Senado aprueba la ‘Ley Taibo’

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Con albures entre senadores; así como señalamientos contra el escritor Paco Ignacio Taibo II de ser misógino, grosero y soberbio, el Senado de la República aprobó este martes la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, conocida como la “Ley Taibo”. 

La reforma quita el candado de que sólo mexicanos por nacimiento pueden dirigir las 183 paraestatales del país, lo que le permitiría al escritor español naturalizado mexicano encabezar el Fondo de Cultura Económica (FCE).

“La reforma consiste en dotar de lenguaje de género toda la ley ya que hasta entonces sólo se enuncia en masculino la dirección de cualquier paraestatal y contiene un elemento de discriminación al plantear que sólo pueden estar al frente de las mismas los ciudadanos nacidos en México, poniendo implícitamente la pretensión de que hay ciudadanía de primera y de segunda”, explicó la senadora de MorenaCitlalli Hernández.

“El dictamen fue avalado con 66 votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones. Lo rechazaron el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, porque acusaron que la reforma al artículo 21 de la Ley es “un traje a la medida” para Taibo II.

Incluso, el PRI apuntó que Morena avaló el dictamen por indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entiendo al grupo mayor, porque muchos de ellos y muchas de ellas, con quien tenemos grandes coincidencias en corto como es la vida parlamentaria, nos han dicho que por supuesto no están de acuerdo en la llegada de Paco Ignacio Taibo. Entendemos también la línea, y en el respeto parlamentario uno debe de guardar esos comentarios, lo saben perfectamente bien ustedes; perfectamente bien y saben que hay línea para que Paco Ignacio Taibo llegue a como dé lugar, por eso se pospuso la discusión la semana pasada”, dijo el senador priista Manuel Añorve.

También reprocharon las declaraciones del escritor quien, con palabras en doble sentido, aseguró que independientemente de la decisión del Senado él dirigirá el Fondo de Cultura.

El senador morenista Félix Salgado Macedonio defendió los dichos de Taibo II, reproduciendo un audio en tribuna donde la senadora panista Xóchitl Gálvez habló con palabras altisonantes.

“¿Quién se chingó ayer al Peje en el debate? Claro que sí, y nos los vamos a chingar en la elección, porque vamos a trabajar duro. Que se oiga bien y fuerte, vamos a gobernar”, se escuchó en el audio; el senador remató señalando “no tengo palabras”. 

“Citando a Taibo II, el senador de Morena tomó buscó explicar el doble sentido de las palabras.¿Qué significa doblada, alguien puede descifrarlo? ¿A ver, Cabeza de Vaca tú sabes qué es eso? ¿Alguien que sepa descifrar eso? ¿A ver Morena Valle? ¡Morena! ¡Moreno Valle! ¿Qué pasó en Puebla? ¿No metieron una votación doblada? ¿No hicieron el fraude electoral en las bodegas metiendo los paquetes electorales? Ah, ese es el tema, esa es la doblada, votación doblada. No tiene absolutamente nada de malo”, dijo.

El debate en el Senado se subió de tono.

“¿Cómo se llama el rancho del señor Andrés Manuel en Tabasco? Se llama “La chingada”; o sea, que no se sorprenda que es muy diferente meterla doblada a chingar, nada más”, contestó la senadora Xóchilt Gálvez desde su escaño.

La reforma a la Ley Federal de Paraestatales, que había sido frenada en el Senado desde el pasado 29 de noviembre, fue enviada como minuta a la Cámara de Diputados para su análisis.

Sanchez Cordero señala dificultades en recorte a jueces

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La reducción salarial de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es un tema fácil, por lo que hay que dialogar con ellos, consideró Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

“Desde la Secretaría de Gobernación vemos el respeto irrestricto del Poder Judicial“, comentó la también ex Ministra de la Corte.

“¿Pero cree que deberían bajarse los sueldos?, se le preguntó.

“El tema es un poco complicado porque tenemos una norma constitucional que protege a los ministros y a los jueces, entonces no es tan fácil decir que se los bajen”, admitió.

Recordó que en la Cámara de Diputados dos legisladores expresaron que la Ley de Remuneraciones tiene que ser acorde con la Constitución federal y reconocieron que el artículo 94 protege las remuneraciones de jueces, magistrados y ministros mientras estén en funciones.

