“Gobiernos y sector privado deben frenar el tráfico y sus efectos”, dice Ebrard ante el Consejo de Seguridad de la ONU

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El canciller Marcelo Ebrard comenzó este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU el debate sobre el tráfico de armas ligeras en el mundo y exhortó a los gobierno y sector privado a “frenar el comercio y sus efectos nocivos”.

Durante su intervención como moderador del debate, Ebrard llamó a los actores privados a implementar acciones de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución para evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley, no lleguen a manos criminales.

El canciller admitió que los esfuerzos del Consejo de Seguridad para prevenir y erradicar el tráfico de armas ligeras han sido insuficientes, sin embargo, reconoció que los países han mostrado disposición de abordar integralmente el tema.

“Tenemos que hacer más. Debemos hacer más para disminuir el desvío y tráfico de armas y sus consecuencias negativas, en particular en países que se debaten con altos niveles de violencia criminal”, dijo.

Añadió que el Gobierno de México hace un contundente para que se establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo.

“Al mismo tiempo, llama la atención de los Gobierno para que juntos animemos a nuestros respectivos sectores privados a establecer medidas de autorregulación conforme a sus legislaciones domésticas, para prevenir que sus prácticas comerciales propicien activamente el tráfico ilícito de sus productos”.

AMLO anuncia Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar ante la ONU

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Este martes, al presidir la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente López Obrador anunció que en la próxima asamblea general del organismo mundial, México propondrá el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar que tiene la finalidad de garantizar vida digna para aquellos que sobreviven con menos de 2 dólares diarios.

Hoy es tiempo de actuar contra la marginación atendiendo las causas y no sólo a las consecuencias, a tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. El objetivo es garantizar el acceso a una vida libre a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios“, subrayó el presidente.

El mandatario mexicano detalló que el financiamiento del programa podría provenir de tres fuentes: una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta y una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, así como una cooperación del 0.2% del PIB de los países miembros del G20.

De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de un billón de dólares“, aseguró.

Asimismo, López Obrador propuso que la ONU otorgue reconocimientos o certificados de solidaridad aquellas personas, corporaciones o gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria.

El presidente López Obrador indicó que los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediarios ya que, señaló, cuando se entregan fondos a organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, en muchos casos, ese dinero se queda en aparatos burocráticos y termina por no llegar a los beneficiarios.

Por eso repito los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría colaborar para crear la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo, una vez definida la población objetivo en cada país comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones adultos mayores, a niños y niñas con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas así llegar vacunas y medicamentos gratuitos“, aseveró.

Para finalizar, el titular del Ejecutivo aseguró que no cree que algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se opongan a la propuesta debido a que está “busca construir estabilidad y más por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo“.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Consejo de Seguridad aprueba iniciativa de México y Estados Unidos para extender misión de la ONU en Haití

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La iniciativa presentada por México y Estados Unidos, de extender por nueve meses la misión de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) hasta el 15 de junio de 2022, fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, Juan Ramón de la fuente, embajador de México ante Naciones Unidas, se congraturló por la adopción unánime de dicha resolución, además de que agradeció el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad por apoyarlo y aprobarlo.

La resolusión adopta representa una señal clara de respaldo al pueblo haitiano y al trabajo que viene realizando BINUH en el terreno. Esta renovación dará certidumbre a la misión y permitirá que los Estados miembros evaluemos del secretario general con miras a realizar en su momento los cambios que sean pertinentes para hacer más efectivo el mandato de BINUH“, expuso el representanto mexicano.

Finalizó comentando que “México seguriá trabajando para responder a las necesidades de nuestra nación hermana y nuestra región“.

https://twitter.com/MexOnu/status/1450104229100769284?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450104229100769284%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zocalo.com.mx%2Faprueba-consejo-de-seguridad-iniciativa-de-mexico-y-eu-para-extender-mision-de-onu-en-haiti%2F

Con información de El Zócalo

 

Consejo de Seguridad de la ONU es una aberración: Ebrard

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La actual crisis que se vive en Medio Oriente es un ejemplo de que el Consejo de Seguridad es una aberración, pues es un mecanismo multilateral injusto, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

«Hoy México forma parte del Consejo de Seguridad, pero siempre hemos dicho que el Consejo de Seguridad es una aberración, es una injusticia“, reiteró.

