López Obrador no descarta una nueva Constitución al final de su sexenio

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este martes, en el marco del 102 aniversario de la Constitución de 1917, que la Carta Magna ya está “muy parchada” porque se le han hecho muchas reformas y que, aunque no lo hará su Gobierno, las próximas generaciones no deben descartar la creación de una nueva.

“Los que son maestros en el tema hablan de que ya son demasiadas las reformas, entre 700 y 900 reformas, no sé el dato exacto. Está muy parchada la Constitución, muy remendada. No se debe descartar hacer una nueva Constitución, pero a lo que nosotros corresponde vamos a impulsar reformas en tres sentidos”, dijo.

De acuerdo con el estudio “Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la Constitución se ha reformado 707 veces.

López Obrador indicó en el Teatro de la República, en Querétaro, que su Gobierno optó por realizar reformas en tres sentidos: acabar con la corrupción, combatir la impunidad y defender a la democracia. Dijo que pese a que busca crear una cuarta transformación se optó por mantener la Constitución actual para darle prioridad a otras tareas.

“Nosotros buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución. Pensamos, sin embargo, que no hay condiciones para hacerla, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución“, dijo.

“Consideramos que nuestras reformas tienen la misma importancia y profundidad que una nueva Constitución, que no debe descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir, para cuando entreguemos la estafeta a las nuevas generaciones, que ellos convoquen a un nuevo constituyente y elaboren una nueva Constitución“, agregó.

Dijo que será primordial reformar la Ley para que la corrupción sea considerada como delito grave además de que al presidente se le juzgue por dicho delito y no únicamente por ‘traición a la patria’.

“Se propone que el Presidente sea juzgado por corrupción y se terminen los fueros y privilegios en todo el Gobierno, esa es la gran reforma que hace falta”, dijo.

Al evento acudieron los miembros de su gabinete; el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; el coordinador de la Cámara de Senadores, Martí Batres; los gobernadores de las 32 entidades del país, y los comandantes de las Fuerzas Armadas de México.

INE se queda con el presupuesto 2019, SCJN le niega

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La controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) fue admitida a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán de la Superema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se le negó a dejar sin efecto el recorte presupuestal del organismo y al aumento de sueldo de sus integrantes.

El INE impugnó hace unos días el recorte que la Cámara de Diputados aplicó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional, sin embargo, negó la suspensión solicitada en dos temas: aumento al presupuesto de operación y sueldos de sus integrantes.

El ministro solicito que se le de vista a las autoridades señaladas como responsables para que en un plazo de 30 días hábiles contados desde que surta efecto la notificación envíen a la SCJN el informe correspondiente.

Hasta el momento, el ministro instructor solamente ha concedido la suspensión de las normas impugnadas en controversia al Banco de México (Banxico), al ser un organismo que genera sus propios ingresos y no depende del PEF.

Solicita PEMEX préstamo para comprar pipas faltantes

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Petróleos Mexicanos (Pemex), solicitó a través de sus empresas filiales, un préstamo para pagar por las 671 pipas faltantes para fortalecer el abasto de combustibles en el País, con un esquema poco transparente.

PMI Norteamérica prestará la cantidad de 180 millones de dólares a la filial III Servicios, con lo cual se comprarán las pipas que tienen un costo de 92 millones de dólares, según lo explicó Rocio Nahle, titular de la Secretaría de Energía.

“Se han firmado cinco memorándum de entendimiento para la adquisición de 671 pipas por un monto de 92 millones de dólares. La empresa que está firmando estos memorándum es III Servicios, una filial de PEMEX”, dijo la funcionaria ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

“Los términos de las adquisiciones fueron 40 por ciento de anticipo, 30 por ciento contra entrega y 30 por ciento tras la verificación del comprador”, señaló.

Armando Gutiérrez, es el apoderado que esta firmando por parte de III Servicios.

Dicha filial recibió un préstamo de PMI Norteamericana hasta por 18 millones de dólares para el pago de auto-tanques.

“La primera transferencia se realizó el 23 de enero de 2019 por un monto de 71 millones de dólares”, expresó Nahle.

El préstamo fue aprobado por los consejeros de PMI Norteamérica, Saúl Hernandez Legarreta y Jorge Valdez Montoya, el día anterior al pago, en medio de la crisis de abasto de combustibles por el cierre de ductos.

 

 

 

Cantidad de hidrocarburo robado equivale al consumo de 9 estados

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El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, dijo que el robo de hidrocarburos en noviembre de 2018, equivale al consumo de nueve estados.

En noviembre se robaron 81 mil barriles. Estos 81 mil barriles equivalen a 1.3 veces el consumo de la Ciudad de México; 1.2 veces el de Jalisco y el consumo de nueve estados de la República, de los pequeños”, lanzó.