“Entonces no es un tema que podamos decidir rápidamente, sino que tiene todo un fundamento constitucional”, reiteró.

“Hay dialogar con ellos”, dijo.

Adelantó que el próximo miércoles se reunirá con representantes de los medios de comunicación en Bucareli, donde explicará más a fondo su postura.

La Secretaria fue entrevistada brevemente en Palacio Nacional, antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador entregue el Premio Nacional de Derechos Humanos a Héctor Fix Zamudio.

El evento se realiza en el salón Tesorería, donde el Mandatario ofrece sus conferencias de prensa matutinas y firmó el decreto para crear una comisión especial para el caso Ayotzinapa.

Senado impugnará freno a ley de salarios

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El Presidente del Senado, Martí Batres, dio a conocer que la Cámara Alta impugnara la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones.

“Hay que analizar diversas rutas. Un are ellas es una impugnación a la decisión tomada por el Ministro Pérez Dayán, porque esa decisión contradice lo que establece el artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución que dice al admitir una acción de inconstitucionalidad no se dará a lugar a la suspensión de la ley cuestionada”, dijo Batres en conferencia de prensa.

Por otro lado, el senador de Morena aclaró que no hay asperezas con el Poder Judicial y que se lleva una buena relación.

Además, dijo, la suspensión de desde su punto de vista es para reducir los salarios del Poder Judicial, ya que la propia resolución de la Corte establece que el Congreso puede disminuir o aumentar los salarios de los servidores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

“Eso quiere decir que la Cámara de Diputados sí puede disminuir los salarios de legisladores y servidores públicos del Poder Ejecutivo”.

Por su parte el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó en un mensaje de Twitter que también impugnarán la decisión de la SCJN.

“La resolución que suspendió la #LeyDeRemuneraciones contravino el art. 64 de la Ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social, por ello la impugnaremos ante la @SCJN. Demostraremos que se violó la ley”, escribió en la red social.

Batres, aseguró que la impugnación se hará por la vía institucional y no sólo por Morena.

AMLO critica salarios en el PJF

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El Presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó esta mañana en su rueda de prensa matutina, los salarios en el Poder Judicial de la Federación, los cuales considero exagerados y ofensivos, y dijo que son los mejor pagados del mundo.

“Nosotros decidimos, de conformidad con la ley, promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados, son ofensivos, los salarios de los altos funcionarios públicos en el País y, de manera particular, en el Poder Judicial llegan a recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es ofensivo, no tiene que ver ni con el cambio que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario es una arbitrariedad y eso no sucede en otros países, son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo”, dijo el mandatario.

“Planteamos que tenía que cumplirse la Constitución, también fue aprobado por el Legislativo, integrantes del Poder Judicial se inconforman y acuden a recursos legales, a amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, Magistrados y Ministros porque queremos que haya un Estado de Derecho”, aseguró López Obrador.

Por otro lado, dijo que el caso de los salarios no esta aún resuelto, que este viene reflejado en el Presupuesto, una facultad que es exclusiva de la Cámara de Diputados.

El pasado 9 de noviembre la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reducir los salarios de los miembros del Poder judicial.

De igual manera, la Ley de Remuneraciones impulsada por la fracción de Morena, establece que ningún servidor público puede ganar más que los 108 mil pesos mensuales que cobrará el Presidente.

¡Diputados se echan para atrás! Sí pagarán ISR

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dio a conocer que si pagarán el Impuesto Sobre la Renta del aguinaldo, esto después de que Grupo Reforma publicará un acuerdo del Comité de Administración que establecía que los legisladores no pagarán el ISR.

“Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto”, dice el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Delgado, reconoció que existe una contradicción entre la nueva ley y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero aseguró que ahora se tendrá que pagar el ISR del aguinaldo.

Además dijo que lo que se obtenga por no cubrir el ISR de los legisladores se sumará a los ahorros del ejercicio del 2018 y se devolverá a la Tesorería de la Federación.

(Con información de Grupo Reforma)

 

Es un honor para mí que la derecha me ataque: Nicolás Maduro

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El presidente de VenezuelaNicolás Maduro, dijo en un video publicado en redes sociales que es un honor para él que la derecha lo ataque.

