Pese a reclamo internacional, Bukele anticipa más destituciones en El Salvador

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asomó este lunes la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución de un grupo de magistrados y del fiscal general por parte del Parlamento el fin de semana.

“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.

La junta directiva de diputados de la Asamblea Legislativa, luego de una reunión, acordó volver a sesionar el próximo miércoles.

Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 84 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.

También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la “profunda preocupación” de Washington “por la democracia de El Salvador”.

Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria.

A los reclamos se sumó este lunes la Unión Europea (UE). Su portavoz de política exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones “atentan contra el Estado de derecho” y pidió “salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador”.

– China interviene –

Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó “a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz” de 1992 [fin de la guerra civil], dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.

“Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas”, respondió Bukele.

En tanto, la embajada de China en San Salvador sostuvo que “la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la carta de la ONU”, en clara sintonía con lo que exige Bukele a sus críticos.

El apoyo de China llega en momentos en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado retomar relaciones con Taiwán, considerado por los chinos una provincia rebelde.

– “Ejercer la soberanía” –

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la carta magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

Bukele los había criticado duramente y acusado de no permitirles cuidar de la vida de sus ciudadanos.

Los magistrados destituidos y el fiscal general habían sido electos por la anterior legislatura controlada por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy minoría opositora.

Tanto Arena como el FMLN se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.

“Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”, subrayó Bukele este lunes.

Su vicepresidente, Félix Ulloa, cuestionó también las críticas internacionales: “para una superpotencia no hay señalamientos, pero para un pequeño país que comienza a ejercer la soberanía de su pueblo y a liberarse de las cadenas con la que las élites, los políticos y funcionarios corruptos lo tenían sometido, le salen al paso hipócritas y mojigatos”.

– Socava negociación con el FMI –

Para Rubén Zamora, un exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Bukele “está metiendo al país a una crisis tremenda”.

Según reportes financieros, los bonos soberanos de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un 6%, mientras los de vencimiento a 2052 se derrumbaron hasta un 10%.

Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento de al menos 1.300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90% del PIB.

Según un reporte del banco de inversión Barclays, difundido por la prensa, la “agenda política [de El Salvador] socava la negociación” con el FMI y su relación con Washington y organismos internacionales.

(Fuente: AFP)

Política anticorrupción en México y derechos humanos

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El treinta de agosto del año pasado se publicó el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 del Presidente López Obrador. Por su parte, el veintinueve de enero pasado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó finalmente la Política Nacional Anticorrupción. Por su parte, el pasado seis de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó un documento denominado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos.

Esta colaboración se centrará, en primer lugar, en hacer una breve descripción del contenido de ambos documentos; y, posteriormente, en delimitar cuál debe ser un enfoque de derechos humanos en cualquier política anticorrupción, según el referido documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Programa del Ejecutivo se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y parece delimitar su problematización con los siguientes elementos: Por una parte, identificando a la corrupción como el principal problema del país, pero también subrayando a la impunidad como su principal; además, las consecuencias de la corrupción se describen en el sentido de que afecta a la sociedad, debilita la credibilidad en las instituciones estatales, disminuye el Estado de derecho y propicia  inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer derechos fundamentales.

El Programa cuenta con cinco objetivos prioritarios y dos de ellos son: combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción y combatir los niveles de impunidad administrativa en el Gobierno Federal. Respecto de estos dos objetivos prioritarios, el Programa se desagrega en 11 estrategias prioritarias y 91 acciones específicas; asimismo, se propone alcanzar 6 metas que denomina de bienestar.

La Política Nacional Anticorrupción (PNA), por su parte, pone el foco del problema en la “incapacidad para controlar la corrupción en México, esto es, prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente, que favorece a unos cuantos en detrimento de la mayoría.”

Entre las causas de la corrupción, según la PNA, están: (i) altos niveles de impunidad, (ii) discrecionalidad excesiva y arbitrariedad, (iii) débil participación social y (iv) distorsión de puntos de contacto entre instituciones gubernamentales y la sociedad.

Como consecuencias de la corrupción se menciona que propicia formas de intercambio particulares, arbitrarias y excluyentes; fomenta el ejercicio ineficiente del gasto público y restringe el acceso a bienes y servicios públicos, particularmente a la población en situación de vulnerabilidad.

En la PNA se delinean cuatro ejes estratégicos: (1) combatir la corrupción y la impunidad, (2) combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, (3) promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto entre gobierno y sociedad, y (4) involucrar a la sociedad y al sector privado. Como ejes transversales se aprobaron la coordinación, los derechos humanos, el gobierno abierto y la participación social, y la inteligencia y las tecnologías.

