Israel convoca a embajador de México por apoyo en ONU a investigar escalada bélica

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El gobierno israelí cuestionó el pronunciamiento de México en favor de investigar la escalada bélica durante las recientes hostilidades en Gaza. 

La embajada de Israel en México informó este lunes que Pablo Macedo, embajador mexicano en Tel Aviv, fue convocado a una junta en la que fue cuestionado acerca del voto que realizó México ante en Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; resultando en la creación de una comisión especializada para investigar lo sucedido en Medio Oriente.

Macedo acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, donde dialogó con el director general para América Latina y el Caribe, Modi Ephraim, quién aseguró que “es inconcebible que México se posicione junto a países hostiles a Israel en una resolución que no contribuye a la paz y que premia el terrorismo de Hamas”.

Así mismo, Ephraim afirmó que Israel es un país aliado de México y por tanto se tiene la expectativa de que su buena relación  también se vea reflejada en la diplomacia internacional.

“Y que México nos apoye en momentos difíciles, de la misma forma que lo ha hecho Israel con México; que muestre comprensión ante los desafíos de seguridad a los que se enfrenta Israel y que reconozca su derecho y su deber de proteger a sus ciudadanos, contra los que Hamas disparó 4 mil 300 misiles”, expresó.

Hasta el momento no se han emitido declaraciones por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana.

Con información de: “La Jornada”. 

Crea El Futuro Florece Registro Comunitario de Abuso Policial

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El candidato independiente a la diputación local del distrito 6 en Nuevo León, Roberto Alviso, presentó la mañana del martes, el nuevo Registro Comunitario de Abuso Policial. 

Durante la conferencia de prensa, el candidato impulsado por el colectivo El Futuro Florece señaló que, durante el 2020, se rebasaron las 2 mil denuncias por abuso policíaco, dando como resultado que solo 3 de cada 10 personas confíen en la policía.

“En Nuevo León vivimos con miedo. Miedo a salir a la calle y no saber si vamos a regresar, miedo a que podamos ser vulnerados, dañados dentro de nuestra propia casa y miedo a que seamos violentados por estas instituciones que deberían cuidarnos”, expresó Alviso.

Con el testimonio de Manuel, un joven de 19 años originario de la Colonia Independencia, Alviso visibilizó los abusos de poder, impunidad y corrupción que se viven día a día dentro de su distrito.

Es por esto que, con la finalidad de crear instituciones policíacas capacitadas y mecanismos eficaces de denuncia, se creó el Registro Comunitario de Abuso Policial; un formulario destinado a documentar, mapear y erradicar los abusos de las autoridades en materia de seguridad.

“No estamos, de ninguna manera, buscando señalar a los elementos que hacen bien su trabajo. Pero sí visibilizar los abusos que reiteradamente existen”, añadió.

Denuncia Darío agresiones de Fuerza Civil en Guadalupe

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Daniel Darío, candidato independiente por el distrito 12 en Nuevo León e impulsado por el colectivo El Futuro Florece (EFF), denunció que elementos de Fuerza Civil cometieron agresiones en contra de choferes, taxistas y vecinos en Guadalupe. 

Los hechos ocurridos alrededor de la 1:30pm en la Av. Eloy Cavazos, fueron atestiguados por el candidato. Darío se encontraba realizando una brigada con su equipo de campaña y al enterarse de la protesta se acercó para ofrecer apoyo jurídico.

El candidato afirmó que los elementos de la policía estatal golpearon, rociaron con gas lacrimógeno y encañonaron con sus armas a choferes y vecinos de la colonia.

“Fuerza Civil acaba de lanzar gas lacrimógeno. Yo lo vi, yo lo inhalé. Mi camarógrafo todavía está con los ojos llorosos”, señaló el independiente.

Además, señaló que en el lugar de los hechos, se encontraban mujeres, niños y adultos mayores, quienes también fueron agredidos. Incluso, una mujer terminó inconsciente, por lo que se le proporcionaron primeros auxilios.

“En lugar de proteger y servir, los policías están gaseando… había señoras, de la tercera edad. Había niñas y niños, y les valió. Aventando gas y violentando los derechos humanos”, añadió.

Por último, el candidato se ofreció a dar aventón a las vecinas y vecinos que se quedaron sin servicio de taxis, aprovechando para hacer un llamado a las autoridades para encontrar una solución para los taxistas afectados y respetar los derechos humanos.

