Author: Carlos Osoria Polo

El país en donde los delitos no se castigan

by Carlos Osoria Polo
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La impunidad es la inexistencia de responsabilidad y sanción legal cuando se cometen delitos o violaciones de derechos humanos. Generalmente surge como consecuencia de la falta de prevención, investigación y sanción por parte de la autoridad, lo que termina por afectar a las víctimas, quienes muchas veces no obtienen una reparación integral del daño.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de Derechos Humanos en México (2015), asentó que la crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa el país es, en parte, consecuencia de la impunidad, la cual alcanza más del 98% de los delitos cometidos en México. En otras palabras, solo se sanciona el 2% de los delitos o violaciones de derechos humanos cometidas en el país. 

Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), menciona que en el país se han abierto 15,848 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura desde diciembre de 2006, no obstante, solamente se tiene registro de 8 sentencias condenatorias desde 1991 por ese delito. La CMDPDH también menciona que, en México, han sido desaparecidas de manera forzada más de 35,000 personas en los últimos años, sin embargo, se tiene conocimiento de que el poder Judicial Federal solamente ha emitido 9 sentencias por ese delito.

En nuestro país la impunidad tiene sus orígenes, por una parte, en la falta de denuncia de delitos, la cual es consecuencia directa de la falta de confianza en las instituciones. Por otra, la falta de procesos claros y transparentes, así como las barreras en el acceso a la justicia para todas las personas hace que las estadísticas se disparen, convirtiéndonos en uno de los países con mayor índice de impunidad. Al final, quien sufre las consecuencias es la sociedad y las víctimas. 

Si bien se han empezado procesos importantes de reformas legislativas y fortalecimiento de distintas instituciones para disminuir los índices de impunidad, es necesario que esos mismos esfuerzos se conjuguen con políticas públicas que generen más confianza en las instituciones y, además, impacten integralmente en la prevención, investigación, sanción y reparación de delitos y violaciones de los derechos humanos. 

¿Vladimir Putin irá a la cárcel?

by Carlos Osoria Polo
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El pasado 17 de marzo de 2023 la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que se giraron órdenes de aprehensión en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin y de Maria Alekseyevna Lvova-Belova[1]. La CPI consideró que existen motivos razonables para creer que las personas señaladas  son responsables por crímenes de guerra, específicamente  por la deportación ilegal y el traslado ilegal de personas desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia territorio ruso, esto en perjuicio de niñas, niños y adolescentes ucranianos.

La principal pregunta que surge es ¿realmente van a detener al presidente ruso? Para responder lo anterior tenemos que entender que la Corte Penal Internacional basa su funcionamiento en el Estatuto de Roma y únicamente tiene jurisdicción sobre los países que han firmado y ratificado dicho tratado internacional. Rusia actualmente no acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Por su parte, Ucrania no es miembro del Estatuto de Roma, pero ha solicitado a la CPI ejercer su jurisdicción sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en su territorio desde el 20 de febrero de 2014. Esto es lo que permite que actualmente la Corte tenga una investigación abierta sobre los hechos que suceden en Ucrania.

Lo anterior quiere decir que la Corte Penal Internacional no puede detener al presidente ruso mientras él siga dentro de las fronteras de su país pues, de acuerdo con información del Gobierno Ruso, ha quedado claro que dicho país no cooperará para ejecutar las órdenes de aprehensión de la CPI en contra de funcionarios de su gobierno.

Sin embargo, el presidente ruso sí podría ser detenido si entra al territorio de alguno de los 123 países que sí aceptan la competencia de la Corte Penal Internacional, ya que estos tienen la obligación de colaborar con el funcionamiento de la Corte.

Lo cierto es que mientras esto ocurre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania sigue afectando a miles de personas de ambos países, quienes lo que más desean es que esta pugna llegue a su fin. Esperemos que los mecanismos internacionales puedan abonar a una solución pacífica del conflicto, asegurando que los crímenes cometidos no queden impunes.

La migración en México, un preocupante escenario

by Carlos Osoria Polo
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En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez con mayor intensidad, retorno de personas migrantes. Debido a su ubicación geográfica, nuestro país se encuentra en una posición estratégica para toda clase de flujos migratorios y comerciales.

