Eclipse

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Descubrir el Derecho es quizá el designio más arduo y apasionante del ser humano. Exagerados tal vez los adjetivos, no lo es el señalamiento del Derecho como un hallazgo (y no una construcción). Es necesaria tal precisión porque la velocidad compleja de las conductas humanas, ha llevado a no pocos filósofos a conjeturar que el Derecho es meramente la norma escrita. La voluntad exteriorizada de una autoridad eclesiástica o civil.

La tinta de estas letras difiere en lo absoluto. El hombre no penetra los confines remotos de la imaginación para crear normas jurídicas cuyo propósito sea tutelar derechos inherentes al ser humano, sino que a través de un proceso lógico y razonado, descubre esas normas que iluminarán su conducta social; ya como proposición teleológica, ya como principio filosófico.

El Derecho es, en ambos casos, expresión máxima del raciocinio humano. El idioma de la moral, inclusive. Y como tal, resulta ser aquel sol que alumbra y guía las complejas relaciones sociales en las cuales se ve inmersa, por azar de su gregarismo, la especie humana.

Aquellas letras menguantes en un cuerpo normativo –junto con sus fárragos legislativos–, no son más que un cauce por virtud del cual el Derecho se manifiesta para garantizar valores morales tras ser descubiertos por el hombre. Tan noble es el Derecho. (¿O tan noble es el espíritu del hombre que ha decidido consagrar sus virtudes en leyes para impedir que sus propios demonios lo devoren? Acaso por ello las leyes se tornan utópicas y surrealistas.)

Paradójicamente, en ocasiones, tal cauce se ve mermado y obsoleto para conducir los propios valores morales que el Derecho pretende. Distintos factores, tan diversos y complejos como la propia humanidad, son los causantes. Pecaría de vanidad la pluma que negare tal hecho. El más ruin, no obstante, es la religión. Por ello a las naciones modernas les ha tomado diversos anales de su historia dirimir entre ley divina y moral humana. Anales escritos ciertamente en tinta roja. Anales que han dejado una cicatriz en sus pueblos que aún mana sangre.




Cual guerrero, las naciones han nombrado a su cicatriz. Laicidad, optaron por llamarla. Y en aras de permitir que el cauce continúe conduciendo valores, la han reflejado en sus leyes. Pero tal y como el espejo asoma las debilidades y temores del humano, ciertas veces las normas reflejan la debilidad de las naciones, de modo que terminan por consumir asaz pronto las intenciones benignas que pretenden.

En México, la idiosincrasia religiosa de su pueblo las condena sin tregua por ser maleables. Imperfectas. (¿Qué no lo es por igual la voluntad humana? Tan volátil, tan frágil, es su esencia.)

Mas el imperfecto de las leyes –y quizá también el de la mente– ha sido explotado por la religión desde tiempos inmemorables. Usurpando autoridad moral; apropiando elegías del Tiempo. Es entonces –sospecho–, la inflexión eterna del raciocinio. El Eclipse que ensombrece a la razón.

Esa inflexión es vista de manera clara en la mente conservadora del mexicano. Vestigios de un catolicismo arcaico aún permean su ósea. El miedo a lo inexplicable, a lo agotable, a lo finito, a saber que se navega en un río y no en un mar; es lo que no ha permitido al mexicano progresar en sus conjeturas. Pero es entendible tal razonamiento. La religión permite olvidar que la humanidad es un suceso efímero en el cosmos.




¿Acaso no es bella la vanidad de saberse eterno? ¿Que no es magnífico el bálsamo de la redención dominical? Cierto es que quizá el alma perdurará en un eterno júbilo tras el pasaje terrenal. No se puede obviar, sin embargo, que las liturgias redentoras son ilusorias cuando se centran en valores divinos.

Esas energías teológicas (o teogónicas) pronto asperecen y eclipsan la razón. En el proceso de encontrarse eternos; de humanar la especie acorde a designios sobrenaturales; el sendero se vuelve vereda, y sin el rayo luminoso de un sol, cada vez se es más fácil extraviarse.

Nebulosa se ha tornado la visión del mexicano gracias al Eclipse. Tanto, que lo ha llevado a juicios temerarios, bastante alejados de la compasión humana. No dirime la diferencia entre ley divina y moral humana; no acaricia su cicatriz; ofusca al Derecho con su opinión y se rehúsa a razonarlo; a descubrirlo. Esa conducta es comprobable empíricamente. Verbigracia, suele creer que algún cuerpo normativo va coartar o conceder el Derecho.