Congresistas de Estados Unidos denuncian militarización de México

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Miembros  Demócratas del Congreso de Los Estados Unidos afirmaron estar preocupados por el aumento de elementos militares dentro del territorio mexicano; por lo que pidieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, respetar los derechos humanos.

En una carta dirigida a Antony Blinken, Secretario de Estado de Los Estados Unidos, los 19 congresistas señalaron que el despliegue del ejercito mexicano para el combate al crimen organizado no ha logrado debilitar a los cárteles ni reducir los índices de violencia y crimen. Así mismo, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.

“Observamos con preocupación que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora, únicamente ha profundizado la participación militar en la policía nacional, al tiempo que ha desplegado su nueva Guardia Nacional, compuesta principalmente por personal militar actual o retirado, para llevar a cabo la aplicación de leyes migratorias y otras funciones de seguridad nacional”, expresaron los congresistas.

Los legisladores también expresaron su preocupación por la seguridad de activistas y periodistas mexicanos.

“Es necesario fortalecer el Sistema de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de México y la Fiscalía Especial designada para investigar los delitos cometidos contra ellos. Lo alentamos a reunirse con defensores de los derechos humanos y periodistas para escuchar sus inquietudes y conocer su importante labor”, enunciaron.

Con esto, los congresistas buscan que Biden tome medidas para asegurarse de que el gobierno mexicano respete, proteja y fomente los derechos humanos, de los migrantes y mejore la capacidad del sistema de asilo de México.

Con información de: “LatinUS”. 

La evolución feminista

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Las feministas de hoy juegan un rol controversial en la charla cotidiana. Pero la realidad es que el feminismo es uno de los movimientos de liberación y de búsqueda de igualdad más grandes a nivel mundial, dado que más de la mitad de la población es mujer.

Decirse feminista, es equivalente a pronunciarse a favor de que las mujeres sean merecedoras de Derechos Humanos (resultado de la Primera Ola Feminista en el siglo XVIII), de que las mujeres puedan votar (resultado de la Segunda Ola en el siglo XX), de que puedan usar anticonceptivos (Tercera Ola en 1984), y de que vivan una vida libre de violencia de género (Cuarta Ola en la actualidad). 

La conquista gradual de objetivos, no significa que actualmente las mujeres sean iguales a los hombres en términos de condiciones de acceso a oportunidades. Las barreras no se han derrumbado ni desaparecido por completo, sino que se han transformado, y las mujeres de hoy se enfrentan a retos distintos a los que se enfrentaban las mujeres de hace años atrás.

La desigualdad de géneros es explicada de una manera brillante por la sobresaliente y polémica escritora británica Virginia Woolf en su libro Una habitación propia. Ahí, crea personajes ficticios a los cuales inserta en un contexto social real en Reino Unido. Uno de los personajes es llamado Judith Shakespeare, y es caracterizado por Woolf como la supuesta hermana de William Shakespeare, una mujer que nació en la misma familia adinerada y poderosa que el famoso escritor, en el siglo XVI. No obstante, debido a que era mujer, fue privada de educación, del acceso a la cultura, de viajes, entre otras cosas; y en su lugar, fue encomendada a las tareas del hogar para contraer un matrimonio arreglado y criar alrededor de diez hijos. Virginia Woolf muestra con este personaje ficticio, una situación muy real: la manera en la que el género por sí mismo, impacta enormemente en la capacidad de las mujeres para desarrollarse o incluso, siquiera aspirar a hacerlo. 

Ahora, si bien el libro de Woolf fue publicado en 1928, y puede decirse que las oportunidades para las mujeres han aumentado en el último siglo; los impedimentos para su desarrollo han cambiado de nombre, mas no han desaparecido. Aunque prácticamente la mitad de los matriculados en las universidades de México y del mundo son mujeres, sigue habiendo una brecha salarial que afecta a las egresadas y las vuelve automáticamente más pobres que los hombres. Por otro lado, los estigmas que rodean a las mujeres en puestos de toma de decisiones y de poder, violentan, restan autoridad, y en ocasiones, invalidan el largo camino que tuvieron que recorrer para lograr llegar ahí. 