De acuerdo con la información presentada durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, algunos de los estados se podían abastecer con el combustible robado son: Aguascalientes, Baja California, Colima, Durango, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.

El funcionario dijo que la estrategia contra el robo de huachicol en el mes de enero, ha permitido disminuir el robo a 20 mil 700 barriles.

Diputadas consultarán propuesta sobre delitos graves

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La Cámara de Diputados llevará a cabo una consulta con especialistas, investigadores, defensores de derechos humanos, autoridades y representantes del Poder Judicial sobre la propuesta para tipificar como graves los delitos de corrupción, fraude electoral y robo de hidrocarburos.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que se organizarán audiencias públicas los días 6, 7 y 8 de febrero, para analizar la propuesta de reforma al Artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa.

“El propósito es enriquecer la discusión e intercambiar puntos de vista. Se llevarán a cabo diversas mesas de trabajo integradas por legisladoras, legisladores e invitados quienes podrán participar y hacer uso de la voz”, explicó.

El coordinador de la bancada de Morena adelantó que, tal y como ocurrió en el caso de la Guardia Nacional, los legisladores buscan una revisión integral del tema, debido al impacto que tendrá en la vida de los ciudadanos.

“Se busca convocar para que expresen su opinión a representantes del Poder Judicial federal y de los estados, a funcionarios de los gobiernos federal y estatales, así como a organizaciones civiles, expertos constitucionalistas y organismos defensores de los derechos humanos“, detalló.

Delgado reconoció que la iniciativa debe ser estudiada junto con especialistas e instituciones para garantizar el respeto a los derechos humanos y la impartición de justicia.

De acuerdo con el programa, las audiencias iniciarán el miércoles 6 de febrero con el análisis del fundamento constitucional de la prisión preventiva.

Los días 7 y 8 se discutirán temas como seguridad, justicia, el sistema de justicia penal, libertades e investigación.

El coordinador de Morena aseguró que tomarán en cuenta la petición realizada por el Senado para que la minuta sea aprobada tal y como les fue turnada.

El pasado 16 de enero, la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta envió un oficio a San Lázaro en el que pide tipificar como delitos graves el abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y los relacionados con el uso de armas de fuego y explosivos exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En la actualidad, ninguno de esos delitos, incluido el robo de combustible, ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que los acusados pueden llevar su proceso en libertad, lo que, de acuerdo con algunas autoridades, fomenta la reincidencia en ese tipo de crímenes.

En contraste, organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos han advertido sobre la urgencia de profesionalizar a los agentes del Ministerio Público para garantizar que la prisión de esos delincuentes sea producto de la carga de pruebas que se entrega al juez.

El caso de Fuerza Civil y expectativa de la Guardia Nacional

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Hace ya diez años que en Nuevo León sufrimos de psicosis ante la inseguridad por los secuestros, asesinatos, extorsiones y robo de vehículos a mano armada. Los horarios de las universidades se cambiaron para que los alumnos salieran más temprano de clases, las familias evitaban viajes en carretera o salidas por la noche y las conversaciones cotidianas eran en torno a familiares o amigos que ya habían tenido una amarga o trágica experiencia.
El gobierno del estado “sacó bandera blanca” pero no “tiró la toalla” y buscó ayuda de la comunidad. Empresas, universidades y el Estado se dieron cuenta de la necesidad de abordar el tema juntos y crearon la “Alianza por la Seguridad” para enfrentar la situación de una vez por todas.
Desde la iniciativa privada tuve la suerte y privilegio de formar parte del equipo de 20 ejecutivos y expertos de estas empresas y universidades que juntos conformaron la “Alianza por la Seguridad”. Alfa, Axtel, Cemex, Femsa, Frisa, Lamosa, Proeza, Soriana, Xignux, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, la U-Erre y consultores privados de gran prestigio aportaron recursos, tiempo, talento y voluntad para ayudar a su propia comunidad. 
El trending topic en ese momento fue un tweet de Don Lorenzo Zambrano (QEPD) diciendo que “Quien se va de Monterrey es un cobarde. Hay que luchar por lo que creemos. Tenemos que retomar nuestra gran ciudad”. 
Era un mensaje claro para todos los que abandonaban la ciudad y se iban a vivir a Estados Unidos o alguna otra ciudad en México. Era entendible y opción, pero para muchos lideres sociales como Armando Garza Sada, Tomás Milmo Santos, José Antonio Fernández, Eduardo Garza T., Federico Toussaint, Enrique Zambrano Benitez, Ricardo Martín Bringas, Eugenio Garza Herrera y los rectores de las universidades implicaba ceder y perder la ciudad ante el crimen organizado.
Se formaron Comités de Estrategia y Operación con reuniones diarias en calidad de urgente. Era imprescindible definir el plan de vuelo y trazar los planos para tener una estrategia integral para este nuevo modelo de seguridad, empezando por la claridad de mando civil y no militar. Como primer paso se hizo un diagnóstico y se definió el rediseño de la institución. Era evidente que la policia estatal tenía que desaparecer y empezar desde cero. Nuevos policías, nuevos mandos, nueva imagen y nuevo nombre. Surge la Fuerza Civil que años después sirviera como modelo de éxito que replicaron otros estados de la República. En unos casos con éxito y en otros no.
Las condiciones y circunstancias de hoy a nivel nacional no son muy diferentes y enfrentamos una situación similar con la creación de la Guardia Nacional. Esta semana ha pasado a debate y votación en la Cámara de Diputados y el Senado de la República la aprobación de modificación de más de diez artículos de nuestra Constitución. 
Sin dejar pasar lo obvio, es necesario privilegiar el diseño claro de la institución y cómo irá desapareciendo paulatinamente la Policía Federal. Todos los elementos idealmente deberán de ser evaluados y con sus pruebas de control de confianza aprobados pero lo más importante es la capacitación a todos los elementos castrenses que estarán en la Guardia Nacional a fin de garantizar que se respetan los derechos humanos, los procesos penales y acusatorios.