Le es imposible observar que el derecho a una opinión no convierte su opinión en Derecho. (Cabe el sustantivo bajo la retórica). Confunde que el Derecho, lejos de ser solo facultades subjetivas o concesiones, es comienzo y fin (si se me permite la antítesis) de la especie humana. Sol puro de razón.




Como el ocaso sin el alba, el derecho no existe sin la obligación. Debe la religión, antes de eclipsar al Derecho, centrarse en evaluar su fin teleológico. Porque de lo contrario, la religión continuará ensombreciendo a la moral, a costa del Derecho.

El mexicano debe entonces acariciar la cicatriz que aún mana sangre, sin sentir vergüenza o temor, y entender que frente a los estigmas religiosos, lo único capaz de redimir al ser humano, es aquél idioma de la moral. Comprender que los estigmas sociales son un artilugio del Eclipse no es una encomienda sencilla.

Mas el mexicano, aun así, debe cuestionar su brillo; evitar su sombra; y ansiar su fin. Solo de esa manera podrá recibir nuevamente el brillo cálido del sol.

Ante la imposición religiosa, sin tregua, la rebeldía jurídica.

En vigilias, la pluma busca agrado al borde del sentimiento. Encuentra lo contrario. Melancolía y decepción vierte en sus líneas. Así, intenta arrullar –sin la esperanza debida–, sus temores bajo el Eclipse.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016

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¿Cómo dejar de tener esperanza en la consolidación del Estado de Derecho en México y en América Latina cuando hay tantas personas e instituciones interesadas por la enseñanza y el aprendizaje del derecho?

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016. En él participaron el CIDE, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Coahuila, la UANL, la UDEM, la IBERO Ciudad de México, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la U-ERRE.

La sola reunión de Instituciones Educativas públicas y privadas en un ambiente colaborativo es de por sí un triunfo del equipo que lidera Luis Fernando Pérez Hurtado. Un aspecto positivo más del Congreso fue la participación de profesoras y profesores de Derecho de todo el país, así como de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América y Francia. La organización y los formatos para el trabajo en equipo resultaron también muy bien pensados y óptimamente ejecutados.

La semana pasada, el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) llevó a cabo en Monterrey el Congreso de Educación Jurídica 2016.

No obstante, lo fundamental resultaron las temáticas expuestas y discutidas durante los cuatro días que duró el Congreso. Las áreas temáticas fueron tan importantes como modelos e innovaciones curriculares para la licenciatura, desarrollo de competencias docentes, el impacto de la tecnología en la educación jurídica, así como ética jurídica y responsabilidad profesional. Si bien todas las mesas y foros dejaron una huella esperanzadora en las personas que participamos en el Congreso, es la ética jurídica y la responsabilidad profesional el tema que mejor cristaliza, creo, la función de las escuelas de Derecho, de sus docentes y, sobre todo, de los abogados y las abogadas que se forman en ellas.

A riesgo de simplificar, intento sintetizar la teoría del profesor argentino Martin Böhmer (UBA/UDESA):

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores. Traducen para sus clientes sus derechos y posibilidades de triunfo, pero también traducen para los juzgadores las pretensiones de las partes. Para representar y defender correcta y éticamente a sus clientes, abogadas y abogados deben ser iguales entre sí. Todo lo cual permite que jueces y juezas tomen la mejor decisión posible, bajo los argumentos más razonables.

Los abogados y las abogadas cumplen una función política en el sistema de justicia de los Estados Constitucionales Democráticos de Derecho. Esto es así, porque son eslabón indispensable para llegar a los esquemas de impartición de justicia y, en ese sentido, su preparación técnica y su estructura ética hace posible que se conviertan en traductores e igualadores.

Como puede apreciarse, esta función no solamente requiere entrenamiento técnico, sino también estructura ética y responsabilidad profesional. En este sentido, las escuelas de Derecho, independientemente de su mercado y de su tamaño, deben contribuir a la formación de juristas con preparación, pero conscientes de su papel en una democracia constitucional.

El riesgo de no asumir individual y colectivamente estas responsabilidades es la deslegitimación de la justicia, la desconfianza y, en el extremo, la “justicia” por propia mano. En México sabemos de esto. En efecto, en nivel de confianza, los jueces mexicanos están reprobados (ENCUP 2012); además, entre 1988 y 2014 ha habido en nuestro país 366 linchamientos (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18706.pdf).

En resumen, la abogacía no es una profesión liberal. Tiene una función esencial en las Democracias Constitucionales. Por tanto, las escuelas de Derecho cuentan también con una responsabilidad mayúscula: Hacer posible un entrenamiento técnico igual para todo estudiante de Derecho, independientemente del poder económico o político, y corresponsabilizarse del comportamiento ético y profesional de sus egresados, a fin de que puedan ser fieles traductores e igualadores de sus clientes, es decir, para que en verdad sean agentes democráticos de pacificación social.