Cambiar las condiciones de oportunidades solo es posible tras reconocer que éstas son desiguales e injustas y que requieren de una acción afirmativa para que todos, tanto mujeres como hombres, sean capaces de cohabitar y funcionar en sociedad. Conocer la historia y la desigualdad sistemática que ha afectado particularmente a la mujer por siglos, nos permite entender el valor de la lucha feminista, apreciar sus logros y apoyarla hasta lograr una vida plena para todos por igual. 

Los absurdos jurídicos legislativos: castración química al debate

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Uno de los fenómenos constantes en los poderes legislativos locales, es el claro desconocimiento del orden constitucional y jurídico mexicano, así como de todos los tratados internacionales de los que México es parte, y esto, resulta evidente cuando entramos al estudio sobre la objeto o naturaleza de las iniciativas y productos legislativos que emiten dichos poderes. Esto resulta preocupante, ya que en aras de la rentabilidad política o popularidad, legisladores locales presentan iniciativas sin sustento científico-jurídico, que en lugar de abonar a los problemas que mencionan, se convierten en medidas contraproducentes, violatorias de derechos humanos e incluso absurdas. En ese sentido, me gustaría poner en análisis un ejemplo de este tipo de fenómenos a nivel local, y para ello propongo como muestra una iniciativa presentada por un diputado local de Quintana Roo, el cual propone que una persona se someta a tratamientos farmacológicos de inhibición del deseo sexual para solicitar la libertad condicional. 

Lo anterior puede resultar “atractivo” para un sector de la población, e incluso, se presenta como una “solución a la impunidad de los delitos sexuales”. Sin embargo, todas esas afirmaciones son falaces y de manera breve tenemos desenmascarar este tipo de prácticas legislativas equívocas y sin fundamento. 

En primer término, la iniciativa es inconstitucional por incompetencia, ya que el artículo 73 fracción XXI inciso b), establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de ejecución de penas, eso quiere decir, que los Congresos Locales carecen de facultades para reformar absolutamente todo aquello relacionado al internamiento por prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial o los medios de reinserción social, ya que la norma en la materia es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Resulta desconcertante que dicho legislador y su equipo, desconocieran algo tan básico en el derecho parlamentario y técnica legislativa como es la viabilidad jurídica por  competencia. 

En segundo término, la iniciativa contraviene el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), donde se establece la prohibición de penas de muerte, mutilación, entre otras, ya que ese tipo de penas trasgreden diversos ordenamientos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 5to se establece la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes; el artículo 2do de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que prohibe las penas de sufrimiento; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 10  consagra el derecho a tratos humanos de las personas privadas de su libertad y la readaptación social de los penados. También, los diversos derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) cómo son el derecho a la integridad personal (art. 5) y el desarrollo progresivo de la protección de los derechos humanos (art. 26). En ese sentido, tenemos que hacer énfasis en que todos esos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, han sido suscritos por México y tienen  carácter vinculante. El origen de todo esto, es el hecho de que no importa que seas una persona sentenciada, tienes derechos humanos plenamente reconocidos por nuestra carta magna y ordenamientos  de carácter internacional, por lo que promover una iniciativa de castración química trasgrede de manera directa todas estas normas. 

En tercer término, hay que entender que uno de los principios fundamentales del sistema penitenciario es la reinserción social, tal y como se encuentra plasmado en el artículo 18 segundo párrafo constitucional; esto es estableció desde la reforma al sistema de justicia penal en el año 2008, porque este principio de reinserción social tiene como fin el “encauzar a la persona delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito […] y va dirigido a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea un mayor reconocimiento de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea el reconocimiento de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado” (Velázquez Jorge, 2012). Una pena química no se funda en esta lógica, y con su argumento tergiversa los fines del derecho penal, ya que se “modifican los fines de la pena, […] y tampoco se sustenta en la culpabilidad, sino que se encamina hacia el concepto de temibilidad del sujeto activo del injusto” (Cobos Patricia, 2015). 

En cuarto término, este tipo de iniciativas pertenecen a una figura denominada “derecho penal simbólico” el cual podemos definirlo como esa serie de iniciativas y normas vigentes en materia penal que son un “engaño, de inexistente efectividad y eficacia, como cualidad objetiva de la norma” (Van Oordt Lizet, 2017) siendo sólo un instrumento político que pretende castigar en lugar de resolver problemas, sin prevenir ni atender los orígenes reales del fenómeno y es un mero mecanismo mediático. La iniciativa de este diputado local obedece a fines falaces, tanto es así, que ignora la motivación de los delitos sexuales, que “no se sustenta en cuestiones relacionadas al libido del sujeto activo, por el contrario, se ha reiterado que éste actúa motivado por deseos de control o dominio sobre el sujeto pasivo” (Ciani Italy, 2013) y por lo tanto no resuelve en nada el problema, confirmando mi hipótesis sobre la motivación política. 