De acuerdo con información oficial de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno Federal, durante el año 2022 se registraron más de 30 millones de entradas de personas extranjeras al territorio nacional. Es importante mencionar que el número probablemente sea mayor, dado que existe un alto índice de personas indocumentadas que entran al país sin ser detectadas.

Lo anterior nos lleva a entender que en México existen distintas caras de la migración. Por un lado, están las personas que llegan de Estados Unidos o Europa con una oferta laboral o para invertir  en México; por otro, tenemos a las miles de personas que todos los años salen de sus países en centroamérica para encontrar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, pero que invariablemente tienen que atravesar nuestro país para llegar a su destino.

Sobre este último grupo de personas migrantes me quiero centrar, porque son ellas quienes viven una serie de violaciones a sus derechos humanos todos los días. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas personas son víctimas de discriminación, agresiones, secuestros, violencia sexual, trata de personas, asesinatos y desapariciones. La mayoría de estos delitos son perpetrados por grupos del crimen organizado, pero también se ha tenido conocimiento de múltiples casos que involucran la participación de funcionarios públicos.

En México ha sido la sociedad civil quien más se ha preocupado por ayudar a las personas migrantes indocumentadas que se encuentran de paso por México, brindando hospedaje, alimentación e incluso asesoría jurídica. Si no fuera por las organizaciones civiles miles de personas migrantes quedarían en una total desprotección.

Es fundamental que las empresas y la academia se unan con las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las personas migrantes indocumentadas que atraviesan México en busca de una vida mejor. Todas y todos podemos ayudar desde nuestras trincheras y posibilidades, ya sea donando tiempo o recursos a organizaciones que trabajan en la atención y protección de las personas migrantes, o bien promoviendo políticas públicas más humanas y justas. La solidaridad y la empatía son valores que debemos fomentar como sociedad para construir un mundo más igualitario y equitativo para todas las personas, independientemente de su origen o situación migratoria.

Capacitismo en las empresas ¿cómo lo evitamos?

by Carlos Osoria Polo
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Las personas con discapacidad se han enfrentado históricamente a barreras que les hacen muy complicado alcanzar un desarrollo integral. De acuerdo con el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, el capacitismo es una forma de discriminación que excluye y limita el bienestar de las personas con discapacidad y que, por otro lado, otorga ventajas a aquellas personas sin discapacidad. 

Diversos autores han señalado que el capacitismo se basa en el prejuicio de que las personas con discapacidad tienen menos valor que las personas sin discapacidad, entendiendo a la discapacidad desde un enfoque médico-asistencial. Habría que recordar que Naciones Unidas ha planteado cambiar esa visión de la discapacidad por un nuevo modelo social de la misma, en donde se entienda que las barreras que impiden el desarrollo de las personas no dependen de sus discapacidades, sino de la propia sociedad.  

Lamentablemente, el capacitismo tiene un impacto muy negativo en el acceso y permanencia en el empleo de las personas que viven con alguna discapacidad. La OIT señala que aproximadamente el 60% de las personas con discapacidad tienen edad para trabajar, sin embargo, enfrentan un índice de desempleo de entre 80 y 100%. Incluso, la dificultad se acentúa hacia las mujeres con discapacidad ya que, de acuerdo al INEGI, es aún más difícil que ellas puedan acceder y permanecer en un empleo.

Para incluir efectivamente a las personas con discapacidad en los centros laborales es necesario tener un enfoque integral que, cuando menos, cubra dos frentes: uno que esté centrado en acciones concretas para eliminar las barreras o desventajas impuestas por la sociedad y otro que garantice su inclusión en los servicios y actividades de formación profesional, ascenso en el empleo, seguridad social y reducción de la precariedad económica. 

Además, la OIT señala cuando menos cinco ventajas de contratar a personas con discapacidad: 

  1. Acceso al talento 
  2. Mayor innovación
  3. Mayor sentido de pertenencia y retención 
  4. Mejor imagen
  5. Mejoras en los procesos de producción, lo que hace empresas mas eficientes y efectivas. 

Se ha comprobado que, en la medida en la que las empresas y centros de trabajo vayan dejando de lado los estereotipos, estigmas y prejuicios que rodean a las personas con discapacidad, podrán encontrar a personas con habilidades, aptitudes y competencias extremadamente útiles en el mundo laboral. 

