Lo que está en riesgo en el caso Tamaulipas

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El asunto del gobernador Tamaulipas, Javier García Cabeza de Vaca, será en el futuro uno de los estudios de caso que el profesorado de derecho constitucional utilice con las y los alumnos de derecho. Pero también, peligrosa y tristemente, podría ser un hecho más que confirme el debilitmamiento de nuestra aún joven democracia. En estas líneas trataré de presentar lo que la sociedad mexicana se juega en el caso Tamaulipas.

La pregunta clave a resolver desde la perspectiva jurídica es si el gobernador cuenta aún con fuero constitucional por delitos federales. Desde mi perspectiva, el Ejecutivo tamaulipeco aún cuenta con la protección constitucional. Primero, porque en la Exposición de Motivos de la reforma constitucional de 1982 en que se adicionó esta porción normativa, expresamente, se señala que si bien la modificación busca evitar la impunidad de las autoridades locales por delitos federales, “con el más absoluto respeto al pacto federal, la declaratoria de procedencia que emitiere la Cámara de Diputados, no removería el obstáculo procesal, sino dejaría a las legislaturas locales la determinación correspondiente”. Y, en segundo término, debido a que  en la Ley que regula el procedimiento de la declaratoria de procedencia se aclara cuál es el alcance de la participación de los Congresos Locales: “para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del Organo Jurisdiccional respectivo”. (Art. 28 Ley Federal de los Servidores Públicos).

¿Por qué entonces tanta confusión de parte de ciertas autoridades y actores políticos? Es en esta parte en donde se inscribe lo que está en juego para nuestra democracia constitucional.

En primer término, está en juego el papel de un órgano constitucionalmente autónomo (OCA) y el nivel de control que tiene sobre sus decisiones el Ejecutivo en turno. En México, los OCA nacieron justamente para controlar la partidización y el uso faccioso del poder de parte del Presidente de la República. Más aún, la autonomía de la Fiscalía General de la República debería ser un dique a las investigaciones penales con fines políticos. En este sentido, el fuero constitucional que sirve para proteger a ciertos funcionarios públicos “de eventuales acusaciones sin fundamento (…)” (P./J. 37/96), sólo podrá eliminarse completamente y recuperarse la igualdad procesal entre la ciudadanía, servidores públicos o no, cuando la Fiscalía dé prueba de su autonomía frente al poder presidencial. Si ni siquiera las personas con fuero constitucional están a salvo de la partidización de una investigación criminal, menos lo estarán activistas sociales, defensoras de derechos humanos, etc. Este caso, por tanto, representa el grave riesgo de perpetuar las investigaciones criminales con fines políticos, lo que puede significar una fractura más que acelere la erosión de la democracia en México.

Por otra parte, también nos jugamos la destrucción, en los hechos, del federalismo mexicano. Aunque las reformas y la práctica mexicana consoliden cada vez más un modelo centralizador de federalismo, continuamos siendo una República federal acorde a nuestra decisión soberana expresada en el artículo 40 constitucional, y seguíamos teniendo expresiones de diversidad política y social desde los estados, como fue la Alianza Federalista hace unos meses. Estas acciones persecutorias basadas en una interpretación errónea de la Constitución muy probablemente inhibirán el disenso y la creatividad local. Puesto en otros términos, por efecto del ejercicio ilegítimo del poder de la autoridad federal, cada vez más se privilegiará la unidad impuesta desde el centro y se debilitará la diversidad creada desde la periferia. Dicho efecto inhibiría el cumplimiento de la responsabilidad de las entidades federativas, como afirmó la Corte, “de hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida y ampliar los derechos de los ciudadanos que se encuentren dentro de su territorio o jurisdicción” (Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y acumuladas). Con ello, se cambiará el ideal de una coordinación eficiente fundada en el derecho, como en los más modernos federalismos, por la imposición arbitraria sustentada en el temor de una investigación penal o de la declaración de suspensión de poderes.

