Poder Judicial ¿el enemigo?

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Hace unos cuantos días, desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, se realizó una de las afirmaciones más preocupantes para nuestro Estado de Derecho. El Secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, mientras comunicada sobre un operativo en Sonora donde decomisaron 691 kilos de metanfetaminas líquido, mencionó lo siguiente, refiriéndose a este operativo: 

Esta es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, la ayuda no la tenemos de jueces y ministerios públicos (…) tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo a la detención”

Si bien, el comentario pudiera pasar desapercibido por los funcionarios presentes en ese momento de la conferencia, las palabras del Secretario encerraban un tema mucho más profundo: la independencia judicial. Ante el comentario del titular de la Marina, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, emitió un comunicado donde menciona que “los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la constitución y actúan en defensa de los Derechos Humanos de las personas”.  

Esta retórica resulta muy peligrosa en un país como el nuestro, donde el Estado de Derecho sigue en constante consolidación y asedio. Como bien menciona el Profesor Aníbal Pérez-Liñán: “La forma de gobierno que conocemos como “democracia” en el siglo XXI está fundada en dos instituciones distintivamente modernas, configuradas en el siglo XIX: los partidos políticos, y el control de constitucionalidad. Y son justamente estas dos instituciones las que protegen la democracia, protegiéndose mutuamente”. Cabe mencionar, que el órgano encargado de dicho control de constitucionalidad es el Poder Judicial. Dicho poder tiene un tarea fundamental: ser el encargado de limitar al poder conforme lo que diga la constitución y tratados internacionales. En el concepto y vida de la democracia, los jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras, resuelven conflictos y arbitrariedades. 

El constitucionalismo y la democracia no están peleados entre sí, todo lo contrario, se complementan. No podemos afirmar que en nuestro país tenemos un democracia funcional, sino gozamos de un poder judicial independiente, consiente y responsable. Esto no quiere decir que el poder judicial esté exento de críticas, sin embargo, el actuar de éste no puede estar sujeto o circunscrito a la popularidad o cercanía con los demás poderes, si bien es contrapeso, no es oposición.  Por ello, Arneson define democracia constitucional como “un régimen que se rige según los principios del gobierno democrático y que están determinados por una Constitución que reconoce ciertos derechos de los ciudadanos, los cuales son reforzados por jueces no elegidos y poseen poderes finales de revisión”. 

Desde un análisis comparativo, vemos cómo el seguir dicho camino de ver al poder judicial como un enemigo, lleva al autoritarismo, ejemplo de ello es El Salvador, donde el Presidente Nayib Bukele y su mayoría en el Congreso destituyeron a los Magistrados de la Sala Constitucional y  al Fiscal General de la República. Esta misma situación se repite en países como Guatemala, Hungría, Polonia y Venezuela, los cuales tienen como común denominador la erosión democrática y del estado de derecho . 

Un verdadero gobierno democrático, evitaría una confrontación con elpoder judicial sólo porque no resuelve a su favor, ya que eso dejaría en evidencia que lo que quiere es sumisión o control, pero tampoco se puede exigir que el poder judicial inicie otra confrontación con el poder ejecutivo o legislativo, dado que sólo se mantiene en la dinámica de pesos y contrapesos. Como bien escribió el Ministro Presidente Arturo Zaldívar: La función judicial no puede ser valorada en estos términos. La independencia judicial no descansa en el sentido de los fallos, sino en que las resoluciones sean dictadas con autonomía y libertad, con base en razones públicas legítimas y persuasivas. Es en el campo de los argumentos robustos y de la evidencia clara que la sociedad puede distinguir las decisiones debatibles, de las que son arbitrarias“.

Abren proceso de desafuero contra Saúl Huerta, diputado acusado de violación sexual

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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados abrió el proceso de desafuera contra el legislador morenista Benjamín Saúl Huerta, quien es acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad. El diputado contará con un plazo de siete días para comparecer de manera presencial o por escrito ante la Sección Instructora.

En carácter privado, sucedió una reunión virtual del órgano jurisdiccional de la cámara de diputados donde radicó la solicitud de declaración de procedencia presentada ayer por la fiscalía capitalina y abrieron el proceso. El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, subrayó que el proceso se llevará adelante lo más rápidamente posible, pero son atropellar los derechos del inculpado.

La legisladora priista Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora, coincidió en la necesidad de respetar el debido proceso y las garantías tanto del denunciado como del denunciante.

