Acusan enfermeras persecución en Chiapas

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Enfermeros de Chiapas dijeron que a raíz de protestas por falta de insumos, ahora les imputan delitos; amagan con retomar huelga de hambre.

Enfermeras y enfermeros de Chiapas denunciaron que son perseguidos por manifestarse contra el saqueo de las instituciones de salud en la entidad.

El año pasado, seis enfermeras realizaron una huelga de hambre de 13 días afuera del Hospital de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez en protesta por la falta de medicamentos, el despido de un grupo de trabajadores y la falta de pago a proveedores.

De acuerdo con las afectadas, a raíz de la manifestación se despidieron a más de 120 empleados y se dictaron seis ordenes de aprehensión; el 8 de enero, una enferma y un enfermero fueron detenidos.

De acuerdo con testimonios de integrantes de la Asamblea Nacional de Enfermeras y Enfermeros de México, los hospitales públicos de Chiapas carecen de insumos y medicamentos, por lo que los pacientes deben llevar sus propios utensilios y pagar por las medicinas.

La enfermera Emma Escobar denominó un acto criminal la falta de medicinas para atender a los niños que padecen cáncer en la entidad, pese a que obtuvo el mayor presupuesto a nivel nacional para la salud.

“Ahora resulta que ni soluciones hay, ni aparatos de rayos X, para tomar estudio de laboratorio no hay. Hace ocho días se inauguró el Centro de Salud de Tuxtla Gutiérrez, donde no podemos hacer uso de los equipos porque todavía no están pagados, no tenemos algodón ni jeringas”, señaló.

La Asamblea entregó una carta a la Cámara de Diputados y al Senado para urgir la intervención en el sistema de salud estatal y detener la persecución contra los manifestantes.

Además, llamaron al Gobierno federal a dar una solución a la situación; garantizar la liberación de los presos y cesar las órdenes de aprehensión.

De no ser escuchados, amenazaron con retomar la huelga de hambre a nivel nacional, con el apoyo de otros colectivos y sindicatos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Morena acusa a Meade de “plagiar” su iniciativa anticorrupción de hace un año

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Diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusaron al precandidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, de plagiar literalmente su propuesta para combatir la corrupción.

En conferencia de prensa, la bancada de Morena denunció que hace un año presentaron dicha iniciativa, misma que fue negada por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“(Meade) avienta una iniciativa de combate a la corrupción, una iniciativa que el Grupo Parlamentario de Morena presentó hace un año. Es la misma, que es la extensión de dominio del artículo 108 y la presentó el Diputado Virgilio Caballero“, dijo Rocío Nahle, coordinadora parlamentaria del partido.

El ex Secretario de Hacienda tomó la propuesta con los mismos términos, bajo las mismas condiciones, agregó Nahle. “Yo me imagino que no habrá impedimento del Revolucionario Institucional para dictaminar en comisiones, porque ahora la presenta su precandidato“.

La Diputada también criticó que otra de las propuestas de Morena que ha bloqueado el PRI y sus aliados es sobre la reconstrucción y austeridad para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre.

Este día, José Antonio Meade presentó ante los coordinadores del PRI, Verde Ecologista (PVEN) y Nueva Alianza en el Senado y la Cámara de Diputados su proyecto en materia de combate a la corrupción.

Meade es el abanderado de un partido implicado en decenas de casos de corrupción cometidos durante este sexenio, y eso le ha traído fuertes críticas.

Como parte de “su propuesta”,  anunció reformas legales para confiscar el dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, incluidos los que tengan registrados a nombre de testaferros.

Aprueba la cámara de Diputados los cambios a la Ley de Seguridad Interior; La pasan al Poder Ejecutivo

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Esta mañana la Cámara de Diputados en San Lázaro aprobó con 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Ley de Seguridad Interior, después de que esta fuera avalada con ciertas modificaciones la noche de ayer en el Senado de la República.

La controversial ley, que ha sido referente de criticas por parte de políticos, activistas y hasta organizaciones no gubernamentales como las Naciones Unidas, será ahora turnada al Poder Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

En tan solo una hora, los diputados debatieron e hicieron posicionamientos.

Antes de la votación, diputados de los partidos que conforman el Frente Ciudadano por México, salieron del Pleno, con el objetivo de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no tuviera quórum para aprobar la ley.