“Es un honor para mí que la derecha me ataque”, respecto a las manifestaciones en su contra durante la toma de protesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“La derecha dice sus cosas, la derecha malinche esta, traidora, de toda América Latina, que diga lo que sea”, dijo el mandatario a través de un video publicado en la cuenta de Twitter oficial de la prensa presidencial de Venezuela. En el video, también agradeció la solidaridad del pueblo mexicano para con su país.

“He venido a México, he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor, la solidaridad. Lo he sentido en la calle, al llegar de manera inmediata el pueblo nos entregó su amor, porque entre pueblos nos identificamos, desde el amor, desde la lucha”, señaló.

Aunque se tenía previsto que el presidente venezolano acudiera al evento de toma de protesta que se realizó en la Cámara de Diputados, se reunió con el nuevo mandatario mexicano hasta que terminó el evento, tras realizar diversas maniobras para mantenerse alejado de los medios y las manifestaciones.

“La gente sabe quiénes somos nosotros, quienes son los bolivarianos, los chavistas, y saben quién soy yo”, dijo.

Diputados aprueban en lo general reforma para quitar fuero a servidores públicos

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Con 469 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para reformar seis artículos de la Constitución para eliminar el fuero a servidores públicos, incluido el presidente de la República

Sin embargo, el dictamen presentado por la Cámara de Puntos Constitucionales señala que el titular del Ejecutivo, así como los diputados y senadores, ministros y magistrados gozan de inmunidad y no podrán ser privados de la libertad durante el periodo de su encargo, a menos que haya sentencia condenatoria en su contra, reportó Milenio.

La propuesta determina que el presidente de la República, legisladores, magistrados, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otras figuras, perderán el fuero por incurrir en delitos federales.

Asimismo, se precisa que aquellos que sean sometidos a proceso, podrán estar en libertad hasta demostrar culpabilidad y recibir una sentencia firme.

La discusión se abrió en lo particular en la Mesa Directiva sobre los artículos reservados por las diferentes fracciones parlamentarias.

Hasta ahora el fuero permite que ningún funcionario público federal pueda ser juzgado, si la Cámara de Diputados no inicia un juicio de procedencia para el retiro de esa protección, lo que se ha constituido en un mecanismo que favorece la impunidad.

Aprueban diputados eliminación del fuero de servidores públicos, incluido el Presidente

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 469 votos a favor la eliminación del fuero a servidores públicos, incluido al presidente de la república, con lo cual de incurrir en algún delito podrán ser sometidos a juicio sin que para ello intervenga el Poder Legislativo. 

Esta reforma a los artículos 38, 61, 74, 108, 111 y 112 de la Constitución establece que el presidente de la república, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del poder judicial de la Federación, el Fiscal General de la República, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) , gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México podrán ser privados de su libertad cuando exista una sentencia condenatoria en su contra.

En este caso, un juez deberá comunicar el retiro de inmunidad al servidor público en cuestión, tras lo cual se declarará el cese de sus funciones. Es decir, ya no será la Cámara de Diputados el órgano donde se discuta y resuelva sobre el retiro del fuero. 

Tratándose de los mandatarios estatales, si se llegara a dictar sentencia condenatoria en su contra, el juez informará al Congreso del estado que se trate sobre el retiro de inmunidad y separación del cargo para continuar con el proceso penal.

El texto del proyecto, que tras su aprobación fue enviado al Senado, además señala que las penas contra servidores públicos cuando cometan un delito por beneficio económico o generen daño patrimonial deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido. 

También se establece que cuando el servidor público cometa un delito durante el ejercicio en el cargo, no se le podrá conceder indulto o perdón.

Por otra parte, se puntualizó que las sentencias del orden civil y sanciones administrativas se aplicarán sin el retiro de la inmunidad. 

Hasta este momento los diputados discuten reservas a los artículo 38, 111 y 112 que serán discutidos y votados por separado en caso de que se autoricen modificaciones respecto del dictamen original.

Fuente: La Silla Rota

Diputados aprueban en comisiones quitar el fuero al presidente

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La Cámara de Diputados dio el trámite de declaratoria de publicidad, al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma diversos artículos de la Carta Magna, en materia de fuero e inmunidad de los servidores públicos.

Por tratarse de una reforma constitucional, los diputados tendrían que aguardar hasta la próxima semana para entrar a la discusión, probable modificación y eventual aprobación en el Pleno.

