carta magna

Sometimiento ineludible

by Luis Carlos Torre Garza
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Todos los mexicanos, tenemos el derecho y la obligación de votar en las elecciones populares.

A través del ejercicio del referido derecho, en nuestro País elegimos al Presidente de la República, a quien se le deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión.

Cada uno de los Presidentes electos tienen su propio proyecto y visión, respecto de hacia donde quieren llevar a nuestra Nación, para lo cual organizan un sistema de planeación democrática, que imprime solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural del País, al que se le denomina Plan Nacional de Desarrollo y al que deben sujetarse los programas de la Administración Pública Federal.

Para poder materializar su visión, es necesario proponer al Congreso de la Unión reformas a disposiciones secundarias e incluso en ocasiones a la Constitución.

Sobre el particular, durante el mandato de Vicente Fox se reformaron 31 artículos, con Felipe Calderón 110 artículos, Peña Nieto 155 artículos, mientras que durante la administración del Presidente López Obrador se han reformado 42 artículos, todos los anteriores de nuestra Constitución.

La facilidad y cantidad de reformas me parece deplorable, pues se trata de la Norma Fundamental en la que descansa la totalidad del sistema jurídico mexicano, el federalismo, la división de poderes, etc.

Máxime, que en cualquier Estado Constitucional lo conducente es que la actuación de las autoridades, incluyendo al Presidente, se subordinen a la Magna Carta y no, que ésta se subordine a su visión de la Nación.

Sobre este punto, una de las cuestiones que me parecen más alarmantes respecto a las modificaciones del texto Constitucional, es que cualquiera de sus preceptos puede ser reformado con la misma facilidad, pues su artículo 135 únicamente establece que las adiciones a nuestra Norma Fundamental requieren que el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, pero sin distinguir entre tipos de normas.

A efecto de ejemplificar la gravedad de la situación, hoy esta en análisis la pertinencia de reformar la Constitución para desaparecer algunos Organos Constitucionales Autónomos. De realizarse la referida reforma, debemos dimensionar que con la misma facilidad con la que pueden desaparecer dichos Organos podría llegar otro Presidente y Congreso, proponiendo y aprobando una reforma para modificar el sistema federal, subordinar al Poder Judicial, entre otras, pues insisto, el artículo 135 de nuestra Norma Fundamental no distingue entre los preceptos que pueden ser sujetos de modificación.

En atención a ésta problemática, ante sociedades y Constituciones cada vez más flageladas por sus gobernantes, considero oportuno que nuestro máximo ordenamiento reconozca algunas disposiciones como normas pétreas, esto es, disposiciones rígidas inmutables o con mayores requisitos que las demás para su modificación, a efecto de salvaguardar las instituciones prioritarias y la identidad nacional.

Un ejemplo de las normas que estimo deberían catalogarse como pétreas, son: la progresividad de los derechos humanos (artículo 1º), la nación única e indivisible (artículo 2º) principio de legalidad (artículos 14 y 16), derecho al voto (artículo 35), soberanía nacional (artículo 39), sistema republicano y federal (artículos 40), división de poderes (artículo 49), periodo de seis años y no reelección para los presidentes (artículo 83), independencia del poder judicial (artículo 94), medios de control constitucional (artículos 103, 105 y 107), responsabilidad de servidores públicos (artículo 108), obligación de los gobernadores para cumplir leyes federales (artículo 120), separación iglesia – estado (artículo 130), Supremacía Constitucional (artículo 133) y finalmente inviolabilidad de la Constitución (artículo 136).

Esto, pues son los preceptos sobre los que sin lugar a dudas descansa la identidad nacional, que a toda costa debemos salvaguardar y que definitivamente ninguna visión particular debe vulnerar.

Finalmente, debo insistir, en cualquier Sistema Constitucional todas las autoridades deben actuar con sometimiento ineludible a la Norma Fundamental.

Centenario Patriótico

by Roberto Molina
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Chihuahua, 1916 – En los inicios del siglo XX México se encontraba en la antesala de una guerra debido a una de las relaciones más tensas que ha tenido con los Estados Unidos, cuando el ejército norteamericano comandado por el general John J. Pershing emprendió una búsqueda ilegal por el norte del país para capturar al revolucionario Pancho Villa.

Ante las hostilidades el presidente en turno, el general Venustiano Carranza, respondió a la amenaza con lo que se conoce como la batalla del Carrizal resultando México vencedor. Con esta victoria el ejército constitucionalista protegió la soberanía y dignidad mexicana.

Este suceso fortaleció la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de Febrero de 1917, la cual es la consolidación escrita e institucionalizada de la autonomía mexicana como una nación libre y soberana.




Pionera en la promulgación y defensa de los derechos sociales, no por nada nombrada “la primera constitución social del siglo XX”. Producto directo de la revolución y el impedimento de una tercera intervención estadounidense, a pesar de la inestabilidad nacional y mundial, México logró la creación de una Carta Magna que ha sido usada como ejemplo y punto de referencia para futuras a lo largo y ancho del globo terráqueo.

