No es mal humor, es indignación

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Sé que a veces se puede decir en algunas notas o comentarios que recojo de aquí o de allá en donde se dice (sic) que no hay buen humor, el ánimo está caído, un mal ambiente, un mal humor social, pero déjenme decirles que hay muchas razones y argumentos para decir que México esta avanzando y creciendo, como es en el caso del sector turístico”, externo el Presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada en el evento de Inauguración Tianguis Turístico de México en Guadalajara.

Perdón señor Presidente pero yo sí estoy de mal humor. No soportó observar que la cifras de homicidios en México ascienden a 151.233 muertos [1] , se reportan alrededor de 26.789 [2] personas desparecidas (además de ir a la alza), más del 64% [3] de los mexicanos y mexicanas que son detenidas sufren tortura, y por lo menos al día hay 5 feminicidios. No soportó la idea de que ahora los niños y niñas van a la cárcel por matar, mutilar, y quemar personas, nuestras prisiones albergan un estimado de 5 mil niñas y niños sentenciados por delitos graves relacionados al crimen organizado.[4]

Perdón señor Presidente pero yo sí estoy de mal humor. No soportó observar que la cifras de homicidios en México ascienden a 151.233 muertos , se reportan alrededor de 26.789 personas desparecidas (además de ir a la alza), más del 64% de los mexicanos y mexicanas que son detenidas sufren tortura, y por lo menos al día hay 5 feminicidios.

Como comentó Julio Scherer en su libro Niños en el Crimen: “ya se puede hablar de niños asesinos, menores de 12 años que tienen la fuerza suficiente para sostener un arma y disparar con la sangre fría de un adulto. [5]

No comprendo a qué se refiere con el avance en el sector turístico si las últimas notas que he leído respecto a ciudades consideradas como potencias en este ámbito están relacionadas con crimen organizado, muertes, violencia y robos. En Acapulco hace unos días acaban de realizar una manifestación por la Paz, pues ya están hartos del temor que prevalece en su Ciudad por culpa de la ineficaz estrategia de seguridad que ha implementado. [6]

Ayer se celebró el día mundial de la libertad de prensa, y recordé que México está catalogado como un país en donde no existe la libertad de prensa [7] , y además de ser considerado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, ocupando el séptimo lugar mundial en muertes y desapariciones a periodistas, 120 periodistas asesinados en los últimos 25 años. [8]

No comprendo a qué se refiere con el avance en el sector turístico si las últimas notas que he leído respecto a ciudades consideradas como potencias en este ámbito están relacionadas con crimen organizado, muertes, violencia y robos.

Un gobierno que no protege y garantiza los derechos humanos de sus ciudadanos, es un gobierno que no avanza, y por lo tanto se queda estancado y mediocre. Porque señor Presidente, yo también ya me cansé de estar de mal humor, ya me cansé de leer y observar todas las injusticias sociales que se viven en el país, en donde la justicia condena a los más vulnerables y deja exentos a los poderosos, para estas alturas mi mal humor más bien se convirtió en una constante indignación.

[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en México, pág.102 Informe 2016. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
[2] Id.
[3] Amnistía Internacional, Alto a la Tortura. 2014. Disponible en: http://amnistia.org.mx/hacemosn/tortura/ ; Amnesia Internacional, México: Salto en denuncias de tortura revela creciente cristis de derechos humanos. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/10/mexico-spike-in-torture-reports-reveals-deepening-human-rights-crisis/
[4] Excelsior, Menores sicarios, víctimas y verdugos del crimen organizando. 2015. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/09/1039241
[5] Scherer, Julio. Niños en el Crimen, Editorial Grijalbo, 2013, pág. 18.
[6] El Universal, Exigen paz en Acapulco; sigue clima de violencia. 2016. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-paises-con-menor-libertad-de-prensa/ http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/04/28/exigen-paz-en-acapulco-sigue-clima-de-violencia
[7] Forbes, México, entre los países con menr libertad de prensa. 2016. Disponible en:
[8] Forbes, México, séptimo lugar en homicidios impunes contra periodistas. 2014. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/mexico-septimo-lugar-en-homicidios-impunes-contra-periodistas/; Universal. Registran 120 periodistas asesinados en México en los últimos 25 años. 2016. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/02/3/registran-120-periodistas-asesinados-en-mexico-en-los-ultimos-25

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Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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Fuero político: el “pégame pero no me dejes” legal

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Entre los principios que definen a un estado de derecho se encuentra la justicia, misma que contribuye a que existan diversos factores que integran una dualidad. Una de las manifestaciones básicas de la justicia radica en el hecho de que todo individuo sea juzgado por la ley, sin contar con privilegios como los que podría tener una persona con título nobiliario en países donde esta costumbre continúa vigente. De igual manera, la justicia debe entenderse no solo en ser juzgado por la misma ley que se aplica a todo mexicano, sino también en el hecho de ser congruentes. No puede haber democracia si no se juzga de la misma forma a cada ciudadano. Algunos defenderán a capa y espada que es necesario el fuero para que los servidores públicos no sean víctimas de ataques orquestados por opositores.