Con información de Milenio

La justicia necesaria

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En días recientes y por todos los medios de comunicación así como redes sociales, se habló y analizó el paquete de iniciativas en materia de Justicia del Fiscal General de la República, la Consejería Jurídica y el Senador Ricardo Monreal. Esta supuesta iniciativa filtrada a medios de comunicación, fue sumamente criticada por académicos, especialistas y analistas debido a su contenido que iba en sentido contrario al nuevo sistema de justicia penal del año 2008, la reforma en 2011 en materia de derechos humanos, y su naturaleza de respeto a los derechos humanos de todas las personas (partes) involucradas  en el proceso de justicia. Sin la intención que analizar a profundidad dicho paquete de iniciativas, la realidad es que este hecho abrió la puerta para discutir y reflexionar sobre una situación de trascendencia y relevancia para nuestro país: el sistema de justicia mexicano.

En esencia, un sistema de justicia es un factor determinante para la consolidación del Estado de Derecho, instituciones y una vida democrática ,  generando una mayor satisfacción confianza y educación ciudadana con los aparatos del Estado; en ese sentido, si verdaderamente queremos combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, tenemos que apostarle a transformar nuestro sistema de  procuración de impartición de justicia. Sin embargo, una modificación tan ambiciosa y con  una  supuesta de  intención de cambiar las cosas de fondo, obliga a incluir a los diversos actores involucrados como Universidades, activistas, Centros de Investigación, Colegios Profesionales, el mismo Poder Judicial, etc, cuyas opiniones y aportaciones son necesarias y fundamentales para realizar una reforma integral. En segundo término, hay que entender la realidad social para conocer los flagelos del sistema judicial.

De acuerdo con la organización World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 2019, México ocupa el puesto 99 de 126 países evaluados, lo que representa una caída de 2 posiciones en comparación con las evaluaciones 2017-2018; siguiendo el mismo Índice, una de las mayores preocupaciones de la organización, es el deterioro general del Estado de Derecho y  los controles al poder gubernamental. Los datos anteriores resultan alarmantes, ya que el apego a la ley y a las arbitrariedades del poder, son imperativos para poder soluciones los problemas de la sociedad. Como afirmar una destacada constitucionalista : “la justicia es un instrumento de pacificación”, y en esa lógica, debemos fortalecer estos mecanismos de pacificación cotidiana o extraordinaria. También, existen temas urgentes como el expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en México el 98% de de los delitos permanecen en total impunidad, lo que reduce la confianza de los ciudadanos con los aparatos del Estado, incrementaron aún más la cifra negra de delitos no denunciados, generando un circulo vicioso de injusticia sistemática. De igual manera, para aquellos dentro del sistema penitenciario, existe una violación sistemática del debido proceso y  presunción de inocencia, así como otros  derechos humanos, ya que en el 2016, el 35% de las personas en cárceles no ha sido sentenciado . Sumando los datos anteriores, vemos que en nuestro país solo se resuelven el 5% de los homicidios y 5 condenas por cada 100 víctimas. Vemos que realmente existe un  sistema deficiente, cuando la alta carga de casos en los Ministerios Públicos llega a ser inquietante cuando en lugares como en Guerrero cada fiscal tiene 900 casos pendientes y en términos generales son 102 crímenes sin respuesta por cada policía de investigación; lo que nos hace afirmar que “esclarecer un homicidio en México es una excepción y no una regla” en donde somos el penúltimo lugar (58 de 59) de países evaluados en impunidad en torno a seguridad, justicia y derechos humanos. Cómo podemos ver analizando datos generales y de una fracción del universo de problemas relacionados al comportamiento del aparato de justicia mexicano, estamos pasando una crisis identificada y urgente. Por ello, resulta ser de toda trascendencia, sin embargo, necesitamos abordarlo desde la realidad y no de la realidad política. En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni en el Senado de la República: “Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca nos hemos propuesto seriamente derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza y exclusión. Una cuestión tan básica como darles abogados a quienes no pueden pagar uno ha sido, hasta ahora, un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante. Una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición un sociedad desigual”.