La Guardia Nacional tendría principalmente dos facultades: La primera, sería la investigación de los delitos junto con las policías, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, y la segunda, sería cumplir los objetivos de la seguridad pública y procuración de justicia en coordinación con el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, quienes en conjunto conformarían el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al igual que en el caso de Fuerza Civil, el éxito en la creación de la Guardia Nacional será la integración y participación ciudadana; como acompañantes y supervisores de los resultados de una de las iniciativas de seguridad que en forma y fondo es la de mayor trascendencia en la última década.

INE va en contra de PEF; pide 619 mdp más

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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en las próximas horas una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del presupuesto que le otorgó la Cámara de Diputados para 2019.

Los consejeros Ciro Murayama y Marco Baños señalaron que la reducción de 950 millones de pesos que los diputados le impusieron al INE pone en riesgo la autonomía y las funciones constitucionales del organismo, entre ellas la organización de las elecciones locales de este año.

“Es una controversia con base en el Artículo 105 constitucional para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueda reponerse el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que compromete sus funciones constitucionales y su autonomía”, aseveró Murayama.

“Nosotros enviamos el Presupuesto más bajo, con una disminución del 37 por ciento frente al año pasado, y el Presupuesto de Egresos de la Federación creció en 45 por ciento; es decir, había más recursos disponibles para la Federación y a pesar de eso nosotros sufrimos el mayor recorte de la historia, que compromete nuestra posibilidad de cumplir con las tareas que la Constitución nos mandata”.

Los consejeros electorales, incluido el consejero presidente, sostuvieron hoy una reunión privada para abordar el tema de los ajustes y medidas que el INE tendrá que aplicar ante el recorte de recursos como el postergar el pago a Hacienda de 761 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta para poder obtener los recursos necesarios para organizar los comicios de este 2019.

Murayama confió en que el Instituto pueda llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y obtener 619 millones para poder organizar las elecciones de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Baja California y Quintana Roo.

Adelantó que, por ello, mañana el Consejo General del INE aprobará formalmente solicitar a Hacienda una ampliación presupuestal por el citado monto.

Por su parte, el consejero Baños añadió que, si Hacienda les llega a dar la ampliación, se desistirán de la controversia constitucional.

Por el momento, dijo, el INE está en una situación delicada en la que está comprometida su autonomía como institución.

“Se ha afectado por la falta de las previsiones presupuestales, se afectó severamente la autonomía institucional, no podemos cumplir con nuestras atribuciones, ese es el tema”, mencionó el consejero.

“No estoy satisfecho”, dice AMLO sobre dictamen de la Guardia Nacional

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no esta satisfecho con la reforma constitucional de la Guardia Nacional aprobada el día de ayer en la Cámara de Diputados, y solicitó al Senado de la República contemplar temas que fueron eliminados, como la participación de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública.

“Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y de la definición con claridad sobre su facultad para intervenir en asuntos de seguridad pública. Eso tiene que quedar claro y había un articulo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer”, comentó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario criticó que se hayan hecho cambios en materia de capacitación y en las facultades mismas para que militares y marinos puedan hacerse cargo de la seguridad. Además, cuestiono que se haya eliminado un transitorio para permitir la intervención temporal de las fuerzas castrenses desde la Guardia Nacional.

El transitorio, dejaba cinco años mando en la Sedena y luego pasaba a la Secretaría de Seguridad.