Es muy importante que como ciudadanos estemos vigilantes de este tipo de “propuestas”y fiscalizar las iniciativas o productos legislativos que nuestros representantes locales promuevan, ya que en muchas ocasiones, es a nivel local en donde se cometen grandes irresponsabilidades jurídicas, violando todo nuestro orden constitucional. Como país merecemos representantes que estén a la altura de los problemas para los que fueron electos; es fundamental exigir a nuestros legisladores que sus iniciativas se apeguen a criterios científicos, lógicos y socialmente responsables. No pueden continuar las propuestas basadas en política y no en la realidad. 

La Política Nacional Anticorrupción y los derechos humanos

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El 29 de enero del 2020 el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó la Política Nacional Anticorrupción (PNA o la Política). Si bien la propuesta de PNA se presentó desde diciembre del 2018, los resultados de las elecciones de ese año muy probablemente postergaron su aprobación hasta un año después. La presente colaboración se centrará en explicar por qué considero que se vislumbra una señal esperanzadora para el enfoque de derechos humanos (EEDH) en la recién aprobada Política. 

En primer término, considero muy positivo que en la PNA se reconozca claramente en el árbol del problema de la corrupción en México que la consecuencia final de la corrupción es la restricción en “(…) el ejercicio efectivo de los derechos de las personas.” (174-5). Sin duda, este es un avance significativo. Más aún cuando uno de los cuatro principios transversales de la Política lo constituyen los Derechos Humanos (177-8). En unos breves párrafos se expresa el cada vez mayor consenso que existe acerca de la vinculación entre la corrupción y la violación de los derechos humanos. Además, identifica la posible vulneración de los derechos a la salud y a la educación en trámites y servicios en los cuales se presenten conductas de soborno y cohecho (178) y enfatiza, lo que es muy acertado desde el EEDH, que la afectación a los bienes y servicios protegidos por dichos derechos es mucho más grave en las poblaciones em situación de vulnerabilidad (178); este reconocimiento está, sin duda, alineado a colocar como un objetivo central de las políticas con EEDH “(…) a los grupos que se encuentran en situación de desventaja en términos del acceso a los derechos.” (CIDH 2019: 190).

En segundo lugar, es también positivo y esperanzador para el empoderamiento de las personas víctimas de la corrupción, la inclusión de los derechos humanos en las prioridades de política pública. Así por ejemplo, en la prioridad número 22: “programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción” (187); en la prioridad número 31 se hace mención de “una agenda estratégica con un enfoque incluyente y perspectiva de género…” (189), lo cual, indudablemente, se articula con el principio de la inclusión de la perspectiva de género y diversidad contemplado por la CIDH (2019: 193; 2018: 30-2); y en la prioridad número 40: “Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en mtaeria de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos” (190). Además de esto, resultan muy positivas para un EEDH las acciones sugeridas en el Anexo 3 de la Política. En primer término, las acciones relacionadas con las víctimas de la corrupción: “Fomentar el desarrollo de una estrategia para resarcir el daño de víctimas por hechos de corrupción, bajo un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos” (3); así como “[a]segurar la existencia de mecanismos de defensa legal, seguridad e integridad para (…) víctimas, así como sus familiares, (…) al igual que de su situación laboral” (6). Y, con relación a la prioridad 31, son de destacarse las acciones sugeridas siguientes: “Definir brechas y estrategias de involucramiento social en el combate a la corrupción (…)” y [g]enerar mecanismos de participación para grupos en situación de vulnerabilidad; estas sugerencias de actividades refuerzan, a no dudarlo, el principio de una política anticorrupción con EEDH relativo a la participación e inclusión social (CIDH 2019: 191).

