#Kleroterion: “Justicia Laboral”

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En pasados días fuimos testigos de la aprobación de una gran reforma que cambia el cause para la seguridad de todas y todos los trabajadores a nivel nacional, me refiero a la mencionada “Reforma Laboral”, que consiste en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social, lo anterior en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, que sin duda, es un esfuerzo que se reconoce a la Cámara de Diputados.

Cabe mencionar que el dictamen adecúa los ordenamientos con la reforma constitucional en materia de justicia laboral de fecha 24 de febrero de 2017, así como diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, en materia de derechos humanos de las y los trabajadores, como los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el anexo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que por cierto, falta ser ratificado, y el capítulo 19 del Tratado Integral y Progresista de Asignación Transpacífico. 

Como antecedentes legislativos, dicho dictamen surge de 14 iniciativas presentadas de septiembre de 2018 a abril de 2019, teniendo cuatro de Morena, tres del PES, dos del PRI, dos del PAN, dos del PT y una de MC. 

Ahora bien, ¿en qué consiste esta tan afamada reforma?, a continuación menciono los aspectos principales. Para empezar gracias a este trabajo aprobado, se introduce la democracia en la elección de las dirigencias sindicales a través del voto libre, secreto y directo, lo que termina con el charrísimo sindical que durante muchas décadas se mantuvo en las dirigencias en México, por lo que se abre la verdadera democracia sindical con ejes de transparencia y rendición de cuentas, además de asegurar a las nuevas generaciones laborales y a todos los trabajadores en general, el poder elegir con plena libertad el pertenecer o no a un sindicato, federación o confederación, así como la tranquilidad de no tener ningún tipo de represalia, así también se estipula que el patrón no podrá descontar del salario de los trabajadores las cuotas sindicales, salvo consentimiento por escrito, por lo que comienza una nueva cultura laboral.

Asimismo, a partir de esta reforma, todos los contratos colectivos tienen que ser aprobados y votados por la mayoría de los trabajadores, por lo que los empleadores serán respaldados para que no sean presionados o extorsionados por líderes corruptos, además, se establece como se mencionó anteriormente, mecanismos eficaces para la transparencia y rendición de cuentas, previendo la revisión de contratos colectivos en un plazo no mayor a cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la reforma.

Por otro lado, se crean los tribunales laborales especializados al ámbito del Poder Judicial, despareciendo las juntas de conciliación y arbitraje que dependían de los Poderes Ejecutivos federal y estatales, que hoy en día no eran funcionales y actualizadas; por lo que el nuevo órgano será el encargado de los problemas obrero patronales y la conciliación entre sindicatos, estipulando que antes de acudir a dichos Tribunales se deberá asistir a la instancia conciliatoria que estará a cargo de los Centros de Conciliación que se instituyan en las Entidades Federativas y en el orden Federal. Esta función estará a cargo de un organismo descentralizado, denominado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral al que le corresponderá, el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales, así como los procesos administrativos que estén relacionados, teniendo autonomía de decisión y gestión.

Otro tema de vital importancia, es que se eliminan las brechas por género, lo que evita la violencia o inequidad salarial, estableciendo también que las trabajadoras víctimas de discriminación por embarazo o trata laboral, quedarán exentas de agotar instancias conciliatorias y se buscará mayor presencia de mujeres en la toma de decisiones.

Dentro de los trabajos especiales, se regula el régimen de las y los trabajadores del hogar, estipulando la obligación para los patrones de inscribirlos al IMSS y pagar sus respectivas cuotas, así como facultar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para fijar los salarios mínimos profesionales de las y los trabajadores del campo, por lo que con esto se brinda protección a estos grupos de trabajadores que han sido olvidados durante muchos años.

Entre otros aspectos que se establecen, se contempla la nulidad de la renuncia que los trabajadores hagan de derechos y prestaciones que deriven de los servicios prestados e incluye la obligación de los patrones para entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo vigente, por lo que conocerán de manera clara y precisa los derechos y obligaciones que tienen con el mismo.

Es entonces que con este gran avance en esta materia, se mejora la productividad, generando beneficios y transparencia para patrones-empleadores como a todas y todos los trabajadores, que son el soporte real de cualquier Nación, por lo que se favorecen las condiciones de trabajo y se transita con una verdadera justicia, libertad y negociación, teniendo como premisa principal, la más importante, la “Justicia Laboral”.

