SFP descarta indagatoria contra Robles

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La Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, afirmó que la titular de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, no será investigada por el desvío de recursos de la llamada “Estafa Maestra”.

En opinión de Gómez, Robles no habría firmado contratos que la vinculen con las investigaciones que se han realizado sobre desvíos y triangulación de recursos con universidades privadas y empresas fantasma.

Ya han sido sancionados otros servidores públicos, recordó.

“¿La investigación podría llegar hasta Rosario Robles?”, se le preguntó a la funcionaria en la Cámara de Diputados.

“Como Secretaria de Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso, ahí terminó, por eso se le sancionó a él”, explicó Gómez sobre la sanción que se aplicó al vocero de la Sedatu, Gustavo Rodríguez, por la contratación de promocionales para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Ante la insistencia sobre si Robles era o no investigada, Gómez precisó que la Función Pública no investiga a personas en particular.

“Estamos investigando el hecho que nos fue presentado a la Función Pública. Se investiga el hecho del que ocasionó un daño a la nación y ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, comentó, luego de participar en la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Gómez justificó que el titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que acontece en su dependencia, con miles de servidores públicos y delegaciones en las diversas entidades.

“Para eso tenemos oficial mayor, subsecretarios, por eso hay delegación de facultades”, expresó.

La autoridad, añadió la funcionaria, llega hasta donde la norma da margen para las sanciones a los servidores públicos.

“La Secretaría de la Función Pública con marco normativo ha hecho un gran trabajo en la investigación de estos temas”, celebró sobre el caso.

Morenistas no pagaremos consulta del NAIM: Muñoz Ledo

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Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, opinó que la consulta sobre el nuevo aeropuerto “no es vinculante ni la vamos a financiar los diputados de Morena“.

“Nadie lo ha dicho y no obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados, nadie está obligado. Son rumores”, recalcó.

El diputado de Morena indicó que “hasta ahora a los diputados nadie nos ha pedido eso, ni veo cómo podríamos financiar ni invertir en un proyecto así”. Además, “ya pasaron esos tiempos en que los diputados de Morena o antes del PRD podían enviar recursos a la campaña del presidente electo ¡ya ganamos!”.

Muñoz Ledo explicó que la consulta “no es ilegal, pero no tiene validez; es más un compromiso personal del presidente electo que una cuestión vinculante. No es vinculante, pero es indicativa y lo fundamental es que la gente opine”.

Precisó que “una consulta vinculante la debe hacer un órgano calificado, hay que pensar en cuál, como el INE, de acuerdo a lo que marca la Constitución“.

Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador general de Comunicación Social en la siguiente administración, declaró en conferencia de prensa que para el financiamiento de la consulta -cuyo valor estimó en un millón y medio de pesos- se hará una recaudación a través de aportaciones voluntarias de legisladores federales, así como aportaciones personales.

¡Otraaaa de Sergio Mayer!… Comparte links de libros pirata

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El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, causó nuevamente polémica al compartir links para bajar libros de forma ilegal en su cuenta de Twitter.

Este lunes, Mayer, posteó algunos enlaces a Librotecarios, página web donde se pueden descargar cientos de libros en formato PDF de forma gratuita, pero ilegal, debido a que la página no cuenta con los derechos de autor para compartir las obras literarias.

El legislador fue criticado en redes y borró el tuit y posteó uno nuevo, en donde esta vez incluya otros links asegurando que sirven para descargar libros de dominio público de forma legal.

Morena busca desaparecer Ramo 23

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, propuso al futuro Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, desaparecer Ramo 23, que es utilizado para el reparto de “moches” y el uso discrecional.

De acuerdo con la definición oficial, el llamado Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas es “un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del gobierno gederal, cuyas asignaciones no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades.

“Este instrumento es conocido como Provisiones salariales y económicas o Ramo 23, tiene como uno de sus objetivos otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos. En total para 2017, la Cámara de Diputados aprobó $35,805.19 millones de pesos (35 mil 805 millones de pesos)”, que fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los estados y municipios firmando sólo un convenio para su transferencia.