Finalmente, un riesgo más que podemos derivar del caso Tamaulipas es la afectación a la supremacía constitucional y a una cultura en la que se respete la Constitución porque se conoce y se valora su fuerza normativa para regular los conflictos. En primer término, claro, desde una perspectiva del alcance del artículo 133 constitucional de tener en nuestra constitución a la Ley Suprema, lo que se confirma con la obligación de todas las personas servidoras públicas de cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya antes he dicho que para mí la interpretación del artículo 111 constitucional (párrafo quinto) debe privilegiar la participación de los Congresos estatales. De hecho, en el caso del desafuero de AMLO como Jefe de Gobierno la SCJN interpretó que, con relación a este párrafo del 111 constitucional, la decisión de la Cámara tiene un efecto meramente declarativo (Controversia Constitucional 24/2005). Y, desde este mirador, si desde las autoridades nacionales se desconoce el valor de la Constitución como límite al poder y como protección de derechos y libertades, el efecto anti pedagógico en la cultura constitucional del país es enorme. En realidad, el problema constitucional está resuelto. Lo que no está resuelto es el intento de ignorar la voluntad expresada por el Poder reformador de la Constitución en 1982 y, también, de hacer a un lado criterios o precedentes del máximo órgano judicial en el país. La consecuencia, desde mi perspectiva, será el forzar una interpretación de las normas según convenga y, con ello, puntualizar aún más que nuestra máxima Ley no sea respetada ni valorada por las personas.

Como puede verse, no es el destino del Gobernador de Tamaulipas lo que me preocupa. En cierto sentido, tampoco estoy preocupado porque pueda evadirse a la justicia; ya lo dijo el Ministro González Alcántar, “existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo”. 

Lo que debe preocuparnos es que está en juego la supremacía constitucional y la cultura de cumplimiento de las normas. También, que está en riesgo el federalismo como expresión de la diversidad creativa que, dentro del conflicto reglado, coopere con la Federación para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y, por último, debemos reflexionar que está en juego el acotar un poder presidencial que nos tardamos muchos años en limitar legítima e institucionalmente. En suma, desde mi punto de vista, está en riesgo la estabilidad democrática del país.

Batalla de las ideas

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Cada vez es más común escuchar la cantaleta de que en México la sociedad se encuentra completamente polarizada, simplemente porque no hay uniformidad en el pensamiento de la población.

Probablemente, quienes repiten esto son los mismos charlatanes y churrilleros que sostienen como mantra que: en la mesa no debe hablarse de política o religión. Aquellos que renunciaron al libre albedrío, olvidaron que el conocimiento se obtiene de la confrontación de doctrinas, de la batalla ideológica en el campo de las ideas y que precisamente solo a través del conocimiento es como una sociedad puede mejorar.

Nos piden que renunciemos a la capacidad de razonar, no lo hagamos, en palabras de Stuart Mill razonar es lo que nos distingue como seres humanos, repetir o imitar son facultades propias de los monos.

Lo anterior, no es mera retórica filosófica, pues incluso encuentra fundamento legal, a saber, el artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagra a nuestro país como una República Democrática Constitucional.

Sobre este punto, el carácter de Democracia Constitucional precisamente implica el reconocimiento de una sociedad en la que existen una pluralidad de doctrinas razonables, situación que además en un contexto jurídico lógicamente relacionado justifica el reconocimiento en nuestro máximo ordenamiento de distintos derechos humanos, tales como las libertades de expresión/manifestación de las ideas, pensamiento, religión, desarrollo de la personalidad, igualdad, etc.

De ahí que como lo sostiene John Rawls la existencia de una pluralidad de doctrinas, aunque incompatibles entre sí es el resultado normal del ejercicio de la razón humana dentro del marco de instituciones libres de un régimen Constitucional Democrático.

Así, la pretensión de uniformidad en el pensamiento de la sociedad no solo atenta contra la naturaleza humana, sino que también implica vulnerar el régimen Constitucional, pues quienes consideran un desastre el pluralismo y falsamente lo califican de polarización, en el fondo también consideran un desastre el ejercicio de la razón en condiciones de libertad.