“Se quitó ese transitorio, prácticamente va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal, que ya sabeos que no funcionó, no por culpa de los elementos, sino porque desde que se creó, en el Gobierno de Zedillo, no se le dio fuerza y actualmente son 40 mil elementos, la mitad son efectivos, la otra mitad tienen que ver con funciones administrativas”, detalló.

Diputados aprueban en lo general la creación de la Guardia Nacional, con 362 votos a favor

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En medio de acusaciones y rechazo de los partidos de oposición, el pleno de Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 362 votos a favor119 en contra, el dictamen que crea la Guardia Nacional.

En la votación 4 legisladores se abstuvieron, en total votaron 485 legisladores. La discusión en el pleno sigue, pues hay al menos 42 reservas al dictamen.

La propuesta de reforma señala que este nuevo cuerpo de seguridad tendrá un mando civil en su administración, pero militar en su organización y disciplina. También señala que colaborará con las entidades, se fortalecerán las policías locales y se harán evaluaciones a sus elementos.

Diputados de oposición pidieron una moción suspensiva, pues consideraron que el dictamen presentado ignoraba las aportaciones de los ciudadanos en las audiencias públicas, y porque no se cumplió con todos los procedimientos legislativos para presentarla, sin embargo fue rechazada.

El diputado Marco Antonio Gómez señaló que el Partido Verde votaría a favor del dictamen, pues no militariza al país, ya que el Ejército está en las calles desde el 2006. En cambio, la reforma constitucional da un marco legal a la actuación castrense.

Los diputados del PRD señalaron que la creación de la Guardia Nacional pues consideraron que pone en riesgo los derechos humanos de la población al mantenerse bajo un mando militar.

Por Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra del dictamen la diputada Adriana Gabriela Ortiz, quien calificó de “irracional” la intención de agilizar el proceso legislativo, pues se ignoraron las posiciones de expertos y que pese a las modificaciones realizadas en comisiones, se perpetúa el esquema militarista.

El panista Jorge Romero del PAN se pronunció contra militar la seguridad pública, pues dijo, los militares serán las víctimas de esta nueva estrategia. Recordó a los diputados de Morena que por 12 años criticaron la presencia del ejército en las calles.

En tanto, diputados del PT y el PES manifestaron su apoyo a favor del dictamen, pues ayudará al fortalecimiento de las policías municipales y la colaboración en todos los niveles.

El PRI también se pronunció a favor de la creación de la Guardia. El priista Rubén Moreira señaló que México vive uno de los momentos más violentos de la historia y que la democracia está en riesgo en muchos estados.

Añadió que en el dictamen que se discute este miércoles contiene las peticiones del PRI.

Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, defendió que las audiencias no fueron una simulación y que la Guardia Nacional es una nueva institución policial que ayudará a enfrentar de inmediato a la crisis de seguridad.

Dijo que esta es una respuesta diferente e innovadora y que “los errores del pasado no pueden inmovilizarnos hacia el futuro”.

Aseguró que se pidió a Naciones Unidas que colaboren en la formación de Derechos Humanos de los elementos de la Guardia. y añadió que ésta no se usará para reprimir manifestaciones ni protestas sociales.

“Terminemos la estrategia fallida y démonos una oportunidad para la paz”, dijo Delgado.

#SeguridadSinGuerra acusa militarización y simulación en Guardia Nacional

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En colectivo #SeguridadSinGuerra rechaza la creación de la Guardia Nacional y acusa que el proceso para dotarla de un mando civil fue una simulación, ya que su naturaleza sigue siendo militar.

“Exhortamos a todas y a todos los miembros del Congreso de la Unión a rechazar el dictamen y las propuestas de modificación hechas, no aprobarlo en el periodo extraordinario que iniciaría el próximo miércoles y replantear la discusión del modelo de seguridad que requiere nuestro país”, dice en un comunicado.

El documento explica que decir que el mando de la Guardia Militar es civil sólo es una formalidad sin sustancia, ya que el dictamen y las propuestas para modificarlo crean un cuerpo de carácter militar que otorga facultades para realizar tareas de seguridad pública.

De acuerdo con el colectivo, el dictamen de la Cámara de Diputados conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos. “Implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de los derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia”, enlista.

Además, explica que las propuestas de cambios en el dictamen le da facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar tareas de seguridad pública al realizar modificaciones en el artículo 21, mientras que en la propuesta para el 13 se establece el fuero militar para la Guardia Nacional.

“Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, hacemos público nuestro informe sobre todo el proceso legislativo de este nuevo proyecto de militarización de la seguridad pública, en el que destacamos la ausencia de la voz de víctimas de la violencia, damos cuenta de lo expresado en las audiencias de la semana pasada y presentamos una propuesta alternativa al paradigma a la seguridad militarizada a partir de 7 elementos imprescindibles”, señala.