Sin embargo, de ser la posibilidad de tener en riesgo la libertad, imagen moral o integridad el motivo por el que existe este tipo de inmunidad llamado fuero, se tendría entonces que extender el fuero a diversos profesionistas, quienes arriesgan incesantemente la vida misma y no poseen una inmunidad que resulte en que la decisión de salvar su integridad física o moral recaiga sobre sujetos de su misma área de trabajo que determinen si estos deben ser o no procesados penalmente. Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Tanto periodistas, activistas, bomberos y doctores, por mencionar algunos, todos y cada uno de ellos arriesgan no solo su imagen pública, sino su vida a favor del pueblo más que cualquier funcionario y ninguno posee actualmente una protección que los ayude a seguir sirviendo a su gente aún cuando se tengan presuntas pruebas de participación en actos ilícitos.

Asimismo, si el argumento a favor del fuero es la ausencia por motivo de que al proceder penalmente se impida el ejercicio de responsabilidades del servidor público, se debería recordar que este cuenta con un suplente, para que tome su lugar cuando sea necesario; para que lo cubra todo el tiempo que haga falta. Si esto es realizado en cualquier empleo ¿por qué no habría de realizarse dentro de la política?

En las variadas esferas laborales, los patrones, los consumidores y demás implicados deben pagar el precio de que un empleado, tal vez muy capaz, se ausente por diversas causas, como por ejemplo, una procedencia penal y deba de reemplazársele todo el tiempo que permanezca la causa que lo impide realizar su labor. En la política, el pueblo está dispuesto a pagar ese precio que se paga en los demás sectores de trabajo, debido a que el fuero es equiparable a decir que: el remedio es peor que la enfermedad.

Además, como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad; con ejemplos como Medina y Duarte, en el norte y sur, respectivamente, el fuero ha demostrado ser la herramienta perfecta para que los políticos continúen empobreciendo, oprimiendo y censurando a los ciudadanos; aunado al pensamiento caudillista que parte de la sociedad mexicana posee, da como resultado que esta misma inmunidad sea considerada como una especie de “pégame pero no me dejes”, de carácter legal: ya que para salir adelante ocupamos un líder obligatoriamente, no importa si este ha cometido un acto ilícito, pues más vale estar mal acompañados que solos, pues como ciudadanos no podemos hacer algo sin ayuda de nuestros políticos.

…como se ha observado a lo largo de la historia de nuestra nación, desde tiempos pasados hasta la actualidad, el fuero no ha servido más que para mantener en la impunidad a aquellos funcionarios que han tomado la decisión de traicionar al pueblo y han optado por perjudicarlo y despojarlo de su dignidad…

He ahí una justificación pobre que a veces llega a emplearse para mantener vigente el fuero político. No obstante, como sociedad siempre se puede cambiar y comenzar a hacer frente a esta situación, exigiendo la derogación de este artilugio, cuya función no radica más que en conservar este régimen, donde individuos con la responsabilidad de velar por los intereses populares se reparten el botín que proviene de cada uno de nosotros como contribuyentes.

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Representación indígena en el congreso

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Como consecuencia del legado que actualmente se conserva de la cultura prehispánica, se puede concebir como uno de los pilares de la sociedad mexicana la pluralidad en sus diversas manifestaciones, como lo son las tradiciones, lenguas, valores y una diversidad de ideologías de cada pueblo originario. Es esa conservación de la pluralidad la que contribuye a legitimar cualquier sistema democrático, así como legitimar el compromiso que cualquier nación haya hecho, mediante acuerdos internacionales y reformas a la constitución propia, respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos, como es el caso de México.

A lo anterior se entiende “conservación de la pluralidad” como un compromiso progresivo en cuanto a la defensa, promoción, y aceptación de las variadas características pertenecientes a todo grupo étnico que integra un país. Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso?