Diputados aprueban reforma laboral; pasa al Senado

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Con más de ocho horas de debate y sin incidentes mayores, el pleno de la Cámara de Diputados, avaló en lo general y en lo particular con 258 votos a favor, 67 en contra y 18 abstenciones, el dictamen de reforma en materia laboral.

De esta forma, concluye el tripartismo con la eliminación de la Juntas de Conciliación y Arbitraje para crear los tribunales laborales que formarán parte del Poder Judicial.

Entre reclamos de los opositores de que el dictamen se realizó con prisas y presiones por el T-MEC, se dio luz verde al documento que cumple con los compromisos con el Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá, así como con el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de libertad sindical.

Luego que una a una de la mayoría de las 104 reservas presentadas por el PRI, PAN y PRD fueron rechazadas por la aplanadora morenista, el documento que fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales.

Se fortalece la democracia sindical con los ejes de rendición de cuentas y transparencia, se establece el proceso de selección de líderes gremiales sujetos al voto personal, libre, directo y secreto.

Mientras que en lo colectivo, el dictamen discutido con dispensa de trámites, instaura mecanismos para la verificación y declaración de representatividad en los sindicatos, lo que frenará la existencia de sindicatos blancos y contratos colectivos de protección, así como sindicatos extorsionadores.

Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que hay algunas manzanas envenenadas que han llegado al dictamen por prisa, por omisión o por una perversa intención.

En ese sentido, enumeró que exista la posibilidad de múltiples contratos colectivos y sindicatos en una misma empresa, lo que según él irá en perjuicio de los propios trabajadores.

Consideró que se requiere una ley que respete los derechos de los trabajadores, sus sindicatos y los contratos colectivos, sin que se aplique retroactivamente lo negativo de la nueva ley.

Por el Partido Acción Nacional (PAN)Evaristo Lenin Pérez dijo que la reforma laboral debatida en el pleno, evidentemente se ha dado bajo la presión de los sindicatos estadunidenses, y se nos ha querido vender aquí, sobre todo al interior de la comisión, de que tenemos una fecha fatal para cumplirle a los sindicatos norteamericanos.

Sin embargo, consideró que la fecha fatal que se tiene es porque el presidente de la República quiere el 1 de mayo tener publicada la ley.

Al respecto, el diputado Oscar González, del Partido del Trabajo, sostuvo que sí estamos parcialmente sometidos al gobierno de Estados Unidos y responsabilizó al PRI de la firma del T-MEC.

“Entonces el reconocimiento de que estamos parcialmente sometidos a Estados Unidos se lo debemos al PRI y al PAN. Gracias por esa mala herencia que ustedes nos dieron, aseveró.

El legislador de Jacobo David Cheja Alfaro, Movimiento Ciudadano, aclaró que el equipo de transición del ahora presidente de la República, sí estuvo presente en la negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, representado en ese entonces por Jesús Seade, actual subsecretario de Relaciones Exteriores.

En su turno, el priista Cruz Juvenal Roa Sánchez advirtió a la mayoría de Morena que les guste o no les guste, detrás de la reforma está la huella de Enrique Peña Nieto, lo que quiere decir que sus reformas estructurales siguen vivas y vigentes como evidencia esta reglamentación a la reforma constitucional peñista.

En su turno, el diputado de MorenaPablo Gómez Álvarez, pidió acabar con el sistema llamado charrismo, que consiste en los sindicatos corporativos promovidos, organizados, tutelados por el Estado, así como por los sindicatos blancos cuya ciudadela siempre fue Monterrey, que son los sindicatos patronales.

El Partido del Trabajo, aliado de Morena, alzó la voz por no haberse incluido la desaparición de las outsourcing, porque representan una afrenta para los trabajadores mexicanos, ya que los condena a salarios de miseria y ser excluidos de las prestaciones de ley.

En voz del coordinador de esa bancadaReginaldo Sandoval Flores, advirtió que si bien la reforma pretende democratizar la vida sindical, no podemos apoyar la perpetuación de las dirigencias sindicales, pues este decreto deja abierto a que los dirigentes tengan el derecho a ser reelectos, por lo que planteó que ello no sea por más de un periodo de seis años, sin posibilidad de reelección.