Máxime, que en un estado como el mexicano en el que habitan personas con diversas creencias religiosas, lenguas, comunidades indígenas, extranjeros, zonas urbanas, zonas rurales, grados de escolaridad, pretender uniformidad en el pensamiento se traduce en desnaturalizar.

En esa tesitura, debe rechazarse el discurso que pretende degrademos o abdiquemos en el reconocimiento de la pluralidad de doctrinas, en tanto nada contribuye más a la estabilidad y firmeza de una república como el organizarla de manera que las opiniones que agitan los ánimos tengan vías legales de manifestación, sin que sea óbice cuantas personas compartan el mismo posicionamiento y/o doctrina, en tanto apelar a las mayorías podría hacer nugatorios derechos fundamentales de minorías.

El papel del Estado en esta materia es fundamental, pues fomentando las virtudes de la tolerancia, disposición a escuchar a los demás, razonabilidad e imparcialidad (condiciones previas para el debido ejercicio de las libertades) se genera el conocimiento, lo cual es un valioso bien público para la sociedad.

No renunciemos a la batalla de las ideas, solamente así llegaremos a un grado de elevación suficiente (ideal) en el que podamos distinguir lo que es necesario conservar y aquello que debe modificarse, lo cual nos acerca al anhelado bienestar.

Finalmente, debe reconocerse que la única vía al conocimiento es a través del debate público, tener que defender nuestra verdad ayuda a entenderla y a consolidarla como tal.

El “inicio del rompimiento del Pacto Federal”

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Hace un par de días los Gobernadores que integran la denominada “Alianza Federalista” declararon que algunas acciones y omisiones del Presidente de la República podían significar el “inicio del rompimiento del Pacto Federal”. Estas declaraciones tuvieron varias interpretaciones. Una ellas consideró que estas palabras significaban que algunos estados podrían “abandonar” la Federación. El objetivo de esta colaboración es el tratar de delimitar el alcance las declaraciones de los Gobernadores aliancistas.

No considero que el significado político buscado por los Gobernadores sea el iniciar un proceso político separatista en México. 

En efecto, si bien se aprecian dos bloques de estados, uno en el norte y noreste de México (Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y otro en el occidente-Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima y Michoacán), sería iluso pensar que las poblaciones y las estructuras sociales, políticas y económicas de dichas entidades, por sí mismas o aglutinadas en dichos bloques, forman una homogeneidad suficientemente articulada para pensar que en ellas se está viviendo un impulso separatista de la Federación. En otras palabras, por más graves que sean los problemas que tengamos en el país y en dichos estados, ni cercanamente se asemejan a procesos políticos como los que vivió en su momento Quebec en Canadá o actualmente tiene Cataluña en España. 

Por otro lado, si dichas entidades “abandonasen” la Federación esto implicaría una modificación al artículo 43 de la Constitución, en donde se establecen las partes integrantes de la Federación. Para esa modificación no hay un procedimiento expreso en el propio texto constitucional. Lo que tenemos es la facultad del Congreso de la Unión para “admitir nuevos Estados a la Unión Federal” (art. 73, fracción I) y para “formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes” (art. 73, fracción III), pero para esto último es necesaria la participación del Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal, de las Legislaturas estatales de que se trate su territorio y del resto de las Legislaturas estatales. De hecho, este es uno de los mecanismos para modificar la Constitución, siendo el otro el establecido en el artículo 135 constitucional (Carbonell 1999: 253). Aun pensando que interpretativamente podría utilizarse este método para el sentido de abandonar la Federación que se ha dado a las declaraciones de los aliancistas, se requeriría la participación de otros Poderes federales y estatales. Sin embargo, no estimo que esta pueda ser la interpretación de dichas normas constitucionales, porque históricamente “el Estado federal, como el unitario, es obra de una Asamblea constituyente, que reduce la soberanía nacional a la independencia del Estado y no reconoce a los estados federados capacidad para cambiar la forma de gobierno (monarquía, república) o para abandonar el Estado en el que se han integrado”. (Artola 2005: 96).

Es por estas razones que el significado de las declaraciones de los Gobernadores aliancistas no puede ser el de “abandonar” la Federación. 

