Fin de la impunidad, o atole con el dedo

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Fuero; un original intento por asegurar el equilibrio de poderes e impedir persecuciones y abusos políticos a la oposición, que resultó en el envilecimiento de la figura para solapar los actos ilícitos de altos funcionarios públicos. 

Contemplado bajo el artículo 111 constitucional, el fuero ha avalado la inmunidad procesal de diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia, y diversos funcionarios públicos. A lo largo del tiempo, el fuero se ha convertido en el aliado predilecto de funcionarios públicos inmiscuidos en un sinfín de actos indebidos, alejándose cada vez más de su propósito original. 

Así, todos tienen que ver con ella. Esa figura constitucional controvertida y repudiada por la sociedad en su conjunto, al ser la máxima manifestación del privilegio de la clase política. Un privilegio que va en contra del más básico y fundamental principio de igualdad jurídica. En el momento que un funcionario asume su cargo, pareciera que pierde no su condición de ciudadano, pues deja de ser igual ante la ley y es elevado a un peldaño en donde no puede ser juzgado a menos que se de autorización expresa de ello. 

Aunque no nos hemos distanciado por completo de esa época de privilegios políticos, el jueves de la semana pasada dimos un grandísimo primer paso. La aprobación unánime de la eliminación del fuero constitucional en la Cámara de Diputados es sin duda alguna un evento histórico. No obstante, habrá quien diga (y en efecto se dijo) que eliminar el fuero en México, es como escupir para arriba. Y sí, hablar de la eliminación del fuero en nuestro contexto actual, es un arma de doble filo. No hay que pasar por alto que las instituciones de nuestro país responden a intereses políticos, no ciudadanos; que la impartición de justicia es selectiva, no imparcial; y que la impunidad es la regla, no la excepción.

Para los mexicanos, la eliminación del fuero puede sentirse como una victoria social; la terminación de un privilegio político que finalmente pone a los funcionarios en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos, uno que les permite ser juzgados igual que al resto de nosotros. Sin embargo, la eliminación del fuero no es equivalente a la eliminación de la impunidad. Esta iniciativa tiene que ser parte de una serie de medidas que fortalezcan la procuración de justicia y la eliminación de la corrupción, empezando por garantizar la autonomía de la Fiscalía, así como la designación del Fiscal Anticorrupción, de lo contrario, la eliminación del fuero habrá sido una medida más para darnos atole con el dedo.

Diputados avalan desaparición de fuero

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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma la Constitución Política para eliminar la figura del fuero a todos los servidores públicos, incluso al presidente, y lo turnó al Senado de la República para su análisis,

Se detalla que se aprobó en lo general por 370 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con lo que se logró la mayoría calificada que requiere esta modificación por ser constitucional.

La reforma establece que el presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria, agrega Forbes.

La reforma aplicará para el presidente, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados electorales, secretarios de despacho de dependencias federales, el fiscal general de la República, los consejeros electorales del INE, gobernadores, diputados locales, magistrados estatales, alcaldes, regidores, síndicos y concejales de todo el País.

El fuero evitaba que servidores públicos de alto rango pudieran ser procesados judicialmente por la comisión de algún delito durante el periodo de su encargo, como una garantía para la gobernabilidad del País.

De acuerdo con el artículo 111 constitucional, los funcionarios protegidos por esta figura sólo pueden ser llevados ante la justicia civil mediante un proceso de “desafuero”, mientras que al presidente de la República únicamente el Senado puede destituirle de su cargo y bajo circunstancias específicas como “traición a la patria”.

Asegura AMLO que ganará elección con 10 millones de votos de diferencia

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El candidato a la Presidencia de México por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante un mitin en Ensenada, Baja California, que ganará las elecciones del próximo 1 de julio por una ventaja de 10 millones de votos, algo que tiene preocupados a sus contrincantes.

“Tenemos arriba de 20% de ventaja, vamos a ganar con más de 10 millones de votos de ventaja. Así están las cosas y eso tiene nerviosos a los camarines, a los de la mafia del poder, porque se va a acabar el bandidaje oficial”, aseguró el tres veces candidato presidencial.

Por otro lado, López Obrador subrayó la necesidad de que haya “voto parejo” para tener la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados y “evitar problemas” en caso de que gane la elección.