El canciller añadió que el Consejo de Seguridad, mecanismo encargado de velar por la paz y la seguridad en todo el mundo, no está haciendo su trabajo pues la violencia en Israel cada vez aumenta más.

Asimismo agregó que México seguirá trabajando conforme a lo establecido, velando por la seguridad y paz de todos los países del mundo.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

México denunciará ante la ONU desigualdad en vacunas

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El canciller, Marcelo Ebrard, aseguró esta mañana que el miércoles México presentará ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un posicionamiento sobre la desigualdad en el acceso de los países a las vacunas contra la Covid-19.

En conferencia de prensa comentó al respecto: “Cómo los países que lo producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores, mañana lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad porque no es justo“.

Señaló además que México tiene 232 millones de dosis compradas, prepagadas y comprometidas, y anunció que la llegada de más vacunas serán en envíos semanales.

El funcionario aseguró que aproximadamente a las 9:00 horas del día de hoy llegó un vuelo a Monterrey con dosis de Pfizer, así como llegará otro a la Ciudad de México, aunque aun sin horario.

Respecto a los envíos de Pfizer, comentó que “hubo una interrupción del suministro de casi un mes entre enero y febrero porque cerraron su planta en Europa, eso no estaba previsto, ahora se reanuda con el envío del día de hoy los envíos semanales“.

Con información de LatinUS

Estado mantiene restricciones ante más focos rojos

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Se confirmó por el Gobierno estatal que el semáforo epidemiológico del Covid-19 tiene tres indicadores en “riesgo máximo” o color rojo, uno más que la semana pasada, por lo que mantendrán las restricciones para la operación de negocios implementada desde el viernes pasado.

El Gobernador Jaime Rodríguez dijo que además del promedio de contagios diario y la tas a de transmisión que venían en rojo desde la semana anterior, esta semana se agrega el promedio de defunciones por día, que subió de 11 a 18.

Rodríguez afirmó que el Consejo de Seguridad en Salud pidió cerrar todo nuevamente, principalmente porque el personal médico es ya insuficiente para atender a los pacientes de Covid-19.

En la presentación del semáforo, realizada desde su casa, en García, Rodríguez indicó que la ocupación de camas para pacientes Covid está en riesgo alto, con 63%; y el de camas de terapia intensiva está en riesgo intermedio, con 43%.

En general, el semáforo presentó esta semana tres rojos, un anaranjado, dos amarillos y cuatro verdes.

 

 

 

(Con información de El Norte)

Eligen a México para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad por dos años

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Con 187 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra, México fue elegido como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2022.

“Tengo el honor de informar que México ha sido electo por 187 votos miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo. Enhorabuena!!!!”, tuiteó el canciller Marcelo Ebrard.

La candidatura fue presentada por la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto y continuada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró hoy la elección de 5 de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, uno de África, uno de Asia, uno de América Latina y el Caribe y dos de Europa.

Por otro lado, también se eligió al presidente de la Asamblea General y a los miembros del Consejo Económico y Social.

En una sesión sin reunión plenaria debido a la pandemia por el coronavirus, los representantes de los países miembros de la ONU acudieron uno por uno a colocar sus votos en las tres diferentes urnas.

Cabe recordar que en 2019, México recibió el apoyo de América Latina y el Caribe para aspirar a formar parte del Consejo de Seguridad.

Ebrard explicó que buscarán dar una perspectiva a la política exterior feminista, por lo que este tema formar parte del programa de México en el Consejo de Seguridad.

Además se quiere limitar el veto de los cinco miembros permanentes en el Consejo, una iniciativa impulsada tanto por México como por Francia y hasta ahora 105 países se han sumado al planteamiento.

El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 10 no permanentes y 5 permanentes, y cada uno tiene un voto, sim embargo, los cinco miembros permanentes del Consejo que son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, tiene el poder del veto, con lo que cualquier resolución puede ser rechazada, aunque todos los demás miembros la voten a favor.

El Consejo tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional.