La discriminación laboral: uno de los principales problemas en las empresas mexicanas

by Carlos Osoria Polo
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace algunos años lanzó un informe sobre la discriminación en el empleo. En dicho documento la OIT señaló que esta práctica es un problema importante en todo el mundo y que, aunque se han emprendido acciones notables para contrarrestarla, la discriminación sigue siendo un tema preocupante en los centros de trabajo de todo el planeta.

 En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó un estudio sobre la discriminación en el empleo, en este se detalla, a través de datos oficiales, como es que ciertos grupos de la población se enfrentan a situaciones acentuadas de discriminación en el empleo. Por ejemplo, las mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, personas afrodescendientes o personas de la comunidad LGBTIQ+ viven situaciones diferenciadas y preocupantes de discriminación para acceder y permanecer al empleo. 

Ante lo anterior se han hecho acciones importantes; por ejemplo, la discriminación está prohibida desde la Constitución, y la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación contemplan sanciones cuando se comentan actos discriminatorios. Además, tenemos herramientas importantes como la Norma Oficial Mexicana NOM 035 y la Norma Mexicana NMX 025, instrumentos que buscan que las empresas y centros de trabajo mejoren sus condiciones laborales en favor de las personas trabajadoras. 

Desde la Sociedad Civil también se están realizando acciones importantes, por ejemplo, el Centro Eugenio Garza Sada pone a disposición de las empresas el programa “Capitalismo Social Aplicado: Ejemplos para el liderazgo humanista”, Ejemplos para el liderazgo humanista”, el cual consta de siete sesiones en las que se enseñan estrategias para que las empresas contribuyan al bien común y tengan éxito, a través del ejemplo de otras empresas que han implementado exitosamente prácticas en favor de la dignidad humana.

Para alcanzar una eliminación efectiva de la discriminación en los centros de trabajo es indispensable fomentar la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana en las empresas, garantizando que derechos como la jubilación, el salario adecuado, la capacitación y el ascenso en condiciones de igualdad sean un imperativo que no se deje de lado. 

Arraigo y prisión preventiva oficiosa violan derechos humanos: Corte IDH

by Carlos Osoria Polo
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En el año 2006, Jorge Marcial, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, fueron detenidos por autoridades mexicanas ya que presuntamente habían cometido un delito establecido en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Durante tres meses estuvieron en arraigo, es decir, fueron incomunicados y privados de su libertad mientras se investigaba si realmente había elementos para vincularlos a un proceso penal. Después de eso, estuvieron en prisión preventiva durante dos años y medio sin que existiera una sentencia en su contra. Finalmente, en 2008 un juez resolvió que las personas señaladas no eran culpables del delito que se les acusaba y se les puso en libertad.  

Este asunto fue resuelto el pasado viernes 27 de enero de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una institución judicial de carácter internacional encargada de velar por los derechos de las personas en el continente americano. En su sentencia, la Corte IDH estableció que México violó varios derechos humanos en este caso, por un lado consideró que la figura del arraigo viola el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia; por otro lado, estableció que la prisión preventiva en este caso violó el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas. La Corte también dijo que se había afectado el derecho a la integridad y vida privada debido al aislamiento e incomunicación que vivieron las personas durante el arraigo. 

Por último, la Corte IDH ordenó que el Estado Mexicano dejara sin efecto las normas relativas al arraigo de naturaleza pre-procesal; asimismo, indicó que se debe adecuar nuestra legislación en materia de prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, esta sentencia es obligatoria para todas las autoridades mexicanas, por lo que implicaría, por ejemplo, que jueces y juezas observen los razonamientos allí planteados en casos sobre arraigo y prisión preventiva. También quiere decir que nuestra Constitución se debe modificar, ya que lamentablemente, tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa, son figuras jurídicas que se encuentran permitidas desde el marco constitucional. 

Esta sentencia es un paso muy importante en favor del Estado de Derecho y los derechos humanos, representa la oportunidad de remediar décadas de injusticias y de arbitrariedades en la aplicación del derecho penal en México. Es, sin duda, una ventana para que nuestro marco legal se convierta en un instrumento de protección para los derechos de todas las personas.

