitarle a Ucrania que investigue a su potencial rival en las elecciones del 2020, Joe Biden, mientras que se le retenía asistencia militar; el segundo cargo es de obstruir las labores de la Cámara de Representantes para investigar sus acciones.

El pleno Cámara Baja aún tendrá que votar en una fecha que es desconocida hasta el momento sobre si se abre o no un juicio político.

En dado caso, Trump sería apenas el cuarto Mandatario estadounidense en enfrentar procedimientos de juicio político y el único que realiza una campaña de reelección al mismo tiempo.

Dada la mayoría demócrata ocupando 235 escaños frente a los 198 en manos de los republicanos en la Cámara de Representantes, se espera que salga adelante el voto a favor de imputar políticamente a Trump.

No obstante el juicio se realizaría en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría y se prevé que favorecerían al Mandatario.

Con información de Reforma

Se alista juicio político contra Rosario Robles

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La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados avaló esta mañana el dictamen por el que se dará inicio al proceso de juicio político en contra de Rosario Robles, esto apenas a 4 días de que prospere un recurso de tal naturaleza. 

Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es señalada por ser responsable de un desvío de más de 3 mil millones de pesos, esto durante la llamada ‘Estafa maestra’ El desvío de concluyó por medio de una investigación periodística basada en los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las cuentas públicas de 2013 y 2014, aquí se comprobó una simulación de servicios a través de empresas fantasma, llevado a un daño patrimonial por 3 mil millones de pesos.

El informe oficial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue el sustento principal de las denuncias contra Robles, de hecho, por este caso ya enfrenta un proceso penal, pues presuntamente conoció las irregularidades y no actuó en consecuencia. Por lo tanto, la exfuncionaria sería hasta ahora la única de alto nivel que enfrenta un proceso penal por ese caso.

Siendo que, los servidores públicos, de de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos “sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones” se está a 4 días de concluir el período.

El procedimiento previsto para esta situación en la ley citada anteriormente, establece que la resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia será remitida al pleno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, “para efecto de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la Sección Instructora de la Cámara”.

El proceso contempla una duración de 30 días naturales para recibir las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público en su defensa, pero ese lapso podrá ampliarse.

Si el proceso concluye con la declaración de procedencia de juicio político, el caso se turnaría al Senado, enviándolo a la Sección de Enjuiciamiento; en la Cámara Alta eventualmente podría instalarse en Jurado de Sentencia.

Cón información de El Imparcial

Llegaron al Senado las leyes secundarias de educación

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Después de desarrollar las leyes reglamentarias de la reforma educativa, el Senado recibió las mismas para su aprobación

El Senado recibió de la Cámara de Diputados las leyes reglamentarias de la reforma educativa luego de haberlas elaborado. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, afirmó que tienen planeado discutirlas y aprobarlas esta misma semana.

Por otro lado, la oposición ya ha adelantado que sus votos serán en contra ya que consideran que es regresiva y presentarán una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte.

Luego de la llegada de estas leyes secundarias, el bloque conformado por los partido PRI, PAN, MC y PRD pidió a Morena garantizar los trabajos del Senado ante la llegada y los disturbios ocasionados por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se instalarán en cada uno de los accesos del recinto legislativo.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa de Morena indicó que la minuta de la Ley General de Educación, así como la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación, entre otras, se analizarán por las comisiones de Educación y Estudios Legislativos, para posteriormente hacerlas llegar al pleno.

El bloque opositor, siendo Mauricio Kuri uno de sus líderes como coordinador del PAN, comentó que se dará la batalla en el pleno, aunque están conscientes de que Morena y sus aliados ya cuentan con una mayoría suficiente para aprobarlas.  “Vamos en bloque, vamos por una acción de inconstitucionalidad porque no hay similitudes entre la reforma constitucional y las leyes”, indicó.

Otro de los líderes de la oposición, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, argumentó que presentarán reservas con la intención de modificar las leyes que les han sido presentadas.