Los petistas está vez fueron los autores de las pancartas con la leyenda: No outsorcing, que fue su bandera durante todo el debate.

Diputados endurecen penas por venta de facturas falsas; hasta 6 años de prisión

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Con 417 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación para sancionar con una pena de entre tres y seis años de prisión a quien expida o enajene facturas que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como actos jurídicos simulados.

El decreto turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor prevé asimismo un castigo de tres a seis meses de cárcel para quienes adquieran dichos comprobantes.

Al fundamentar el proyecto en tribuna, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, subrayó que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de empresas que expiden facturas para amparar operaciones falsas.

Calificó de grave la evasión fiscal perpetrada por esa vía y anticipó que los integrantes de la comisión a su cargo presentarán próximamente una iniciativa para inhibir y combatir dichas prácticas ilegales.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación pretenden desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Subraya que, en los últimos años, se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas con el fin de obtener beneficios ilegales.

“El SAT considera que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS), como son incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero”, señala el documento.

Secretaría de Hacienda busca ‘revivir’ la tenencia y gravar la economía digital

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Como una medida para mejorar e incrementar la recaudación de impuestos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Cámara de Diputados plantean regresar en todo el país el cobro de tenencia a automovilistas, así como generalizar el cobro de predial.

Lo anterior ayudaría, según los legisladores y la SHCP, a incrementar la recaudación de impuestos en el país, que actualmente equivale a un 13% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que es relativamente bajo en comparación con otros países de Latinomérica.

La propuesta fue dada a conocer durante el Segundo Foro Hacendario Legisladores en Materia Hacendaria.

De acuerdo con el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, si la tenencia y el predial volvieran a cobrarse en todo el país, se lograría una recaudación de entre 120 mil y 250 mil millones de pesos.

El subsecretario de Hacienda recordó que en 2008, cuando la tenencia aún era un impuesto federal, ayudaba al gasto público de los estados pues el 100% de lo recaudado era ejercido por ellos mismos.

Herrera señaló que el no cobro de la tenencia en algunos estados ha fomentado la evasión fiscal, citando el ejemplo de los automovilistas de la capital del país que emplacan sus unidades en el estado de Morelos para no pagar este concepto.

Sobre el cobro generalizado del predial, Alfonso Ramírez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, comentó que se analizará el tema así como las contribuciones de impuestos ambientales.

La propuesta será analizada por los legisladores en los siguientes días y de aprobarse podría ser incluida en el Paquete Económico 2020.

En los últimos años, diversos estados del país han retirado el cobro de la tenencia como un beneficio a los automovilistas, en otros, como Ciudad de México y Estado de México, el cobro se mantiene pero con descuentos y facilidades de pago.

¿Qué sigue para la Guardia Nacional?

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Esta semana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que entra en vigor la Guardia Nacional. Ahora la Cámara de Diputados deberá discutir y realizar las reformas pertinentes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, tendrán que trabajar en la elaboración de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En este sentido comparto algunos puntos para nutrir la discusión parlamentaria. 

En primer lugar, la actual administración prevé que los militares regresen a los cuarteles en cinco años. El reto será contar con suficientes egresados de la aún llamada Academia Superior de la Policía Federal para incorporarlos a la Guardia Nacional. Resulta difícil creer que en el tramo final del actual sexenio se alcancen a graduar el número suficiente de cadetes. De acuerdo a datos proporcionados por la propia Academia, de los poco más de 20,000 aspirantes por año, ingresa un promedio de 500, de los cuales se gradúa un número menor a los 400 cadetes. 

Un segundo punto es el presupuestal. La actual administración considera que un mínimo de 15,000 millones de pesos sería suficiente para desplegar este año a los más de 80,000 elementos en 266 regiones. Las administraciones federales anteriores también destinaron un gasto considerable en seguridad pública. Tan solo de 2010 a 2016 aumentó en 37.6% al pasar de 111,929 a 154,011 millones de pesos. En promedio, más del 50% de estos recursos federales se destinaron a las corporaciones policiacas, incluyendo transferencias a los Estados y Municipios. Sin embargo, el mayor gasto no se ha traducido en una disminución significativa de los delitos violentos, sobre todo los homicidios. Es necesario que en el Gabinete de Seguridad del Presidente López acepten una premisa básica: la reducción del crimen no depende solamente de la policía. 