Esto, y muchos temás más, discutimos y aprendimos en el Congreso CEEAD de Educación Jurídica 2016.

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El valor del diálogo

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Este viernes recibí en el Tecnológico de Monterrey, a la Ministra Olga Sánchez Cordero. La invitamos a impartir una plática en el marco del Simposio de Derecho que cada año organiza la sociedad de alumnos.

La ministra, abogada de la UNAM desde hace 50 años, fue designada para desempeñar su cargo en la Corte, en 1995. Tras casi 20 años, en dos semanas termina su período y se retira de su carrera judicial de forma definitiva.

La plática fue por demás enriquecedora y emotiva: “Hoy quiero hablarles jóvenes de lo que me ha tocado vivir tras casi 20 años como Ministra de la Suprema Corte de Justicia.” “De una explicación estricta de la ley, rígida, literal, dura lex; hoy no se otorgan, se reconocen derechos humanos y se interpreta la ley de la forma que produzca un mayor beneficio para las personas. Es un cambio total en la impartición de justicia el que me ha tocado vivir.”

Sentenciaba el retroceso a las políticas públicas tradicionales y de las que optan por perpetuar los valores humanos universales de siempre. Se sustentaba en una polaridad, que demostraba una clara confrontación de su forma de pensar con la ideología conservadora cristiana.

“Esperamos que la persona que me remplace sea alguien muy liberal; muy progresista.”

En verdad espero que no. Creo que los liberales se han adueñado de ese calificativo del progreso. Como si pensar en contra, fuera ser una especie de “regresista”. Pero entonces, dijo algo muy importante, que me llevo para la posteridad, y que quisiera compartir. Algo que me hizo entender su postura.

Los ministros de la Corte también son representantes de la gente, electos a través de una forma sutil e indirecta en la cual se debilita la voluntad de la mayoría, a través de los canales políticos de representación.

“Yo represento a un sector de la población que está de acuerdo con las sentencias y acciones que últimamente hemos establecido en la Primera Sala, de las cuales estoy muy orgullosa y muy contenta porque he peleado veinte años por eso.”
Los ministros de la Corte también son representantes de la gente, electos a través de una forma sutil e indirecta en la cual se debilita la voluntad de la mayoría, a través de los canales políticos de representación.

¿Por qué en un México de libertades, tenemos una mayoría en la Corte que quiere un país de liberalidades?

Seis de once ministros, actualmente, en palabras de Sánchez Cordero, son quienes encabezan ese esfuerzo de legalizar las acciones de libertinaje que empiezan a producir problemas sociales: se elimina el problema dándole el aval del Estado.
Lo anterior me lleva a reflexionar a una nueva dimensión del sufragio, como derecho universal, que va mucho más allá del efecto inmediato directo de elegir a una persona para desempeñar una función determinada. El poder del voto más allá: el tema de temas es a quiénes designan quiénes nosotros designamos.

El poder del voto más allá: el tema de temas es a quiénes designan quiénes nosotros designamos.

El candidato electo tiene responsabilidad —y una enorme injerencia— al elegir a quienes encabezarán las principales instituciones del Estado, en cualquiera de los órdenes de gobierno que dirija. Ante esa responsabilidad, no podemos ser indiferentes: hay que agarrar partido (un lado); por eso hay que votar por un proyecto de nación.

“… Siempre privilegien el diálogo, es normal que pensemos distinto; es necesario que debatamos y dialoguemos para que avancemos en democracia. Es normal; es bueno. Siempre respeten la postura del otro.”

Cerrando la charla, luego de largos y calurosos aplausos, la Ministra nos compartió una última idea: “Jóvenes, se me estaba olvidando, quiero decirles una cosa más: siempre privilegien el diálogo, es normal que pensemos distinto; es necesario que debatamos y dialoguemos para que avancemos en democracia. Es normal; es bueno. Siempre respeten la postura del otro.”

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¿EL SUICIDIO ASISTIDO ES UN DERECHO?

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El pasado 5 de octubre el gobernador del estado de California, Jerry Brown, firmó la propuesta legislativa ABX215, la cual pedía autorizar a los pacientes terminales recibir asistencia médica para interrumpir su vida. Esta iniciativa había sido previamente aprobada por el Senado de California el día 12 de septiembre de este año (con 23 votos a favor y 14 votos en contra), al ser firmada por el gobernador esta propuesta pasa a convertirse en ley.