Asimismo, hoy en día es observable como la población originaria, a pesar de poseer autonomía en cuanto al modo de administrar variadas regiones, no cuentan con una mínima representación en el ámbito democrático correspondiente a los poderes de la unión. Al contar con un ínfimo número de legisladores, la comunidad nativa pierde de manera considerable la posibilidad de ver reflejados sus intereses en las cámaras de diputados y senadores respectivamente, lo cual genera que no sean tomados en cuenta de la misma forma, a como podrían serlo si tuvieran un número decente de personas de su propia comunidad fungiendo como sus portavoces y velando por ellos, junto a los demás legisladores. Son por estos motivos, que se entiende como totalmente necesario el reformar preceptos constitucionales, los cuales garanticen la inclusión de los habitantes de pueblos indígenas en el congreso; considero que, luego de haber perdido sus territorios, así como parte de sus culturas, lo menos que se puede hacer es brindar (al menos mientras el panorama social progresa) un espacio a aquellos herederos de las culturas prehispánicas dentro del poder legislativo.

Si bien se ha avanzado en cuanto a la difusión de la inmensa variedad y riqueza que México posee en costumbres y tradiciones de cada pueblo originario, no se puede hablar de la misma forma sobre el fomento a la inclusión social y democrática de los ciudadanos indígenas.

Por otra parte, en cuanto al sustento basado en antecedentes, si ya existen reformas vinculadas a solventar el problema de la desigualdad de género en el reparto de candidaturas de los partidos políticos, las cuales han resultado fructíferas en mejorar esa distribución, ¿Por qué no implementar modificaciones a las leyes para que estas fomenten una equidad en la asignación de puestos representativos de la democracia? ¿Por qué no llevar al plano de la realidad una serie de políticas cuyo objetivo sea lograr una representación digna de los indígenas en el congreso? En otras palabras, es indispensable comprometerse a la elaboración de reformas que garanticen la inclusión de los ciudadanos de los pueblos originarios en el ámbito legislativo.

Puntualizando, la inclusión de las personas procedentes de comunidades indígenas, solo podrá ser garantizada mediante una serie de reformas a la Ley Suprema de México, las cuales promuevan y a su vez, exijan a los partidos políticos a cumplir con su objetivo principal de integrar al pueblo a la democracia; lo que, solo podrá ser cumplido de forma auténtica una vez que se tome en cuenta la particularidad presente en lo expuesto con anterioridad y se proceda a sumar propuestas que confronten tal problemática. Solo mediante el uso de mecanismos que se encuentren sustentados en la carta magna, es como se podrá progresar en nuestra estructura social, y al mismo tiempo, se podrá legitimar de forma óptima nuestro estado de derecho, que tan quebrado se encuentra hoy en día.

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¿Sólo 120 mil mexicanos contra la corrupción?

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FIRMA EN: www.ley3de3.mx

Para que el proyecto ciudadano Ley 3de3, elaborado por tres acreditados abogados y promovida por variadas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, avance y entre a un proceso legislativo, se requieren de al menos 120 mil firmas de mexicanos.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que busca convertirse en lo que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que formaría parte de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y sería avalada a más tardar en mayo del 2016.

En las elecciones de 2015 se lanzó a los entonces candidatos una propuesta para que de manera voluntaria dieran a conocer sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Hoy pretende convertirse en ley a fin de que todo funcionario presente esta información al entrar en funciones, y la actualice anualmente por mandato.

Éste aplicará para los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Además, contempla la clasificación de actos de corrupción como soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

Se trata de la primera iniciativa ciudadana que busca convertirse en lo que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas…

Para ser recibida por el Congreso mexicano, cualquier iniciativa ciudadana debe ser respaldada por al menos el 0.13% del electorado, lo cual equivale a más de 100 mil personas, según las reglas que el Senado aprobó en abril de 2014.

Sin embargo, 120 mil firmas son apenas una parte significativa de los 120 millones de personas que habitan nuestro México tan golpeado por este problema, un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales.

Para ser recibida por el Congreso mexicano, cualquier iniciativa ciudadana debe ser respaldada por al menos el 0.13% del electorado, lo cual equivale a más de 100 mil personas…

Y es que la corrupción corroe el estado de derecho de este país, y compromete nuestros aparatos legales y jurídicos en todos los niveles. Es un problema con muchas causas y amplias consecuencias para los ciudadanos, pero no para los corruptos, ya que los casos permanecen entre el olvido y la impunidad, lo que nos lleva a repetir continuamente la misma historia.