Lo anterior me lleva al tercer punto. La policía depende de la adecuada procuración e impartición de justicia por parte de las instancias del Poder Judicial. La experiencia internacional muestra claramente que el trabajo de los tribunales y fiscalías son fundamentales, no solo para reducir la impunidad, sino también para enviar el mensaje a la sociedad que delinquir tiene un alto costo. En las leyes secundarias, y luego en la práctica, se refuerce la relación entre la Guardia Nacional y las instituciones de justicia. Además, será importante que, como parte de estos esfuerzos, se dé un mayor impulso a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de reducir el número de casos de prisión por periodos cortos a quienes cometan delitos de bajo impacto, disminuir la reincidencia y promover la efectiva reinserción social. 

En cuarto lugar, será importante la discusión en torno a las tareas preventivas. A la política social que atienda las condiciones de vulnerabilidad que propician el crimen, el Congreso deberá sumar las consideraciones sobre la actividad policial en su relación con los ciudadanos. Los datos y poca evidencia científica disponible para el caso mexicano sugieren que cuando los ciudadanos perciben que la policía es visible en las calles y los oficiales son accesibles y respetuosos en su trato, es más probable se fortalezca la confianza. En este sentido, el enfoque de proximidad planteado para la Guardia Nacional deberá contar con una versión refinada de los protocolos de actuación nacional de 2017. La Secretaría de Seguridad Pública deberá asegurarse de que los efectivos de extracción militar que se integrarán a la Guardia se apeguen a dichos protocolos y disminuyan los casos de violación a los Derechos Humanos. Solo en este escenario será posible que la nueva fuerza policial se gane la confianza y la cooperación de los ciudadanos. 

El quinto punto, y quizá el más importante, es el de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. El análisis de varias corporaciones policiacas en países occidentales revela dos tipos de arreglo institucional en las tareas de proximidad. Uno consiste en un conjunto de áreas o divisiones especializadas pero todas dependientes del mismo nivel de gobierno. En varios casos, todas estas divisiones están adscritas a la misma organización policiaca nacional, la cual es responsable del despliegue de policías a nivel local. Por su parte, en el otro tipo de arreglo hay varias organizaciones policiacas en dos niveles de gobierno, donde las policías locales tienen mayor relevancia en el contacto con los ciudadanos. Hay que hacer notar que, en ambos casos, cuando existe más de una fuerza policial en niveles institucionales o de gobierno distintos, casi siempre es solo una de estas la que tiene mayor importancia en el contacto con los ciudadanos a nivel local. La propuesta de contar con una Guardia Nacional que realice tareas de seguridad pública y al mismo tiempo de proximidad choca con (o duplica) los esfuerzos que ya realizan algunas policías estatales y municipales. 

Lo puntos anteriores tendrían que ser evaluables en las leyes secundarias. Sería deseable que la Cámara de Diputados refuerce la participación de instituciones académicas con este propósito, a través de Observatorios de Monitoreo y Evaluación. Dicha colaboración ya está contemplada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es aún más relevante a la luz de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que se antoja compleja. Un objetivo realista en este momento sería que la distribución de responsabilidades se realice a partir de la evaluación de los diagnósticos que los Gobiernos Estatales envíen en los siguientes meses sobre las fuerzas policiales de sus estados y municipios. Estos revelarán la viabilidad del desempeño de ciertas tareas con base en sus capacidades. 

Vargas Llosa ‘distraído’ al reaccionar por carta: Tatiana Clouthier

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El escritor Mario Vargas Llosa no está al tanto de los avances del nuevo Gobierno por estar distraído en su nuevo matrimonio, afirmó la diputada morenista Tatiana Clouthier, ex coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que el escritor peruano-español criticó a López Obrador por exigir una disculpa al Rey Felipe VI por los abusos cometidos en la conquista, Clouthier señaló que Vargas Llosa no conoce el contexto nacional.

Destacó que el de López Obrador es el Gobierno que más ha hecho a favor de los pueblos originarios, ante la sugerencia de Vargas Llosa de que la disculpa tendría que ser del Mandatario tabasqueño hacia los indígenas.