En una conferencia de medios, acompañado por Urzúa Macías, Delgado Carrillo precisó: “El gran reto que tendremos para el paquete fiscal 2019 será sin duda demostrar que la responsabilidad fiscal y social no son incompatibles y que el Presupuesto de Egresos puede ser también un instrumento de transformación del modelo económico en el país”.

De acuerdo con el legislador, el cambio por el que votó la gente debe reflejarse en el Presupuesto 2019, por lo que es necesario poner un alto a los moches. “¡No más moches! ¡Vamos –dijo– a aprobar un presupuesto transparente y austero!”.

Pedro Garza seguirá luchando en caso de fallo por parte del Tribunal

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A horas de que pueda darse la resolución de la Sala Regional del Trife para definir las Alcaldías de Monterrey y Guadalupe, el panista Pedro Garza señaló que si el fallo no le favorece seguirá en pie de lucha e irá hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En compañía de Diputados federales y el Senador por Nuevo León, Victor Fuentes, el ex candidato al cruce de Chapultepec y Arteaga, en Guadalupe para saludar a los automovilistas.

Después de que el Tribunal del Estado revirtió el triunfo del PAN en ambos municipios para serle otorgados al PRI, Garza aseguró que la guerra sucia en su contra no ha parado, pero que ellos siguen firmes por el apoyo de los ciudadanos.

“Confiamos muchísimo en que siguen con la tendencia de priorizar la voluntad de los ciudadanos, como es el respeto al voto, vamos a recibir nuevamente la victoria y el triunfo que la ciudadanía nos dio el 1 de julio

En su lugar, los políticos también aprovecharon para entregar volantes  sobre sus propuestas para la Cámara de Diputados, como la eliminación del impuesto especial a los combustibles.

Tomas clandestinas aumentan 262% durante el sexenio

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A lo largo del sexenio, las tomas clandestinas aumentaron 262 por ciento al sumar alrededor de 40 mil, debido al crimen organizado, informó Carlos Treviño, director de Pemex, durante su comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados.

“No tengo la menor duda de que grupos organizados estén involucrados en este flagelo. A pesar de que el número de tomas ha subido 262 por ciento en el sexenio, no ha sido así en el crecimiento de robo de combustibles”, refirió.

Asimismo, Treviño detalló que la petrolera ha despedido a más de 40 trabajadores que presuntamente identificó que están vinculados con ese delito.

“Hemos hecho durante este año 9 mil 394 denuncias respecto al robo de combustibles. Hemos detenido en conjunto con las autoridades de la fuerza pública cerca de mil 600 personas y se han judicializado a mil 24, mientras que en prisión preventiva hay únicamente 189″, agregó.

El director de Pemex resaltó que, para combatir el flagelo, cuentan con una unidad especializada que colabora con diferentes entidades.

“Este año ha sido el peor año, el año en donde más tomas hemos encontrado, el año en donde más estado trabajando”, dijo.

Entre las entidades en las que más tomas se han encontrado en 2018 están Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Jalisco.

Mientras que los municipios que más han registrado incrementos son San Martín Texmelucan, Atlacomulco de Zúñiga Jalisco, Cuautepec de Hinojosa, González Tamaulipas y Tula de Allende.

Diputado de Morena es sorprendido durmiendo… ¡Por segunda vez!

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El diputado federal de Morena, Manuel Huerta, fue nuevamente sorprendido durmiendo durante horas de trabajo en San Lázaro, pero su justificación fue lo que hizo que la gente reaccionara en redes sociales.

Huerta, quien es diputado plurinominal del estado de Guerrero, fue hace unas semanas captado también durmiendo en su curul, aseguró que el sueño le gano por “la marea alcalina que uno come”.

“Es muy natural, el sistema digestivo capta la mayoría de energía para la digestión, y al sentarse entra un sopor de siesta bien sabroso”, dijo el legislador al ser cuestionado.

El morenista, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y Médico Cirujano Partero por la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es secretario en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

 

USMCA no impide que México firme acuerdo comercial con China u otros países: Guajardo

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El nuevo acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, amarrado el pasado fin de semana y que se encuentra en proceso de “limpieza legal” y traducción, será firmado por el presidente Enrique Peña, confirmo el titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, donde se reunió con los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprovechó para refrendar que dicho pacto comercial, no cierra ni afecta la posibilidad de establecer un tratado con China.