Para lograr su implementación, en la PNA se fijan 10 objetivos específicos y 40 prioridades de política, de las cuales 16 son de corto plazo (tres años o menos); 15, de mediano plazo (entre tres y seis años) y 9, de largo plazo (más de seis años). Además, se identifican los vínculos de coordinación que deberán existir entre todos los integrantes del Comité Coordinador del SNA al efecto de que se emitan los programas de implementación con sus objetivos específicos, estrategias, líneas de acción e indicadores para su evaluación. Por lo que hace a las políticas estatales anticorrupción que deben emitirse en los estados, en la PNA se expresa claramente que, si bien las políticas locales deben estar alineadas a los contenidos estratégicos  de la política nacional, también deberán contextualizar sus propios temas, diagnósticos y prioridades.

Por otra parte, en lo que hace al enfoque de derechos humanos de una política anticorrupción,  la Comisión Interamericana de derechos Humanos parte de la premisa de que “no sólo la corrupción viola derechos humanos, sino que se debe prestar atención a la forma en que diversos contextos de corrupción facilitan y/o fomentan la vulneración de derechos humanos.”

Específicamente, para la CIDH se debe prestar atención al impacto y afectación de la corrupción en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y al agua. Con relación a estos derechos, no solo puede existir una violación directa, sino que, incluso, al desviarse recursos públicos se estarían evitándose el desarrollo progresivo de los mismos porque no se hace alcanza el máximo de los recursos disponibles debido a los actos de corrupción.

Con relación a la prohibición de discriminación, común para todas las categorías de derechos, la CIDH subraya que los actos de corrupción pueden afectar de una manera desproporcional a las personas históricamente discriminadas y excluidas. La Comisión Interamericana también resalta el impacto que la corrupción tiene en la institucionalidad democrática, en la libertad de expresión, el acceso a la información. Resalto que para la CIDH es muy importante que “las informaciones y opiniones sobre figuras públicas con relación a hechos de corrupción deben gozar de una especial protección.”

La propuesta de la CIDH es que toda política anticorrupción con enfoque de derechos humanos coloque en su centro a las víctimas de la corrupción como principio orientador y punto de partida: “las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de la lucha contra este fenómeno y formar parte del análisis, diagnóstico, diseño e implementación…” Esto es, “no es posible pensar la corrupción como un ilícito sin víctimas.”

La CIDH establece en su documento que, además de la centralidad de las víctimas, cualquier política anticorrupción con enfoque de derechos humanos debe tomar en cuenta los siguientes principios: (a) La igualdad y la no discriminación, para lograr enfocar esfuerzos en los grupos de personas que tienen alguna desventaja de acceso a los derechos. (b) La participación y la inclusión social, teniendo cuidado de no identificar esta participación como “la voluntad de las mayorías”. (c) Garantía de mecanismos de reclamo y acceso a la justicia. (d) La transparencia y rendición de cuentas garantizada con la producción y acceso a la información, en el sentido de información desde las dimensiones cuantitativa y cualitativa, pero también desagregada por segmentos de población que han sufrido discriminación histórica. (e) La protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. Y (f) la inclusión de la perspectiva de género y diversidad.

Adicionalmente, la CIDH considera como supuestos positivos de la política anticorrupción con enfoque de derechos humanos, una eficiente coordinación horizontal y vertical para potenciar todos los esfuerzos anticorrupción; considerar medidas dirigidas a erradicar la cultura de la tolerancia hacia la corrupción; y, por último, la relevancia de la cooperación internacional y una perspectiva que considere también la corrupción transnacional.

Hecha esta breve descripción, en la siguiente colaboración se estudiará si el Programa del Ejecutivo y la Política Nacional Anticorrupción tienen un enfoque de derechos humanos.

Fuentes consultadas.

CIDH. 2019. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. OEA/Ser. L/V/II, doc. 236, 6 de diciembre, español.

COMITÉ COORDINADOR DEL SNA. 2020. Política Nacional Anticorrupción. Aprobada el 29 de enero.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2019. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto.