No obstante, sí creo que, si bien de forma un poco obscura, el contenido de sus declaraciones tiene un peso político importante para la discusión y eventual modificación del arreglo constitucional federal en México, el Pacto Federal. Si esto es a lo que realmente quisieron referirse, bienvenida la propuesta.

Si por Pacto Federal entendemos ese convenio fundante entre las partes integrantes de la Federación por el cual, como afirma Arteaga (2017), se (i) distribuyen entre dos fuentes de autoridad las facultades y atribuciones, (ii) se distribuyen los medios o principios para que ambas fuentes de autoridad sean autosuficientes, (iii) se hace funcional u operante la división de poderes y la distribución de las funciones en los ámbitos federal y local, (iv) se establecen las bases para que no exista ambigüedad sobre a qué autoridad le compete una facultad y (v) se establecen los principios para evitar la duplicidad de acciones; entonces, sin duda, el significado de la declaración de los Gobernadores debe llevar a la redefinición del federalismo mexicano.

Efectivamente, tal vez el grito de los aliancistas sea el grito de todas las entidades, aunque algunas no deseen que se les identifique como federalistas. Esto es así, si entendemos que “el federalismo se presenta como un mecanismo de pacificación institucional, que contribuye a encontrar soluciones acordadas (no impuestas desde el gobierno central) entre las partes que integran diversas unidades territoriales federadas”. (Tortolero 2018: 212). 

Aun con sus evidentes orígenes partidistas opositores al Gobierno de López Obrador, considero que la declaración de los Gobernadores aliancistas constituye una contundente afirmación política de que el arreglo constitucional federal (el Pacto Federal) y las decisiones que con base en él se timan diariamente en México, están fallando en lograr la pacificación institucional y en construir en común las soluciones que requieren nuestros graves problemas nacionales. Creo que ese es el sentido que quisieron dar los Gobernadores a sus declaraciones. Y por el bien del país, esperemos que ese sea el el sentido que todas y todos le demos a estas palabras.

Bibliografía

Arteaga Nava, Elisur. (2017). Derecho constitucional. Parte general: Teoría y política. México: Oxford University Press.

Artola, Miguel. (2005). Constitucionalismo en la historia. Barcelona: Crítica.

Carbonell, Miguel. (2008). Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México. México: Porrúa.

Tortolero Cervantes, Francisco. (2018). “IV. El federalismo mexicano actual”. En Barceló Rojas et al., Manual de derecho constitucional. Estructura y organización del Estado mexicano. México: Fondo de Cultura Económica.

#Kleroterion: “¡La iniciativa y el proceso legislativo!”

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Como debemos saber, las y los ciudadanos tenemos derechos y por consiguiente obligaciones, todos somos regidos por instituciones que a su vez se establecen en leyes, las cuales deben ser aplicadas con estricto sentido de derecho, buscando la justicia, equidad, el cumplimiento de nuestras obligaciones, la aplicación de sanciones y sobre todo velando por nuestros derechos.

Asimismo, estas leyes se deben ir adecuando a las necesidades propias de cualquier sociedad, que día a día crece y se moderniza y que por otro lado, surgen nuevas formas de gobierno, de derechos, así como de delitos y sanciones, pero sobre todo de actualización jurídica; por lo que hay leyes que pierden vigencia o simplemente dejan de ser utilizables, o son caducas para una sociedad moderna.

Ahora bien, derivado de lo anterior, alguna vez se han preguntado ¿cuál es el procedimiento para hacer leyes?, en primer lugar este procedimiento es conocido como “Proceso Legislativo” y está compuesto por varios actos, que son: presentación de la iniciativa ante la Cámara de Diputados, Senadores o Comisión Permanente, por parte de los facultados constitucionalmente para ello; turno de la iniciativa dictado por el Presidente de la Mesa Directiva a Comisiones para su análisis y dictamen; presentación al Pleno de la Cámara del dictamen sobre la iniciativa por parte de las Comisiones correspondientes; discusión del dictamen por parte del Pleno de la Cámara y; votación del proyecto de ley o decreto.