“Vamos muy arriba, pero necesitamos ganar no sólo la Presidencia, también la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores porque si no, los de la mafia del poder ahí se van a atrincherar y van a estar poniendo obstáculos”, dijo López Obrador.

De acuerdo al ex Jefe de Gobierno de la CDMX, se debe de garantizar la independencia del nuevo Poder Legislativo con el fin de que no se dejen comprar con “moches” en la negociación del Presupuesto.

“Diputados y senadores se venden, reciben moches para votar a favor de leyes o para aprobar el presupuesto, por eso les pido voto parejo”.

Durante su visita a Baja California, AMLO prometió construir un hospital en San Quintín, con el fin de que se ofrezca servicios de salud pública a los habitantes de la zona y a los jornaleros agrícolas que trabajan las tierras. También aseguró que respetará todas las religiones.

Comunicación Social: Ley de Publicidad

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Esta semana se aprobó con el apoyo de las bancadas del PRI, PVEM y PANAL en la Cámara de Diputados la controversial ley de publicidad oficial también apodada por los activistas como “Ley Chayote”. En resumen, lo que busca esta nueva normatividad es poner orden a los tres niveles de gobierno, en sus 3 poderes y a los órganos autónomos en sus gastos de comunicación social para que se cometan menos abusos con gastos en ese rubro. La ley establece que toda comunicación social debe cumplir con varios criterios de eficacia, economía, veracidad, transparencia y honradez. Se obliga a las instituciones a elaborar un programa anual de comunicación social, el cual debe incluir medios de comunicación que estén incluidos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación que también se crea con el mismo fin de tener un mayor control.

Cientos de asociaciones civiles y organizaciones de activistas ciudadanos se expresaron en contra de la polémica ley, al argumentar que no resuelve de tajo el problema ya que no establece topes ni en cantidad, ni en porcentaje en los gastos de comunicación social que en muchos casos son exagerados y representan un “boquete” para las finanzas de la nación y de muchos estados y municipios. La ley no define tampoco criterios de que tipo de espacios se pueden o no contratar ni limita la aparición de funcionarios públicos, no mete el gasto de comunicación social dentro de los informes anuales de labores ni promueve la diversidad y el pluralismo de medios, al contrario lo centraliza en la SEGOB presentando un posible riesgo para medios que no sean afines a ciertos grupos.

Para nadie es secreto que la libertad de expresión en nuestro país ha ido evolucionando de manera acelerada, en las últimas décadas con el surgimiento de la competencia política y la maduración de la democracia en nuestro país, pero también ha traído consigo retos como el hecho que México es el primer o segundo país (sin guerra, dependiendo del año) con más periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión. No está de más la frase que los medios de comunicación representan un cuarto poder, su influencia es tal que pueden construir o destruir reputaciones e influir elecciones a su criterio o al criterio del mejor postor. Al final aunque si bien los medios son un negocio por la publicidad, también debería existir (y muchos medios lo tienen, tampoco hay que generalizar) un sentido de responsabilidad en el ejercicio del periodismo en nuestro país.

Yo no creo que sea justo calificar a esta ley como mala o como buena, soy un convencido que debemos reconocer que representa un primer paso hacía un mayor control en el gasto gubernamental en publicidad (sin entrometerse en el ejercicio periodístico), pero aún falta mucho por hacer para evitar los abusos por parte de ciertos gobernantes que en 3 o 6 años quieren hacerse más famosos que Luis Miguel, por decirlo de manera coloquial. Vigilar el gasto de publicidad no solamente en gobiernos sino también en campañas es muy importante, cuantos candidatos no hay que se quejan de que si no pagan a tal o tal medio no salen en ningún lado, en ese caso los medios están en su derecho de cobrar por publicidad pero tampoco hacer un cobro excesivo, que inclusive por debajo del agua pudiese ser hasta mayor que el propio tope de gastos del candidato.

Con 205 votos a favor, diputados aprueban Ley General de Comunicación Social

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La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.

El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.

El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.

La distribución de los tiempos fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40% al Ejecutivo federal; 30% al Poder Legislativo federal; 10% al Poder Judicial Federal; y, 20% a los entes autónomos constitucionales.

El dictamen pasará al Senado para que sea discutido en lo particular y de aprobarse entrará en vigor el 01 de enero de 2019.

La Ley fue aprobada con el voto del PRI, PVEM y Panal, que conforman la mayoría en San Lázaro.