El pasado domingo festejamos su primer centenario desde que se decretó en la ciudad de Santiago de Querétaro. Un aniversario que pasó desapercibido, sin pena ni gloria, o bueno, algo de pena, eclipsado por uno de los eventos deportivos más fieles al sistema capitalista y de consumista representativo de los Estados Unidos y que imperiosamente ha impuesto a lo largo del mundo, el Super Bowl.

¿Dónde quedo el #ConsumeLocal o lo Hecho en México? ¿Alguien al menos recordó por que el lunes fue feriado?

Al parecer, y no es por generalizar,  se hizo notar nuevamente la doble moral del mexicano, o al menos la de los más de 5 millones de televidentes que estuvieron al pendiente del evento, no me mal entiendan, no se trata de entremezclar ambos temas –políticos y deportivos-, sin embargo, no podemos dejar de lado la faceta cívica que nos corresponde como participes legítimos de dicha constitución.

No hago mención a dejar de ver el Super Bowl y sustituirlo por un partido nacional, mi referencia va centrada a no echar en saco roto lo establecido en cada una de las paginas constitucionales, en la historia y el esfuerzo que nos llevó consolidarnos como una sociedad regida por una constitución a la altura de las circunstancias.




¡Felicidades a los patriotas!, pero… A nuestros compatriotas constitucionales, a cada uno de aquellos mexicanos que a pesar de no conocer a fondo lo establecido en la Constitución mantienen vigente lo ahí instituido. Al ciudadano civil que exige sus derechos una vez cumplido sus obligaciones, que respeta a sus conciudadanos y que no se excusa con la idea tan mediocre expresada, inclusive por líderes políticos, –el que no tranza no avanza-.

Cien años no se dicen fácil aún más con la complicada situación en la que nos encontramos nuevamente en una relación muy tensa con los Estados Unidos, por un presidente que violenta nuestra soberanía y pone en tela de juicio nuestra capacidad de defendernos.

La historia se repite y solo los más astutos sacan provecho de ella y evitan repetir los mismos errores. Entramos a un segundo siglo de vigencia constitucional y está en nuestras manos impedir que esta sea la más afectada, cuando somos los primeros en olvidarnos de que existe.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

Les quedó grande el término “defensores de la familia”: Carta abierta al Frente Nacional x la Familia

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Ya han pasado siete meses desde que el ejecutivo Enrique Peña Nieto, presentó ante el Congreso de la Unión su iniciativa de ley con el fin de reformar la Carta Magna; a través de dicha reforma se pretendía reconocer legalmente las uniones entre personas del mismo sexo (en otras palabras, reconocer el matrimonio igualitario), y con ello brindar los mismos derechos y obligaciones que poseen los mexicanos que viven es dicho estado civil.

Como se era de esperarse, las protestas por parte de los sectores más conservadores no se hicieron esperar, e instantáneamente surgió una agrupación bajo el estandarte de la “defensa de la familia”. Con la denominación de Frente Nacional por la Familia, los integrantes de dicho frente realizaron diversas acciones para frenar la iniciativa del presidente, con ayuda de diversos lemas como “no te metas con mis hijos”, “en defensa de la familia natural”, entre otros.

Ahora bien, luego de las marchas realizadas por todo el país, luego de la generación del pánico moral como herramienta para conseguir adeptos, el pasado noviembre la iniciativa de ley propuesta por EPN finalmente fue rechazada en la comisión de derechos humanos del poder legislativo. Más que la desilusión de la comunidad LGBT, más que la euforia del sector fundamentalista al alcanzar su objetivo, queda por preguntarse a uno mismo como espectador ¿Dónde están los defensores de la familia? ¿Dónde quedaron aquellos activistas que se daban golpes de pecho y juraban proteger tal institución?

Pues bien, lo que comentaban varios activistas LGBT parece haber sido cierto: los defensores por la familia no eran más que aquello que denunciaban: un lobby; un grupo de cabildeo el cual, al cumplir su objetivo desaparecerían tan rápido como surgieron. ¿Era de esperarse lo anterior? Para los que no formaban parte, definitivamente ¿Se debería de olvidar este lobby por parte de la población? Considero, que más que olvidarse, se debería hablar directamente, tanto a los que militaban directamente, como a los que simpatizaban con ellos y su eslogan de protectores de la familia. Esto, por medio de una carta abierta, donde (vaya la redundancia) se diga abiertamente, a los dirigentes nacionales y locales, así como a los militantes: ustedes no son defensores de la familia, sino que al contrario, les queda grande ese nombre.

¿Por qué no lo son? Primero, porque alguien que defiende la familia, no solo se preocupa por las familias “naturales”, sino que vela por cada familia de nuestra nación, incluyendo las homoparentales.