Gobernadores le reclaman a AMLO por seguridad

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El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez, advirtió ante el Ejecutivo Federal que no deben partidizar ni ser mezquinos con la seguridad de los mexicanos.

“El debate requiere comprensión, respeto en el hacer congruente y el discurso público, no hay espacio para el regateo ideológico”, dijo en el Consejo de Seguridad.

El panista indicó hizo un llamado a no dividir porque sólo con respeto sumarán voluntades. Por ello, Domínguez planteó un acuerdo nacional.

“Solamente unidos lograremos los resultados que requiere y demanda el País. Hago un llamado respetuoso, que sea el último llamado al respeto de las instituciones que representamos”, dijo.

Con información de Grupo Reforma. 

 

El Talón de Aquiles: “Uno de esos Límites”

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El martes 4 de abril, aviones de guerra atacaron la localidad de Khan Sheikhoun, Siria. Acto seguido, paramédicos observaron personas ahogándose, desmayándose, o presentando vómitos. También se notaron casos de espuma alrededor de la boca. Diversas informaciones apuntaron a la utilización de armas químicas por parte del Gobierno de Bashar al-Ásad, quien negó su responsabilidad.

Rusia, su más cercano aliado, indicó que el arsenal químico pertenecía a los rebeldes. No hay números precisos sobre el número de víctimas resultante de este nuevo episodio de utilización de armas químicas: algunos refieren a 58 muertos, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apunta a 67 (y 300 heridos); otras fuentes cifran a más de 100 las víctimas mortales.

Tampoco se sabe qué se utilizó, si bien se apunta al uso de Gas Sarín, un agente nervioso 20 veces más letal que el Cianuro, difícil de detectar. Los países occidentales dieron por un hecho el uso de armas químicas por parte del Gobierno sirio – Rusia sigue insistiendo que la autoría del hecho no es clara – y más temprano que tarde, 59 misiles crucero Tomahawk estadounidenses, lanzados desde navíos desplegados en el mediterráneo, atacaron la base aérea Sharyat (asociada al programa sirio de armas químicas).

Un acto ilegal e inmoral

El inicio del uso de armas químicas en el mundo contemporáneo tiene lugar hace poco más de un siglo, el 22 de abril de 1915, cerca de Ypres (Bélgica), cuando tropas alemanas lanzaron 180 toneladas de clorhídrico asfixiante a los aliados, intoxicando a 15,000 personas.

La indignación de la opinión pública internacional fue tal, que diez años después, en 1925, se firmaba del Protocolo de Ginebra sobre las armas químicas y biológicas, el primer intento multilateral para impedir el uso de ese tipo de armas en contextos bélicos. El convenio es importante, si bien no penaliza la producción y almacenamiento de armas químicas (solo su uso). Además, muchos de los Estados que lo ratificaron se guardaron el derecho de usar estas armas contra los no firmantes, o como represalia si eran víctimas de armas químicas.

De hecho, durante la Guerra Fría, alrededor de 25 Estados desarrollaron armas químicas. Japón utilizó Gas Mostaza, Lewisita, Fosgeno, Cianuro, y otros durante su guerra contra China (1937-45).

Entre 1961 y 1971, Estados Unidos lanzó 72 millones de toneladas de Agente Naranja para destruir los bosques en donde se ocultaban guerrilleros vietnamitas. Las enfermedades y trastornos genéticos causados por la dioxina afectan hoy a más de tres millones de personas.

En 1988, Saddam Hussein, en el marco de la guerra Irán-Iraq (1980-88), bombardeó la ciudad de Halabja (Kurdistán Iraquí) con Gas Sarín, Tabún, Mostaza, y VX. Documentos publicados por Wikileaks señalan que Washington autorizó el uso de agentes químicos – fósforo blanco y uranio empobrecido –  en Faluya (2004), durante la guerra en Iraq.

Y en 2013 se denunció el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Ásad, en Guta (suburbio de Damasco, la capital de Siria). Las víctimas se estiman a entre 281 y 1729. En esa ocasión, el Presidente Barack Obama aceptó no atacara Siria, a cambio de desarrollar negociaciones exitosas con Rusia para desmantelar el arsenal químico de al-Ásad.