Pero, ¿qué es una iniciativa?, es un documento formal que propone reformar, adicionar o derogar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de una ley ordinaria, o bien, crear o abrogar algún ordenamiento jurídico; ¿quién puede presentarla?, de acuerdo al artículo 71 constitucional, el Presidente de la República, diputados y senadores, legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa de la CDMX, también, los ciudadanos en un número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores lo que es equivalente a 109,865 ciudadanos. Dentro de su estructura debemos encontrar el título, fundamento jurídico, exposición de motivos, texto del proyecto de ley o decreto que se propone, y nombre y firma del promovente; finalmente si el proyecto de ley o decreto es aprobado por el Pleno, existen dos supuestos: 1) Se envía al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si se trata de un decreto en materias de exclusiva competencia de la Cámara de Diputados o de Senadores y 2) A la otra Cámara en la que se turnará para su dictamen, discusión y eventual aprobación.

Como verán, el tránsito de una iniciativa es larguísimo, lo anterior, para poder llevar a cabo un verdadero y profundo estudio de las futuras leyes que regirán a nuestro país, por supuesto, recordemos que toda ley puede ser perfectible.

Diputados aprueban revocación de mandato y modificaciones a consulta popular

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Con 328 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló esta tarde el dictamen que reforma la Constitución Política en materia de consulta popular y revocación de mandato.

En medio de un intensa polémica por las acusaciones de la oposición respecto a las intenciones reeleccionistas que hay en el dictamen, Morena logró volver a imponerse y, junto con el PES, PT, Partido Verde, los últimos 9 perredistas que emigraron a las filas morenistas y, curiosamente, los priistas Rubén Moreira, Fernando de las Fuentes y Martha Garay, lograron el plus de los 10 votos que les hacían falta para obtener mayoría calificada.

El dictamen contempla reformas constitucionales que abren la posibilidad a que el presidente de la República se someta a la revocación de mandato a la mitad de su Administración, es decir, en 2021.

Los legisladores de oposición lamentaron que en plena elección intermedia, el mandatario vuelva a aparecer en una boleta electoral con motivo de la consulta sobre revocación.

“El siguiente paso es la reelección y no se advierte que el pueblo mexicano quiera parecerse a Bolivia, a Ecuador o a Venezuela”, lanzó desde Tribuna la legisladora priista María Alemán.

En defensa del dictamen, Tatiana Clouthier, aseguró que con él se amplían los derechos políticos de los mexicanos y rechazó que con las modificaciones se trate de buscar la reelección como lo quiere hacer creer el PRI y el PAN.

“Revocación quiere decir procedimiento electoral mediante el cual los ciudadanos o electores pueden votar para cesar a un funcionario electo de su cargo público. Les recuerdo, señores diputados, que, si esto lo hubiéramos tenido antes, el propio presidente Enrique Peña Nieto no hubiera llevado al país al despeñadero”, indicó la legisladora.

Los cambios también contemplan la realización de consultas populares anuales organizadas por el INE.

En el caso de estas, el dictamen reduce de dos a uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electorales como requisito para activar este ejercicio.

(Fuente: El Mañanero Diario)

INE se ampara: suspenden reducción de salarios

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El Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina del Instituto Nacional Electoral (INE) logró un amparo para que el Poder Judicial suspenda el tabulador de sueldos aprobado por la Cámara de Diputados donde los funcionarios del órgano electoral tendrían disminución de sueldos para no exceder el monto que percibe el presidente de la República.

#Kleroterion: “Es momento de hablar de la pena de muerte…”

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Tomó mucho más tiempo encontrar el cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth Polina de 8 años de edad, que enterarnos sobre los antecedentes delictivos de su asesino, Juan Fernando R. que, por cierto, era buscado desde 2014, pero tras la indignación social que ocasionó dicho crimen, fue capturado en pocas horas.