Segundo, la persona que se autonombra defensor de la familia, no concibe como problema principal una iniciativa donde se reconozca legalmente la unión de dos personas, sino que aprecia las distintas problemáticas que, hoy en día, perjudican a las familias mexicanas más que cualquier propuesta en torno al matrimonio igualitario. La pobreza, la violencia, la falta de educación de calidad, el abuso infantil, todos estos problemas, afectan realmente a las familias de México; la violencia y la pobreza extrema quitan muchísimas vidas; el abuso infantil realmente destruye la estructura familiar y condena a los niños a una vida de traumas; ni se diga de la falta de educación la cual condena a un gran número de personas a un trabajo poco remunerado y a una vida llena de dificultades. ¿Dónde está el supuesto frente luchando y plantándole cara a todos estos problemas? ¿Dónde ha quedado ese fervor? Porque parece que se ha disperso en el momento de ver materializada la eliminación de la iniciativa del ejecutivo.

Podrán haber diversas posturas, todas respetables, y entre ellas está la mía: aquel que no está dispuesto a encarar todos los problemas que afectan a las familias del país, y en lugar de ello, se retira fugazmente al apreciar que se cumplió un objetivo, no merece llamarse defensor de la familia. En todo caso son defensores de los valores tradicionales, pero jamás de la familia, no con esa tibieza.

Ha pasado un mes desde que desechada la iniciativa en torno al matrimonio igualitario, y varios siguen a la espera de ver a los “defensores de la familia”, iniciar la batalla contra los demás problemas que afectan a la institución que estuvo antes del surgimiento del estado. Creo que se quedarán esperando, pues el autonombrado frente, no habrá sido más que un lobby que buscaba desechar una iniciativa, nada más.

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Padre Solalinde: La cara progresista en la política de la Iglesia Católica

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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A lo largo de la historia, no ha existido estructura con mayor número de adeptos, así como mayor influencia en los asuntos políticos de México, como lo es la iglesia católica. Si bien los esfuerzos emprendidos por personajes como el presidente Benito Juárez contribuyeron a establecer un distanciamiento entre los asuntos del clero y del estado, así como el nacimiento de un auténtico estado laico, es indudable el peso que dicha institución continua ejerciendo en los aparatos estatales.




Sea por medio de figuras de autoridad que establecen una postura rígida frente a los asuntos que competen al poder legislativo (como lo que se presenció no hace mucho con las declaraciones del Cardenal Norberto Rivera en relación a la iniciativa presidencial sobre el matrimonio igualitario); así como a través de grupos fachada defensores de posturas conservadoras (véase Frente Nacional x la Familia o ConParticipación), una considerable parte de la iglesia ha mostrado una defensa por visiones tradicionalistas, contrarias al progresismo predicado en décadas previas bajo la óptica de la teología de la liberación.

No obstante, si bien resulta verdadero lo anteriormente dicho, es cierto que también existe un sector eclesiástico con una concepción más apegada a un progresismo y a una ruptura con el tradicionalismo predicado por variadas congregaciones. Entre los miembros de tal sector, se puede mencionar al Padre Alejandro Solalinde.

Ministro de culto, activista, defensor de los derechos humanos y defensor de los migrantes, Solalinde representa lo contrario al fundamentalismo actual: a una figura religiosa, que si bien se involucra en los asuntos políticos, lo hace bajo el estandarte de la lucha por recuperar la dignidad del prójimo; más allá de contribuir a mantener la influencia eclesial en los asuntos públicos, Solalinde contribuye más como ciudadano que como representante religioso deseoso de mantener su poder en los poderes de la unión.

Fungiendo como un ejemplo de solidaridad y valor en momentos de gran impacto, como la exigencia de que no quedaran impunes los crímenes cometidos en Ayotzinapa y las acciones de políticos como Javier Duarte, Alejandro nos hace recordar aquella teología de la liberación que orientaba hacia un progresismo en la visión del catolicismo.

Igualmente, es la sinceridad, el coraje y la calidez humana lo que distingue a dicho sacerdote de otros personajes relativos a la creencia predominante de nuestro país, los cuales se valen de su estatus para influir en las decisiones que dirigen el rumbo de la nación.

Tal ejemplo es lo que habría de hacer replantear a la iglesia sobre su postura sobre los asuntos públicos, y hacerlos ver lo fundamental que resulta un cambio en sus formas, el cual debería observarse en contemplar a una Iglesia Católica que ya no se entrometa más, de forma directa, en las decisiones de nuestros legisladores, sino que, como lo ejemplifica Solalinde con su acción diaria, actúen de forma directa en los problemas que aquejan a la población.




Es hora de ver, no solo un cumplimiento verdadero del concepto de la separación iglesia-estado, sino que también de apreciar el surgimiento de una iglesia que verdaderamente se preocupa por el bienestar de su prójimo, y en lugar de contribuir a la realización de marchas que buscan limitar los derechos de un determinado grupo, busquen la forma de ayudar a los desprotegidos y luchen por garantizar el cumplimiento de un piso mínimo de dignidad que supuestamente nos garantiza nuestra Carta Magna.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”