Pide PRI no atribuir a instituciones actos de Lozoya

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI pidió no sea atribuyan a institución alguna los actos que se le inculpan a Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 
En un breve comunicado, el PRI afirmó que quienes faltan a la ley son las personas y es a ellas a las que se les debe aplicar todo el peso.
“Subraya que las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución, pues quienes faltan a la ley son personas que sirven a ellas, a quienes, una vez agotadas las investigaciones, se les debe aplicar todo el peso de la ley”, señaló.
El partido demandó que las autoridades tengan una estricta aplicación de la ley y que respeten al Estado de Derecho dentro del marco de la indagatoria contra Lozoya. 
“En torno a la detención de Emilio Lozoya Austin, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) exige la estricta aplicación de la ley, agotando puntualmente el proceso judicial en el marco de nuestro Estado de Derecho”, agregó.
Con información de Grupo Reforma. 

Estado de Derecho en Decadencia

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México está en un eterno grito de auxilio, un grito que no es escuchado ni atendido. Nuestro país, como la mayoría de los países latinoamericanos, es relativamente nuevo en comparación a naciones del resto del mundo. Seguimos en una constante transformación que nos ha costado vidas, seguridad, respeto, humanidad y educación. Prueba de todo esto son dos hechos recientes importantes: la famosa liberación de Ovidio Guzmán y la masacre contra la familia LeBaron.   

¿Qué nos está pasando? Estamos llegando a un punto en que el único resultado a esperar es la violencia y la falta de Estado de derecho. Tenemos instituciones debilitadas por un sistema que ha cargado a lo largo del tiempo con vicios generados por quienes lo ejecutan. Vivimos en un país en donde la mayoría de los estados tienen alerta de género, como si el ser mujer fuera un mal que se debiera exterminar. Todos tenemos tan poco interés en nuestro país que la única vez que nos importa nuestro gobierno, las decisiones que toman y los programas que tendrán, es en periodo electoral. Nos hacemos de la vista gorda aceptando y tolerando los constantes abusos de la autoridad, los tratos chuecos que se tienen con el narco, el sistema tan pobre de acceso a la salud, la falta de educación y las innumerables violaciones a derechos humanos. Todo esto con la excusa de que si no nos afecta directamente a nosotros, entonces no es nuestro problema. Pero sí, esto es problema tuyo, mío y de todos. 

Nuestro presidente sigue convencido que el modo que ha llevado desde que inició su administración es el correcto, pero nadie le ha dicho que en estas situaciones no se trata de estar bien o no, si no de hacer lo que brinde mayor protección a los derechos de la población y lo que más se apegue al comportamiento de la misma. Claro, sin perder su autoridad como se vio en el caso de Ovidio. “Sí nos va a llevar tiempo desde luego, pero vamos bien. Y al no haber complicidad entre autoridades y delincuencia… Nada de que vamos a respetar a los delincuentes. No, el que comete un delito va a ser castigado. Y no vale el dinero, nada de que con dinero se logra todo. No tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio”, expresó López Obrador. Es incongruente hablar de que se mantendrán firmes en la detención de criminales, cuando en las acciones demuestran completamente lo contrario. La hipocresía en este país es tan descarada, que creen que por decir las cosas con seguridad la gente creerá lo que dicen y ya no se preocupan en que sus acciones demuestren lo que predican o no. 

Los verdaderos cambios toman tiempo, no se puede negar. Pero tampoco se puede refutar e ignorar los hechos. “Vamos bien, que no haya duda de que vamos muy bien y que vamos a ir superando todo esto, que es una herencia de una política fracasada, que nunca más se va a volver a aplicar en el país” dijo el presidente. No se está pidiendo menos de lo que el pueblo mexicano merece: que el gobierno haga su trabajo. Se debe atacar el problema actual y paralelamente lo que lo provoca, porque ignorar lo que sucede hoy solo nos dará como resultado lo que siempre vivimos: muertes, violaciones, secuestros, falta de escolaridad, problemas económicos y así la lista puede seguir. El sistema y los programas que tienen, no son el problema. El verdadero obstáculo es la deficiente ejecución de estos. No dejemos que los hechos que afectaron nuestro pasado condenen nuestro futuro. 

La frágil democracia mexicana

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Nos encontramos en un punto de inflexión histórico, hasta hace algunos años las democracias se encontraban en un claro aumento a nivel global, pero la falta de resultados económicos y sociales llevó a que muchas votaran por alternativas de organización política, o simplemente se fueran por líderes carismáticos y autoritarios. 

Para entender qué es una democracia hay que irnos a la base de su creación. Primeramente tenemos que entender que el gobierno, así como la economía, los derechos humanos, el comercio internacional, son constructos sociales. Estas son estructuras e ideas que los humanos inventamos para identificarnos, relacionarnos y vivir en sociedad. No hay ninguna otra especie en este mundo que tenga bancos, ética, congresos, bonos, etc. 