La justicia necesaria

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En días recientes y por todos los medios de comunicación así como redes sociales, se habló y analizó el paquete de iniciativas en materia de Justicia del Fiscal General de la República, la Consejería Jurídica y el Senador Ricardo Monreal. Esta supuesta iniciativa filtrada a medios de comunicación, fue sumamente criticada por académicos, especialistas y analistas debido a su contenido que iba en sentido contrario al nuevo sistema de justicia penal del año 2008, la reforma en 2011 en materia de derechos humanos, y su naturaleza de respeto a los derechos humanos de todas las personas (partes) involucradas  en el proceso de justicia. Sin la intención que analizar a profundidad dicho paquete de iniciativas, la realidad es que este hecho abrió la puerta para discutir y reflexionar sobre una situación de trascendencia y relevancia para nuestro país: el sistema de justicia mexicano.

En esencia, un sistema de justicia es un factor determinante para la consolidación del Estado de Derecho, instituciones y una vida democrática ,  generando una mayor satisfacción confianza y educación ciudadana con los aparatos del Estado; en ese sentido, si verdaderamente queremos combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, tenemos que apostarle a transformar nuestro sistema de  procuración de impartición de justicia. Sin embargo, una modificación tan ambiciosa y con  una  supuesta de  intención de cambiar las cosas de fondo, obliga a incluir a los diversos actores involucrados como Universidades, activistas, Centros de Investigación, Colegios Profesionales, el mismo Poder Judicial, etc, cuyas opiniones y aportaciones son necesarias y fundamentales para realizar una reforma integral. En segundo término, hay que entender la realidad social para conocer los flagelos del sistema judicial.

De acuerdo con la organización World Justice Project en su Índice de Estado de Derecho 2019, México ocupa el puesto 99 de 126 países evaluados, lo que representa una caída de 2 posiciones en comparación con las evaluaciones 2017-2018; siguiendo el mismo Índice, una de las mayores preocupaciones de la organización, es el deterioro general del Estado de Derecho y  los controles al poder gubernamental. Los datos anteriores resultan alarmantes, ya que el apego a la ley y a las arbitrariedades del poder, son imperativos para poder soluciones los problemas de la sociedad. Como afirmar una destacada constitucionalista : “la justicia es un instrumento de pacificación”, y en esa lógica, debemos fortalecer estos mecanismos de pacificación cotidiana o extraordinaria. También, existen temas urgentes como el expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en México el 98% de de los delitos permanecen en total impunidad, lo que reduce la confianza de los ciudadanos con los aparatos del Estado, incrementaron aún más la cifra negra de delitos no denunciados, generando un circulo vicioso de injusticia sistemática. De igual manera, para aquellos dentro del sistema penitenciario, existe una violación sistemática del debido proceso y  presunción de inocencia, así como otros  derechos humanos, ya que en el 2016, el 35% de las personas en cárceles no ha sido sentenciado . Sumando los datos anteriores, vemos que en nuestro país solo se resuelven el 5% de los homicidios y 5 condenas por cada 100 víctimas. Vemos que realmente existe un  sistema deficiente, cuando la alta carga de casos en los Ministerios Públicos llega a ser inquietante cuando en lugares como en Guerrero cada fiscal tiene 900 casos pendientes y en términos generales son 102 crímenes sin respuesta por cada policía de investigación; lo que nos hace afirmar que “esclarecer un homicidio en México es una excepción y no una regla” en donde somos el penúltimo lugar (58 de 59) de países evaluados en impunidad en torno a seguridad, justicia y derechos humanos. Cómo podemos ver analizando datos generales y de una fracción del universo de problemas relacionados al comportamiento del aparato de justicia mexicano, estamos pasando una crisis identificada y urgente. Por ello, resulta ser de toda trascendencia, sin embargo, necesitamos abordarlo desde la realidad y no de la realidad política. En palabras de la Dra. Ana Laura Magaloni en el Senado de la República: “Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso. Nunca nos hemos propuesto seriamente derribar las enormes barreras de acceso a la justicia de los millones de personas que viven en pobreza y exclusión. Una cuestión tan básica como darles abogados a quienes no pueden pagar uno ha sido, hasta ahora, un asunto invisible, irrelevante o, quizá, amenazante. Una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición un sociedad desigual”.