Solamente un puñado de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), votaron a favor de la ley, siendo estos, Rubén Garrido, Genoveva Huerta, Elva Valles, Mercedes Aguilar, Miguel Huepa, Hugo Alejo, Lilia Armida García, Eukid Castañón y César Rendón, mismos que son cercanos al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El Senado aplico cambios a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26, esto después de que fueran duramente cuestionados por organizaciones sociales y especialistas tacharon de cosméticos.

En el caso del artículo 7, por ejemplo, el Senado agregó que los derechos humanos deberán ser respetados de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en tratados internacionales, y se elimino cualquier referencia a perturbaciones graves a la paz pública.

Por otro lado, en el artículo 8, se eliminó el señalamiento de que “deben ser pacíficas” las protestas sociales, para que no sean consideradas amenazas a la seguridad interior, eso si, sigue abierta la posibilidad de ser señaladas como un riesgo.

Finalmente, en el artículo 16, se agregó la frase “de acuerdo a sus facultades”, esto al referirse a la atribución del Presidente de ordenar operaciones inmediatas a las Fuerzas Armadas, cuando estén en grave peligro instituciones fundamentales del Gobierno.

(Con información de Grupo Reforma)

Queda pendiente selección del Auditor General de la Federación

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Al no llegar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a un acuerdo, la Cámara de Diputados dejo pendiente la selección del nuevo Auditor General de la Federación, hasta el día de mañana o el jueves, así lo informaron los diputados en San Lázaro.

Aunque se preveía que este martes la terna fuera puesta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, ya que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aliados cuentan con la mayoría, no fue el caso.

Aunque la terna no paso de la Jucopo, los diputados esperan que esta sea aprobada y se haga la selección del nuevo auditor antes del 15 de diciembre, día en el que culmina el actual periodo de sesiones.

“Esperemos que mañana, a más tardar pasado mañana, ya se tenga una resolución”, afirmó la coordinadora de los diputados de Morena Rocío Nahle.

La terna de opciones para ocupar la Auditoria Superior de la Federación del 2018 a 2025, ha estado en medio e controversias, debido a que las opciones tiene nexos importantes con el PRI.

Salim Arturo Orcí Magaña, quien es actual auditor especial de Gasto Federalizado en la ASF, es militante del partido tricolor y además cercano al senador Emilio Gamboa, ademas de que trabajo en las administraciones de los ex Presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, según lo informa el periódico Reforma.

Por su parte David Colmenares, fue cercano a José Antonio Meade en el periodo de 2000 y 2006, cuando trabajaron juntos en la Secretaría de Hacienda.

Por ultimó, Ángel Trinidad Zaldívar, es ex comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y cercano al priista Manlio Fabio Beltrones.

#KLEROTERION: “México necesita una Ley de Seguridad Interior”

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n la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017 se aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior con 215 votos a favor; 101 en contra y 4 abstenciones;  esta minuta se enviará a la Cámara de Senadores para que con su análisis, discusión y aprobación, pase al Pleno de esa Cámara, y si es aprobada, enviarla al Presidente de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 34 artículos y 4 transitorios, esta Ley busca regular las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior y establece las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios.

Por primera vez en nuestra historia nacional podríamos saber qué se entiende por seguridad interior, cómo regular las acciones del Ejército y la Marina en apoyo de las institciones civiles, por cuánto tiempo, cómo y bajo que condiciones institucionales, y en particular, terminar un debate que encierra una paradoja: las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que en México poseen las capacidades para enfrentar a la delincuencia organizada pero al mismo tiempo diversos actores públicos, privados y sociales señalan que su actuacion no tiene el respaldo jurídico adecuado, así las cosas se hace necesario regular su desempeño en estas tareas con pleno respeto a los derechos humanos, bajo el principio de que la responsabilidad en materia de seguridad pública es de orden civil, sin embargo hace once años que se tiene la necesidad, pero no se tiene la Ley que evite las mismas situaciones que hoy se cuestionan.

Con esta Ley habría claridad sobre conceptos clave como son:  amenazas a la seguridad interior; riesgo a la seguridad interior; declaratoria de protección a la seguridad interior; inteligencia para la seguridad interior; y uso legítimo de la fuerza. La indefinición jurídica en el actuar de las Fuerzas Armadas es algo que debe terminar por el bien del país, por la seguridad de las personas y por el necesario fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Es claro que la responsabilidad de la seguridad pública es un asunto civil y por tanto de las policias municipales, estatales y federales, que nadie quiere al Ejército en las calles para enfrentar a la delincuencia organizada empezando por las propias Fuerzas Armadas, que el país necesita corporaciones policiales con equipo, adiestramiento, comunicaciones e infraestructuras modernas, y que se somete a una tensión mayor el Ejército y a la Marina Armada de México al ordenarle realizar misiones que deberían ejecutar los civiles.