Este delincuente y ex-policía estatal, a lo largo de su vida ya había sido procesado en tres ocasiones, una por lesiones y otras dos por abuso sexual de dos menores más, incluso había cumplido una sentencia en prisión, una pena privativa de la libertad que de nada sirvió, pues lo volvió a hacer y ahora además, incluyó el homicidio doloso en su lista de crímenes.

El caso de Ana es y seguirá siendo la punta del iceberg, pero cuántas familias lloran a sus muertos arrebatados por personas sin alma y sin escrúpulos, sobre todo por asesinos que nunca tendrán una readaptación social y que se insiste en seguir invirtiendo en ellos sin tener resultado alguno. En algunas ocasiones se encuentran a los delincuentes, pero en la mayoría  de los casos siguen libres y por supuesto cometiendo delitos cada vez más atroces.

Siguiendo este tipo de delitos, en el caso de feminicidios, existen más de 23 mil asesinadas en lo que va de la década, por lo que coloca a México con una tasa de las más altas de América Latina y lo dejan por debajo de los dos países más peligrosos del mundo, Honduras y el Salvador, de acuerdo al informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, en su último informe sobre violencia de género dice que las mujeres son privadas de su vida con mayor saña y violencia.

Ahora bien, cuando los hechos de violencia escalan de esta manera, el primer instinto que se tiene como ciudadano es culpar a las Fuerzas Armadas, al sistema político, a la policía y al gobierno, exigiendo mejores resultados, sin embargo, cuando el delincuente es detenido, juzgado y sentenciado, para la mayoría de los ciudadanos esto no es suficiente. Esto no quita el sufrimiento de las personas por encontrar a sus familiares asesinados de maneras inhumanas y darse cuenta que el culpable nunca se readaptará en esta sociedad y que cada día se vuelva más peligroso.

Es por esto, que cuando una niña de 8 años es secuestrada, abusada y asesinada, o como el caso de  Fátima Quintana del Estado de México, que con tan solo 12 años, fue violada, apuñalada, cercenada y fracturada, se hace necesario replantear estos temas que están latentes y lastiman cada vez más a nuestra sociedad a nivel nacional, me refiero a las penas corporales, específicamente a la pena de muerte.

Dentro de esta sociedad tan lastimada se han manejado conceptos como pena de muerte, castración química, cadena perpetua, por ejemplo, en los días previos al hallazgo del cuerpo de la pequeña Ana Lizbeth, los comentarios no sólo son realizados por los familiares de la víctima o la turba enardecida de las redes sociales, sino también están siendo debatidos por activistas sociales y académicos, por lo que no podemos abstraernos de esta situación.

Tengo muy claro que nuestra Constitución no nos permite aplicar la pena de muerte, especificado en el artículo 22 y que a la letra dice: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.

Pero me parece necesario replantearnos las siguientes preguntas, ¿será momento de modificar este artículo?, ¿será momento de proponer excepciones?, ¿será momento de ser más estrictos y duros con las penas para estos casos?; es evidente que hay individuos como Juan Fernando, que tienen pocas o nulas posibilidades de reinsertarse.

También estoy totalmente seguro que tenemos un sistema de justicia garantista, en el que se toman en cuenta los derechos humanos, así como un riguroso proceso para asegurar que la persona que está vinculada cuente con un trato justo y profesional, se realiza así para tener la certeza de la culpabilidad del individuo sobre una conducta delictiva antes de imponer una sentencia, pero también me queda claro que el sistema penal actúa conforme a lo que tiene en su marco jurídico.

Concluyo con otra pregunta, el Estado Mexicano en su conjunto y los ciudadanos a través de sus impuestos, ¿debemos estar manteniendo artificialmente a individuos que no tienen ninguna posibilidad de ser reinsertados en sociedad?.

Me parece que ha llegado el momento de ponerlo sobre la mesa, iniciemos este debate de manera razonada y real, pero sobre todo con la premisa de que “una sociedad no puede vivir sin justicia y con impotencia”.