Aunque el PRD propuso al PAN dejar la sesión para que no hubiera quórum, los panistas no aceptaron para no caen en incumplimiento al mandato de la Corte, informó Reforma.

Los diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano presentaron reservas para modificar varios artículos, los cuales serán votados uno por uno.

Nombran al nuevo Auditor Superior de la Federación

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El Pleno de la Cámara de Diputados nombró a David Rogelio Colmenares Páramo como el nuevo Auditor Superior de la Federación, en sustitución de Juan Manuel Portal Martínez, quien terminó su periodo el 31 de diciembre de 2017.

La elección del nuevo Auditor se dio a través del voto secreto de los legisladores, según un acuerdo previo de la Junta de Coordinación Política en la que todos los coordinadores parlamentarios tienen derecho a voz y voto.

Colmenares Páramo obtuvo 377 votos a favor; se depositaron 64 votos nulos de diputados del PAN y PRD.

En la terna aprobada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación estuvieron Arturo Salim Orci Magaña, quien obtuvo un voto, y José Trinidad Saldívar, le favorecieron con 3 votos.

Ramo 23, el “cajón de gastos” del gobierno, que aumenta en elecciones y se usa para “castigar”

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El Ramo 23 es “un cajón de gastos, el único que no está regulado por la ley. Ha venido operando desde 2009 tres programas discrecionales, con base en los cuales Hacienda entrega recursos… con criterios no documentados”, señaló Mariana Campos, Coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.

En la dispersión de recursos identificaron “un sesgo político“, pues “estos gastos aumentan en momentos electorales”. Por ejemplo, en 2011 los estados que más recibieron dinero eran gobernados por el PAN; en los próximos meses de este año, son los estados priistas los que recibirán más recursos.

Retomó el caso de Chihuahua, donde “el gobernador Javier Corral nos permitió ver de manera muy viva cómo se sufre, cómo suceden y cómo se utilizan estos convenios”.

Otro caso es el Estado de México, que aunque históricamente ha recibido más recursos que ninguno, en 2017 “no lo toca el recorte” que a otras entidades sí (como a Chihuahua) y esto coincide con la elección de gobernador; en 2011, con un gobierno federal del PAN, “le fue muy mal” al estado posiblemente porque no había una simpatía política.

En su estudio denominado “Arquitectura del Ramo 23“, México Evalúa expuso: “México no cuenta con la arquitectura institucional para que las asignaciones de gasto en el ejercicio se orienten a los objetivos de política pública. Todo esto repercute negativamente en la calidad del gasto. Se observa que algunos conceptos y rubros de gasto que podrían clasificarse como “no prioritarios” han aumentado consistentemente, y recurrentemente gastan más de lo que el Congreso les aprobó.

Las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades; tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos.

El estudio apunta que “más del 80% del sobrejercicio de la partida subsidios a entidades federativas y municipios entre 2013 y 2017 se erogó a través de tres programas de subsidios del Ramo 23 que son transferencias directas a gobiernos locales: Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), Programas Regionales, y Contingencias Económicas.

Los sobreejercicios con la “caja negra” son una constante: “La Cámara de Diputados aprobó que el Gobierno federal gastara 6 mil 487 millones de pesos en estos programas, pero en la práctica el gasto fue de 58 mil 545 millones de pesos. Es decir, el Gobierno federal gastó nueve veces más que lo aprobado por el Congreso

Acusan enfermeras persecución en Chiapas

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Enfermeros de Chiapas dijeron que a raíz de protestas por falta de insumos, ahora les imputan delitos; amagan con retomar huelga de hambre.

Enfermeras y enfermeros de Chiapas denunciaron que son perseguidos por manifestarse contra el saqueo de las instituciones de salud en la entidad.

El año pasado, seis enfermeras realizaron una huelga de hambre de 13 días afuera del Hospital de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez en protesta por la falta de medicamentos, el despido de un grupo de trabajadores y la falta de pago a proveedores.

De acuerdo con las afectadas, a raíz de la manifestación se despidieron a más de 120 empleados y se dictaron seis ordenes de aprehensión; el 8 de enero, una enferma y un enfermero fueron detenidos.

De acuerdo con testimonios de integrantes de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, los hospitales públicos de Chiapas carecen de insumos y medicamentos, por lo que los pacientes deben llevar sus propios utensilios y pagar por las medicinas.