Sin embargo, entonces cuál es la respuesta: sólo tenemos 900 policías que pueden considerarse como tales en los más de 2 mil 400 municipios del país; el Estado de Fuerza de las Policías federales es insuficiente; las 32 policías estatales no podrían enfrentan por si mismas a la delincuencia organizada, más aún cuando se trata de delitos federales en los que no tienen competencia; y que el gasto en seguridad y justicia de acuerdo al Instituto belisario Domínguez del Senado de la República se duplicó en diez años y aún así no es suficiente.

La congruencia política es necesaria ante el juicio público, por ello voté a favor de la Ley de Seguridad Nacional, se trata de un legado que define qué, cómo, cuándo y por qué las Fuerzas Armadas pueden y deben actuar en defensa de la sociedad, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.  Se trata de dar certeza a la ciudadania sobre lo que hacen su Fuerzas Armadas y permite trascender el mito de que su presencia está ligada a la violación de derechos humanos, su personal es el único que puede acreditar en el país la capacitación, conocimiento y  aplicación concreta del respeto a los derechos humanos como lo han demostrado por años, incluso defendiendo con su vida a los delincuentes que minutos antes les disparaban con armas de fuego. Sabemos que estamos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas, que no podemos mantener el Ejército en una franca situación de indefinicón juridica, y que regular lo que ya hacen para servir a la nación debe regularse por el bien de todos.

Ley de Seguridad Interior, una imperiosa necesidad: Peña Nieto

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 El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que el país y las Fuerzas Armadas ya no aguantan que se siga posponiendo la expedición de la Ley de Seguridad Interior, que dé certeza jurídica a la participación de los militares en tareas de seguridad pública.

El diputado presidente se dijo seguro que esta semana habrá una definición respecto del dictamen de Ley de Seguridad Interior, porque es una determinación del PRI que la ley se vote y que quede claramente establecido si pasó o no pasó.

“Ya hemos tenido un largo tiempo de deliberación, de contemplación política, y hoy ya no cabe eso, hay que dar una respuesta: pasa la ley o no pasa, pero tiene que terminar el proceso legislativo“, abundó.

Está previsto que este jueves, en la reunión de la Comisión de Gobernación, que encabeza la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), se ponga a discusión y votación el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

Ramírez Marín comentó que en caso de que se apruebe el dictamen en la Comisión de Gobernación, este jueves, pasaría al Pleno y se votaría “si nos da tiempo”.

Señaló que los ciudadanos y las Fuerzas Armadas necesitan saber cuándo pueden los militares intervenir en tareas de seguridad, pero sobre por cuánto tiempo, que son aspectos que hoy no se conocen, “y no es sano que haya tantos militares actuando como policías“.

Propuestas para una mejor Ciberseguridad en México

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En México el acceso a internet es un derecho constitucional, se trata de una tecnología que ofrece ventajas sustanciales para el desarrollo humano contemporáneo, y por tanto se tutela este derecho, al mismo tiempo se ha hecho necesario encontrar el modo de proteger a las personas y a la organizaciones de una serie de delitos que utilizan estas tecnologías para causar daños, obtener beneficios ilegales e incluso realizar ataques a infraestructuras sensibles a los países. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares de 2016 del INEGI, señala que en México 81 millones son usuarios de un celular, de estos  60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o Smartphone: un incremento de 9.7 por ciento sólo entre 2015 y 2016.

A la par que las personas y las organizaciones tienen acceso a voz, texto e imágenes que facilitan sus comunicaciones, información, interacción y la posibilidad de realizar todo tipo de transacciones económicas, ocurre que están expuestas a una serie de delitos de nueva generación en el orden digital. Las pérdidas a la economía mexicana fueron de 3 mil millones de dólares en el año 2013, al año siguiente 10 millones de persona en México fueron víctimas de cibercrímenes. De acuerdo a reportes de Ciberseguridad de Norton, 689 millones de personas fueron víctimas de algún ciberdelito en el mundo en el año 2016, de estas 22.4 millones son mexicanas; ahí se calcula que el costo de los cibercrímenes en 21 países seleccionados fue próximo a 126 mil millones de dólares: 5.5 mil millones se obtuvieron como resultado de crímenes cometidos en nuestro territorio; las causas más recurrentes en México fueron: robo de equipo celular (33%), falta de contraseñas seguras (26%) y correos hackeados (20%).