Tanto la impunidad como la corrupción han impedido nuestro desarrollo por años, y si algo tenemos en común los mexicanos es el hartazgo por estos males. No desaprovechemos esta oportunidad para pasar de la queja a la acción, súmate al movimiento en ley3de3.mx. Estamos seguros que si hacemos conciencia seremos millones quienes estemos dispuestos a firmar.

Haz algo por Monterrey, por Nuevo León, por México. Se lo debemos.

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Construyendo el Estado de Derecho

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En los últimos años, hemos podido ser testigos de cómo las instituciones mexicanas se han vuelto cada vez más sólidas y han podido generar resultados positivos; sin embargo, el gran reto que seguimos teniendo como país es lograr que todos los mexicanos confiemos en la labor que realizan nuestras instituciones y tengamos plena certeza de que las leyes son respetadas. La aplicación de la justicia es esencial para lograr que los ciudadanos confiemos en el gobierno que tenemos y para que el apego al estado de derecho sea una realidad.

Algunos definen el estado de derecho como la organización política de una sociedad que se rige bajo un marco normativo, donde las actividades del Estado se garantizan bajo una ley. También es válido decir que instituciones públicas sólidas y un marco jurídico robusto contribuyen al correcto funcionamiento de los poderes y de esta forma se garantizan nuestros derechos como mexicanos.

No podemos dejar que circunstancias negativas nos distraigan de nuestras metas y de la contribución que a todos nos corresponde hacer como ciudadanos del país donde queremos vivir.

Para algunos, este concepto ha sido cuestionado debido a la violencia y presuntos actos de corrupción en el país, los cuales desafortunadamente, han mermado el camino construido en los últimos años. No obstante no podemos dejar que circunstancias negativas nos distraigan de nuestras metas y de la contribución que a todos nos corresponde hacer como ciudadanos del país donde queremos vivir.

Cada vez es más común que la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales integren en conjunto propuestas públicas para resolver los problemas y reforzar los aciertos de nuestro entorno.

El marco jurídico y normativo de nuestro país nos permite gozar de una participación cada vez más activa a través de las organizaciones civiles, academia y representantes de la sociedad que, con más herramientas normativas, permiten aportar ideas a la operación gubernamental. Cada vez es más común que la sociedad civil, la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales integren en conjunto propuestas públicas para resolver los problemas y reforzar los aciertos de nuestro entorno.

El cumplimiento de la ley no debe ser visto sólo como un recurso para castigar a quien cometió un delito, sino como el instrumento que dirige el desarrollo integral de todos los rubros del quehacer público.

El cumplimiento de la ley no debe ser visto sólo como un recurso para castigar a quien cometió un delito, sino como el instrumento que dirige el desarrollo integral de todos los rubros del quehacer público. La legislación nos permite construir infraestructura, ofrecer servicios básicos, proveer un sistema de salud y explotar los recursos nacionales, entre otras actividades. De esta forma tenemos que actuar juntos como sociedad para poder construir el país que merecemos.

Nuevo León y México deben alcanzar un estado de derecho donde el objetivo no sea crear más leyes o implementar nuevas reformas a éstas, sino donde se busque aplicar de manera efectiva las ya existentes. Una actuación concreta de parte de la autoridades para ejercer la Ley y de la sociedad para generar ideas, llevará a nuestro estado y nuestro país a la estabilidad político social que todos buscamos.

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Nuestra participación en el Estado de Derecho

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Hoy en día vivimos en una sociedad que muestra un mayor interés en la forma en que se gobiernan las ciudades y se imparte justicia. La administración pública ya no es sólo un tema de conversación para quienes trabajan en ella, cada vez son más los ciudadanos que emiten su opinión sobre los aciertos y desaciertos de las autoridades. Sin embargo, creo que nos hace falta involucrarnos aún más, pasar de ser críticos y convertirnos en partícipes de la solución.

El interés por elevar el estado de derecho de nuestro Estado debe de partir de nuestro compromiso por respetar las normas, las cuales fueron creadas buscando el bienestar común.

Como sociedad, nos hemos acostumbrado a denunciar públicamente la falta de legalidad en nuestro país, pero al mismo tiempo carecemos de un compromiso con los principios que nos rigen como ciudadanos. Criticamos la falta de seguridad vial, pero en muchos casos no se respeta el reglamento de tránsito y cuando se recibe una multa se busca la forma de no pagarla. Nos quejamos de que nuestra ciudad carece de servicios públicos, pero no nos interesamos por estar al corriente en el pago del impuesto predial. Nos asustamos de los niveles delictivos, pero no interponemos una denuncia cuando somos víctimas o testigos de un delito. El interés por elevar el estado de derecho de nuestro Estado debe de partir de nuestro compromiso por respetar las normas, las cuales fueron creadas buscando el bienestar común.