“Creo que le falta a Vargas Llosa contextualizarse, ha andado un poco distraído con esto del matrimonio nuevo o con el noviazgo nuevo y no se ha fijado que en México están pasando cosas distintas en estos momentos”, sostuvo en entrevista en el Senado.

“Soy una amante de Vargas Llosa como lectora, creo que Vargas Llosa ahorita no está ubicado en el contexto”.

Clouthier señaló que integrantes de las comunidades indígenas están representados en el Gobierno.

Andrés Manuel lleva en el Gobierno 100 días, si esta disculpa le piden que se la pida a Peña Nieto o a Felipe (Calderón) por no haber hecho lo correcto, y así me voy para atrás, pero Andrés Manuel lleva 100 días, y si alguien ha sido incluyente con los pueblos originarios en muchísimas vertientes, desde la manera en que fueron incluidos y nos representan en la Cámara de Diputados, ha sido el Presidente actual“, definió.

La hija de “Maquío” consideró que las disculpas por agresiones históricas podrían promover una mejor relación con los ofendidos, en este caso, con las comunidades originarias.

“No es el único país que ha pedido esta disculpa, y no a los españoles solamente, ha habido varios gobiernos que han solicitado una disculpa a partir de ciertas agresiones que se han tenido por parte de la historia, y normalmente, cuando uno se disculpa, uno libra algo y algo se mueve a favor del todo.

“No veo en qué tenga de malo a veces solicitar una disculpa, que puede ser una manera de encontrar una manera de relacionarnos distinta a quienes se han sentido ofendidos, que no necesariamente somos tú y yo, que son nuestros hermanos originarios por muchas de las cosas que pasaron en este país”, afirmó.

 

CNTE quita plantón; amaga con más protestas

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Tras diálogo con las autoridades federales, maestros de la CNTE comenzaron a quitar el plantón que instalaron desde ayer en la Cámara de Diputados contra el dictamen de la reforma educativa.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, informó que los docentes se retiraron de manera pacífica.

“Informo que los maestros han desalojado pacíficamente la Cámara de @Mx_Diputados“, tuiteó.

“Es un gran triunfo del diálogo: el adiós a la fuerza para la solución de los problemas sociales”.

A temprana hora, Muñoz Ledo suspendió la sesión del Pleno para dar cabida a un diálogo con los maestros que ayer también impidieron la entrada al recinto y la realización de los trabajos legislativos.

La CNTE someterá a consulta entre sus bases los acuerdos alcanzados con funcionarios del Gobierno federal y legisladores, luego de más de cuatro horas de negociación en la SEP sobre la reforma educativa.

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo que el fin de semana los disidentes harán la consulta y confió en que ya la próxima semana se pueda sesionar en San Lázaro.

Se prevén modificaciones en materia de justicia fiscal

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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, afirmó que la justicia fiscal es una asignatura pendiente en México, por lo que el Congreso ya se prepara para implementar los cambios necesarios en la materia.

“En México se ha reiniciado un debate sobre posibles reformas tributarias que queremos realizar en el próximo periodo de sesiones. Nuestro objetivo es llegar al 2020 -cuando menos- con un crecimiento de aproximadamente 2 puntos del producto nacional en materia recaudatoria, alrededor de 488 mil millones de pesos”, aseguró.

En el marco de la inauguración del III Encuentro de Congresistas por Justicia Fiscal celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador expuso que México está en un proceso de reconstrucción de un estado de bienestar, de un Estado mucho más fuerte, con grandes expectativas y esperanza de poder invertir de manera extraordinaria en la generación de empleos, infraestructura productiva, desarrollo de nuevas políticas industriales y agrícolas, nuevas políticas de servicios, etc.

“Las conclusiones que saquemos el día de hoy nos van a ayudar para mejorar los niveles de recaudación y establecer mejores mecanismos que nos permitan evitar la evasión, el fraude fiscal; y por lo tanto, tener mayores recursos para invertir en los nuevos programas, en la nueva dimensión que le queremos dar al Estado nacional a partir del arribo del nuevo gobierno”, agregó.

En este tenor, planteó el eventual reordenamiento de todos los impuestos locales, como el gravamen a la propiedad; la federalización de los impuestos en materia ambiental, como es el caso de la tenencia vehicular; y darles mayores potestades tributarias a las entidades federativas, y así tratar de controlar sus niveles de endeudamiento.