Detalló que los socios estadounidenses deben acatar la Ley de Promoción Comercial, que los obliga a firmar acuerdos, hasta 60 días después de que sean públicos, lo que sucedió el pasado 30 de septiembre.

De modo que la fecha a partir de la cual se podrá signar el USMCA, así denominado por sus siglas en inglés, es el próximo 29 de noviembre, por lo que el Presidente Enrique Peña podrá firmar antes de finaliza su administración. “Puede estampar su firma antes de que termine su sexenio”, remarcó.

Añadió que el Senado de la República podrá analizar y determinar si ratifica el acuerdo, hasta después de que el Ejecutivo Federal lo firme y lo envíe a esa instancia parlamentaria, es decir, al finalizar el mes de noviembre.

Se espera que los senadores lo valoren en la primavera de 2019, puntualizó.

Explicó que en el caso de un acuerdo con China, existen algunas reservas por los problemas que tiene ese país con subsidios, exceso de producción y el manejo de “economía de no mercado”.

En el tratado trilateral, se estableció que cualquier socio con interés de negociar con los chinos, deberá notificar a sus pares 30 días después de firmar convenios.

Los socios de Canadá y Estados Unidos tendrán la opción de dejar el tratado establecido si consideran que sus intereses se verán afectados y esa cláusula no es una nueva, sino que ya estaba prevista en el propio Tratado de Libre Comercio (TLC).

Respecto a la resolución del tema de aranceles al acero, Guajardo Villarreal manifestó que se mantendrá comunicación permanente con el gobierno norteamericano, para diseñar una solución, lo que deberá suceder antes de que se firme el nuevo tratado trilateral, lo que ocurrirá a finales de noviembre.

Añadió que el acuerdo contempla la liberalización total del comercio en bienes y servicios, a diferencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), que tenía restricciones, las cuales se atenuaron con un programa piloto establecido desde hace ocho años, para que empresas mexicanas hicieran entregas de mercancías en cualquier punto del territorio norteamericano.

En el USMCA se integraron salvaguardas, por si Estados Unidos considera que hay un exceso de mercancías y servicios de origen mexicano que pudieran poner en riesgo su economía, lo que estimó, no sucederá.

Destacó que la negociación fue complicada, pero al final se llegó a un acuerdo común en asuntos difíciles como los mecanismos de solución de controversias, conflictos y arbitraje estado-estado, lo que genera certidumbre.

Enfatizó el compromiso de revisar el acuerdo cada seis años, lo que trasciende los sexenios en curso, permitirá relanzar periódicamente el convenio; aunado a que mejora las condiciones de transparencia del mismo.

El resultado, celebró, permitió superar un periodo de dos años en que prevalecieron las declaraciones, amagos, mensajes vía Twitter y la falta de certeza en torno al TLC.

En el caso de energía, manifestó que el acuerdo refleja la postura de la administración entrante sobre la propiedad de México sobre sus hidrocarburos, lo que también propicia un ambiente de estabilidad y certidumbre para el gobierno del Presidente electo.

Con la negociación, dijo, la Secretaría de Economía y el equipo negociador en su conjunto, llegan prácticamente en “safe” al fin del sexenio, se congratuló.

Conmemoran en Muro de Cámara de Diputados Movimiento del 68

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Esta mañana la Cámara de Diputados develó en el Muro de Honor, con letras de oro, la frase “Al Movimiento Estudiantil del 68”.

Durante la ceremonia, el representante del Comité del 68, Félix Hernández Gamundi, dedicó unas palabras recordando los hechos sucedido hace 50 años en Tlatelolco.

“Con la mirada puesta hacia el futuro, estamos reunidos para conmemorar el movimiento de masas más brillante, trascendente y generoso de los últimos tiempos. Sigue impune la herida que corroe el alma a una sociedad. La herida sigue abierta y sigue sangrando”, dijo Hernández Gamundi.

Durante la ceremonia, los presentes contaron hasta el 43 en referencia a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos: una solución contraproducente a los excesos de la alta burocracia

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La semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual pone un “tope” al ingreso laboral de los funcionarios. 