El principal constructo social que promueve la cohesión social, política y económica de un grupo de personas es el Estado, algo que se entiende como esa idea de lo que es México en su gobierno, con su moneda, con su diversidad social, leyes, etc. El Estado está basado en el monopolio de la fuerza, la ética social, el Estado de Derecho, la soberanía del pueblo o la misma razón.

El Estado para funcionar requiere de un gobierno, que son las instituciones que administran la división político-administrativa de un país. O sea son las secretarías, organismos, institutos que administran nuestro México. Los gobiernos a su vez cuentan con ideologías políticas y económicas que utilizan para cumplir sus objetivos. Es por esto que existen los socialistas, capitalistas, progresistas, etc. que a su vez actúan mediante políticas públicas y leyes que reflejan esos ideales. 

Las ideologías se deben ver en un eje económico, que es quién administra los factores de producción (tierra, trabajo y capital) si individuos o el gobierno, y un eje político, que se basa en la capacidad de autorregulación humana y la necesidad de intervención del gobierno en la cohesión social. Hay centenas de tipos de gobierno que combinan sus ideologías, China es un gobierno autoritario con un amplio control de los derechos políticos y sociales, pero con una economía fuertemente capitalista. Alemania tiene una ideología de amplio reconocimiento de derechos políticos y sociales así como una economía mixta entre capitalista para el sector empresarial e industrial y socialista para el sector de salud, transporte, educación, entre otros. No es correcto pintar a China como comunista ni a Alemania como capitalista, el trasfondo es mucho mayor.

Lo que vivimos en México es que el PRI controlaba la totalidad del Estado Mexicano, dependiendo del presidente se marcaba la línea ideológica. Desde gobiernos prácticamente autoritarios y conservadores con Díaz Ordaz, el socialismo de Lázaro Cárdenas, hasta el neoliberalismo de Salinas y Zedillo.

Es por esto que hemos construido un México donde lo importante ha sido la forma y no el fondo. En papel tenemos una protección muy amplia de derechos, herramientas de defensa como el amparo y el reconocimiento de minorías, todo gracias a la mezcla ideológica de nuestro gobierno. Pero ese México sólo existe en papel y para quienes tienen dinero para contratar los abogados adecuados. Para el resto existe otro México, uno que no tiene ideología y todo se basa en el poder político y económico, uno en el que el PRI aún mantiene el poder, y uno en el que el pluralismo partidista ha llevado al borde del descontrol.

Apenas en estos últimos 20 años hemos probado lo que realmente significa ser una democracia. Ya hay una diversidad de partidos en el poder, el problema es la falta de instituciones democráticas fuertes que ayuden a madurar paralelamente a los votantes y a los partidos con el gobierno. Es por esto que contamos con gobiernos estatales que rechazan abiertamente el Estado de Derecho con la Ley Bonilla, la defensa a los derechos políticos con la Ley Garrote, la administración fiscal responsable con la deuda de Coahuila y la protección a sus minorías en el Congreso de NL. Ellos hablan a través del poder y no de valores democráticos como la honestidad, solidaridad, responsabilidad, pluralismo, libertad, justicia social, tolerancia, igualdad, respeto, bien común y la legalidad.

La democracia la construimos todos mediante instituciones fuertes, el INE, la CNDH, el CONEVAL, la CRE, la CNH, BANXICO, el IFETEL, la COFECE, la FGR, todas son de reciente creación. Si queremos que México siga siendo una democracia es necesario defenderlas. En una democracia no cabe el gobierno de uno, un presidente es humano y jamás será la respuesta. En cambio, las instituciones que son democráticas no están sesgadas, no discriminan y sobretodo promueven la justicia y equidad social. Pero es necesario seguir separando a estas instituciones del poder político para que lo regulen, por el bien común. 

The Joker: La protesta contra el Estado de Derecho Fallido

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¿Puede un Estado de Derecho ser eficiente y por lo tanto, legítimo, cuando las oportunidades no es igual para todos los ciudadanos? Eso es lo que nos transmite la película The Joker. 

No daré spoilers. Pero quien tenga el más mínimo sentido de patriotismo podrá coincidir conmigo que la salud general, la pobreza y la lucha constante de mejores empleos es lo que nos muestra The Joker y nos hace pensar que sobrevivir en estas circunstancias son más crudas que las guerrillas en América Latina. 