El proyecto señala que por cometer delitos del orden federal, el Presidente de la República, diputados y senadores, diputados locales, gobernadores y la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ministros de la Corte, magistrados electorales a nivel federal y estatal, el Fiscal General de la República, y los consejeros electorales podrían perder la inmunidad procesal, cuando sean sometidos a proceso y ello derive en sentencia condenatoria, en firme, en su contra.

Indica que la inmunidad procesal no excluye de responsabilidades civiles o penales al  servidor público que incurra en delitos del orden federal.

Puntualiza que la modificación de las reglas en materia de inmunidad, permitirá a los altos funcionarios enfrentar procesos legales en libertad, hasta que se dicte sentencia en su contra; y privados de la libertad, cuando deban compurgar la pena impuesta.

Propone eliminar el llamado “fuero” de los funcionarios públicos para evitar que sea un mecanismo de impunidad.

Los servidores referidos gozarán de inmunidad procesal, por lo tanto no podrán ser privados de la libertad durante el tiempo que ejerzan el cargo, a menos que exista una sentencia condenatoria en su contra.

Podrán recurrir ante el Pleno de la Suprema Corte, autos de vinculación a proceso penal, antes considerado formal prisión.

Cuando exista sentencia condenatoria en firme, el juez comunicará sobre el retiro de la inmunidad al órgano al cual pertenezca el servidor público sentenciado, momento en que quedará cesado y a disposición de la autoridad correspondiente, señala el dictamen aprobado previamente en comisiones.

En el caso de los legisladores, se aclara que conservarán la inmunidad mientras ejerzan el cargo, para evitar que sean perseguidos y acusados por sus opiniones, expresadas de manera verbal y escrita.

Diputado y senadores “son inviolables por las propuestas legislativas o votos que emitan, durante el tiempo que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas.

Lo anterior, con el propósito de evitar persecuciones políticas y que la estabilidad de la función que desempeña, pueda verse afectada.

Se trata de reformas a los artículos 38, 61, 108, 11 y 112 constitucionales, y la derogación del primer párrafo de la fracción V del artículo 74.

8 de cada 10 programas sociales fallaron durante el gobierno de EPN

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Durante los seis años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, solo 2 de cada 10 programas de desarrollo social cumplieron su función. La mayoría de los que debieron atender a la población más pobre y marginada, en problemas como la falta de empleo, el acceso a la vivienda digna, la educación y la salud de calidad, no sirvieron, ya sea porque no alcanzaron a un porcentaje relevante de sus grupos objetivo, porque no lograron sus metas o porque su diseño no fue el adecuado, entre otros factores.

Así lo reporta el balance que hace la Agencia para el Desarrollo AC (Gesoc), un centro de investigación del gasto social que presenta cada año, desde 2009, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (Indep). En la edición más reciente, la de 2018, la organización aprovecha para comparar los resultados de los últimos seis índices y concluye que 81.45 % de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados durante el periodo presentan problemas en términos de su desempeño.

Alfredo Elizondo, coordinador de Proyectos de Gesoc, afirma que fue un sexenio perdido en materia de política social. “De 2012 a 2018 solo 16.6 % de los programas tuvieron un desempeño destacado. Con estos números es poco probable que pueda disminuir la pobreza”.

El investigador señala que no se utilizó la evidencia, ni siquiera la que genera la propia Secretaría de Hacienda para hacer modificaciones y mejoras. A los programas que fueron la excepción por su desempeño óptimo o de alto potencial, el gobierno solo les destinó 45.3 % del total del presupuesto, ni siquiera la mitad de los recursos. Mientras que programas que no cumplieron con su función tuvieron 44 %. Más aún, hubo una tendencia a aumentar los recursos de programas con un desempeño dudoso.

En términos generales, señala el estudio, es posible observar que la tendencia entre la calidad de la asignación presupuestaria y el desempeño de los programas se encuentra contrapuesta. Desde el ejercicio fiscal 2014 se han asignado cada vez una menor cantidad de recursos a los programas con un Nivel de Desempeño Optimo y Alto potencial.

Persiste una dispersión importante de recursos hacia programas y acciones federales de desarrollo que deberían, más que tener presupuesto, rediseñarse para poder funcionar.

Gesoc presentó la más reciente edición del Indep, la 2018, este martes en la Cámara de Diputados, ahí frente a un grupo de legisladores, la mayoría de Movimiento Ciudadano, Elizondo subrayó que el enfoque de asignación presupuestaria del Congreso de la Unión debe obedecer a criterios de desempeño y de transparencia de los programas sociales, de lo contrario se seguirán vulnerando los derechos de las poblaciones más pobres del país.