Por un lado, la ley muestra múltiples inconsistencias y contradice la Ley Suprema.

Por ejemplo, al determinar que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República, dicha ley atenta contra el federalismo. Al ser una ley federal, es decir, emitida por el Congreso de la Unión en su carácter de órgano del Poder federal, no atañe a los servidores públicos del orden local. 

Buscar que dicha ley imponga un ingreso laboral máximo a todos los funcionarios representa una invasión a la esfera de competencia de las entidades federativas, por lo cual puede promoverse una controversia constitucional.

Por otro lado, el artículo 94 constitucional determina que las percepciones de los Jueces de Distrito, los Magistrados de Circuito, los Consejeros de la Judicatura Federal y los Ministros de la Suprema Corte no pueden modificarse durante su cargo. 

¿Cómo se resolverá esto? Posiblemente en dos “rounds”. Primero, los Ministros de la Suprema Corte promoverán un amparo indirecto contra dicha ley. ¿Me pregunto quién vencerá? Sin embargo, con el respaldo legislativo a López Obrador en el Congreso Federal y en la mayoría de los locales, no sorprendería que éste llevara el tema a sus últimas instancias: una reforma constitucional.

Por ello, una vez promulgada, la ley será causa de controversias constitucionales y de amparos indirectos. Empero, más allá de las inconsistencias y los potenciales problemas judiciales que presentará, resulta conveniente analizar el origen, el alcance y las consecuencias de dicha ley para la estructura del poder. 

El fundamento de dicha ley es de forma y no de contenido: nuevamente el simbolismo ‘lopezobradorista’ aparece. Responde a la perpetuación de la legitimidad a partir de los modos de hacer política; de lo que representa no de lo que transforma; del estruendo político que ocasiona; y de la reverberación social que tendrá. 

¿Cómo puede López Obrador desvincularse del “antiguo régimen”, acusado del despilfarro del erario público y de la búsqueda de beneficios personales? 

Promoviendo frugalidad y probidad financiera. 

Para López Obrador, la responsabilidad del Presidente se traduce a un sueldo de 108 mil pesos, ergo, bajo la premisa de que la función del Ejecutivo posee el nivel más alto de responsabilidad, los demás funcionarios no deberían exigir un sueldo mayor a éste. 

Y aquí encontramos el alcance que busca la ley, un simple corolario del apotegma: si el Presidente es honrado, mecánicamente, el resto del sistema político lo será. 

Sin mencionar la dimensión estructural de la corrupción que se encuentra enraizada en la misma base de nuestro régimen político, la especie de interiorización ético-psicológica que propone López Obrador resulta improbable. 

Aquellos que apoyan la reducción de las remuneraciones, a partir del argumento que un servidor público (perdón por la tautología) debe servir al pueblo y no buscar enriquecerse, se basan en un argumento puramente normativo. 

No existe ningún mal en buscar el “deber ser” de los funcionarios públicos, sin embargo, siendo más realistas debemos analizar cuáles son las consecuencias de disminuir las remuneraciones y no esperar que surja una epifanía ética que fomente el altruismo político. 

De esa manera dejando todas las demás variables constantes, la intuición nos diría que si se disminuyen los ingresos laborales del sector público, la fuerza laboral migraría al sector privado. 

¿Por qué?

En un primer sentido, existe un principio económico que dicta que siempre se prefiere más que menos; sin embargo, profundizando la cuestión encontraríamos que el agente concluiría que el sector público no está remunerando en términos monetarios el equivalente a sus cualidades adquiridas (nivel educativo, liderazgo, conocimiento, etc.). 

Por otro lado, también se percataría de que la remuneración no equivale al nivel de responsabilidad de sus decisiones. Imaginemos a un alto funcionario de alguna área especializada en la Secretaría de Hacienda, quien es consciente de que un pequeño error puede repercutir gravemente en las finanzas públicas. De esa manera, una disminución en su ingreso laboral podría ocasionar que se abstuviera de trabajar en un área tan riesgosa.  

López Obrador cae en el vicio de la búsqueda inmediata de legitimidad, aquella en la que caen muchos de los presidentes de América Latina y quienes han sido llamados populistas: aprobación cortoplacista e indiferencia por el futuro.