La obligación de un Estado no es lo mismo que el de una Nación. Un Estado, para el gran jurista mexicano García Maynez en palabras del Florentino Maquiavelo lo define como “la comunidad con su gobierno propio e independiente y supremo en su orden” y toma su significado de las polis de los griegos y civitas de los romanos.

Y aquí es donde se centra el artículo: ¿Por qué protesta la gente? Simple: No se sienten representado por el Estado de Derecho que los gobierna. Se sienten como The Joker: Abandonados, sin un gobierno capaz de ejercer su facultad de orden supremo y cuidar el desarrollo de sus pueblos. 

Si pudiéramos pensar en un lugar donde las oportunidades son escasas y el actuar del gobierno es ineficiente, seguramente pensaríamos en alguna ciudad en cualquier país de la Latinoamérica, pero no es así. 

Ahí tenemos el caso del Bronco, Gobernador de Nuevo León: Político bien intencionado pero que la opinión pública lo pone como el penúltimo peor evaluado, solo superado por la Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum.

Aquí es donde radica la importancia que un Estado de Derecho exista. Necesitamos atender las necesidades de los ciudadanos. Las oportunidades no llegan a los 19 días ni a las 500 noches. Se trata de atender las necesidades de los ciudadanos. Dejar los intereses externos y poder entregar nuestro mayor esfuerzo. 

De no permitir que en la ausencia de nuestros como agentes políticos, permitir que existan The Joker que incomprendidos por nuestra sociedad, busquen crear una realidad alterna que impida entender que nuestra sociedad es más compleja de lo que parezca. Eso incluye a nuestros gobernantes. 

Lo que nos queda como generación es empezar a encauzar las protestas. No se puede ser puede tener un Estado de Derecho con protesta o al menos, sin escuchar las demandas. Y si son persistentes, son reguladores sociales para recordarle al Poder Supremo que las cosas se necesitan escuchar.

En México, existen protestas todos los días. Eso es nuestro semáforo: Nosotros debemos los moduladores. Nosotros debemos ser los reguladores. Por eso, seamos The Joker o no, debemos abonar a la construcción de nuestra sociedad.

Quien no quiere a su patria, no quiere a su madre.

ONGs llaman a la reconciliación nacional y promover concordia

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 A tres días de la elección del 1 de julio próximo, organizaciones de la sociedad civil llamaron a los mexicanos a hacer un ejercicio de tolerancia, emprender un proceso de reconciliación nacional, y promover la concordia en el país.

“Al margen de quién gane la contienda electoral, en una democracia, por imperfecta o incipiente como puede ser calificada la mexicana, los problemas nacionales los deberemos enfrentar y resolver todos con ánimos de avanzar y mantenernos en unidad”, dijeron.

El manifiesto lo hicieron organizaciones como México SOS, Mexicanos contra la Corrupción, Coparmex, Barra Mexicana Colegio de Abogados; así como diversos especialistas y académicos, quienes participaron en la formación de la Agenda México 18.24 Seguridad y Justicia.

Explicaron que más allá de las preferencias electorales de cada ciudadano, el sano desarrollo del proceso electoral depende del apego a la ley con que actúen partidos políticos, candidatos, representantes electorales y autoridades gubernamentales y electorales.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo, sin embargo, que los ciudadanos tenemos dos retos, vencer al abstencionismo y sobre todo rechazar al crimen organizado que estará presente en la jornada electoral.

Advirtió que las autoridades, por su parte, tienen la obligación y reto de garantizar la seguridad de los ciudadanos que acudan a votar, funcionarios de casilla y candidatos; así como preservar a toda costa el orden y paz social.

Consideró que, si en algo le queda a deber el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Poder Judicial de la Federación al país en estos seis años, es precisamente en materia de Estado de Derecho.

“Hay un déficit acumulado en materia de incertidumbre, en materia de corrupción, en materia de seguridad y en materia de impunidad“, dijo el representante del empresariado nacional.

Explicó que de ahí la pertinencia de que diversas organizaciones de la Sociedad Civil presenten una agenda completa para los próximos seis años en materia de seguridad y justicia.

“A la nueva administración, los dos poderes que serán electos, tienen como principal desafío en hacer las transformaciones necesarias que permitan niveles crecientes de seguridad y justicia“, agregó.

Indicó que la agenda 18.24 aporta elementos institucionales, legales y operativos, indispensables para transformar a profundidad el sistema de justicia, por lo que exigió al próximo gobierno acogerlas.

“Exigimos que el próximo gobierno que surja de la participación electoral del 1 de julio retomen de inmediato estas propuestas y las convierta en acciones de Gobierno“, agregó De Hoyos.