La enfermera Emma Escobar denominó un acto criminal la falta de medicinas para atender a los niños que padecen cáncer en la entidad, pese a que obtuvo el mayor presupuesto a nivel nacional para la salud.

“Ahora resulta que ni soluciones hay, ni aparatos de rayos X, para tomar estudio de laboratorio no hay. Hace ocho días se inauguró el Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, donde no podemos hacer uso de los equipos porque todavía no están pagados, no tenemos algodón ni jeringas”, señaló.

La Asamblea entregó una carta a la Cámara de Diputados y al Senado para urgir la intervención en el sistema de salud estatal y detener la persecución contra los manifestantes.

Además, llamaron al Gobierno federal a dar una solución a la situación; garantizar la liberación de los presos y cesar las órdenes de aprehensión.

De no ser escuchados, amenazaron con retomar la huelga de hambre a nivel nacional, con el apoyo de otros colectivos y sindicatos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Morena acusa a Meade de “plagiar” su iniciativa anticorrupción de hace un año

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Diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusaron al precandidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, de plagiar literalmente su propuesta para combatir la corrupción.

En conferencia de prensa, la bancada de Morena denunció que hace un año presentaron dicha iniciativa, misma que fue negada por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“(Meade) avienta una iniciativa de combate a la corrupción, una iniciativa que el Grupo Parlamentario de Morena presentó hace un año. Es la misma, que es la extensión de dominio del artículo 108 y la presentó el Diputado Virgilio Caballero“, dijo Rocío Nahle, coordinadora parlamentaria del partido.

El ex Secretario de Hacienda tomó la propuesta con los mismos términos, bajo las mismas condiciones, agregó Nahle. “Yo me imagino que no habrá impedimento del Revolucionario Institucional para dictaminar en comisiones, porque ahora la presenta su precandidato“.

La Diputada también criticó que otra de las propuestas de Morena que ha bloqueado el PRI y sus aliados es sobre la reconstrucción y austeridad para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre.

Este día, José Antonio Meade presentó ante los coordinadores del PRI, Verde Ecologista (PVEN) y Nueva Alianza en el Senado y la Cámara de Diputados su proyecto en materia de combate a la corrupción.

Meade es el abanderado de un partido implicado en decenas de casos de corrupción cometidos durante este sexenio, y eso le ha traído fuertes críticas.

Como parte de “su propuesta”,  anunció reformas legales para confiscar el dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, incluidos los que tengan registrados a nombre de testaferros.

Aprueba la cámara de Diputados los cambios a la Ley de Seguridad Interior; La pasan al Poder Ejecutivo

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Esta mañana la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Ley de Seguridad Interior, después de que esta fuera avalada con ciertas modificaciones la noche de ayer en el Senado de la República.

La controversial ley, que ha sido referente de criticas por parte de políticos, activistas y hasta organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, será ahora turnada al Poder Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

En tan solo una hora, los diputados debatieron e hicieron posicionamientos.

Antes de la votación, diputados de los partidos que conforman el Frente Ciudadano por México, salieron del Pleno, con el objetivo de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no tuviera quórum para aprobar la ley.

Solamente un puñado de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), votaron a favor de la ley, siendo estos, Rubén Garrido, Genoveva Huerta, Elva Valles, Mercedes Aguilar, Miguel Huepa, Hugo Alejo, Lilia Armida García, Eukid Castañón y César Rendón, mismos que son cercanos al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El Senado aplico cambios a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, esto después de que fueran duramente cuestionados por organizaciones sociales y especialistas tacharon de cosméticos.

En el caso del artículo 7, por ejemplo, el Senado agregó que los derechos humanos deberán ser respetados de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales, y se elimino cualquier referencia a perturbaciones graves a la paz pública.

Por otro lado, en el artículo 8, se eliminó el señalamiento de que “deben ser pacíficas” las protestas sociales, para que no sean consideradas amenazas a la seguridad interior, eso si, sigue abierta la posibilidad de ser señaladas como un riesgo.

Finalmente, en el artículo 16, se agregó la frase “de acuerdo a sus facultades”, esto al referirse a la atribución del Presidente de ordenar operaciones inmediatas a las Fuerzas Armadas, cuando estén en grave peligro instituciones fundamentales del Gobierno.

(Con información de Grupo Reforma)