Por esta razón, y considerándose garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión y la privacidad de personas y organizaciones, la diputada federal Sofía González Torres del PVEM y el que escribe estas líneas del PRD en la Cámara de Diputados, propusimos una reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales con varios propósitos públicos.

En el Código Penal Federal se propuso; a) una reingeniería normativa a los delitos con sistemas informáticos o cometidos con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; b) confrontar con más elementos la pornografía infantil; perfeccionar el texto normativo en los delitos de Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; incorporar un delito, respecto al que intercepte datos informáticos, información o comunicaciones dirigidas, originadas o efectuadas en o dentro de un sistema informático o sistema que utilice sistemas de tecnologías de información y comunicación incluidas las emisiones electromagnéticas que transportan datos, información o comunicaciones; e incorporar un Capítulo III que agruparía a los Delitos Informáticos, los cuales se tipifican en: con el Abuso de Dispositivos; con la falsificación Informática; y con la Usurpación de Identidad Ajena. De igual forma, se adiciona una fracción XXII en el artículo 387 para tipificar el fraude informático.

En materia adjetiva penal, se adiciona una Sección VII relativa a los actos de investigación para obtener evidencias digitales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que agilizará la obtención de los medios de prueba para integrar las investigaciones de los delitos de manera ágil, eficaz y expedita acorde a las necesidades que nuestro mundo digital y nuestra ciudadanía nos demanda; además de otras disposiciones que permitirán tener una legislación robusta en beneficio de las personas y las organizaciones en México para que las autoridades puedan perseguir estos delitos con mayores capacidades.

Todo asalariado, tiene derecho al salario

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No es secreto, ni es sorpresa. Nuestros legisladores, nuestros funcionarios públicos y nuestros gobernantes son, en su mayoría, una élite oligárquica que nos recuerda a épocas aristocráticas de cortes fastuosas y opulentas. Hoy, nuestros legisladores son la digna representación de María Antonieta, quien empolvaba sus pelucas con harina cuando el resto de la población no tenía pan. Así, diputados y senadores empolvan hoy sus pelucas con un bono de 667 mdp que aprobaron por concluir su legislatura.

Sí, el bono es resultado del ahorro que los diputados hicieron a lo largo de su legislatura, pero en un país con más de 50 millones de habitantes en pobreza, es un absurdo que la Cámara doble el monto ahorrado por cada diputado. En un país donde casi la mitad de su población no tiene pan, nuestros legisladores reciben partidas millonarias. Sin embargo, lo que más molesta, no es por sí mismo el despilfarro, lo que molesta es el cinismo.

“Es parte del salario, y en este país todo asalariado tiene derecho al salario”, fueron las sabias y elocuentes palabras de Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para defender lo indefendible. Con qué cara hace semejante declaración, cuando en este país hay asalariados que perciben un ingreso menor a 100 pesos, por día. Con qué cara justifica recibir un millón 155 mil pesos, cuando los damnificados del sismo del 19 de septiembre reciben 120 mil pesos para la reconstrucción TOTAL de su vivienda.

Lo que molesta, es la poca calidad moral de las personas que reciben esta remuneración. No hace pocos días un grupo de letradas diputadas tuvieron la osadía de gritar en pleno San Lázaro el ya conocido “eeh puto”, un grito que no es apto ni en estadios ¿Es realmente ese tipo de prácticas las que imperan en un recinto de ese nivel?

Es momento de decir ¡basta! Por largos años, México ha sido un país con una ciudadanía pasiva, apática, quejosa. Se inundan las redes sociales con indignación y repudio hacia la opulencia de la clase política, repudio hacia la corrupción y a las casas blancas, a la impunidad frente a los socavones y a los desvíos de recursos.  La frustración de los ciudadanos es palpable, pero me voy a atrever a hacer el comentario: la indignación, el repudio y las quejas en redes sociales, no van a resolver nuestros problemas.

Sí, quejémonos, pero más allá que eso, exijamos, demandemos, actuemos, es nuestro derecho y nuestro deber como ciudadanos. Si algo nos enseñó el sismo del pasado 19 de septiembre, es que unidos tenemos la fuerza para levantar a un país, pero para levantarlo tuvimos que actuar, así tenemos que actuar ahora. Recordemos que muchos de los diputados que el día de hoy se están premiando con bonos millonarios, los escogimos nosotros (ya los pluris, son harina de otro costal).