También hay esfuerzos para eliminar la posibilidad que tales episodios se produzcan. En 1980, inició un proceso de negociación que llevaría a la firma, en 1992, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenaje, y Uso de Armas Químicas y sobre su destrucción, conocida como la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), que entró en vigencia el 29 de abril de 1997.

El acuerdo es importante al menos por dos razones. Primero, prohíbe, como es el caso del Protocolo de Ginebra, el uso de agentes químicos en las guerras. Pero además, ilegaliza su producción y almacenamiento, e incluye medidas de verificación. El empleo de herbicidas como método de guerra es prohibido, y los Estados firmantes se comprometen no solo a no usar agentes químicos con finalidades bélicas, sino también a no desarrollar, ayudar, alentar o inducir a otros Estados a producir este tipo de armas.

También se comprometieron a destruir los stocks existentes. Segundo, por primera vez se negoció un acuerdo multilateral, de aplicación universal, con un mecanismo de ejecución permanente – la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) – cuyo objetivo es la eliminación de una categoría de armas de destrucción masiva.

En suma, el uso de armas químicas es considerado una ofensa grave a nivel internacional. Siria ratificó la convención  el 14 de septiembre de 2013, la cual entró en vigor en ese país el 14 de octubre de ese mismo año. La utilización de armas químicas convierte entonces a los autores del ataque en violadores de la convención.

Además, pone al país en flagrante desacato de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuérdese que el mismo ha solicitado implementar el Comunicado de Ginebra (2012), que busca crear un gobierno de transición de consentimiento mutuo con amplios poderes ejecutivos.

También solicitó a las partes, en enero de 2016, asistir a “conversaciones de acercamiento” para discutir sobre un cese al fuego y un periodo de transición conducente a nuevas elecciones. Y si bien los ceses al fuego anunciados por Estados Unidos y Rusia (septiembre de 2016), así como Rusia, Irán y Turquía (enero de 2017) no surtieron ningún efecto, el uso de armas químicas no solo implica un fracaso en los intentos por resolver pacíficamente el conflicto, sino también una evidente escalada militar. Además, demuestra que el arsenal químico no ha sido desmantelado, como debía ser el caso a partir de 2013.

Una guerra compleja

Las raíces inmediatas del conflicto sirio se encuentran en la “Primavera Árabe” (2010-13), esa ola de democratización que se llevó a su paso a los regímenes de Hosni Mubarak (Egipto) y de Muamar Gadafi (Líbano). En Siria también, el pueblo se levantó contra un régimen autoritario, corrupto, iniciado por Háfez al-Ásad, en 1971, que no cumplía con las expectativas de la población.

Pero aquí la represión fue inequívoca. Las protestas estudiantiles prodemocráticas de marzo de 2011 fueron seguidas de la represión, lo cual generó indignación nacional y el pedido de renuncia de Bashar al-Ásad. El gobierno respondió entonces con más represión. Acto seguido, la oposición se armó para defenderse, y también para expulsar a las fuerzas gubernamentales de sus regiones. El gobierno etiquetó entonces a estos grupos de “terroristas”, y escaló el conflicto. Hasta aquí, la violencia colectiva es una de exclusión política, común en diversos contextos de conflicto armado interno.




Pero la guerra civil se complejizó cuando se transformó en una pugna entre la mayoría musulmana sunita, opositora, y los chiitas alauitas, grupo al que pertenece el Presidente al-Ásad. Claro, definir las identidades en conflicto en estos términos, es reduccionismo, pues en la oposición se encuentran amalgamados desde revolucionarios moderados (Ejército Libre Sirio, ELS), hasta islamistas yihadistas ligados al Estado Islámico (EI). También se encuentra a Tahrir al Sham, el mayor grupo armado opositor después del EI. Además, los kurdos del norte, que son otro elemento identitario del conflicto a considerar (con implicaciones en Turquía) buscan asentar su control sobre el territorio donde se encuentran presentes.