Derechos Humanos y Democracia en tiempos de COVID-19

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La emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus en México ha puesto a prueba nuestras instituciones, entramados jurídicos y principios políticos. El “coronavirus mostró con claridad hasta dónde ha llegado en algunos casos el divorcio entre la teoría y la práctica de la democracia. Nuestro sistema de salud, incluso antes de la epidemia de COVID-19, se encontraba en una situación en el cual no se garantiza el derecho de acceso y servicios de calidad. La configuración de nuestro sistema de salud data de 1943 y comprende de dos sectores: público y privado. En el sector público, tenemos el sistema universal y el de seguro social (derechohabientes), la realidad, es que existe una “falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos apropiado, en especial, en los hospitales” (Corona González, 2017). En términos históricos, en la década anterior, el 50% de la población en México no contaba con ningún tipo de seguro médico, y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés), la inversión pública de México en su sistema de salud, entre 2003 a 2013, aumentó de 2.4% a 3.2% del PIB, y dicho aumento no se tradujo en una mejoría real y sustantiva. Siguiendo los datos de la OECDE, en términos comparativos, México es uno de los países que menos recursos destina al sistema de salud público, ocasionando que el gasto de bolsillo se encuentre en el 45%, obligando a que las familias mexicanas destinen una gran cantidad de dinero ante una necesidad médica, lo que reduce el acceso y genera que las familias caigan en una incertidumbre financiera ante algún tema médico.

A grandes rasgos, la realidad del sistema de salud es completamente distinta a los parámetros constitucionales, que si bien podemos argumentar que el sistema universal vive un cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar, las carencias y gasto siguen siendo iguales, y no está demás mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/2020 le recomienda a los Estados parte garantizar el derecho humano a la salud, pero no sólo desde una manera simple o reduccionista, y refiere a que todas las personas tienen derecho a “gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación”. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), prevé una protección a este derecho desde dos dimensiones: una privada y una pública, haciendo referencia a que privada es un caso particular y la pública a la generación de las condiciones por parte del Estado haciendo efectivo este derecho “para gozar del máximo grado posible de bienestar y de protección a la salud (Amparo en Revisión 237/2014), porque la salud pertenece a un grupo denominado Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales o DESCA por sus siglas, los cuales se pensaban no podían hacerse efectivos ya que eran algo abstracto, pero ello ha cambiado y hemos visto sentencias como las ya mencionadas, en los cuales nuestro máximo tribunal ha determinado que este derecho humano “debe ser garantizado a fin de que las personas disfruten del más alto nivel de salud”(Amparo en Revisión 251/2016) y de esta manera es claro que no es algo en abstracto y que la realidad del sistema de salud de nuestro país, no se encuentra en un nivel deseable y conforme a los parámetros de los derechos humanos, reafirmando esta brecha de la realidad con los contenidos constitucionales y convencionales. Por ende, tenemos una oportunidad de construir políticas públicas que atiendan esta difícil realidad que afecta a millones de persona en nuestro país.

Dos de los principios constitucionales de los derechos humanos son la indivisibilidad e interdependencia, ello quiere decir, que debemos entenderlos como un todo, ya que al afectar un derecho humano también se afecta otro, dado que está unidos como un conjunto de concepciones fundamentales en favor de la dignidad de todas las personas, así se ha establecido en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como la Proclamación de Teherán y la Declaración de Viena.

Sin embargo, estamos viendo que a nivel local, diversos gobiernos estatales iniciaron a promover acciones con penas sin el mayor sustento jurídico al igual que restringir derechos de manera desproporcionada, apostándole a medidas del populismo o punitivismo penal. Los actos hacían (y continúan haciendo) efectos similares a un Estado de Excepción (de facto) que tiene efectos serios en el ejercicio de derechos durante una situación o tiempo determinado.”Al menos los estados de Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y Coahuila emitieron decretos o medidas en ese sentido, y algunos municipios en Veracruz y Nuevo León restringieron la movilidad, con distintos resultados”(Escobedo, 2020), dentro de estas restricciones, se impusieron medidas punitivas como multas e incluso penas corpóreas (prisión preventiva). En primer término, estas acciones son a todas luces contrarias a la constitución, ya que nuestra Carta Magna es clara con la autoridad competente para limitar o suspender derechos o garantías, y el proceso inicia con la solicitud del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, siendo este último quien determinará la procedencia, finalizando con la revisión de la SCJN sobre su constitucionalidad y validez tal y como establece el art. 29 de la CPEUM. Sin embargo, este acto tiene limitantes claros a ciertos derechos que entran dentro de la lógica de suspensión, y las medidas deben apegarse a principios como legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. De acuerdo con la Oficina en México de la Alta Comisionada de la Nacionales Unidas para los Derechos Humanos “existen al menos 46 instrumentos (11 a nivel estatal y 35 municipales) que establecen medidas de emergencia, algunas de ellas restrictivas de derechos y con sanciones que llegan a la posibilidad de investigaciones penales“(Peña, 2020).