Hagamos el ejercicio, ubiquemos a nuestros diputados, contactémoslos, cuestionemos, propongamos. Que el cambio del país no dependa de unos cuantos que, a lo largo de los años, nos han demostrado su poco amor por México.

Y por último, a diputados y senadores les pregunto ¿es que no les da vergüenza?

Campañas políticas y responsabilidad pública

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Las campañas para la Presidencia de la República y la serie de cargos públicos que se disputarán en el año 2018 se prevé que serán altamente competitivas debido entre otros factores a que la alternancia es factible, a la posible configuración de un Frente opositor y a las preferencias electorales que mantiene MORENA, pareciera que las condiciones están puestas para una gran contienda electoral donde serán los ciudadanos quienes definan al Partido, Coalición, y en su caso candidato independiente que habrá de gobernar nuestro país durante seis años, además de la integración del Congreso de la Unión, y de diferentes gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales que estarán en disputa en el proceso electoral y cuyos resultados se definirán través del sufragio,

El proceso electoral inició y con ello una serie de dinámicas políticas que ya presionan sobre las decisiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, mismo caso, de las decisiones en el Poder Ejecutivo Federal, y de los actores políticos locales; lo anterior es parte de la vida política en cualquier país democrático, sin embargo, lo sustancial radica en mantener la responsabilidad política en las decisiones que se tomen sin afectar el desempeño institucional del país y sin postergar las leyes necesarias que la ciudadanía requiere. Hay varios nombramientos importantes en materia de justicia pendientes que deben desahogarse, la aprobación del presupuesto 2018, así como leyes estratégicas relevantes como es el caso de la Ley de Seguridad Interior.

Una responsabilidad mayor que tendrán los partidos políticos, los candidatos a los puestos de elección popular y en su caso los candidatos independientes será conducir los procesos electorales en un ámbito de civilidad y respeto anteponiendo el interés público, que en otros términos significa evitar polarizaciones, conflictos socio – políticos, y manifestaciones verbales que crispen la relación política. Ante los retos que nos tocan vivir como son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, necesitamos fundamentos claros y evidentes de estabilidad política, gobernabilidad democrática y unidad ante los grandes retos nacionales.

Es imperativo que las campañas se conduzcan en la ruta de los grandes intereses y objetivos nacionales. Más aún en tiempos donde algunas voces pretenden sembrar dudas en la población de algunos estados, de forma particular en Nuevo León, al señalar que mucho da y poco recibe de la federación, olvidándose que la equidad republicana radica en lograr equilibrios para que la ciudadanía de la nación única que es México pueda vivir mejor. No podemos ponerle precio al federalismo ni olvidar que lo que aportamos como estado, en el caso de Nuevo León, en nada se compara con la valiente actitud de nuestros hermanos de otros estados que arriesgan su vida por nuestra estabilidad y seguridad como activos del ejército mexicano. La nación es una, y a veces hay que recordárselo al oportunismo político que es un riesgo cuando existe una alta competencia electoral. México es una sola nación, diversa, plural y compleja, pero una sola.

PAN demanda a Gobierno reconocer error de haber removido a titular de la Fepade

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El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados demandó al Gobierno federal que muestre disposición y reconozca que fue un error haber removido al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo.

Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, dijo que se debe encontrar la forma de lograr un acuerdo respecto a la crisis que existe en el Senado sobre si se avala o no esa destitución.

Cortés comentó que los diputados de Acción Nacional respaldan la resistencia de los senadores de la Oposición para exigir que el proceso sea público y no haya voto secreto, por medio de cédulas a depositar en urnas.

De una forma abierta, dijo, debe decidirse si Nieto sigue en su cargo o solamente es destituido.

El legislador rechazó que se apliquen métodos opacos para tomar tal decisión.

El panista dijo que mantenía el apoyo a los senadores, pero también está a favor de que se discuta la Ley de Ingresos, la cual, en principio, fue condicionada por los senadores para lograr la votación abierta sobre la remoción del Fiscal depuesto.

También se pronunció porque el Presidente del Senado, Ernesto Cordero, busque que haya diálogo entre el PRI y la Oposición, la cual merece respeto por defender la causa de que no haya un “fiscal electoral carnal”.