 

Reducción al financiamiento público de partidos políticos

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Convencido que la población siente indignación ante el gasto irracional de los partidos políticos y que México pasa por una crisis financiera, que los hospitales no son dignos para la población, que algunos ni siquiera tienen medicina y de que el gobierno debe ser sensible ante la exigencia de la gente, propongo bajarle hasta un 90 por ciento al presupuesto de los partidos y unirnos para que se deje de gastar miles de millones de pesos en cosas que no nos dejan ningún beneficio.
La ley por ahora, marca que el padrón electoral (Unas 80 millones de personas) es el que rige el presupuesto multiplicado por el 65 % de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dando una cifra estratosférica de más de 4 mil millones de pesos anuales, ¿Se lo merecen los partidos políticos?, para nada y tenemos que hacer que se ganen ese presupuesto con la modificación al artículo 41 de la Constitución que establece el presupuesto y al artículo 51 de la Ley general de partidos políticos que es la que dice cómo se reparte el presupuesto.
En esta iniciativa, propongo que sea el número de votos en la elección más reciente al presupuesto multiplicado solo por el 15 por ciento de la UMA, que representaría solo asignar cerca de 355 millones de pesos, así el dinero que se ahorraría podría ser usado en beneficio de la ciudadanía, como en hospitales, educación o programas específicos que ayuden a la gente, porque finalmente es su dinero.
Tenemos que lograr que los diputados y senadores le entren al tema y se atrevan a votarla a favor, que se pongan a trabajar y ganar votos reales, eso también sería muy bueno para nuestra democracia, porque ciudadanos más participativos son mejor representados.
Es un gran golpe para los partidos, pero es necesario para nuestro país, pronto estaré presentando también una iniciativa similar en el ámbito local, esto es un “ya basta” en hacer millonarios a los partidos y es un aliento para todo el país.
Y yo sé que se preguntaran: “¿Por qué hasta ahora que no tiene partido lo hace?” Déjenme decirles que no es así, esta iniciativa ya la había presentado cuando aún pertenecía al PRI, pero en el Congreso, las iniciativas son presentadas por bancada, y esta iniciativa estaba congelada por ellos, es una de las razones por las que me salí del partido, para ser libre de legislar, sin ataduras, por México.
Y voy a luchar porque esta iniciativa sea una realidad, por ahora, ya fue turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales del Congreso de la Unión.
Les dejo mi celular para debatir: 044-811-077-26-78 ¡Cuenten conmigo!

Centenario Patriótico

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Chihuahua, 1916 – En los inicios del siglo XX México se encontraba en la antesala de una guerra debido a una de las relaciones más tensas que ha tenido con los Estados Unidos, cuando el ejército norteamericano comandado por el general John J. Pershing emprendió una búsqueda ilegal por el norte del país para capturar al revolucionario Pancho Villa.

Ante las hostilidades el presidente en turno, el general Venustiano Carranza, respondió a la amenaza con lo que se conoce como la batalla del Carrizal resultando México vencedor. Con esta victoria el ejército constitucionalista protegió la soberanía y dignidad mexicana.

Este suceso fortaleció la creación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de Febrero de 1917, la cual es la consolidación escrita e institucionalizada de la autonomía mexicana como una nación libre y soberana.




Pionera en la promulgación y defensa de los derechos sociales, no por nada nombrada “la primera constitución social del siglo XX”. Producto directo de la revolución y el impedimento de una tercera intervención estadounidense, a pesar de la inestabilidad nacional y mundial, México logró la creación de una Carta Magna que ha sido usada como ejemplo y punto de referencia para futuras a lo largo y ancho del globo terráqueo.

El pasado domingo festejamos su primer centenario desde que se decretó en la ciudad de Santiago de Querétaro. Un aniversario que pasó desapercibido, sin pena ni gloria, o bueno, algo de pena, eclipsado por uno de los eventos deportivos más fieles al sistema capitalista y de consumista representativo de los Estados Unidos y que imperiosamente ha impuesto a lo largo del mundo, el Super Bowl.

¿Dónde quedo el #ConsumeLocal o lo Hecho en México? ¿Alguien al menos recordó por que el lunes fue feriado?