Lo anterior contradice acciones emitidas por el c (CGS) que dictan un “resguardo domiciliario voluntario” apelando una corresponsabilidad  ciudadana y conciencia colectiva. Al penalizar y hacer uso de medidas punitivas o intimidatorias por parte de los estados, responde a presiones sociales y estímulos políticos y en ningún momento son parte de una política pública o estrategia bien argumentada o instrumentada, limitar derechos no debe ser una regularidad o primera opción y es una medida extraordinaria que históricamente sólo se ha usado una vez en nuestro país y fue durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es fundamental el apego al orden constitucional durante estos tiempos, y “más nos vale cuidar hoy las formas jurídicas, porque estas formalidades serán las que nos cuiden en un futuro“. (Sánchez de Tagle y Vivanco Lira, 2020), ya que dicho respeto influye en los procesos democráticos del país que no pudieran entenderse sin los derechos humanos.

Un tema preocupante es la punitivización de las medidas sanitarias, no sólo desde el aspecto jurídico-formal sobre la falta de facultades de los gobiernos estatales, sino como fenómeno constante en la vida política y jurídica tanto a nivel federal como local. Primero que nada, me refiero al uso desproporcionado del derecho penal o del uso de la fuerza sin respeto al principio de ultima ratio (último recurso) recayendo en un “populismo penal”, que es hacer un uso regular del “ius puniendi” o monopolio del uso de la fuerza del Estado a manera de “política pública” con tónica represiva”como si el aumento de las penas fuera a garantizar de una u otra forma el cumplimiento de las condenas (Torres, 2010).

Sin embargo, una característica de esta forma de “gobernanza penal” es parte una política sin estándares racionales o científicos, simplemente son resultados de impulsos populistas que tanto a corto y largo plazo lesionan la democracia. El término Populism punitivenesses utilizado por primera vez en 1995 por Anthony Bottoms, tiene como origen la necesidad de estudiar las políticas criminales que tienen como principal objetivo ampliar sus catálogos de delitos e incrementar penas, sin embargo, “son concepciones donde la clase política se aprovecha de los sentimientos colectivos, para lograr buscar aceptación ante la comunidad. La cual se verá traducida en el número de votos para las campañas electorales“(Arrieta, 2018) tergiversando el Derecho Penal como protector último de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad. Este tipo de formas son características de Estados-nacionales autoritarios en los cuales las instituciones no tienen como prioridad los principios democráticos, sino la rentabilidad política. Como bien escribió Bobbio en su obra Liberalismo y Democracia,  uno de los objetivos de la democracia sustantiva es la igualdad de sus ciudadanos, pero esto no puede lograrse con acciones que buscan en todo momento una desproporción y una tensión entre el uso recurrente de la privación de la libertad y los valores democráticos constitucionales.

Son una salida fácil a una realidad compleja que no puede resolverse con actos cuyos efectos no abonarían a garantizar un bienestar para todos, y dicha ineficacia de formulación e instrumentación se debe al “tránsito por ese delgado filo de la navaja, entre el voluntarismo puro (vox populi, vox dei), que abocaría a la irracionalidad de la ley, (Paredes, 2016). Ninguna crisis en materia de salud debe ser un facilitador para menoscabar los derechos humanos y la democracia, que para bien o mal, nos ha costado mucho construir; lo que podemos hacer es utilizar nuestro escenario actual para elevar la calidad de las respuesta gubernamentales y políticas públicas tanto a nivel federal como local. Entender que no importa la incertidumbre de la situación, tenemos que pensar en todos los miembros de nuestra sociedad a la hora de resolver (o intentar resolver) un problema actual o inminente, y apostarle a consolidar una conciencia y  responsabilidad ciudadana, así como fortalecer una cultura de la legalidad para no tener que recurrir a medidas punitivas y detener ese delicado y  preocupante camino que estamos tomando. Bien lo dice un refrán popular “las crisis no hacen a una persona, pero revelan de qué está hecha”, la pandemia del COVID-19 en México ha dejado al desnudo los talantes autoritarios y antidemocráticos que siguen vivos y latentes y presentes en gran parte de la clase política mexicana. Como bien cuestiona J. Zavala: ¿qué resulta razonable hoy pero sería aberrante mañana?.

Bibliografía consultada

Corona González, R. D. (2017), El Sistema de Salud en México: De la fragmentación hacia un Sistema de Salud Universal. Memorias 12CNMI. Colegio Nacional de Especialistas en Medicina Integrada. México.