A pesar de estos avances, me he referido a que estas aportaciones solamente vislumbran el EEDH en la Política, porque, si bien se moviliza un marco teórico de libros y artículos de una de las referencias académicas de las políticas con enfoque de derechos humanos y de la corrupción y los derechos humanos, Luis Daniel Vázquez Valencia (FLACSO México), no se aprecian en el marco teórico de la PNA referencias expresas a los documentos de la CIDH que he citado en estas colaboraciones (2019; 2018); además, tampoco hay consulta ni referencia a otro documento pionero en el tema: Corrupción y derechos humanos, autoría de Anne Peters (2015). Por otro lado, si la metodología para el diseño de políticas con EEDH implica, en primer término, la identificación y el desempaque de los derechos, no se explica por qué en la PNA únicamente se mencionan las Convenciones directamente relacionadas con la corrupción (Interamericana, OCDE y Naciones Unidas), pero no se hace uso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de su Protocolo Adicional (Protocolo de San Salvador), de la Convención de Belem do Pará, etc. La respuesta a esto tal vez la encontremos en lo expresado el día de la aprobación de la Política por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Dra. María de la Luz Mijangos: “A mí me gustaría ver en las modificaciones o ajustes (…) que en la futura política anticorrupción hubiera un hilo conductor que la vincule con los derechos humanos.  Por ejemplo, cómo priorizar los casos en lo que la corrupción afecta a comunidades en situación de pobreza, en los que la corrupción genera violencia contra las mujeres, en los que la corrupción es detonante de la violación a los derechos humanos de los migrantes. (Versión estenográfica: 22-3).

En todo caso, las señales positivas de la PNA con EEDH que resumí, además de que una persona integrante del Comité Coordinador exprese la necesidad de incluir completamente el enfoque de derechos humanos en la Política Nacional Anticorrupción, es, a no dudarlo, una noticia esperanzadora para estructurar plenamente la metodología del enfoque de derechos humanos en la política nacional anticorrupción y en las políticas estatales anticorrupción ahora en curso de diseño. Además, para reconocer en todos sus efectos irradiadores en el ciclo de la política anticorrupción en México los efectos nocivos que la corrupción produce en el goce y disfrute efectivo de los derechos de las personas que transitan o residen en nuestro país. 

Esperemos que muy pronto, tanto el talento que existe en los órganos del SNA y de los sistemas locales anticorrupción, como las alianzas con las Comisiones de Derechos Humanos, con instituciones académicas, con organismos de los sistemas regional y universal de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, la alianza con las víctimas de la corrupción, permitan dar pasos acelerados hacia la completa aceptación del siguiente principio: “[L]los derechos humanos no son elementos complementarios de las políticas públicas sino el núcleo y razón de ser de la acción estatal.” (CIDH 2018: 48).

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

CIDH. 2018. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.,

doc. 191, 15 de septiembre, español.

PETERS, Anne. 2015. Corrupción y derechos humanos. S.l.e.: Basel Institute on Governance.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. 2020. Anexo 3. Acciones sugeridas asociadas a las 40 prioridades de la PNA. Aprobadas el 29 de enero por el Comité Coordinador del SNA. DOF 25-02-2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SNA. Versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del SNA llevada a cabo el 29 de enero del 2020. Disponible en: https://sna.org.mx/wp-content/uploads/2020/02/Versi%C3%B3n_Esteno_1a_SO_CC_2020.pdf (consultada el 10 de mayo del 2020).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.

INM suspende ingreso de ONGs a estaciones migratorias

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El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a organizaciones de la sociedad civil el ingreso a estaciones migratorias y estancias provisionales, hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el oficio INM/DGVCM/0118/2020, la suspensión también aplica para asociaciones religiosas.

(…) el Artículo 32 del Acuerdo antes citado, esta autoridad determina: suspender temporalmente el ingreso a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración de integrantes de Asociaciones Religiosas e Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil“, se lee en el documento.

Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los migrantes han documentado fallas en las estaciones del INM.

En su informe más reciente, el Colectivo de Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (Comdhse) advirtió que el Gobierno federal prioriza la seguridad militarizada por encima del respeto y protección a los derechos humanos.

“Persiste la estrategia de desgaste y contención, que tiene la intención de generar cansancio, desmovilizar y disuadir a las personas de ejercer su derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana.” dijo Comdhse tras el trabajo de campo que hizo en estaciones migratorias el año pasado.

 

 

 

(Con información de El Norte)

Reportan 9 mil desapariciones en 2019.