En tanto, Alejandro Martí, presidente de México SOS, dijo que esta iniciativa conjunta la experiencia, el conocimiento y sobre todo el talento al servicio de México para lograr la seguridad y justicia que necesita el país.

Advirtió que mientras los índices de violencia suben, los gobiernos hacen padecer a los ciudadanos de la curva de aprendizaje que conllevan las nuevas posiciones operativas que muchas veces se otorgan por favores políticos o compadrazgos.

“Evitemos ya el tradicional cambio de gobierno con cabio de expertos, con nuevos funcionarios y nuevos programas dejando atrás lo que sí se ha hecho bien. Esa es la razón de la agencia 18.24, no desecha lo bien hecho, pero si corrige lo que estuvo mal, no destruye para construir, sino que parte de los hechos para mejorar”, concluyó.

INE demanda esclarecer asesinatos de candidatos

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El Instituto Nacional Electoral (INE) demandó a las autoridades federales, locales y municipales investigar, esclarecer y sancionar a los responsables de los asesinatos de candidatos y precandidatos.

En entrevista, Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo, reiteró su llamado a las autoridades a que garanticen un ambiente de seguridad, paz pública y Estado de Derecho de cara a la jornada electoral del primero de julio.

“Nada peor para enfrentar un proceso electoral que la incertidumbre y la especulación respecto de los propósitos de la violencia que existen en nuestro País“, dijo.

“Tienen que aclararse estos asuntos, tienen que investigarse, tienen que sancionarse a los responsables, de eso se trata al final del día el Estado de Derecho del que depende la democracia“.

REFORMA publicó este lunes que, con 18 candidatos con registro asesinados desde que iniciaron las campañas, en marzo pasado, este proceso electoral se ha caracterizado por la violencia y el debilitamiento de las estructuras del Estado.

Córdova señaló que el asesinato de una sola persona ya debe ser, por sí mismo, un elemento de preocupación en un Estado democrático.

“Es preocupante y es condenable todo acto de violencia, insisto en el punto, la democracia significa la némesis de la democracia“, manifestó.

“Por eso es una responsabilidad del Estado de México, por eso las instancias de seguridad a nivel federal, local y municipal deben generar las condiciones para que la democracia se recree de manera oportuna y que todo crimen sea debidamente esclarecido”.

El consejero presidente informó que, con corte a esta semana, 36 candidatos han solicitado formalmente, a través del INE, que la Secretaría de Gobernación les bride protección.

Pese a ello, Córdova descartó que la elección esté en riesgo por la violencia.

Por el contrario, dijo, se les debe de exigir a los candidatos que, en caso de llegar al Gobierno, centren sus esfuerzos en combatir la inseguridad.

“Es indispensable, como una de las prioridades de los gobiernos que serán electos, el combate a la inseguridad, los procesos electorales se insertaron en un contexto de violencia que ya estaba allí, el año pasado, de por sí, con independencia de las elecciones, fue el más violento en la historia del País“, sostuvo.

“Es en ese contexto en el que lamentable se están realizando las elecciones, pero eso no implica, no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrilarse por la violencia”.

EPN fustiga a quienes cuestionan a ONGs

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El Presidente Enrique Peña Nieto cuestionó a las voces que han puesto en duda las aportaciones de las organizaciones sociales.

“Poner en duda la valía de las organizaciones de la sociedad civil es injusto e irresponsable. Un Gobierno que no acepta la crítica, el escrutinio público y la libertad de expresión es un Gobierno que siembra la intolerancia y la confrontación en la sociedad civil”, advirtió.

El mensaje de Peña Nieto, en ocasión de la inauguración de la pieza “Muro de Berlín” en el Museo Memoria y Tolerancia, pareció destinado al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien apenas la semana pasada fue criticado por decir que desconfía de las agrupaciones civiles.

Antes de aludir a las organizaciones sociales, el Mandatario habló de la crisis política y social que se vive en Venezuela y recordó que en Lima, Perú, 16 naciones alzaron la voz para reclamar la restauración de la institucionalidad democrática en esa nación y abogar así por el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho.

“Hicimos un exhorto al Gobierno venezolano para que permita la distribución de la ayuda humanitaria. Callar ante lo que está sucediendo en Venezuela es aceptar la violación de los derechos fundamentales; no denunciar la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país significaría ser cómplices de quienes pretenden destruir sus instituciones democráticas”, sostuvo.