Oficina de la Alta Comisionada, Procedimientos Especiales, Organos de Tratado y otros mecanismos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por COVID-19. ONU. 3 de abril de 2020.

Paredes Castañón J. M. (2016). Punitivismo y Democracia: Las “necesidad sociales” y la “voluntad popular” como argumentos político-criminales. Libertas, Revista de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. No. 2 (julio). Pág. 153-202.

Torres, N. C. (2010). Populismo punitivo en Colombia: una aproximación a la política legislativa de las recientes reformas de los delitos sexuales. Cuadernos de investigación, Escuela de Derecho – Universidad Eafit, 84. Bogotá.

Comunidad nicaragüense se manifiesta contra posible asistencia de Daniel Ortega a la toma de posesión de AMLO

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La comunidad nicaragüense en México convocó hoy a un plantón para el sábado en las afueras de un hotel de la capital mexicana en repudio ante la posible presencia del Presidente de NicaraguaDaniel Ortega.

El plantón, denominado “Azul y Blanco”, fue convocado en las afueras del hotel Imperial, donde, según los organizadores de esa concentración, el Gobierno de Nicaragua reservó 27 habitaciones, previo a la investidura del Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

El plantón será “en repudio a la presencia de Daniel Ortega y su comitiva en México“, según explicó la comunidad nicaragüense, que incluye a personas que se exiliaron y refugiaron en ese país a raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado.

Ortega non grato“, “Boicot por asistencia de Ortega“, “A recibir a Ortega“, son los mensajes publicados en las redes sociales por los organizadores.

El Ejecutivo nicaragüense no ha informado si Ortega asistirá a la toma de posesión del nuevo Presidente mexicano, el próximo sábado.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.

Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la Vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

Pedro Garza seguirá luchando en caso de fallo por parte del Tribunal

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A horas de que pueda darse la resolución de la Sala Regional del Trife para definir las Alcaldías de Monterrey y Guadalupe, el panista Pedro Garza señaló que si el fallo no le favorece seguirá en pie de lucha e irá hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En compañía de Diputados federales y el Senador por Nuevo León, Victor Fuentes, el ex candidato al cruce de Chapultepec y Arteaga, en Guadalupe para saludar a los automovilistas.

Después de que el Tribunal del Estado revirtió el triunfo del PAN en ambos municipios para serle otorgados al PRI, Garza aseguró que la guerra sucia en su contra no ha parado, pero que ellos siguen firmes por el apoyo de los ciudadanos.

“Confiamos muchísimo en que siguen con la tendencia de priorizar la voluntad de los ciudadanos, como es el respeto al voto, vamos a recibir nuevamente la victoria y el triunfo que la ciudadanía nos dio el 1 de julio

En su lugar, los políticos también aprovecharon para entregar volantes  sobre sus propuestas para la Cámara de Diputados, como la eliminación del impuesto especial a los combustibles.

#ElTalónDeAquiles: “Ortega”

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Lo que pasa en Nicaragua es imperdonable. Por seis meses, la crisis en ese país ha nutrido las noticias internacionales. Lo que inició como protesta contra de las reformas al Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS) – se proponía aumentar las contribuciones de patronos, empleados, y pensionados al seguro social para evitar su quiebra (la cual, según previsiones del Fondo Monetario Internacional, acontecerá en 2019) – se convirtió en una lucha por la justicia y la democracia. Hoy, la precariedad de Ortega proviene dos factores.

Primero, su estilo, autoritario, cansó. Si bien en un inicio las protestas fueron entre la coalición opositora, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) y la Juventud Sandinista, los primeros muertos y el despliegue del ejército caldearon los ánimos. Pronto, los campesinos llamaron a la huelga y solicitaron la renuncia del polémico presidente. Luego, con la aparición de paramilitares y el uso intensivo de antimotines, los manifestantes pidieron el cese de la violencia, la liberación de detenidos (se denuncian torturas) y el cese de la censura (cuatro canales de televisión fueron sacados del aire temporalmente). En mayo, patronos y sindicatos, adversarios al principio, hacían frente común para condenar “las masacre”, la censura, y la represión. Buses, camiones, y camionetas se unieron al movimiento. La cantidad de muertos, la mayoría por la represión del Estado, se calcula hoy en alrededor de 400; el número de heridos ronda los 2500. 