Con esta ley el estado de California se convierte en el 5° estado de la Unión Americana en permitir los suicidios asistidos, sumándose a los estados de Oregon, Washington, Montana y Vermont. Esta polémica ley fue impulsada por grupos de activistas en favor de las muertes asistidas después del caso de Brittany Maynard (noviembre de 2014), una joven enfermera de 29 años de edad, la cual sufría de un cáncer terminal, y tuvo que mudarse al estado de Oregon para poder recibir asistencia médica para poder terminar con su vida. En el estado de Oregon, la ley “Muerte con Dignidad” ayuda a morir a 70 personas al año desde su aprobación en el año 1997.

No solamente en los Estados Unidos se han aprobado leyes que permiten la asistencia médica a quienes desean interrumpir voluntariamente su vida, recientemente (febrero de 2015) Canadá aprobó una ley que entrará en vigencia a partir del año entrante, que permitirá recibir asistencia médica para morir a los pacientes con extrema gravedad y cuyos padecimientos sean incurables. Los suicidios asistidos también son legales en algunos países de la Unión Europea como Bélgica, Holanda, Suiza y Luxemburgo. Mientras que en otros como el caso de Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España, las conductas de mera cooperación no necesaria o complicidad son toleradas. En los países latinoamericanos Colombia, Argentina y Uruguay lo permiten bajo ciertas condiciones.

Antes de continuar cabe aclarar que el suicidio asistido es un acto diferente a la eutanasia, y también a la inducción al suicidio. En el caso del suicidio asistido la actuación del personal médico se limita a proporcionar los medios para que el paciente termine con su vida por sí mismo. La eutanasia, en cambio, es un acto que requiere que otra persona sea el agente activo para lograr que el paciente termine con su vida. La diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es la persona que lleva a cabo el acto de terminar con la vida. Es muy diferente hablar de inducción al suicidio, el cual es un acto que consiste en quebrantar la voluntad de una persona que no deseaba suicidarse para conseguir que cometa suicidio.

El suicidio asistido es un acto diferente a la eutanasia, y también a la inducción al suicidio.

Sin lugar a dudas este es un tema complejo, y que puede y debe ser analizado desde sus muchos aspectos. Se puede abordar este tema desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista legal, desde un punto de vista bioético, desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista personal de cada uno de los individuos.

La profesión médica tiene una larga tradición humanista y tiene un estricto código de ética, al graduarnos los médicos hacemos un juramento ante otros médicos que sirven de sinodales en representación de la sociedad. En este acto juramos solemnemente luchar para preservar la salud y la vida de los pacientes que nos la confiaran. El participar en un acto de eutanasia o en un suicidio asistido contraviene todos los principios en los que fuimos formados. Si bien es cierto que en la relación médico paciente llegamos a desarrollar una fuerte empatía con nuestros pacientes, y más en el caso de estos pacientes que sufren enfermedades terminales e incurables, esto no debe distraernos de nuestro deber con los pacientes y de nuestro juramento hacia la vida.

Debemos considerar que el instinto de conservación de la vida es una condición inherente a los seres humanos. Bajo ciertos estados mentales y/o emocionales, como la depresión mayor, el ser humano puede llegar a perder ese instinto natural de conservación. Sin duda el dolor intenso sumado a un diagnóstico con mal pronóstico puede quebrantar el deseo de vivir de cualquier ser humano. Esto es triste y lamentable, como médicos debemos intentar darle la mejor calidad de vida posible. Pero nunca debemos participar ni directa, ni indirectamente, en la interrupción de una vida, sería contravenir nuestra esencia humana y nuestro sagrado juramento. Más aún si consideramos que la persona que ha perdido su instinto de conservación, por definición, no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales.

Nunca debemos participar ni directa, ni indirectamente, en la interrupción de una vida, sería contravenir nuestra esencia humana.

Como sociedad debemos preocuparnos por garantizar el derecho a la vida, tenemos que evitar caer en la tentación de legalizar actos como el suicidio asistido que, aparentemente son un acto de “misericordia” para un ser humano que sufre, pero que significan un atentado al derecho a la vida. Las sociedades que le niegan el valor a la vida están cometiendo un suicidio involuntario.

En nuestro estado no existen centros especializados en el cuidado de los enfermos terminales.

Es cierto además que el cuidado de estos pacientes conlleva un enorme costo económico para la familia, pero esto debe ser solucionado por la misma sociedad. En nuestro estado no existen centros especializados en el cuidado de los enfermos terminales. Es muy necesario implementarlos lo antes posible para aliviar la carga económica y emocional de los pacientes y sus familias, antes de que el desgaste económico, familiar y social, nos guíe por la falsa vía de legalizar el suicidio.

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