Por último, el Partido Verde Ecologista declaró que su voto será a favor de las leyes secundarias. Manuel Velazco apuntó que “Vamos por la leyes secundarias tomando en cuenta los derechos laborales“.

Con información de El Universal.

López Obrador no descarta una nueva Constitución al final de su sexenio

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes, en el marco del 102 aniversario de la Constitución de 1917, que la Carta Magna ya está “muy parchada” porque se le han hecho muchas reformas y que, aunque no lo hará su Gobierno, las próximas generaciones no deben descartar la creación de una nueva.

“Los que son maestros en el tema hablan de que ya son demasiadas las reformas, entre 700 y 900 reformas, no sé el dato exacto. Está muy parchada la Constitución, muy remendada. No se debe descartar hacer una nueva Constitución, pero a lo que nosotros corresponde vamos a impulsar reformas en tres sentidos”, dijo.

De acuerdo con el estudio “Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la Constitución se ha reformado 707 veces.

López Obrador indicó en el Teatro de la República, en Querétaro, que su Gobierno optó por realizar reformas en tres sentidos: acabar con la corrupción, combatir la impunidad y defender a la democracia. Dijo que pese a que busca crear una cuarta transformación se optó por mantener la Constitución actual para darle prioridad a otras tareas.

“Nosotros buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución. Pensamos, sin embargo, que no hay condiciones para hacerla, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución“, dijo.

“Consideramos que nuestras reformas tienen la misma importancia y profundidad que una nueva Constitución, que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir, para cuando entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones, que ellos convoquen a un nuevo constituyente y elaboren una nueva Constitución“, agregó.

Dijo que será primordial reformar la Ley para que la corrupción sea considerada como delito grave además de que al presidente se le juzgue por dicho delito y no únicamente por ‘traición a la patria’.

“Se propone que el Presidente sea juzgado por corrupción y se terminen los fueros y privilegios en todo el Gobierno, esa es la gran reforma que hace falta”, dijo.

Al evento acudieron los miembros de su gabinete; el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el coordinador de la Cámara de Senadores, Martí Batres; los gobernadores de las 32 entidades del país, y los comandantes de las Fuerzas Armadas de México.

Llega al Senado iniciativa propuesta por AMLO para eliminar fuero

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El Senado recibió la primera iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, relativa al fuero del Ejecutivo Federal.

Zoé Robledosubsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación,  hizo entrega a Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Por la mañana, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para aumentar las causas por las que el presidente de la República puede ser objeto de desafuero, que incluye delitos electorales y corrupción.

La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 108 y 111 prevé que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales y delitos graves en términos del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.

Asimismo, propone que para proceder penalmente contra el presidente de la República únicamente habrá lugar al acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, y en este supuesto, dicha cámara resolverá con base a la legislación aplicable.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, argumenta que la Constitución no debe prever ninguna situación que impida exigirle al primer gobernante del país para que dé respuesta de su actuación y de su conducta.

“El fuero nació con la finalidad de proteger el funcionamiento de las instituciones no como un privilegio para los encargados de ellas”, expone Monreal Ávila en la propuesta.

Cabeza de Vaca ofrece disculpa pública a joven por chat sexual

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El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ismael García Cabeza de Vaca, ofreció una disculpa pública por “los términos misóginos” en que se referió a la imagen de una joven a través de un chat en su teléfono celular.

Antes de iniciar la sesión de este martes en el Senado de la República, el legislador reconoció que se equivocó al haberse referido en esos términos a la mujer, a quien le ofreció “una sincera y sentida disculpa” y dijo que de encontrarse personalmente con ella, se disculparía.

Indicó que no conoce a la joven, “pero he visto sus intervenciones en los medios de comunicación; le manifiesto todo mi respeto y admiración por su madurez e independencia”, y extendió sus disculpas a su grupo parlamentario y la Cámara de Senadores en su conjunto.

Tras agradecer a sus compañeras y compañeros senadores panistas, “los comentarios, consejos y reproches que me han hecho”, ofreció que en adelante, hará de su encomienda como senador, un ejemplo de respeto y defensa de los derechos de las mujeres y de todas las personas.