¿Se puede salir de la pobreza solo con “echarle ganas”?

by Carlos Osoria Polo
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La idea de que cualquier persona puede salir de la pobreza con el solo hecho de “echarle ganas” es un argumento común en conferencias motivacionales y libros de superación personal. Pero ¿es esto cierto?, ¿cualquier persona puede salir de la pobreza solo con proponérselo y “echarle ganas”? 

La realidad es mucho más compleja. Primero habría que entender que la pobreza va más allá de la falta de ingresos para atender las necesidades básicas. De acuerdo con la CEPAL, una perspectiva más amplia nos permitiría entenderla no solo como la carencia de recursos, sino como la falta de acceso a derechos fundamentales. 

En segundo lugar, nos debe quedar claro que la pobreza ha afectado histórica y diferenciadamente a ciertos grupos de la población más que a otros. El sexo, color de piel, lugar de origen o las discapacidades regularmente tienen un impacto en las oportunidades de las personas. Por ejemplo, el Colmex ha documentado que, en México, las personas de piel oscura tienen menos posibilidades de salir de la pobreza que las personas de piel más clara. 

En el mismo sentido, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias señala que en México 74 de cada 100 personas que nacen en la base de la escalera social no alcanzan a salir de la pobreza en toda su vida, situación que se hace especialmente más compleja si estas personas tienen piel oscura o son mujeres. 

Las personas que viven en condiciones de pobreza más graves son también aquellas que pertenecen a grupos que históricamente han sido discriminados, segregados y violentados. La pobreza es una de las muchas consecuencias que tiene la desigualdad ocasionada por la discriminación sistemática y estructural que viven millones de personas en el mundo. Además, responde a una herencia intergeneracional de desventajas que continúan reproduciéndose en el tiempo, convirtiéndose en una barrera importante entre las ganas de salir adelante y la falta de oportunidades. 

La próxima vez que leamos o escuchemos el argumento de que las personas son pobres porque quieren, valdría la pena cuestionar de dónde vienen esas ideas; lo más probable es que encontremos a alguien que, desde su privilegio, no ha volteado a ver a las más de 700 millones de personas que diariamente se esfuerzan por no ser consumidas por la pobreza.

No hay soluciones rápidas para acabar con la pobreza. Es necesario el trabajo colaborativo de países, empresas y sociedad civil; trabajar para implementar leyes y políticas con perspectiva de derechos humanos, encaminadas a disminuir las desigualdades y fortalecer la justicia social con un enfoque diferenciado e interseccional. En la medida en la que las desigualdades se hagan menores, todas las personas podrán acceder a mejores condiciones para el disfrute de sus derechos humanos. 

2023 con un salario mínimo más alto ¿eso es bueno?

by Carlos Osoria Polo
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El 2023 empezó con un aumento al salario mínimo en México, esto desató una conversación sobre la pertinencia o no de dicho incremento. Vale la pena señalar que el salario mínimo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es la cantidad menor que debe recibir una persona trabajadora por los servicios prestados durante su jornada de trabajo; éste deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una jefa o jefe de familia en el orden material, social y cultural, así como para proveer educación obligatoria a sus hijos e hijas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para este año 2023 el salario mínimo general pasó de 172.87 a 207.44 pesos diarios; y en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 260.34 a 312.41 pesos diarios, lo cual significa que se dio un incremento del 20% en ambas zonas salariales. Por su parte, los salarios mínimos profesionales también se incrementaron en un 20% respecto del año pasado.

La pregunta es ¿esto es bueno o malo para la economía? Lo cierto es que el salario mínimo en México ya aumentó entre los años 2018 y 2021 sin causar repercusiones económicas negativas. De hecho, el Instituto Mexicano para la Competitividad señala que estos aumentos impactaron positivamente en la economía, aumentando la eficiencia del mercado laboral en el país. 

En tal sentido, el Banco de México señala que los aumentos al salario mínimo en años anteriores tampoco tuvieron un efecto adverso en el desempleo. Sin embargo, de acuerdo con un estudio del Banco Central, la inflación en la zona de la frontera norte sí tuvo un incremento de 1.2% en 2019 derivado del aumento del salario mínimo, no obstante, este efecto se disipó derivado de las políticas fiscales implementadas de forma simultánea. 