Algunas prácticas que violan la ley son tan comunes que a veces olvidamos que estamos cometiendo una falta o preferimos justificarnos pensando que si muchas personas no respetan esa ley, nosotros tampoco estamos obligados a hacerlo.

Para tener el estado de derecho que queremos, es necesario que realicemos la parte que nos corresponde. La legalidad no se construye con más reglas, sino con el respeto que se le dé a estas. Algunas prácticas que violan la ley son tan comunes que a veces olvidamos que estamos cometiendo una falta o preferimos justificarnos pensando que si muchas personas no respetan esa ley, nosotros tampoco estamos obligados a hacerlo. Toda legislación parte del análisis de una conducta que deber ser regulada, pensar que no pasa nada si hacemos caso omiso es lo que nos lleva a ciudades con altos índices de delincuencia.

No tenemos que esperar a convencer a un gran número de personas de que respeten el marco legal. Nuestro ejemplo puede servir para que alguien más lo haga, y esta cadena se puede convertir en un verdadero cambio para nuestro país. Debemos de ser parte de la solución de nuestros retos como nación, no parte del problema. El estado de derecho se construye cuando una acción social encuentra sustento en una norma, pero sobre todo cuando las personas estamos comprometidas a respetar nuestra legislación.

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Terror en Mexibús

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En la madrugada de este sábado 31 de octubre, se registraron ataques con bombas caseras en las líneas del Mexibús. Mediante un comunicado divulgado por el portal Contrainfo, la asociación Secta Pagana de la Montaña se atribuyó los ataques con el fin de “reivindicarlos”, mencionando que se realizaron con el objeto de rechazar y combatir el “frenético avance del desarrollo moderno“.

En la madrugada de este sábado 31 de octubre, se registraron ataques con bombas caseras en las líneas del Mexibús. Mediante un comunicado divulgado por el portal Contrainfo, la asociación Secta Pagana de la Montaña se atribuyó los ataques.

En múltiples medios informativos[1] se divulgó el ataque como obra de un grupúsculo “anarquista” y eco-ambientalista. Quisiera hacer un hincapié en ese primer calificativo.

¿Qué es el anarquismo? Desgraciadamente, este concepto ha sufrido una terrible demonización, en gran parte gracias al bombardeo de los medios en el siglo XXI que favorecen a los gobiernos derechistas. El anarquismo es el vivir en sociedad en su máxima expresión. En la actualidad, se usa como sinónimo de caos y violencia… cuando realmente es sinónimo de orden y justicia.

Los tres pilares del anarquismo son la libertad, la igualdad y la fraternidad[2]. La igualdad, en el anarquismo, es el poder disfrutar de todos los derechos, a diferencia de en el liberalismo, que sólo pretende otorgarlos pero no se asegura de que realmente todos estén gozando de ellos. La libertad, para el anarquista, consiste en establecer que mi libertad y la libertad de un tercero no se ven limitadas una por la otra. Es decir, el hecho de que el otro tenga plena libertad incrementa la mía, a diferencia del dicho popular: “mi libertad llega hasta donde empieza la del otro”. La fraternidad, en el anarquismo, es el concepto más bello que podríamos encontrar hablando de ideologías. ¿Por qué? Básicamente, porque consiste en amar a la sociedad tanto como se ama uno individualmente.

Contrario a la sabiduría popular, el propósito del anarquismo no es la revolución violenta, sino que reine la paz social.

Si todos nos rigiéramos por estos tres pilares, imperaría la paz, la justicia y la equidad. Contrario a la sabiduría popular, el propósito del anarquismo no es la revolución violenta, sino que reine la paz social.

Y esto lo puede saber cualquiera que lea a Mikhail Bakunin, Pierre Joseph Proudhon, Pyotr Kropotkin y Errico Malatesta [3]. Empero, nadie se toma la molestia de investigar un poco: ya está arraigada hasta los huesos en la sociedad la idea de que anarquismo es igual a caos (que es igual a “malo“).

En el mismo tenor de lo anterior, si analizamos por lo que pugna la asociación Secta Pagana de la Montaña, no tardamos mucho en identificar que no se trata de una organización verdaderamente o ideológicamente anarquista, sino únicamente se trata de una organización autodenominada anarquista (que claramente no sabe lo que ello significa).