Asimismo, dijo, se podrían abordar los llamados Impuestos Especiales de Producción y Servicios, especialmente los vinculados a grandes problemas que, dijo, ya constituyen una epidemia en materia de salud, como los relacionados a la obesidad, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares; esto con el propósito de generar un incremento sustancial que permita atender al deteriorado sistema de salud, que, recalcó, representa un costo financiero muy alto.

No previó modificaciones en las tasas establecidas del Impuesto Sobre la Renta, pero se buscará, dijo, reducir la brecha entre la tasa legal establecida y la tasa efectivamente pagada por personas físicas y morales.

“No queremos una modificación radical de la estructura de tasas, pero sí queremos hacer mucho más eficiente toda la administración tributaria en nuestro país. Sobre todo, lo que queremos es que haya justicia fiscal, porque todavía la progresividad en materia impositiva es algo que sigue siendo una asignatura pendiente en México“, agregó.

Además, recordó que México es de lo países de la región que menos recaudación tiene, y de acuerdo con datos de la Cepal, de 2004 a 2013 en la región se perdieron cerca de 800 mil millones de dólares por evasiones fiscales, además en 2015 se registraron pérdidas recaudatorias de casi 350 mil millones de dólares y México pierde cerca de 50 mil millones de dólares por este motivo.

“Ya llegamos a un límite, nos hemos dado cuenta que hemos perdido muchísimos recursos. Y sobre todo nos hemos dado cuenta que un país que vive en la pobreza fiscal y financiera, un Estado con esta debilidad, pues difícilmente puede reconstruir los altos niveles de bienestar y de inversión productiva que se requieren para las nuevas generaciones”, indicó.

Aureoles convoca a la resistencia contra la reelección

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En el 81 aniversario de la expropiación petrolera en el estado de Lázaro Cárdenas, el gobernador michoacano Silvano Aureoles convocó a iniciar la lucha contra la reelección, en relación a la iniciativa de revocación de mandato avalada por la Cámara de Diputados.

En voz de Aureoles: “Llamo y convoco a todos los mexicanos comprometidos con la democracia a iniciar a una gran jornada de lucha por la defensa de los principios fundamentales de nuestra patria, el histórico llamamiento y apotegma de Francisco I. Maderosufragio efectivo, no reelección“.

“Somos un gran País que ha costado mucho trabajo construirlo, nos ha costado sangre, nos ha costado vidas, esfuerzo, compromiso y mucha determinación”.

“Somos una República federal, propiedad de todos los mexicanos, por eso jamás aceptaremos o permitiremos que México se convierta en un país de una sola visión o de una sola persona”.

El gobernador de Michoacán exigió el derecho a la libertad de expresión y el federalismo.

“Ante la circunstancia actual, una evidente centralización del poder y el riesgo del retorno al autoritarismo se hace necesario impulsar un nuevo ciclo de movilización nacional”.

No nos esperan vientos de normalidad, la situación política que atravesamos indica justo lo contrario, nos hemos situado en un momento de transición y de debate, vivimos un periodo de discusión sobre el modelo de País y tenemos que prepararnos para la defensa histórica de la República y de sus instituciones”.

“Como fundador del PRDllamo a los perredistas del todo el País a movilizarnos en las plazas públicas, en los ejidos, en pueblos y colonias, en las grandes ciudades, llevando el compromiso de representar fielmente los anhelos y aspiraciones del pueblo de México“.

¡Ooootra vez! Diputado de Morena le da “mal de puerco” y se queda dormido en sesión

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El diputado de Morena, Manuel Huerta Martínez, se volvió a quedar dormido durante la discusión de la revocación de mandato.

El diputado de Guerrero no soportó la sesión del jueves, por lo que cedió al cansancio casi al final de la discusión por la reforma constitucional para la revocación de mandato y consulta popular que se extendió por alrededor de diez horas.

No es la primera vez que el legislador morenista se queda dormido en el pleno de la Cámara de Diputados, en septiembre 2018 sucumbió al sueño durante la comparecencia del ex secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña. La segunda ocasión fue en octubre también del 2018 en una sesión de siete horas.

Huerta a asegurado que tras comer “es natural caer vencido por el sueño”, algo que denominó “marea alcalina”.