Por su parte, Enrique Elizondo, abogado especialista en Derecho del Trabajo, señala que el incremento es positivo pues responde a una idea de justicia social establecida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, además genera mayores ingresos a las personas trabajadoras. No obstante, apunta que el aumento del 20% se reflejaría directamente en los tabuladores de los salarios de las empresas respecto de la mano de obra y las cuotas obrero patronales, por lo tanto, podría generar un incremento en la oferta de productos y servicios, teniendo como consecuencia una inflación en los precios. 

A nivel internacional la experiencia en Brasil, Chile y Argentina demuestra que el incremento al salario mínimo puede tener efectos muy positivos para la economía si es implementado adecuadamente y como parte de una política económica integral.

En conclusión, el aumento del salario mínimo es positivo, pero podría traer como consecuencia un aumento en la inflación en los precios de bienes y servicios. Si bien, es imposible saber a ciencia cierta el impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en la economía durante 2023, es necesario reconocer que aún con el último aumento no se alcanzan los estándares mínimos para garantizar que una persona pueda vivir plenamente con ese sueldo. Aún queda mucho por seguir trabajando para que los salarios en el país realmente respondan a las necesidades de millones de personas que diariamente trabajan ocho horas (o más) para llevar un sustento a su familia, pero apenas les alcanza para lo más básico.  

* Profesor Universitario y Socio Fundador de Humanus DH, firma especializada en igualdad, no discriminación y derechos humanos: http://humanusdh.com.mx/ 

¿La Suprema Corte se quiere robar la Navidad?

by Carlos Osoria Polo
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En la víspera de Navidad del 2020, tres municipios del estado de Yucatán, México, colocaron “nacimientos de cristo” pagados con el erario público. Lo anterior tuvo como consecuencia que una organización en favor de los derechos humanos interpusiera tres juicios de amparo por violación al estado laíco.

La principal razón de los litigios consistió en señalar que los ayuntamientos se tienen que desempeñar dentro de los límites de la laicidad, tal y como establece la Constitución Mexicana. La organización Kanan Derechos Humanos planteó que aquellas personas que no comparten o practican el catolicismo tienen derecho a vivir en un municipio que no gaste dinero público en símbolos religiosos de cualquier tipo y a que tampoco se les intente cambiar el pensamiento a través de la difusión del evangelio. 

El caso ha sido tan relevante que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo resolverá. Si bien este asunto se empezó a discutir en noviembre de 2022, al momento en que se escribe este artículo (diciembre 2022) aún no hay fecha definitiva para dictar sentencia. No obstante, ya se conocen los proyectos de resolución de dichos amparos y, a grandes rasgos, proponen declarar procedentes y fundadas las demandas.

Lo anterior ha ocasionado que algunas personas piensen que, con dichas resoluciones, se prohibirá la colocación de adornos navideños en las calles; que las personas ya no podrían instalar nacimientos en sus casas o que incluso ya no podrían celebrar la navidad.

Lo cierto es que el proyecto de sentencia de la Suprema Corte no tiene dicho propósito. Más bien establece un precedente para que los entes de gobierno respeten el estado laico, absteniendose de colocar públicamente simbolos de alguna religión específica y de erogar recursos públicos con dicha finalidad.

Si bien el derecho a la libertad de religión es un derecho que todas las personas tenemos, también es importante dimensionar que no todas las personas practicamos la misma religión y que incluso algunas no practican ninguna en lo absoluto.

Por lo que, independientemente de lo que resuelva la Suprema Corte, es totalmente razonable que busquemos construir espacios públicos que sean igualmente amigables para alguien que practique el catolicismo, pero también para quienes practiquen cualquier otra religión, desde el cristianismo evangélico, el judaísmo, el islam, el budismo, las creencias de raíces étnicas, los credos new age o las escuelas esotéricas; todas las personas tenemos derecho a poder ejercer nuestra libertad religiosa y a que el Estado respete su obligación de ser neutral ante la gran pluralidad de religiones y creencias que hay en México.