Este grupo dio pie a la creación de la Secta Pagana de la Montaña, quienes se definen a sí mismos como “un grupúsculo de individualistas pertenecientes a la tendencia del eco-extremismo…”.

En un portal de Internet español de contra-información llamado La Haine (que significa en francés “el odio“) se publicó a finales de septiembre del presente año un articulo sobre el grupo mexicano Reacción Salvaje, el cual se dedica a sabotear y ejecutar atentados “contra el sistema tecnológico(…) y quienes lo propagan”[4]. Este grupo dio pie a la creación de la Secta Pagana de la Montaña, quienes se definen a sí mismos como “un grupúsculo de individualistas pertenecientes a la tendencia del eco-extremismo (heredada del disuelto grupo Reacción Salvaje), que ejecutan actos en contra de la civilización y su frenético avance[5]”.

Nada que incite a la violencia y al caos tiene que ver con el anarquismo, por lo que las publicaciones que le atribuyen el calificativo de “anarquista“ a dicho grupúsculo son erróneas. Dejando esto claro, prosigo.

El atentado de hace dos días en Mexibús no conforma la primera vez que la Secta Pagana de la Montaña ataca.

El atentado de hace dos días en Mexibús no conforma la primera vez que la Secta Pagana de la Montaña ataca: a finales del mes pasado se adjudicaron (igual, a través de Contrainfo) un atentado para bombardear el estacionamiento de la empresa OHL, también en el Edomex.

Primero colocan bombas en el estacionamiento de OHL, ahora colocan bombas en las líneas del Mexibús… las bombas caseras pudieron haber dañado a cualquier persona inocente.

Esta asociación mexiquense extremista (conformada por un nido de personas sin principios, sin escrúpulos y sin conciencia) está cometiendo el delito de terrorismo.

Esta asociación mexiquense extremista (conformada por un nido de personas sin principios, sin escrúpulos y sin conciencia) está cometiendo el delito de terrorismo.

En el Código Penal Federal se encuentra regulado el delito de terrorismo en los artículos 139 a 139 Ter y 142. Este estipula que se impondrán penas de prisión de quince a cuarenta años y de cuatrocientas a mil doscientas cuotas de multa a quien “utilizando(…) explosivos(…), o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular(…) [y] al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.[6]”

Además, el articulo 97 del mismo Código, el cual regula la figura del indulto [7], menciona una breve lista de delitos en los que no aplica el mismo: entre ellos, el de terrorismo. Esto significa que el Ejecutivo Federal no podría “perdonarlos“ incluso si demuestran durante el cumplimiento de su sentencia un alto grado de readaptación social.

Sin duda es menester que la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Edomex se coordinen y articulen esfuerzos para capturar a esta organización de terroristas, porque eso es lo que son. Este tipo de situaciones debilitan fuertemente el Estado de Derecho, y vulneran la seguridad nacional y la de las personas.

Aparte de que no logran absolutamente nada: no hace falta mucha cabeza para saber que no van a lograr “frenar la civilización“ bombardeando a las personas y a las empresas. Así no se hacen ni debieran de hacerse las cosas.

La vía de la violencia nunca es la idónea ni deseable. Y las acciones de la Secta Pagana de la Montaña no sólo no tienen sentido lógico y son constitutivas de delito, sino que además los delatan: son una madriguera de incongruentes y violentos.

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[1]V.g. El Universal, Milenio, Letra roja, Animal Político, La silla rota, Proceso, y un largo etcétera.
[2]Santos, María. El anarquismo: demonización del concepto. Ius Spatium: Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. México: septiembre, 2013.
[3]Recomiendo leer: Dios y el Estado, de Mikhail Bakunin (Rusia, 1871); La moral anarquista, de Pyotr Kropotkin (Rusia, 1891); Filosofía de la miseria, de Pierre J. Proudhon (Francia, 1846); y La anarquía, de Errico Malatesta (Italia, 1891).
[4]La Haine. Cronología maldita: la historia de Reacción Salvaje. España: septiembre, 2015.
[5]Secta Pagana de la Montaña. México: paquete-bomba para la empresa OHL. Contrainfo: comunicados y eventos. México: septiembre, 2015.
[6]Código Penal Federal. Libro segundo, Titulo primero, Capitulo VI, Terrorismo. México: agosto, 1931 / marzo, 2015.
[7]El indulto es la extinción, minoración o sustitución de un castigo o una sanción mediante el perdón, la “gracia” o la clemencia por parte del Presidente de la República.

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