El rol de actores externos también es importante. Irán, que es chiita, es uno de los más cercanos aliados de al-Ásad, y puede haber invertido miles de millones en asesoramiento militar y armas. Además, por Siria pasan armamentos que Teherán envía al Hezbolá (Líbano). Para contrarrestar esta situación, Arabia Saudita (rival regional de Irán) ha financiado a grupos rebeldes sirios (incluyendo a islamistas). Ante el avance de los kurdos (simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán) cerca de su frontera, Turquía decidió intervenir a favor de la oposición a los kurdos; dichos grupos también han logrado simpatía en Jordania y Qatar. Estados Unidos, por su parte, había evitado involucrarse más allá de su lucha contra el Estado Islámico. Y Rusia, como se indicó, es un fiel aliado de al-Ásad.

Ser o so ser (los policías del mundo): he ahí el dilema

Durante su campaña electoral, el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió que la superpotencia debería abstenerse de inmiscuirse en el conflicto sirio. Los Estados Unidos no son la policía del mundo. Hoy, el Secretario de Defensa, James Mattis, asegura que esa posición no ha cambiado. Los 59 misiles lanzados el 6 de abril pueden entonces ser vistos como un cambio radical en la posición aislacionista anunciada por Trump durante su campaña electoral, pero otros insisten en que es un operación cosmética que no tiene incidencia en el conflicto armado interno sirio.

En todo caso, Damasco calificó el acto de Washington como “idiota” e “irresponsable”, contrario al derecho internacional (pues se trata de una agresión a un Estado soberano). Rusia apoyó esta tesis y congeló sus canales de comunicación con Estados Unidos. Irán señaló que el ataque puede reforzar los grupos terroristas, complicando la resolución de conflicto.

Mientras “occidente” sigue bailando al ritmo de sus intereses geoestratégicos, para abril de 2016, la ONU estimaba que 400,000 personas habían muerto desde inicios del conflicto. A marzo de 2017, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos estimaba esta cifra a 465,000 los muertos; la ONU estimaba en ese mismo mes, que 4.8 millones de personas habían sido desplazadas. Se estima también que se requieren de USD 3,200 millones para ayudar a los 13,5 millones de personas urgidas de asistencia humanitaria dentro del país.




Otro momento habrá para discutir qué tanto cinismo, ignorancia, estrategia visionaria, o pragmatismo político refleja la operación estadounidense. Por ahora, el apoyo recibido de Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Francia, Israel, Japón, Reino Unido, y Turquía, señala que el movimiento de Washington fue el correcto.

Washington ya se declaró dispuesto a repetir, incluso a ir más allá, si las condiciones lo ameritan. Ahora, más allá de las manipulaciones y oportunismos, que sin duda los hay – el realpolitik es inevitable aquí – usar armas químicas también es traspasar uno de esos límites trazados por el liberalismo, sobre el cual se base parte del sistema de cooperación multilateral internacional. Y en ese sentido, el ataque de Khan Sheikhoun no podía ni debía quedar impune. En el siglo XXI, ningún actor político debería contemplar, entre sus posibles acciones de guerra, el gasear ciudades repletas de población civil. Eso es, simple y sencillamente, inadmisible.

Fernando A. Chinchilla

San José (Costa Rica), abril de 2017

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Talón de Aquiles: Paz en Colombia: ¿Colombia en Paz? De la Guerra Verdadera Hacia Una Paz Fragmentada

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Los tambores de guerra han callado. En la calle, líderes sociales afirman que la paz es inminente. Y sin embargo, queda todavía tela por cortar: el rol de las Fuerzas Militares en el post-conflicto no fue discutido durante este proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue activo, y no queda claro si el Estado colombiano entrará a generar legitimidad a aquellas zonas hasta hoy controladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP). En esta segunda entrega del “Talón de Aquiles” dedicado al proceso de paz en Colombia, exploro el concepto de “paz fragmentada”, y completo el sobrevuelo de los procesos de paz en ese país.

Una paz fragmentada: procesos de paz en Colombia (segunda parte)

El régimen político colombiano entró en un nuevo periodo en 1991 con la aprobación de la nueva constitución que sustituye la de 1886. El nuevo orden formalizó la eliminación de los rezagos institucionales del Frente Nacional y permitió la incorporación al sistema político del M-19, del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Movimiento Armado Quintín Lamé (MAQL) y de la Corriente Renovación Socialista (CRS).




El proceso es considerado como “exitoso”, a pesar de que el nuevo marco democrático y pluralista colombiano no impidió la continuación del conflicto armado. El ELN siguió activo y las FARC-EP experimentaron un crecimiento como nunca antes visto.