Segundo, los apoyos a Ortega se disiparon. A nivel internacional, ya desde antes de la crisis, su gobierno no era bien visto, sobre todo entre aquellos países con los que ha mantenido contenciosos por razones diversas. Ningún Castro está hoy al frente de Cuba, Rafael Correa vive en Bélgica, y la Venezuela de Maduro es un desastre. Además, ordenar la salida de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), no ayudó a mostrar la buena voluntad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha seguido investigando hechos de violencia (su presencia fue exigida por los universitarios como parte del diálogo) y se ha referido en múltiples ocasiones al tema.

A nivel interno, Ortega tampoco pisa terreno firme. Por un lado, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobierna es un trozo del existente en las décadas 1970 y 1980. Muchos de sus excompañeros, que por cierto lo acusan de aventar al FSLN hacia el populismo, están en la oposición (Movimiento Renovador Sandinista, MRS). Por el otro, en un marco en donde el gobierno aceptó la entrada de la CIDH al tiempo que siguió desplegando los antimotines, la Iglesia suspendió el diálogo, con lo que se generó mayor frustración, y más protestas. Ortega, quien desde la campaña de 2006 comenzó a hacer constantes referencias a Dios, y que había logrado mantener relaciones cordiales con la Iglesia, recibió un ultimátum de la Conferencia episcopal. Cansada de intentar inútilmente de propiciar el diálogo, le exigió que generara las condiciones necesarias para el éxito del mismo. 

Las reformas al seguro social fueron revocadas menos de una semana después de la detonación inicial. Pero ya era demasiado tarde. La olla de presión explotó porque lo que Ortega ha hecho a Nicaragua, es imperdonable. Olvidemos que este privilegiado líder tuvo tres oportunidades para cambiar su país. Perdonémosle sus dos primeros intentos: el inicial, porque la Junta de Reconstrucción Nacional (1979-85) fue un grupo heterogéneo que dificultó la adopción de una agenda común. Y el segundo, como presidente democráticamente electo (1985-90), porque enfrentó una contrarrevolución financiada por la administración de Ronald Reagan. Aún en tales circunstancias, el legado de Ortega es inaceptable.

Además de querer perpetuarse en el poder, a este líder de oposición a la dictadura de Anastasio Somoza se le ha acusado de querer adueñarse de los bienes del FSLN, de acumular fortuna, e incluso de haber abusado sexualmente de su hijastra, Zoila América Narváez. También se le califica de nepotista, al haber propuesto como candidata a la vicepresidencia en su última reelección a su esposa, la poeta y exguerrillera, Rosario Murillo. También se le achaca el haber perdido la brújula ideológica. El Ortega del siglo XXI es corporatista: no solo gobierna a la derecha, con el apoyo de empresarios y de los sectores más conservadores de la Iglesia católica, sino que además cuenta con el apoyo tácito de sindicatos (que se acostumbraron a su tajada del pastel). Es también este Ortega el que negoció con el expresidente Arnoldo Aleman (1997-2002), un exomosista considerado uno de los políticos más corruptos del mundo, condiciones más favorables para la aplicación de su pena, a cambio de apoyo político.

¿Alguien mencionó “pensamiento progresista”? Porque si algo brilla por su ausencia en este país desde hace décadas, es esa noción. El presidente Ortega debe irse antes de terminar como Somoza, el dictador que, en su juventud, ayudó a derrocar. Y debe hacerlo rápido, porque la verdad, la dignidad ya se le acabó. 

Para información sobre la situación en Nicaragua, consulta:

Fernando A. Chinchilla 

Nouakchott (Mauritania), 23 de septiembre de 2018

#HojaDeRuta: “Ayotzinapa: el pasado que no pasa”

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El problema del pasado es que no pasa. Así se refirió el sociólogo portugués Boaventura de Sousa a la revolución rusa al reflexionar sobre su centenario en 2017. Lo mismo podría decirse de la desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Es un pasado que, por más que algunos quieran desterrar, no se irá a ninguna parte.

El crimen ahí ocurrido dejó una marca indeleble no solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino en la historia mexicana. A la conmoción nacional e internacional se sumó la burda actuación de la entonces Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial de los hechos.

Lo único que pasó a la historia fue la incapacidad del gobierno federal de llevar y facilitar un proceso convincente que permitiera esclarecer el caso y acceder a esa tierra que rara vez está a la vista de los tripulantes del navío mexicano: la justicia.

En días pasados, el caso Ayotzinapa tuvo una importante novedad: un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó crear una Comisión de la Verdad para reponer la investigación de la PGR, considerando que la indagatoria hecha por la dependencia federal “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La reacción internacional no se dejó esperar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a cumplir la sentencia del tribunal. 