“Pero el gran problema que tuvimos con las dos legislaturas pasadas -afirmó- es que los legisladores, por la conformación de fuerzas políticas en la cámara, no atendieron a la evidencia y mantuvieron los presupuestos para los programas con bajo desempeño pese a sus resultados. Hay entonces una oportunidad en esta legislatura para corregir”.

En representación de los diputados presentes a quienes se les entregó el estudio, entre ellos Tonatiuh Bravo Padilla y Fabiola Loya Hernández, ambos del partido Movimiento Ciudadano, Martha Tagle (del mismo grupo parlamentario) dijo que el legislativo no debe pasar por alto este tipo de recomendaciones sobre la política del gasto social y mencionó que en efecto no se deben perder de vista los programas con mal desempeño, sobre todo los que están en la caja negra y los que reflejan la dispersión de la política social federal.

Estas son dos categorías que utiliza el Indep para señalar a los programas opacos o que solo fragmentan y desperdician recursos. En la caja negra se ubican los que no transparentan información que permita conocer su nivel de desempeño. De 970 programas que se evaluaron a lo largo del sexenio, 233 estuvieron en la caja negra, con un total de presupuesto de 458 mil 293 millones de pesos.

Si bien es cierto que a lo largo de los últimos seis años, el número de programas opacos bajó, en 2012 había 50 en esa categoría y para 2018 quedan ahí solo 5, aún tienen 6 mil 503 millones de presupuesto, el de mayores recursos es el de Investigación científica, desarrollo e innovación, cuya unidad responsable es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y que tuvo un presupuesto aprobado para 2018 de 5 mil 53 millones de pesos.

En la categoría de dispersión programática y presupuestal, en la que Gesoc coloca a los programas con una orientación similar a otros y que, por lo tanto, solo fragmentan esfuerzos y recursos, en 2012 había 16, para 2018, el año de cierre de Peña Nieto, hay en este rubro 39, lo que representa el 32.77% del total de los 119 programas evaluados este año por la organización.

Frente a este panorama, lo que Gesoc recomienda es una reingenieria del gasto social. Elizondo dijo que es indispensable para la reestructuración del presupuesto considerar los resultados y eliminar la inercia que permea en las asignaciones presupuestarias.

El investigador señaló que hay dos programas en la actual administración, Pensión para adultos mayores y Subsidio a programas para jóvenes de Sedesol, con un presupuesto aprobado en 2018 de 39 mil 509 millones de pesos, que podrían caer en duplicidad con los programas insignia de la nueva administración para apoyar a jóvenes y a personas de la tercera edad.

También advirtió que hay más de 50 programas con un presupuesto aprobado en 2018 de 147 mil 477 millones, sobre las que se pueden hacer modificaciones para mejorar la eficiencia del gasto, entre estos están: el de Concurrencia con las Entidades Federativas y el de fomento ganadero de Sagarpa, el de Apoyo a la Vivienda y de Consolidación de Reservas Urbanas de Sedatu y el de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Sobre los programas insignia de la siguiente administración, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Elizondo señaló que aunque se ha dicho que se requieren 22 mil millones de pesos para cubrir a los 2.3 millones de jóvenes (que se planea vincular con empresas), en realidad se necesitan 99 mil millones de pesos. “Habría que ver si se hará una cobertura paulatina o qué se hará porque hay una brecha de 77 mil millones”.

En el caso de la pensión para adultos mayores la brecha es de 9 mil millones de pesos, “pero acá la cuestión es que esto no toca de fondo el gran problema que se tiene en cuanto al sistema de pensiones. Hacia el futuro, no va a bastar con este subsidio sino que habría que entrarle a la discusión de cómo se va a modificar el sistema de pensiones para no depender solo de este programa”.

Respecto al programa de atención a personas con discapacidad, la brecha no es muy significativa entre lo anunciado y lo que se requiere, “pero habría que ver qué pasaría si se quisieran hacer estos programas de carácter universal y ahí la brecha se incrementa significativamente, para el de jóvenes sería de 146 mil millones, en adultos mayores 78 mil, y en el caso de personas con discapacidad (que son 7.7 millones) de 105 mil millones de pesos”.

(Con información de Animal Político)