Además, aunque la historia oficial indica que el EPL se desmovilizó en 1991, 20% de sus efectivos se negó a hacerlo.

En 2013 todavía existían remanentes activos (cerca de 200 combatientes) en Catatumbo (Norte de Santander). Y también se expandieron los paramilitares quienes, de la mano de su líder, Carlos Castaño, fundaron en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos acercamientos, en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), tuvieron lugar en 1992 y 1993. Sin embargo, son dos los procesos de paz que se desarrollaron en los quince años posteriores a 1991. El primero, con las FARC-EP, fue liderado por el Presidente Pastrana (1998-2002) y fue acompañado por gobiernos de diversos países, organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil.

El mismo, que fue considerado durante años como la última oportunidad de las FARC-EP para salir de la guerra, terminó en un rotundo fracaso. En febrero de 2002, luego de casi cuatro años de diálogos caracterizados por sabotajes (por parte de las FARC-EP, el ELN, y paramilitares), de desconfianzas del Ejército (ante la desmilitarización de una zona para adelantar las conversaciones), de presiones de Washington (que ya pensaba en un “Plan Colombia”), el Presidente dio por concluido el proceso.

La gota que derramó el vaso fue el secuestro por parte de las FARC del senador Jorge Géchem. Queda deslegitimado así el diálogo, como de hecho lo demuestra la popularidad alcanzada por la mano dura defendida por Álvaro Uribe en la campaña electoral de 2002. El segundo proceso de paz, desarrollado durante el primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006), permitió la desmovilización de cerca de 30,000 efectivos de las AUC. El proceso generó severas dudas, pero fue acompañado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante este tiempo, se vivió en Colombia, en el mejor de los casos, una “paz fragmentada”, es decir un contexto en donde se logró desarmar, desmovilizar, y reinsertar (DDR) varios de los actores armados mientras que otros se reforzaron y continuaron con el conflicto armado. A decir verdad, la tal “paz fragmentada” es en realidad un eufemismo, pues no hay paz cuando actores armados siguen usando la violencia para avanzar sus objetivos políticos.

Un proceso serio

Se sabe que el gobierno de Álvaro Uribe, por medio del Comisionado de Paz, Frank Pearl, buscó negociar clandestinamente con las FARC en condiciones similares a las actuales (sin cese al fuego y creando zonas de distensión). Sin embargo, es en 2011 que el Presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) anuncia a las FARC-EP su intención de retomar los acercamientos, lo cual desemboca en dos reuniones exploratorias, secretas, que tienen lugar en Cuba.

El Gobierno y las FARC-EP elaboraron una agenda para establecer los parámetros que regirían encuentros posteriores. El Gobierno nombró entonces a Frank Pearl, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, y a Enrique Santos en su delegación; más adelante, se sumó Luis Carlos Villegas, Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo.

Las FARC designaron a Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, Rodrigo Granda, y Andrés París. Luego, se designó a Cuba y a Noruega como países garantes y se solicitó a Venezuela y Chile fungir como facilitadores. Entre febrero y agosto de 2012 se organizaron diez sesiones preparatorias y en septiembre, el Presidente Santos dio a conocer a la luz pública estos intercambios.

La agenda de negociación se articuló alrededor de cinco puntos: política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; y determinar quienes son víctimas del conflicto armado. El primer acuerdo parcial, el de la política de tierras y desarrollo agrario, se logró seis meses después de iniciado el proceso, el 26 de mayo de 2013.

Se discutieron problemas como el acceso y uso de la tierra, la formalización de títulos de propiedad, la protección de reservas, el diseño de programas de desarrollo (infraestructura, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza) con un enfoque territorial.

El segundo acuerdo, que versa sobre la participación política de las FARC-EP en el post-conflicto, llegó luego de 16 rondas de negociaciones, el 6 de noviembre de 2013. Se trata, entre otros, de garantías de protección para los exguerrilleros que deseen vincularse a la política.

El 16 de mayo de 2014 se alcanzó un acuerdo en el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. Entre los puntos debatidos se encuentran el desminado, la entrega de rutas, estrategias para bajar el consumo de drogas, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, y la suspensión de las fumigaciones con glisofato.