Esta novedad jurídica se da justo en el contexto de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, AMLO ha sido el único candidato que ha pisado Iguala, Guerrero. En un mitin celebrado hace un par de semanas, se comprometió frente a los padres de los normalistas a crear una comisión de la verdad. Tras la noticia de la sentencia por el tribunal tamaulipeco, Ricardo Anaya se pronunció a favor de reabrir el caso.

Aunque también hay un debate jurídico respecto a los alcances de la sentencia emitida por el tribunal federal, es un hecho que la narrativa se ha instalado: la versión existente no es confiable, por ende, para saber la verdad se requiere una nueva indagatoria. Pase lo que pase el primero de julio, las condiciones parecen estar dadas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Además de abrirse un camino a una eventual justicia para las víctimas y sus deudos, una nueva investigación sobre los 43 también rompería con la nociva práctica de pretender enterrar verdades incómodas. Crímenes como Tlatelolco, el Halconazo, Acteal y Aguas Blancas siguen sin ser resueltos de manera convincente.

Contrastan casos como el chileno. Tras la dictadura de Pinochet y el retorno del sistema democrático en 1990, han existido 4 comisiones de la verdad que han buscado conocer con claridad el número de víctimas, las circunstancias de sus decesos, señalar a los responsables y buscar hacer reparaciones. La más reciente dio su informe en 2011.

Además de las obvias razones humanitarias, éticas y legales, hay un argumento político para reabrir el caso: si se pretende retomar una transición democrática, pasando de un sistema autoritario a uno democrático por la vía pacífica e institucional, esto no puede hacerse sin una reconciliación con el pasado, sin el reconocimiento de las víctimas y el señalamiento público a los victimarios. Sin memoria no hay democracia.

En este sentido, una eventual Comisión de la Verdad, el reconocimiento de las víctimas y la limpieza de sus nombres, así como el procesamiento de quienes resulten responsables, sería oxígeno puro para recuperar un poco de credibilidad y legitimidad en las instituciones del Estado Mexicano.

El pasado no pasa. Está entre nosotros, y solo hay un camino para avanzar: verlo a los ojos, hacerle justicia y mantenerlo en la memoria. 

“The past is what you remember, imagine you remember, convince yourself you remember, or pretend you remember.”

PGR critica fallo de Tribunal Colegiado por caso Ayotzinapa

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La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que los magistrados desconocen la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público de la Federación, esto tras el fallo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, donde se solicita que se haga una Comisión de la Verdad para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos en el 2014.

El Tribunal Colegiado considero que respectos a la investigación hecha por la PGR del caso Iguala no fue pronta, efectiva, independiente, ni imparcial, por lo que ordena crear una Comisión de la Verdad.

Por su parte, la PGR respondió que hasta el momento no ha sido notificada de la resolución del amparo otorgado a las víctimas del caso Ayotzinapa, pero que realiza un análisis sobre la versión pública para determinar las acciones que correspondan conforma a derechos.

También la PGR, critica que los magistrados desconozcan la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política, corresponde al Ministerio Público de la Federación.

Por otro lado, respecto a las acusaciones de tortura, la PGR indica que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

Al final, aclaro que la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

(Con información de Noticias MVS)

 

Detienen a Presunto implicado en desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Esta tarde la Procuraduría General de la República (PGR) informo la detención de Erick Uriel “N”, uno de las personas con las tuvieron contacto los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en el 2014.

La detención por parte de elementos de la Policía Federal se realizó en las inmediaciones del municipio de Cocula, Guerrero, así lo informó el titular de la Unidad Antisecuestro de la SEIDO, Gualberto Ramírez Gutiérrez.

De acuerdo a autoridades, Erick Uriel “N”, tuvo una “intervención decisiva”, en la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos en la noche del 26 de septiembre de 2014.

Ramírez Gutiérrez señaló que el detenido es un probable integrante del grupo criminal Guerrero Unidos, mismos que están ligados al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.

Erick “N” es también señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona del Río Balsas, respecto de la cual también hay investigaciones abiertas.

El detenido es acusado y tiene orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada y Secuestro, por oposición que el titular de la SEIDO anunció que será puesto a disposición del Juez que lo requiere e internado en un Centro Federal de Readaptación Social.

El pasado 3 de marzo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz Cabañas, dijo durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Bogotá, Colombia que la PGR esperaba cerrar el caso Ayotzinapa antes de que concluya el sexenio de Peña Nieto.

(Con información de Animal Político)