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Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, informó que durante el primer año de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se reportan 9 mil 164 personas desaparecidas, de las cuales solo 43% han sido localizadas.

Durante una conferencia de prensa, Encinas aseguró que de las 9 mil 164 denuncias que se recibieron entre el primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 de personas desaparecidas, 5 mil 184 personas continúan desaparecidos.

Tras presentar la actualización de los datos nacionales sobre desapariciones, fosas e identificación de cuerpos, confirmó que hay 61 mil 637 desaparecidos en México.

“Hoy el dato oficial del Estado mexicano de personas que aún se encuentran desaparecidas es de 61 mil 637 personas. No hay que olvidar que son datos del horror que tienen detrás de si muchas historias, mucha narrativa de mucho dolor de familias tanto mexicanas como de migrantes”

 

 

(Con información de Milenio) 

Los derechos humanos en México ¿realidad o fantasía?

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El 10 de diciembre de 1948, bajo el liderazgo de Eleanor Roosevelt, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primer documento internacional que reconocía, sin distinción, los derechos inherentes de todas las personas. Llegar a este momento de la historia tomó siglos; miles de luchas, protestas y muertes estuvieron detrás de este hito.

Actualmente, cada 10 de diciembre, se conmemora en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos. México no es la excepción, en días como hoy los Gobiernos municipales, estatales y el federal, llenan de mensajes, infografías y estadísticas las redes sociales, los programas de radio y las entrevistas en televisión. Pero, ¿realmente nuestro país está tan bien como dicen nuestras autoridades?

De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2016), desde hace varios años México atraviesa por una grave crisis de violencia y de seguridad. La Comisión encontró asuntos preocupantes, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones, la impunidad y los problemas para el acceso a la justicia. Situaciones que afectan principalmente a ciertos grupos de la población, entre ellos las mujeres; niños, niñas y adolescente; comunidades indígenas; personas LGBTI+, en situación de migración, con discapacidad y privadas de la libertad.

A partir de ese informe se han hecho cosas importantes (1), sin embargo, no han sido suficientes, la situación de derechos humanos continúa siendo grave en México. Justamente hace unas semanas el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluó también el cumplimiento de nuestro país en cuanto a sus obligaciones en materia de derechos humanos y el resultado no fue tan diferente.

El  aumento en el número de feminicidios; el alto índice de asesinatos motivados por la orientación sexual o la identidad de género; las altas y crecientes tasas de homicidios; la preocupante impunidad de los agentes del Estado en relación con la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura; el uso generalizado de la tortura, malos tratos y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de policía, fuerzas armadas y otros funcionarios públicos, en particular durante el arresto y las primeras etapas de la detención; sin mencionar que nuestro país es una de las naciones con mayor número de personas desaparecidas en el continente, son algunos de los graves problemas detectados por Naciones Unidas.

Como consecuencia, todos los días las mexicanas y los mexicanos respiramos un ambiente de temor, de inseguridad. El hecho que, aproximadamente, un 99% (3) de los delitos y violaciones de derechos cometidas en México no son castigadas genera un contexto sombrío en un país con heridas históricas que aún no cierran.

Los síntomas de estos problemas los vemos todos los días; las protestas, totalmente legítimas, hacen eco en las calles de un México que durante décadas ha buscado la democracia, el Estado de derecho y la seguridad, con algunos resultados positivos, pero con muchas áreas de oportunidad.

Ante este preocupante contexto, es necesario poder dimensionar el tamaño del problema para que, coordinadamente, Estado y sociedad continuemos emprendiendo las acciones necesarias para solucionar dichos problemas. Ningún cambio será permanente sin la concurrencia de voluntades.

El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso. Nos toca, como diría Eleanor Roosevelt, empezar con cambios en lo más íntimo de nuestras comunidades para continuar afrontando los problemas de un país que exige unidad, coordinación y sensibilidad.

¿Todo está perdido? Claro que no, pero si queremos que los derechos humanos dejen de ser una fantasía y se conviertan en una realidad, nos corresponde no claudicar. No es momento de callar, es momento de exigir, proponer y trabajar por un México mejor.

(1) Por ejemplo, se promulgaron dos leyes muy importantes: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Lamentablemente ninguna de las dos ha sido implementada completamente.

(2) Varias instituciones han coincidido con este número: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (2019); el Índice Global de Impunidad en México (2018) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (98% de impunidad) en 2016.