El 23 de septiembre de 2015, como parte del punto relacionado al “fin del conflicto”, se acordó crear un sistema de justicia transicional con una jurisdicción especial de paz que investiga, juzga, y sanciona delitos relacionados al conflicto armado. El objetivo es que haya verdad, justicia, y reparación a las victimas, es decir, que no haya impunidad. El 23 de junio de 2016 se firmó el acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo.

Poco se sabe sobre el proceso en sí, lo cual no es extraño. Las negociaciones de paz que han sido exitosas en otras partes del mundo han contado con una estrategia de relaciones públicas que limita la circulación de la información. O sea, contrariamente a otros procesos colombianos, en esta ocasión no se hizo un “espectáculo público”.

El proceso ha sido serio, ha sido apoyado por partidos políticos colombianos de (casi) todo el espectro ideológico, entre ellos el Polo Democrático Alternativo, Marcha Patriótica, y otros movimientos progresistas, el Partido Liberal, el Verde, campesinos, estudiantes, indígenas, empresarios, y líderes religiosos.

Solo el “uribismo” (corriente política a favor del expresidente Álvaro Uribe) y algunos sectores afines al partido conservador se han manifestado en contra, aduciendo que no se puede negociar si no se solicita como prerrequisito un cese al fuego y que el Marco Jurídico para la Paz podría eximir a guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad de sus responsabilidades.

Pero dichos grupos se encuentran aislados, no solo a nivel nacional sino también internacional: 47 países (incluyendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU) han manifestado su apoyo al proceso de paz. Del mismo modo, entidades como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Unión Europea, y organizaciones como Human Rights Watch, ven con buenos ojos las negociaciones.

La firma del acuerdo no solo es un punto de llegada; también es un punto de partida

Para varios observadores, la “verdadera Guerra” de las FARC-EP inició en 1982 cuando, durante su séptima conferencia, el grupo guerrillero se planteó convertirse en un ejército popular. Durante los siguientes veinticinco años, las FARC-EP crecieron exponencialmente.

Pero también ascendieron los paramilitares, el narcotráfico se convirtió en una problemática transversal (que afectó a todos los actores en conflicto, incluyendo al Estado), y la población se cansó de hablar de paz. Hacia 2008, luego de la desmovilización de las AUC, de la muerte del líder fundador de las FARC, Manuel Marulanda “Tirofijo”, de la captura de varios miembros del Estado Mayor Central, y de la persistente imagen que borraba la diferencia entre guerrilleros y narcotraficantes ante la opinión pública nacional e internacional, quedó claro que los “mejores tiempos” de las FARC-EP habían quedado atrás. La negociación se convirtió en una necesidad.

El proceso de paz actual excluye al ELN, y por ello es difícil argumentar que tiene la posibilidad de generar una “paz integral”. A pesar de ello, este intento es inédito al menos a dos niveles. Primero, el congreso aprobó el “Acto Legislativo para la Paz”, que permite que se incorporen rápidamente los acuerdos al régimen legal y constitucional, posibilitando que el Congreso simplemente apruebe o repruebe las reformas que presente el Presidente.

Segundo, se prevé un mecanismo de refrendación, el cual se hará por medio de un plebiscito que debe tener lugar antes que acabe el año 2016. El umbral aprobatorio se ha establecido al 13% (4,5 millones de votos).

Este es el siguiente round de los luchadores por la paz: asegurarse que los acuerdos de paz definitivos sean apoyados por la población. La batalla no está ganada, como lo demostró Guatemala en 1999, cuando se perdió el referéndum que validaba muchas de las reformas pactadas por los acuerdos de paz de 1996.

En Colombia, si bien la mayoría manifiesta actualmente que votará a favor de los acuerdos, debe recordarse que la popularidad de Santos está por los suelos – se sitúa actualmente en el 25% – y que la mayoría se ha manifestado en contra del proceso de paz. Los colombianos prefieren hoy aprobar un “mal acuerdo” a que continúe una “buena guerra” que, desde hace tiempo se sabe, nadie era capaz de ganar.

Cali (Colombia) y Ciudad de México (México), Julio y agosto de 2016

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