A su vez, la senadora Xóchitl Gálvez, quien ya había sugerido impartir un taller en equidad de género para los senadores de su partido, reconoció que los comentarios misóginos de García Cabeza de Vaca son inaceptables.

En entrevista, la también panista consideró que el taller para los senadores de todos los partidos, es buen camino para resolver el tema de fondo, pues si bien la cultura machista ha permeado por años, “podemos empezar a erradicarlo”.

En su oportunidad y durante la conferencia de prensa donde se abordaron otros temas, además del asunto de García Cabeza de Vaca, el coordinador del grupo parlamentario, Damián Zepeda, salió en defensa de su compañero y dijo que “cuando uno se equivoca, debe reconocerlo y ofrecer disculpas” y eso fue lo que hizo su compañero.

Y aunque aceptó la posibilidad de que todos los senadores (hombres y mujeres) de su partido tomen el taller de equidad propuesto por Xóchitl Gálvez, descartó que de momento se aplique una sanción a su compañero de partido.

#KLEROTERION: “México necesita una Ley de Seguridad Interior”

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n la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017 se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones;  esta minuta se enviará a la Cámara de Senadores para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 34 artículos y 4 transitorios, esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.

Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las institciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo que condiciones institucionales, y en particular, terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuacion no tiene el respaldo jurídico adecuado, así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.

Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son:  amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Es claro que la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policias municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas, que el país necesita corporaciones policiales con equipo, adiestramiento, comunicaciones e infraestructuras modernas, y que se somete a una tensión mayor el Ejército y a la Marina Armada de México al ordenarle realizar misiones que deberían ejecutar los civiles.

Sin embargo, entonces cuál es la respuesta: sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país; el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente; las 32 policías estatales no podrían enfrentan por si mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aún así no es suficiente.

La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.  Se trata de dar certeza a la ciudadania sobre lo que hacen su Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, su personal es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y  aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego. Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinicón juridica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación debe regularse por el bien de todos.

Colectivo tiñe de rojo sangre fuentes de la CdMx en protesta por la Ley de Seguridad

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Al menos seis fuentes de la Ciudad de México fueron teñidas de rojo sangre como parte de las acciones que emprendió el Colectivo Seguridad Sin Guerra en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Se trata de las fuentes San Sebastián, Sátiro y Amor, Doríforo, Mercurio y Argos, y El Pescador, ubicadas en la colonia Roma, así como la fuente de Los Coyotes en Coyoacán.

Ayer, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Tras ser avalada, el Senado de la República deberá aprobarla. De ser así, el Ejecutivo federal tendría más atribuciones legales para disponer, a discreción y sin controles legislativos, de la totalidad de la fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y de las instituciones de seguridad pública para preservar el orden y prevenir “el surgimiento de amenazas”.

El riesgo, señalan analistas consultados, es la violación de derechos humanos a partir de una estrategia autoritaria.

A su vez el colectivo lanzó un llamado e invitación a la ciudadanía para que el próximo martes 12 de diciembre acudan a la Cámara de Senadores para protestar y presionar a los Senadores para que no aprueben dicha legislación.

Otra forma de ejercer presión es por medio de redes sociales o bien, ingresar a la plataforma de Seguridad sin guerra, en donde los ciudadanos se pueden sumar y enviar desde ahí un mail a los Senadores pidiendo no aprobar la ley.

Con la aprobación de Ley de Seguridad Interior, las autoridades estatales y el Presidente de la República podrán solicitar la intervención del Gobierno federal para contener cualquier “grave peligro a la integridad colectiva”, a partir de la emisión de una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior“. Esto significa que, en todo caso en que haya una circunstancia de crisis en las que las fuerzas de seguridad pública no se den abasto, las fuerzas armadas podrán interceder.