Al parecer, y no es por generalizar,  se hizo notar nuevamente la doble moral del mexicano, o al menos la de los más de 5 millones de televidentes que estuvieron al pendiente del evento, no me mal entiendan, no se trata de entremezclar ambos temas –políticos y deportivos-, sin embargo, no podemos dejar de lado la faceta cívica que nos corresponde como participes legítimos de dicha constitución.

No hago mención a dejar de ver el Super Bowl y sustituirlo por un partido nacional, mi referencia va centrada a no echar en saco roto lo establecido en cada una de las paginas constitucionales, en la historia y el esfuerzo que nos llevó consolidarnos como una sociedad regida por una constitución a la altura de las circunstancias.




¡Felicidades a los patriotas!, pero… A nuestros compatriotas constitucionales, a cada uno de aquellos mexicanos que a pesar de no conocer a fondo lo establecido en la Constitución mantienen vigente lo ahí instituido. Al ciudadano civil que exige sus derechos una vez cumplido sus obligaciones, que respeta a sus conciudadanos y que no se excusa con la idea tan mediocre expresada, inclusive por líderes políticos, –el que no tranza no avanza-.

Cien años no se dicen fácil aún más con la complicada situación en la que nos encontramos nuevamente en una relación muy tensa con los Estados Unidos, por un presidente que violenta nuestra soberanía y pone en tela de juicio nuestra capacidad de defendernos.

La historia se repite y solo los más astutos sacan provecho de ella y evitan repetir los mismos errores. Entramos a un segundo siglo de vigencia constitucional y está en nuestras manos impedir que esta sea la más afectada, cuando somos los primeros en olvidarnos de que existe.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

100 años de la Constitución

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Felices o no. Pacíficos o no. Estamos cumpliendo 100 años desde aquel 5 de febrero de 1917 cuando el presidente Venustiano Carranza promulgó en el Teatro de la República de Querétaro la constitución que hoy todos conocemos.

Dicha constitución validaba las modificaciones a la carta magna de 1857 resaltando el heroísmo y patriotismo popular que reivindicaba la soberanía contra aquellos que querían apoderarse de nuestras tierras. Marcaba el fin de la lucha armada y el inicio de un orden legal.

¿Pero que nos pasó? ¿Porque hoy tenemos menos orden legal y más lucha armada?

Hoy a la constitución no hay que adorarla, hay que respetarla, ensancharla y aplicarla. ¡Ya es tiempo!
Y es que mientras decimos que hay derecho a la vivienda digna, esta se contrasta con la realidad de miles de personas que viven en una situación de pobreza y que día a día luchan por sobrevivir.




Mientras pregonamos el derecho a la educación gratuita y de calidad, nos damos cuenta que hoy todavía existen miles de niños analfabetas.

Mientras el gobierno aplaude el principio de igualdad, nos damos cuenta que efectivamente en México todos somos iguales, solo que unos son más iguales que otros.

Mientras repasamos el principio de legalidad, diariamente somos testigos que muchos políticos, empresarios y ciudadanos se lo pasan por las patas.

Que mientras no respetemos a todos aquellos que tienen gustos, preferencias e ideas diferentes a nuestra forma de pensar, no podremos cumplir con el principio de no discriminación. Que mientras nuestra libertad de expresión se vea cada vez más coartada, no podremos sentirnos seguros de nuestra palabra.

Y que mientras sigamos teniendo una libertad de prensa inexistente, no habrá medios de comunicación que hablen de la realidad en México sin temor a ser castigados. Y si no, pregúntenle a Aristegui, Brozo o Ferriz de Con.

Mexicanos, tenemos que trabajar por ensanchar la constitución de manera que se contemple a todos. Donde se respete y aplique el derecho al empleo, a la vivienda digna, a la sanidad y la educación. Una constitución donde nuestros derechos no estén solamente escritos, sino que sean reconocibles y palpables en el día a día. Ensanchar para buscar una justicia independiente que garantice la lucha contra la corrupción.

A 100 años el reto de la constitución no está en el establecimiento, sino en poder garantizar que se cumpla por todos y todas.




Si no nos vemos, pues nos escribimos.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”