* Profesor Universitario y Socio Fundador de Humanus DH, firma especializada en igualdad, no discriminación y derechos humanos: http://humanusdh.com.mx/ 

1 Se puede consultar con más detalle en: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-suprema-corte-pretende-prohibir-los-nacimientos-de-jesucristo/ 

2 Se puede consultar con más detalle en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-10/AR-216-2022-20102022.pdf 

A la cárcel… por un post

by Carlos Osoria Polo
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Shahnewaz Chowdhury, un activista originario de Bangladesh, realizó una publicación en Facebook en donde criticaba del impacto ambiental de una central eléctrica construida en su comunidad y además señaló los incidentes de una protesta en dicha planta que supuestamente habrían llevado a la muerte de 12 personas, por último animó a la juventud a oponerse a los proyectos de esta naturaleza a través de “escritos audaces”. 

Un día después, la empresa que es dueña de la central eléctrica presentó una denuncia en contra de Shahnewaz Chowdhury señalándolo de publicar información falsa; posteriormente fue arrestado por la policía y pasó 80 días en reclusión sin tener una sentencia en su contra, fue hasta agosto de 2021 que pudo salir bajo fianza. Sin embargo, su juicio continúa y si es encontrado culpable podría pasar varios años en prisión. El proceso penal en su contra tiene sustento en una Ley de Seguridad Digital que ha sido usada para silenciar a disidentes y activistas. 

Lo que pasó con Shahnewaz Chowdhury es preocupante, ya que su historia presenta un caso de violación al Derecho de Libertad de Expresión, pues se está usando la ley para silenciar a un activista ambiental. 

Lamentablemente, este tipo de leyes existen en otros países del mundo (incluido México), en donde a través de Códigos Penales se sancionan conductas conocidas como Delitos contra el honor, las cuales regularmente caen en figuras como injurias, difamación, calumnias, ataques al honor, entre otras. Este tipo de delitos castigan con cárcel expresiones que puedan dañar el honor u honra de otra persona.

Organismos internacionales, desde hace muchos años, han abogado por la eliminación de este tipo de delitos para que, en vez de sancionarse con prisión, se aborden a través de la vía civil, ¿qué quiere decir esto? Significa que en lugar de ir a la cárcel por alguna de las conductas descritas anteriormente se reciba una sanción civil, misma que podría ser rectificar la información publicada, pedir una disculpa pública e incluso, indemnizar económicamente por posibles daños.

Organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han coincidido en que la existencia de los delitos contra el honor pone en riesgo la democracia y la existencia de una sociedad mejor informada. Asimismo, se ha establecido que las sanciones penales resultan desproporcionadas e inadecuadas para atender casos en donde la libertad de expresión se pone frente a otros derechos humanos y que, por lo tanto, sería mejor que se resolvieran por la vía civil.

En México, desde el 2007, los delitos contra el honor fueron derogados del Código Penal Federal; sin embargo, no fueron modificados los Códigos Penales de todas las entidades que conforman el país. En estados como Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Campeche, Sonora y Michoacán aún se clasifican la injuria, la calumnia, la difamación y los ataques contra la honra como delitos. Es decir, si te encuentras en alguno de estos lugares, podrías enfrentar un proceso parecido al que enfrentó Shahnewaz Chowdhury en su natal Bangladesh.

A principios de este 2022, la organización Propuesta Cívica A.C. presentó un estudio en donde fueron analizadas todas las legislaciones penales de México y sus implicaciones en temas de libertad de expresión y periodismo. Con esta investigación se concluye que los estados que aún conservan este tipo de delitos ponen en riesgo la libertad de expresión, ya que en sus legislaciones no se establecen límites claros que protejan discursos e informaciones de interés público, lo que podrían causar desinformación pues su efecto inhibidor promueve la autocensura.

Como consecuencia, en septiembre de 2022 se presentaron una serie de iniciativas en el Congreso de Nuevo León, uno de los estados con mayor retraso legislativo en temas de libertad de expresión, con el propósito de eliminar los delitos contra el honor del Código Penal y así regular la responsabilidad civil de manera adecuada.

A la fecha las iniciativas se encuentran en estudio y no se tiene certeza de si se resolverán positivamente.

Esperemos que el Congreso de Nuevo León retome el análisis presentado desde la sociedad civil organizada, ya que brinda elementos técnicos que toman en cuenta la experiencia nacional e internacional para la discusión de reformas legislativas que permitan que tengamos un marco normativo que no ponga en peligro la democracia, ni la libertad de expresión como pasó en el caso de Shahnewaz Chowdhury.