 

Campañas políticas y responsabilidad pública

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Las campañas para la Presidencia de la República y la serie de cargos públicos que se disputarán en el año 2018 se prevé que serán altamente competitivas debido entre otros factores a que la alternancia es factible, a la posible configuración de un Frente opositor y a las preferencias electorales que mantiene MORENA, pareciera que las condiciones están puestas para una gran contienda electoral donde serán los ciudadanos quienes definan al Partido, Coalición, y en su caso candidato independiente que habrá de gobernar nuestro país durante seis años, además de la integración del Congreso de la Unión, y de diferentes gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales que estarán en disputa en el proceso electoral y cuyos resultados se definirán través del sufragio,

El proceso electoral inició y con ello una serie de dinámicas políticas que ya presionan sobre las decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mismo caso, de las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal, y de los actores políticos locales; lo anterior es parte de la vida política en cualquier país democrático, sin embargo, lo sustancial radica en mantener la responsabilidad política en las decisiones que se tomen sin afectar el desempeño institucional del país y sin postergar las leyes necesarias que la ciudadanía requiere. Hay varios nombramientos importantes en materia de justicia pendientes que deben desahogarse, la aprobación del presupuesto 2018, así como leyes estratégicas relevantes como es el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Una responsabilidad mayor que tendrán los partidos políticos, los candidatos a los puestos de elección popular y en su caso los candidatos independientes será conducir los procesos electorales en un ámbito de civilidad y respeto anteponiendo el interés público, que en otros términos significa evitar polarizaciones, conflictos socio – políticos, y manifestaciones verbales que crispen la relación política. Ante los retos que nos tocan vivir como son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, necesitamos fundamentos claros y evidentes de estabilidad política, gobernabilidad democrática y unidad ante los grandes retos nacionales.

Es imperativo que las campañas se conduzcan en la ruta de los grandes intereses y objetivos nacionales. Más aún en tiempos donde algunas voces pretenden sembrar dudas en la población de algunos estados, de forma particular en Nuevo León, al señalar que mucho da y poco recibe de la federación, olvidándose que la equidad republicana radica en lograr equilibrios para que la ciudadanía de la nación única que es México pueda vivir mejor. No podemos ponerle precio al federalismo ni olvidar que lo que aportamos como estado, en el caso de Nuevo León, en nada se compara con la valiente actitud de nuestros hermanos de otros estados que arriesgan su vida por nuestra estabilidad y seguridad como activos del ejército mexicano. La nación es una, y a veces hay que recordárselo al oportunismo político que es un riesgo cuando existe una alta competencia electoral. México es una sola nación, diversa, plural y compleja, pero una sola.

Solo 12 de 128 senadores han hecho públicos sus bienes.

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Aunque el Senado de la República recibió a finales de agosto un reconocimiento de transparencia del INAI, los senadores no lo son tanto.

En la Cámara Alta, de los 128 legisladores enlistados, solo 12 han hecho pública su declaración patrimonial, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en la pagina del Senado.

Ellos son: Daniel Ávila Ruiz (PAN); Martha Elena García Gómez (PAN); Francisco Salvador López Brito (PAN); Héctor Adrián Menchaca Medrano (PT); Dolores Padierna Luna (ex PRD y hoy sin partido); Zoé Alejandro Robledo Aburto (PRD); Laura Angélica Rojas Hernández (PAN); Ernesto Ruffo Appel (PAN); Layda Elena Sansores San Román (Morena); María Marcela Torres Peimbert (PAN); Héctor Yunes Landa (PAN) y Angélica de
la Peña Gómez (PRD).

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no establece la obligatoriedad de que los senadores hagan pública su declaración patrimonial. Cada uno de ellos debe decidir si abren esos datos a la sociedad.

Mientras que los Diputados.

En la Cámara de Diputados también hay opacidad.

El pasado 4 de mayo, concluyó el plazo que se otorgó en la Ley de Transparencia para que los sujetos obligados publicaran la información básica que debe estar tanto en sus páginas electrónicas como en la PNT.

Cuatro meses después, la información sigue sin aparecer en los espacios digitales de la Cámara.

Al respecto, la unidad de transparencia de la Cámara de Diputados dijo que seguían trabajando con la recopilación de los datos y la generación de las versiones públicas, pero no dio fecha de cuándo se cumpliría con esa obligación.